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PIDEN RETIRO DE DIPUTADA EN LA DISCUSIÓN DEL TLC

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MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Fotos: Graciela Solís

De forma tajante la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (Undeca) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) exigieron ayer a la diputada liberacionista Mayi Antillón, que se aparte de las discusiones y votaciones sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Según una denuncia pública hecha ayer por parte del secretario general de la ANEP, Albino Vargas, junto a su homólogo de Undeca, Luis Chavarría y el diputado del Partido Frente Amplio José Merino Del Río, la verdiblanca tendría un conflicto de intereses con la entrada en vigencia del acuerdo comercial.

Vargas explicó que la irregularidad nace porque Antillón es esposa de Luis Pal Hegedus, del bufete Castro Pal, el cual se especializa en temas de propiedad intelectual.

Además, esta firma está encargada de realizar las inscripciones de patentes a varias de las transnacionales extranjeras.

“Esto refleja que en el TLC hay cosas ocultas que la gente debe saber, como esta. No es ético ni bien visto que esta diputada participe de las votaciones y discusiones porque es claro que hay un choque de intereses, porque si entra el TLC y las empresas farmacéuticas, su esposo se va a beneficiar”, dijo Vargas.

El secretario de ANEP mencionó que mantendrán su posición ante Antillón para que se retire del tema. Agregó que esta firma de abogados tiene clientes como Pfizer, Quill Medical y Warner Lambert, todas grandes empresas norteamericanas del mundo médico.

Además, dijo que tiene la representación de otras 12 empresas farmacéuticas en el país.

“LLEVAMOS LAS DE PERDER”

La denuncia de los sindicalistas apunta que el marido de Mayi Antillón tiene el poder concedido por Pfizer Products para ser ejercido en el país, limitado a actuaciones irregulares relacionadas con asuntos de propiedad intelectual de la corporación y defensa de patentes de invención.

Por su parte, Chavarría dijo que esta situación refleja una incapacidad de negociación en materia de medicamentos para el TLC y una desprotección para los ciudadanos costarricenses.

“No se tomó en cuenta que Costa Rica no invierte innovación tecnológica y científica y obviamente lleva las de perder contra Estados Unidos. Pero además significa una baja en el sistema de seguridad social, porque la Caja deberá invertir gran cantidad de dinero en la compra de productos patentados”, cuestionó el secretario de Undeca.

“La diputada Antillón debería retirarse del conocimiento y de la votación del TLC, pero también desde el punto de vista legal, hay que recordar que hay una ley contra el enriquecimiento ilícito, que castiga el aprovechamiento de puestos públicos para beneficio propio o de familiares de hasta un tercer grado”, recordó el diputado Merino del Río.

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• Mayi Antillón:
“QUE ME INVESTIGUEN LO QUE QUIERAN”

Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diaioextra.com

La diputada Mayi Antillón, jefa de fracción de Liberación Nacional, afirmó que tomó con calma la denuncia hecha por grupos sindicales y el legislador José Merino en contra suya y de su esposo, el abogado Luis Pal, apoderado de varias empresas farmacéuticas en el país.

Según la liberacionista, desde diciembre pasado estaba al tanto de que los opositores al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos estaban preparándose para “sacarle trapos sucios a los diputados a favor del tratado”.

Ante la denuncia hecha ayer, Antillón sostuvo que está abierta a cualquier investigación que los representantes gremiales deseen realizarle a ella y a su familia por presunto conflicto de intereses.

EL QUE NADA DEBE…

“Me pueden investigar, yo les daré toda la información. Creo en el TLC porque estoy comprometida con el desarrollo del país. b>Mi esposo tiene una cartera de clientes como abogado especialista en propiedad intelectual, no me corresponde conocer el nombre de esos clientes, sí sé que inscribe patentes a empresas como Pfizer, pero lo hace apegado a la legalidad. Que me revisen mis cuentas bancarias, no estoy recibiendo un cinco de nadie”, enfatizó.

La diputada dijo que no existe conflicto de intereses entre ella y el TLC con Estados Unidos, proyecto que incluye un capítulo de propiedad intelectual que según los opositores, perjudicará al país al impedirle adquirir medicamentos y agroquímicos genéricos.

“Quieren mancharme, yo reconozco el profesionalismo de mi esposo a la hora de inscribir patentes, él ejerce una labor absolutamente legal. Esto no tiene nada que ver con conflicto de intereses. Todo se debe a una campaña de desprestigio ante la falta de argumentos de los opositores al TLC, ahora están atacando al cuerpo”, declaró.

VOTARÁ EL TLC

Antillón descartó abstenerse de someter a votación final el TLC con Estados Unidos, tal y como lo solicitaron la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).

Según ella, las acusaciones en su contra carecen de argumentos, y declaró que sus actuaciones son independientes de lo negociado en el TLC con Estados Unidos en materia de propiedad intelectual.

“De ninguna forma me abstendré de votar el TLC. Que algunas de las empresas que han requerido los servicios profesionales de mi esposo estén interesadas en venir a hacer negocios a Costa Rica, no es motivo para que yo me abstenga de votar ese proyecto”, concluyó.

Fuente: Diario Extra

Subrayados son nuestros

SACERDOTES CATÓLICOS CONTRA EL TLC

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Los señores curas párrocos de todas las parroquias de la Diócesis de Alajuela de la Iglesia Católica, emitieron un trascendental pronunciamiento en contra del denominado tratado de libre comercio (TLC), que a Costa Rica le quieren imponer, los pequeños pero acaudalados grupos económicos de gran poder político, representados por los hermanos Arias Sánchez.

Es sumamente alentador que el humanismo cristiano que impregna todos los contenidos de la Constitución Política de Costa Rica, se manifieste vivamente y nos ilumine para analizar, con mayor profundidad, la perversidad de un tratado que no es tratado, que es anexión; que no es libre, porque nos ata a perpetuidad como nación; y que no es de comercio, porque fue diseñado para que los tagarotes de aquí se apropien para sus negocios, de los principales patrimonios públicos representados en el ICE, el INS, la CCSS y el A y A, por ejemplo.

La Diócesis de Alajuela está integrada, entre otras, por las parroquias de San Ramón, Grecia, San Antonio del Tejar, San Pedro de Poás, Santa Bárbara, Zarcero, Sarchí, San Antonio de Belén, Orotina, La Guácima, Naranjo, Palmares, San Joaquín de Flores.

Dicen los sacerdotes de la Diócesis de Alajuela que “el actual proyecto del Tratado Comercial que se discute en la Asamblea Legislativa trae como consecuencia grandes lesiones a los intereses de nuestros medianos, pequeños agricultores y campesinos, que se vienen dando desde los Pae’s y que se acrecientan aún más en este Convenio, afectando la praxis pastoral en cuanto que:
1. Produciría disgregación del campesinado costarricense, forzado a competir con agricultores subsidiados por el gobierno de EE.UU con sumas excesivas.
2. Miles de hombres y mujeres campesinos se verían obligados a emigrar, sea al exterior, como a EE.UU tropezando con grandes muros de concreto.
3. Esta migración significará desintegración de los núcleos familiares, pérdida de valores propios del ser costarricense y la cultura campesina.
4. Descampenización del agro costarricense que traería como consecuencia el surgimiento de amplios anillos de miseria, hacinamiento en tugurios, más prostitución, mendicidad, drogadicción, saturación de servicios públicos de salud, educación y de telecomunicaciones.
5. Pérdida de valores y prácticas de devoción de fe cristiana popular, por ejemplo, las prácticas sacramentales y el ausentismo en la asistencia dominical a nuestras iglesias parroquiales y filiales, así como la búsqueda de otras expresiones de fe”.

Los sacerdotes firmantes indicaron que “_nos oponemos a la forma en que está planteado el actual proyecto de Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana con los Estados Unidos que se discute en la Asamblea Legislativa, no así a una revisión del mismo donde se tome muy en cuenta el respeto y la dignidad de miles de medianos, pequeños agricultores, campesinos que han sido agentes gestores de esto que llamamos Democracia Costarricense_”.

Este pronunciamiento ha sido ocultado por la gran mayoría de los medios de comunicación colectiva; especialmente por aquellos que, descaradamente, dejaron de ser eso, medios de comunicación colectiva, para transformarse en agencias de la propaganda oficialista del régimen de los hermanos Arias Sánchez. Para nosotros confirma lo que hemos venido diciendo: que este TLC es anticristiano y deshumanizado.

Gobierno de los hermanos Arias Sánchez, ordena a la fuerza pública, tomar barras de la Asamblea Legislativa y destruir todos los carteles, con que los manifestantes se oponían al TLC (CAFTA).

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San José, Costa Rica, 13 de febrero del 2007.

El día de ayer (12 de febrero), en horas de la tarde, tres sindicatos (ANEP. SITECO, SITEPP) miembros de la Plataforma Sindical Común Centroamericana – Sección Costa Rica (PSCC – CR.), nos presentamos a las barras del Plenario Legislativo a protestar, por la forma arbitraria y anticonstitucional con que se está manejando el trámite del TLC, en el ceno de ese órgano Legislativo.

La respuesta del señor José Antonio Pacheco, Presidente del Directorio Legislativo no se hizo esperar, de inmediato mandó a la Seguridad del Parlamento a destruir nuestra propaganda y a intimidarnos, con expresiones como les vamos a rajar la cara y venimos a cumplir órdenes del Directorio.

No pudiendo lograr su objetivo, el Presidente del Directorio mandó a traer a la fuerza pública, quien se presentó al mando del propio Viceministro de Seguridad Pública, Comisario Rafael Ángel Gutiérrez Gómez, quién con amenazas como nos vamos a cargas a todos irrumpió en el escenario, al mando de unos 60 policías de la Unidad de Intervención Policial ( UNIDAD DE CHOQUE), más otros 20 policías de la Región Uno a cargo del Comisario Paterson y una serie de agentes de civil, infiltrados en las barras pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Especializada.

Debemos anotar, que alas barras únicamente s permite el ingreso de 35 personas, aunque el espacio tiene capacidad para 70.

Como vemos, tanto el Presidente del Directorio Legislativo Señor José Antonio Pacheco, como el Gobierno de los hermanos Arias Sánchez, representado en el Vice Ministró de Seguridad Pública, se extralimitaron en sus acciones, ya que prácticamente, por cada persona manifestante, había tres policías.

Pero este nos es el problema, la intimidación no cala en nuestra gente, el problema es que procedieron de forma violenta a destruir, arrancar y decomisar toda propaganda contraria al TLC, violentando el derecho de libre expresión, consagrado en nuestra Carta Fundamental y en el ordenamiento jurídico costarricense.

A mi persona, particularmente, un agente de seguridad del Parlamento, me amenazó de rajarme la cara, hostigándome y retándome a pelear, pues para eso venía con órdenes del Presidente del Directorio Legislativo, seguidamente, unos cinco oficiales de los comandados por el Comisario Rafael Ángel Gutiérrez, me despojaron de un cartel que tenía en mis manos así como de la bandera de Costa Rica que pendía en mi hombro, procediendo a destruir de forma desafiante en mi propia cara.

En el mismo momento otro grupo de estos policías de Choque, como se puede observar en los medios de comunicación colectiva, televisivos y escritos, rodeaban a la compañera Xiomara Rojas y al Compañero Albino Vargas Barrantes culminándonos a abandonar la protesta, cosa que de ninguna manera lograron.

Lo importante de esta acción de la fuerza pública, es que nos revela el grado de intolerancia y desesperación a que está llegando la Administración Arias Sánchez, ante la gran coalición de fuerzas y sectores sociales que nos estamos oponiendo a su doctrina neoliberal y su proyecto más letal, su TLC.

Aprovechamos además para informarles, que tenemos informes confidenciales, en el sentido de que el Gobierno y la ultra derecha que lo acompaña, tratarán de infiltrar las acciones de propuesta convocadas por el Frente de Apoyo a la Lucha Contra el TLC, a realizarse el próximo 26 de febrero.

Tratarán de realizar una serie de acciones, infiltradas, tales como provocar disturbios callejeros para luego acusar de ello a los movimientos sociales y desprestigiar la lucha contra el TLC. Desde ya, responsabilizamos a la Administración Arias Sánchez por choques no deseados que concurran en el desarrollo de las manifestaciones pacíficas que estamos convocando a partir del próximo 26 de febrero, hasta la derrota definitiva de ese nefasto TLC.

Agradecemos que su persona u organización haga llegar este mensaje a los gobiernos, organismos internacionales y movimientos sociales que estén a su alcance.

En Costa Rica la receta neoliberal será derrotada.

Fraternalmente,

Edgar Morales Quesada
Coordinador PSCC – CR.
Secretario General Adjunto ANEP

Así lo publicaron

La Prensa Libre

Diario Extra1
Diario Extra2

¿ESTA EL TLC POR ENCIMA DE LA CONSTITUCION POLITICA?

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En los últimos días se ha discutido a través de los medios de comunicación sobre si, en caso de aprobarse, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos quedaría por encima o por debajo de la Constitución Política de Costa Rica.

¿Tendrían nuestras leyes valor por encima del TLC? ¿Podrían en el futuro los diputados emitir nuevas leyes que afecten el contenido del tratado? ¿Tendría el Estado costarricense la posibilidad de demandar a una empresa inversionista cuyas operaciones afecten los intereses del país?

Conozca más sobre este importante tema este lunes 12 de febrero en su programa Punto por Punto en Canal 15.

En este programa se realiza un debate entre el abogado constitucionalista y académico Wálter Antillón y el Director de la Escuela Judicial, Marvin Carvajal.

No se pierda Punto por Punto el próximo lunes 12 de febrero a las 7 p.m. en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (también en Cable Canal 15 y Canal 65-), con repetición el viernes 16 de febrero a la misma hora.

Sacerdotes y Diáconos de la Diócesis de Alajuela contra el TLC

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Pronunciamiento contra el TLC

Nosotros Sacerdotes y Diáconos de la Iglesia que peregrina en la Diócesis de Alajuela y que servimos en las distintas parroquias de la misma, en ejercicio de nuestros derechos, deberes y responsabilidades como ciudadanos en ejercicio, fieles al sentimiento expresado por nuestros Obispos en su Carta la “Madre Tierra”, donde se nos invita a “mantener una actitud profética de anuncio y de denuncia, de tal manera que alabemos todas aquellas acciones que favorezcan el desarrollo de indígenas y campesinos, pero también que seamos su voz cuando se cometan atropellos, injusticias e irrespeto a la dignidad humana de estas poblaciones” (2 de Agosto, 1994 Nº 72,3).

Queremos ante la opinión pública costarricense fijar nuestra posición frente al proyecto del T.L.C. entre los Países Centroamericanos y República Dominicana con los Estados Unidos de América que se discute en nuestra Asamblea Legislativa actualmente.

Nos motiva el hondo sentimiento patriótico y cristiano que nos une a todos los sectores sociales de nuestra Patria, en espacial a los obreros, medianos, pequeños agricultores y campesinos, tal como lo expresó Monseñor Bernardo A. Thiel: “… la Iglesia, como protectora nata de los trabajadores y de los pobres, ha tomado la defensa de ellos…” (Carta sobre “El Justo Salario” del 05 de Setiembre 1893). Así mismo seguimos el magisterio social de nuestros obispos en Costa Rica cuando nos dicen:

“Nuestros pequeños y medianos agricultores no logran levantar cabeza. Viven crucificados por insumos a precios astronómicos, por intereses bancarios sumamente elevados y por intermediarios que sólo piensan en ganar ellos, sacrificando por igual a productores y consumidores. Los Obispos de Costa Rica demandamos justicia y estímulo para nuestros agricultores. Tenemos absoluta certeza de que es el único camino para que el país cuente pronto con alimentos suficientes para atender a su población y poder también exportar. La certeza nos la da la gallardía de nuestros agricultores en su bien probado amor al trabajo.” (Carta Pastoral del Episcopado Costarricense, “Unidos en la Esperanza” del 01 Diciembre de 1981).

Así mismo los Presidentes de las distintas Conferencias Episcopales de los distintos países del área centroamericana en su Mensaje, “Nuestra Salvación es Cristo” del 15 de Setiembre de 1984, son enfáticos al decir:

“La Iglesia desde el tiempo de la Colonia ha querido estar al lado del hombre Centroamericano para acompañarlo ante el desafío que le plantean los conflictos sociales de su tiempo. Recordamos aquellos beneméritos sacerdotes y misioneros que fueron nombrados Protectores de los indios ante las Cortes españolas luchando valerosos por la dignidad y los derechos fundamentales de nuestros aborígenes. Desde entonces hasta hoy la Iglesia fiel a la misión que le confiara su Divino Fundador, ha continuado acompañando el camino de nuestros pueblos, inundando con la luz del Evangelio sus gozos y esperanzas, sus tristezas y sus angustias. Y hoy, como ayer ha llegado hasta derramar su sangre en algunos de sus hijos, incluso Obispos, para defender los derechos de los MARGINADOS, POBRES Y CAMPESINOS,” (Subrayado nuestro).

Es más, el Segundo Sínodo Diocesano de Alajuela (Febrero, 2000) en el número 753 afirma:

“Es común encontrar en cualquier sitio del país que los actuales jornaleros eran, no hace mucho, dueños de sus tierras y fueron obligados a deshacerse de sus propiedades, convirtiéndose de hecho, en víctimas de los nuevos inversionistas”.

El mismo Sínodo Diocesano, antes citado, que para nosotros tiene un carácter vinculante en Alajuela, nos pide a todos los Agentes de Pastoral:

“Promover y apoyar alternativas económicas solidarias para los pequeños y medianos agricultores, conforme al Magisterio Social de la Iglesia, para contrarrestar el problema de la migración rural, y vivan dignamente en sus ambientes de origen, manteniendo sus raíces culturales” (Nº 347).

Consideramos que el actual proyecto del Tratado Comercial que se discute en la Asamblea Legislativa trae como consecuencia grandes lesiones a los intereses de nuestros medianos, pequeños agricultores y campesinos, que se vienen dando desde los Pae´s y que se acrecientan aún más en este Convenio, afectando la praxis pastoral en cuanto que:

1. Produciría disgregación del campesino costarricense, forzado a competir con agricultores subsidiados por el gobierno de EE.UU con sumas excesivas.

2. Miles de hombres y mujeres campesinos se verían obligados a emigrar, sea al exterior, como a EE.UU tropezando con grandes muros de concreto.

3. Esta migración significará desintegración de los núcleos familiares, pérdida, de valores propios del ser costarricense y la cultura campesina.

4. Descampenización del agro costarricense que traería como consecuencia el surgimiento de amplios anillos de miseria, hacinamiento en tugurios, más prostitución, mendicidad, drogadicción, saturación de servicios públicos de salud, educación y de telecomunicaciones.

5. Pérdida de valores y prácticas de devoción de fe cristiana popular, por ejemplo, las prácticas sacramentales y el ausentismo en la asistencia dominical a nuestras iglesias parroquiales y filiales, así como la búsqueda de otras expresiones de fe, extrañas a nuestra cultura costarricense.

Por todo esto, nos oponemos a la forma en que está planteado el actual proyecto de Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana con los Estados Unidos de América que se discute en la Asamblea Legislativa, no así a una revisión del mismo donde se tome muy en cuenta el respeto y la dignidad de miles de medianos, pequeños agricultores, campesinos/as que han sido agentes gestores de esto que llamamos Democracia Costarricense.

Asimismo hacemos una respetuosa exhortación a los presbiterios de las otras diócesis de nuestro país para que al igual que en el año 1975 lo hicieron hermanos sacerdotes de Tilarán en apoyo a la creación del distrito de Riego de Moracia (27 de Abril), del clero de San Isidro del General en defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (11 de Marzo), y nuestro clero de Alajuela reclamando Reforma Agraria, para que unidos al grito que lanzó nuestro querido Papa Juan Pablo II en su discurso a los campesinos y a los indígenas en Oaxaca , México alcemos la voz de defensa de los campesinos en nuestro país:

“…el grito desvalido, la voz de Dios, la voz de la Iglesia os repite conmigo: no es justo, no es humano, no es cristiano continuar con ciertas situaciones claramente injustas… trabajad en vuestra elevación humana”. (Carta de los Obispos de Costa Rica: “Madre Tierra.” Nº 74).

Que la Reina de los Ángeles protectora de los pobres y afligidos con su intercesión nos ilumine a caminar por las sendas de la justicia y la paz.

Alajuela, 06 de Febrero del 2007.

Firmas responsables:

Pbro. José Francisco Soto S.
Ced. 2-275-185
e-mail:psanrafael@costarricense,cr

P. Elías Arias
Parroquia Sabanilla

P. Fabio Blanco C.
Parroquia de San Ramón

P. Ronald Murillo
Parroquia Santa Bárbara

P. Javier Castro
Parroquia San Antonio del Tejar

P. José María Solís S.
Parroquia Santa Cecilia

P. Royner Anchía M.
Parroquia de Grecia

P. Carlos Luis Hidalgo
Parroquia San Pedro de Poás

P. Víctor Manuel Salas H.
Seminario Central

P. Horacio Arias S.
Parroquia de Zarcero

Fr. Pedro Apesteguía
Parroquia El Carmen

P. Guillermo Maroto
Parroquia de Sarchí

P. Henry Umaña Z
Parroquia de San Ramón

P. Carlos E. Solís S.
Parroquia San Antonio de Belén

P. Felipe Rodríguez R.
Parroquia de Grecia

P. Carlos Céspedes
Parroquia San Antonio del Tejar

Diácono Fabio Rodríguez
Parroquia de San Ramón

P. Juan G. Alfaro M.
Parroquia de Naranjo

P. Enrique Cortés B.
Parroquia Santa Cecilia

P. José Francisco Soto S.
Parroquia de San Rafael.

P. Orlando Arce M.
Parroquia San Antonio de Belén

P. Oldemar Rodríguez
Parroquia de Naranjo

P. Greivin Hidalgo
Parroquia de Orotina

P. Elimar Carvajal
Parroquia de Orotina

P. Fernando Barrantes
Parroquia La Guácima

P. Manuel Alfaro M.
Parroquia Piedades Sur.
San Ramón

P. Jesús Ortega
Parroquia El Carmen

P. Luis Gmo. Pérez
Parroquia de Palmares

Diacono Cristian Herrera
Parroquia de Palmares

P. Javier Morera
Parroquia de San Joaquín

P. William Pérez
Parroquia Corazón de Jesús

P. José Francisco Oreamuno
Parroquia de Tambor

P. José A. Barquero
Parroquia de Tacares

P. Ignacio Gamboa
Parroquia de Naranjo

¡Acordate del Combo!

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El propósito de introducir cambios a la legislación de energía y telecomunicaciones surgió durante el gobierno de José María Figueres, cuando se conocieron los primeros proyectos de ley con ese fin. Pero fue Miguel Ángel Rodríguez quien decidió tomar las acciones para lograrlo. En noviembre de 1998, el Gobierno remitió al Congreso los tres proyectos de ley de energía, telecomunicaciones y modernización del ICE. El 4 de diciembre de 1999, la comisión especial legislativa que los estudiaba acordó desecharlos y acoger una propuesta única. El 20 de diciembre, de manera unánime, los diputados de la comisión especial dictaminaron el proyecto en forma positiva. El 21 de enero de 2000, el ex presidente Figueres pidió públicamente que no se aprobara el plan del ICE en primer debate, tal como estaba, y a esta intervención siguieron múltiples objeciones de grupos ambientalistas. El 20 de marzo de 2000, los diputados aprobaron en primer debate el denominado “Combo del ICE”, lo cual desencadenó una serie de protestas en todo el país.

El 23 de marzo de 2000, miles de personas desfilaron hasta Casa Presidencial para pedir al Gobierno el retiro del plan sobre el ICE. El 3 de abril el presidente Miguel Ángel Rodríguez anunció el retiro durante 60 días del polémico proyecto para abrir un espacio de diálogo nacional. El 4 de abril, durante una negociación entre el Gobierno y sectores opositores al proyecto, se acordó conformar una comisión mixta que, además de diputados, incluyera representantes de distintos sectores sociales, quienes harían propuestas sobre el plan en un plazo de 150 días prorrogables. Finalmente, el 18 de abril, la Sala Constitucional anuló, por errores de procedimiento, la aprobación en primer debate del plan del ICE. El hecho de que el presidente retirara el proyecto de ley demuestra que no fue un grupúsculo de “sindicalistas” quienes se movilizaron, sino un segmento significativo de la sociedad.

Fue un hecho histórico. Ya la oligarquía costarricense y sus intelectuales neoliberales intentó imponer a los costarricenses la apertura súbita, forzada y total del ICE. Ya la Asamblea Legislativa demostró no ser el instrumento democrático idóneo para establecer la voluntad popular de los representados y votó unánime por un proyecto de ley que sería rechazado violenta y radicalmente por los ciudadanos. Ya los costarricenses demostramos que sin ser movidos por cabecillas comunistas, ni enceguecidos por la ignorancia ni el fanatismo, fuimos capaces de organizarnos de manera espontánea y firme, pacífica y rotunda, frente a un presidente indigno que entonces irrespetó al pueblo que lo eligió, y luego lo avergonzó con su codicia y sus actos cuestionados. Ya tuvimos nuestro gran plebiscito virtual, espontáneo y callejero, que dijo no a la apertura súbita, no planificada ni gradual y desmanteladora del ICE.

¿Por qué ahora el Gobierno envía nuevamente una ley igual o peor a la que arrastró al país a la inseguridad, a la zozobra nacional y a la paralización? ¿Por qué se actúa como si nada hubiera ocurrido en marzo de 2000?

Todo parece evidenciar que la oligarquía insaciable que ha concentrado la riqueza creada por nosotros, los ticos, solo hizo una retirada estratégica y esperó agazapada durante seis años a que se presentara una buena oportunidad. Incluyó astutamente en el TLC un intento de apertura mitigada, pero ha descubierto que no será fácil lograr la aprobación del tratado, y ha preferido lanzarse directamente a aprovechar la violencia mayoritaria que ha impuesto en la Asamblea Legislativa, y aprobar un proyecto de ley fulminante, que deja al ICE vulnerable, desmembrado, atado de pies y manos, condenado a perder en el mercado frente a las poderosas fuerzas privadas.

La historia vuelve a repetirse. Se vuelve a utilizar a la Asamblea Legislativa para imponer por la vía de la legislación un cambio que los costarricenses no aprobamos. Esto es políticamente explosivo y peligroso. Cuando un gobierno que ganó las elecciones por unos pocos votos de diferencia fuerza las condiciones para que se legisle sin el consentimiento de una parte tan significativa de la población del país, ofrece a la opinión publica la evidencia de que los diputados y diputadas elegidos con el voto popular no representan a sus electores, sino que obedecen al Poder Ejecutivo. Cuando se rehuye o elimina el debate en un parlamento, ese órgano democrático deja de tener sentido, es como si se cerrara el congreso de los representantes, y las leyes emitidas por una mayoría formal se convierten en decretos sin la legitimidad que da la sociedad a través del debate y las enmiendas de los proyectos de ley que satisfagan a los disconformes y mantengan la armonía social. Ya todo eso lo vivimos en el año 2000.

Nuevamente, a golpe de tambor se obliga a los diputados a conocer a toda velocidad, sin la opción real de cambiar el proyecto para salvar y fortalecer al ICE como lo quiso entonces y como lo quiere hoy el pueblo de Costa Rica. De nuevo nos acercamos al abismo de una nueva confrontación entre un presidente que prefiere hundir al país en un caos social y político, y una ciudadanía que no se siente representada en las curules, y tiene que tomar las calles para expresar sus ideas y su voluntad. Esta vez, ya hay una experiencia social reciente y los sectores sociales movilizados no podrán ser neutralizados por una comisión autonombrada de representantes de nadie que detuvieron un movimiento social arrollador que iba camino a la destitución del presidente, como se lo merecía.

Está creciendo una cólera sorda y silenciosa que solo oímos los que queremos escucharla. Hay un malestar en la sociedad costarricense, que se ha ido alimentando con la crisis en torno al TLC, y que ahora podría estallar ante la evidencia de que hace seis años dijimos que no queremos que se desmantele el ICE. Sí queremos su modernización administrativa y financiera, su desarrollo técnico y el fortalecimiento de su regulación, y estamos de acuerdo con una apertura paulatina y bien planeada para que el ICE pueda desarrollar la capacidad de competir en el mercado abierto.

La cólera popular es fácil de desencadenar irresponsablemente, pero imposible de controlar una vez que escala niveles de violencia. Es doloroso que un hombre de estado tan experimentado, Premio Nobel de la Paz, científico social, respetado por los costarricenses y por los extranjeros en todo el mundo, se exponga a salpicar su imagen y su administración, con el recuerdo y la comparación con un ex presidente desprestigiado y humillante para el país como Miguel Ángel Rodríguez.

Después del Combo, los diputados de todos los partidos presentaron un proyecto de ley para fortalecer al ICE, que recogía la sabia voluntad de los costarricenses, pero fue sepultado en el archivo. ¿Por qué en medio de la atmósfera de incertidumbre y congoja que recorre el país, el Gobierno no presenta ese proyecto corregido y actualizado para demostrarnos que respeta la voluntad popular expresada tan dolorosamente en las calles en aquellos amargos marzo y abril del año 2000?.

Solo nos quedaría una esperanza. La oposición podría presentar un nuevo proyecto de ley que recoja las ideas del que se elaboró después del Combo, las sugerencias hechas por la UCR y las ideas que han venido madurando los tecnólogos y trabajadores del ICE para salvar a esa institución pública. Si ese esfuerzo supremo fallara, solo nos queda a todos, trabajadores del ICE y sectores sociales del país, repetir la hazaña y volver a las calles, a paralizar pacíficamente al país para defender la energía eléctrica y las telecomunicaciones que pertenecen a la Patria.

escofra@hotmail.com

Fuente: La Prensa Libre

Gobierno promueve clima de violencia

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En una entrevista publicada en el periódico Al Día, del domingo 4 de febrero, la señora Laura Chinchilla, vicepresidenta de la República y quien también ocupa el cargo de ministra de Justicia, afirmó que “alguna gente” ha dicho que “posiblemente va a ser necesario un muerto” con el fin de “justificar la violencia en las calles”.

“Estas declaraciones temerarias de doña Laura Chinchilla solo pueden entenderse en el marco del afán del gobierno, y determinadas cúpulas empresariales, de crear un clima de intolerancia y provocación de los movimientos sociales que se manifestarán de manera pacífica el próximo 26 de febrero”, comentó el diputado José Merino del Río.

Para el parlamentario del Frente Amplio la vicepresidenta de la República debe dar a conocer a la opinión pública el nombre de esas personas que según ella se oponen al TLC y han dicho esas palabras. “Estoy seguro que no puede hacerlo, no puede mencionar el nombre de una sola persona dirigente de las coordinaciones y frentes de lucha social, que haya dicho semejante barbaridad”, agregó.

Para el diputado Merino una afirmación de ese tipo solo puede venir de la boca de algún provocador, infiltrado en los grupos sociales con el fin de darle falsa legitimidad a determinadas acciones represivas que está planeando el gobierno, en contra de miles de compatriotas que desean ejercer su derecho a protestar cívica y pacíficamente contra el TLC.

El representante parlamentario del Frente Amplio indicó que estas declaraciones de la vicepresidenta Chinchilla, reafirman la necesidad de que estén presentes observadores internacionales durante las protestas, tal y como se ha solicitado a la ONU, la OIT y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Dijo que igualmente analiza la posibilidad de solicitar a la Defensoría de los Habitantes, observadores nacionales para que, en conjunto, aseguren que la gente pueda manifestarse en paz contra el TLC.

Negociadores regalaron el ICE

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El pasado martes 6 de febrero Ottón Solís fue invitado al espacio radiofónico Desayunos Universitarios, que se transmite por Radio Universidad, para hablar de los resultados de su visita a Washington en días pasados.
En esta entrevista Ottón soltó la bomba: los negociadores del TLC con Estados Unidos fueron quienes propusieron incluir las telecomunicaciones, nunca hubo intenciones de USA de tocar a nuestro querido ICE. Fueron esos vendepatrias quienes se escondieron tras el tratado para hacer los negocios que el pueblo de Costa Rica les nego en el año 2000 para el Combo del ICE.
Anabel González, Fernando Ocampo y Alberto Trejos son los responsables directos de tantas mentiras, de estos negocios ocultos que involucran a la institución más rentable que poseen los costarricenses. El pueblo de Costa Rica debe juzgar a estos delincuentes de cuello blanco duramente, porque son ellos quienes han fraguado el desmantelamiento de nuestro Estado Solidario, son ellos los responsables de este fatídico TLC.
Es ese mismo pueblo, el que tanto ama a su Patria, el que debe detener este Tratado en las calles, esta negociación oscura que sólo tiene como pilar las mentiras.

Más de mil indígenas piden ser escuchados en su posición contra el TLC

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Nosotros, los abajo firmantes representantes del cantón de Talamanca reunidos en la ciudad de Bribri los días 23 y 24 de octubre del 2006 en el marco de la jordana de lucha nacional contra el TLC, hemos analizado y discutido las consecuencias que tiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para nuestra comunidad, llegando a las siguientes conclusiones:

Considerando que:

En el campo de las potestades del Estado

La forma en que se llevó a cabo el proceso de negociación violenta los derechos de los costarricenses. No hubo consulta a la población nacional y en particular de la población indígena donde se ven amenazados nuestros intereses y recursos.

El Tratado nos hiere en lo más profundo de nuestra cultura al sentir que nos arrebata todo aquello propio de nuestras costumbres ancestrales. Viola el Convenio 169 con la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al no haber sido consultado nuestro pueblo y viola la Ley de la República 7316 del 16 de octubre de 1992.

Lesiona nuestro sistema jurídico al usurpar potestades constitucionales. Por ejemplo, a la Asamblea legislativa se le limita su facultad de legislar libremente obligándola a someterse a las condiciones establecidas por el Tratado. Al poder Judicial se le limita su potestad de administrar justicia al establecerse tribunales especiales de solución de controversias, por encima de nuestro sistema jurídico.

La información que hasta el momento se entrega a la ciudadanía no es satisfactoria en cuanto a que es propaganda parcializada en la medida en que no aporta los elementos necesarios para analizar las consecuencias y el impacto a nuestro ordenamiento político, social y productivo que el Tratado tiene por lo que consideramos que la Asamblea legislativa debería someter a un referéndum la decisión de aprobación de este TLC.

Considerando que:

En el campo de la agricultura

Pese a la gran capacidad de producción y organización, los agricultores en Talamanca y el país en general están en una posición desventajosa en relación a los agricultores de los Estados Unidos por su alta tecnología y sobre todo por los cuantiosos subsidios que reciben.

El gobierno de Costa Rica, frente a la inminente
ruina de los pequeños y medianos productores
Agrícolas, sigue proponiendo opciones no viables
para las diferentes actividades productivas
Acordes a cada zona.

Al orientarse la agricultura hacia la producción de flores, plantas ornamentales, frutas tradicionales y exóticas deja de lado la producción nacional del alimento básico (arroz, frijoles y maíz) haciéndonos perder la soberanía alimentaría, al depender de la importación de estos productos.

No entendemos como nuestro gobierno está apoyando un tratado de libre comercio con un país en el que su Presidente George W. Bush, ha dicho en el Discurso de aprobación de la Ley Agrícola (Farm Bill) lo siguiente:

“Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población.
¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz
de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población?
Sería una nación expuesta a presiones internacionales.
Sería una nación vulnerable.
Y por eso cuando hablamos de agricultura americana
en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”.

Por lo visto este tratado de libre comercio permite libertad, condiciones favorables y subsidios para los productores de Estados Unidos y limita nuestros derechos por lo que realmente no es un tratado de libre comercio, no entendemos y no aceptamos que estemos entregando nuestra patria, soberanía y dignidad

Los pueblos campesinos e indígenas han avanzado en el respeto de sus derechos colectivos, solidarios y materiales como el territorio y el uso de los recursos naturales y los bienes culturales, pero no tanto en la protección del su conocimiento. Las obligaciones del Tratado en materia de propiedad intelectual obliga a patentar variedades de plantas que afectarán directamente los derechos ancestrales de los agricultores para guardar, resembrar, intercambiar y vender su propia cosecha; dejando de lado que el conocimiento tradicional es colectivo recibido de generación en generación y que crece al compartirse.

Los impactos identificados al agro de nuestros países serán los siguientes:

  • Los precios de insumos y equipos agrícolas continuarán en aumento.
  • Inestabilidad en el comportamiento de los precios que se le pagan a los productores.
  • Se ampliará la brecha en el salario agrícola y en el de otros sectores de la economía, y el eventual resurgimiento de tensiones y conflictos sociales.
  • Se dará un mayor dinamismo al modelo de agro-exportación de los productos no tradicionales en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaría.

En el campo de los recursos naturales:

Las ventajas que se dan a los inversionistas atentan directamente contra la protección de los recursos naturales. Estos compromisos abren e incentivan la explotación de hidrocarburos, agua, minería, madera y biodiversidad en general como mercancías privadas, dejando en manos de las empresas transnacionales recursos que son inalienables y de patrimonio colectivo.

Por lo tanto:

Muy respetuosamente con el derecho que nos asiste como ciudadanos, productores y organizaciones de Talamanca y Costa Rica resolvemos lo siguiente:

Concluimos que el TLC es nefasto para los agricultores y pobladores en general, porque nos obliga a competir en desigualdad de condiciones.

  • Promueve un modelo de exclusión y marginalización en la expansión y la diversificación del comercio entre países.
  • Promueve la competencia desleal entre los sectores productivos en los países al propiciar un estado de ganadores y perdedores.
  • No se protege ni se hacen valer los derechos de los pequeños productores.
  • Los mecanismos de solución de controversias no son favorables, se impide a nuestros gobiernos a demandar las empresas transnacionales que violenten nuestras legislaciones, no obstante, faculta a las empresas transnacionales a interponer demandas contra nuestros gobiernos por sumas que no tenemos la capacidad de pagar, en el caso que sean rescindidos sus contratos por irrespetar y no cumplir con lo estipulado en las legislaciones laborales, ambientales y otras.

Instamos a los Diputados y Diputadas de nuestra Asamblea Legislativa a no aprobar ni firmar dicho Tratado sin una previa, amplia y participativa consulta a nuestro pueblo por medio de un referéndum.

Exigimos al Poder Ejecutivo que de los recursos económicos que se está utilizando para hacer propaganda al Tratado, se dispongan para dar a conocer ampliamente, en el ámbito nacional, los estudios, investigaciones y opiniones divergentes de otros sectores del país; y generar una reflexión y discusión responsable y democrática.

Imploramos a la Sala Constitucional de nuestro país que nos ampare y se pronuncie en relación con las violaciones a la Constitución, que a nuestro entender tiene el Tratado.

Los abajo presentes, damos por firmado el siguiente manifiesto en la ciudad de Bribri, Talamanca el día 24 de octubre del 2006

FIRMANTES…

Rechazan comparecencias en Comisión para privatizar telecomunicaciones

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A lo anterior hay que sumar la negativa a recibir a las personas representantes de la Federación para la Conservación del Ambiente Costarricense (FECON) y a los Consejos Universitarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Igualmente se rechazó la comparecencia de las personas que integran la Comisión Especial de Telecomunicaciones de la Universidad de Costa Rica, presidida por el Dr. Manuel María Murillo, y a la que pertenecen también el Dr. Luis Baudrit, la Dra. Margarita Bolaños, el Ing. Víctor Hugo Chacón, el Lic. Rodrigo Madrigal Montealegre, el Ing. Ismael Mazón, el Dr. Jaime Ordóñez, el Dr. Jorge Rojas y el Lic. Juan Manuel Villasuso.

Se rechazó además la comparencia los presidentes de las organizaciones gremiales del ICE: José Joaquín Porras (ANTTEA), Jorge Muñoz (AJEICE) y Sergio Saborío (SITET).

El diputado Merino señaló que se trata de un tema sobre el que no ha habido acuerdo en la sociedad costarricense durante los últimos años y sobre el que pueden aportar no sólo los expertos en telecomunicaciones, sino también diversas organizaciones sociales y académicas, sin embargo “la búsqueda acelerada de la privatización de los mercados de las telecomunicaciones, conducen a la “mayoría mecánica” a un irracional calendario simplificado de comparecencias, que excluye sobre todo a las personas y sectores con visiones alternativas, tal el caso de la Comisión de la UCR que ha presentado a la consideración de la sociedad propuestas de ley para fortalecer el ICE y regular las telecomunicaciones; de expertos como los ingenieros Cob y Fumero y de las organizaciones sociales de los trabajadores y los ambientalistas que participaron en las comisiones mixtas formadas en periodos anteriores de la Asamblea Legislativa”.