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SECTA EMPRESARIAL CUASI-TERRORISTA

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Están desesperados por tener más riqueza de la que les ha permitido cambiar la Constitución Política para llegar al gobierno; más riqueza de la que les posibilitó propiciar ciertos fallos judiciales a su favor; más riqueza de la que les facilitó establecer una “mayoría” legislativa a su medida, que pareciera entrever una abierta y burda compra de conciencias en el seno del otrora “sacrosanto” parlamento, asestándole un duro golpe a la democracia costarricense.

Esta secta empresarial pro TLC y de signo cuasi-terrorista, según nuestros informes, vienen fraguando la conformación de grupos de inspiración paramilitar para infiltrar las manifestaciones ciudadanas, buscando meter en ellas violencia para luego desprestigiarlas.

Además, pretenden satanizar a todos los diputados y a todas las diputadas que están en oposición a ese TLC y la ciudadanía mayoritariamente opuesta al mismo, tildándoles burdamente de “comunistas”. Dicha secta empresarial de signo cuasi-terrorista, como nunca tuvo argumentos sólidos a favor de “su” TLC, hoy pretende emplear las gastadas maniobras de la “guerra fría” para pretender descalificar a sus oponentes en el debate.

Esta secta empresarial pro TLC de signo cuasi-terrorista, es de fácil identificación. Tenemos entre ellos, por ejemplo, a un librero de Avenida Central; a otro que hizo su fortuna con “electrodomésticos de refrigeración”; otro, catalogado como el hombre más rico del país y que entre su fortuna destaca el mayor ejemplo de “prensa vendida”; un empresario televisivo que no es tico; un comerciante con apellido de estadio de béisbol; un famoso banquero-financista ligado al narcotráfico, entre otros. Ellos se han unido, en esta conjura contra Costa Rica, con varios de los más connotados empresarios centroamericanos que tienen manchadas de sangre sus manos.

Todos ellos están en una abierta conjura contra la institucionalidad democrática de Costa Rica; vienen conspirando contra la Constitución Política y el Estado Social de Derecho que todavía tiene vigencia en nuestro país; y hasta están dispuestos a la eliminación física de quienes nos pongamos en su camino.

Esa secta empresarial a punto de caer en el terrorismo, luego de haber mancillado el debate democrático y de haber desplegado la operación más farsante y manipuladora de las últimas décadas de la historia nacional, con sus sistemáticas mentiras sobre el TLC; debe ser detenida por la movilización ciudadana más impactante jamás vista en la historia nacional.

Afortunadamente para la democracia costarricense, esa secta empresarial de signo terrorista, tiene frente a sí a la convergencia más amplia de personalidades, ciudadanía, grupos empresariales verdaderamente patriotas y comprometidos con el desarrollo nacional; así como sectores de las más diversa índole; conformando todos una alianza nunca antes dada en la vida republicana de Costa Rica, para enfrentar el derecho que tenemos de seguir siendo un país diferente. La derrota del TLC que defiende la secta empresarial de signo cuasi-terrorista, es una tarea cívica del mismo calibre que la gesta heroica de 1856. La Patria nos llama en esta hora crucial de su historia.

CONVOCATORIA OFICIAL A ASAMBLEA GENERAL DE ANEPISTAS DE A Y A

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*Día de la asamblea: *Viernes 16 de febrero de 2007.
Hora: 1 de la tarde
Lugar: Hotel Balmoral-Salón Bromelias, 2do. Piso.

Dados los últimos acontecimientos de orden institucional que tienen que ver con decisiones de orden estratégico sobre el futuro de A y A y, por ende, de las trabajadoras y de los trabajadores; nuestra organización sindical ha considerado de extrema urgencia realizar esta trascendental asamblea, con la finalidad de compartir y discutir con nuestros afiliados y nuestras afiliadas, tres aspectos fundamentales de fondo.

• Palabras de bienvenida: Mensaje sobre la actual Realidad Nacional.
• Proceso de reestructuración institucional
• Propuesta de “independencia” de la Región Metropolitana de A y A y conversión de regiones en “unidades estratégicas de negocio”.
• Acuerdos de huelga
• Negociación de Convención Colectiva de Trabajo
• Elección de la Primera Junta Directiva de la Seccional Nacional de ANEP-A y A
• Exposición proyecto Centro Turístico Recreativo “El Tití” (en Manuel Antonio).

LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, TIENE QUE SER CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODAS Y DE TODOS. HA LLEGADO LA HORA DE ORGANIZARNOS, DE ENFRENTAR CON ESTUDIO, PROPUESTA Y ACCIONES, LOS DESAFÍOS QUE SE NOS PRESENTAN. ES ASÍ COMO REDEFINIREMOS EL FUTURO DEL A Y A.

A continuación le brindamos los nombres de dirigentes, sus centros laborales y su teléfono para que coordine y garanticemos una asamblea de altísima participación.

Gerardo Cascante Amador
854-38-01
ANEP
gcascante@anep.or.cr

Douglas Carrillo Azofeifa
ANEP
dcarrillo@anep.or.cr

Otto Ureña Badilla
oturena@aya.go.cr
393-22-83, 242-52-50

Jenny María Vega Ortega
758-03-30-
Limón

Lowel Mclaean Grant
758-03-30-
Limón

Andrés Aguilar Valdi
845-02-47-
Paseo Estudiantes
Alejandro Sáenz Jiménez 836-83-86-Limón Jhonny Carvajal Arguedas 442-97-45-Alajuela

Walter Araya Gamboa
355-78-59-
Paseo Estudiantes

Joaquín Rojas Chacón
229-62-10-
Coronado

Se adjunta el respectivo permiso de la Gerencia de A y A para asistir a la asamblea.

A quienes deseen venir desde las regiones, el permiso es por todo el día viernes.

Ciudadano denuncia a Oscar Arias ante Ministerio Público

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Señores :
Ministerio Publico
Corte Suprema de Justicia
San José

Por este medio, Yo, Marco Antonio Sánchez Villalta, cedula 9-057-478, en calidad de Ciudadano , me presento ante este honorable Tribunal , con el objeto de denunciar al Presidente de La Republica, Doctor Oscar Arias Sánchez, por violación de la Constitución Política de la Republica de Costa Rica, en el articulo 149 , numeral 6 y la violación a la ley 8422 contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en lo pertinente al articulo 48 : Legislación o administración en provecho propio


1-HECHOS

1.1 Que en el Diario Oficial La Gaceta numero 101 del viernes 26 de Mayo del año 2006, se publico el Acuerdo Presidencial numero 001-P , en el cual , entre otros, el Presidente de la Republica nombra a su Hermano Rodrigo Arias Sánchez , Cedula numero 4-091-058 , como Ministro de la Presidencia.

1.2 Que según la Constitución Política de La Republica de Costa Rica, en su articulo 149 , numeral 6) dice : El Presidente de la Republica y el Ministro de Gobierno que hubieran participado en los actos que en seguida se indican , serán también conjuntamente responsables:…….. 6) En todos los demás casos en que por acción u omisión viole el Poder Ejecutivo alguna ley expresa.

1.3 Que según ley numero 8422 publicada en el Diario Oficial La Gaceta numero 212 del 29 de Octubre del 2004 , en su articulo 48 : Legislación o Administración en provecho propio ´´ Será sancionado con prisión de uno a ocho años , el funcionario publico , que sancione , promulgue , autorice , suscriba o participe con su voto favorable , en las leyes , decretos , acuerdos , actos y contratos administrativos que otorguen , en forma directa , beneficios para si mismo , para su cónyuge , compañero , compañera , o conviviente , sus parientes incluso hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad ´´

1.4 Que el acuerdo Presidencial 001-P , violenta la Constitución Política de La Republica de Costa Rica en lo estipulado en el Articulo 149 , numeral 6) y violenta el articulo 48 de la ley 8422.

2- LEGITIMACIÓN

En mi condición de Ciudadano , mi legitimación se fundamenta en:

2.1 El Reglamento de la ley 8422 , del 29 de Octubre del 2004 , establece en el Capitulo II PARTICIPACIÓN CIUDADANA en los artículos : Art. 3 Participación Ciudadana , ´_´ El derecho a la participación Ciudadana en la lucha contra la corrupción , se fundamenta en el libre acceso a la información , en la educación , en la organización y en el poder Ciudadano de denuncia_ , Art. 4 Deber de Fomento,´_´ El Estado y demás ente y empresas Publicas deberán fomentar la Educación , la organización y el poder de denuncia Ciudadana en el combate y el control de la corrupción ._

2.2 El reglamento de la ley 8422 , del 29 de Octubre del 2004 , establece en el Capitulo III , PODER CIUDADANO DE DENUNCIA , en los artículos : ´´ Art. 8 Derecho de Denunciar. Los Ciudadanos tienen el derecho a denunciar los presuntos actos de corrupción .Esta denuncia podrá presentarse en forma escrita , verbal o por cualquier otro medio ante las autoridades contempladas por la ley y el presente reglamento ´´ , ´´ Art. 9 Deber de denunciar , Los Funcionarios Públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función Publica, de los que tengan conocimiento.´´

*3-PRUEBA *

3.1 Copia del acuerdo Presidencial numero 001-P , del 8 de Mayo del 2006.

4– DERECHO

4.1 Constitución Política de la Republica

4.2 Reglamento a la ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito

4.3 Ley 6422, ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

5– PETITORIA

5.1 que el Misterio Publico juzgue al Presidente de la Republica , por violación a la ley 8422, articulo 48. y anule el Nombramiento del Ministro de al Presidencia.

6 – NOTIFICACIONES

las mías las oiré al telefax numero 260-2223
Heredia, 21 de Enero del 2007

Marco A. Sánchez Villalta
9-057-478

Diputado Merino interpela al presidente del PUSC

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“Son muy preocupantes y graves las declaraciones al Diario Extra el día de hoy, del presidente de la Unidad Social Cristiana, don Luis Fishman, al referirse a las actuaciones de la fracción parlamentaria de este partido en relación con el trámite del TLC y otros proyectos del gobierno”, dijo el diputado José Merino del Río.

“Dice don Luis que algunos diputados y diputadas del PUSC están entregados al gobierno, y califica a la fracción de allanada, deficitaria y complaciente, lo cual está a la vista de la ciudadanía, pero lo que no se conocía es que esto ocurre porque, según sus palabras, están ‘vendidos para proteger intereses privados y hasta familiares’ a cambio de sus votos a favor del TLC”, continuó diciendo el parlamentario del Frente Amplio.

“Siendo el presidente de la Unidad Social Cristiana una persona generalmente bien informada, y que ha ocupado puestos relevantes en la vida pública nacional, me siento en la obligación de interpelarlo y solicitarle de manera respetuosa a don Luis Fishman que dé a conocer esas negociaciones clandestinas que han llegado a sus oídos, que diga cuáles diputados de su partido son los que le van dar sus votos al TLC y no hacen control político para proteger determinados intereses particulares”, manifestó el diputado Merino.

Al mismo tiempo el legislador del Frente Amplio invitó a la dirección política y los adherentes de la Unidad Social Cristiana a analizar la conveniencia de participar en la marcha nacional convocada por los movimientos sociales para el próximo 26 de febrero, al igual que acudirán a este llamado los liberacionistas que se oponen al TLC, junto a los partidarios del Frente Amplio, el PAC, el PASE y otras agrupaciones políticas sin representación parlamentaria.

Resumen de la consulta preceptiva a la sala constitucional sobre reforma para “vía rápida” al TLC

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Violación del Principio de Publicidad en el trámite de creación del procedimiento especial para conocer el expediente 16.521 (Artículo 117 de la Constitución Política).

-La propuesta no fue puesta en conocimiento de todos los señores y señoras diputadas con la debida antelación para que pudieran estudiarla. Ni siquiera se respetó el plazo de 24 horas previas con que, de acuerdo con el Reglamento, deben aparecer en el orden del día otros asuntos de similar carácter normativo para poderse tramitar. Aunado a lo anterior, no fue hasta escasos minutos posteriores a su lectura, que se facilitó una copia solamente a los Jefes de cada Fracción. Dicha omisión ocasionó que, en la práctica, esta amplia propuesta de reforma reglamentaria solo haya podido ser conocida con anterioridad por quienes participaron en su formulación y que las minorías parlamentarias excluidas resultaran totalmente sorprendidas; al punto de que ni siquiera tuvieran la oportunidad de estudiar la propuesta a fondo, plantear dudas sobre sus alcances y pedir explicaciones sobre su correcta interpretación. De hecho, el tiempo que transcurrió entre su presentación y su votación (alrededor de veinte minutos) no permite siquiera que un lector avezado en la materia pueda realizar una lectura pausada del complejo articulado planteado.

Violación del Derecho de Enmienda en relación con la propuesta la creación del procedimiento especial, aplicado al expediente 16.521 (artículos 1, 9, 105 y 121 inciso 1) de la Constitución Política).

-Si es aceptado que el derecho de enmienda es un derecho básico de los legisladores, derivado del principio democrático, resulta absolutamente contradictorio suponer que este derecho no existe en el trámite de reformas reglamentarias, que precisamente son las encargadas de regular el desempeño de los diputados en el Parlamento.

Rechazo automático de mociones de fondo por la presidencia de la comisión sin contar con competencia para ello. Violación del procedimiento especial aprobado por el Plenario Legislativo. Derecho de participación de las minorías.

-La presidencia de la comisión se extralimitó en sus facultades, ya que, de acuerdo con el procedimiento especial definido por el Plenario para tramitar el expediente 16.521, no tenía competencia para agrupar o declarar improcedentes las mociones de fondo presentadas por los diputados en el Plenario. Por el contrario, en esta etapa del procedimiento se trataba de una atribución exclusiva del Presidente del Directorio. El momento procesal oportuno para ello se dio cuando estas mociones fueron presentadas en el Plenario Legislativo, es decir durante la sesión extraordinaria N° 001 celebrada el 29 de enero de 2007. Sin embargo, tal y como consta en el acta respectiva en esta sesión el Presidente del Directorio anunció la presentación de dichas mociones de fondo y las admitió para su trámite en la Comisión, sin objetar ninguna. Una infracción que al mismo tiempo lesiona los derechos de participación y representación de los diputados que presentaron mociones de fondo, al impedir que la discusión sobre la admisibilidad de sus propuestas

se desarrollara en el Plenario, donde existen mayores garantías de publicidad y participación para defender sus derechos. Como se puede constatar en el acta de la sesión N° 6 de la comisión dictaminadora, varios diputados advirtieron oportunamente sobre esta violación a la presidencia, sin que sus solicitudes fueran atendidas.

Rechazo arbitrario e injustificado de mociones de fondo. Violación del derecho de enmienda. Principios de razonabilidad y proporcionalidad. Aplicación de criterios contradictorios.

-En el marco del trámite de mociones de fondo, el Plenario remitió sesenta y tres propuestas de enmienda presentadas por varios diputados a la comisión dictaminadora. De estas mociones, cuarenta iniciativas fueron rechazadas de forma automática por la presidencia de la comisión, es decir, prácticamente las dos terceras partes (63.5%) del total presentado. Dicha actuación lesiona de forma severa el derecho de enmienda de los representantes populares. Muchas de estas mociones fueron desechadas de forma abusiva y arbitraria, contrariando, incluso las reglas contenidas en el procedimiento especial aprobado por el Plenario Legislativo.

Principios de razonabilidad y proporcionalidad.

-En todo momento se ha afirmado que el trámite acelerado que se le imprimió al expediente 16.521 tenía como objetivo lograr la aprobación expedita de una reforma al artículo 41 bis del Reglamento para aplicarla a proyectos de ley de interés de las fracciones promotoras de la iniciativa. Sin embargo, para lograr este objetivo no era necesario limitar y “atropellar” el derecho de enmienda de las minorías de la forma en que se hizo durante el trámite en comisión. El procedimiento especial aprobado restringió de forma notable (a una tercera parte) el derecho al uso de la palabra de los diputados proponentes y de los que quieran hablar a favor o en contra. Además limitó considerablemente el derecho a presentar recursos de revisión. Tampoco puede sostenerse que las mociones presentadas por los diputados representaban un número inmanejable, o respondían a prácticas abusivas u “obstruccionistas” de sus proponentes. La gran mayoría se encontraba debidamente justificada y respondían a preocupaciones legítimas.

Falta de fundamentación de resolución de la Presidencia de la Comisión que rechazó sin discusión ni votación mociones de fondo.

Como agravante de los vicios de constitucionalidad que se someten a consulta de la Sala en los apartados de la resolución de la presidencia de la comisión que desechó automáticamente cuarenta mociones de fondo presentadas en el Plenario por varios diputados carece de motivación o fundamentación que explique –al menos de manera sucinta las razones por las cuales cada una de estas mociones fue desechada de plano. La necesaria motivación de las actuaciones de las autoridades públicas es uno de los principios generales del debido proceso que informa todo nuestro ordenamiento jurídico. En el ámbito del Derecho Parlamentario, quiénes ostentan la presidencia de órganos legislativos no están exentos de cumplir con esta exigencia, en especial cuando adoptan actos unilaterales que afectan el ejercicio de los derechos de los diputados

Denegación arbitraria del derecho de apelación a los diputados afectados por la resolución de la Presidencia de la Comisión que rechazó automáticamente mociones de fondo. Violación del Principio Democrático. Derecho de participación de las minorías parlamentarias.

-En la sesión del 29 de enero de 2007 los diputados Merino del Río y Madrigal Brenes presentaron recurso de apelación contra la resolución de la Presidencia de la Comisión que decidió tramitar en bloque las mociones de fondo presentadas por estos diputados en el Plenario y tener por desechadas sin votación la gran mayoría de ellas. Sin embargo, la Presidenta de la Comisión se negó a admitir la presentación de dichos recursos de apelación, impidiendo el ejercicio de este derecho por parte de los diputados afectados por su decisión relativa a las mociones de fondo.

-El derecho de apelar las resoluciones de la Presidencia cuando considere que presenten_ “ilegalidad o irregularidad”_ se encuentra plenamente reconocido en nuestro Derecho Parlamentario como un componente fundamental del derecho de enmienda y las garantías de participación y representación de los diputados, especialmente de las minorías. Está regulado en los artículos 5 inciso 6) y 156 del Reglamento Legislativo para el trámite en Comisión y en Plenario respectivamente. la presidencia negó el ejercicio de este derecho, violentando, además del derecho de enmienda, participación y defensa de los diputados afectados el mismo procedimiento especial que el Plenario había aprobado.

-No cabe duda que la decisión adoptada por la presidencia afectó de forma notable los derechos de los diputados que habían presentado mociones. No fue una decisión inocua. Implicó un rechazo automático de la mayor parte de las propuestas que estos diputados habían presentado ante el Plenario. En el caso del diputado Merino del Río, por ejemplo, catorce de sus mociones fueron reducidas a solo tres, impidiendo la discusión y votación de las once restantes. Así las cosas, si una decisión adoptada por la presidencia tiene este tipo de afectaciones sobre los derechos de los diputados no es admisible que se les niegue al menos la posibilidad de recurrir dicha decisión. Esto implica colocar al diputado en un estado de absoluta indefensión.

-En el caso del procedimiento especial creado para tramitar el expediente 16.521, nótese además que se definió que el recurso de apelación que se presente contra las decisiones de la presidencia de la comisión dictaminadora será votado por “la Asamblea”, es decir, por el Plenario Legislativo. Este recurso “en alzada” implica una garantía adicional para los diputados afectados por una resolución arbitraria de la presidencia, ante la posibilidad de que las implicaciones de una resolución de este tipo se agraven en el marco de un procedimiento tan acelerado como el de marras. No obstante, al impedir que los diputados afectados puedan apelar su decisión, la presidencia de la comisión negó de plano el ejercicio de esta garantía adicional.

-Aceptar que no procede el derecho de apelación contra decisiones de la presidencia de un órgano legislativo por el solo hecho de que quién adoptó tales decisiones afirme que se limitó a aplicar el reglamento, equivale, en la práctica, a la completa negación de este derecho a los diputados. Nunca sería procedente la presentación de recursos de apelación independientemente de los derechos que afecte una determinada decisión de la presidencia y la gravedad de esa afectación pues, parece poco probable que el autor de la resolución reconozca de previo que la misma no está apegada al reglamento.

Trasgresión de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

-La Sala Constitucional en ejercicio de la potestad a ella conferida por el artículo 10 de la Constitución y los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ha emitido dos resoluciones con el fin de dar por admitidas varias acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra del trámite de aprobación del artículo 208 bis y su contenido; así como, contra el acto de conformación de la Comisión Especial de Reglamento de la Asamblea Legislativa. Por lo cual, es criterio de los consultantes que existe una imposibilidad de dictar una resolución final en el caso del Proyecto de Reforma Parcial del artículo 41 bis, por cuanto, la Comisión Especial de Reglamento fue quién realizó la labor de instrucción y el procedimiento seguido fue resultado de la aplicación del artículo 208 bis del Reglamento. Con lo cual, se concreta con el conocimiento de este proyecto, la indefensión causada por la forma desproporcionada en que se instaló esta comisión.

Violación del Principio de Gravedad del Procedimiento en materia de Legislación Internacional y del Principio Democrático.

-Al menos podemos citar tres casos concretos en donde el “Principio de Gravedad del Procedimiento en materia de Legislación Internacional” es claramente palpable y se manifiesta de parte de todos la necesidad de no aplicar un procedimiento excepcional y abreviado para la aprobación de un Tratado o Convenio Internacional.

-El primero es el artículo 124 de la Constitución Política y el Titulo II. Comisiones Legislativas Plenas del Reglamento de la Asamblea Legislativa; en donde, se excluye de forma tajante la posibilidad de delegar en una Comisión Plena la aprobación o el rechazo de cualquier tipo de Convenio o Tratado Internacional.

Segundo, en el actual texto del artículo 208 bis –utilizado para tramitar esta reforma exceptúa la posibilidad de crear un procedimiento especial para la aprobación o rechazo de un Convenio Internacional

-Por último, el mismo artículo 41 bis plantea desde su incorporación al Reglamento de la Asamblea Legislativa, la prohibición de aplicar ese procedimiento excepcional para los tratados regulados en el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica; es decir, los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos.

Organizaciones dominicanas anuncian plan de protestas

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Fidel Santana, vocero del Foro Social Alternativo, informó que el próximo 7 de marzo se realizará una jornada de movilización simultánea en varias ciudades del país, que será precedida de paros y huelgas en algunas provincias.

El dirigente indicó que el 20 de febrero está previsto un paro en la provincia de San Pedro de Macorís. Y que el 28 se realizará una protesta similar en la provincia de Bonao.

El Foro Social Alternativo acusó al Gobierno de Leonel Fernández de utilizar los recursos del país en proyectos no prioritarios, en lugar de emplearlos para mejorar la educación, la salud, la seguridad social ciudadana y fomentar empleos.

Asimismo, reclamó que el Gobierno debe cambiar el método que vienen desplegando para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El Foro subrayó que no basta con represión policial y aseguró que es necesario invertir en los sectores más pobres para crear empleos, dar solución a los servicios básicos y hacer proyectos de construcción de viviendas para eliminar el hacinamiento y la promiscuidad.

Dirigentes populares que conforman el Foro coincidieron en la urgencia de articular un gran movimiento social alternativo para proponer al país soluciones concretas, al considerar ya desgastados a los partidos políticos tradicionales. (PULSAR)

FAP
05/02/2007

EE.UU. no tomará represalias contra Costa Rica por no ratificar TLC

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Montes de Oca, 1 febrero 2007
PAC-OS-004-2007

Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República

Estimado señor Presidente:

Gracias por atender positivamente mi solicitud para que nos reuniéramos. Me interesa que usted conozca la verdad sobre un asunto de la mayor importancia para la decisión que el país debe tomar en relación con el TLC.

Como usted sabe, señor Presidente, Costa Rica gana muy poco acceso adicional al mercado norteamericano con el TLC, básicamente porque ya tenemos acceso casi total a ese mercado. En materia de comercio el TLC es en una sola vía, pues lo que hace es profundizar la apertura de nuestro mercado a las importaciones de ese país (además, el TLC dañaría nuestro sistema de salud pública por las reglas excesivas de protección a la propiedad intelectual, amenaza a los pequeños y mediados agricultores ante las importaciones de productos subsidiados, dotaría de poderes inconvenientes al inversionista extranjero, debilitaría el modelo costarricense de acceso universal en telecomunicaciones, entre otras deficiencias).

Ante este hecho, algunos defensores del TLC procedieron a argumentar que si Costa Rica no ratificaba el TLC entonces Estados Unidos nos quitaría los beneficios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), los cuales han permitido un acceso privilegiado de una parte de nuestra producción a ese país. Estas afirmaciones, las cuales han generado preocupación en algunos costarricenses, han sido reforzadas por colaboradores suyos, como el Embajador de Costa Rica en Washington y el Ministro de Comercio Exterior, así como por la ex-Jefa del equipo negociador del TLC.

Sin embargo, la campaña de miedo basada en que no existe ambiente político en Washington para que Costa Rica continúe con los beneficios de la ICC es uno de los más grandes engaños a que se ha sometido el pueblo costarricense. No creemos que usted quiera que su presidencia sea asociada con este gran engaño.

Durante la semana del 21 al 27 de enero viajé a Washington, acompañado por la Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana , la Dra. Elizabeth Fonseca Corrales y por los empresarios Román Macaya y Gabriela Saborío. Con el fin de clarificar este asunto tan importante en la discusión nacional sobre el TLC, procedimos a preguntar sobre esta materia a algunos Miembros del Congreso y a asesores legislativos especialistas en comercio, incluyendo los asesores de la Representante Nancy Pelosi , líder de la Cámara de Representantes, del Representante Steny Hoyer, líder de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Representante y del Senador Harry Reid, líder del Senado. Conversamos ampliamente con el Representante Sander Levin, Presidente del Subcomité de Comercio de la Comisión de Medios y Arbitrios. Como usted sabe esta es la persona más poderosa en materia de comercio del Congreso Norteamericano. También, le hicimos la misma pregunta a altos funcionarios del Departamento de Estado.

Señor Presidente, absolutamente en todos los casos nos respondieron que este no era tema en Washington y que no existe ninguna intensión de eliminar los beneficios de la ICC a Costa Rica si no ratifica el TLC. En el Departamento de Estado preguntamos también si la relación estratégica entre Estados Unidos y Costa Rica se vería afectada si Costa Rica no ratificaba el TLC, a lo que respondieron que de ninguna manera.

Le transmito esta información con el deseo de que usted la valore, en un análisis final, que respetuosamente le solicito, sobre la conveniencia del TLC. La democracia requiere de transparencia y honestidad con la opinión pública. Es urgente que el TLC se discuta en sus propios méritos y no en el marco de una nefasta campaña de miedo. No es correcto conducir a un pueblo por una ruta de temor y menos cuando las razones para ese temor son falsas. Necesitamos un país alegre, optimista, comulgando con decisiones porque las considera buenas y no porque se le pone contra la pared amenazándolo con peligros inexistentes.

Agradeciendo la reunión y la atención a la información que traemos para aclarar las falacias que se promueven sobre el TLC, le saluda,

Atentamente,
Ottón Solís

Oscar Arias fracasó en juicio contra sacerdote

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MI GRAN FELICIDAD

Alfredo Erak H.
Directivo Nacional de ANEP

Hace tiempo no sentía tanta alegría como la que siento hoy, por el sobreseimiento del Padre Ronal Vargas Araya, estaba perdiendo la fe en la justicia de los tribunales de este país. Ahora la retomo.

También perdía mucha Fe , por la actitudes tan ambiguas de la jerarquía eclesiástica de mi Iglesia, pero sigo adelante pues Curas como Ronal Vargas, Gustavo Meneses y Gerardo Vargas ( quien también es victima de la persecución ) me fortalecen y creo nuevamente en la_ “Justicia Divina”_.

El episcopado costarricense debe leer muy detenidamente estos acontecimientos, el catolicismo nos exige ente otras cosas obediencia, pero si se apartan de los postulados de Cristo, de sus enseñanzas de humildad, de acompañamiento a los perseguidos, a los derechos de los pobres y del pueblo yo me cuestionaría esta obediencia.

Fue muy curioso para mí, en el entierro de Augusto Pinochet, ver a toda la cúpula eclesiástica de Chile con sus mejores galas, vimos el poyo del antiguo arzobispo al padre Minor Calvo, vimos el apoyo de un obispo al padre Enrique Delgado, pero no se supo, ni se vio ninguno apoyando al Padre Vargas.

Otra cosa que remozó mi Fe, fue ver tanto campesino y gente de pueblo, acompañando y participando en los actos cívicos y religiosos en solidaridad con el padre Vargas.

Que dichoso soy, por haber estado ahí. Quedo agradecido a la Junta Directiva de ANEP por haberme concedido este privilegio, gracias también a mi esposa por las candelitas y las oraciones, que Dios siga acompañado a los que valientemente damos la lucha por la libertad, la decencia y soberanía de Costa Rica.

Saludos Padre Ronald Vargas Araya , seguimos en la lucha.

NO AL TLC

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*Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nación de Pastoral Social-Caritas *
Teléfonos 291 42 82 – 291 01 54
pscarcr@racsa.co.cr

A TODOS NUESTROS AMIGOS Y AMIGAS:

El día de hoy jueves 01 de febrero, en los Tribunales de Justicia de Liberia se absolvió al Pbro. Ronal Vargas Araya, sacerdote y Director de la Pastoral Social-Caritas de la Diócesis de Tilarán.

El Pbro. Ronal Vargas fue acusado por el alcalde electo del Cantón de La Cruz, Carlos Matías Gonzaga por los delitos de injurias y calumnias. Los hechos se remontan al día 17 de noviembre del año 2005 en la Escuela “Gil Tablada Corea” de El Jobo, en donde el P. Ronal dirigió unas palabras para motivar el acto cívico que realiza cada año dicha escuela para conmemorar el asesinato del mártir Campesino Gil Tablada. Ese día, en su mensaje, el P. Ronal señaló las irregularidades en la adjudicación de tierras y su posterior venta, procedimiento que beneficia a personas particulares y con especiales intereses económicos, de sobra conocidos y así ventilados en la campaña presidencial reciente.

Durante el juicio se demostró que el P. Ronal Vargas no calumnió ni injurió al alcalde de La Cruz. En la lectura de la sentencia, el juez señaló que los testimonios de los testigos no eran suficientemente claros. Mencionó el juez que los hechos relatados por el P. Ronal el día 17 de noviembre del 2005, previamente, han sido motivo de investigación periodística y de análisis por parte de la Contraloría General de la República, por la irregularidad en la actuación de algunos funcionarios públicos, en la entrega de esas tierras inicialmente de una adjudicataria que hoy sufre pobreza y abandono.

La absolución del P. Ronal es un signo de la imparcialidad del sistema judicial de Costa Rica. Es un triunfo de la verdad por encima de los intereses políticos y es una firme señal de una Iglesia enraizada en la realidad como lo pide la Iglesia del Evangelio.

Queremos agradecer el apoyo y la oración de muchos agentes de pastoral del país, además de la fecunda solidaridad expresada por organizaciones como el Frente Interno de los Trabajadores del ICE (FIT), el Sindicado de Educadores Costarricenses (SEC), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad (SINDEU), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Comisión Costarricense de Derechos Humanos, Grupos Ambientalistas, Campesinos, Organizaciones Comunitarias y personas particulares que desde las diversas comunidades estuvieron acompañándonos antes y durante el juicio.

SECRETARIADO NACIONAL DE
PASTORAL SOCIAL-CARITAS COSTA RICA

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Diputados investigarán adjudicación de parcelas en La Cruz por presuntas irregularidades

Greivin Moya
Adaptación Teletica.com
Actualizado 7:30 p.m.
30 de Enero de 2007

Los diputados manifiestan que investigarán a fondo las adjudicaciones de parcelas del asentamiento El Jobo, en La Cruz de Guanacaste, pues consideran que hay más acciones irregulares en la venta de estas tierras.

A raíz de la publicación de Telenoticias de este lunes, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) investigarán a fondo el asunto, incluso no descartan solicitar la conformación de una comisión.

También esta iniciativa tiene que ver con el punto 7 de un comunicado sobre el tema, que nos dio a conocer ayer lunes la Oficina de Prensa de la Presidencia, y los diputados le tomaron la palabra.

Este dice en el punto referido que la adquisición de terrenos de la finca El Jobo no es exclusiva a la Sociedad Corporación Adral S.A. sino que varias personas físicas y jurídicas invirtieron en los mismo, por lo que sería justo pedir explicaciones no solo al actual presidente, sino también a quienes compraron a otros parceleros adjudicados por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

Por su parte, el expresidente ejecutivo del IDA, José Joaquín Acuña, sancionado dos años a no ejercer cargos públicos por no haber responsabilizado a subalternos que fueron participes de las irregularidades, insiste en que no quiere referirse al asunto, pero sí dijo que presentará una demanda contra el Estado, por la resolución de la Contraloría General de la República, pues considera que es injusta.

En el informe se señala que él le causó un daño a la hacienda pública, por su actuación omisa, incluso que dejó vencer los términos para anular los actos administrativos, por los cuales se adjudicaron y levantaron las limitaciones a las parcelas de Carlos Matías Gonzaga, alcalde electo de La Cruz.

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REPORTAJE DE TELENOTICIAS SOBRE EL PROBLEMA DE LAS TIERRAS DENUNCIADO POR EL SACERDOTE RONAL VARGAS Y POR LO QUE OSCAR ARIAS LO LLEVO A LOS TRIBUNALES.
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Contraloría pide inhabilitar a funcionario por adjudicación ilegal de parcelas del IDA

Greivin Moya
Adaptación Teletica.com
Actualizado 7:40 p.m.
29 de enero de 2007

La Contraloría General de la República sancionó al expresidente ejecutivo del IDA, José Joaquín Acuña, a no ejercer cargos públicos por dos años, porque eximió de responsabilidad a funcionarios que levantaron en forma ilegal las limitaciones a dos parcelas en La Cruz, Guanacaste.

Las parcelas luego fueron compradas por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien asegura que lo hizo de buena fe.

Acuña Mesén eximió de responsabilidad a funcionarios que adjudicaron en forma irregular las parcelas 1 y 18-A del asentamiento El Jobo, y también levantaron limitaciones en forma irregular para que se vendieran sin haber transcurridos los 15 años de ley.

Las dos parcelas se ubican cerca de la playa, en el sector de La Cruz. 15 días después de levantar las limitaciones, en el caso de la parcela de casi 15 hectáreas, fue vendida a la Sociedad Adral, cuyo presidente era en ese entonces Oscar Arias, y su hermano era el secretario.

De acuerdo al informe de la Contraloría y de la auditoría interna del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), la beneficiaria original de la parcela 1, desde el año 81, era Teodora Obando, pero la institución aceptó que vendiera las mejoras a Carlos Matías Gonzaga para actividades agrícolas.

La junta directiva aceptó porque dijo que este cumplía con los requisitos de ley, aunque no consta que se le hayan hecho estudios para ver si calificaba como beneficiario de tierras del Estado. Actualmente él es el alcalde electo de La Cruz, y desde los años 80 se ha desempeñado como ejecutivo municipal y delegado presidencial.

También el IDA, sin estudio socioeconómico, le adjudicó la otra parcela 18-A en contra de la ley, pues una misma persona no puede tener dos parcelas, y se la vendió sin limitaciones ni prohibiciones.

En septiembre de1997, los directores del IDA de la zona y los asesores legales de la institución recomiendan levantar las limitaciones, para que se puedan vender y así lo hace la junta directiva.

15 días después de haberse formalmente levantado las limitaciones en el caso de la parcela 1, estas tierras las compra Oscar Arias como presidente de la Sociedad Adral.

En la página 18 del informe de la Contraloría, en la relación de hechos, menciona: “De los hechos descritos en el presente documento queda total y absolutamente claro que se incumplieron e inobservaron requisito de legalidad en el procedimiento de levantamiento de limitaciones”.

Los funcionarios argumentan que había morosidad administrativa, pues desde el 81 se habían dado esas tierras, pero la auditoría y la Contraloría indican que quien podía ser sujeto de este beneficio sería la anterior dueña y no Gonzaga, pues este solo tuvo la tierra por 6 años, con una adjudicación dudosa.

En la página 18 del informe de Contraloría indica: “La actuación omisa del entonces presidente ejecutivo del IDA tuvo como consecuencia la convalidación de un acto administrativo viciado de nulidad… acto que permitió en forma anticipada al plazo de ley la disposición de las dos parcelas que fueron adquiridas con fondos públicos”.

Consultado el expresidente ejecutivo no quiso referirse al asunto. El beneficiado con las irregularidades descrita, Carlos Matías Gonzaga, dijo que tampoco quería referirse.

La Oficina de Prensa de la Presidencia nos envió una nota en donde se manifiesta que cuando la compró el presidente Arias, las fincas estaban libres de limitaciones y que no influyó para el levantamiento de limitaciones.

Además, indica la nota, es justo pedir explicaciones al presidente sobre este asunto, pero debe pedirse explicaciones a otros que también compraron.
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SINDICALISMO Y “TIRANÍA EN LA DEMOCRACIA”

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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En efecto, el 3 de setiembre del 2005, cuando era candidato, Arias declaró a La Prensa Libre que “… las reformas importantes como el Plan Fiscal y el TLC no avanzan. Bajo esa premisa, creo que es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia, es decir, un mandato claro, con un líder que sabe qué es lo quiere y quiénes le pueden ayudar a conseguirlo”.

Hoy, ya en la silla presidencial, el mandatario sin un “mandato claro”, pretende imponernos un sistema autoritario de gestión pública; contando con la complicidad de una supuesta “mayoría” parlamentaria que lo es tal, en función de una cuestionable política de pactos, públicos unos y otros no tanto.

Como bien él lo dijo, lo que “el líder quiere” es abrir las mayores posibilidades de negocios con aquellos servicios públicos que, hasta ahora, no han podido convertirse en fuente de lucro privado, debido a una prolongada resistencia cívica de varios años que se ha negado a tragarse el cuento de que la apertura no es privatización. Y sí que lo es, por supuesto. Dos de esos negocios son las telecomunicaciones del ICE y los seguros comerciales del INS.

Ahora que él ha identificado a “quiénes le pueden ayudar a conseguirlo”, gestó en el parlamento una alianza de 38 votos que le está permitiendo darle cierta “legitimidad” a su concepto de “tiranía en la democracia”; aunque para ello haya que pisotear, casi de manera irreversible, una institucionalidad republicana bastante maltrecha que puede volverse en contra de sus propios violadores, quizás más temprano que tarde.

La “tiranía en la democracia”, aparte de que presupone un enorme apoyo de prensa-negocio, como ya lo estamos viendo; también presupone una total neutralización política de toda forma de resistencia social, a través de distintos mecanismos.

Estos mecanismos pueden que vayan desde la más vulgar compra de conciencias, pasando por la concepción de confites gremiales, hasta ofreciendo dar certificaciones de legitimidad que no se tienen; para, finalmente, pretender arrinconar, minimizar, excluir, descalificar y calumniar a toda esa resistencia cívica y social que no se doblegará y que seguirá desafiando la imposición de un pensamiento único.

Cuando dentro de esa resistencia social a la “tiranía en la democracia”, destacan movimientos sindicales que se resisten a ser controlados, se les lanzan improperios aprovechando el respaldo de los medios que le dan soporte al régimen basado en esa tiranía. Se califica a esos sindicatos de “extremistas”, de “golpistas”, de “radicales”.

Con fuerza hoy tenemos que decir que el sindicalismo que se practica en la entidad en la cual orgullosamente laboramos, así como lo que se hace desde las organizaciones amigas, fraternas y solidarias con ese tipo de sindicalismo; es una acción cívica, totalmente responsable, seria, construida con mucho estudio y profesionalismo.

El sindicalismo de pensamiento, de incidencia y de movilización no le sirve al régimen de la “tiranía en la democracia”. Ese es el sindicalismo que se vuelve “peligroso” para ese régimen; y, por tanto, es el sindicalismo al que hay que calumniar, desprestigiar, atacar, golpear, anular y hasta aniquilar.

Hoy, ante la opinión pública que nos hace el honor de leernos, y especialmente en esta hora crucial de la historia nacional, renovamos nuestro compromiso de seguir por la senda del sindicalismo cívico y limpio, del sindicalismo que no le sirve a la “tiranía en la democracia”.