S.G. 05-07-0325-06

Hermanas centroamericanas y hermanos centroamericanos:

Me honra profundamente, dirigirme a ustedes, en nombre de las organizaciones sindicales que pertenecemos a la PSCC costarricense y, sobre todo, de compartir con un grupo tan importante y valioso de dirigentes sindicales, compañeros y compañeras, de nuestros hermanos países centroamericanos.

Compañeros y compañeras: Puede resultar trillado pero es menester apuntarlo. Nuestros pueblos, desde mucho antes de la conquista, hemos venido compartiendo un mismo territorio, la Ceiba, luce su frondosidad en Guatemala lo mismo que en Panamá; el mar que besa a El Salvador y a Honduras es el mismo mar que humedece las orillas de mi pequeño país; respiramos el mismo aire, latino, afro, chino, negro, indicaribeño.

En fin hemos nacido y crecido juntos, prácticamente compartiendo las mismas circunstancias históricas, las mismas vivencias, carencias y zozobras a las que se nos ha sometido desde los tiempos de la conquista.

Esta realidad de conquista y colonizaje, la vivimos hoy, quizás, con la mayor brutalidad y humillación que en otros tiempos históricos. Porque nunca antes como ahora, el poder del conocimiento, la ciencia y la tecnología han desarrollado fuentes insospechadas de riqueza que, perfectamente, pueden brindar vida digna a todas las familias de nuestros pueblos.

Con tanta riqueza desarrollada, no hay cómo explicar que, en promedio, más del 30% de nuestras niñas y niños, adolescentes y jóvenes de nuestra región, no tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua potable y lo peor, derecho a la alimentación. Díganme ustedes, ¿es humillante o no tal arbitrariedad, en medio de tanta riqueza?

Y como si fuera poco, los colonizadores modernos, los grandes dueños del capital y de la producción transnacional; esos que pagan gobiernos y oligarcas testaferros para que implementes sus instrumentos de dominio universal; ahora, ávidos de más riquezas, nos quieren amordazar para siempre al flagelo del subdesarrollo, con sus tratados de “libre comercio”.

Entonces, si la familia centroamericana comparte por ventura histórica y natural un mismo territorio, un mismo destino; entonces, ¿porque a estas alturas del partido no hemos podido todavía, encontrarnos y entendernos como eso, como la gran y fraterna familia centroamericana?

Debemos picar muy delgado, sin orgullos ni vanidades ni pequeños intereses cortoplacistas, para poder atisbar, encontrar y extirpar la espina que históricamente nos ha sembrado nuestros enemigos en cada uno de nuestros ojos.

Esa espina hay que aniquilarla para podernos ver como lo que somos: uno al lado del otro; unos con zapatos, unos con camisa y otros con sobrero; los unos blancos, los otros cholos, mestizos, negros, españoles, chinos; indios, seres humanos; todos y todas sedientos de esperanza y, sobre todo, cargados de una gran indignación por la gran humillación a que estamos siendo sometidos. Indignación que debe hacernos sacar todas las fuerzas que aún quedan en nuestras flaquezas para ponerlas al servicio de la resistencia, de la propuesta alternativa, del derecho que tenemos a seguir bregando por ser pueblos dignos y libres.

Si compartimos esta esperanza, entonces, me pregunto y les pregunto respetuosamente: ¿Por qué no caminamos unidos, tomados de la mano?… ¿Porqué seguimos separados, cada uno defendiendo quizá su miga de pan en lugar de salir a defender la milpa de todas y de todos?… ¿Porque seguimos desgastándonos por separado en inversión de recursos humanos y materiales, cuando si uniéramos nuestras fuerzas y recursos, estoy seguro, los éxitos serán enormemente superiores?

Respetuosamente, hermanos y hermanos centroamericanos, este es el humilde mensaje que hemos querido compartir con ustedes. Quitémonos la espina del ojo; que el hermano y hermana se nos presente y lo reconozcamos como hermano y como hermana; bajemos las armas, hinchémonos de tolerancia, de humanidad y de solidaridad y salgamos a derrotar a las fuerzas que nos oprimen. Sólo así podremos resistir y vencer.

Finalmente, expresamos un profundo agradecimiento, muy especialmente, a los compañeros y a las compañeras de las organizaciones hermanas CC.OO y UGT de Cataluña; así como al compañero Víctor Báez Secretario General de la ORIT, por compartir este momento tan especial con esta su familia centroamericana.

Mi entrañable compañero, amigo y hermano, Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP, valiosísimo luchador social costarricense y centroamericano, tiene toda la potestad política de la organización que ambos nos honramos en representar, para asumir los compromisos y las tareas necesarias que sean en competerle a la ANEP, en aras de avanzar hacia un nuevo estadio de construcción y de profundización de la hermandad laboral y clasista centroamericana y latinoamericana, con el extraordinario aporte solidario de nuestros colegas de Cataluña, en este importante evento que augura un futuro promisorio para nuestros amados pueblos.

Razones internas determinaron nuestra ausencia física en esta ocasión, pero nuestro firme compromiso solidario y unitario es completamente institucional para la ANEP de Costa Rica.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.: Compañeros CC.OO y UGT de Cataluña, España.
c.: Compañeros CC.OO y UGT de Cataluña, España.
c.: Compañero Víctor Báez, Secretario General de la ORIT.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Costarricenses pagarían ¡16 mil millones de colones!, como costo de privatizar INCOP

El pasado miércoles 4 de enero, ANEP presentó denuncia en el despacho del Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República, para que se realice una exhaustiva investigación y se determine la eventual comisión de un determinado delito; a raíz de la carta que 40 diputados y diputadas dirigieron a la Licda. Martha Acosta Zúñiga, Subcontralora General de la República, en diciembre anterior, urgiendo dictar el acto de concesión de los contratos de privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Tal circunstancia se hizo pública, luego que la oficina del diputado Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), emitiera un comunicado de prensa titulado “Diputados urgen a la Contraloría aprobar contratos de concesión”.

ANEP opina que con tal acto de presión a la entidad contralora, los legisladores y las legisladoras firmantes, podrían haber violado el Artículo 52, de la recientemente emitida “Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública”, No. 8422, del 6 de octubre de 2004; ley que, paradójicamente, fue aprobada por la actual Asamblea Legislativa con los votos de los diputados y de las diputadas que firmaron la carta presionando a la entidad contralora, por el negocio privatizador del INCOP. Ese artículo plantea lo siguiente:

Artículo 52.- Tráfico de influencias. “Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quién directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde o omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propio de sus funciones de modo que genere directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quién utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior.”

Por otra parte, nuevamente y con toda vehemencia, la ANEP llama la atención de la opinión pública nacional que el costo para el país de privatizar el INCOP, a través de los contratos de concesión por el cual abogaron esos 40 legisladores; creció, del 2004 al 2005, en mil ciento sesenta y cuatro millones, trescientos veintiocho mil trescientos colones (1.164.328.300.oo), por la devaluación del colón ocurrida en el último año.

Lo anterior quiere decir que, si ya en el 2004, el costo por indemnización por desarraigo y prestaciones para los trabajadores del INCOP, a fin de que aceptaron la privatización del mismo, ascendía a catorce mil setecientos ochenta y dos millones, cuarenta y dos mil novecientos dos colones, con veinte céntimos (14.782.042.902.20); a esta cifra habrá que agregarle la anterior; con lo cual, los y las costarricenses tendremos que pagar, prácticamente, ¡16 mil millones de colones!, en este momento, si tal concesión privatizadora fuera otorgada por la Contraloría.

Por tanto, nuevamente, la ANEP expresa su más rotunda oposición al vergonzoso y leonino negocio de privatización del Muelle de Caldera, por cuanto se nos obligará a pagar una suma astronómica, irracional que habría que darle a unos 1.200 trabajadores portuarios de la planilla del INCOP.

Alternativamente, ANEP propone modernización total de dicho muelle, sin gastar del erario público esa gigantesca cantidad, empleando una cifra superior a los 5 mil millones de colones que INCOP tiene en reservas, pero que no puede usar por directrices fiscales de irracional lógica.

Llamamos, respetuosamente, a las máximas autoridades de la Contraloría General de la República y su excelente y honesto personal técnico-profesional, para que rechacen, tajantemente, las presiones legislativas de la carta en mención; para que procedan al análisis cuidadoso de esta situación delicada, dado que siguen prevaleciendo la serie de anomalías en los contratos de concesión que generaron ya, en dos ocasiones, sendos rechazos de los intentos por obtener el ansiado por quienes anhelan enriquecerse más, dejándose para sí el negocio portuario hasta ahora en manos nacionales.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional ANEP-INCOP

San José, 6 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0324-06

Denuncia pública de persecución laboral en la municipalidad

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se dirige con el mayor respeto a la honorable ciudadanía nicoyana, para denunciar con toda vehemencia, lo que consideramos un uso arbitrario de la autoridad concedida al actual Alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Bernardo Vargas Quirós; quien, contra toda norma legal, ha dispuesto el despido de dos dirigentes sindicales de la ANEP en esta institución, los cuales han venido denunciando, sistemáticamente, la cadena de presuntas irregularidades, anomalías y situaciones nefastas que el citado jerarca habría estado cometiendo en el ejercicio de ese importante cargo.

Nuestros representantes laborales, los señores CARLOS JIMENEZ JIMENEZ y JOSÉ AIDER ARIAS ZÚÑIGA, fueron despedidos a partir del 1 de enero, por el Alcalde Vargas Quirós, por denunciar ante la ANEP, entre otras, situaciones como:

-El paulatino desmantelamiento del plantel municipal, dejando deliberadamente deteriorarse la maquinaria institucional, para facilitar la contratación de equipo privado, teniendo la institución dinero suficiente como para encargarse ella misma de tal labor.

-Disposición para asfaltar calles en las cuales el citado alcalde, presuntamente, es vecino y calles en las cuales vivirían varios de sus allegados políticos y/o familiares, lo cual ha generado que la propia Contraloría General de la República pida cuentas por ello.

-Presunto uso sin autorización del Concejo Municipal de un monto de 125 millones de colones para contrataciones privadas.

-Presencia de los dos compañeros despedidos en la sede de Canal 7, en San José, medio de comunicación al cual se le entregó toda la documentación del caso para efectos de elaboración de un reportaje investigativo en fecha próxima.

-Cuestionamiento a que ciudadanos del Cantón de San Ramón, ejerzan puestos claves en la Municipalidad de Nicoya; como por ejemplo, el caso del Lic. Rafael Guillén Elizondo, su hermano Miguel, su hijo y su nuera.

Apelamos a la solidaridad, al decoro cívico, a la decencia y a la ética políticas del pueblo nicoyano, para que respalde a los trabajadores despedidos, don Carlos Jiménez Jiménez y don José Aider Arias Zúñiga, Dirigentes de ANEP en la Municipalidad de Nicoya, reprimidos con el despido por enfrentarse a las arbitrariedades presuntas que en el ejercicio del cargo habría venido desplegando el Alcalde Bernardo Vargas Quirós.

Exijámosle a esta autoridad, la restitución de ambos en sus puestos, respetándose así al sistema democrático costarricense y el sagrado derecho de la ciudadanía de vigilar las actuaciones públicas y privadas, de quienes ocupan puestos de elección popular, como el citado alcalde.

Pueblo nicoyano: Recuérdele al citado alcalde que es el dinero de los contribuyentes el que paga su salario y que, por tanto, no puede pretender manejar la alcaldía cual si fuese una hacienda o un feudo particular.

Recordemos que este alcalde tiene ya dos suspensiones en el cargo por disposiciones de la Contraloría General de la República, lo cual es indicativo del carácter de su estilo de toma decisiones en ese importante puesto.

El despido de los dos dirigentes de ANEP mencionados, es una acción de represión porque se han atrevido a criticar y a denunciar las actuaciones del actual jerarca municipal; actitud valiente de denuncia que también ha venido ejerciendo el Sr. Regidor Municipal, don Ovidio Jiménez, a quien le consta todas estas situaciones anómalas; al igual que al Sr. Secretario del Concejo, don Marcos Jiménez, otro honorable ciudadano que ha venido enfrentando los desmanes del Alcalde Vargas Quirós.

NTENGASE ALERTA, CIUDADANÍA NICOYANA
Y EXPRESE SU SOLIDARIDAD Y REPUDIO
CONTRA LA ARBITRARIEDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MUNICIPAL

San José, 5 de enero de 2006.

S.G. 05-07-0320-06
¡URGENTE!

Estimados señores:

Luego de saludarles de la manera más respetuosa y atenta, les externamos nuestra enorme preocupación por la presentación de un criterio institucional sobre el asunto del TLC, ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, sin considerar la opinión de las diversas entidades sociales componentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como las organizaciones sindicales.

Nos hemos enterado que, incluso, ya existe un documento previamente elaborado que mañana jueves 5 esa honorable Junta Directiva conocería; sin que hasta el momento, por ejemplo, tengamos conocimiento de que los diversos representantes sectoriales hayan dispuesto algún proceso de consulta con sus correspondientes delegaciones sobre este delicado particular. Específicamente en nuestro caso, nos interesa mucho dialogar con el colega sindical integrante de ese directorio, situación que hasta ahora empezaríamos a manejar.

Dada la gravedad del asunto, nos unimos a la oportuna manifestación de nuestros colegas de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA) en idéntico sentido para exhortales, respetuosa pero vehementemente, que no se pronuncien sin antes dialogar con los sectores representados en esa Junta Directiva; pues no es justo que para unas situaciones sí se nos considere (Reforma de Pensiones IVM, por ejemplo), pero para otros, se nos invisibilice completamente como está sucediendo en este asunto del TLC.

En consecuencia, creemos que no debe votarse, bajo ningún punto de vista, un documento para la Asamblea Legislativa que no sea producto de una discusión compartida con las organizaciones sociales que componen la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De no atenderse tales reclamos, nos veremos en la imperiosa necesidad de apelar a la conciencia laboral cajista para desvirtuar posiciones unilaterales, verticalistas, inconsultas y elaboradas “a oscuras” pues la CCSS es todos los y de todas las costarricenses.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.: Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.: Licda. Lineth Saborío Valverde, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.: Dr. Alberto Sáenz Pacheco, Presidente Ejecutivo, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.: Monseñor José Francisco Ulloa, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
c.: Junta Directiva Nacional de UNDECA.
c.: Junta Directiva ASDEICE
c.: Movimiento Sindical Costarricense.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

ANEP clama por disminución de impuesto único

De manera enérgica protestamos por la absoluta inoperancia, el más grande irrespeto y la enorme agresión económica en que incurren las máximas autoridades políticas del país, ante lo que significa el incesante vaivén nacional en el precio de los combustibles, mayoritariamente inclinado a la alza, ya que las bajas son situaciones totalmente excepcionales.

Tanto el actual Poder Ejecutivo como la propia Asamblea Legislativa son los absolutos y únicos responsables de que una mala política fiscal, escudada en el sistema de precios vigente de los combustibles en el país, repercuta en los bolsillos de la golpeada clase media y baja del país, usuaria obligada de la energía para la movilización directa o indirecta, en los diferentes tipos de vehículos automotores.

La abusiva situación en el manejo interno de los precios de los combustibles, se conjuga, perversamente, con el deplorable estado de las carreteras nacionales pese a contarse con los recursos necesarios para que así no fuese; aumentando así el drama económico y social que a diario sufren los miles y miles de conductores y propietarios de vehículos; un aspecto grave en el actual Gobierno pero que continúa la tendencia de los anteriores al respecto.

Las oscilaciones internacionales del precio del petróleo, son excusa manipuladora para resolver al interior del país un problema fiscal pendiente y, en tal sentido, una decisión política de enorme impacto positivo en la población, como sería la disminución del impuesto único de los combustibles, no tiene aval político de los dos poderes de la República mencionados.

En esta ocasión, ante el anuncio de nuevas alzas en el precio de los combustibles, especialmente en los tipos de gasolina super y regular, conviene resaltar la existencia de un proyecto de ley en tal sentido, que tiene el número de expediente legislativo 15.857; proyecto que de aprobarse vendría a representar un serio alivio en el gasto diario de combustible.

La aprobación de dicha iniciativa representaría, sin duda alguna, una sensible disminución en el costo de la vida que tanto agobia a las grandes mayorías de la población del país.

Valga la ocasión para exigir dos puntos:

a) Al Poder Ejecutivo: el envío inmediato de tal proyecto con ocasión del reinicio de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el próximo 6 de febrero; y,

b) a los diputados y a las diputadas disponer lo pertinente para su inmediata aprobación. Tan sólo con esta oportuna acción, podrían reivindicar su más que deteriorada imagen ante un pueblo hastiado de tanto engaño y de tanta alza.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 3 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0315-06

MOVIMIENTO DIVERSIDAD: A la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros de Costa Rica

Estimados compañeros y estimadas compañeras, en el marco del actual proceso electoral hemos avanzado con reuniones con candidatos a la presidencia de la República, nuestros esfuerzos han consistido inicialmente en posición de transmitir información y de sensibilizar a los candidatos en mención sobre la urgente necesidad de proponer acciones, medidas y políticas especificas que disminuyan y eventualmente ayuden a la erradicación de la discriminación por orientación sexual en nuestro país, que es una de carácter histórico y universal.

Esta iniciativa nos llevo a redoblar nuestros esfuerzos, a fin de que el debate por orientación sexual se establezca en el país, que se generen discusiones sobre esta temática que requiere que todos los estamentos de la sociedad se comprometa con los principios de igualdad, no discriminación y vigencia de los derechos humanos. Debemos entender que si no luchamos por nuestros derechos nadie más lo va a hacer.

Así este 23 y 24 de noviembre vivimos la mayor de todas las coberturas logradas en la prensa nacional e internacional sobre los derechos por orientación sexual en Costa Rica, misma que se logró sin precedente alguno y nos ubica en el policromático concierto de los movimientos sociales en Costa Rica, como uno con características importantes como es la incidencia política y mediática.

No debemos ni queremos bajar la guardia, en los próximos días la Campaña Ciudadanía GLBT: Un Voto por la Igualdad enviará preguntas especificas a cada uno de los candidatos, exigiendo compromisos firmes, incidiremos en los debates televisivos para hacer preguntas públicas, seguiremos dando una cobertura nacional a las informaciones que se deriven de la campaña, de una manera clara y transparente.

Redoblar esfuerzos, significa también que la comunidad GLBT costarricense se solidarice con este esfuerzo que en definitiva nos beneficia a todas las personas.

Si usted desea contribuir con la misma, comuníquese con nosotros a:

diversidad@ice.co.cr
tel: 388 – 49 – 36 / 256 – 64 – 08
Informaciones de los apartados de los diarios nacionales:

La Extra:
http://www.diarioextra.com/2005/noviembre/24/nacionales10.php

Al Día
http://www.aldia.co.cr/ad_ee/2005/noviembre/24/nacionales1.html

La Nación
http://www.nacion.com/ln_ee/2005/noviembre/24/pais8.html

La Prensa Libre
http://www.prensalibre.co.cr/2005/noviembre/24/nacionales05.php

Información general de la Campaña:
www.gaycostarica.com

Difunda la información, es la única forma de hacer efectiva la propuesta.
Y recuerde,

NO VOTE POR CANDIDATOS QUE DISCRIMINAN

MOVIMIENTO DIVERSIDAD

S.G. 05-07-0311-06
¡URGENTE!

Estimado señor Ministro:

En este año nuevo que acaba de comenzar, deseamos lo mejor para usted y para su distinguida familia. Reciba, a la vez, nuestro respetuoso saludo.

De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en materia de Libertad Sindical, solicitamos la valiosa intervención del despacho a su digno cargo con relación a dos situaciones de despido de dirigentes sindicales que se produjeron en los últimos días del año recién terminado; despidos que revelan prácticas laborales desleales en grado sumo.

Caso No. 1- SECCIONAL ANEP-MUNICIPALIDAD DE NICOYA. Se despidió al señor CARLOS LUIS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Presidente de la Junta Directiva de dicha entidad sindical; así como al Secretario de Conflictos de la misma, el señor JOSÉ AIDER ARIAS ZÚÑIGA.

En este caso, solicitamos que se haga comparecer al señor Alcalde Bernardo Vargas Quirós, de la Municipalidad de Nicoya.

Caso No. 2- SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PIÑA DEL CANTON DE GRECIA (SITRAPIÑA). Se despidió al Presidente de la Junta Directiva, el señor GERARDO RAMÍREZ DELGADO, según carta que firma el Sr. Carlos Rodríguez Vargas, Gerente General de la firma Piña Tica de Río Cuarto S. A. Además, dos trabajadores de dicha empresa, afiliados de dicha organización sindical de reciente constitución (4 de diciembre de 2005), fueron despedidos verbalmente: los señores PEDRO ACOSTA SANDOVAL Y GEOVANNY FRANCISCO RIVERA BLANCO.

Valga indicar que la constitución de SITRAPIÑA, se da a partir de un acto solidario de la ANEP.

Dicha empresa, Piña Tica de Río Cuarto S. A, tiene los teléfonos 403 10 29 y 403 11 90; fax 403 1027 y svargas@unionpineapple.com, como su correo electrónico. Como se indicó, su Gerente General es el señor Carlos Rodríguez Vargas, a quien se debe llamar a comparecer.

Como podrá usted notar, Sr. Ministro, estamos hablando de unas situaciones sumamente graves que comprometen, seriamente, los esfuerzos del país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de reivindicar su imagen de país violador del Derecho Humano universalmente reconocido como Libertad Sindical. Por lo tanto, es más que necesario y justo, actuar con contundencia, eficacia y prontitud en resguardo de nuestro Estado de Derecho en esta materia.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.: Dr. Luis Fernando Solano Carrera, Presidente, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
c.: Licda. Georgina González Marroquín, Directora de la Oficina Subregional, Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fax No. 224 26 78.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya.
c.: Junta Directiva SITRAPIÑA
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
c.: Trabajadores afectados.
c.: Archivo.

Acabado final de papeletas electorales en riesgo

Los trabajadores y las trabajadoras de la Imprenta Nacional podrían declararse en huelga indefinida en horas de la tarde del próximo miércoles 4 de enero, si ese día no reciben la aprobación definitiva del incentivo del 15 %, comprometido por el actual Gobierno de la República, luego de un movimiento de presión realizado en noviembre anterior, el cual terminó con la firma de un acuerdo el pasado día 21 de tal mes.

Dicho reconocimiento económico está comprendido dentro del proceso de suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo; lo cual debe ser aprobado en el seno de la Comisión Negociadora de Convenciones Colectivas para el Sector Público, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); comisión que debió tomar un acuerdo en tal sentido, desde el miércoles 14 de diciembre recién concluido.

Una huelga en la Imprenta Nacional en estos momentos, cortaría el eficiente proceso de impresión de las papeletas electorales, por cuanto su acabado final no se podría realizar, resultando imposible trasladar a otro ente (público ó privado), tal labor, por evidentes razones de seguridad del proceso total de elaboración del material electoral que solamente la Imprenta Nacional puede garantizar, desde una perspectiva estratégica, para la transparencia y confiabilidad absoluta de las elecciones costarricenses. La mencionada comisión se debe reunir ese mismo miércoles 4, a las 2 de la tarde y toda la población laboral de la Imprenta Nacional se trasladará hasta la sede del MTSS, en Barrio Tournón, para esperar la decisión final que habrá de determinar si habrá huelga o no, a partir de esa misma tarde de miércoles.

La ANEP reconoce que tanto el jerarca ministerial de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, Lic. Rogelio Ramos Martínez; como su homólogo de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Fernando Trejos Ballestero, han mostrado un genuino interés de que tal situación se resuelva conforme lo espera el conglomerado laboral de la Imprenta Nacional, pues así lo han comprometido a nombre del actual Gobierno de la República.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Guillermo Murillo Castillo
Directivo Nacional
ANEP-Imprenta Nacional

Rudy Villalobos Campos
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Imprenta Nacional

San José, 2 de enero de 2006.
S.G. 05-07-0313-066

Jerarca del MOPT será demandado penalmente

El MOVIMIENTOVICO NACIONAL llamará al pueblo costarricense a una gran acción de calle, en el mes de enero próximo, básicamente con dos motivaciones centrales:

El deplorable estado de las principales carreteras nacionales y la negativa del Gobierno a girar los millonarios fondos que se pagan, por concepto de impuestos, con tal fin. La actitud irresponsable, casi de favorecimiento directo, de las máximas autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo de Transporte Público (CPT), para con el ilegal y abusivo monopolio de la revisión técnica vehicular.

Las indicadas autoridades no han realizado ninguna acción decidida, para controlar las graves irregularidades de gestación y operación del monopolio de la revisión técnica vehicular, luego del amplio y documentado estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes de la República.

Entre tales irregularidades está la situación de que la entidad defensora de los derechos de la ciudadanía, determinó que RITEVE está cobrando una tarifa hasta tres veces superior de lo que originalmente estableció el contrato respectivo; sin hablar del cobro por reinspección. Ante esto, ni el máximo jerarca político del MOPT, el Lic. Randall Quirós Bustamante, ni los directivos del CPT, han intervenido en lo más mínimo.

Esta situación, que para muchos podría ser catalogada de actitud complaciente y favorecedora de la firma RITEVE, dando mucho en qué pensar, obligará a plantear una acusación penal contra el mencionado jerarca ministerial por la presunta comisión del delito de prevaricato, entre otras infracciones a la ley potencialmente demandables.

Por todo ello, gran indignación y rechazo se ha generado en las diferentes organizaciones integrantes del MOVIMIENTOVICO NACIONAL; especialmente cuando el mencionado funcionario no aceptó, siquiera, decretar un período de gracia por lo que resta del presente mes de diciembre y todo enero del 2006, en cuanto a permitir el pago del marchamo sin la presentación del certificado de revisión técnica vehicular. El año pasado sí lo hizo, estimándose que se podría repetir en el presente ese período de gracia, puesto que la firma RITEVE continúa en la picota, máxime con los contenidos del informe de la Defensoría de los Habitantes de la República.

Por el contrario, los conductores y propietarios de vehículos automotores de todo tipo siguen en la absoluta indefensión: No solamente se les obliga a pagar una tarifa abusiva por la revisión técnica vehicular, sino que el mal estado de las carreteras agrava el deterioro de sus vehículos, incrementando la inversión en repuestos y reparaciones, cuando se debería transitar por vías en buen estado, dado que el pago de impuestos en tal sentido es riguroso.

Vistas así las cosas, el MOVIMIENTOVICO NACIONAL realizará una reunión de urgencia, el martes 3 de enero, a las 12 mediodía, en la sede de la ANEP, para plantearle a la ciudadanía una fecha, en ese mismo mes de enero, para la realización de una protesta generalizada, una gran acción de calle, a lo largo y ancho del país, a fin de exigir la atención política más calificada y las soluciones definitivas a los problemas apuntados.

Agradecemos enormemente a la prensa nacional la difusión de este comunicación y la colaboración para hacer extensiva la invitación a la comunidad nacional, a la reunión del martes 3 de enero.

P/ MOVIMIENTOVICO NACIONAL

Marjorie Lizano Páez
Presidenta Cámara Costarricense
de Transportistas Unitarios (CCTU)

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP)

San José, 21 de diciembre de 2005.

¡Ni verdad, ni justicia! Solamente nuevas vergüenzas

Parece que esa ha sido la tónica en esta administración: las instituciones no cumplen el objetivo que la ley les ha encomendado. ¡Empezando por el INAMU!, mecanismo nacional para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, convertido en fuente de abusos a esos mismos derechos.

Compañeras y compañeros: al igual que ha ocurrido en procedimientos disciplinarios realizados durante este año en el INAMU, en este caso, también el órgano decisor, encargado de dictar el acto final del procedimiento, se apartó sin justificación de la recomendación del órgano director que evacuó y tuvo contacto directo con la prueba.

El Oficio SJ-PS-2414-05/INF-JEF, suscrito por las dos personas designadas por el Ministerio del Trabajo para investigar las acusaciones contra la Ministra de la Condición de la Mujer por persecución sindical, concluyó que “… de las actuaciones de la Señora Georgina Vargas Pagán, en su condición de Presidenta Ejecutiva del INAMU, en lo referente a:

1) La reunión con la señora Ibelís Velasco Fuentes, quien funge como Presidenta de la Seccional ANEP-INAMU, a fin de solicitarle se retractara de lo dicho ante los medios de comunicación en torno al despido de la señora Ana Hidalgo de lo contrario elevaría el asunto a conocimiento del Ministerio Público;

2) Reunión en la que se convoca a la señora Victoria Montero Zeledón al despacho de la señora Vargas Pagán, (un día después de celebrarse el desfile en conmemoración del Día Internacional del Trabajador) y en la que se cuestiona el uso de un lazo morado y su participación en manifestaciones “en contra” de la Presidencia Ejecutiva de esa Institución; se desprende una clara transgresión a lo preceptuado por los artículos 70 inciso i) y 363 del Código de Trabajo; 60 de la Constitución Política; artículos 1 y 2 del Convenio N° 98 de la O.I.T., “Sobre la aplicación de los Principios del Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva”, ratificado por Ley N° 2561 del 11 de mayo de 1960, publicado en La Gaceta N° 115 del 26 de mayo de 1960; artículo 3 del Convenio 87 “Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948”, al instituirse en actuaciones improcedentes y que ponen en riesgo evidente la autonomía y el libre ejercicio de las funciones que le son atribuidas constitucionalmente y que deben prevalecer en las actuaciones de aquella agrupación sindical. Por lo que recomendamos que este asunto sea elevado a la instancia jurisdiccional pertinente”.

Pero no solo se apartó el órgano decisor, sin justificación, de la recomendación del órgano director, sino que nos dejó en absoluto estado de indefensión, puesto que la prueba que ofrecimos en la comparecencia oral y privada y que fue admitida por los inspectores que se constituyeron como órgano director, no fue valorada. La Inspección de Trabajo incumplió con su deber de escuchar y valorar dos grabaciones ofrecidas y admitidas como prueba pertinente en la comparecencia. En oficio SJ-PS-2414-05 del 7 de octubre pasado, los inspectores indicaron que “…Con respecto al punto primero, tanto el cassette como el disco compacto, incorporados oportunamente al expediente, no fueron valorados ante la imposibilidad material para examinarlos…” .

Así, cualquiera declara sin lugar una denuncia. Así, cualquiera afirma que respeta los derechos y principios de justicia y legalidad! Así, cualquiera puede presumir de la forma como resplandece su verdad.

Para su información, ya hemos ejercido las acciones legales correspondientes, a fin de que las violaciones de doña Georgina contra la libertad sindical no queden impunes. Les mantendremos informadas e informados de todo lo que acontezca.

Somos muchas las personas que en este país trabajamos con decencia, como lo prueba la recomendación emitida por el órgano director. Por esto conseguiremos demostrar la verdad de los hechos y que, finalmente, LA VERDAD Y LA JUSTICIA RESPLANDEZCAN.

ANEP

14 de diciembre de 2005