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Aunque se mantendrá en manos del Estado la compra de tales medicamentos de delicado manejo, a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como que esta institución abastecerá a los centros de salud bajo su tutela; no parece conveniente la intervención de estructuras paralelas, de carácter privado, en las sensibles redes de distribución de tales medicamentos de manejo tan sensible; por más confianza y seriedad que generen y muestren las empresas privadas que se seleccionen para tal fin.

Para nadie es un secreto que productos estupefacientes como morfina, clorhidrato de cocaína, codeína, ritalina, entre otros, sustancias altamente adictivas, son fuente constante de controversia social; e incluso, para países como los Estados Unidos de América, se trata de cuestiones de alto interés político y materia de su propia seguridad nacional.

Es necesario una explicación pública de las razones que han fundamentado una decisión como la indicada, abriendo paso a la realización de una nueva fuente de lucro privado, con una responsabilidad social de intrínseca naturaleza pública.

Si la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), será, a partir de ahora, la compradora directa de todos los fármacos estupefacientes; y si ella misma abastecerá las respectivas necesidades de los centros de salud bajo su administración; cómo explicar que no pueda ella misma hacerse responsable de la distribución a los entes de salud de carácter privado, de esos estupefacientes, dándole paso a un tercero para que lucre con tal propósito.

Indudablemente que las autoridades gubernamentales involucradas en este asunto, deben dar suficientes explicaciones.

Particularmente, debe establecerse, con claridad absoluta, cuál es la base legal que da fundamento para abrir la intervención de la empresa privada, en el manejo de los estupefacientes indicados; considerando, no solamente su calidad de productos de alta adicción, sino los poderosos intereses políticos y criminales que se mueven en torno a esta dinámica.

San José, 24 de febrero de 2004.

Para nuestra organización, la violencia no puede explicarse a partir de enfoques patológicos y/o reduccionistas, bajo categorizaciones de comportamientos individuales inadaptados.

Todo lo contrario, la violencia social está asentada en una concatenación de factores, dentro de los cuales el cierre de oportunidades, la sensación de exclusión social, el atosigamiento consumista y el facilismo como forma de vida, la ostentación y la opulencia que exhiben los que más tienen, el deterioro de las condiciones de vida y la estrechez económica, por ejemplo; aportan trascendentales pistas explicativas, científicamente demostrables, de las conductas delictivas que presenciamos en la actualidad.

Sin duda alguna, las inequitativas relaciones de poder económico, social y de género, perpetúan esa forma de violencia.

Lamentablemente, en este marco de condiciones, las mujeres están llevando la peor parte; las mujeres de los sectores populares, las mujeres trabajadoras, dentro y fuera del hogar; las mujeres humildes, básicamente.

A pesar de entender las causalidades de la violencia, no hay forma de justificar la agresión psicológica, verbal y/o física, de un ser humano para con otro ser humano; mucho menos, no hay forma de justificar la agresión doméstica, cruel e hiriente para todo el tejido social, de un hombre para con una mujer.

Es por eso que la sociedad debe tomar medidas, de distinto orden, a través de la institucionalidad que la rige.

Por eso, en el caso de la violencia doméstica en Costa Rica y considerando la creciente tendencia a que las mujeres sean las principales víctimas de tanta agresión, dolor y sufrimiento; es que en ANEP apoyamos, la aprobación del proyecto de Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres; exhortando, a los honorables señores diputados y a las honorables señoras diputadas, para que le den su voto afirmativo, en el menor plazo posible.

San José, 16 de febrero de 2004.

La cadena de publicaciones periodísticas al respecto, ha generado una justificada acción de repudio ciudadano ante tal despilfarro, en momentos de una supuesta crisis fiscal, lo cual ha repercutido en las altas esferas políticas del país, principalmente en la Asamblea Legislativa.

Luego de la comparecencia de este jueves 12 de febrero, de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ante la Comisión de Control del Gasto Público del Primer Poder de la República; quedó claro que hubo una repartición de entradas para tal evento, entre integrantes de dicha junta directiva; aspecto éste que aparte de representar un golpe a la ética en la función pública, es susceptible de ser reclamado en sede penal, a partir de las figuras jurídicas que habrían sido violentadas por los citados jerarcas.

Según cálculos extraoficiales, el valor de las entradas repartidas entre parte de la máxima cúpula jerárquica del ICT, estaría entre los 15 y los 30 mil dólares (entre 6 y 12 millones de colones).

Vistas así las cosas, es criterio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de su Junta Directiva Seccional en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que los directivos de esta institución involucrados y/o receptores de tales entradas, deben renunciar de manera inmediata, como un acto de restauración de la lesionada ética en la función pública en este caso en particular.

Si ello no ocurriere, es deber del propio Presidente de la República y del Consejo de Gobierno, proceder a la destitución inmediata de tales personeros, so pena de convertirse en cómplices pasivos de tal irregularidad; que ha herido, sensiblemente, a la opinión ciudadana, harta de tanto abuso, por parte de las estructuras máximas de las jerarquías políticas institucionales, con la cosa pública.

San José, 13 de febrero de 2004.

El monto de la misma asciende a la astronómica cifra de US$ 1.964.849.00 (un millón novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve dólares sin centavos). Al cambio del día de hoy, martes 10 de febrero de 2004, es cantidad representa casi 832 millones de colones (más exactamente, ochocientos treinta y un millones, quinientos cuarenta y tres setecientos cuarenta y cinco colones, con veintinueve céntimos).

La firma privada de tal consultoría es Ingenieros Consultores S. A. (IMNSA), Cédula Jurídica 3-101-091498. Así consta en la publicación del caso, en el Alcance No. 63 al Diario Oficial “La Gaceta”, No. 244, de fecha jueves 18 de diciembre de 2003.

Según se indica en esa publicación, la contratación indicada se financiará de la siguiente forma: 19 millones de colones, tomados del Presupuesto Ordinario del 2003; 32.400.000, del Presupuesto del 2004; 450 millones, en el Presupuesto Extraordinario del 2004 y los restante millones, en el Presupuesto Ordinario del 2005.

¿Cuál crisis fiscal?… Por un lado, el actual Gobierno del Presidente Pacheco destina casi 4 mil millones de colones, del último presupuesto extraordinario del año pasado, tramitado por la Asamblea Legislativa, para financiar la compra de conciencias laborales en el INCOP; situación ésta bastante denunciada por ANEP en varias oportunidades.

Por otro lado, ahora nos quieren sacar otra millonada más, 832 millones de colones, para que una consultora privada diga cómo “completar el personal de la Unidad de Fiscalización de los Contratos de Concesión de Puerto de Caldera”; contratos de por sí ya sumamente cuestionables y que todavía no han sido refrendados por la Contraloría General de la República…¡Qué barbaridad!.

Exigimos la más minuciosa, profunda y completa investigación de todo este nefasto proceso de privatización del INCOP, pues le está costando una millonada al pueblo costarricense, en momentos en que á este se le pretende sacar, de donde no tiene, más impuestos para ayudar a solventar la supuesta crisis fiscal, de que tanto el Presidente Pacheco.

Nos preguntamos: ¿Es que la plata que quieren es para seguirla despilfarrando en privatizaciones y en consultorías multimillonarias?…

Anhelamos, vehementemente, que tanto la Asamblea Legislativa, como la propia Contraloría General de la República, se decidan, de una vez por todas, a meter el bisturí a fondo, en lo que consideramos un vergonzoso y multimillonario negocio con un patrimonio público, a beneficio de unos cuantos.

Indudablemente que el Ministro del MOPT, Javier Chaves Bolaños y el propio Presidente de la República, le deben una explicación al país; pero no “técnica”, sino de carácter político, aunque creemos que es injustificable semejante erogación.

El noble pueblo costarricense, el pueblo trabajador, la gente sencilla de nuestra Patria, no puede seguir siendo burlada por este tipo de transacciones. Esos cientos de millones de colones, deberían servir, por ejemplo, para arreglar todas las escuelitas y colegios de los sectores populares, cuyas deterioradas instalaciones han salido a la luz pública en estos días.

San José, 10 de febrero del 2004.

Ha llegado el momento histórico, esperado durante mucho tiempo, para iniciar los necesarios y largamente postergados cambios estratégicos en, la hasta ahora injusta, estructura tributaria costarricense.

El plan fiscal del Gobierno de la República necesita profundos cambios para que reciba un pleno respaldo político y social. Tales cambios deben incluir aspectos como:

1. Impedimento de utilizar los nuevos recursos para pagar deuda pública; con aprobación de las propuestas de rendición de cuentas que contiene el proyecto.
2. Eliminación del secreto bancario para fines tributarios.
3. Exoneración del pago de impuesto sobre la renta a las empresas públicos cuyos servicios cubren a toda la población.
4. Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la construcción de viviendas de interés social.
5. Ampliar la Canasta Básica Exonerada del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a más artículos y más servicios necesarios para una calidad de vida digna de la clase media; y no solamente, que tal exoneración beneficie a los sectores más empobrecidos (20% de la población como está planteado en el proyecto).
6. Diferenciar la naturaleza del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el banco de la clase trabajadora, para no gravarlo como si fuese un banco comercial y/o financiero.
7. Gravar fuertemente los capitales financieros, por ejemplo, la banca off shore.
8. Mantener la propuesta para el establecimiento de la renta mundial, mecanismo de control de los capitales con asiento jurídico en el país pero que están en el exterior, evadiendo responsabilidades tributarias; especialmente cuando hay dudas de su origen ético (lavado de dólares).
9. Mantener, pese a la presión que ejerce el filibusterismo parlamentario ya plenamente identificado, los impuestos a las salas de juego, casas de apuestas, mesas de casino y vehículos de lujo, tal como quedó plasmado en el proyecto original.

El Gobierno se desespera, se precipita y chantajea a la Asamblea Legislativa con su propuesta de un fuerte e irracional recorte en el Gasto Público, según lo anunciado ayer. El Gobierno debería hablar más y denunciar con contundencia a la opinión pública nacional que, en realidad, la oposición filibustera a la transformación tributaria estructural obedece, básicamente, a dos aspectos:

1. Que se graven los vicios;
2. Que se establezca la renta mundial, con lo cual se abre paso al control de capitales de dudosa procedencia.

El Gobierno debe convencer, no debe chantajear. A pesar que adversamos, profundamente, esas posiciones reaccionarias de defensa a ultranza de intereses subterráneos; rechazamos, de manera tajante, el empleo, como argumento, de armas innobles para desacreditar al adversario, tales como el linchamiento político y la satanización psicológica de las opiniones disidentes.

En la utilización de esa intolerancia, que atiza la polarización social y la intransigencia, el Presidente Pacheco y el Movimiento Libertario resultaron ser idénticos.

El Gobierno debe aceptar los cambios que apuntan a una reforma fiscal y tributaria realmente progresiva; el Gobierno no debe imponer su tesis, gravando más duramente a la gente que menos tiene, que es la mayoría.

San José, 10 de febrero de 2004.

Más allá de las buenas intenciones de las sanas críticas que se vienen formulando por los resultados de tal proceso, tanto dentro como fuera del parlamento costarricense; lo real es que existe un profundo miedo a la denominada RENTA MUNDIAL en ciertos sectores seudo-empresariales que viven alrededor del tráfico y el lavado de dinero: este grupo desea contagiar ese miedo a verdaderos sectores empresariales honestos y a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

Nos preguntamos entonces: ¿Habrá Pacto Fiscal?, ó ese grupo, terriblemente nefasto para Costa Rica, logrará manipular a diputados y diputadas ingenuas, ó logrará canalizar su esfuerzo para eliminar la Renta Mundial del proyecto; ó modificarla de forma tal que no sólo no sirva para que las personas que residen en Costa Rica, paguen por la riqueza que generan fuera de nuestro país, sino que, además, Costa Rica continúe siendo un país catalogado de paraìso fiscal y de lugar adecuado para lavar dinero procedente de mafias y narcotráfico, por medio de sociedades anónimas de papel, o por medio de casinos y sportbooks.

¿Queremos eso para nuestro país?; ¿queremos seguir siendo noticia por eso?; ó queremos un pacto fiscal que profundice una sociedad más solidaria, y generadora de oportunidades para todas las personas y sectores…

Es por eso que consideramos que el Proyecto de Pacto Fiscal debe ser mantenido en su conjunto, y, en todo caso, haciendo eco de lo que ha sido el clamor popular y político de casi todas las fracciones legislativas, avance en la progresividad tributaria; limitando los efectos nocivos que puedan existir para la mayoría de la población de clase media y de menores recursos. ¿Podremos lograr el sueño de Alfredo González Flores: que el rico pague como rico y el pobre como pobre?

Creemos que el proyecto no es perfecto pero representa una posibilidad de empezar a transitar la senda de la progresividad. En ese sentido tiene aspectos tremendamente positivos. Enumeramos algunos:

1. La creación de un verdadero sistema de rendición de cuentas e información pública que permita evaluar el gasto público y premiar o sancionar su buena o mala utilización.
2. El país retomará la senda de la planificación estratégica, mediante procesos participativos de elaboración de presupuestos de mediano y largo plazo íntimamente ligados al diseño y ejecución de los presupuestos públicos.
3. Se incluyen medidas importantes para controlar el Estado paralelo que tantos efectos nocivos ha dejado a su paso.

Sin embargo, nos embarga una honda preocupación con relación a lo siguiente:

1. FUNDAMENTALISMO FISCALISTA VERSUS INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVO: ¿Podrá el fundamentalismo fiscalista del Ministro Dent y el equipo económico de gobierno, prostituir este esfuerzo de sectores sociales, productivos y políticos? ¿Se utilizarán los recursos tributarios para tener una economía “sana” en el papel, pero excluyente, empobrecedora y destructora de empleo y el sector productivo nacional?
2. FOMENTO PRODUCTIVO SOCIAL, LABORAL Y AMBIENTALMENTE LIMPIO, VERSUS “REACTIVACIÓN ECONÓMICA” EXCLUYENTE Y EMPOBRECEDORA ¿Cómo se logrará avanzar en una verdadera agenda de fomento y apoyo a la producción nacional, con respeto al ambiente, a la equidad social y a los derechos de la persona trabajadora?; ¿O caeremos en la agenda de “reactivación económica”, de los que convierten a la libertad en un valor absoluto y que olvidan que esa libertad sin justicia social es extremadamente nociva y termina constituyéndose en una plataforma fascista y excluyente?
3. PRIVILEGIOS PARA EL SECTOR FINANCIERO: ¿Continuaremos dándole inmunidad al capital financiero, dándolo un trato privilegiado tributariamente hablando?; ¿ó lo gravaremos adecuadamente para financiar las políticas sociales y productivas? En ese sentido, ¿le daremos un golpe mortal al Banco Popular como si fuera un banco comercial común, o le daremos un tratamiento adecuado a la función social y productiva que desarrolla?
4. LAVADO DE DINERO O RENTA MUNDIAL: ¿Estamos dispuestos a que seudoempresarios que viven del tráfico y el lavado de dinero, eliminen la posibilidad de que se le cobren impuestos a las personas de muchos recursos económicos que tienen su dinero en el exterior? SI ES ASÍ DEBERÍA MANTENERSE EL IMPUESTO DE LAS EMPRESAS EN EL 30%.
5. SECRETO BANCARIO: ¿Estaremos dispuestos a no levantar el secreto bancario para fines tributarios, terminando de hacerle el juego a los que quieren esconder sus movimientos financieros, para no pagar los impuestos que deben pagar, o para esconder los oscuros “negocios en los que se encuentra metidos”.
6. GOLPE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS ¿Gravaremos a las empresas públicas limitándoles sus posibilidades para prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad para la población?
7. GOLPE A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL ¿Permitiremos que el impuesto de valor agregado (IVA), sea aplicado a la construcción de vivienda de interés social, produciendo una clara disminución en la cantidad de soluciones de vivienda para los más desposeídos?
8. CANASTA BÁSICA: debe garantizarse que la canasta básica y los servicios que se graven, no van a afectar a la clase media y a los sectores más desposeídos.
9. SELECTIVO DE CONSUMO: Es imprescindible racionalizar el impuesto selectivo de consumo para gravar bienes y servicios nocivos, desde el punto de vista social y ambiental; ligado a deducción para actividades, bienes y servicios amigables con el ambiente.

Los honorables señores diputados y las honorables señoras diputadas, cuyas representaciones estén en estricto apego a los intereses generales del bien común y no a oscuros y mezquinos intereses de grupos económicos poderosos; tienen la posibilidad real de introducir los cambios necesarios en el proyecto en discusión, para darle el imprescindible y necesario, prácticamente estratégico, sesgo progresivo de esta transformación tributaria.

San José, 9 de febrero del 2004.

Ahora, una empresa transnacional multimillonaria, que organizó un evento musical con el señor Pavarotti, el cual presumiblemente, le arrojó jugosas ganancias; recibirá del ICT, ni más ni menos que 42 millones de colones extras, sin que el pueblo costarricense, dueño de esos recursos, reciba nada. Pero esto no es un hecho aislado, es el producto de muchos años de irresponsabilidad de gobierno tras gobierno, en el manejo de la Institución rectora del turismo nacional. Son muchas las circunstancias que se aúnan para que se den cosas como estas. Por ejemplo:

* La existencia de una Junta Directiva no representativa de los verdaderos intereses del sector turístico (pero no sólo de CANATUR, sino de todo el sector turístico);
* Una gerencia que desde hace muchos años no es ejercida en su carácter eminentemente administrativo, motivo por el cual se ha producido un descuido formidable de los asuntos delicados, tal como el que es motivo hoy de escándalo público.
* El nombramiento de múltiples ministros o presidentes ejecutivos (5 en los últimos 6 años), lo cual demuestra el profundo menosprecio de los diferentes gobiernos hacia la industria turística.
* Una institución en donde prevalece la amenaza permanente de privatizar la Institución, en especial en sus funciones de Promoción, todo con el propósito deliberado de manejar con ligereza los fondos públicos, tal vez con la misma libertad con que se pretende transferir fondos a CREDOMATIC en la actualidad.
* Una profunda incapacidad de manejo institucional, expresado en un proceso de reestructuración que ya lleva casi diez años, de estar pesando como una espada de Damocles sobre los trabajadores y que nunca se realiza.
* Una institución en donde los trabajadores hemos interpuesto una cantidad record de denuncias ante las instancias correspondientes del Estado, contra actos que presumimos atentan contra la legalidad y la ética; pero que nunca encuentran eco en órganos como la Contraloría General de la República, las defensorías, las salas de la corte o el Ministerio Público.
* Un instituto que despilfarra en viajadera de la alta jerarquía y en gastos de promoción injustificables, como el concierto de marras, pero que tiene un terrible déficit de atención a los micro, pequeños y medianos empresarios de este país, que constituyen el 80% de nuestra planta turística.

Todo esto es el producto de la irresponsabilidad de los jerarcas, desde el Presidente de la República hasta la dirección superior del ICT. Y es producto del silencio cómplice de una parte del sector turístico nacional, que no comprende el enorme daño y atraso que estas actitudes provocan; no sólo al pueblo costarricense, sino a las propias empresas turísticas, que son el núcleo fundamental de la actividad económica más importante de nuestro país.

Estamos seguros que tarde o temprano todo lo que hemos denunciado saldrá a flote; y que, tarde o temprano, las personas que han violentado los valores del pueblo costarricense, pagarán por su falta. Lo importante es el rescate de la Institucionalidad del desarrollo turístico, afianzar su representatividad, colocando en los puestos a las personas que realmente deben estar ahí.

Aquí es donde desde hoy hacemos un reclamo urgente al señor Presidente de la República para que intervenga al ICT (como ya se lo hemos pedido a él y al anterior Presidente de la República; y hacemos un reclamo urgente a los precandidatos que ya empiezan a promoverse, para que aquel que logre la silla presidencial, la hora de asignar gente a esta institución lo hagan con responsabilidad.

San José, 6 de febrero del 2004.

La cantidad indicada fue partida en dos segmentos, uno de 70 mil y otro de 30 mil dólares, con lo cual las altas autoridades políticas del ICT, habrían evitado el necesario refrendo para tal erogación, por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Esa abultada erogación, partida en dos, se definió en las sesiones ordinarias de la Junta Directiva del ICT, Nos. 5285 y 5286, celebradas, respectivamente, los días 15 y 20 de enero del 2004; tal y como la Licda. Lucía López Regidor, Secretaria de tal organismo, se lo da a conocer al Sr. Rodrigo Castro Fonseca, Presidente Ejecutivo con rango de Ministro del ICT.

Llama poderosamente la atención la circunstancia de que el mismo asunto, se haya conocido, debatido y resuelto en dos sesiones ordinarias, distintas, de la Junta Directiva del ICT; lo cual podría hacer indicativo de una eventual especie de diseño de cobertura legal, para diferir la erogación y no someterla al trámite ante el ente contralor.

La ANEP no se explica cómo es posible que se defina tan alta erogación de fondos públicos en época de crisis fiscal, cuando el Gobierno de la República clama a la Asamblea Legislativa, que se aprueben nuevos impuestos para hacerle frente a sus gastos.

Además, esta erogación es altamente cuestionable a la luz de las impactantes reducciones presupuestarias que ha sufrido el programa de atención a las microempresas turísticas a cargo del propio ICT; tal y como es el clamor de varios de sus profesionales funcionarios, sumidos en una gran frustración por un sesgo institucional, marcadamente promotor, únicamente, de las “grandes” actividades turísticas.

La ANEP solicitará, en próximos días, una debida investigación sobre el particular a la Contraloría General de la República, y desde ya prepara la respectiva denuncia.

Además, si bien es cierto que en Costa Rica, muy lamentablemente, no existe una legislación que penalice el tráfico de influencias o que determine los límites éticos de potenciales conflictos de intereses; llama poderosamente la atención que en este caso, un alto jerarca de la firma Credomatic de Costa Rica, S. A., es a su vez, miembro del Consejo Director del Polo Turístico del Golfo de Papagayo, ente adscrito al ICT.

En otros países, donde la ética y la transparencia en la gestión pública son pilares fundamentales de la credibilidad ciudadana en su institucionalidad, este vínculo bastaría por sí solo para poner en entredicho lo actuado por el ICT; más allá del cuestionamiento sobre un gasto, en principio superfluo e innecesario, considerando que el artista en mención, por su calidad, su profesionalismo y su fama mundial, hace rentable, totalmente, una inversión privada, sin necesidad de acudir a las “escuálidas” finanzas públicas, según el decir del actual Gobierno.

Toda la documentación de rigor para esta denuncia, está en poder de la ANEP.

San José, 3 de febrero de 2004.