Carta al Licenciado Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República, señalándole las anomalías que se han detectado por parte de abogados de la Asesoría Jurídica del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), en los ca

Licenciado
Luis Fernando Vargas Benavides
Contralor General
Contraloría General de la República
Su Despacho

Estimado señor Contralor:

Respetuosamente, expresamos a su digna autoridad nuestro más atento saludo.

Mediante oficios DAJ-590-2003 y DAJ-593-2003, del 16 y 18 de diciembre de 2003 respectivamente, dos abogados de la Asesoría Jurídica activa del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) emiten criterio respecto a la legalidad de los contratos de concesión de los servicios públicos de remolcadores y de gestión de servicios públicos de la Terminal de Puerto Caldera.

Ambos profesionales en Derecho, coinciden en que el proceso licitatorio contiene serios yerros que constituyen ilegalidades, en cuanto contravienen las disposiciones de contratación administrativa y el ordenamiento jurídico en general.

Según el Lic. Emanuel López Vargas, la Contraloría General de la República, que tuvo en sus manos la revisión del procedimiento de licitación, obvió serias contradicciones e ilegalidades de las ofertas y los carteles. En su comentario final indicó: “Luego del estudio detallado no solo del contrato sino de las ofertas y del cartel, se notaron un sinnúmero de ilegalidades y contradicciones, las cuales no han sido analizadas, toda vez que se parte del supuesto que la legalidad del procedimiento de licitación fue revisado por la Contraloría General de la República”.

En el contrato de concesión de servicios públicos de remolcadores, el Lic. Marco Antonio Cavallini encontró las siguientes situaciones irregulares:

En el contrato aparecen dos servicios públicos como el pilotaje y el servicio de lanchas, servicios que están regulados con tarifas de ARESEP , que en un primer momento se había indicado que quedarían en manos del INCOP, y que fueron incluidos en el cartel mediante una aclaración después de haber sido adjudicada la concesión.

El remolcador “Don Pepe” que se incluyó en el cartel de licitación, no se encontraba en ese momento inscrito a nombre del INCOP. De hecho el licenciado Marco Antonio Vargas Cavallini, previene que aún no es propiedad del INCOP, pues no se han cancelado los impuestos respectivos y advierte que realizar su venta sería un actuar delictivo.

El contrato establece el servicio de remolcadores en la denominada Boya de FERTICA, instalaciones que no le pertenecen a INCOP y que, por lo tanto, no cuenta con competencia alguna sobre las mismas.

En cuanto al contrato referente a los servicios públicos del Puerto Caldera, se advierten las siguientes ilegalidades:

Se le permitió al consorcio Caldera II adoptar la estructura tarifaria aprobada por ARESEP para el INCOP, cuando lo procedente es que se apruebe una tarifa de servicios a éste.

En el cartel correspondiente se estableció que ni el edificio administrativo ni los edificios restantes serían objeto del contrato, y en el contrato se establece como áreas y bienes de la concesión, todas las construcciones, estructuras, bodegas de almacenamiento, patios, parqueo, edificio y casetas; así como la red contra incendios, la red de acueducto y alcantarillado y red eléctrica.

En el contrato se obliga a la administración a garantizar al concesionario que dentro del área de la concesión, será el único prestatario del servicio público de carga; situación anómala, pues no puede limitarse la potestad de la administración de decidir como dar en concesión los servicios portuarios.

En el cartel se indicó que los servicios licitados eran sencillamente de atención a los buques y la carga, por lo que mediante el contrato no puede el concesionario pretender abarcar todos los servicios.

En el cartel se expresó que la administración tendría en todo momento acceso a todos los libros y medios de control que debe llevar el concesionario, y en el contrato se pretende limitar este derecho de fiscalización por parte de la administración concedente.

En el contrato se está trasladando a los concesionarios la atención de cruceros, cosa que no fue objeto de la licitación adjudicada.

En cuanto a los dineros que debe depositar la empresa concesionaria para que ésta pueda hacer efectivo el pago de la indemnización a los trabajadores, en el cartel se estableció que debería depositarlos 15 días posteriores al refrendo de los contratos; y ahora en el contrato, se habla de 30 días posteriores a la orden de inicio, misma que puede dilatar más tiempo. Lo anterior, además de contradecir el cartel, implica que no habría certeza respecto a la fecha en que los fondos públicos facilitados vía presupuesto al INCOP en título de préstamo, para hacer efectivo ese pago, serían reintegrados.

En la oferta los concesionarios aceptaron someterse al ordenamiento jurídico costarricense, y mediante el contrato, pretenden que se les indemnice en casos de “dudosísima” procedencia, como sería la creación de leyes o impuestos, o se implementen medidas ambientales por el Estado.

Finalmente, relacionado con lo anterior, nos encontramos que el Auditor General del INCOP, mediante oficio AG-546-2003 del 15 de diciembre de 2003, remitió a la Junta Directiva de la institución, informe solicitado por la Contraloría General de la República, en su oficio FOE-OP-167, relativo a supuestas irregularidades en el uso de recursos por gastos efectuados en restaurantes, compras en supermercados y gastos en viajes al exterior. El punto 2.2.1 de dicho informe estipula lo siguiente:

“Otras invitaciones.
De conformidad con la certificación expedida por la Dirección Financiera el 23/05/2003, donde nos remite detalle de los gastos por concepto de invitaciones entre otros. Al respecto con el fin de atender parte de los aspectos denunciados relacionados con la utilización de recursos públicos para invitar a representantes de las empresas adjudicadas y en general las empresas que participaron en el proceso de licitación para la concesión de servicios portuarios. (…)

PERIODO

ENTIDAD

MONTO TOTAL

Julio 2001 a junio 2002

Grupo Buenaventura

¢486.054.40

Junio 2000 a Junio 2002

Pipasa

¢206.843.25

Agosto de 2001

Grupo Barranquilla

¢60.170.oo

Julio 2001 a Setiembre 2001

Grupo Intertug

¢92.340.oo

El señor Auditor señaló al respecto: “…Situación que estimamos eventualmente podría resultar inconveniente a los principios de la contratación administrativa, pues en las facturas y los documentos que amparan las liquidaciones correspondientes no se indican, entre otros; los objetivos o motivos claros de tales invitaciones, aspecto el cual limita en parte hacer una valoración más objetiva y precisa tendiente a determinar ese proceder, aspecto que estimamos debe ser analizado por parte de nuestra Unidad Jurídica a la luz de la legislación que rige en esa materia, tal y como lo proponemos más adelante, en el punto 4.2.3 tendiente a aclarar adecuadamente esta situación.”

Respetuosamente consideramos, señor Contralor, que ante las irregularidades apuntadas, que ya han sido señaladas ante su Autoridad y la administración del INCOP por la Agencia Costarricense de Agentes Portuarios (ACAPOR), por diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana, del Bloque Patriótico Parlamentaria y del Partido Liberación Nacional, los contratos de la concesión de Puerto Caldera no deberían ser avalados o refrendados por la Contraloría General de la República.

Todo lo contrario, este ente fiscalizador, debería advertir a la administración activa del INCOP que no firme los contratos y proceder a dejar sin efecto todo lo actuado hasta el momento, incluyendo las adjudicaciones, puesto que este es un proceso totalmente ilegal, que contiene serios vicios de nulidad.

Es importante que su Autoridad tome cartas en el asunto a la mayor brevedad, para evitar que el erario público, una vez más, tenga que afrontar erogaciones producto de un contrato leonino, que desde todo punto de vista no conviene a los intereses de los y las costarricenses.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

—-
c.: Honorables señores Diputados y honorables señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
c.: Lic. José Miguel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Ing. Enrique Montealegre Martín, Presidente Ejecutivo INCOP.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Archivo.

Carta al Licenciado Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República, preguntando si esa entidad aprobará el pago de la indemnización a los trabajadores y a las trabajadoras de INCOP, conforme al artículo 25 de la Convención Colectiv

Estimado señor Contralor:

Reciba un cordial saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como nuestros mejores deseos para el año que ha iniciado.

Como es de su entero conocimiento, nuestra organización sindical, por razones de forma y de principio político, nos hemos opuesto, radicalmente, a lo que en nuestro criterio constituye el negocio de la privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

No obstante lo anterior, y sumamente preocupados por la seguridad jurídica respecto a la cancelación de la indemnización por desarraigo, prometida a los trabajadores y a las trabajadoras de dicha institución; y partiendo de las resoluciones que la propia Contraloría General de la República ha emitido en torno al pago de los beneficios de la Convención Colectiva de JAPDEVA, nos permitimos, con apego al derecho, formularle las siguientes preguntas:

¿Aprobará la Contraloría General de la República, el pago de la mencionada indemnización a los trabajadores y a las trabajadoras de INCOP, conforme al artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esa institución?

Lo anterior porque a nuestro juicio, los beneficios del personal de JAPDEVA son una “pequeñez”, comparados con la erogación que con fondos de la deuda pública, deberemos pagar los y las costarricenses para culminar los compromisos de este negocio.

Asimismo, conforme a la opinión jurídica OJ-184-2003, del 1 de octubre del 2003, emitida por la Procuraduría General de la República, y con el ánimo de contar con la certeza respecto a la legalidad del pago de esta indemnización, incluida por medio del Adendum a la Convención Colectiva de Trabajo del INCOP (artículo 25), suscrito el 16 de setiembre de 2002; solicitamos se nos informe si la institución a su digno cargo constató que la negociación de dicho adendum, se ajustara a las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo, en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno del 22 de octubre de 1986, Acuerdo No. 4, dado que la Procuraduría considera que es posible permitir el pago siempre y cuando se ajuste a estas directrices, a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y los propios votos de la Sala Constitucional, en cuanto a razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad.

Lo anterior lo solicitamos al amparo de la ley y con el único objetivo de que nuestros representados y representadas en el INCOP, cuenten con real certeza jurídica de si dicho pago les compete o no.

Apreciaríamos una respuesta en nuestras oficinas, ubicadas en calle 20 norte, frente a Coopeservidores, o bien, al fax 257-88-59; respuesta que solicitamos con base en el Artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.: Trabajadores y trabajadoras del INCOP.
c.: Archivo.

Carta abierta al Ingeniero Rafael Carrillo Lara, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, solicitándole nos aclare el asunto del precio de la harina y si hay relación con el aumento de las tarifas portuarias del Muelle de Caldera.

Asunto: Precio de la harina y tarifas portuarias del Muelle de Caldera

Estimado señor:

En su Oficio REF: PR.127-03, fechado 1 de agosto de 2003, que usted le dirigió al diputado Carlos Ricardo Benavides, en torno al proceso de privatización, vía concesión, del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), particularmente del Muelle de Caldera; usted le indicó al citado legislador “…que hemos estado de acuerdo con el pago que el concesionario tendrá que hacer de $23 millones para resolver el problema laboral. Ese monto, desde luego, tendrá que ser retribuido a los concesionarios vía tarifa en el corto plazo, como parte de la inversión”.

Por otra parte y considerando que usted, aparte de su cargo de Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, ostenta un alto cargo empresarial (Gerente Financiero, según tenemos entendido), en Molinos de Costa Rica, entidad privada que controla la importación de trigo en el país, firma que ha anunciado una elevación en los precios de la harina, nos permitimos formularle las siguientes preguntas:

¿Es cierto que Molinos de Costa Rica realiza, prácticamente, toda la importación de trigo por el Muelle de Caldera?

¿Hay alguna relación en cuanto a la decisión de Molinos de Costa Rica de elevar el precio de la harina, con su repercusión directa en el alza del precio del pan, de las galletas y de las pastas; y las retribuciones que deberán hacerse a los concesionarios privados del Muelle de Caldera, por la supuesta inversión de éstos en el pago de las indemnizaciones a los trabajadores del INCOP, a raíz de la privatización-concesión del mismo?

Si la actual elevación del precio de la harina que ha decretado Molinos de Costa Rica, no tiene relación con las concesiones del INCOP, entonces, ¿habrá una segunda alza en el precio de la harina, en el corto plazo, dada la necesidad de retribución de esos 23 millones de dólares, ante la inminente concreción de las concesiones del Muelle de Caldera?

¿En cuánto habrá que aumentar las tarifas portuarias del Muelle de Caldera para “devolver” esos 23 millones dólares que, supuestamente, depositarían los concesionarios privados del mismo, como parte del pago de “indemnizaciones” a los trabajadores del INCOP?

¿Se trasladarán al consumidor final, al pueblo costarricense, esos nuevos costos tarifarios del Puerto de Caldera, porque hay que “devolver” esos 23 millones de dólares a los concesionarios privados?

Y, una vez que a esos concesionarios privados se les haya devuelto esos 23 millones de dólares, bajarán las tarifas portuarias de Caldera?

Consideramos, respetuosamente, de enorme necesidad social que tanto la entidad gremial empresarial de la que usted es Presidente, como la firma privada que, prácticamente en condición monopólica controla el mercado de la harina en Costa Rica, disipen todas las dudas anteriores y hablen con absoluta claridad y transparencia.

Como es bien sabido, el pan, por ejemplo, es un producto básico y vital de la dieta de los hogares costarricenses, especialmente aquellos que pertenecen a la clase trabajadora y a los sectores más empobrecidos de las familias de nuestro país.

Para nosotros, es criminal que sean las personas y las familias más duramente golpeadas las que, en definitiva, tengan que pagar las consecuencias de un extremismo económico privatizador, como este del INCOP, en el cual el erario y el consumidor final estarían pagándole al concesionario privado por hacerse cargo del bien público enajenado y no al revés.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.´
c.: Sres. Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
c.:Sres. Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO).
c.:Sres. y señoras, Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Entidades del Movimiento Social Costarricense.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Carta a los Excelentísimos Obispos de la Conferencia Episcopal Costarricense, sugiriéndoles que deberían convocar a las representaciones sociales interesadas en los temas discutidos en el marco de las negociaciones del TLC con EE.UU., para escuchar s

Excelentísimos señores
Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y Obispo de la Diócesis de Limón
Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de Costa Rica
Monseñor José Rafael Barquero Arce, Obispo de la Diócesis de Alajuela
Monseñor Oscar Fernández Guillén, Obispo de la Diócesis de Puntarenas
Monseñor Vittorino Giraldi Stellin, Obispo de la Diócesis de Tilarán
Monseñor Angel San Casimiro Fernández, Obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada
Monseñor Guillermo Loría Garita, Obispo de la Diócesis de San Isidro de El General
Presente

Honorables y respetados señores obispos:

Con profundo respeto les expresamos el más atento de nuestros saludos, a nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); considerando necesario referirnos a los contenidos de las declaraciones periodísticas que Su Excelencia, Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, en su calidad de Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, brindó al periódico Al Día, en la edición de este miércoles 7 de enero del 2004 (página 5), en torno al tema del denominado tratado de “libre” comercio que, desde nuestra perspectiva, se le quiere imponer a nuestra querida Costa Rica.

Tomando en cuenta que hay ocasiones en que las declaraciones periodísticas que se brindan pueden transcribirse o difundirse fuera de contexto, inapropiadamente o direccionadas según la percepción de la realidad que tenga el comunicador que las pide; no debemos ocultar que nos causó desazón, sorpresa e incredulidad, una posición favorable de la Iglesia Católica de Costa Rica, hacia las tesis neoliberales que se vienen promoviendo, en el marco de las negociaciones de ese tratado, en el caso de las denominadas aperturas en telecomunicaciones y seguros, específicamente.

Por supuesto que en el contexto del mundo actual, las relaciones comerciales entre estados son vitales y para el caso de un país pequeño como el nuestro, mucho más aún; lo que no creemos es que sea posible aceptar que se obvien las descomunales diferencias de tamaño entre las economías involucradas en este asunto.

Con profundo respeto, nosotros creemos que las honorables y máximas autoridades eclesiásticas de Costa Rica, no deberían emitir un criterio sobre el tema de las aperturas, sin antes no tener un panorama equilibrado de las visiones contrapuestas que en el país hay al respecto; y, siempre en ese marco de respeto, que sepamos, hasta ahora, no tenemos claro cuáles son los parámetros que han llevado a vuestras autoridades a avalar la tesis neoliberal apuntada.

Desconocemos si vuestras ilustradas autoridades han tenido algún diálogo y/o intercambio de pareceres, con aquellos sectores sociales, como los sindicatos, que mantenemos un criterio distinto al del periódico La Nación, al del Expresidente Oscar Arias Sánchez, al del propio Presidente de la República; para citar tan sólo parte de esa especie de coalición política de signo neoliberal que aboga por el TLC con Estados Unidos de América, en el marco actual en que el mismo está planteado.

Las entidades sociales y laborales representativas de las instituciones públicas hoy amenazadas por la privatización, vía apertura, en el marco de ese TLC, cuentan con una enorme cantidad de información, de estudios, de investigaciones que, demuestran lo pernicioso de entregar ese sensible patrimonio nacional, al voraz apetito de las gigantescas empresas transnacionales estadounidenses; las cuales, más temprano que tarde, harán desaparecer a nuestras hoy todavía rentables empresas públicas; porque, precisamente, donde piden la tal apertura, es precisamente en los ámbitos de acción más rentables de tales empresas.

Es nuestro criterio que sus dignas autoridades, en un espíritu de plena justicia, equidad y de promoción de la paz social, compromisos éstos que no ponemos en duda alguna de parte de la Iglesia Católica costarricense; deberían convocar a las representaciones sociales correspondientes, para escucharlas en torno a este delicado asunto y lograr así una visión amplia del mismo; más allá de la que ciertos medios de comunicación colectiva, de gran poder, pero con evidente sesgo malintencionado y manipulador, han venido difundiendo en torno al tema de las aperturas, para confundir y engañar a nuestro pueblo.

Finalmente, dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la especial consideración que se dignen brindar a estas reflexiones, anhelando de vuestra parte algún tipo de respuesta en el menor plazo posible; dejando planteado, formalmente, una solicitud para que sus altas y dignas autoridades eclesiásticas nos concedan una audiencia.

Con toda consideración y reiterándoles nuestro mayor respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Organizaciones del Movimiento Sindical Costarricense.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Carta al Presidente de la República sobre el TLC: Etica política y honra de la palabra empeñada.

Asunto: TLC: Etica política y honra de la palabra empeñada

Respetable Señor Presidente:

Esperamos que usted se digne a leer, completamente, la presente carta, cuyo texto habrá de llegar a miles de ciudadanos y de ciudadanas de nuestro querido país. Siempre hemos escuchado un fuerte rumor acerca de que el actual Presidente de la República no lee, completamente, los textos sometidos a conocimiento de lo que se supone, es la máxima autoridad ejecutiva del país; rumor que no quisiéramos creer, aunque las varias veces que estuvimos en su despacho, siempre nos llamó la atención la ausencia total de documentos sobre el escritorio presidencial.

El 21 de marzo del año 2002, en el Auditorio del Poder Judicial, durante la campaña electoral para la segunda ronda de las votaciones presidenciales, usted, ante unos cuatrocientos representantes y dirigentes de una amplia variedad de sectores sociales, asumió un compromiso ético y político con relación a las propuestas y planteamientos que se le formularon sobre un amplio abanico de políticas públicas, expresadas en cincuenta y cinco indicadores, en el caso de que usted, como ocurrió, llegara a la Presidencia de la República.

En el documento original que conservamos en nuestro poder, de su puño y letra, Sr. Presidente de la República, usted expresó su total acuerdo con la primera de esas cincuenta y cinco proposiciones, la cual estableció lo siguiente:

¡No a la privatización!, En cualquiera de sus formas: (venta, rompimiento de monopolios, entrega de acciones al capital privado, etc.).

No solamente su firma a este compromiso traicionado quedará constando para la historia, sino que quedó grabada su intervención, en imágenes televisivas, mismas que estarán recorriendo el país, para someterle al análisis popular y escuchar el pensamiento del pueblo, con respecto a que sus gobernantes deshonren su propia firma.

Hoy, como es público y notorio, la realidad política nos indica otra cosa. Usted cambió de parecer. Usted traicionó la confianza, la buena voluntad, el deseo honesto de apoyar su gestión, por parte de un elevado número de personas y de organizaciones, que habíamos pensado en una restauración de la filosofía del humanismo cristiano en una gestión de gobierno.

Usted, Sr. Presidente, adoptó la agenda ideológica neoliberal, tan ardorosamente defendida por el periódico La Nación y, curiosamente, cuando usted aceptó la tesis de las aperturas, dicho medio dejó de lado la serie de publicaciones periodísticas sobre cómo se financió su campaña electoral, Sr. Presidente, lo cual para muchos resultó en uno de los eventos más vergonzosos de la política nacional.

Hoy, usted, en el marco de esa desigual, irracional y altamente pernicioso tratado de “libre” comercio que le están imponiendo a Costa Rica, la alianza de negocios de corte neoliberal que domina a los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, de la cual usted ya forma parte sustancial; usted se rindió, para decirlo con cierta elegancia y ha decidido entregar a los estadounidenses partes estratégicas del legado histórico del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia y de don José Figueres Ferrer.

Por ejemplo, tiene usted idea, cabal y completa, de lo que le ocurrirá a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la máxima obra del gobierno del querido y respetado Dr. Calderón Guardia; dado que en materia de propiedad intelectual, los estadounidenses se salieron con la suya, abriendo el espacio para la destrucción financiera de esta legendaria institución, tan apreciada por el pueblo costarricense y ahora, por la población migrante del exterior que convive con nosotros.

Hoy, cuando prestigios periódicos estadounidenses, como The Wall Street Journal y The Washington Post, se jactan de lo bien que le ha ido al gobierno del Presidente Bush en la mesa de negociación de ese TLC, en contraposición a las migajas vergonzantes que le han dado a los restantes países centroamericanos; usted tiene, Sr. Presidente, una oportunidad histórica única para que se rectifique el camino entreguista, dócil y complaciente que parece ser el destino final del equipo negociador costarricense, de la señora Anabelle González, del señor Alberto Trejos y del propio Gobierno de la República.

Usted, Sr. Presidente, puede, debe y tiene la potestad para ordenar abrir un intenso debate nacional antes de que usted estampe su firma en semejante tratado.

Con todo respeto y para darle el beneficio de la duda, usted debería “liberarse” del esquematismo dogmático y extremista de los neoliberales que controlan su gobierno y escuchar otras visiones nacionales, calificadas, responsables, serias y preocupadas. Ya usted le ha “dado” mucho espacio, poder, credibilidad a la visión neoliberal de desarrollo, a la cual usted le entregó el control del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior, entre otras entidades de enorme impacto estratégico en el desarrollo del país.

El Grupo Nación, el Grupo Sama, Oscar Arias, la cúpula empresarial de UCCAEP, la ANFE, el INCAE, sin hablar de los fantoches libertinos, deben tener para usted un profundo agradecimiento por ese espacio “dado”.

Sin embargo, todos ellos juntos, por más plata que tengan y más poder de influencia con toda la peonada que tienen enquistada en distintas esferas de decisión del Estado; todos ellos juntos, Sr. Presidente, no son el país, son una parte, pero no son el país.

Usted, Sr. Presidente, debería, si quiere ser justo, si quiere rectificar y revertir el riesgo de que su ética política quede mancillada al final de su notable carrera política, social y profesional, por la deshonra que viene haciendo de su palabra empeñada, firmada y grabada.

Usted, Sr. Presidente, debería escuchar otras voces, altamente profesionales, honestas y documentadas, sobre la verdad de lo que está ocurriendo en ese nefasto proceso negociador; personas y entidades muy respetables que están preocupadas no por los negocios, sino por el bien del país.

No nos escuche a nosotros. No nos interesa. Usted bien sabe lo que pensamos y le consta cómo, en determinados momentos, dimos muchas muestras de buena voluntad para con su gestión. Hay calificadas voces, experimentadas organizaciones, que tienen enormes preocupaciones y cuestionamientos acerca de cómo el dúo González-Trejos ha manejado todo este asunto.

Finalmente y para constancia histórica, dejamos constancia por escrito de lo que usted prometió, en Casa Presidencial, con respecto a los textos negociados de ese TLC. Usted le dijo a representantes sociales y productivos de las diversas entidades conformantes del proceso de la Tercera República, que usted daría a conocer, antes de firmar, esos textos negociados.

Esperamos que, al menos, esta palabra la honre. Esperamos que, al menos, quede un poco de decoro presidencial y haga honor al profundo significado moral de una palabra empeñada por la investidura de gobernante.

Finalmente, Sr. Presidente, si usted decidió rendirse, si usted decidió entregar sus principios; afortunadamente para nuestra querida Costa Rica, quedan costarricenses con tanto decoro, honor y moral, que valen más que toda la plata junta de los grupos económicos que hoy controlan su Gobierno.

Ahora bien, en el mejor de los casos, si la especie de chantaje que pudiera implicar para usted, la forma en que se financió su llegada a la Casa Presidencial, lo que le llevó a adoptar la agenda neoliberal promovida por esas personas y grupos mencionados; entonces, ¡libérese!, promueva un equilibrio político-social en esta delicada situación y, asumiendo un real rol de gobernante, de estadista, evite grandes desgarramientos sociales, dolorosos enfrentamientos, incremento de odios y resentimientos que causen irreversibles daños a nuestra institucionalidad.

En todo caso, si usted, Sr. Presidente, como estadista se decide a honrar lo firmado, sepa que hay suficiente músculo social organizado, como para apoyar una gestión de gobierno que retome, con actitud consecuente y no meramente discursiva y demagógica, los principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica que es, como suponemos que usted lo sabe, profundamente humanista; principios que, a todas luces y sin mucho esfuerzo de entendimiento, son contrarios al dogma neoliberal que, lamentablemente, hoy controla, domina y manda en su Gobierno.

Si nos ha leído hasta aquí, sinceramente se lo agradecemos. Si no, no hay forma de saberlo. Pero en todo caso, para tranquilidad de nuestras conciencias, necesitamos que quedara constando por esta vía, todo cuanto hemos afirmado.

Señor Presidente: Un pueblo noble y ansioso, espera su respuesta.

Atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.:Clase Trabajadora Costarricense.
c.: Honorables señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Entidades de los movimientos sociales costarricenses.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Ciudadanos y ciudadanas.
c.: Archivo.

La Ley de la jungla

Nos endilga además, a quienes reclamamos desde la “calle”, justicia social, distribución de riqueza y respeto a la institucionalidad, ser los culpables del estancamiento económico, político y social en el que se encuentra el país; absolviendo por lo visto, de toda culpa y resposabilidad al bipartidismo y a la clase económica que aplicando los postulados neoliberales, han gobernado a nuestro país en las últimas dos décadas.

Esto quizá, porque el movimiento social costarricense tuvo la osadía, desde la “calle”, de enterrar el negociado de la venta del ICE y con ello, frenar las ansias neoliberales de hacerse de los todos los bienes, servicios y empresas públicas, que son de la nación (el país).

Por otra parte, se infiere del artículo en comentario, que al señor Jaime Gutiérrez, le duele que el poder “ande suelto” entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Contraloría; pero le faltó mencionar que el poder ahora también camina, por la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes, los medios de comunicación y las organizaciones sociales.

Para nuestra dicha, su opinión es una verdad. Hoy por hoy en Costa Rica, el poder esta un poquito repartido, lejos de esa ansiada concentración de poder que el Sr. Gutiérrez Góngora reclama y reciente.

Debe entender don Jaime que, precisamente, la institucionalidad y la vida en democracia, es contraria a toda concentración de poder y, por tanto, esa concentración de poder que usted lamenta es más bien una característica de ideologías extremas, tanto de derecha como de izquierda.

En estas ideologías, como usted bien lo sabe, el poder lo ostentan unos pocos y en casi todos los casos, el poder y el mando está en una única persona. No aceptar la sana distribución de poder, que debe darse en una sociedad democrática, es asumir poses autoritarias. Para fortuna ciudadana, esperamos que la sabiduría popular siempre nos mantenga alejados de esos postulados y formas de gobierno.

Nuestra organización, a la que me digno en representar, tiene como postulado la defensa de la institucionalidad y de la vida en democracia; entendida ésta como un cuerpo vivo, donde los diferentes sectores e intereses sociales interactúan, se enfrentan y colaboran en la consecución de lo que bien usted señala en su artículo cuando dice “enriquecer al pueblo costarricense debe ser la meta”.

Pero precisamente don Jaime, esto no es posible cuando el modelo económico neoliberal nos niega el derecho a la participación en democracia y a compartir la riqueza; nos condena a la exclusión económica y social y los gobiernos tienen como único “proyecto” el desmantelamiento del Estado, la venta de activos públicos y la concentración de la riqueza en unas cuantas manos.

Tampoco es posible “enriquecer al pueblo”; cuando y sobre todo, los gobernantes y los sectores económicos que representan, insisten, en no escuchar a su gente y siguen por la senda neoliberal que nuestro pueblo ha rechazado tajantemente, al constatar, una vez más sabiamente, la realidad de las naciones hermanas latinoamericanas sometidas a la dictadura económica del mercado totalitario.

Tampoco, cuando los gobiernos, el Estado y los grupos de poder económico son incapaces de tutelar y respetar el sagrado derecho humano de los trabajadores y trabajadoras a organizarse en sindicatos. Tampoco, cuando se niega la participación real de la ciudadanía y de sus organizaciones sociales en la toma de decisiones,

Cuando esto ocurre, los ciudadanos, las organizaciones sociales y los pueblos, tenemos el sagrado y legítimo derecho humano a salir a las calles a demandar respeto a la institucionalidad democrática, participación en la toma de decisiones y tutela efectiva y real por parte del Estado y sus gobernantes, de los derechos fundamentales.

Esto es verdad don Jaime. La vida en democracia es contraria a la concentración del poder absoluto en manos de un gobernante o grupo de poder económico, y requiere de quienes ostentan el poder, conocimiento, sabiduría, humildad para escuchar, tolerancia al pensamiento ajeno; y, por sobre todo, una gran capacidad, destreza, habilidad y liderazgo, para hacer concurrir en el gobierno, el sentir y los intereses de todos los grupos que conforman una sociedad, en aras de asegurar la justicia social y la riqueza de todos sus ciudadanos.

Sepa don Jaime, que estamos trabajando para defender la institucionalidad, la soberanía patria y la justicia social desde la calle, si es necesario; pero también, y aunque usted lo ignore, trabajamos y participamos, con nuestras humildes capacidades, en diferentes mesas, donde concurren sectores sociales de todo tipo (hasta empresariales), los que compartimos la imperiosa necesidad de elaborar políticas, económicas, productivas y sociales en función del bien común. Un ejemplo de esto es el trabajo que ha realizado responsablemente, la Tercera República, en la Comisión Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal.

Trabajamos don Jaime, por una Costa Rica cuya visión de desarrollo va en función del bien común en armonía con el ambiente; por una Costa Rica de oportunidades para todos y todas sin exclusiones sociales y sin la odiosa concentración de la riqueza y de poder a que conlleva la implementación del modelo neoliberal en nuestro país; modelo que por su carácter concentrador de poder y de riqueza, es contrario a la vida en democracia y por lo tanto, repudiado por nuestro pueblo, enemigo sempiterno de los extremos económicos y políticos.

Para terminar, sinceramente, en ANEP, desde su Secretaría General que compartimos con el compañero Albino Vargas Barrantes, como toda su estructura dirigente y sus bases, al igual que el suscrito, compartimos con usted que “hay que terminar con la ley de la jungla”, con la ley del más fuerte, con la ley de la concentración de poder y de riqueza y de empobrecimiento social que promueve la ideología neoliberal.

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Frankenstein Social

Las frágiles burbujas de cristal que han construido (con el creciente capital que acumulan y concentran día con día, para no “contaminarse” con el entorno), les dificulta la visión y comprensión de que se ha perfilado en Costa Rica (y en otros países latinoamericanos, también), un nuevo sistema de relaciones de poder para la toma de las grandes decisiones políticas que definirán la vida futura de todos, incluida la de ellos mismos. El Grupo Nación, del cual forma parte el prestigioso periódico La Nación, sufre esa patología política.

Bien se sabe que la institucionalidad republicana surgida a partir de la Junta Fundadora de la Segunda Pública, está más que desgastada. Para oxigenarla y buscar la renovación del sistema democrático, se puso de modo la participación de eso que llaman “sociedad civil”. De esta forma, la toma de decisiones institucionales, tradicionalmente en las manos del nivel político-partidario, ha llevado al involucramiento directo y activo de los sectores sociales más dinámicos.

Gran parte de los sectores sociales organizados, con gran sentido responsabilidad cívica, hemos aceptado esas nuevas condiciones, formulando aportes sustantivos para el reciclaje de la democracia representativa, en medio de no poca incomprensión interna y con cierto costo político. Pero lo hemos hecho porque tenemos profundas convicciones democráticas y creemos, firmemente, en una sociedad totalmente inclusiva, en la que quepamos todos, hasta ellos, los tradicionales grupos cuya incidencia política ha estado basada en su poderío económico y financiero.

Pero claro, parece que algunos sienten que “el tiro les salió por la culata”. Esa es la sensación que nos queda del comentario de don Eduardo Ulibarri, Director de La Nación, del pasado sábado 18, cuando nos aludió directamente. Ellos, los de arriba, ya con el agua hasta el cuello, se “acordaron” que existía eso de sociedad civil, la tipificaron y la llamaron a la toma de decisiones.

Lo que nunca se imaginaron es que en la sociedad civil también había capacidad de pensar, de generar propuestas, de formular planteamientos responsables. La sociedad civil cometió un “gran delito”, pues se puso a pensar en proyectos de país y ha buscado cómo posicionarlos en los altos espacios políticos de toma de decisiones, constituyendo esto un sacrilegio, pues tales espacios eran coto privado de los tradicionales detentadores del poder; poder que, a fin de cuentas, no han perdido sino que les es más difícil manejar (lo que llaman “ingobernabilidad”)

Entonces, así que fuimos “inteligentes”, así que tuvimos “percepción”, ahora resulta que tenemos una capacidad de influencia “desusada”. ¡Qué bonito! Ahora se pretende descalificarnos, utilizando anatemas ideológicos y abriendo el arsenal de los sarcófagos congelados de las tesis típicas de la guerra fría. ¡Por favor!, Más creatividad. Nos pidieron “soluciones”, nos pidieron “arreglos para avanzar”, nos pidieron “creatividad” y cuando se las dimos, ahora resulta que cogimos una “capacidad de influencia desusada”.

Crearon un “Frankenstein social” de carácter ciudadano y ahora que notan el vigor, la calidad de propuesta y en entusiasmo por aportar en la construcción de una sociedad inclusiva, ahora resulta que los sectores sociales tenemos una capacidad de influencia “desusada”. Entonces, ¿cuál es la capacidad de influencia “usada”?: ¿Esa que llevó al descrédito del sistema bipartidista y al desprestigio del parlamento?; ¿esa que ha llevado a los altos niveles de abstencionismo en los procesos electorales?… ¿Esa que generó los CATs, los incentivos turísticos, los Banco Anglo, FODESAF, etc., etc.?

Pero no se preocupen. A diferencia del final del Frankenstein literario, no serán devorados. El punto es ponernos de acuerdo para ir hacia un nuevo sistema de desarrollo, incluyente, solidario, equitativo, participativo. ¿O esto no es “inteligente”, “perceptivo”, “creativo”, “coincidente”?

Muchos de los sectores sociales más dinámicos y activos que cometimos la “osadía” de pensarnos el país que queremos, hemos perdido el miedo a coincidir. En el caso de ANEP, las pruebas sobran. Ahí está el ejemplo de la Tercera República.

Ahora se nos quiere descalificar porque tuvimos la osadía de darle a conocer al país nuestra interpretación de la alianza del Presidente Pacheco con el dúo de los hermanos Arias Sánchez. Muchos vemos en esos encuentros (que tantas veces han representado pactos entre figuras relevantes), la reproducción de las prácticas políticas reiterativas del desprestigio y el descrédito de la institucionalidad democrática, esa que nos llamaron a salvar cuando se acudió al expediente de la “sociedad civil”.

Efectivamente, estamos viendo por un espejo y para citar tan solo dos, el espejo de la realidad argentina; o, el espejo de la realidad mexicana y los “maravillosos” resultados de su TLC, los cuales son tan contundentes que hasta La Nación, con sus informaciones, nos ha ayudado para mirarnos mejor.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

ANEP, Externa el más efusivo saludo a los y a las participantes, en el Vl ENCUENTRO NACIONAL De Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS)

Estas entidades han sido el engranaje que permitió un modelo de desarrollo basado en inversión social del que dichosamente, a pesar de los problemas que presenta, hemos disfrutado hasta el día de hoy.

Dentro de tal visión social, las 1.700 ASADAS, representan un modelo mixto: El A y A, por un lado, realiza los estudios e inversión; y, por el otro, la comunidad aporta mano de obra y administra los acueductos. Es así como los lugares más recónditos del país cuentan con agua potable, lo que se traduce en salud y, obviamente, en buena calidad de vida.

Probablemente el A y A (al igual que el ICE, cuando lleva electrificación y telefonía a estos alejados pueblos), nunca recupera en términos económicos las millonadas invertidas. Esto es lógico, pues no fueron instituciones concebidas para hacer negocios.

Sin embargo, tenemos que tener presente que este modelo de Estado Solidario ha venido, en lenta agonía, dando paso a la imposición de otro modelo de desarrollo, conocido como neoliberal. Este nuevo modelo, totalmente deshumanizado, ha venido en los últimos años, debilitando y asfixiando a toda la institucionalidad democrática.

Es así como se han venido cercenando la función vital de instituciones como el A y A, el INS y la CCSS; instituciones a las que se le obliga a ser eficientes y a competir, con reducidos y escuálidos presupuestos, con la finalidad de que el usuario perciba un mal servicio; preparándose así, la antesala de la privatización y el libre mercado. Por tal razón, la inversión social es vista hoy por nuestros gobernantes como “gasto” social.

Es esta la explicación que encontramos cuando cada ASADA, siente que el A y A, no atiende, de manera oportuna y satisfactoria, sus necesidades en distintos aspectos; pues como dice un popular refrán, “la cobija no da para tantos”. Así que lo que corresponde a cada uno de ustedes, es organizarse para obligar al Estado a dotar de mayor presupuesto al A y A; de tal manera que permitan, no sólo el fortalecimiento de las ASADAS ya existentes, sino que continúe realizando mayor inversión.

En otro orden de cosas, pero relacionado con el presente y futuro del agua y del A y A, se encuentra en la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley No. 14.585; mismo que si bien tiene aspectos positivos, su fondo es privatizador, mediante las concesiones públicas y privadas.

De tal manera que no dudamos que los grandes emporios empresariales, que han convertido el agua en un lucrativo negocio a nivel mundial, se instalarán en nuestro país. Dígase empresas como Vivendi, Suez, Aguas de Barcelona (de la cual se sospecha tiene acciones en RITEVE); además de otras empresas multinacionales como Nestlé, Bechtetl y Perier.

En otro apartado de cosas, pero relacionado con la pérdida de ese modelo de Estado Social y Solidario, que no pudieron desmantelar al máximo, por la resistencia social; distintos sectores empresariales y políticos han encontrado en el tratado de “libre” comercio de Estado Unidos, la fórmula ideal para dar cristiana sepultura a la Caja Costarricense de Seguro Social, al ICE, INS, al sector agropecuario y, por ende, al AyA.

Es decir, poner fin al modelo solidario de inversión social, despedazando la institucionalidad democrática, para dar libertad total al libre mercado; convirtiendo en mercancías negociables, servicios hasta ahora concebidos como públicos a cargo del Estado, por su impacto social y solidario.

Es por todo esto que, respetuosamente, llamamos a cada uno de ustedes, a que impidamos que monopolios transnacionales del agua, al amparo de una Ley de Recurso Hídrico anticipada para el Tratado de Libre Comercio (TLC), se adueñen de nuestra agua y desaparezcan la función vital del A y A y de las ASADAS.

Lo anterior solo será posible con la desobediencia civil, la protesta y la movilización ciudadana, para impedir la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, tanto del proyecto de recurso Hídrico en los términos actuales; pero, sobre todo, impedir la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC); exigiendo, a la vez, mayor presupuesto para nuestra emblemática A y A.

Solamente la convicción y la organización de la sociedad civil, de los múltiples sectores sociales, hará posible el contrapeso necesario para poder garantizar la paz social en nuestra querida Costa Rica.

San José, 30 de enero de 2004.

¡NO al TLC!

En las próximas semanas y meses, Costa Rica vivirá, intensamente, una serie de acontecimientos sociopolíticos que, de una manera u otra, marcarán nuestro destino futuro como país. Pero, sin duda alguna, el acontecimiento fundamental será el resultado final del denominado tratado de “libre” comercio, cuyo proceso “negociador” acaba de concluir.

El TLC, desde nuestra perspectiva, representa el asalto final que promueve la propuesta neoliberal de desarrollo, para desarticular, completamente, los elementos de solidaridad que han animado lo que, comúnmente, conocemos como el Estado Social de Derecho; postulados sociales y humanistas inspiradores de la institucionalidad costarricense, desarrollando importantes empresas públicas de alta calidad y rentabilidad y, por ende, largamente codiciadas.

El grupo neoliberal en el poder político y económico de nuestra sociedad, se encuentra desbocado, creyendo que, por fin, le ha llegado la hora de repartirse entre sí, el preciado patrimonio público de la institucionalidad democrática costarricense, que si no representara un buen negocio, no lo pretendieran.

Luego de haber prostituído y corrompido los ideales socialdemócratas del Partido Liberación Nacional (PLN); de la misma forma en que lo ha hecho con la filosofía del humanismo cristiano que, alguna vez, se dijo era la fuente de inspiración del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); tal grupo ha logrado poner a su servicio a, prácticamente, toda la élite del poder institucional establecido.

Como si fuera un único partido, pero con dos corrientes electoralistas internas (PLN-PUSC), el grupo neoliberal de negocios ahora se siente mucho más que fortalecido. Por un lado, ahora tienen a su servicio a un grupo de enfermizos sicarios de la política, constituido por cierta representación parlamentaria adicta al juego de naipes y a las fichas de casinos; por otro, tiene el control absoluto (si es que alguna vez no lo tuvo), del Gobierno de la República, dado que el Presidente Pacheco de la Espriella, terminó adoptando toda la agenda neoliberal y “libertaria” que, alguna vez, hipócritamente, rechazó.

El grupo neoliberal en el poder encontró en la propuesta del TLC, la “fórmula mágica” para resolver, definitivamente, su “problema” con las privatizaciones en Costa Rica; larga y ferozmente resistidas por una ciudadanía activa y militante, hastiada del engaño electoral sistemático; de gobiernos y de políticos que hoy, ardorosamente, se suman al pillaje.

Esto es más claro y evidente si comprobamos los resultados que ya se han venido exponiendo del famoso proceso “negociador” del TLC. Los vendepatrias que nos representaron entregaron, cualitativamente hablando, mucho más que sus homólogos centroamericanos; y a la vez, lo que los estadounidenses nos ofrecieron dar, en nada compensa el valor de la rendición en cuanto a los lucrativos mercados costarricenses de telecomunicaciones, seguros, salud (genéricos) y agua, por ejemplo. (sigue…)

¡Todavía no se repartan nada!. Tenemos enorme confianza y un fundamentado optimismo en el sentido común del costarricense y su percepción crítica de las propuestas y planteamientos de la clase gobernante de los últimos años; considerando que, una vez sí y otra también, la gente ha sido estafada políticamente, con relación a las formulaciones de campaña electoral; lo cual explica el alto y creciente abstencionismo y el surgimiento de opciones distintas.

Esta vez no ha sido la excepción pues el actual mandatario, vergonzosamente, traicionó su ética como gobernante y deshonró su palabra y su firma, en cuanto a las privatizaciones, incluso las que se pretenden por la vía de las “aperturas”.

Patriotismo sobra, afortunadamente, en nuestra querida Costa Rica. La respuesta al salvaje ataque neoliberal, vía TLC, está en las calles. Los que apreciamos el valor real del sistema democrático, sabemos que la democracia es algo más que la circunstancia del ejercicio electoral cuatrienal.

Por el contrario, la democracia es una experiencia fundamental de vida y, en casos como el que nos ocupa, la democracia de la calle tiene sobrada legitimidad como para apelar a su uso. Los ejemplos latinoamericanos recientes lo demuestran y hasta presidentes han caído por traidores a los intereses populares.

El legado del fundador del Instituto Nacional de Seguros (INS), el ilustre Expresidente, don Ricardo Jiménez Oreamuno (cuyo retrato, de manera humillante, colgó en su despacho el mandatario actual); el legado del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, del respetado dirigente social, don Manuel Mora Valverde y del ilustre líder religioso, Monseñor Vïctor Manuel Sanabria Martínez, con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el legado de don José Figueres Ferrer, Don Pepe, con la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); no serán negociados como una vulgar mercancía, para la satisfacción codiciosa de un grupúsculo económico que ya de por sí acumula enormes fortunas, pero que aún así, no se siente saciado y quiere apropiarse de rentables bienes patrimoniales de la nación, del país, de la sociedad como un todo.

¡Sépanlo bien!. Todavía no se repartan nada. Dejamos constancia de nuestro compromiso público de luchar, incansablemente, con todos los medios a nuestro alcance, por todas las vías posibles, con todas las formas de lucha; para evitar que la plutocracia neoliberal, atosigada de plata y de dineros de dudosa procedencia, en algunos casos; termine por adueñarse, completamente, de Costa Rica; condenándonos a los que somos la inmensa mayoría, al dolor de una vida de exclusión,

San José, 29 de enero de 2004.

FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES Y DE TRABAJADORAS
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (FIT-ICE)
UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FENTSEP)

VALORACIÓN CRÍTICA DEL PROCESO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA ESPECIAL MIXTA DEL PACTO FISCAL, SEGÚN NUESTRA PERSPECTIVA LABORAL

I REFLEXIÓN INICIAL

Hoy ponemos en sus manos nuestro balance crítico de ese proceso; balance compartido con las otras entidades laborales, sociales y productivas que integramos la riquísima experiencia de la Tercera República. Sin embargo, no queremos comprometerlas pues no tenemos el mínimo derecho para ello. Las siguientes consideramos son de entera responsabilidad de la ANEP.

Asumimos semejante reto con responsabilidad, considerando el complejo entramado de intereses que tal proceso supone, teniendo claro las lógicas limitaciones constitucionales de nuestro rol en una comisión legislativa de tal especie; asumiendo que se trataba de una primera fase de una novedosa experiencia de participación democrática dentro de un cauce institucional; pero plenamente conscientes de que una transformación estructural tributaria, verdaderamente revolucionaria en el buen sentido del término, pasa por la convocatoria a la movilización de los que hasta ahora hemos sido afectados por lo injusto de tal estructura: por ejemplo, la clase media, los sectores populares, el pueblo trabajador, las pequeñas y medianas empresas.

Más allá de las buenas intenciones de las sanas críticas que se vienen formulando por los resultados de tal proceso, tanto dentro como fuera del parlamento costarricense; lo real es que existe un profundo miedo en ciertos sectores político-partidarios al desarrollo de nuevas formas de participación en la toma de las grandes decisiones nacionales, cuando se dan procesos que van más allá de la institucionalidad formal de la democracia costarricense.

Realmente ha sido muy enriquecedor para nuestra experiencia valorar las reacciones generadas, dentro del parlamento costarricense, luego de vertido el informe de trabajo, como decíamos, más allá de los señalamientos críticos de buena fe.

Por un lado, hemos visto a la derecha extremista de corte fascista (envalentonada por la rendición del Gobierno de la República a sus propósitos), lanzando una santa cruzada contra un nuevo proceso legislativo mixto. Por otro, los celos protagónicos, dentro y fuera del sistema bipartidista, no dejan tener su peso en la valoración de los resultados generados.

Para nosotros el desafío está claro. Para algunos resulta doloroso, traumático y amenazante que la participación política se posibilite más allá de los espacios formales de una democracia representativa que ya no alcanza para renovar la legitimidad del sistema democrático imperante; y, por ello, creen que resulta imprescindible negar, invisibilizar, bloquear y descalificar procesos como el comentado, para evitar su repetición.

La participación ciudadana que se viene pregonando, representa una forma de oxigenación de una institucionalidad democrática en crisis. No es admisible, en consecuencia, su negación por los supuestos riesgos de una “sustitución” del sistema de partidos políticos; quimera absurda para entidades serias de la sociedad civil organizada como la que representamos.

Precisamente, la participación ciudadana “ofrecida” por el sistema, tiene que ver con la férrea resistencia del mismo para autorenovarse, a través de una serie de reformas constitucionales y legales, largamente postergadas, de transformación democrática que nuestra institucionalidad republicana requiere para su propia sobrevivencia. Si esto, como es evidente, no es posible; y si experiencias como la vivida ni siquiera pueden ser valoradas por su significado intrínseco, más allá de sus resultados concretos, buenos o malos; entonces, pobrecita Costa Rica, porque su futuro se tornará mucho más incierto de lo que podamos imaginarnos.

II ¿POR QUÉ COSTA RICA NECESITA UN PACTO FISCAL?

Desde el año 2001, la ANEP viene trabajando en una alianza amplia de organizaciones sindicales, empresariales, campesinas, cooperativas y profesionales, denominada Tercera República. Como fruto de ese trabajo y hacia la construcción de un país en el que “quepamos” todas las personas, identificamos tres grandes retos:

  • una economía que funcione con base en los dos motores de la producción, es decir, tanto la producción dirigida a la exportación como la producción dirigida al mercado interno;
  • una sociedad en la que se redistribuyan oportunidades, logrando que todas las personas “viajemos en el mismo avión”; es decir, que convivamos en una misma sociedad, a través de cosas concretas como usar y contribuir a los servicios de salud y educación; y,
  • un país con la participación ciudadana, en la definición y ejecución de las políticas públicas, como avance hacia la consolidación de una democracia participativa.

La relación entre estos retos y un pacto fiscal es clara. Para enfrentarlos se requieren políticas de Estado, por ejemplo, dirigidas al fomento productivo y a la inversión social, y para ello se requiere recursos y mejor utilizados. Al igual que en una economía doméstica, requerimos suficientes ingresos y un adecuado gasto, orientado no sólo a las necesidades inmediatas, sino también a la inversión social y productiva.

Para abordar esta discusión partimos de que en Costa Rica, los ingresos del Estado son insuficientes para atender esos retos. Cualquier comparación internacional con países de desarrollo similar, muestra que no existe una relación razonable entre lo que esperamos del Estado y lo que contribuimos para su financiamiento. Esto es la llamada “carga tributaria”, que en nuestro país representa tan sólo el 13% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en países con similar desarrollo humano es de entre el 16 y el 18%.

Sin embargo, mejorar los ingresos del Estado no lo es todo. Casi todos los gobiernos proponen y consiguen aumentar sus ingresos por medio de lo que, comúnmente, hemos denominado “paquetazos tributarios”. Esto generalmente se ha logrado por medio de impuestos indiscriminados, que perjudican a todas las personas por igual sin importar sus ingresos; que además son utilizados de manera arbitraria por economistas y gobernantes, y por medio del recorte arbitrario de los gastos y de la inversión social y productiva. En particular, se han venido imponiendo tesis que reflejan su fundamentalismo fiscalista; es decir, que para éstas es más importante la “salud” de los números de la economía, en general, que el bienestar socioproductivo de las personas, en particular.

III ¿CÓMO SE CONSTRUYE UN PACTO FISCAL?

Por eso, para llegar a un Pacto Fiscal no sólo importan los contenidos, sino que importa también el proceso de construcción que permita grandes acuerdos nacionales. Una forma de avanzar hacia la democracia participativa (y fortalecer la representativa), es aprovechando los mecanismos existentes para este fin, como lo es el de comisiones parlamentarias especiales mixtas; permitiendo la participación de diputados y de diputadas, junto con representantes de sociedad civil en esas comisiones. En este caso, la Tercera República planteó la necesidad de una Comisión Especial Mixta que abordara el Pacto Fiscal integralmente entendido.

A mediados del 2003 se constituyó esta comisión, con 7 diputados y diputadas, y 6 representantes de los sectores sociales y productivos (2 empresarios; 2 sindicalistas, 1 solidarista, 1 cooperativista y 1 agricultor), quienes no gozaron de voto pero sí de voz en la formulación de la propuesta.

IV ¿QUÉ PRODUCTOS TUVO LA COMISIÓN MIXTA?

El trabajo de la comisión se dividió en dos etapas. La primera produjo un plan de contingencia, es decir, medidas de emergencia mientras se abordaba la reforma estructural. Este plan logró algo importantísimo: fue un paquetazo tributario vigente por un año que gravó a quienes más tienen y a quienes tienen consumo de lujo (como vehículos de lujo o yates); o nocivo (como casinos y salas de apuestas). Lamentablemente, muchas de las medidas establecidas en ese plan fueron abiertamente incumplidas por el Ministro de Hacienda, quien ha hecho sucesivamente gala de su desinterés por el fortalecimiento de la capacidad del Estado para cobrar esos impuestos.

La segunda etapa produjo la actual propuesta de reforma fiscal, intentando una concepción de carácter estructural sobre este problema. Esta propuesta es producto de una negociación de sectores y personas con distintas visiones de país e intereses, con respecto a quiénes deben financiar el gasto público, en qué cantidad, y para qué. Por eso, los contenidos reflejan un “pulso”, una negociación, y un acuerdo en que todas las partes no lograron obtener el contenido completo de sus aspiraciones.

Esta fase culminó con la entrega, en diciembre de 2003, de un informe de la mayoría integrante de la Comisión. No es casualidad que el único partido que boicoteó, sistemáticamente, el llegar a cualquier acuerdo, fuera el Movimiento Libertario. Así lo hizo también en el Acuerdo de Contingencia, cuando su principal propuesta fue defender a los casinos y las salas de juego.

Como toda comisión legislativa, el producto obtenido debe ser analizado, discutido y transformado por el resto de los señores diputados y de las señoras diputadas. Esto deja abierta una enorme posibilidad para que la propuesta mejore o empeore, según las fuerzas en juego, los potenciales escenarios de presión extraparlamentaria, y los aportes y participación que tengan los distintos sectores sociales y productivos en esta nueva etapa.

Tal y como dijimos en el seno de la comisión, la ANEP valora que el acuerdo alcanzado va en la dirección correcta, es decir, la posibilidad de construcción de acuerdos nacionales en áreas estratégicas de la vida nacional que requieren esfuerzos multisectoriales, dada la correlación de fuerzas imperante en nuestra sociedad. Se dan importantes pasos, pero contiene aspectos preocupantes, algunos inaceptables, que deben ser mejorados o profundizados. Si algo tenemos claro en la ANEP es que para incidir, debemos siempre combinar el diálogo, la negociación y la presión, dentro y fuera de la Asamblea. Cuánto erramos en esta posición, depende las posiciones políticas y los comportamientos subjetivos de quienes valorar nuestra participación. En todo caso, nos sometemos a la crítica constructiva y bien intencionada sobre nuestro rol en este importante proceso.

V ¿CÓMO VALORAMOS LA PROPUESTA DE REFORMA FISCAL ESTRUCTURAL?

A continuación presentamos nuestra valoración política de los logros alcanzados, con relación a cada uno de los principales componentes del acuerdo. Esta valoración se hace en función de los componentes que, a nuestro entender, debe contener el Pacto Fiscal para ser integral y que se resumen en el gráfico 1.

Con relación a cada uno de estos componentes, a continuación hacemos una valoración de logros, amenazas y retos con dos objetivos: rendir cuentas de lo logrado, y contribuir a la discusión de esta nueva etapa que se inicia.

BALANCE GENERAL

LOGROS

PROCESO: Primera vez que quienes deciden sobre impuestos abren la discusión e incorporan a organizaciones de la sociedad civil.

SE ABRE VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA COMENZAR A TRANSITAR UN CAMINO HACIA LA PROGRESIVIDAD. Quienes se oponen a la reforma, constructivamente, podrían ayudar a profundizar dicha progresividad.

ROMPE DISCUSIÓN TRADICIONAL LIMITADA A IMPUESTOS. Incluye componentes que la hacen más integral

LOGRO PARCIAL. Ni fracaso ni logro total. Hay que actuar para lograrlo.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

DUDA SOBRE IMPACTO EN LA PROGRESIVIDAD DE LOS IMPUESTOS: ¿estamos realmente avanzando en que los ricos paguen como ricos?

DUDA SOBRE EL DESTINO DE LOS NUEVOS INGRESOS: ¿cómo sabemos que los nuevos ingresos se destinarán a las prioridades definidas y no a lo que a su leal saber y entender defina el Ministro de Hacienda?

GASTO PÚBLICO: MECANISMOS PARA USAR MEJOR LOS RECURSOS

LOGROS

SE ABORDA LO FISCAL COMO LO QUE ES: tanto ingresos como gasto social y productivo

DESPARTIDIZACIÓN: se dan pasos para despartidizar la política pública

POLÍTICAS DE ESTADO: se promueve políticas de mediano y largo plazo, con participación ciudadana

CRITERIOS SOCIO-PRODUCTIVOS: se incluyen criterios sociales y productivos y no sólo fiscales y macroeconómicos para decidir en qué se gasta

CONTROL DE ESTADO PARALELO: se controlan fondos de fundaciones y consultorías y se amplió definición de fondos públicos.
Todo esto se refleja en:

[1] Fortalecimiento del sistema nacional de planificación.

[2] Creación de planes decenal y cuatrianual de desarrollo, con mecanismos de participación ciudadana.

[3] Creación del Programa Nacional de Inversión Pública.

[4] Los presupuestos públicos y los planes operativos institucionales se sujetan a los planes nacionales de desarrollo.

[5] La programación macroeconómica, los lineamientos de política presupuestaria y en la definición de límites de endeudamiento, incorporan y priorizan criterios sociales y socioproductivos.

[6] La Autoridad Presupuestaria incorpora representación de los ministerios del área social.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

REFORMA INTEGRAL DE PENSIONES: Creación de Comisión para modificar integralmente el sistema nacional de pensiones: existe ambigüedad de objetivos y la composición favorece la representación empresarial; no integra al sector de economía social ni al sector informal.

SOLIDARIDAD CONTRIBUTIVA: Se requieren mecanismos para financiamiento de la seguridad social, incluyendo a consultores públicos y profesionales (Tercera República los propuso).

GASTOBLICO SOCIAL: PRIORIDADES

LOGROS

EDUCACIÓN: Fortalecimiento de la educación, asegurando giro oportuno y total de los recursos constitucionales para cerrar las brechas educativas con pena de prisión para el Ministro de Hacienda si no cumple.

FORMACIÓN PROFESIONAL: Diseño de sistema nacional de formación por medio de una red de cooperación interinstitucional

Reforma a Ley del INA para garantizar formación y transferencia de conocimientos a regiones socio-productivas, atendiendo necesidades de MIPYME y de poblaciones con desventajas relativas en el acceso

SALUD: Racionalización del gasto y el mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios de salud, por medio del sistema de contabilidad y de información sobre las necesidades poblacionales que permita asignar los recursos en función de dichas necesidades

COMBATE A LA POBREZA: Mejoramiento de la asistencia y promoción social, por medio de la obligación legal del giro completo de los recursos de FODESAF, con el necesario desarrollo de un proceso gradual de revisión, evaluación y reformulación de los actuales programas de asistencia y promoción social y de cambio institucional del propio Fondo, de manera que los recursos disponibles sean utilizados con eficiencia y eficacia para el combate de los distintos tipos de pobreza.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

FUNDAMENTALISMO FISCALISTA DELFICIT CERO: Ministro de Hacienda ha insistido en que se utilizarán los recursos para pagar deuda interna, recortando los gastos sociales y productivos.

INVERSIÓN SOCIOPRODUCTIVA: Insuficiente explicitación legal de direccionamiento en el uso de los nuevos recursos hacia la inversión social y el fomento productivo.

REFORMA DEL ESTADO A PUERTA CERRADA: Se crea una comisión de notables para Reformar el Estado, cuya composición, además, es incierta.

GASTO PUBLICO Y FOMENTO PRODUCTIVO

LOGROS

INCORPORACIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO E IMPACTO SOCIAL, como objetivos prioritarios de la política pública2

TRATO DIFERENCIADO A SECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL, reconociendo las formas de organización productiva solidarias, democráticas, y participativas.

MEDIDAS DE FOMENTO A PRODUCTIVO, por medio de:· fomento de figuras asociativas;

  • mejoramiento de marco de funcionamiento del INFOCOOP para fomentar adecuadamente la producción;
  • incentivos para inversión en zonas de menor desarrollo relativo y para sectores pioneros;
  • titulación de tierras para sectores campesinos.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

FALTA VISION INTEGRAL DE FOMENTO A LA INVERSIÓN: La Tercera República promovía elementos importantes para la construcción de esa visión, pero no fueron incluidas en esta propuesta. Incluye:

  • cambios a ley de cooperativas y ley de PYMES;
  • fortalecimiento de instituciones dedicadas al fomento de estas empresas como INFOCOOP, INA, IDA, Banco Popular;
  • creación de sistema de promoción y fortalecimiento de producción social, laboral y ambientalmente limpia, como mecanismo para revertir el proceso de informalización de la producción;
  • legislación de protección a la soberanía alimentaria y protección de obtenciones vegetales;
  • política de inversión productiva.

INGRESOS: IMPUESTO DE LA RENTA (DOS IMPUESTOS: A PERSONAS Y A PERSONAS JURIDICAS)

LOGROS

LIGAMEN DE INGRESOS CON GASTOS: esto permitiría avanzar en progresividad global (de ingresos y de gastos).

DISMINUCIÓN DE IMPUESTO PARA PERSONAS ASALARIADAS que ganan hasta 1 millón de colones.

RENTA GLOBAL que permitirá gravar a personas de mayores ingresos por la suma de todos sus ingresos (se grava a las personas que son quienes tienen la riqueza, según tramos de ingresos).

IMPUESTO PARA RENTA EN EL EXTRANJERO: por medio de “renta mundial” se grava con impuesto a las ganancias producidas por capitales ubicados en el extranjero, lo que impacta principalmente en los grandes millonarios y en el lavado y tráfico de dinero.

DEFENSA Y FOMENTO DE LAS FORMAS ASOCIATIVAS NO LUCRATIVAS, SOLIDARIAS Y CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA que quedan no sujetas o bajo régimen de exención al impuesto de renta, siempre y cuando no generen renta (incluye asociaciones agrarias, solidaristas, cooperativas, caja de ANDE, fondos sociales solidarios, etc.).

TRATAMIENTO DIFERENCIADO PARA PYMES.

ELIMINACIÓN GENERAL DE EXONERACIONES: como por ejemplo, Certificados de Abono Tributario, Incentivos Turísticos, etc.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

INMUNIDAD PARA EL CAPITAL FINANCIERO: se mantiene un impuesto aparte que no entra, aunque debería, en la renta global (“cédula” financiera del 10%); y además se da un tratamiento preferencial a la banca off-shore que paga una tarifa plana de US$ 300.000 al año.

TRATAMIENTO DEL BANCO POPULAR COMO BANCO COMERCIAL gravando:

  • al Banco con un impuesto de renta del 18%
  • a los depósitos que se hacen en el Banco como a los hechos en la banca comercial

IMPUESTO A EMPESAS PÚBLICAS: continúa imposición aunque éstas no generan utilidades, sino superávit que debería reinvertirse en mejoramiento de servicios

TRAMOS DEL IMPUESTO DE RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: se inician en el 10% y deberían comenzar en el 5% para no dar un salto tan grande

IMPUESTO DE PERSONAS JURÍDICAS: La disminución de la tasa del 30 % al 18 %, no estaría correspondiendo, claramente, con una ruta efectiva hacia la progresividad tributaria, pero el famoso desafío de la competencia por las inversiones, es un factor que tuvo peso en la cuestionada reducción.

INGRESOS: IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA)

LOGROS

NO SE CREA NUEVO IMPUESTO NI SE AUMENTA EL PORCENTAJE: el IVA no es nuevo impuesto sino impuesto rediseñado, que continúa siendo del 13% como en la actualidad.

DISEÑO DEL IMPUESTO COMO DE VALOR AGREGADO FORTALECE RECAUDACIÓN EN RENTA: para empresariado es clave la factura para así poder deducir su propio pago del impuesto

AVANCES EN ATENUACIÓN DE REGRESIVIDAD DEL IMPUESTO: se ha hecho un esfuerzo de atenuar la regresividad mediante exoneraciones: aún queda mucho por hacerse.

TARIFAS DISMINUIDAS Y TRAMOS EXONERADOS PARA SERVICIOS ESENCIALES: En algunos casos se fijan tarifas por debajo del 13% y se deja exento consumos básicos residenciales en electricidad, en agua, en alquiler de vivienda.

EXENCIÓN DE LA EDUCACIÓN: servicios de educación están exentos. Se grava con impuesto de renta a las empresas que lucran con la educación: se grava a los dueños y no a los consumidores.

TRATAMIENTO DIFERENCIADO DE LA SALUD: la salud pública está exenta, y la privada tiene una tarifa disminuida del 6%, salvo los gastos de hospitalización que tienen el 13%.

IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS QUE AUMENTAN LA PROGRESIVIDAD: Se rescatan impuestos de consumo nocivo o de lujo, como casinos, apuestas, vehículos de lujo. Se mantiene impuesto selectivo de consumo

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

IMPACTO EN SECTOR VIVIENDA: aplicación de IVA a servicios a vivienda implicará una contracción del sector vivienda, y menos casas de interés social.

IMPACTO SOBRE CANASTASICA ALIMENTARIA: posibilidad de definición de canasta básica exenta muy restringida, ya que solamente cobija el consumo de la quinta parte de la población (la más pobre).

IMPACTO DE GRAVAMEN DE SERVICIOS PROFESIONALES: ampliación de la base incluye a servicios profesionales, aunque reducida para casos de interés social. Cabría posibilidad de otras exenciones, de tarifas escalonada, o gradualidad en gravamen mientras se fortalece servicios públicos (por ejemplo, en salud).

GRAVAMEN A SERVICIOS TELEFÓNICOS: no se aceptó nuestra tesis de exonerar tarifa básica residencial y celular.

GRAVAMEN A LIBROS: exoneración no es total.

EXISTE PELIGRO DE ELIMINACIÓN DE EXONERACIONES IMPORTANTES: por ejemplo en el agro y otras.

SELECTIVO DE CONSUMO: Racionalizar el impuesto selectivo de consumo para gravar bienes y servicios nocivos, desde el punto de vista social y ambiental; ligado a deducción para actividades, bienes y servicios amigables con el ambiente.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAYDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

LOGROS

NO PRIVATIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: incluyendo la protección de las condiciones laborales trabajadores(as) de Tributación Directa (protegidos por Servicio Civil, estabilidad en el empleo, etc.). Hacienda quería una ANAT sin Servicio Civil. Se detuvo la privatización de la Administración Tributaria.

SE FORTALECE: Se mantiene logro obtenido en Contingencia: por ejemplo incentivos, recursos para su fortalecimiento, etc.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

INCUMPLIMIENTO DE LEY DE CONTINGENCIA FISCAL porque el Ministro decidió no girar los recursos.

MANDOS SUPERIORES AHORA ENTRAN EN CARGOS DE CONFIANZA: no tienen estabilidad en el empleo por lo que existe una clara politización de funcionarios eminentemente técnicos.

NO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO PARA FINES TRIBUTARIOS: que representa un instrumento indispensable para poder cobrar realmente los impuestos, sobre todo a las personas con mayores recursos.

COBRO ADMINISTRATIVO: Potenciar la gestión de cobro administrativo de multas.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CICLO DE POLITICA PUBLICA

LOGROS

DISEÑO DE UN SISTEMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS: tanto de ingresos como del gasto público, el cual incluye:

  • Sistema de información para la transparencia del desempeño de las instituciones
  • Sistema de premios, castigos y mecanismos para el aprendizaje, articulando mecanismos ya existentes y creando nuevos como la carta de derechos ciudadanos, las auditorías de calidad y el código de conducta de la función pública.

AMENAZAS Y RETOS PARA LA INCIDENCIA

INCIERTA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL PROPIO PACTO: puede repetir incumplimiento de Ley de Contingencia en cuanto a recursos para fortalecer la administración tributaria por fundamentalismo fiscalista.

INCIERTA VINCULACIÓN DEL SISTEMA Y LAS PRIORIDADES DEL PACTO: La ejecución del sistema debería priorizar el cumplimiento de las prioridades de gasto contenidas en el pacto fiscal.

VI REFLEXIÓN FINAL

Los honorables señores diputados y las honorables señoras diputadas, cuyas representaciones estén en estricto apego a los intereses generales del bien común y no a oscuros y otros no tanto, mezquinos intereses de grupos económicos poderosos; tienen la posibilidad real de introducir los cambios necesarios en el proyecto en discusión, para darle el imprescindible y necesario, prácticamente estratégico, sesgo progresivo de esta transformación tributaria.

Precisamente, si ese compromiso con el bien común se mantiene contra viento y marea, se deberá tener en cuenta la intencionalidad integral que animó el proceso, pese a sus eventuales carencias; es decir, dar los primeros pasos hacia una reforma fiscal estructural.

Estos señores legisladores y señoras legisladoras deberán comprender el juego político de los opositores a ultranza, con cierto peso político de este proceso, quienes, pretendiendo ser abanderados de la consigna “no más impuestos contra el pueblo”; en realidad, buscan evitar que los poderosos intereses económicos que representan, algunos de dudosa calidad ética y moral, sean comprendidos dentro de los nuevos conceptos de renta mundial y renta global.

Debe comprenderse, también, que dentro de los propios sectores sociales y populares, ciertas oposiciones serán producto de la ignorancia, por la falta de criterio y de estudio de los problemas tributarios que tiene nuestra sociedad; dado que es más fácil, barato y bullanguero levantar la clásica consigna de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”; consigna totalmente válida a la que nos adherimos, pero que en el escenario de toma de decisiones, requiere fundamentación y propuesta, dado que la pancarta por sí sola no basta para alcanzar tan noble propósito.

Finalmente, quedamos a las órdenes de todos cuantos crean conveniente demandarnos explicaciones; y, particularmente, nos ponemos a la disposición de aquellos señores legisladores y a aquellas señoras legisladoras que estimen valioso nuestro aporte y que crean que puede ser base para la formulación de las correcciones en las direcciones indicadas, por las vías políticas y reglamentarias pertinentes.

Es justo dejar constancia de nuestro reconocimiento al aporte invaluable que en este proceso brindaron los asesores de nuestra organización, el Lic. Mauricio Castro Méndez y la Dra. Juliana Martínez Franzoni; así como el del compañero Rafael Mora Solano, Coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP). También debemos agradecer el respaldo político de la dirección nacional de la ANEP y del equipo político de trabajo de nuestra agrupación.

San José, 23 de enero del 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE).
c.:Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP).
c.:Mesa Nacional Campesina.
c.:Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
c.:Entidades laborales, sociales y productivas de la Tercera República.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.