El pago del soborno del INCOP: La doble moral libertina

Así, se han ido a los tribunales constitucionales, para pedir la abolición de varias Convenciones Colectivas de Trabajo, vigentes en la Administración Pública al amparo de preceptos legales estipulados en nuestro Cogido de Trabajo, en la Constitución Política de Costa Rica y en el ordenamiento jurídico internacional, como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual nuestro país es un Estado miembro.

Los libertinos, obnubilados por tanta baraja de naipe que manipulan, tantos dados que lanzan en los casinos y tantas tragamonedas que atosigan sus gargantas; hacen gala de una doble moral insigne en este asunto de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Como abanderados que son de la eliminación a mansalva del Derecho Laboral, de la privatización irracional y extremista y de la abolición total del papel social del Estado en nuestra vida democrática-institucional; nada les importan sus “principios” libertinos, cuando de negocios se trata.

Efectivamente, en el caso de la vergonzosa privatización del INCOP y del subsecuente pago de conciencias laborales a través de un soborno colectivo de 3.280 millones de colones; se les “olvidó” que la Administración Rodríguez Echeverría le dio barniz jurídico a tal vulgaridad, por medio de una cláusula adicionada a la actual Convención Colectiva de Trabajo del INCOP.

El Gobierno actual del Presidente Pacheco de la Espriella, cohonestó tal adefesio jurídico, presupuestando ese asalto a las finanzas públicas, tal y como le gusta llamar a los libertinos, el “costo” de las convenciones colectivas de trabajo.

He aquí la doble moral “libertina”. Si las convenciones colectivas sirven para privatizar, ¡bienvenidas!, pues a fin de cuentas, son los negocios de los amigos y compadres libertinos lo que importa. Aquí jamás podría cuestionarse su legalidad constitucional.

En la noche del martes 9 de diciembre de 2003, en la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la alianza del desprestigiado bipartidismo neoliberal y privatizador, con los libertinos de doble moral, quedó consumada.

Por el contrario, se rechazó una digna moción, de alto contenido ético y moral, que pretendía evitar que los y las costarricenses, a través de la deuda pública, tuviéramos que financiar de nuestros bolsillos, el pago del soborno de las conciencias laborales del INCOP.

Los libertinos han quedado completamente desnudados. Como furgón de cola del bipartidismo privatizador, han asumido las orientaciones de éste, comportándose como sus matones ideológicos, promoviendo la confrontación a mansalva entre costarricenses y “renunciando” a sus “principios”, en aras de los buenos negocios.

San José, 10 de diciembre del 2003.

Oposición rotunda de la ANEP a la destrucción del INS por «negociaciones»del TLC

Profunda indignación y repulsión nos causa la segunda traición del actual Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, aceptando entregar el mercado de los seguros a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS), a la “competencia” generada por las poderosas transnacionales estadounidenses; en el marco de las “negociaciones” para la eventual suscripción, más bien imposición, de un tratado de “libre” comercio, entre los poderosos Estados Unidos y nuestro pequeño país.

Decimos segunda traición, por cuanto tanto en el primer caso (telecomunicaciones del ICE), como en este del INS, la ANEP tiene un documento, firmado de puño y letra del actual Presidente Pacheco, en el cual se comprometió ante innumerables dirigencias de Sectores Sociales, a que durante su Gobierno no habría ningún tipo de privatización, incluida la que consiste en vía “apertura”.

Ese compromiso ético del entonces candidato presidencial Pacheco de la Espriella, se suscribió en marzo del 2002, en el Auditorio del Poder Judicial, cuando el hoy mandatario, junto a su contendor de la segunda ronda electoral, Ing. Rolando Araya Monge, comparecieron para dar a conocer sus respectivas propuestas de políticas públicas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia para la historia de nuestra oposición rotunda a la entrega, para su destrucción, del legendario Instituto Nacional de Seguros (INS), símbolo de una clase gobernante, hoy lamentablemente extinguida, que supo, en ese momento histórico, 1924, a través del entonces Presidente de la República, Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, visionar para las generaciones venideras una patria solidaria.

Tenemos entendido que el Presidente Pacheco de la Espriella, tiene en su despacho una foto de ese ilustre exmandatario costarricense, alegando que es para él una permanente fuente de inspiración.

Hoy le decimos a don Abel Pacheco que descuelgue ese retrato de su despacho y que lo arroje al cajón de la basura, tal y como lo hará con la trayectoria y el significado histórico del Instituto Nacional de Seguros (INS), que será devorado por las voraces transnacionales estadounidenses y sus eventuales socios nacionales.

La ANEP renueva su compromiso de lucha en defensa de la institucionalidad costarricense y, específicamente, en el caso del INS, pese a la traición de un grupo de connacionales que, desde posiciones de poder político y económico, pretenden destruir toda la institucionalidad democrática heredada de nuestro Estado Social de Derecho, por unos cuantos dólares más generado por un “libre” comercio que acabará con nuestro perfil de nación.

San José, 5 de diciembre del 2003.

Adopción de estándares internacionales en la producción de flores y helechos:

El Código de Conducta Internacional (CCI) del Flower Label Programme, promovido por la Organización Internacional de Derechos Humanos de Alemania Food First Information & Actino Network (FIAN), promueve la certificación de un sello de calidad para la producción social y ambientalmente responsable en el sector de Flores y Helechos. Actualmente el sello se implementa en países como Kenia, Simbawe, Sudáfrica y países de América Latina como Ecuador y Colombia.

La implementación de este Código le da al productor una ventaja competitiva al lograr alcanzar estándares internacionales en su producción, que le permiten ingresar a nuevos mercados en Europa.

En Costa Rica un diagnóstico sobre el sector muestra la necesidad de mejorar los estándares sociolaborales y ambientales. Se encontraron que el 34% de las empresas no pagan el Seguro Social, el 80% de los trabajadores no reciben ningún tipo de capacitación sobre los riesgos del uso de agroquímicos. El 81% de las empresas no tienen planta de tratamiento de aguas contaminadas.

En nuestro país se formó la Red Nacional de Coordinación conformada por la Pastoral Social de Limón, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Consejo de Defensa de la Institucionalidad de Alajuela (CDI-A), con el fin de apoyar la implementación del Código de Conducta Internacional en el país.

Para mayor información pueden comunicarse con Xinia Castillo al 440-2358 o a la dirección electrónico:xinia_castillo@yahoo.es y/o con Zulia Velásquez al 768-7444.

San José, 4 de diciembre del 2003.

La histórica obra laboral socialcristiana: ¿destruida en un gobierno «socialcristiano»?

Efectivamente, durante ese período y concretamente en el año 1943, se promulgó la máxima ley laboral del país, el Código de Trabajo. A 60 años de vigencia de esta estratégica legislación social, varios de sus máximos postulados se encuentran amenazados en el Gobierno “socialcristiano” del Presidente Pacheco de la Espriella.

El ataque a los preceptos principales del Código de Trabajo en la etapa actual, tiene una explicación lógica: La imposición del denominado tratado de “libre” comercio entre los países centroamericanos y los Estados Unidos, “obliga” a Costa Rica a bajar el impacto de sus estándares sociales y laborales, considerando que el dogma de la “competitividad” no le permitiría igualdad de condiciones con sus homólogos centroamericanos. Desde tal perspectiva, para el presente Gobierno es imperioso acelerar un proceso de reversión y/o relativización de la normativa actual del Código de Trabajo, expresado en situaciones como las siguientes:

I. Reiterados intentos por eliminar las convenciones

El ataque sistemático, debidamente articulado y feroz contra el sistema de negociación colectiva imperante en una pequeña parte de la actual Administración Pública; descalificando, desprestigiando y satanizando las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Luego de varios intentos fallidos ante la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, procurando su abolición total; la nueva estratagema está enfocada hacia minimizar los alcances de tales instrumentos colectivos de trabajo, en la vida cotidiana laboral de las respectivas instituciones donde todavía sobreviven.

Tal ataque, articulado desde poderosos medios de comunicación colectiva, vinculados a la actual estructura de poder en la sociedad, ha tenido su manifestación más reciente en una acción judicial emprendida por la extrema derecha de corte fascista con representación parlamentaria.

Para sorpresa de muchos, la Procuraduría General de la República (el “abogado” del Estado), respaldó en sede constitucional el cuestionamiento indicado; destacándose su respaldo a la tesis extremista de impedir el reconocimiento de cesantía más allá de los ocho años que dicho Cogido de Trabajo consagra.

La Procuraduría General de la República, dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia (Gobierno Central) y, por ende, bajo mando directo del Presidente de la República, borra de un porrazo la vieja aspiración socialcristiana de toda una vida, para una cesantía real; sueño que, en parte, cristalizó con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, que estableció un rompimiento parcial del 3 %.

II. El ataque a la histórica jornada de ocho horas

La actual Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley para “flexibilizar” la histórica jornada de trabajo de ocho horas; transformándola en una de 4 × 3 ó 3 × 4, es decir, cuatro jornadas continuas ó alternas de doce horas cada una, a cambio de tres de descanso; ó a la inversa.

Se quiere darle cobertura legal a una práctica ya establecida aunque de carácter ilegal, por el momento, en varias empresas de maquila electrónica que, como condición para establecerse en el país, demandaron tal cambio.

La denominada flexibilización de la jornada de trabajo, no es más que una exigencia de “competitividad”, según el “libre” comercio que presupone el famoso Tratado de Libre Comercio (TLC). Por un lado, queda eliminada la obligación patronal de pago de horas extra; por otro, se incrementaría un supuesto aumento en la productividad del trabajador pero a un costo mayor de desgasto físico-mental, en detrimento de la salud ocupacional del propio trabajador.

Además, podría generar un desplazamiento de mano de obra femenina pues la doble y hasta triple jornada de la mujer en nuestra sociedad, implicaría un nuevo factor de discriminación de género a la hora de “competir” por un empleo en tales condiciones.

III. La liquidación del derecho de organización sindical

Es claro el objetivo estratégico de la cúpula político-económica, de carácter bipartidista, que ha manejado a Costa Rica en los últimos veinte años, un sueño dorado todavía no realizado: extinguir a los sindicatos en Costa Rica.

La profundización del modelo neoliberal que esta gente quiere imponerle al pueblo costarricense, ahora que se creen fortalecidos con el proceso del famoso TLC, impone la anulación de toda resistencia, especialmente la que provenga de la clase trabajadora.

La nueva fase de explotación de la fuerza de trabajo según el citado tratado, no puede darse el lujo de permitir que una fuerza sindical activa, esté en constante movimiento de denuncia y de movilización.

Si bien es cierto que la represión sindical sistemática, abierta y solapada en el Sector Privado de la economía, ha logrado la casi total extinción del derecho constitucional de libre asociación sindical en las empresas privadas; vencer la resistencia feroz de los sindicatos del Sector Público, a la fase de profundización del ajuste estructural, plantea un reto estratégico para avanzar en la reversión, relativización, anulación de las conquistas laborales que expresa el actual Código de Trabajo.

Precisamente, atacando las Convenciones Colectivas de Trabajo, representa avanzar en la dirección deseada por los actuales sectores dominantes.

Queda claro cuál es la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Luchar es la respuesta.

Diciembre del 2003.

En riesgo pago de los salarios para el mes de diciembre de varios cientos de trabajadores de algunos ministerios y de la Asamblea Legislativa.

Pese a que el Gobierno de la República es conocedor del mal ambiente que tiene entre las señoras diputadas y los señores diputados esa iniciativa, denunciamos la maniobra de incluirla en la última modificación presupuestaria del año; en la cual se incluyen, también, partidas para completar faltantes presupuestarios en materia de salarios de empleados públicos de varios ministerios y entes adscritos a los mismos, así como de la propia Asamblea Legislativa.

Para la ANEP estamos frente a un intento de chantajear a los señores diputados y a las señoras diputadas, para que no puedan abstenerse de votar esta modificación presupuestaria; puesto que de su aprobación depende el pago de salarios para el mes de diciembre de varios cientos de empleados públicos; incluyendo, como indicamos, al propio personal al servicio del parlamento costarricense.

Respetuosamente, consideramos que los señores diputados y a las señoras diputadas, no deben prestarse a esta matráfula del Gobierno, a este chantaje.

Debe quedar claro que el propósito principal del Gobierno de la República con esta modificación presupuestaria, es obtener los recursos financieros que se necesitan para trasladar el negocio del INCOP a manos privadas, a compañías transnacionales colombianas.

Se suponía que tales empresas iban a desembolsar de su propio peculio, los millones de dólares con que se pretende pagar una “indemnización” a los trabajadores del INCOP, a cambio de que éstos nos se opusieran a la privatización de la institución.

Por tanto, demandamos e instamos, respetuosamente, a las honorables señoras diputadas y a los honorables señores diputados votar esta modificación presupuestaria en lo concerniente a salarios, pensiones y otros renglones ahí presupuestados; y desechar el rubro de los 3,400 millones de colones, que a cargo de la deuda pública, se le trasladan al INCOP con el propósito de cumplir con el negocio de la privatización de esta institución.

San José, 20 de noviembre del 2003.

Un paso más hacia la plena articulación estratégica de los sectores sociales frente al desafío del TLC

En esta segunda oportunidad (la primera tuvo lugar el pasado 20 de octubre), se manifestará un nuevo nivel de articulación intersectorial de la amplia diversidad de grupos sociales que están coaligándose, para oponerse a un tratado que, pese al secretismo y a la ausencia de transparencia del proceso negociador, se intuye generador de más prejuicios que beneficios para el país.

La actividad del próximo lunes 24, se inscribe dentro de lo que se espera sea una de cadena de manifestaciones de movilización ciudadana que irá en crecimiento, tanto en cantidad como calidad; extendiendo la cobertura y ampliando la intensidad de las acciones a desarrollar, que se espera sean multifacéticas, creativas y novedosas.

La actividad del próximo lunes 24 tendrá como puntos de partida la sede central del ICE en La Sabana, el Parque La Merced y las oficinas centrales de la Caja, en Avenida Segunda; facilitándose así el desplazamiento ciudadano según los distintos puntos de procedencia; luego, articuladamente, se dará la caminata hacia la Casa Presidencial, en Zapote.

La articulación de los sectores sociales ha tomado un fuerte impulso luego de la reunión para el desarrollo de su coordinación estratégica, ocurrida en la casa del Expresidente de la República, Lic. Rodrigo Carazo Odio, el pasado lunes 17; cuando poco más de un centenar de dirigentes calificados de tales sectores, acordaron conjuntar los esfuerzos de sus respectivas organizaciones.

Igualmente ha contribuido con tan fin, el evento de Diálogo Social ocurrido el día de ayer, martes 18, en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. En esta última actividad, más de 50 entidades sociales expusieron sus respectivos puntos de vista sobre el TLC.

Además, recordemos que el pasado lunes las principales agrupaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sellaron una alianza estratégica entre sí para su defensa, conjuntándose con las entidades laborales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por otra parte, el anuncio del sindicato de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), SITRAPEQUIA, sin duda alguna que representa un fortalecimiento de esta gigantes alianza social en construcción.

San José, 19 de noviembre del 2003.

TLC: Cómo afectará a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

1.
Actualmente, la Caja destina unos 70 millones de dólares (casi 30 mil millones de colones), en comprar medicamentos para sus pacientes, tanto los de consulta interna (hospitalizados), como de consulta externa. Esta cifra representa cerca de un 10 % del presupuesto total anual, de la CCSS.

2.
Con ese presupuesto, la Caja compra y produce medicamentos y fármacos de carácter genérico, es decir, sin pagar patentes de marca; logrando así cubrir las necesidades de salud del 100 % de la población que demanda servicios de la Caja.

3.
Firmado el TLC, la Caja quedará obligada a comprar, únicamente, medicamentos y fármacos patentados, es decir, de marca; productos que costarán muchísimo más que ahora; lo cual elevaría el presupuesto para compras de los 70 millones de dólares actuales, a la enorme suma de 390 millones de dólares; es decir, la gigantesca cantidad de 161 mil millones de colones.

4.
Es decir, con el TLC, a la Caja le costará un 314 % más adquirir la misma cantidad de medicamentos y fármacos que actualmente compra para suplir las necesidades de la población. O sea, pasaría de un gasto de 30 mil millones de colones anuales, a uno de 161 mil millones de colones. Pregunta: ¿Aguantará la Caja este enorme incremento del gasto en medicamentos y fármacos?… Por supuesto que no.

5.
Con ese enorme incremento, según los expertos, la Caja reduciría, sustancialmente, su cobertura de población y se vaticina que tal cobertura quedará en apenas un 18 % de la población que actualmente se atiende. Es decir, la Caja tendría que dejar sin atención a un 82 % de las personas que hoy día ocupan sus servicios.

Los datos anteriores provienen de estudios realizados Por el Departamento de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

LOS Y LAS COSTARRICENSES DEBEMOS IMPEDIR LA DESTRUCCIÓN DE LA CAJA, LA OBRA SOCIAL MÁS IMPORTANTE DE NUESTRO PAÍS DESDE HACE 60 AÑOS.

SALGAMOS A LA CALLE
EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE.

EXIJAMOS QUE SE NOS DIGA TODA LA VERDAD DEL TLC.
DEFENDAMOS A LA CAJA

13 de noviembre del 2003

TLC: Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos Estarían en campaña promocional

Informes sumamente fidedignos indicaron a la ANEP que el pasado fin de semana, en el cantón central de la Provincia de Limón, diplomáticos estadounidenses habrían participado en reuniones con algunas fuerzas vivas limonenses, expresando posiciones de su país, favorables a dicho TLC.

Para la ANEP, de comprobarse tal situación, estaría ocurriendo una abierta intromisión del Gobierno de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de Costa Rica; situación totalmente intolerable, considerando el clima de polarización social que se ha venido generando en el país en torno a tan delicado tema.

La ANEP le recuerda al canciller de la República que hace tan sólo unos meses, el Gobierno de la República armó un gran escándalo cuando se denunció que una ciudadana cubana y un ciudadano brasileño, habrían participado en las actividades sociales de la pasada huelga magisterial.

La ANEP estima que de confirmarse las informaciones en poder de la ANEP, altamente corroborables, el Gobierno de la República deberá actuar con contundencia, reclamando la lesión a la soberanía nacional que estaría ocurriendo.

San José, 12 de noviembre del 2003.

Alterra Partners impone su ley Aeropuerto Juan Santamaría: la legalidad costarricense por los suelos

Así consta en oficio No. AP-CO-200, fechado 22 de octubre de 2003, firmado por la licenciada Lee Virgilio, de la citada empresa privada, dirigido al jerarca de la mencionada entidad pública, señor Guillermo Alvarado. Lo más grave e indignante de este asunto, es la actitud dócil de este jerarca quien, en su oficio No. G-1771-2003, de 30 de octubre de 2003, le informa a la jerarca privada que se estarán “girando las instrucciones correspondientes para que se corrija esta situación”.

EL decomiso indicado pone en entredicho, seriamente, la responsabilidad legal del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), de promocionar, sin discriminación alguna, todas aquellas empresas que hayan recibido la declaración de interés turístico; empresas sobre las cuales debe recibir información todo turista que pasa por dicha terminal aérea.

La decisión de Alterra Partners genera una odiosa discriminación entre empresas turísticas, especialmente de alquiler de autos, pues los turistas solamente tendrán acceso a material propagandístico de aquellas empresas que “mantienen relación comercial con el aeropuerto”, pues han pagado un “derecho” a dicho consorcio empresarial.

Valga indicar que la oficina del ICT en el Aeropuerto Juan Santamaría había indicado a la Dirección de Promoción de esta entidad que, “los funcionarios de CANATUR tuvieron que desafiliar a todos los rent cars, porque sólo podían dar información de los que se encuentran dentro del edificio y que además le pagan a Alterra por su espacio” (Oficio OAJS-036-01, fechado 30 de octubre de 2003, del ICT-Aeropuerto).

Lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es indicador de lo que sucederá en el ámbito nacional, si la clase política gobernante consigue, por completo, su ansiado sueño de entregar Costa Rica al capital transnacional, a través del tratado de “libre” comercio con Estados Unidos, sin importarle la suerte de aquellas pequeñas y medianas empresas; que no serán comprendidas dentro de las reglas de negocios de las empresas multinacionales, las cuales, poco a poco, van adueñándose de importantes segmentos de los servicios públicos estratégicos del país.

Exigimos una acción firme de parte de las máximas autoridades del Gobierno de la República y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para que el consorcio Alterra Partners entienda que el sistema jurídico de nuestro país es más importante que un asunto de negocios privados. ¿Dónde quedó la libre competencia?

San José, 11 de noviembre del 2003.

Con 3.280 millones de colones de la deuda, Gobierno y varios diputados pretenden financiar privatización del INCOP

Con esa acción queda en evidencia la mentira de los neoliberales y la desfachatez del Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón. Los primeros, porque siempre se nos ha dicho que la venta de activos públicos tenía por objeto el pago de la deuda pública; y ahora, tenemos que la venta del INCOP, incrementará el tamaño de la deuda, puesto que se están trasladando recursos de la deuda para financiar la venta de esta institución.

La desfachatez de Alberto Dent, Ministro de Hacienda, peca de cinismo. Recientemente, le oímos vociferar contra los señores diputados y las señoras diputadas y contra la institución parlamentaria costarricense; al decir que él, en su condición de Ministro de Hacienda, congelaría los 31 mil millones de colones que los diputados y diputadas, han reorientado hacia el financiamiento de proyectos y programas sociales; aduciendo dicho jerarca que tales inversiones, se están financiando con fondos de la deuda, es decir, sin contenido presupuestario y que, por tanto, la decisión de los diputados y diputadas hará grave daño a la economía del país.

Nos preguntamos: ¿Congelará, bajo esos argumentos, el Ministro Dent esta partida presupuestaria a cargo de la deuda, para no “hacerle daño” a la economía nacional?. Apostamos a que no. Como se trata de financiar un negocio privado, de seguro que para este caso, el Ministro Dent no aplicará la lógica económica neoliberal y procederá, sin la menor vergüenza, a girar esos recursos.

La otra pregunta que, necesariamente, debemos hacernos es, si los honorables señores diputados y las honorables señoras diputadas, conscientes de lo que le costará al país y a Puntarenas la privatización del INCOP, irán a facilitar la realización de este negocio con un bien público, aprobándole al actual Gobierno los recursos que está pidiendo con tal fin.

Además, es importante cuestionarse si corresponde a la actual Asamblea Legislativa hacerse cargo de una responsabilidad política de tan alto calibre, cuando el verdadero “padre” de este negocio, fue la anterior Administración, del Expresidente Rodríguez Echeverría, pese a que a la presente, del Presidente Abel Pacheco de la Espriella, lo ha legitimado.

Lo anterior a pesar de que la realidad social puntarenense se ha deteriorado más, especialmente en materia de desempleo; desempleo que se agravará al sumársele unos 1.500 trabajadores y trabajadoras que serán obligados a abandonar su puesto de trabajo en el INCOP, por más dólares que, transitoriamente, les brindaría el espejismo de un bienestar fugaz.

San José, 11 de noviembre del 2003.