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Costa Rica: La administración Arias

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En lo político, deberíamos obtener una curva que desciende hasta octubre de 2007. Después de esa fecha cambia su pendiente y se vuelve ascendente, si bien a partir de febrero de 2010 –con la elección de Chinchilla- se presenta un punto de inflexión, en virtud del cual la pendiente positiva de la curva se suaviza.

En lo económico, la curva es ascendente a lo largo de 2006 y 2007. Entra en una fase de meseta o estancamiento en 2008 y luego, hacia el último trimestre de este último año y a lo largo de la mayor parte de 2009, va de bajada. Al entrar al presente año, vuelve a tomar forma de meseta o bien adquiere una ruta suavemente ascendente.

En lo social, sin embargo, la curva solo tiene una orientación: hacia abajo, si bien es posible que desde los últimos meses de 2008 y a lo largo de 2009 la caída haya sido a un ritmo especialmente pronunciado.
Esa sería una especie de síntesis gráfica del reinado arista.

La faceta política

Se registra una primera etapa –que culmina con el referendo sobre el TLC con Estados Unidos en octubre de 2007- donde los Arias, no obstante su coalición con todos los poderes oligárquicos y el férreo control de la institucionalidad pública, enfrentó sin embargo un reto histórico de excepcionales dimensiones: una enorme movilización popular a nivel nacional que se alimentó de nuevas y sumamente ricas formas de organización ciudadana integradas en una enorme red de solidaridad, gestión democrática participativa y construcción de discursos alternativos.
El No estuvo a un tris de ganar el referendo –lo que habría sido la más grande derrota histórica jamás experimentada por la oligarquía criolla- y si no lo logró fue porque a último momento pecamos de ingenuidad, mientras desde la acera de enfrente, y con absoluto desparpajo y cinismo, se lanzaba una campaña de terror tan masiva como brutal.

Luego del referendo, y por razones que en otra parte he intentado analizar pero sobre las cuales querría volver, se inicia un proceso de paulatina disgregación de esa fuerza ciudadana organizada. Conforme se aproximaba el proceso eleccionario de 2010, el retroceso y la dispersión se aceleraron. Con ello los espacios políticos a disposición de la administración Arias se ensanchaban. Entonces pudieron hacer y deshacer con frescura y despreocupación: la llamada agenda de implementación del TLC, la defensora de los habitantes, el negociado del aeropuerto, JAPDEVA, el agua. Y siga usted sumando. Cada espacio que quedaba vacío conforme las fuerzas progresistas retrocedían, fue aprovechado para imponer su corrupta agenda neoliberal.

En febrero, y con la elección de Chinchilla, el dominio arista se atenúa en la medida en que se entra en una fase de transición. A la nueva presidenta le queda por delante el desafío de replicar el control de la institucionalidad pública que logró su antecesor. Por el momento –a juzgar por la feliz boda Chinchilla-Guevara- esta señora parece capaz de superar a su maestro. Pero ello depende también de qué hagan las organizaciones y partidos progresistas. Mas eso es tema para otro artículo.

La faceta económica

La administración Arias se monta sobre un movimiento ascendente que venía de atrás y el cual llega hasta 2007. En ello poco tuvo que ver el manejo de la política económica por parte de ninguna de las dos administraciones implicadas –Pacheco y los Arias- ya que esencialmente fue el efecto reflejo de un ciclo económico mundial excepcional (el de más elevado crecimiento en cuarenta años).

Luego, como sabemos, viene una crisis económica que aún no se resuelve, la cual suscita, a lo largo de buena parte de 2008 y 2009, la recesión más aguda que el mundo rico ha vivido en los últimos 75 años. La economía de Costa Rica lo resiente muy claramente, ya desde 2008 y más claramente en 2009. El efecto se vio atenuado por la débil integración dentro de la economía nacional, de una porción sustancial del sector exportador: el dominado por capital extranjero, en especial la industria de alta tecnología. Si en los “buenos tiempos” ello limita los impactos positivos, en los malos suaviza el golpe. Aún así el desempleo aumentó de forma sustancial y alcanzó los niveles más elevados registrados en el último cuarto de siglo.

Al iniciarse 2010, y en el ocaso del período arista, los flujos de capital –incluso los de tipo especulativo- podrían estarse reactivando y, con ello, la economía cobra nuevo aire. Ello posiblemente sea fruto de la relativa estabilización de los sistemas financieros en los países ricos en combinación con las bajísimas tasas de interés que por allá prevalecen. Parece entonces haber síntomas de que se estaría reeditando el auge especulativo de 2005-2007. Pero es dudoso que esa tendencia se sostenga, cuando la crisis mundial entra en una nueva fase con el derrumbe del euro y el colapso del endeudamiento público en Europa (el cual, en un plazo más o menos dilatado, podría extenderse a Estados Unidos). A Chinchilla le esperan años de vacas muy flaquitas.

La faceta social

Aquí el camino recorrido ha sido cuesta abajo. La caída se agudizó durante la fase recesiva de 2008-2009, pero, la verdad, es un proceso que ha cubierto los cuatro años. Al respecto, es por completo secundario si los índices oficiales de pobreza bajaron o subieron. Es patético que en Costa Rica se le ponga tan excesivo interés a una forma de medición de la pobreza que pareciera diseñada justo con dos objetivos: primero, fingir que la pobreza es un asunto de simple sobrevivencia biológica para de esa forma garantizar (segundo objetivo) que el mero crecimiento de la economía logre producir –si no por goteo, entonces mediante un asistencialismo vergonzante- la reducción de los índices respectivos. La pobreza tiene un componente cultural que es insoslayable y no es posible abordarla correctamente si no se la vincula con la desigualdad.

Desde ese punto de vista, el gobierno arista es, en realidad, un período de profundización de la desigualdad y la pobreza y de agudización generalizada del deterioro social. Los índices de homicidios como, en sentido amplio, el agravamiento de las manifestaciones de violencia, dan testimonio elocuente de ello. Han sido además tiempos de restricción de la democracia: la célebre “tiranía en democracia” que Arias proclamó urbi et orbi. Ello propicia un juego de retroalimentaciones perversas entre la violencia social y las propuestas fascistas de represión y conculcación de los derechos humanos.

Y, a fin de cuentas, ese es el legado más perdurable y también el más siniestro que dejan Oscar Arias y su hermano: la incansable tenacidad con que se dedicaron a socavar la democracia. En ese contexto, hechos recientes como la violencia ejercida contra la autonomía universitaria y la autonomía sindical, reflejan una atmósfera política y sicológica proclive al autoritarismo. Es algo que trasciende al gobierno arista, pero de lo cual esta ha sido promotor y actor principal. Ello ratifica cuán graves pueden ser las equivocaciones que algunas veces comete el comité Nobel.

*especial para ARGENPRESS.info

Cumbre Sindical ALC-UE: “Llamamiento a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y Caribe”

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4 y 5 de mayo de 2010 Madrid

La Cumbre Sindical se celebró en el marco de un mundo que aún no ha salido de la peor crisis económica de los últimos tiempos con altos costos para los y las trabajadoras. Esta coyuntura ha agregado desafíos a nuestros países que se suman a los que América Latina, el Caribe y la Unión Europea enfrentábamos de forma conjunta desde 1999, año en que se decidió iniciar una asociación estratégica en la Primera Cumbre, en Río De Janeiro, Brasil.

A nivel mundial el desempleo ha aumentado en más de 34 millones desde el inicio de la crisis sumándose a los más de 150 millones de trabajadores desocupados. En la Unión Europea el desempleo alcanza a 23 millones de trabajadores que representa una media del 10% llegando en algunos países hasta un 20%.

Los trabajadores estamos profundamente preocupados pues consideramos que muchos gobiernos – y algunas instituciones nacionales e internacionales – se preparan para salir de esta crisis estructural sin considerar que el alto nivel de desempleo – la peor de las consecuencias de la misma – perdurará más años que la recuperación del crecimiento del PBI y que esto requiere de políticas activas de parte de los Estados y de cambios fundamentales de los organismos multilaterales (FMI, BM) Asimismo no se vislumbra en muchos gobiernos voluntad política para avanzar hacia otro modelo de desarrollo que garantice la gobernabilidad económica global y la justicia social, con distribución de la riqueza.

Por la presión sindical la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G-20 (Washington, 20-21 de abril de 2010) incluyó algunas recomendaciones positivas, incorporando la participación de la OIT. Sin embargo, esta acción positiva contrasta con la ausencia de “un programa agresivo para asegurar un crecimiento más robusto, que aporte más puestos de trabajo” como solicita la CSI y la Agrupación Global Unions, demanda que compartimos.

Desde el inicio de los procesos de asociaciones biregionales, e incluso desde antes, los movimientos sindicales de una y otra región hemos seguido con atención y expectativas que los pasos que fueron dando en forma conjunta cimentaran nuevos vínculos y una relación profundamente enraizada en nuestras historias como naciones, países y pueblos.

Sin embargo, en estos diez años y, más allá de los insuficientes programas de cooperación y de diálogo político, no se ha avanzado hacia un modelo de desarrollo equilibrado.

En América Latina se mantienen graves problemas de pobreza, emigración, salud, educación, etc. que manifiestan falta de cohesión social y ponen de relieve los desequilibrios, las desigualdades y asimetrías entre las dos regiones. Es allí donde verdaderamente adquieren importancia el espíritu inicial de los Acuerdos de Asociación, que incluye el diálogo, la cooperación y el comercio. Es impensable alcanzar el desarrollo en la región latinoamericana y caribeña sin que se produzcan cambios sustanciales en la educación, pues los sistemas actuales educativos son excluyentes, con presupuestos excesivamente inferiores con respecto al PIB y con coberturas muy bajas cuando no inexistentes en cuanto a las exigencias educativas nacionales.

El movimiento sindical euro-latinoamericano propuso en la Declaración de su Cuarta Cumbre Sindical de Lima que el marco de las relaciones entre la UE y las sub-regiones de ALC se ampliara para que se incluyeran la dimensión socio-laboral, las cuestiones medioambientales y de migraciones con el objetivo de aumentar la cohesión social en las sub regiones.

Las actuales negociaciones para alcanzar Acuerdos de Asociación arrojan resultados contrarios a las dos regiones pues transitan intensa y esencialmente por el carril comercial. Y además de los temas tradicionales de comercio, se incluyen en las negociaciones la liberalización de los sectores de servicios, solapando los servicios públicos y la posibilidad de que nuestros servicios esenciales puedan ser extendidos al conjunto de la población. Se aplica una liberalización financiera que camina en el mismo sentido de lo que fue uno de los pilares que originó la crisis económica reciente.

Una regulación absoluta del sector de propiedad intelectual, incluidas las discusiones sobre patentes y reglas de origen, atendiendo a la presión esencialmente de las empresas transnacionales en detrimento de las mayorías sociales. Y una liberalización e internacionalización de las estratégicas áreas de compras gubernamentales, inviabilizando que éstas sean usadas como instrumento para el desarrollo local, regional y nacional.

En el caso de UE-América Central, han hecho caso omiso de los principales cuestionamientos de la sociedad civil de considerar una dimensión social, y en el otro proyecto UE-Comunidad Andina se ha desvirtuado el objetivo inicial de negociación bloque a bloque (abandonando así la finalidad de fortalecer la CAN) y promoviendo una negociación individual con Colombia y Perú, limitada a los aspectos comerciales dentro del modelo neoliberal de Tratados de Libre Comercio.

Esto es aún más inaceptable en el caso de Colombia, donde ocurren numerosas violaciones de los derechos de los trabajadores y donde hay impunidad ante los asesinatos de sindicalistas y de otros dirigentes y militantes sociales. También en Guatemala y otros países persisten altos niveles de corrupción, de violencia y de impunidad casi total en los casos de asesinatos de sindicalistas.

El movimiento sindical internacional reivindica la libertad sindical en todos los países del mundo sin excepción e insta a que los gobiernos desarrollen políticas efectivas para el libre ejercicio de estos derechos.

Tomando en cuenta estas consideraciones la Cumbre Sindical expone a la reunión de los Jefes de Estado las siguientes reivindicaciones:

1. Asumir las propuestas que la Confederación Sindical Internacional (CSI) viene planteando a los gobiernos (G-20) y a las instituciones financieras mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) de estímulo de la economía para relanzar la creación de empleo decente y para el pleno cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo de la OIT. Entre estas medidas señalamos la propuesta de la CSI y de la Agrupación Global Unions de reforzar sistemas fiscales más progresivos, la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. En muchos países se hace imprescindible la reforma de los sistemas tributarios regresivos, hacia modelos progresivos donde el impuesto a la renta sea la principal fuente de recaudación y reducir los impuestos indirectos que además tienen un impacto negativo sobre el consumo.

Apoyamos la adopción de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF). En ese mismo sentido, los sindicatos de AL y C se solidarizan con las y los trabajadores de los países europeos en su lucha contra las ya conocidas y fracasadas medidas de ajuste estructural, con recortes de presupuesto, salarios, pensiones, protección social y servicios públicos que profundizarán la crisis económica, en especial con los efectos sobre el empleo y los ingresos

2. La promoción del trabajo decente debe convertirse en una prioridad de la política de cooperación de la Unión Europea hacia América Latina. La Cumbre Sindical considera que este objetivo, fijado por la propia Comisión Europea en su Comunicación de mayo de 2006, debe asumir compromisos concretos de respeto y cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT, los mecanismos de verificación de su cumplimiento con participación social y sindical en todas las políticas y negociaciones UE-ALC, la Declaración Tripartita de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, y el convenio 169 OIT sobre las poblaciones indígenas y tribales, así como otros convenios de la OIT. Asimismo deben respetarse las Directrices de la OCDE sobre Empresas , el Protocolo de Kyoto y otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, y las convenciones sobre derechos humanos.

3. Llamamos a los gobiernos a que busquen recuperar el papel de los estados en su capacidad de regular las operaciones de las empresas transnacionales. Los acuerdos a ser firmados deben reforzar la condición reguladora de los estados nacionales. El poder casi absoluto que hoy detentan las ETNs debe ser limitado a través de mecanismos supranacionales, especialmente de los estados nacionales más frágiles. Es fundamental reforzar los lazos de solidaridad entre los trabajadores de los dos lados del Atlántico para que, conjuntamente, por medio de sólidas redes de intercambio de información y articulación de acciones, puedan re equilibrar la negociación directa con las empresas, y establecer controles también en el ámbito de la regulación directa de las condiciones de remuneración y trabajo.

4. Ante el anuncio de la puesta en marcha del Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL) demandamos que la sociedad a través de sus organizaciones, y en particular el movimiento sindical, formen parte de las instancias de decisión estratégicas sobre los destinos de la Inversión, puesto que de ninguna forma serán aceptadas inversiones que intenten conquistar nichos y acceso a recursos y bienes naturales a través de la coacción política y económica. Estos recursos deberán ser destinados a proyectos de inversión que garanticen el respeto de los convenios fundamentales de la OIT, la formación profesional y la generación de capacidades científicas y tecnológicas y que contribuyan a que la región se desarrolle de manera sustentable, tanto económica como ambientalmente. Del mismo modo debe regularse el acceso a la inversión en las áreas de los servicios públicos, cuya calidad y acceso deben ser garantizados por los Estados.

5. Que la Cumbre de Jefes de Estado acuerde mecanismos de diálogo con los sindicatos para la puesta en marcha o la actualización de todas las decisiones de carácter social asumidas en la Cumbre de Lima (y las que se decidan en Madrid) y que aún no se han materializado o están paralizadas, como:

• Promover la creación de trabajo decente, el aumento del empleo y el establecimiento de programas de formación laboral.

• Destinar los medios necesarios para fortalecer los sistemas de protección social.

• Estimular la participación de las autoridades competentes y de todos los actores relevantes, entre ellos la sociedad civil, en redes ALC-UE para la transferencia de conocimientos y el intercambio de información en materia de políticas sociales.

• Desarrollar políticas laborales y de empleo más efectivas, a través del diálogo social y la cooperación de los gobiernos, empleadores y trabajadores y la implementación de la responsabilidad social de las empresas y el respeto de los derechos de los trabajadores, incluyendo la negociación colectiva, con miras a generar trabajo decente, digno y productivo para todos.

• Fortalecimiento de programas de capacitación para actores políticos y sociales

6. Implicar a nuestras organizaciones sindicales en el desarrollo de la política UE sobre los avances de los acuerdos bilaterales de inversión y en la revisión en marcha de las evaluaciones de impacto de la sostenibilidad, que van a comenzar con Chile y México.

7. Los sindicatos reclamamos que los temas de innovación científica, cultural y productiva que van a ser tratados por los Jefes de Estado en Madrid deben abordarse desde de una perspectiva social y deben tener por objetivo la cohesión territorial y destinadas mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos. Reclamamos la participación de la sociedad civil y de los representantes de los trabajadores.

8. El fortalecimiento de los procesos de integración en América Latina y Caribe, debe de ser uno de los objetivos fundamentales de la Asociación Bi-regional UE-ALC y una de las vías para la promoción del desarrollo sustentable económica y socialmente.

9. La Cumbre Sindical expresa su disconformidad con el desarrollo de las negociaciones llevadas a cabo entre la UE con Perú, Colombia (e inicialmente con la Comunidad Andina) y América Central, pues apenas ha habido información pública y la participación de la sociedad civil ha sido escasa y formalista. Las numerosas gestiones y comunicados conjuntos sindicales no han recibido respuesta o esta ha sido ambigua o denegatoria de las propuestas.

La promesa de la UE a la CES de incluir mecanismos de participación sindical para el cumplimiento de los aspectos referidos en los Acuerdos a los derechos de los trabajadores no se ha visto reflejada en los textos finales. La inclusión de una cláusula de suspensión unilateral del Acuerdo con Perú y Colombia en caso de graves violaciones de los derechos humanos, ha sido fruto de la presión social hacia el Parlamento Europeo, pero se deja a la propia UE la interpretación de cuándo se considera violación grave.

10. La Cumbre Sindical en consecuencia pide que no se firmen los Acuerdos de Asociación con Perú y Colombia, por ser contradictorios con el fortalecimiento de la CAN, por tratarse de tratados de libre comercio y por la persistencia de la violencia en Colombia.

11. La Cumbre Sindical rechaza también los contenidos hasta ahora conocidos de la negociación UE-América Central por no haber incorporado las reiteradas propuestas de la CES y de las sub-regionales centroamericanas CSACC y CCT basadas en el comercio justo, en la corrección de asimetrías mediante el fomento del desarrollo de América Central y en un Capítulo Social. Por ello nos sumamos al rechazo emitido por CES, CSACC y CCT (que consideran el proyecto de AdA UE-AC es esencialmente un tratado de libre comercio), y al de otras organizaciones sociales e instituciones como el CC-SICA.

12. Solicitamos la revisión de los Acuerdos de Asociación con Chile y México ya que carecen de mecanismos de participación social y sus contenidos apenas trascienden de los aspectos comerciales. Los sindicatos directamente y a través de los foros sociales han demandado un diálogo para sentar las bases de una verdadera asociación.

13. La Cumbre Sindical solicita que en caso de una reapertura de las negociaciones UE-Mercosur, las organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones sean consultadas con carácter previo y en todo el proceso de negociación, ejecución y seguimiento de sus resultados. La CES y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) detallaron sus propuestas en la negociación precedente en un Capítulo Socio-laboral.

14. Es necesario que la Cumbre de Jefes de Estado asuma e integre como parte sustantiva de la Asociación Bi-regional, la implementación de fondos biregionales de cohesión, inscritos en un modelo de desarrollo social y ambientalmente sustentable alternativo, para combatir la desigualdad social en ALC y deben por lo tanto estar dotados de importantes recursos económicos.

15. Nos preocupa que no se hayan realizado estudios de impacto ambiental de las negociaciones UE-ALC con la seriedad y transparencia que exige la temática del cambio climático y otras cuestiones relacionadas. Un acuerdo de libre comercio tendería a favorecer las falsas soluciones al cambio climático, al promover por ejemplo, una América Latina agroexportadora de materias primas (para etanol), que conlleva la expansión de la frontera agraria, y por consiguiente mayor deforestación. Así mismo debe respetarse la aplicación del Convenio 169 de la OIT, sobre consulta a las comunidades indígenas y tribales, cuando cualquier proyecto afecte a las poblaciones originarias de nuestros países. Igualmente el movimiento sindical hace un llamado para que esta Cumbre siente bases firmes para asegurar una transición justa, con empleos verdes, con plenos derechos y garantías sociales. Finalmente exigimos compromisos vinculantes y fuertes para revertir los efectos del cambio climático, con base en las responsabilidades comunes pero diferenciadas.

16. Las migraciones requieren de políticas coherentes de parte de los países de origen y de destino para garantizar que los trabajadores y trabajadoras migrantes gocen de los derechos laborales, la misma protección social, de convenios de seguridad social bi-regionales, y también de su derecho a no migrar. Especialmente deben protegerse los derechos de las trabajadoras inmigrantes domésticas. La Cumbre de los gobiernos ALC-UE debe acordar la revisión de la Directiva de Retorno y deben tomarse medidas para que las políticas de aduanas y fronteras de la UE, no supongan obstáculos al derecho de asilo. Los países receptores deben ratificar los Convenios de la OIT y de la ONU que garantizan el acceso a los derechos y la igualdad de trato a los trabajadores y trabajadoras migrantes. La Cumbre Sindical condena los brotes de xenofobia en diversos países de la UE y los planes de los partidos de extrema derecha (en avance en varios países europeos) de reducir la inmigración mediante la represión y el acoso a los inmigrantes. Ejemplos extremos de medidas de represión migratorias a ser condenadas por sindicatos, gobiernos y empleadores, lo constituye la reciente Ley aprobada por el gobierno del Estado de Arizona y el muro construido entre las fronteras de México y los EE.UU.

17. La Cumbre Sindical reclama a los gobiernos que impulsen legislaciones destinadas a promover el empleo decente para los jóvenes, conseguir la igualdad laboral de hombres y mujeres, tanto en materia salarial como de condiciones de trabajo, así como de fomento del acceso de las mujeres a las responsabilidades y cargos de las empresas y de la administración pública e instituciones. Han sido importantes los avances verificados a través de la aprobación del Acuerdo Iberoamericano sobre Seguridad Social e instamos a que se extienda a otros países europeos no ibéricos. Igualmente solicitamos que se adopte el criterio con relación a la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo.

18. Pedimos a la Cumbre de Jefes de Estado que demanden el fin del bloqueo de EEUU a Cuba.

19. La Cumbre Sindical condena el golpe de estado que provocó el derrocamiento del presidente legítimo de Honduras, y aprueba las posiciones del Grupo de Río y de la OEA de no reconocimiento del nuevo presidente. Las organizaciones sindicales reclaman a los Estados, acciones más contundentes para el respeto de los derechos humanos, del sistema democrático y de las instituciones en todos los países.

20. Ante la catástrofe sufrida por Haití, asumimos el llamamiento de la CSI y de la Agrupación Global Unions para que todas las deudas de Haití sean completamente canceladas por las instituciones financieras internacionales y los organismos acreedores.

Debe concederse a Haití una sustancial ayuda internacional en la forma de subvenciones no reembolsables para la enorme tarea de reconstrucción nacional y de construcción social que dicho país debe emprender. Llamamos a los países de la UE y ALC que no lo han hecho a sumarse a este tipo de relación financiera con el país caribeño. Estos fondos deberán servir de manera prioritaria para generar empleos decentes.

21. De igual forma, las organizaciones sindicales nos solidarizamos con el pueblo chileno e instamos a que ante las sucesivas catástrofes naturales, así como las calamidades provocadas por el cambio climático, los Estados establezcan mecanismos solidarios de reparación, que no se limiten a la ayuda humanitaria particular.

22. Expresamos nuestra preocupación por el incremento de la carrera armamentista a nivel mundial, cuando los gobiernos deben priorizar sus esfuerzos en la aplicación de políticas públicas para la erradicación de la pobreza y de la exclusión social de nuestros pueblos.

23. La Cumbre Sindical apoya la reclamación de la CES a la Comisión Europea de ser consultada sobre el nuevo programa EuroSociAL. Asimismo exigimos que los sindicatos y otros actores sociales sean implicados en la puesta en marcha de la Fundación UE-ALC (EUrocLIMA).

Los delitos cívico-políticos de los hermanos Arias

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Hay que recordar que don Oscar, el “presidente formal”, ganó la Presidencia de la República sin transparencia, casi llegando al límite del fraude, pues fue necesario esperar un mes y contar los votos uno a uno para determinar su “gane”.

El tribunal electoral (que luego le rendiría pleitesía), se negó a un auditoraje ante notables “inconsistencias”, como eufemísticamente se le llamó a los chanchullos que mancharon tal elección.

El dúo presidencial engañó, miserablemente, a la ciudadanía con la falsa promesa de una reforma tributaria. Es más, cometieron una estafa política porque anduvieron diciéndole a la gente que si le dábamos “su” TLC con Estados Unidos, compensarían sus efectos negativos con una reforma tributaria.

Obtuvieron ese tratado, en medio de las más escandalosas y sucias maniobras político-electorales, y nada de reforma tributaria. Los grandes capitales que ellos beneficiaron con “su” TLC, siguen sin pagar los impuestos directos que deberían aportar a la sociedad. Dejan las arcas vacías: ¿Y ahora cómo hará doña Laura para financiar las redes de cuido; para invertir los 57 mil millones de colones prometidos en seguridad; para los aumentos salariales?… ¿Se despedirá gente en el sector Público?…

Ésta, en su mayoría abrumadora, sigue castigada con una tributación indirecta, profundamente regresiva, que genera gigantescas injusticias y un no menos gigantesco proceso de concentración de riqueza que el dueto presidencial apuntaló indiscutiblemente.

“Ganaron” ese TLC con trampa, triquiñuelas y lograron que sus “leyes de implementación” se aprobaran, atropellando fuertemente la institucionalidad republicana; luego de que le doblaran el brazo a la constitucionalidad judicial; una vez que el tribunal electoral se les entregara en el proceso del referéndum sobre el TLC.

Quedará para la historia qué fue lo que ofrecieron, con qué amenazaron, cómo compraron, a los diversos altos jueces de la República, para lograr que éstos le abrieran de par en par las puertas al insaciable capital transnacional que ya ha empezado a devorar nuestra institucionalidad; especialmente la parte más sangrienta de ese capital: el centroamericano.
Nada hicieron por las miles de personas trabajadoras del sector Privado, que sufren estrechísimas situaciones económicas, pues ni siquiera ganan el salario mínimo de ley, ya de por sí bajo.

Para ser exactos, unas 600 mil personas son explotadas de manera inmisericorde, generando los fuertes segmentos de pobreza que, paradójicamente, son las bases electorales que a gente como los Arias les permite acceder al poder, pues es la base del clientelismo reproductor del sistema de exclusión social que se está entronizando en el país.
El asalto, por medio de Golpe de Estado, a la libertad y la autonomía sindicales, en el caso de los muelles de Limón y de Moín, buscando su privatización; es otro de los episodios más repudiables que protagonizaron los Arias.

Mientras dejan los CEN-CINAI en condiciones deplorables, a su personal en condiciones de sobreexplotación casi esclava, así como a miles de niñitos y de niñitas atendidos de manera precaria; la corruptela de la privatización de Japdeva llega al cinismo delicuencial más impresionante ejecutado por político alguno en el poder: ofrecer una mordida de ¡80 mil millones de colones¡ (80.000.000.000.00), para que se lo repartan 1.400 personas; el soborno más espectacular de la historia republicana costarricense.

Ni el 20 % de su oferta de vivienda, fueron capaces de honrar. Se atragantaron con almuerzos carísimos y mucha de la gente que, manipuladamente, les dio el voto, se quedaron burladas, “viendo para el ciprés”.

No más entrando a gobernar, don Oscar se fue a Ginebra, Suiza, a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para saldar la enorme deuda moral y ética del país con la legislación laboral internacional. Aquí también le tomaron el pelo a este relevante organismo mundial y le heredan un tortón a doña Laura, que ha de quedar expuesta como cabeza de un gobierno que deshonra su palabra empeñada ante la comunidad planetaria del mundo laboral.

También le hicieron trampa a la humanidad con el cuento de “paz con la naturaleza”. Nada más falso, demagógico y de doble moral. Crucitas, Baulas y el abandono criminal de muchos parques nacionales, desnudan completamente su desprecio por la Madre Tierra.

Finalmente, aunque se queda mucho más por decir, dejaron sentadas las bases para la reversión dramática de derechos laborales en el sector Público, con su proyecto de salario único. De la misma forma, dejan en el umbral del desempleo, a miles de humildes trabajadores municipales, con su ley de privatización de los servicios de las municipalidades; aprobando ésta a espaldas de la gente, sin transparencia, a hurtadillas. Le dejan a doña Laura un barril de pólvora con mecha incluida.

Y todavía tienen el cinismo de decir que le “devolvieron” la confianza a Costa Rica. Probablemente a la de los más de arriba, porque para quienes estamos abajo y en medio, la vivencia cotidiana es difícil, estresante, insegura, incierta…

Sala IV reconoce que no hubo informe de SENARA sobre Crucitas

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Como ilustración sobre el “infinito” arte del saqueo de los recursos naturales, este video del PAC
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“Durante la tramitación del expediente No. 08-14068-0007-CO que consta de 20 tomos, la Sala consideró pertinente solicitar, como prueba para mejor resolver, al SENARA que indicara si había sido sometido a su conocimiento y valoración el Proyecto Minero Crucitas, esto con el fin de determinar si este órgano había analizado los estudios relacionados con el proyecto”, explica la Sala en un comunicado.

“Al contestar esta solicitud de la Sala, SENARA en un escrito remitido el 4 de diciembre de 2008 (folio 1143 del tomo V del expediente) manifestó que el proyecto minero que había sido sometido a su consideración, lo era para la instalación de un tanque de combustible, pero no por las condiciones hídricas del proyecto, e indicó, además, que SENARA no había realizado estudios hidrogeológicos en el lugar por no encontrarse en una zona priorizada (ver folio 1145)”, agrega el comunicado.

Sin embargo, dice el máximo tribunal constitucional, posteriormente la empresa Industrias Infinito, que pretende extraer 700.000 onzas de oro de Las Crucitas, presentó un estudio hidroecológico, contratado por la misma compañía a la empresa Ecoambiente S.A.

Según los magistrados, tal estudio es producto de datos de investigaciones realizadas desde la época de la exploración, ya que de 1997 a 1999 se perforaron más de 150 pozos y se realizaron pruebas de permeabilidad a diferentes profundidades, que alcanzaron entre 200 a 300 metros, algunos llevados a cabo por las empresas Pitteau Associates (1998) Golders (1998-1999), y en el año 2000 por el hidrogeólogo Hugo Rodríguez, quien también lo actualizó en el año 2007.

Asegura la Sala que esta información fue avalada por la Dirección de Investigación y Gestión Hidrica, pues “se identificó el modelo hidrogeológico conceptual propuesto por la empresa desarrolladora en el marco de los compromisos asumidos por la empresa recurrida para mitigar el impacto potencial a las aguas subterráneas de la zona de interés”.

En otras palabras, lo único que existe es un estudio de la empresa interesada que ha expuesto, con base en ese estudio, sus buenos propósitos de no afectar los recursos hídricos de la zona.

Fuente de esta nota: Informa-tico.com

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Inexistente aval de SENARA a Crucitas

*Miguel Ramírez Hernández **

No existe el estudio técnico que menciona la Magistrada Calzada. n el voluminoso expediente sobre Crucitas (21 tomos) hemos buscado y no hemos encontrado en ninguna parte un estudio técnico de funcionarios de SENARA que avalen el proyecto minero ubicado en Las Crucitas.

Sorprende sobremanera que la Presidenta de la Sala IV, Ana Virginia Calzada, diga ante los medios de comunicación que el proyecto cuenta con el aval de SENARA, cuando esto es totalmente falso y no reposa sobre ningún documento técnico de SENARA.

La Sala IV fue inducida a error por una nota firmada por el señor Bernal Soto Zúniga, Gerente de SENARA, (folio 3707 tomo XI V), al firmar este funcionario un documento en el cual, como Gerente, “avala” los estudios de una empresa contratada por la empresa desarrolladora del proyecto Crucitas, sin que éstos hayan sido avalados y corroborados en visita de campo por funcionarios técnicos de la institución. Tratándose de un proyecto minero de esta importancia, que prevé además una profundidad de 67 metros, en dos tajos, sorprende que el criterio técnico de nuestra institución haya sido manejado de esta manera, en referencia a estudios de terceros.

Nunca se realizó. En nota SUB-543-2008, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA, con fecha del 3 de diciembre del 2008 (ubicado en el folio 1148 del tomo V del expediente), esta Dirección indicaba:_ “El SENARA no cuenta con información que permita definir las zonas de recarga y descarga y el impacto de la actividad minera a los mantos acuíferos y las aguas superficiales. Por lo tanto, se considera que se requiere de la elaboración de estudios hidrogeológicos detallados para la valoración de los impactos que la actividad minera puede generar sobre los mantos acuíferos, para lo que se estima se requiere de un tiempo estimado de 10 a 12 meses en su ejecución”_.

Esta nota solicitaba estudios con el fin de contar con la información completa de la situación de las aguas subterráneas en la zona de Crucitas y evaluar el impacto de este proyecto minero. Esta misma nota fue tomada por la gerencia y se transmitió a la Sala Constitucional (según folio1143, tomo V del expediente). Sin embargo los recursos solicitados no se dieron para realizar dicho estudio, el cual nunca se realizó.

Debemos a este respeto recordar que la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica nunca fue directamente invitada a participar ni a la inspección realizada en el sitio el 11 de septiembre del 2009, ni a la audiencia celebrada en la Sala en noviembre del 2009, sino que el Gerente “instó” a un funcionario de dicha dependencia a acompañarlo.
Durante la inspección, incluso, los funcionarios de SENARA no pudieron ingresar a la mayoría de los sitios objetos de la inspección debido a la descoordinación con los servicios de seguridad de la Empresa Infinito Gold, por lo que los Magistrados a cargo de dicha inspección no contaron con un hidrogeólogo de SENARA para subsanar dudas en esta visita de reconocimiento. Y debemos señalar asimismo que el Gerente de SENARA, ingeniero agrónomo de profesión, fue el que contestó a la mayor parte de las dudas de los señores y señora magistrada durante la vista celebrada en noviembre del 2009.

Recomendación desatendida. Este procedimiento contraviene claramente a una recomendación de la Contraloría General de la Republica (Informe DFOE-PGAA-11-2009, del 17 de julio del 2009) la cual, al evidenciarse incongruencias entre lo expuesto por los técnicos de SENARA y la Gerencia de esta institución en el caso de acuíferos en las zonas costeras, expresamente advertía que ”a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica /…/ le corresponde comunicar por los medios y canales formalmente establecidos, los estudios, criterios y las recomendaciones a quien corresponda, sin que ello signifique que deban ser objeto de aprobación o revisión oficiosa en los aspectos técnicos por las instancias administrativas, sea en su caso la Gerencia o la Junta Directiva “ (p. 10 del informe precitado). Por tanto, como costarricense y funcionario de esta institución desdigo categóricamente lo expuesto por el señor Gerente de SENARA sobre el Proyecto minero de Las Crucitas. Afirmo sin temor alguno que en la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica no existe ningún estudio técnico realizado por esta dependencia, y que ésta nunca fue directamente llamada como Dirección a dar su opinión durante la inspección en el sitio, ni durante la vista celebrada en noviembre del 2009. Insto respetuosa y públicamente al señor Gerente a citar el número de folio en los 21 tomos del expediente de la Sala Constitucional, en que conste un estudio técnico de nuestra institución, aprobado por esta Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, que avale el proyecto minero Crucitas en su totalidad.

*Funcionario de SENARA

Fuente: Página Abierta-Diario Extra
Martes 04 de Mayo de 2010 19:58

Salario único: ¡No gracias!

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Considerando que:

1- En los últimos años los gobiernos que han ejercido el poder, los políticos que han estado al frente de las instituciones públicas y buena parte de los empresarios, han arremetido fuertemente contra las libertades y derechos fundamentales de los trabajadores costarricenses, públicos y privados.

2- En esta bochornosa cruzada han participado también órganos y poderes del Estado como la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa entre otros, que han sido complacientes con quienes se han lanzado a esta ofensiva en contra de los y las trabajadoras.

3- Se han presentado recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de nuestras convenciones colectivas, específicamente los económicos, acciones que han sido diligentemente tramitadas y resueltas, obviamente en contra de los trabajadores.

4- Actualmente se promociona por parte del Ministerio de Planificación y del jefe de fracción del PLN el Proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio, conocido como “Ley de Empleo Público” que entre otras cosas establece el concepto de salario único.

5- El salario único no sólo significa variar la estructura salarial de las instituciones, sino que también conlleva, la pérdida para los trabajadores de condiciones y derechos laborales ganados a través de los años.

6- Estos procesos violentan aspectos fundamentales, derechos y garantías estatuidos en la Constitución Política, Convenios Internacionales ratificados por nuestro país, Convenciones Colectivas y la ley laboral mínima establecida en el Código de Trabajo.

Por tanto:

1- Rechazamos en todos sus extremos la propuesta de salario único y la ley de empleo público, porque sugiere una política de empobrecimiento de los trabajadores y por representar un ataque directo a nuestros derechos laborales y a las Convenciones Colectivas de Trabajo.

2- Nos constituimos a partir de ahora, en una entidad unitaria en la acción y en una sola voz, para que las trabajadoras y trabajadores de nuestras instituciones reciban la misma información con relación a estos temas.

3- Extendemos esta alianza a todo el movimiento sindical y magisterial a efecto de pelear unitariamente contra estos proyectos.

4- Se establece una comisión política conformada por dos miembros de cada Sindicato para establecer las estrategias de acción y comunicación necesarias.

5- Los Sindicatos unirán recursos humanos, económicos y de logística para llevar adelante y con éxito las estrategias de lucha que se convengan.

6- Nos reservamos el derecho de defender las conquistas laborales de los trabajadores, las Convenciones Colectivas, el sistema salarial vigente y las libertades sindicales, mediante las acciones jurídicas y de hecho que sean necesarias para garantizar lo anterior.

Firmamos en la ciudad de Heredia, al ser las diecisiete horas del veintitrés de abril del 2010.

Sindicato de empleados del Banco Nacional (SEBANA).
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Unión de Profesionales del Banco Popular ( UNPROBANPO)
Sindicato de Empleados Banco Crédito Agrícola de Cartago (UNECA)
Sindicato de Empleados del Banco Central de C.R.(SINEBACCR)

Congresistas EEUU piden a Hillary interceder por SINTRAJAP

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La carta de los Congresistas, fechada el 28 de abril, dice que “entendemos que SINTRAJAP está siendo de manera flagrante ilegal e inconstitucionalmente atacada por el gobierno del país, que parece determinado a quebrar el sindicato para así acelerar forzosamente la privatización de los puertos de Limón y Moín”.

Más adelante agregan los Congresistas que_ “en una preocupante escalada, tenemos entendido que el gobierno ha emplazado en los muelles a policías visiblemente armados en lo que parece ser una medida de intimidación. Estos son signos extremadamente perturbadores”_ dice el texto.

SINTRAJAP por su parte dice en el comunicado que dio a conocer la carta que “esta acción de los Congresistas Norteamericanos es una muestra más del enorme apoyo que tenemos en la defensa del sagrado derecho al trabajo, la denuncia de la corrupción y el actuar ilegal y dictatorial del Gobierno de Costa Rica”.

Agregan que_ “no descansaremos hasta que los responsables internos y externos a JAPDEVA paguen por el daño que le están ocasionando a los trabajadores y las trabajadoras del JAPDEVA y al país”._

Ofrecemos a continuación la traducción de la carta:

Abril 28, 2010

“Querida Secretaria de Estado Clinton,”

“Como miembros de la Asamblea Internacional de Derechos de los Trabajadores nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra gran preocupación por la actual situación de los derechos laborales en Costa Rica”.

_“Respetuosamente le pedimos que analice la aparentemente deliberada destrucción de SINTRAJAP, un sindicato legítimo de trabajadores portuarios en Costa Rica. Entendemos que SINTRAJAP está siendo de manera flagrante ilegal e inconstitucionalmente atacada por el gobierno del país, que parece determinado a quebrar el sindicato para así acelerar forzosamente la privatización de los puertos de Limón y M_oín”.

“JAPDEVA, la agencia estatal que administra los puertos de Costa Rica, tomó el control del sindicato eliminando al liderato que había sido elegido democráticamente, remplazándolo por directores apoyados por el gobierno”.

“Aún más, entendemos que los nuevos directores están trabajando para transformar SINTRAJAP en un sindicato no-democrático y manejado por la patronal. Según reportes, el gobierno ha congelado las cuentas bancarias de SINTRAJAP, desviado las cuotas de membresia debidas a este legítimo sindicato, y ha tratado de sacar a SINTRAJAP del edificio que ocupa y que es de su entera propiedad, amenazando con cortar servicios esenciales como el gas y la electricidad”.

“En una preocupante escalada, tenemos entendido que el gobierno ha emplazado en los muelles a policías visiblemente armados en lo que parece ser una medida de intimidación. Estos son signos extremadamente perturbadores”.

“Estamos perturbados por los reportes de estas recientes medidas tomadas por el gobierno y pedimos que Ud. exprese su preocupación a sus contrapartes en Costa Rica”.

“Estos actos están conduciendo a un serio clima de represión y a una alarmante situación en cuanto a los derechos humanos. Este tipo de intervención estatal en el Sindicato de Trabajadores Portuarios SINTRAJAP parece ser ilegal además de inconsistente con el compromiso histórico de Costa Rica con la democracia y los derechos humanos”.

“Como miembros de la Asamblea Internacional de Derechos de los Trabajadores hallamos que estos reportes de abusos sostenidos en contra los derechos laborales y la ausencia de acciones correctivas por parte del gobierno de Costa Rica son muy alarmantes”.

“Costa Rica debe honrar sus obligaciones con los EE.UU. y con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Necesitamos ver una seria y sostenida voluntad política de parte del gobierno de Costa Rica, la cual, hasta el momento, no se vislumbra”.

“Sinceramente,”
Y firman los Congresistas: Phil Hare, Linda T Sánchez, Lynn Woolsey, Janice Schakowsky, James P McGovern, Bob Filner, Michael H. Michaud, Gene Green, Stephen F. Lynch, Boby L. Rush, Grace Napolitano, Raúl Grijalva, Pete Stark, Jhon Conyers Jr., Tammy Baldwin, Jesse L. Jackson Jr., Dale E.Kildee, Dennis Kucinich, Jerrold Nadler, Loretta Sánchez, Betty Sutton, Ivette Larke, Barbara Lee, Henry C. Johnson Jr. y Danny K. Davis

Fuente: Informa-tico.com

ANEP no acepta ser cómplice de MIDEPLAN

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San José, 3 de mayo de 2010.
S.G. 09-11-0703.10
¡URGENTE!

Licenciado
Roberto J. Gallardo Núñez
Ministro
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
Su despacho
Fax No. 2281 2751
Correo electrónico: roberto.gallardo @ mideplan.go.cr

Asunto: ANEP no participará en el “Taller de Análisis del proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio”

Estimado señor Ministro:

Con el debido respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.

Nos referimos a su oficio DM-194-10, fechado 28 de abril de 2010, por medio del cual se cursa honrosa invitación oficial de parte de MIDEPLAN, a fin de que la organización que nos digna representar, tome parte en el “Taller de Análisis del proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio”, previsto para este día miércoles 5 de mayo de 2010, en las instalaciones del Centro Cultural de México; proyecto que según su despacho “tiene por objeto determinar el marco legal general de las diversas relaciones públicas de servicio existentes en el Sector Público, establecer un régimen formal general de las relaciones públicas de servicio, atender adecuadamente los intereses públicos involucrados en esas relaciones, así como proteger justa y debidamente la posición del servidor público en dichas relaciones”. Agregó usted en el indicado oficio de su despacho, que tal iniciativa fue producto del trabajo de la “Comisión de Eficiencia Administrativa y de Reforma del Estado” CEARE, integrada ésta por “un grupo de profesionales asesores en diversas materias del Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública”.

Al respecto, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, así como el agradecimiento anticipado por considerarnos para los efectos del caso, nos vemos en la necesidad de indicarle que no participaremos en el mencionado taller ni en ningún proceso derivado del mismo, por las siguientes razones:

Primera: La ANEP necesita desarrollar un intenso proceso de divulgación, de información, de consulta y de debate con sus respectivas bases laborales y la estructura correspondiente de las mismas, tanto en lo que respecta a las seccionales sindicales de la organización a nivel del Sector Público, como con las agrupaciones gremiales con las cuales coordinamos procesos y acciones a través de alianzas formalmente establecidas según diferentes acuerdos bilaterales; e igualmente, con aquellas entidades con las cuales tenemos una dependencia orgánica a través de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). Además, será más que obligado debatir sobre el trasfondo político-ideológico y filosófico que una iniciativa de tal calibre emerja en la actual coyuntura nacional, habida cuenta de que la misma, según nuestra visión de país, está signada por la hegemonía del capital neoliberal y su estrategia hacia la reversión de derechos y de conquistas sociales en contra del bien común.

Segunda: Los alcances de la iniciativa en mención fomentan el desarrollo de procesos de interacción con otras entidades sociolaborales y gremiales del Sector Público, más allá de los ámbitos descritos en el apartado anterior. De esta suerte hay en desarrollo un proceso compartido de análisis que la ANEP está obligada a respetar de forma tal que actuaciones futuras correspondan a decisiones coordinadas en todos los sectores posibles.

Tercera: Como es de su conocimiento, la presente administración (ya por concluir), al igual que administraciones anteriores, han asumido el compromiso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de aprobar varios proyectos de ley, incluyendo la reforma procesal laboral (expediente 15.990), así como los convenios de OIT números 151 y 154, entre otros.

Cuarto: En el caso de la reforma procesal laboral, se ha desarrollado un proceso de negociación de, prácticamente, una década, durante el cual se han alcanzado acuerdos en un 90 % del proyecto, con las cúpulas empresariales, el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en representación del Gobierno de la República) y las organizaciones sindicales, así como con representantes de diversas fracciones legislativas. En el proyecto de reforma procesal laboral se regulan, fruto de esos acuerdos, tanto los procedimientos judiciales para tutelar los derechos laborales en el empleo privado como en el empleo público, así como los procedimientos y requisitos relacionados con la negociación colectiva, la solución de conflictos colectivos y la huelga, tanto en el sector privado como en el público.

A pesar de ese compromiso asumido por esta administración frente a la OIT, así como a pesar de los acuerdos alcanzados hasta ahora, se nos pide que iniciemos un diálogo sobre un proyecto que, ignorando esos acuerdos y compromisos internacionales, regula de forma diametralmente opuesta las materias antes indicadas. Es por ello que estimamos que, si esta administración (y/o la entrante), desea honrar su palabra y cumplir con un diálogo transparente y honesto, ante nacionales e instancias internacionales, debe proceder a la mayor brevedad posible, a aprobar los mencionados proyectos (reforma procesal laboral y convenios de OIT), procurando lograr acuerdos en los últimos puntos que aún se encuentran pendientes. Una vez cumplidas esas promesas y compromisos, con gusto estaremos en disposición de discutir cualquier proyecto de ley como el que se nos propone.

Vistas así las cosas, honorable señor Ministro Gallardo, no podemos aceptar la invitación con que usted distingue a la ANEP.

Finalmente, formulamos estos señalamientos puntuales:

La ANEP cree en los procesos de Diálogo Social pero con Negociación Efectiva, tal y como se lo expresamos a la propia señora Presidenta Electa, doña Laura Chinchilla Miranda, quien en próximas horas ha de asumir las riendas del Poder Ejecutivo. Ella compartió con el Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la ANEP, el día viernes 5 de marzo anterior y pueda dar fe de nuestra reiterada voluntad de diálogo y de participación en procesos sumamente complejos de asuntos de orden nacional con repercusión directa en el bienestar de la clase trabajadora por cuya causa abogamos.

En este asunto del proyecto “Ley General de la Relación Pública de Servicio”, se han involucrado aspectos de altísima sensibilidad para miles de personas trabajadoras asalariadas del Sector Público y sus correspondientes familias.

Debe a usted constarle que el tema de la estabilidad laboral en el empleo y su correspondiente remuneración, son elementos cruciales de sobrevivencia primaria en todos esos hogares, habida cuenta de un sostenido proceso de exclusión social y de creciente vulnerabilidad de pobreza que ya abarca, dolorosamente, a importantes segmentos laborales de la Administración Pública.

En tal caso, hay una profunda obligación ética y de lealtad mínima a principios que la ANEP debe observar para con sus representados y con sus representadas y para con las entidades sociogremiales y laborales, amigas y fraternas, con las cuales desarrollamos nuestro cotidiano desenvolvimiento organizacional. En el caso que nos ocupa ni un milímetro podemos movernos sin este imprescindible pensamiento de todas esas personas y sus correspondientes organizaciones.

Cuando estemos listos, tomaremos contacto con las autoridades de MIDEPLAN y del propio Gobierno de la República.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta Electa de la República.
cc.: Licda. Laura Alfaro Maikall, Ministra (designada), cartera de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN)
cc.: Licda. Sandra Piszk Feinzilber, Ministra (designada), cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Honorables fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa.
cc.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Trabajadores y trabajadoras del Sector Público.
cc.: Organizaciones sindicales y gremiales de la Administración Pública.
cc-: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP (CCN-ANEP).
cc.: Junta directivas seccionales de la ANEP en el Sector Público.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Personal de las unidades operativas de la ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

29 de abril y 1º de Mayo se unieron: ¡Democracia de la calle!

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Marcha de los y las trabajadoras municipales

(Video de ANEPtv)

Marcha con la Ley de Empleo Público

(Video de Stella Chinchilla)

Conservar nuestro trabajo es absolutamente prioritario e imprescindible;

· Defender nuestras conquistas laborales y sociales, es más que una obligación; es defender nuestra propia supervivencia;
· La democracia nos da el derecho de manifestarnos y nos da el derecho de defendernos;
· Únase, ya somos miles y seremos muchos más.

¡NO A LA LEY DEL SALARIO ÚNICO!

¡NO A LA PRECARIZACIÓN LABORAL

DEL EMPLEO PÚBLICO!

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• Mauricio Castro, abogado de ANEP, conversó sobre el tema

¿POR QUÉ LOS SINDICATOS RECHAZAN ESTE PROYECTO?

El abogado Mauricio Castro de la ANEP, explicó que este proyecto acabaría con las convenciones colectivas, el salario escolar, las negociaciones salariales y aplicaría una reducción importante en el aguinaldo, entre otros.

Las organizaciones sindicales rechazan en su totalidad el proyecto de Ley General de la Relación Pública de Servicio por considerarlo una iniciativa que acabará con grandes conquistas laborales, por eso desde ya advierten de fuertes acciones para evitar su aprobación.

Pero, ¿por qué se oponen a este proyecto de ley? DIARIO EXTRA consultó al abogado Mauricio Castro, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sobre el tema y este es un extracto de la entrevista.

¿Por qué se oponen al proyecto? – Nos oponemos por dos razones, una por la forma, nosotros tuvimos el compromiso del Ministro de Planificación de que esos anteproyectos que tenían, estaban siendo consultados con nosotros y luego de un proceso de diálogo y negociación serían enviados a la Asamblea Legislativa. Dos, porque el proyecto tiene una serie de problemas importantes para los trabajadores del sector público, porque viola derechos adquiridos, limita la negociación y les afecta económicamente.

¿Ustedes nunca fueron consultados durante la elaboración del anteproyecto? – En principio estábamos en proceso de consulta. En principio se nos entregó una versión un poco distinta de la que se entregó a la Asamblea Legislativa. El acuerdo que existió con el Ministro es que él iba a dar un tiempo de espera para que las organizaciones sindicales le hiciéramos las observaciones del caso y luego sentarnos a ver qué podíamos arreglarle al proyecto.

¿Cuáles son los beneficios laborales específicos que los empleados públicos perderían con la aprobación del proyecto?
-Hay varios, por ejemplo el aguinaldo que se paga completo, sin ninguna deducción, pero con el proyecto se pagaría como parte del salario único. El efecto inmediato es una disminución en el aguinaldo porque de ahí hay que pagar impuestos, cargas sociales y si se está afiliado a una organización o cuotas en caso de tener créditos. Además el proyecto elimina las convenciones colectivas vigentes, incluso el proyecto dice que si hay alguna convención colectiva que tenga una normativa que se contraponga a la ley, esas convenciones solo regirán por un año más y luego se eliminarán. Eso es una violación de un derecho adquirido y un convenio. eso es ilegal e inconstitucional, además se limita la negociación de continuar negociando convenciones colectivas. Otro problema es que el proyecto hace lo mismo con los decretos y reglamentos de trabajo de las instituciones.

¿Qué pasa con las negociaciones salariales y el salario escolar? – El salario escolar es uno que desaparece, porque en el sector público está establecido por decreto. Al no estar recogido en la Ley de Empleo Público, al quinto año de vigencia de esta ley, el reglamento que establece el beneficio adicional, como es el salario escolar, queda derogado. Sobre la negociación salarial, hay un problema importante a nuestro entender, porque se acaba. El proyecto lo que establece es que los aumentos salariales van a ser exclusivamente los reconocimientos por aumento en costo de vida, entonces no hay negociación salarial.

¿Hay algunos beneficios que se mantendrían? – Solo se mantendrían los derechos que estén establecidos por otras leyes, como por ejemplo: los profesionales en ciencias médicas tienen una ley de incentivos, esa permanece porque está por ley, si hubiera estado por convención o decreto la ley lo elimina.

¿El proyecto afecta por igual a los interinos y a los nombrados en propiedad? – No. Aunque el interinato está pensado en una relación temporal mientras la plaza se saca a concurso o vuelve el titular, la administración pública ha mantenido personal interino por años e incluso décadas, pero lo que este proyecto de ley dice es que el auxilio de cesantía solo se les pagará a los trabajadores nombrados en propiedad.

¿Cómo piensan defender las organizaciones sindicales los beneficios laborales adquiridos?
-Todavía no hay una posición unificada de las organizaciones sindicales sobre las acciones a seguir, pero por lo que hemos podido conversar todas las organizaciones sindicales del sector público están opuestas. Algunas ya están llamadas a las primeras movilizaciones.

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El Primero de Mayo de 2010

(Video de ANEPtv)

Un gran Primero de Mayo en el cual miles de trabajadores y trabajadoras del sector público, privado y de trabajadores independientes, inundó la ciudad de San José.

A las consignas de Libertad Sindical, salario digno y empleo decente, se unieron las de la lucha contra la minería a cielo abierto, los derechos de los y las trabajadoras de la música costarricense, el movimiento diversidad y hasta las de las trabajadoras del sexo.

Una marcha multicolor, multitudinaria que contrastó totalmente con la “celebración” que se realizó en la Asamblea Legislativa en donde el tema “importante” era el vestido y la “alfombra roja”, los bocadillos, el vino y el whisky…que por cierto pagamos todos y todas las costarricenses, ¿cuánto dinero desperdiciaron en eso?

Volviendo al tema importante, la gran marcha de la Clase Trabajadora se realizó en forma unitaria de todo el Movimiento Sindical y Social Costarricense, contó con un único discurso y un concierto de gran cantidad de artistas nacionales.

La comunidad nicaraguense, legalmente establecida en Costa Rica, tuvo su representación y colaboración en el Comité Organizador.

Música, banderas, unión, alegría y un gran espíritu de lucha que se fortalecerá con el tiempo, ante la arremetida de una oligarquía criolla que está aprendiendo muy bien la lección que le están dando las oligarquías centroamericanas que han hecho fortuna a sangre y muerte de sus pueblos.

El “plan macabro” de estas oligarquías avanza, quieren enviarnos al fondo del abismo de la muerte, el desempleo, la violencia y el hambre, así ganan ellos y ellas…lo oligarcas.

Contra este “nuevo” plan de exterminio oligárquico, el pueblo costarricense se organiza y lucha, la DEMOCRACIA DE LA CALLE se acrecenterá pese a las amenazas de represión y muerte.

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La nota Internacional

Gigantesca marcha en Honduras el 1o de Mayo en respuesta a política de terror y miseria

Por Dick Emanuelsson
Corresponsal sueco para América Latina. Cubre el mercado laboral para la prensa sindical sueca

Rebanadas de Realidad – Tegucigalpa, 01/05/10.- Es posible que solamente la marcha en la Habana, Cuba, fue más grande en América Latina y el Caribe. Porque la marcha el 1º de Mayo en la capital hondureña sobrepasó tosas las expectativas y debe interpretarse para el régimen de Pepe Lobo como una clara advertencia que ¡“No intenta a jugar con el pueblo trabajador organizado por que la respuesta será contundente”!

Entre 500.000-700.000 personas se calcula que marchaban en la capital hondureña y en uno de los puentes en el Boulevard de Fuerzas Armadas se pudo ver una grañidísima manta con el texto: “Con la Unidad Popular a la Victoria Final”.

Unidad contra política de hambre y terror

Y la unidad fue lo que caracterizaba este primero de mayo en Honduras. Las tres centrales obreras, organizaciones campesinas, estudiantiles, juveniles, mujeres, organizaciones de las colonias y barrios encabezados por el Frente Nacional de Resistencia Popular marcaron la unidad popular como un solo puño. Es más, las tres centrales obreras están en serias discusiones de unir sus fuerzas en una sola central.

La marcha de ayer es considerada por los organizadores como quizás el más importante acontecimiento después la gran huelga general durante dos meses en 1954 dirigidos por trabajadores bananeros en contra la explotación de las empresas de Standard Fruit Co u otros que trajo consigo una de la legislaciones laborales más avanzadas en Centroamérica de esa época.

“Estamos militarizados con la bota militar al cuello”

Entre los manifestantes conversamos con Adriana Guevara, que desde su silla de rueda expresaba su opinión en la marcha, exigiendo libertad y justicia social para el pueblo hondureño.

– Me duele la pobreza en mi país Honduras. Si estoy en la calle es por que he tomado conciencia plena de la realidad que se vive en nuestro país. No es posible que hasta la fecha estemos militarizados en Honduras con la bota militar al cuello, decía la compañera que refleja los anhelos de todo un pueblo.

Cuando la punta de la marcha había llegado a la “Plaza Isis Obed Murillo” todavía no había salido los últimos manifestantes de la Universidad Pedagógica, varios kilómetros de la parte sur del aeropuerto internacional Toncontin. Ahí fue asesinado Isis Obed Murillo por francotiradores del ejercito el 5 de julio de 2009, una semana después el golpe de estado militar y en momentos en que el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales intentaba de aterrizar, hecho que fue obstaculizado por cuatro camiones militares que fueron ubicados en la pista de aterrizaje.

Masiva participación en todo el país

– Esta es una tremenda demostración de fuerza de la Resistencia y los sindicatos de Tegucigalpa. Y así como ha sido Tegucigalpa ha sido todo el país; masiva la participación del pueblo hondureño que ha despertado después del 28 de junio de 2009 en que hubo un golpe de estado que continua con unas autoridades en el poder y que el pueblo hondureño esta peleando es la consigna de una Constituyente, dice Guillermo Ponce, vicepresidente del combativo sindicato clasista Stibys, que organiza los trabajadores en las cervecerías en el país.

Las reivindicaciones en el Día Internacional de la Clase Obrera no pueden faltar. Ponce advierte por el hecho de que los patronos tratan con todos los medios de tercerizar la organización del trabajo en cada empresa, y así desarmar la organización de defensa de los trabajadores, el sindicato, y convertir cada trabajador en una presa fácil. También podemos observar una penosa postergación de las negociaciones por el salario mínimo de 2010 por parte del régimen de derecha de Pepe Lobo que, con su ministro de trabajo, Felícito Ávila, ex secretario general de la central obrera CGT, ofrece a los trabajadores hondureños migajas en la mesa de los patrones, sostiene Ponce:

El sindicalista que cambió la camiseta

– Es la estrategia de los empresarios que han financiados el golpe de estado. Tienen la autoridad de alargar y alargar. Segundo; Están tercerizando las funciones. Es decir, están pasando funciones permanentes a temporales y con eso elimina la contratación colectiva que elimina a los sindicatos y eso es una violación flagrante.

– El ministro de Trabajo, Felícito Ávila, participó en el proceso electoral el 29 de noviembre de 2009 que constituye un apoyo al golpe de estado. Ese hombre habría podido estar acá hoy pero él no tiene ningún sentido de obrero, es una realidad. Legitimaron el golpe de estado a través de las elecciones.

Ofensiva de firmas para una nueva Constituyente

El Frente Nacional de Resistencia Popular esta en plena campaña de recaudar más de dos millones de firmas para poder realizar el plebiscito sobre una nueva Constituyente el 27 de junio. Tomamos el pulso del líder sindical como va la campaña.

– Hemos avanzado muchísimo. Hoy, con toda la seguridad, vamos a juntar más de un millón de firmas. La segunda tarea que tiene el Frente es trabajar para que el presidente Zelaya regrese al país, que es su país.

Trabajadores universitarios en huelga de hambre

Osman Ávila es fiscal del sindicato de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras, SITRAUNAH. Cuenta en la entrevista que la universidad vive un conflicto que data desde el año pasado por la intransigencia y la obsesión de la rectora Julieta Castellanos de no firmar el 15º contrato colectivo con Sitraunah.

Al contrario, Castellanos ha despedido 186 trabajadores, una acción totalmente contraria todas las normas y convenios de la OIT. El sindicato ha respondido de iniciar una huelga de hambre que llevan 11 trabajadores. La rectora Castellano ha declarado que le importa un “pepino” si alguien en la huelga de hambre muere.

– Se ha dado la tarea la rectora de publicar ante el mundo, y eso es lo penoso, que no le importa la vida de nadie. Que su posición a nivel de rectora es una posición de un capataz pero un capataz mucho más allá de lo que podría ser una persona normal. Entendemos que esa actitud de ella obedece a posiciones súpermarcada adentro de la oligarquía. La posición de la rectora es mostrar una especie de nepotismo, de un patrón que realmente no interesa verificar el trabajo que nuestros compañeros están haciendo.

– Y mucho más terrible es que estamos al frente a una socióloga, una estudiosa de las sociedades que sabe que sus manifestaciones son ilegales.

Lo incomprensible y contradictorio en ese sentido es: ¿Como van a interpretar los estudiantes de la facultad de derecho las leyes hondureñas y convenios internacionales que regulan los conflictos en el mercado laboral si la rectora de su universidad las viola flagrantemente?

La juventud presente

El 1º de Mayo en Tegucigalpa fue una gran fiesta del pueblo-pueblo con una impresionante participación de juventud que ven que el panorama económico-político muy oscura. Las oportunidades en un mercado laboral en donde los patronos tienen todas las facultades de explotar la clase obrera son óptimas.

¿Como canalizar el capital político que han dado el medio millón de hondureños solo en la capital de Honduras a la dirigencia del Frente Nacional de Resistencia Popular y los lideres del movimiento sindical? Pues las tareas son múltiples y el pueblo en las calles de Honduras mostró ante los uniformados que no les tiene miedo.

1º de Mayo: «Por Libertad Sindical, Salario Digno y Empleo Decente»

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Descarga el AFICHE del Primero de Mayo de ANEP y la historia del día de la Clase Trabajadora de ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha.

Marcha del 1º de Mayo

Salida: Plaza Juanito Mora Porras, frente a Correos de Costa Rica central
Hora: 08:00 a.m.
Llegada: Plaza de la Democracia

Actividades:

Marcha hasta la Plaza de la Democracia en donde se realizará un único discurso y posteriormente se realizarán actividades culturales, entre las cuales estará un concierto musical.

La Central Social Juanito Mora Porras, ANEP incluída, se concentrará en la Plaza Juanito Mora Porras frente al edificio central de Correos de Costa Rica, desde las 8:00 a.m. y de ahí marchamos hacia la Plaza de la Democracia.

Personas trabajadoras afiliadas a la ANEP, debidamente inscritas, recibirán frente a Correos, la camiseta y demás objetos de indentificación de ANEP.

Centros de información laboral

ANEP tendrá dos puestos de asesoría laboral para trabajadores y trabajadoras que deseen información sobre sus derechos laborales. Uno estará ubicado en el Parque Central y otro en la Plaza de la Democracia. La asistencia será gratuita y se dará tanto a nacionales como extranjeros que laboran en Costa Rica.

Esta asesoría se estará brindando desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Junto a la ANEP también estarán dando asesoría laboral compañeros y compañeras del Centro de Derecho Laboral de Cáritas.

Concurso de mantas

-La confeccion de las mantas se iniciará a principios de abril por las tardes y un par de fines de semana en la Casa Sindical “Mario Alberto Blanco Vado” de ANEP.

-Las seccionales interesadas deben comunicarse a la ANEP, con Giovanny Ramírez, para coordinar el diseño y materiales que se requieran, así como los momentos de trabajo. Pueden llamar al 2257-83-233 o al 8359-5788.

-Habrá premiación para las mejores mantas.

– Pueden participar compañeros y compañeras de seccionales con habilidades manuales, conocimiento artistico e interés en hacer un trabajo atractivo y con mensaje.

– También pueden venir a realizar mantas menos complejas u otras iniciativas artísticas, y recibirán algún grado de asistencia en la confección.

Temática

Deben ser alusivas al trabajo, a la lucha de la clase trabajadora por sus derechos laborales, humanos, contra el trabajo infantil, derechos de las minorias, salario digno, libertad sindical, alto costo de la vida, etc.

Deben tener muy visibles las siglas de nuestro sindicato ANEP y la Seccional de la institución a la que corresponde.

Se aceptan todas las colaboraciones, especialmente de personas con conocimiento y habilidades artísticas para colaborar.

Publicado: 2010-04-05

Ley de Empleo Público: ¡Lo que usted debe conocer!

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Lea también: Para entender la “LEP” y la reforma laboral neoliberal
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Desde hace muchos años este modelo neoliberal de desarrollo que vienen imponiendo a la fuerza en Costa Rica, busca eliminar derechos y garantías ganadas por la clase trabajadora costarricense.

El análisis de este “Proyecto de Ley” deja claro que lo que pretende la Administración de los hermanos Arias Sánchez es modificar las relaciones laborales en el sector público eliminando esos derechos y garantías sociales.

Entre los documentos se encuentra un análisis o Estado de situación de la violación a las libertades sindicales en Costa Rica y que han sido denunciadas ante la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto está relacionado también al Proyecto de Ley en Mención.

La Ley, te va a quitar derechos:

1. Cubre a TODOS los empleados públicos del Gobierno Central y las instituciones autónomas (Policía, MOPT, MEP MSalud, CCSS, ICE, AYA, etc).

2. Ya no lo protegerá el Código de Trabajo, porque le aplicarán “las reglas y principios generales del Derecho Administrativo…” (Artículo 5).

3. Le quitan los pluses de Anualidades, Carrera Profesional, más de 10 días de vacaciones, etc., porque le aplican el Salario Único (Artículos 69 y 43). Esta ley deroga todas las leyes y reglamentos que se le opongan (Artículos 118 y 21).

4. Si un trabajador se niega a recibir el Salario Único, después de 5 años pierde todos sus derechos adquiridos (Transitorio I).

5. Lo pueden despedir, pagándole prestaciones sólo por 12 años de trabajo (Artículo 64).

6. Lo pueden despedir por normas reglamentarias y hasta por “pérdida de confianza” (Artículo 75).

7. Lo pueden trasladar cuando el patrono lo desee (Artículo 32).

8. Los nombramientos interinos serán por un máximo por 6 meses y no generan obligaciones patronales, no hay pago de prestaciones para los interinos (Artículo 48).

9. Se acaban las negociaciones salariales. El Gobierno fija los aumentos con base en la inflación que él reconozca y nada más (artículo 68).

10. ¿Dónde se resuelve esto?

La lucha NO es en la Asamblea Legislativa donde ellos tendrán los votos necesarios: Liberación (24) + Libertario (9) + Cristianos (2) + PUSC (6) = 41 votos, la lucha es en las calles…¡¡¡¡DEMOCRACIA DE LAS CALLES!!!!

Documentos adjuntos
(Descárgalos de ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha o de aquí mismo)

1) Documento uno: Texto del proyecto. Expediente legislativo No. 17.628, formulado por el diputado Jorge Luis Méndez Zamora.

2) Documento dos: Primer análisis oficial de la ANEP, a cargo del Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.

3) Documento Tres: Presentación de contenidos del proyecto a cargo del Licda. Ileana Vega Montero, de la APSE.

4) Documento Cuatro: Un contexto sociopolítico del problema frente a las demandas al país de parte de la OIT.

Publicado el 20-04-10