Con profundo pesar, dolor e indignación nos hemos enterado de las acciones que llevaron a la muerte de Bety Cariño, directora CACTUS, Yri Antero Jaakkola, Observador de Derechos Humanos de Finlandia, en Oaxaca, México.
Como organización hermana, en la búsqueda de un mundo justo, solidario y en donde el ambiente y la vida en el planeta sean la prioridad, condenamos las acciones de grupos paramilitares el pasado 27 de abril en Triqui, municipio autónomo de San Juan de Copala, contra una Caravana por la Paz, bajo las órdenes del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Culpamos de estos hechos al gobierno de Felipe Calderón, dada su incapacidad y complicidad con la situación que viven nuestros hermanos y hermanas de México en los ámbitos político, económico y social. Exigimos una investigación profunda y justicia para las personas asesinadas y la libertad inmediata de las detenidas y desaparecidas. Hacemos llegar nuestra condolencia y solidario abrazo a nuestros hemanos y hermanas de Código Sur con quien Bety Cariño mantenía lazos de amistad y colaboración.
La lucha por la que Bety, Yri y muchos otros han muerto no es en vano. Es el ejemplo con el cual millones de personas en todo el mundo, seguimos en la búsqueda de esa Nuestra América, de ese Nuestro Nuevo Mundo. Su ejemplo también nos da la fuerza para seguir luchando y mantener vivo ese ejemplo.
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP de Costa Rica, para todo nuestro sindicato, la llama de personas luchadoras como ellos, nos impulsa a continuar y fortalecer los lazos de colaboración, amistad y lucha con todas las personas y organizaciones en lucha.
Un abrazo fraterno,
Martín Rodríguez Espinoza Unidad de Información y Comunicación ANEP, Costa Rica 29 de abril de 2010
Mitin frente a la sede de la Embajada de México en Costa Rica
El pasado lunes 3 de mayo sde realizó un mitín en el cual se entregó a la embajada mexicana en San José, Costa Rica, la entrega de más de 200 firmas de personas y organizaciones sociales de nuestro país.
El objetivo del mitín fue protestar contra el asesinato de Bety Cariño y Tyri Antero Jaakkola, cuando la Caravana Humanitaria fue atacada por paramilitares (ver info abajo).
La carta entregada en la embajada de México en Costa Rica
San José, 2 de mayo de 2010
Sr. Zadalinda González y Reynero
Embajadora de México en Costa Rica
Señora Embajadora:
Las organizaciones y personas abajo firmantes, nos dirigimos a usted para manifestarle nuestro pesar y repudio por el asesinato de Beatriz A. Cariño (Betty), directora del Colectivo CACTUS, y del observador internacional en Derechos Humanos, de nacionalidad finlandesa, Yiri Antero Jakala.
Este horrendo crimen ocurrió el pasado 27 de abril, mientras se dirigían en una Caravana de apoyo y solidaridad con el municipio autónomo de San Juan Copala de Oaxaca. La caravana fue emboscada por paramilitares, quienes abrieron fuego directo que ocasionó estas dos muertes y varias personas heridas. Así mismo, se reportan desaparecidos los compañeros Noe Bautista Jiménez, David Venegas Reyes y Daniel Arellano Chávez, integrantes de VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad) quienes también iban en la caravana que fue atacada.
Lamentablemente, esta no es la primera noticia que recibimos de asesinatos de activistas de los movimientos sociales en México y en nuestra región Mesoamericana. Desde hace varios años estamos viendo venir una ola de represión, persecución y masacre contra todas aquellas personas que se enfrentan a los atropellos del capitalismo neoliberal que en contubernio entre gobiernos y empresas transnacionales pretenden saquear nuestros pueblos.
Es vergonzoso saber que las personas como Betty, activas, humildes, solidarias, preocupadas por los derechos de quienes menos tienen, las personas indígenas, campesinas y principalmente las mujeres; luchadora incansable contra todas las injusticias, sean asesinadas impunemente en el país que usted representa.
Desde Costa Rica, país al cual Betty visitó para unir esfuerzos en la solidaridad y hermandad de los pueblos y la articulación de los movimientos sociales, nos hemos consternado con esta noticia. Pero a la vez nos llenamos de su fuerza, y ejemplo para seguir alzando nuestra voz, y además de seguir luchando por las mismas causas, sumarnos a las miles de voces del mundo que hoy reclaman que se haga justicia ante este y los demás crímenes que están ocurriendo en México, y particularmente en Oaxaca.
Por eso, le solicitamos que por su intermedio manifieste a las autoridades competentes, tanto a nivel federal como regional nuestra exigencia de que:
– Se detengan todo tipo de violencia o represión contra las comunidades y organizaciones sociales de la región de Oaxaca, y de todo el país.
– El cese del asedio militar, la falta de electricidad, agua y servicios de salud, del municipio autónomo San Juan de Copala, donde se están violando sus derechos humanos esenciales.
– La investigación y castigo de los responsables directos y ocultos del crimen de Betty Cariño, Tyri Antero, y demás activistas asesinados en los últimos años.
– La aparición con vida de Noe Bautista Jiménez, David Venegas Reyes y Daniel Arellano Chávez.
– El cese del financiamiento, armamento e impunidad del cual gozan los grupos paramilitares en la región.
Desde Costa Rica, y otras partes del mundo, nos mantendremos vigilantes de lo que ocurra en México y mantendremos la solidaridad permanente con todas las y los activistas que en cualquier rincón del pueblo mexicano se mantiene con dignidad y rebeldía en resistencia. Firmamos:
Bety Cariño en una de sus últimas intervenciones en defensa del agua
La Agencia Estatal de Investigaciones recogió los cadáveres del finlandés Tyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño, de la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala y que fue atacada a balazos por paramilitares de a la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort).
La policía sigue sin localizar a varias personas desaparecidas, entre ellas varios europeos –se cree que corrieron al monte tratando de protegerse de los disparos–, porque el grupo paramilitar que controla la zona sólo le permitió el acceso por algunas horas.
Los policías dijeron a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea –que está en las inmediaciones de San Juan Copala buscando a los 2 reporteros de esa publicación desaparecidos –, que el grupo paramilitar amenazó con atacarlos si no se retiraban. Ofrecieron que hoy, de día, volverán a incursionar en el monte, previa tregua con el grupo armado.
Badillo solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para que las autoridades recuperen el control de la zona y los desaparecidos puedan ser buscados. En la caravana participaban 25 personas, entre activistas y periodistas.
No se tiene información oficial del número de personas heridas ni muertas, porque el Gobierno local se ha negado a entrar a la zona. Por su parte, el Gobierno federal ha hecho caso omiso de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil y de diputados, diputadas y Senadores para ingresar a rescatar a las víctimas.
Solo se ha logrado confirmar la lamentable, triste y dolorosa muerte de nuestra compañera y hermana Bety Cariño directora de CACTUS e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano y de Juri Jaakkola, observador de derechos humanos de nacionalidad finlandesa
Bety Cariño Trujillo, ees una defensora de derechos humanos desde más de 15 años, tiene un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la mixteca capacitando a los pueblos indígenas de la región y brindando solidaridad y asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos, de igual manera impulso la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades de la zona y logró junto con varias organizaciones más crear la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano, actualmente tenía el acompañamiento de una organización internacional de protección a defensores de derechos humanos por el riesgo que enfrentaba en el ejercicio de trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Bety será recordada como una compañera y luchadora incansable que perdió la vida acompañando una caravana humanitaria que buscaba como siempre lo hizo, el beneficio de los más pobres, como una compañera confiable, comprometida e incanzable que acompañara nuestras luchas con su espíritu y que no nos dejará rendirnos hasta encontrar la justicia y el castigo de este acto estúpido de barbarie y violencia perpetrado por un grupo paramilitar que actúa bajo la complacencia del gobierno del estado de Oaxaca.
Hasta el momento de enviar esta comunicación, cuando menos 6 personas se encontraban en calidad de desaparecidas en las inmediaciones del ataque. Entre las personas desaparecidas se encuentra 1 ciudadano de Bélgica, 3 integrantes de VOCAL y 2 periodistas de la revista “Contralínea” que acompañaban la Misión humanitaria.
Las autoridades estatales se habían negado a entrar a la zona a constatar el estado físico de los integrantes de la misión, aunque según reportes de compañeros que se encuentran en Juxtlahuaca un convoy de aproximadamente 45 elementos de la policía estatal en compañía del Ministerio Público y de servicios periciales habrían realizado un operativo para ingresar a la zona del ataque a las 10 de la mañana del día de hoy, desconociendo hasta el momento el resultado de dicho operativo.
En este momento se encuentran desaparecidos:
1. Martin Sautan – Bélgica 2. David Venegas – Oaxaca – Vocal 3. Noé Bautista – Oaxaca- Vocal 4. Fernando Santiago – Oaxaca – Brigadas Indígenas 5. David Cilia – Contralínea 6. Ericka Ramírez – Contralínea
Ante esta brutal agresión en contra de los defensores, defensoras y observadores internacionales de derechos humanos, de representantes de los medios de comunicación y del horrible asesinato de nuestra compañera Bety Cariño, exigimos a las autoridades estatales y federales:
• Ingreso a la zona de la agresión, recuperación de los cuerpos, rescate de los desaparecidos o secuestrados, atención a los heridos.
• Presentación con vida de los activistas, defensores y periodistas desaparecidos.
• Establecimiento de garantías de seguridad para los heridos y para los sobrevivientes.
• Intervención de la Procuraduría General de la República en la investigación de estos hechos.
• Investigación y sanción a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos algunos de ellos habitantes de la comunidad de La Sabana Copala, pues desde las casas de este lugar se perpetro el ataque y que presumiblemente pertenecen a la organización paramilitar denominada Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT)
• Investigación imparcial, expedita y certera a cargo de la Procuraduría General de la República para castigar a los asesinos de este grupo paramilitar.
• Destitución inmediata del Secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, de la Procuradora del Estado y del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por negarse a intervenir de manera oportuna una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, favoreciendo con ello la actuación impune del grupo paramilitar agresor.
Solicitamos la intervención de las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional para denunciar estos hechos, de los medios de comunicación para darlos a conocer y de toda la sociedad en su conjunto para exigir su esclarecimiento.
Fuentes: Varias agencias Alternativas de Información
*1. *Primero, hay que entender que estas políticas, impulsadas desde el exterior, se hallan hoy escalando lo que se llama una “segunda generación” de reformas. Salidas del Consenso de Washington de los años 1990, fueron diseñadas por el Banco Mundial desde inicios de este siglo, para terminar de modificar las relaciones entre el Estado y el mercado a favor de este último haciéndolo, junto con su personal, una maquinaria al servicio directo de la clase financiera y empresaria transnacionalizada que no puede operar del todo sin él.
2. Si la primera generación de reformas en tiempos de Calderón, Figueres y Rodríguez (1990-2002) se dedicó a lograr los llamados equilibrios macroeconómicos (fiscales, financieros y monetarios) y a reducir el tamaño del Estado y algo de su planilla, trasladando muchas de sus funciones a manos privadas, hoy día bajo los Arias-Chinchilla la segunda fase de la estrategia de privatización es y será más radical y profunda. Pues persigue hacer, de lo que queda en pie del aparato estatal, un simple apéndice operativo del gran capital, sujeto a las necesidades y dictados empresariales y de las cámaras patronales. Y, de paso, acabar con el sindicalismo de centro-izquierda, dejando solo el derechista, como lo busca la LEP.
3. Por eso, se habla de la necesidad de una segunda etapa de la Reforma del Estado, la cual había quedado rezagada a finales del siglo pasado. Una que permita liquidar cualquier autonomía relativa del Estado como “ente público”, obligándolo a adoptar internamente estilos y métodos de empresa privada (incluyendo en el manejo del personal); y externamente, a contribuir en directo a la rentabilidad de los grandes negocios privados transnacionales. Y aquí es donde toma sentido la idea de eliminar la intervención estatal en el mercado laboral. Para lograr esta sujeción del Estado a la maquinaria mercantil privada, se procede a ubicar los empresarios (o sus representantes políticos y técnicos) en puestos claves al frente del mismo; y se lanza una serie de reformas a leyes que supuestamente frenan o distorsionan la formación y circulación del capital, entre ellas las laborales. La administración Arias ha sido la mejor exponente de este esquema neo-institucionalista, privatizador y corrupto, donde el sector privado termina absorbiendo el sector público y haciéndolo una plataforma de sus negocios, muchos de ellos vinculados a corporaciones transnacionales, como lo vemos a diario en el campo del turismo, las telecomunicaciones, la concesión de obra pública, entre otros de alta rentabilidad) y todo a cargo de dóciles funcionarios que actúan más a favor del lado privado que del público.
4. Hay que anotar que la reforma laboral neoliberal que se quiere aplicar al sector privado con las leyes de flexibilización del Plan Escudo y ahora al público con la LEP, es una reforma clave para el país porque fija la distribución del poder entre trabajadores y capitalistas, altos funcionarios y empleados. Está en la base del régimen de la propiedad pública y privada, así como de todo el sistema jurídico, político y social. Es fundamental para el equilibrio, la justicia y la paz social. Cualquier reforma del derecho del trabajo que venga a afectar en el fondo a la Constitución Política en su capítulo de las “Garantías Sociales”, al Código de Trabajo y demás leyes conexas, altera la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Lo hace, en la medida que el Derecho del Trabajo determina el monto del salario percibido por el trabajador, su sustento y el de su familia; y en ese tanto, define la cuota de ganancia que acumula el capitalista, así como el nivel de vida, sea de bienestar o de precariedad, que puede tener la clase trabajadora en cualquier sector.
5. En la materia laboral, el objetivo de la reforma y de la LEP es eliminar la injerencia estatal y de los sindicatos en la regulación del mercado laboral, especialmente en cuanto favorezca la protección, la dignidad, el nivel salarial y de vida de los trabajadores de todos los sectores de la economía. Se plantea bajo el pretexto infundado de que la legislación sociolaboral causa distorsiones y rigideces que impiden la generación de empleo; la mejora de los salarios y de las condiciones generales de trabajo; bajan la productividad y frenan la competitividad y la inversión extranjera. Por lo que las relaciones capital-trabajo deben sujetarse, por un lado, al más libre juego de la oferta y la demanda, y por otro, a un manejo flexible dominado omnímodamente por el empleador o patrono, que haga del trabajador una mercancía completamente removible y desechable. Sobre todo ahora que entran a operar TLCs con China y otras potencias asiáticas, esto se vuelve un imperativo manchesteriano para bajar los salarios, subir beneficios para las empresas de los ricos y competir mejor, sin que los sindicatos, los tribunales laborales, ni nadie moleste.
6. Otra curiosidad. En la reforma neoliberal del trabajo para el sector público, plasmada en la LEP, el “patrono público” o jerarca institucional, aparece de pronto transformado en un “cliente” que compra un “servicio” a un proveedor individual en condiciones de la mayor libertad. Por eso, en la LEP no se habla de trabajador ni de trabajo, en el sentido clásico en que lo hace el socialismo y hasta la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Tampoco de “relaciones laborales” u “obrero-patronales”, sino de “servidor público” y de unas tales “relaciones públicas de servicio”; y se crea todo un ámbito legal alternativo de puro Derecho Administrativo, separado y antagónico respecto del Código de Trabajo y las Garantías Sociales. Toda la LEP se refiere a una especie de intercambios entre servidores-suplidores y compradores-jerarcas de entes públicos, de una simple provisión de un “servicio” más puesto en el mercado por quien tiene la capacitación y experiencia para hacerlo, el “servidor público”. Una transacción de escasa trascendencia, que debe ser abaratada con un “salario único” o precarizada, haciendo del empleado público una pieza dúctil y desechable del engranaje estatal acoplado al de la empresa privada: por lo que debe desligarse de cualquier conexión con la legislación social y laboral vigente, para que ésta no interfiera inclinando la balanza a favor del trabajador como parte débil de la relación laboral como sucede en el Código de Trabajo. Tal legislación debe eliminarse o, de subsistir, marginarse como derecho secundario o subsidiario para todo el sector público. Esto lo deja bien claro la LEP pisoteando todos los logros de reformismo socialdemócrata y socialcristiano de años de 1940, asunto que debería preocupar mucho a la Iglesia Católica.
Por aquí es donde anda mucha de la procesión en la materia de reforma laboral neoliberal para el sector público que MIDEPLAN quiere dejar aprobada antes de que dejen los Arias el gobierno y que los sindicalistas de derecha dicen estar anuentes a “negociar”. Bajo tales condiciones nefastas, la LEP no es cualquier ley. Hay que entenderla no solo en el detalle, o la letra menuda jurídica de su articulado, sino principalmente desde el contexto arriba planteado (el “empresario indirecto”) para ver su significación y sus alcances políticos y estratégicos en materia de dominación de clases y de explotación del trabajo nacional por el capital local y extranjero. Habrá, por eso, mucho de que hablar en esta materia, aunque el proyecto de la LEP haya sido temporalmente retirado de la discusión parlamentaria y el ministro de Planificación afirme que lo consultará con los afectados, demostrando que, contrario a como deben discutirse estas cosas en una democracia, lo venía manejando de un modo elitista y secreto, desatando así muy malos augurios respecto de las reales intenciones que se mueven para su tramitación en las cúpulas y sombras del poder. Volveremos sobre el tema.
Trabajadores y trabajadorasn de diversas de las municipalidades de San José, Santa Ana, Curridabat, Oreamuno, entre otras, marcharon este jueves 29 de abril contra la “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
El gobierno de los hermanos Arias Sánchez pretende “irse” de la Presidencia dejando privatizados todos los servicios públicos que sea posible. Tras su campaña electoral y la conclusión de “su gobierno”, debe de “cancelar los favores” a quienes “aportaron” para su reelección, y qué mejor que dejarles en bandeja de plata el negocio de los puertos, servicios públicos, concesiones, telecomunicaciones, electricidad, agua y salud.
La manifestación de este jueves tenía el propósito de “mostrar el más grande repudio y condena enérgicapor una forma de gobernar de espaldas a la gente, de espaldas a la ciudadanía, debajo de la mesa, chantajeando, corrompiendo, manipulando, engañando. Mediante una maniobra política artera, vil, sorpresiva, a escondidas y sin la menor transparencia; la Asamblea Legislativa obedeció las órdenes emanadas del sector financiero y aprobó el expediente No. 16.385, con el nombre oficial de “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”; cuyo real nombre debe ser “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”. “dijo Albino vargas Barrantes, Secretario general de ANEP.
La manifestación salió del edificio de la Municipalidad de San José y marchó hacia Casa Presidencial en donde entregarían una nota con firmas de trabajadores y trabajadoras municipales exigiendo que no se ratificara la mencionada Ley.
Esta ha sido la primera de una serie de acciones que se estarán realizando en todo el país hasta que esta Ley sea derogada.
En las pacíficas manifestaciones que se han dado este jueves 29 de abril, en diversos puntos del país, fue en Limón en donde “curiosamente” se dió un hecho lamentable.
Infiltrados en la manifestación dispararon contra los militares que llegaron a dispersar la pacífica marcha que se realizaba. Quemaron algunos furgones y provocaron el pánico entre las profesores y trabajadores que marchaban de forma pacífica.
Esta situación, claramente provocada, luego de la “firma en tiempo RECORD” de las modificaciones a la Convención Colectiva de JAPDEVA, entre en Gobierno de Oscar Arias sus títeres de la dirigencia de facto en SINTRAJAP, deja muy claro que NECESITAN provocar pánico, encarcelamientos y muerte, con tal de privatizar los muelles.
Albino Vargas Barrantes, se refiere a esta situación provocada en Limón
MANIFESTACIONDEL 29-4-2010 A la comunidad en general:
Lo que inicialmente era una manifestación pacífica, en la que se pretendía hacer un llamado de atención de las autoridades del gobierno, para que se abran espacios de diálogo para tratar de resolver los problemas que aquejan al pueblo limonense. Ante una intervención desmedida de la fuerza pública, que arremetió y agredió a los manifestantes, se dieron enfrentamientos.
Aclaramos que los actos violentos que se dieron no fueron planificados ni se aprueban de ninguna forma, pero resultaron como respuesta de la agresión que hizo la fuerza pública a los manifestantes.
Es muy difícil o imposible poder contener las reacciones de las personas cuando se sienten agredidas y tienden a defenderse.
Hay muchos manifestantes arrestados, afectados por los gases lacrimógenos, golpeados y heridos, por lo que responsabilizamos a las autoridades, tanto por los daños ocurridos, como por las afectaciones de los manifestantes, que en ningún momento pretendieron tener enfrentamientos con la policía.
Japdeva y (su) sindicato pactan concesionar muelles de Limón. 1.500 empleados recibirán (soborno) $137 millones cuando firma privada asuma puerto. Negociación elimina beneficio que permitía cierre de muelles 11 días al año.
Japdeva y su sindicato de trabajadores firmaron ayer una reforma a la convención colectiva que autoriza la concesión de los muelles de Limón y Moín, a cambio de una indemnización de $137 millones para los empleados portuarios.
También se acordó eliminar un benefició que permitía el cierre de los puertos 11 días al año, para que sus funcionarios disfrutaran de actividades como el carnaval de Limón (en octubre), el Día de la Madre, Jueves y Viernes santos y la asamblea ordinaria del sindicato.
Ahora, los muelles caribeños tendrán que operar 24 horas diarias y los 365 días del año.
Los alcances del acuerdo fueron confirmados ayer por Allan Hidalgo, nuevo presidente de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
También los ratificaron Francisco Jiménez, ministro de Transportes y expresidente de Japdeva, y el secretario adjunto del sindicato, Rogelio Williams.
La reforma fue firmada ayer a las 2 p. m. por representantes patronales y de los trabajadores, y a las 5 p. m. ya había sido avalada por la junta directiva de Japdeva.
Para hoy, está previsto el envío del documento al Ministerio de Trabajo, el cual deberá homologar o rechazar la nueva convención, explicó Allan Hidalgo.
Lo nuevo. La reforma a la convención interna de Japdeva incluye un nuevo capítulo denominado “Desarraigo de la convención colectiva”, el cual hace referencia a la concesión de los muelles y al pago de la indemnización.
Dicho pago cobijará a 1.100 empleados permanentes e interinos, y a 400 empleados suplentes.
Los permanentes e interinos recibirán ¢4 millones por cada año laborado hasta un tope de 20 años.
Por su parte, los suplentes recibirán ¢1 millón por cada año laborado hasta un máximo de tres años con la condición de que hayan trabajado, al menos, tres años del último quinquenio.
La nueva convención quedará sin efecto en el momento en el que haya “un contrato refrendado con un concesionario”, dijo Hidalgo.
El Gobierno estima que el proceso de licitación y adjudicación se completará en el 2011.
El concesionario que asuma Limón y Moín será responsable de administrar y modernizar los muelles existentes y de construir una nueva terminal para barcos portacontenedores en Moín.
La lista de beneficiarios de la indemnización debe incluirse en los contratos de concesión, pues $100 millones serán aportados por la concesionaria y los $37 millones restantes por el Estado.
La semana pasada, Liroy Pérez, exsecretario de prensa del destituido sindicato de Japdeva, desacreditó las negociaciones entre la administración y el nuevo sindicato.
_“Nuestra convención colectiva está en peligro, si no es que ya la despedazaron_”, declaró en una circular enviada a los empleados.
Desde principios de este año, la anterior cúpula de Sintrajap, comandada por Ronaldo Blear, presentó acciones ante la Sala IV y en un Tribunal Contencioso Administrativo, para tratar de frenar las actuaciones de la nueva dirigencia.
Aunque estos procesos están pendientes de resolución, Allan Hidalgo sostuvo que las sentencias no tendrían carácter retroactivo y que, por tanto, no podrían anular lo que hasta ayer ya fue acordado entre el nuevo sindicato y Japdeva.
Esta ley, al consolidarse, tendrá varios efectos negativos de profunda repercusión social. Veamos dos de ellos.
Por un lado, el ingreso masivo de capital privado a los servicios públicos municipales encarecerá éstos, dada la lógica de ganancia que implica privatizar tales servicios. La gente en las comunidades, especialmente de los sectores populares y medios, tendrá que pagar una mayor cantidad de impuestos municipales para hacer “rentable” la inserción de capital privado en la actividad municipal.
Por otro lado, esta ley privatizadora de los servicios públicos municipales ha de provocar despidos, reducción de derechos laborales y sociales, bajas salariales, eliminación de las convenciones colectivas de trabajo, existentes y/o futuras, de las municipalidades. Además se dará una profunda represión de toda forma de organización sindical, como suele suceder en la empresa privada.
Ahora se explica con absoluta claridad las verdaderas intenciones de otra ley, también aprobada recientemente y que también tiene que ver con el régimen municipal, la “Ley General de Transferencia de Competencia a las Municipalidades”. Con esta ley se dará un impresionante flujo de recursos financieros para los municipios desde el Presupuesto Nacional-Gobierno Central (del orden del 10 %). Entonces, tan enorme cantidad de plata será para favorecer las rentas de los negocios empresariales que vendrán con la privatización de servicios públicos municipales que se autorizan al margen de esta otra ley, la “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
Igual de relevante serán los espacios que se abren para todo tipo de tráfico de influencias y de abierta corrupción, desde los sectores jerárquicos político-gerenciales de las alcaldías y concejos municipales; pues la impresionante y astronómica cantidad de recursos que les dará el Gobierno, desatará las más insospechadas apetencias de enriquecimiento fácil con los servicios municipales convertidos en negocios privados.
Denunciamos que ni la ANEP ni otros gremios municipales fuimos consultados y/o convocados para dar nuestra opinión durante todo el artero y oscuro proceso de tramitación parlamentaria de la ley privatizadora de los servicios públicos municipales. Estamos seguros de que, tampoco, fue tomado el parecer de organizaciones ciudadanas, comunales, vecinales, cívicas y/o patrióticas.
Esta ley privatizadora de los servicios públicos municipales plantea dos alternativas ante su realidad. “Llorar sobre la leche derramada” es una, quedándonos en la crítica y/o en la autocrítica por carencias preventivas en cuanto a quienes, obligadamente, nos correspondía un eficiente monitoreo de las movidas, por lo general oscuras, que se dan en un parlamento neoliberal como el saliente (con las honrosas excepciones que tienen nombre y apellidos); un parlamento dócil, complaciente, funcional al sistema de la hegemonía del capital.
La otra alternativa. La realmente democrática. La lucha que hay que dar por parte de importantes grupos laborales municipales, a favor de la comunidad y por la defensa de las conquistas y derechos sociolaborales del personal de los municipios de Costa Rica y sus respectivas familias.
Nos matriculamos en esta segunda alternativa. Por eso hacemos un vehemente llamado para que empecemos este jueves 29 de abril, uniéndonos a la manifestación que se está convocando en contra de la ley del “Salario Único”, proyecto “gemelo” del municipal. Ambos son hijos del TLC con los Estados Unidos y los TLC’s que están en seguidilla: Singapur, China y la Unión Europea (UE). Igualmente, un segundo momento de lucha en ambas situaciones, será este sábado Primero de Mayo. No hay de otra. Con la democracia de la calle hay que enfrentar la “dictadura en democracia”.
Además, hay que desarrollar una ofensiva de denuncia, de esclarecimiento, de concientización hacia las comunidades, para involucrarlas en esta enorme lucha que ya se está perfilando; habida cuenta de que con la ley privatizadora de los servicios municipales, la gente tendrá que pagar más impuestos municipales.
Para el viernes 14 de mayo, se dará, en San José, una gran reunión nacional de representantes laborales y gremiales de los 81 municipios del país y de representaciones comunales de diverso orden.
Estamos absolutamente claros de que se ocupará de una gigantesca fuerza laboral en movilización, así como de un gran apoyo comunal-ciudadano para combatir la ley de privatización municipal. Es la única forma de evitar el desenfreno del negocio privado con la actividad municipal.
No hay duda de que ya estamos, como sociedad y como país, en tiempos de TLC’s. La ley de privatización municipal es parte del marco político-ideológico de la hegemonía del capital. Llamamos hegemonía del capital a la insaciable voracidad por acumular plata, que caracteriza a pequeños pero poderosos grupos de empresarios, los cuales buscan apropiarse de todos los servicios públicos que el país ha tenido para promover el bien común, para transformarlos en fuentes de enriquecimiento privado. Ahora le tocó el turno a los servicios públicos municipales.
Bruselas, 28 de abril de 2010 (CSI En línea): Según la información recibida por la CSI, Hurtado, ex activista sindical, había sido desplazado anteriormente como resultado de amenazas de muerte.
Según las estimaciones de la Procuraduría Nacional, habría 2000 cuerpos sin identificación en la fosa común,cifras particularmente preocupantes dado que sonmucho más de cien los y las sindicalistas colombianos desparecidos en estos últimos años .
Revelaciones recientes,inclusive de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, señalan que el ejército colombiano ha estado involucrado en lo que la ONU describe como asesinatos “sistemáticos” de civiles colombianos. La fosa común se encuentra al lado de la base militar más grande de la región.
En una carta enviada a las autoridades colombianas, la CSI urge al Gobierno colombiano que ordene una investigación inmediata, rigurosa y transparente de lo que ha ocurrido en La Macarena y que se comprometa a a todo seguido aAsegurar una investigación rápida de las circunstancias del asesinato de Johnny Hurtado y llevar los responsables a la justicia; rdenar que, hasta que se realice una investigación rigurosa del sitio, las autoridades civiles cierren el sitio de la fosa común para evitar que se altere cualquier prueba material; y ermitir que observadores internacionales monitoreen la investigación de la fosa en La Macarena y que una misión de verificación inter-institucional visite al sitio a la brevedad posible. Tal misión debe incluir representantes de las entidades relevantes del estado colombiano, delegados de organizaciones de derechos humanos y sindicales, las comunidades locales alrededor de La Macarena, así como participantes de la comunidad internacional y diplomática. “La situación es en Colombia es sumamente preocupante” dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI. “Es fundamental terminar con la impunidad a fin de que los y las sindicalistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer sus derechos sin poner en peligro sus vidas y para que los culpables de todos estos crímenes sean juzgados como corresponde.
Grave ataque a las finanzas ciudadanas y durísimo golpe al empleo en las municipalidades del país Asamblea Legislativa aprobó de manera artera, vil, sorprevisa, a escondidas y sin la menor transparencia, la “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
1) Con profunda indignación, mostrando nuestro más grande repudio y condenando enérgicamente una forma de gobernar de espaldas a la gente, de espaldas a la ciudadanía; denunciamos la aprobación legislativa en el seno del actual parlamento ya saliente, mediante una maniobra política artera, vil, sorpresiva, a escondidas y sin la menor transparencia; del expediente legislativo No. 16.385, con el nombre oficial de “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”; cuyo real nombre debe ser “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
2) Así la llamó el ilustre diputado don José Merino del Río, único diputado que votó en contra de esta nefasta ley, aunque lamentamos la ausencia de una alerta oficial preventiva de su despacho para que las organizaciones laborales municipales y la misma población laboral de las municipalidades, hubieran reaccionado con la debida anticipación.
3) A la vez, demandamos, respetuosa pero vehementemente, una explicación pública al diputado Oscar López Arias, aspirante a dirigir la más grande municipalidad del país, acerca de su actitud político-parlamentaria en la tramitación artera, vil y a escondidas de este expediente legislativo No. 16.385.
4) De las fracciones parlamentarias liberacionista, “socialcristiana” y libertaria (y sus turecas), su apoyo a este proyecto es lógico, habida cuenta de que han venido legislando, emitiendo leyes, para favorecer al gran capital en el marco de los TLC’s.
5) Con respecto a la fracción parlamentaria del PAC, esperaríamos una explicación política pero la verdad es que (con honrosas excepciones), en este partido le hacen más caso a lo que de ellos pueda pensar la prensa oligárquica que lo que piensa la gente de los sectores obreros, populares y sociales.
6) Prácticamente, la comunidad laboral municipal se quedó sola, aunque, autocríticamente hay que reconocer, nuestras debilidades institucionales de monitoreo legislativo; mismo que tampoco funciona cuando hay ataques parlamentarios tan sorpresivos y arteros como sucedió con el expediente 16.385, la ley privatizadora de los servicios municipales.
7) Esta ley, al consolidarse, tendrá varios efectos negativos de profunda repercusión social. Veamos dos de ellos.
8) Por un lado, el ingreso masivo de capital privado a los servicios públicos municipales encarecerá estos, dada la lógica de ganancia que implica privatizar tales servicios. La gente en las comunidades, especialmente de los sectores populares y medios, tendrán que pagar una mayor cantidad de impuestos municipales para hacer “rentable” la inserción de capital privado en la actividad municipal.
9) Por otro lado, esta ley privatizadora de los servicios públicos municipales ha de provocar despidos, reducción de derechos, bajas salariales, eliminación de las convenciones colectivas de trabajo de las municipalidades (existentes y/o futuras). Además se dará una profunda represión de toda forma de organización sindical, como suele suceder en la empresa privada.
10) Ahora se explica con absoluta claridad las verdaderas intenciones de otra ley, también aprobada recientemente y que tiene que ver con el régimen municipal, la “Ley General de Transferencia de Competencia a las Municipalidades”. Con esta ley se dará un impresionante flujo de recursos financieros desde el Presupuesto Nacional-Gobierno Central (del orden del 10 %); los cuales, entonces, serán para favorecer las rentas de los negocios empresariales con la privatización de servicios públicos municipales que se autorizan al margen de esta otra ley, la de creación de empresas municipales de economía mixta.
11) Igual de relevante serán los espacios que se abren para todo tipo de tráfico de influencias y de abierta corrupción, desde los sectores jerárquicos político-gerenciales de las alcaldías y concejos municipales; pues la impresionante y astronómica cantidad de recursos que les dará el Gobierno, desatará las más insospechadas apetencias de enriquecimiento fácil con los servicios municipales convertidos en negocios privados.
12) Denunciamos que ni la ANEP ni otros gremios municipales fuimos consultados y/o convocados para dar nuestra relevante opinión durante todo el artero y oscuro proceso de tramitación parlamentaria de la ley privatizadora de los servicios públicos municipales. Estamos seguros de que, tampoco, fue tomado el parecer de organizaciones ciudadanas, comunales, vecinales, cívicas y/o patrióticas.
13)ANEP anuncia que importantes grupos laborales municipales iniciarán una fuerte lucha a favor de la comunidad y por la defensa de las conquistas y derechos sociolaborales del personal de los municipios de Costa Rica y sus respectivas familias.
14) Empezaremos este jueves 29 de abril, uniéndonos a la manifestación que se está convocando en contra del proyecto de ley de “Salario Único”, proyecto que pretende una modificación estructural de las condiciones de empleo en la Administración Pública.
15) Además, arrancará una ofensiva de denuncia, de esclarecimiento, de concientización hacia las comunidades para involucrarlas en esta enorme lucha que ya se está perfilando; habida cuenta de que con la ley privatizadora de los servicios municipales, la gente tendrá que pagar más impuestos municipales.
16) Para el viernes 14 de mayo, se dará, en San José, una gran reunión nacional de representantes laborales y gremiales de los 81 municipios del país y de representaciones comunales de diverso orden.
17) El veto presidencial y/o reformas legales a la ley aprobada, son parte de los objetivos que perseguirá la lucha nacional de los sectores laborales y obreros municipales, junto a las comunidades, en contra de la ley que privatiza los servicios públicos de los municipios del país. Si la ley de tránsito original fue modificada rápidamente, por fuertes presiones empresariales del negocio licorero y cervecero; la ley privatizadora de los servicios municipales puede ser modificada, también, para defender los derechos e intereses comunales y sociolaborales.
18) Estamos absolutamente claros de que se ocupará de una gigantesca fuerza laboral en movilización, así como de un gran apoyo comunal-ciudadano para alcanzar tales objetivos. La lucha será profundamente dura y no se descarta una huelga nacional municipal a lo largo y a lo ancho del país; junto a otras expresiones socio-laborales de lucha cívica y pacífica con nuevos métodos para evitar el desenfreno del negocio privado con la actividad municipal.
19) Finalmente, sin duda alguna, dado que ya estamos como sociedad y como país en tiempos de TLC’s, esta ley se inscribe en el marco político-ideológico de la hegemonía del capital, para incrementar la capacidad sistémica del país en lo que llaman “competitividad”.
20) Frente a los menores estándares laborales, sociales y ambientales de los otros países centroamericanos que junto a Costa Rica han de competir, en los tiempos de TLC’s, en este desenfreno de acumulación privada de capital en contra del bien común; Costa Rica queda “obligada” a proceder con un proceso de reversión, de reducción, de eliminación de conquistas y derechos sociolaborales; de baja general salarial, de reducción sustancial del empleo público; y de eliminación toda forma de resistencia civil, especialmente la de carácter sindical. Una política de “tierra arrasada” es lo que las fuerzas políticas del capital quieren para nuestra querida Patria y para nuestro pueblo trabajador.
San José, domingo 25 de abril de 2010
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
Raiza Elizabeth Istúriz de Belfort, Nelson Enrique Belfort Istúriz, Antonio José Belfort Istúriz, Zayra Adela Belfort Istúriz y Luis Miguel Belfort Istúriz y de los señores William Echeverría, Beatriz Alicia Adrián García, Leopoldo Castillo Atencio y María Isabel Párraga.
Tales medidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tendrían como fin que el Estado venezolano garantizara el derecho de expresión de los ciudadanos involucrados. La solicitud fue rechazada por la Corte en virtud de que la Comisión no pudo demostrar la existencia de una situación de inminente peligro, ni comprobar que los dueños de medios ni periodistas estuviesen sufriendo graves perjuicios a sus derechos.
Esta no es la primera vez que la Comisión intenta acusar al Estado venezolano sin ningún fundamento, pues desde el año 2002 ha pretendido involucrar a nuestro país en hechos que menoscaban los Derechos Humanos, en especial el de la Libertad de Expresión.
El año pasado también fueron revocadas las medidas relacionadas con los casos “Así es la Noticia y El Nacional”. Asimismo, se determinó en las sentencias de los casos “Globovisión” y “RCTV”, que el Gobierno Bolivariano nunca ha atentado ni directa ni indirectamente en contra de los derechos de los comunicadores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se han constituido en punta de lanza de una campaña mediática orquestada en contra de Venezuela que ha fracasado en el ámbito judicial internacional.
Fuente: Prensa. Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Costa Rica
Aunque posteriormente la despidió, la trabajadora interpuso la denuncia ante los Tribunales de Justicia que se negaron a hacerlo debido a “su inmunidad como diputado”.
En setiembre de 2006, la asistente de Tinoco lo demandó porque el diputado liberacionista la besó a la fuerza durante una gira de trabajo en la zona atlántica.
Aún así el Tribunal Superior de Trabajo continuó con el proceso que concluyó el día de hoy, casi cuatro años después, con la sentencia al pago de ¢10 millones por daños y perjuicios.
Recordemos la nota que en su momento nuestro sindicato, por medio de nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, expuso ante la opinión pública y en la cual se hace referencia también a aquellos diputados y diputadas (casualmente del mismo Partido) que encubrieron a Tinoco.
EL ACOSOSEXUAL EN EL PARLAMENTO Diputada Antillón Guerrero y diputado Pacheco Fernández deben ser investigados. Fracción parlamentaria del PLN está en deuda con las mujeres de Costa Rica.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
