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Grave ataque a las finanzas ciudadanas y durísimo golpe al empleo en las municipalidades del país Asamblea Legislativa aprobó de manera artera, vil, sorprevisa, a escondidas y sin la menor transparencia, la “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
1) Con profunda indignación, mostrando nuestro más grande repudio y condenando enérgicamente una forma de gobernar de espaldas a la gente, de espaldas a la ciudadanía; denunciamos la aprobación legislativa en el seno del actual parlamento ya saliente, mediante una maniobra política artera, vil, sorpresiva, a escondidas y sin la menor transparencia; del expediente legislativo No. 16.385, con el nombre oficial de “Ley reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta”; cuyo real nombre debe ser “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
2) Así la llamó el ilustre diputado don José Merino del Río, único diputado que votó en contra de esta nefasta ley, aunque lamentamos la ausencia de una alerta oficial preventiva de su despacho para que las organizaciones laborales municipales y la misma población laboral de las municipalidades, hubieran reaccionado con la debida anticipación.
3) A la vez, demandamos, respetuosa pero vehementemente, una explicación pública al diputado Oscar López Arias, aspirante a dirigir la más grande municipalidad del país, acerca de su actitud político-parlamentaria en la tramitación artera, vil y a escondidas de este expediente legislativo No. 16.385.
4) De las fracciones parlamentarias liberacionista, “socialcristiana” y libertaria (y sus turecas), su apoyo a este proyecto es lógico, habida cuenta de que han venido legislando, emitiendo leyes, para favorecer al gran capital en el marco de los TLC’s.
5) Con respecto a la fracción parlamentaria del PAC, esperaríamos una explicación política pero la verdad es que (con honrosas excepciones), en este partido le hacen más caso a lo que de ellos pueda pensar la prensa oligárquica que lo que piensa la gente de los sectores obreros, populares y sociales.
6) Prácticamente, la comunidad laboral municipal se quedó sola, aunque, autocríticamente hay que reconocer, nuestras debilidades institucionales de monitoreo legislativo; mismo que tampoco funciona cuando hay ataques parlamentarios tan sorpresivos y arteros como sucedió con el expediente 16.385, la ley privatizadora de los servicios municipales.
7) Esta ley, al consolidarse, tendrá varios efectos negativos de profunda repercusión social. Veamos dos de ellos.
8) Por un lado, el ingreso masivo de capital privado a los servicios públicos municipales encarecerá estos, dada la lógica de ganancia que implica privatizar tales servicios. La gente en las comunidades, especialmente de los sectores populares y medios, tendrán que pagar una mayor cantidad de impuestos municipales para hacer “rentable” la inserción de capital privado en la actividad municipal.
9) Por otro lado, esta ley privatizadora de los servicios públicos municipales ha de provocar despidos, reducción de derechos, bajas salariales, eliminación de las convenciones colectivas de trabajo de las municipalidades (existentes y/o futuras). Además se dará una profunda represión de toda forma de organización sindical, como suele suceder en la empresa privada.
10) Ahora se explica con absoluta claridad las verdaderas intenciones de otra ley, también aprobada recientemente y que tiene que ver con el régimen municipal, la “Ley General de Transferencia de Competencia a las Municipalidades”. Con esta ley se dará un impresionante flujo de recursos financieros desde el Presupuesto Nacional-Gobierno Central (del orden del 10 %); los cuales, entonces, serán para favorecer las rentas de los negocios empresariales con la privatización de servicios públicos municipales que se autorizan al margen de esta otra ley, la de creación de empresas municipales de economía mixta.
11) Igual de relevante serán los espacios que se abren para todo tipo de tráfico de influencias y de abierta corrupción, desde los sectores jerárquicos político-gerenciales de las alcaldías y concejos municipales; pues la impresionante y astronómica cantidad de recursos que les dará el Gobierno, desatará las más insospechadas apetencias de enriquecimiento fácil con los servicios municipales convertidos en negocios privados.
12) Denunciamos que ni la ANEP ni otros gremios municipales fuimos consultados y/o convocados para dar nuestra relevante opinión durante todo el artero y oscuro proceso de tramitación parlamentaria de la ley privatizadora de los servicios públicos municipales. Estamos seguros de que, tampoco, fue tomado el parecer de organizaciones ciudadanas, comunales, vecinales, cívicas y/o patrióticas.
13) ANEP anuncia que importantes grupos laborales municipales iniciarán una fuerte lucha a favor de la comunidad y por la defensa de las conquistas y derechos sociolaborales del personal de los municipios de Costa Rica y sus respectivas familias.
14) Empezaremos este jueves 29 de abril, uniéndonos a la manifestación que se está convocando en contra del proyecto de ley de “Salario Único”, proyecto que pretende una modificación estructural de las condiciones de empleo en la Administración Pública.
15) Además, arrancará una ofensiva de denuncia, de esclarecimiento, de concientización hacia las comunidades para involucrarlas en esta enorme lucha que ya se está perfilando; habida cuenta de que con la ley privatizadora de los servicios municipales, la gente tendrá que pagar más impuestos municipales.
16) Para el viernes 14 de mayo, se dará, en San José, una gran reunión nacional de representantes laborales y gremiales de los 81 municipios del país y de representaciones comunales de diverso orden.
17) El veto presidencial y/o reformas legales a la ley aprobada, son parte de los objetivos que perseguirá la lucha nacional de los sectores laborales y obreros municipales, junto a las comunidades, en contra de la ley que privatiza los servicios públicos de los municipios del país. Si la ley de tránsito original fue modificada rápidamente, por fuertes presiones empresariales del negocio licorero y cervecero; la ley privatizadora de los servicios municipales puede ser modificada, también, para defender los derechos e intereses comunales y sociolaborales.
18) Estamos absolutamente claros de que se ocupará de una gigantesca fuerza laboral en movilización, así como de un gran apoyo comunal-ciudadano para alcanzar tales objetivos. La lucha será profundamente dura y no se descarta una huelga nacional municipal a lo largo y a lo ancho del país; junto a otras expresiones socio-laborales de lucha cívica y pacífica con nuevos métodos para evitar el desenfreno del negocio privado con la actividad municipal.
19) Finalmente, sin duda alguna, dado que ya estamos como sociedad y como país en tiempos de TLC’s, esta ley se inscribe en el marco político-ideológico de la hegemonía del capital, para incrementar la capacidad sistémica del país en lo que llaman “competitividad”.
20) Frente a los menores estándares laborales, sociales y ambientales de los otros países centroamericanos que junto a Costa Rica han de competir, en los tiempos de TLC’s, en este desenfreno de acumulación privada de capital en contra del bien común; Costa Rica queda “obligada” a proceder con un proceso de reversión, de reducción, de eliminación de conquistas y derechos sociolaborales; de baja general salarial, de reducción sustancial del empleo público; y de eliminación toda forma de resistencia civil, especialmente la de carácter sindical. Una política de “tierra arrasada” es lo que las fuerzas políticas del capital quieren para nuestra querida Patria y para nuestro pueblo trabajador.
San José, domingo 25 de abril de 2010
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
