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Gobierno contra derecho al estudio de jovenes costarricenses

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San José, Miércoles 17 de marzo del 2010.

Comunidad Internacional

Comunidad Nacional

Prensa Nacional e Internacional

Sírvase este comunicado para informar la posición del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar, acerca de la postura renuente del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y del Poder Ejecutivo de convocar el proyecto de reforma 17342 a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el actual gobierno de la república ha cerrado cualquier puerta para una negociación dentro del espacio de incidencia que es el plenario legislativo, lo cual significa una prueba clara de la voluntad inexistente por modificar la Ley 8039, cuyo contenido es excesivo y va más allá de los convenios internacionales suscritos en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

A través de un oficio dirigido al Presidente de nuestro movimiento el día 15 de febrero del 2010, el ministro del COMEX rechaza apoyar el proyecto de reforma 17342, al considerar que este contraviene los acuerdos internacionales suscritos por el país, en términos de derechos de autor y derechos conexos. Asimismo, el ministro reitera que estas obligaciones fueron ratificadas en el TLC entre Centroamérica y EU, por lo tanto, las reformas hechas en el 2008 a la Ley de Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual – Ley 8039- son justificadas desde el discurso de la máxima autoridad del COMEX.

Sin embargo, esta versión de Marco Vinicio Ruiz es profundamente refutable y no explora el carácter integral de los hechos alrededor del ámbito del fotocopiado y la educación, ya que las reformas estipuladas, dentro del marco de la agenda de implementación del TLC, fueron excesivas, trascendiendo más allá de las obligaciones internacionales, entre ellas el TLC, debido a que el contenido de estas legislaciones internacionales en ningún momento obligan a nuestro país a interponer paralelamente medidas penales y pecuniaras para sancionar la reproducción parcial o total de obras no autorizadas, tal y como está ahora contenido en los numerales 54 y 58 de la Ley 8039. De igual manera, resulta discordante que para sancionar actos cuya afectación es patrimonial, como los contemplados en las leyes de Propiedad Intelectual, se recurra a sanciones penales de cárcel, cuando lo justo es ser coherente con el tipo de perjuicio eventual, estableciendo medidas pecuniarias racionales.

En tanto, cabría cuestionarle a quienes redactaron las reformas a la legislación, el porqué incorporaron penas tan severas para actividades como el fotocopiado, la cual se encuentra penada con sanciones económicas que pueden superar hasta los 500 salarios base, al igual que se agregaron penas de hasta 5 años de cárcel, lo cual cancela la posibilidad de incorporar el criterio de ejecución condicional de la pena.

De este modo, le comunicamos al señor ministro y al gobierno de la República que faltan a la coherencia cuando sostienen que las reformas a la Ley 8039 fueron simplemente la ratificación de los convenios internacionales, pues queda claro que nuestro país no estaba obligado a insertar la variante de la cárcel como medida punitiva en este caso. Cuando en el oficio del COMEX se menciona el carácter prístino de la protección a los derechos de autor y de Propiedad Intelectual, resulta necesario recordar que existen otros derechos de mayor jerarquía y que su grado de cobertura es de carácter social, como por ejemplo, el derecho a la educación y al trabajo, los cuales se encuentran claramente amenazados, a raíz de la citada legislación.

En ningún momento, el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar promueve la piratería ni tampoco los actos de dolo en contra de los creadores de obras no autorizadas, por el contrario, denunciamos contundentemente las acciones de los usuarios dirigidas a la reventa de obra no autorizadas. El objetivo central del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar consiste en promover una agenda de excepciones que dentro del marco de la ley, permita proteger a los proveedores que potencian un servicio, cuyo valor de uso por parte del usuario corresponde a fines académicos e ilustrativos de enseñanza. Por lo tanto, no es suficiente con proteger simplemente al usuario, cuando la relación del fotocopiado es de carácter integral, en donde participan empresarios honestos que procuran un beneficio para poder sostener económicamente la actividad, siendo esto último penado de acuerdo con los artículos 54 y 58.

Asimismo, las estadísticas a nivel mundial no mienten, pues datos de la OMPI revelan que en países de América Latina, como por ejemplo Brasil, más del 99% de la población que estudia se educa por medio de fotocopias, por consiguiente, se legitima el nombre del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar, cuyo mensaje comunica que fotocopiar es una necesidad para sostener la educación costarricense, sin que ello signifique justificar la piratería, la cual podría interpretarse como específicamente enfocada en el artículo 59 de la ley, que persigue actos de reventa, distribución y almacenamiento de textos no autorizados.

La solución propuesta por nuestro movimiento se basa en promover una protección que cubra a los proveedores del fotocopiado que brindan un servicio a los centros educativos, cuyos estudiantes dependen de ese material para estudiar. Por otra parte, resulta injustificable que en el 2008 se haya reformado el artículo 70 en aras de eliminar el principio de lesividad, que refería a aquellos actos de perjuicio insignificante (menores a medio salarios base), los cuales anteriormente se exoneraban de responsabilidades penales. Al suprimirse este principio de exclusión, se ha dado vía libre para que los titulares de los derechos de autor puedan perseguir cualquier acto, por más insignificante que sea, considerado perjudicial hacia sus intereses, como por ejemplo, esta reforma ha dado pie para que la Cámara Costarricense del Libro amenace y persiga a los centros de fotocopiado.

Esta eventualidad desmiente al ministro del COMEX en el sentido de que no era necesario eliminar el principio de lesividad a la hora de asumir los compromisos internacionales en propiedad intelectual, así como tampoco el señor Ruiz es capaz de aclarar las razones para interponer medidas cautelares exageradas, que podrían significar el cierre de negocios de fotocopiado, el decomiso de equipos y material, con tan solo que la demanda haya sido acogida, sin siquiera citar a una audiencia previa entre las partes y estableciendo tiempos sumamente breves – 3 días- para la ejecución de las medidas.

En suma, desde el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar remarcamos la necesidad de incluir excepciones más integrales para los artículos 54 y 58, al mismo tiempo que es imperativo proteger las actividades de difusión sin fines de lucro, cuyo contenido se exponen en el aparato punitivo de los numerales 51 y 52. Por esta razón, nuestro movimiento rechaza los argumentos del COMEX, al mismo tiempo, comunicamos una postura crítica hacia la actitud hostil del gobierno con respecto la reforma de la ley, así también como es poco saludable querer cerrar cualquier vía de negociación dentro de la Asamblea Legislativa, que reviste de incidencia total para el resultado definitivo de la controversia.

Finalmente, como movimiento apoyamos la ejecución de medidas de presión en el seno legislativo para lograr que el proyecto sea convocado desde el Poder Ejecutivo, asimismo, respaldamos las acciones que se llevarán a cabo desde la ciudadanía que integra el movimiento, cuya finalidad es que a través de la protesta pacífica se logre la reforma a la Ley 8039. El pronunciamiento de nuestra agrupación concluye exhortando a la señora Presidente electa Laura Chinchilla a que recupere la necesidad de dialogar desde el poder, rompiendo con las actitudes prepotentes y autoritarias, tales como la expuesta por el señor ministro del COMEX en el comunicado que dirige al Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.

Atentamente:

Josué Aguirre Thomas.
Presidente del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.

Ademar Azofeifa Murillo.
Secretario del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.

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San José, Miércoles 17 de marzo del 2010.

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Sírvase este comunicado para informar la posición del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar, acerca de la postura renuente del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y del Poder Ejecutivo de convocar el proyecto de reforma 17342 a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el actual gobierno de la república ha cerrado cualquier puerta para una negociación dentro del espacio de incidencia que es el plenario legislativo, lo cual significa una prueba clara de la voluntad inexistente por modificar la Ley 8039, cuyo contenido es excesivo y va más allá de los convenios internacionales suscritos en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

A través de un oficio dirigido al Presidente de nuestro movimiento el día 15 de febrero del 2010, el ministro del COMEX rechaza apoyar el proyecto de reforma 17342, al considerar que este contraviene los acuerdos internacionales suscritos por el país, en términos de derechos de autor y derechos conexos. Asimismo, el ministro reitera que estas obligaciones fueron ratificadas en el TLC entre Centroamérica y EU, por lo tanto, las reformas hechas en el 2008 a la Ley de Procedimientos de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual – Ley 8039- son justificadas desde el discurso de la máxima autoridad del COMEX.

Sin embargo, esta versión de Marco Vinicio Ruiz es profundamente refutable y no explora el carácter integral de los hechos alrededor del ámbito del fotocopiado y la educación, ya que las reformas estipuladas, dentro del marco de la agenda de implementación del TLC, fueron excesivas, trascendiendo más allá de las obligaciones internacionales, entre ellas el TLC, debido a que el contenido de estas legislaciones internacionales en ningún momento obligan a nuestro país a interponer paralelamente medidas penales y pecuniaras para sancionar la reproducción parcial o total de obras no autorizadas, tal y como está ahora contenido en los numerales 54 y 58 de la Ley 8039. De igual manera, resulta discordante que para sancionar actos cuya afectación es patrimonial, como los contemplados en las leyes de Propiedad Intelectual, se recurra a sanciones penales de cárcel, cuando lo justo es ser coherente con el tipo de perjuicio eventual, estableciendo medidas pecuniarias racionales.

En tanto, cabría cuestionarle a quienes redactaron las reformas a la legislación, el porqué incorporaron penas tan severas para actividades como el fotocopiado, la cual se encuentra penada con sanciones económicas que pueden superar hasta los 500 salarios base, al igual que se agregaron penas de hasta 5 años de cárcel, lo cual cancela la posibilidad de incorporar el criterio de ejecución condicional de la pena.

De este modo, le comunicamos al señor ministro y al gobierno de la República que faltan a la coherencia cuando sostienen que las reformas a la Ley 8039 fueron simplemente la ratificación de los convenios internacionales, pues queda claro que nuestro país no estaba obligado a insertar la variante de la cárcel como medida punitiva en este caso. Cuando en el oficio del COMEX se menciona el carácter prístino de la protección a los derechos de autor y de Propiedad Intelectual, resulta necesario recordar que existen otros derechos de mayor jerarquía y que su grado de cobertura es de carácter social, como por ejemplo, el derecho a la educación y al trabajo, los cuales se encuentran claramente amenazados, a raíz de la citada legislación.

En ningún momento, el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar promueve la piratería ni tampoco los actos de dolo en contra de los creadores de obras no autorizadas, por el contrario, denunciamos contundentemente las acciones de los usuarios dirigidas a la reventa de obra no autorizadas. El objetivo central del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar consiste en promover una agenda de excepciones que dentro del marco de la ley, permita proteger a los proveedores que potencian un servicio, cuyo valor de uso por parte del usuario corresponde a fines académicos e ilustrativos de enseñanza. Por lo tanto, no es suficiente con proteger simplemente al usuario, cuando la relación del fotocopiado es de carácter integral, en donde participan empresarios honestos que procuran un beneficio para poder sostener económicamente la actividad, siendo esto último penado de acuerdo con los artículos 54 y 58.

Asimismo, las estadísticas a nivel mundial no mienten, pues datos de la OMPI revelan que en países de América Latina, como por ejemplo Brasil, más del 99% de la población que estudia se educa por medio de fotocopias, por consiguiente, se legitima el nombre del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar, cuyo mensaje comunica que fotocopiar es una necesidad para sostener la educación costarricense, sin que ello signifique justificar la piratería, la cual podría interpretarse como específicamente enfocada en el artículo 59 de la ley, que persigue actos de reventa, distribución y almacenamiento de textos no autorizados.

La solución propuesta por nuestro movimiento se basa en promover una protección que cubra a los proveedores del fotocopiado que brindan un servicio a los centros educativos, cuyos estudiantes dependen de ese material para estudiar. Por otra parte, resulta injustificable que en el 2008 se haya reformado el artículo 70 en aras de eliminar el principio de lesividad, que refería a aquellos actos de perjuicio insignificante (menores a medio salarios base), los cuales anteriormente se exoneraban de responsabilidades penales. Al suprimirse este principio de exclusión, se ha dado vía libre para que los titulares de los derechos de autor puedan perseguir cualquier acto, por más insignificante que sea, considerado perjudicial hacia sus intereses, como por ejemplo, esta reforma ha dado pie para que la Cámara Costarricense del Libro amenace y persiga a los centros de fotocopiado.

Esta eventualidad desmiente al ministro del COMEX en el sentido de que no era necesario eliminar el principio de lesividad a la hora de asumir los compromisos internacionales en propiedad intelectual, así como tampoco el señor Ruiz es capaz de aclarar las razones para interponer medidas cautelares exageradas, que podrían significar el cierre de negocios de fotocopiado, el decomiso de equipos y material, con tan solo que la demanda haya sido acogida, sin siquiera citar a una audiencia previa entre las partes y estableciendo tiempos sumamente breves – 3 días- para la ejecución de las medidas.

En suma, desde el Movimiento Fotocopiando Para Estudiar remarcamos la necesidad de incluir excepciones más integrales para los artículos 54 y 58, al mismo tiempo que es imperativo proteger las actividades de difusión sin fines de lucro, cuyo contenido se exponen en el aparato punitivo de los numerales 51 y 52. Por esta razón, nuestro movimiento rechaza los argumentos del COMEX, al mismo tiempo, comunicamos una postura crítica hacia la actitud hostil del gobierno con respecto la reforma de la ley, así también como es poco saludable querer cerrar cualquier vía de negociación dentro de la Asamblea Legislativa, que reviste de incidencia total para el resultado definitivo de la controversia.

Finalmente, como movimiento apoyamos la ejecución de medidas de presión en el seno legislativo para lograr que el proyecto sea convocado desde el Poder Ejecutivo, asimismo, respaldamos las acciones que se llevarán a cabo desde la ciudadanía que integra el movimiento, cuya finalidad es que a través de la protesta pacífica se logre la reforma a la Ley 8039. El pronunciamiento de nuestra agrupación concluye exhortando a la señora Presidente electa Laura Chinchilla a que recupere la necesidad de dialogar desde el poder, rompiendo con las actitudes prepotentes y autoritarias, tales como la expuesta por el señor ministro del COMEX en el comunicado que dirige al Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.

Atentamente:

Josué Aguirre Thomas.
Presidente del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.

Ademar Azofeifa Murillo.
Secretario del Movimiento Fotocopiando Para Estudiar.

Parlamento Europeo se alineó a la campaña anticubana

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Lo ocurrido en Estrasburgo puede catalogarse como otro episodio de la conjura en marcha que, usando los principales medios de difusión y las organizaciones manejadas por los sectores más reaccionarios, pretende aprovechar el lamentable incidente de la muerte de un preso común, reclutado luego por grupúsculos contrarrevolucionarios, a causa de una prolongada huelga de hambre mantenida por decisión propia, para confundir a la opinión pública internacional.

Esta iniciativa impulsada por la derecha europea en el Parlamento logró arrastrar a los diferentes grupos políticos que conforman este legislativo, poniendo en clara evidencia la convergencia de posiciones derechistas y reaccionarias que lo componen independientemente de nombres y clasificaciones.

Eso es fácil de comprender si se toma en cuenta la misma razón de la convocatoria del debate en el seno del Parlamento Europeo, para la cual se enarboló el tema tan manido en la propaganda contra la Isla de “la situación de los presos políticos y de conciencia en Cuba”.

El único objetivo era producir una condena contra el gobierno y pueblo cubanos, realmente sometidos a la violación de sus derechos por el largo bloqueo estadounidense y por la injerencia en sus asuntos internos también por la propia UE.

Durante el debate y para tratar de calzar sus posiciones los eurodiputados de derecha no tuvieron pena alguna en asumir los desgastados argumentos tradicionalmente utilizados por los Estados Unidos, para cuestionar de forma injerencista, nuestro sistema político.

Es lamentable que el Parlamento Europeo incluya de forma burda en su resolución la esencia misma de la “Posición Común”, sin tener siquiera la honestidad de mencionarla. Esa misma Posición Común que como es ampliamente conocido, fue redactada en Washington en el mismo año en que imponían a Cuba la Ley Helms Burton, ambas con el objetivo común de destruir nuestra Revolución. El Parlamento Europeo parece no entender todavía que, mientras la reliquia de la “Posición Común” exista, no habrá normalización de las relaciones de Cuba con la UE.

Al analizar a fondo esta sesión de la Eurocámara cabría preguntarse donde quedaron los siempre mencionados “principios democráticos y la pluralidad” esgrimidos por la desarrollada Europa.

Sin el menor sonrojo, la resolución adoptada por la eurocámara “insta a las instituciones europeas a que den apoyo incondicional y alienten sin reservas la transición política” en Cuba. Asimismo, “insta a que entablen de inmediato un diálogo estructurado con la sociedad civil cubana y con aquellos sectores que apoyen una transición pacífica en la isla… utilizando los mecanismos comunitarios de cooperación al desarrollo”

Es decir, convoca abiertamente a los gobiernos europeos a intensificar sus actividades subversivas y a sus Embajadas en La Habana a implicarse aun más en el aliento, el apoyo y el financiamiento a los mercenarios. La resolución demanda descaradamente que los proyectos de cooperación entre la Comisión Europea y Cuba se utilicen con propósitos subversivos.

En este circo político llamó la atención la postura del Grupo Socialista Europeo, que se plegó obedientemente a las posiciones más derechistas y anticubanas. El Vicepresidente del Grupo de los socialistas españoles Ramón Jáuregui, aunque ahora se empeñe en demostrar lo contrario, llegó incluso, a contradecir la línea seguida por la presidencia española de la UE en su política hacia Cuba.

Mucho más indignante todavía es que quienes representan a países cooperantes en el secuestro, tortura y encerramiento en cárceles clandestinas de numerosas personas, asuman una posición de defensores de derechos humanos contra Cuba, cuya revolución ha dedicado sus mayores esfuerzos en salvar vidas en su territorio y en el resto del mundo.

El Parlamento Europeo debe mirar en su entorno comunitario, donde se reprimen a inmigrantes, olvidan a desempleados, aumentan las desigualdades, se constatan cientos de denuncias de torturas en sus prisiones y de violaciones de los derechos humanos.

El espíritu de metrópoli colonialista rondó el hemiciclo europeo cuando muchos diputados se atribuyeron el supuesto derecho de imponer y dictar. Parecen olvidar que hace 52 años el pueblo cubano tomó las riendas de su destino y que no le reconoce a ese Parlamento ninguna jurisdicción, y mucho menos autoridad moral.

Se sienten con derecho a inmiscuirse en nuestras decisiones internas y cuestionarlas. Sólo develan las autoridades europeas su verdadero y retrógrada espíritu colonialista.

Muy falsa democracia es la que, sin contar con los contribuyentes europeos, pretende dirigir los fondos comunitarios con destino al sucio empeño de subvertir el sistema político de otro país soberano.

Es lamentable que una institución como esta se dedique a articular planes conspirativos y a amparar a mercenarios y delincuentes, al tiempo que se haga eco de burdas mentiras y distorsiones malintencionadas de la realidad de nuestro país.

En lo que parecería una burla, si no se tratara de un tema tan ofensivo para nuestro país, ese mismo parlamento que supuestamente tanto se preocupa por la protección y defensa de los derechos humanos en Cuba, fue capaz de rechazar por una amplia mayoría, dos propuestas de enmiendas que justamente versaban sobre estos derechos.

¿Cuáles son los derechos humanos que enarbolan los 439 eurodiputados que se opusieron abiertamente a condenar y pedir el cese de un bloqueo, que constituye una burda violación de los derechos humanos y un acto de genocidio, según el texto de la Convención de Ginebra? ¿Acaso el derecho a la vida no es el más elemental de todos los derechos humanos?

¿Cómo puede comprenderse que ese cónclave rechace otra enmienda que menciona la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976 y prefiera guardar silencio sobre la colosal hipocresía que constituye el hecho de que los Estados Unidos mantengan prisioneros a cinco antiterroristas cubanos, mientras da cobijo y protección al principal terrorista de este hemisferio? ¿Es que acaso algunas vidas tienen más valor que otras?

Con lo anterior solo exponen su sumisión a los intereses norteamericanos y muestran no tener una política independiente y propia.

Voces dignas como las del Grupo de Izquierda Unida, se opusieron a la aprobación de la resolución anticubana. Parte de sus miembros, entre ellos el español Willy Meyer y la portuguesa Ilda Figueiredo, catalogaron como hipócrita la postura de la Eurocámara al cuestionar a Cuba y no hacerlo con el golpe militar de Honduras. Recordaron que ese fue, quizás el único parlamento en el mundo que no rechazó “el golpe, con sus asesinatos y sus torturas”. También, emplazaron a la Unión Europea a poner fin a la “Posición Común” al tiempo que exigieron el cese del bloqueo y denunciaron la injusta prisión de los cinco antiterroristas cubanos en cárceles de Estados Unidos.

Una vez más se equivocan con el pueblo de Cuba quienes pretenden vejarlo con el intento de someter a nuestra pequeña Isla a tratamientos singularizados. Lo sucedido en el pleno del Parlamento Europeo, quedará en la historia como evidencia de la mentalidad todavía colonialista de los estados europeos.

Consultorías Ministerio de Salud: “El que nada debe, nada teme”

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Como bien ha indicado la distinguida doctora Ministra de Salud, doña María Luisa Ávila Agüero, “el que nada debe, nada teme” y nada mejor para su trayectoria de servicio público que instancias tan calificadas en la vigilancia de la transparencia en la gestión pública, como lo son las dos instancias a las que la ANEP está acudiendo en esta fecha, hagan la constatación de que el pago de esos casi mil millones de colones, fueron “bien gastados”.

No debe la indicada ministra molestarse porque se hagan preguntas sobre el carácter de su gestión ni la de sus más cercanas colaboradoras. Ni mucho menos debe molestarse porque se pida investigar sus decisiones, especialmente aquellas en las cuales hay de por medio fondos públicos. No debe la señora Ministra de Salud emprenderla contra su propia auditoría institucional, tratando de descalificar sus pronunciamientos.

Pedir una investigación a instancias de alto nivel como la Procuraduría de la Ética y como el Ministerio Público, no significa ni condenas apriorísticas ni juicios sumarios de las actuaciones de las actuales jerarquías políticas del Ministerio de Salud. No hay que brincar tan fuerte si el suelo está parejo.

Pero todo el proceso del “D.O.”, que fue impuesto en el Ministerio de Salud en un ambiente de miedo, con actitudes verticalistas y, en algunos casos, con fuertes descalificaciones para el personal institucional de larga trayectoria de servicio, debe ser auscultado al máximo.

La Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud ya hizo su trabajo al respecto y emitió sus conclusiones. Si ello molestó a la señora Ministra de Salud y a sus más cercanas colaboradoras es un juicio de valor de su propia producción y cargado de subjetividad.

Enhorabuena que existen instancias como la Procuraduría de la Ética y el Ministerio de Público para que, con objetividad y en estricto apego a las leyes, reglamentos y procedimientos, le digan a la ciudadanía si todo lo del “D.O.” en el Ministerio de Salud estuvo “bien” ó estuvo “mal”, o algo no hizo “correctamente”.

Es conveniente aclarar varias circunstancias que mueven a inquietudes sobre el proceso del “D.O.” Por ejemplo, ¿fue conveniente ó no fue conveniente para el proceso una relación de pareja protagonizada entre el principal consultor y una relevante figura consultante?; ¿cuánta subjetivización podría haberle sido impregnado al proceso por esta circunstancia vivencial, del ámbito absolutamente privado entre dos seres humanos pero que trascendió y fue de enorme “voz populi” institucional durante todo el proceso del “D.O”?; ¿se habría incrementado el patrimonio personal de estas dos personas protagonistas relevantes del proceso, luego de las retribuciones pagadas por la indicada consultoría?; si ello hubiera sido así, ¿habría habido algún nivel de tráfico de influencias?…

No se moleste, señora Ministra de Salud, porque la ANEP gestiona para que todo quede claro, clarito. No se enoje con la ANEP ni se enoje con la prensa que ha estado auscultando este proceso. La obligación de rendición de cuentas, aunque sea en el mínimo nivel, es condición sine qua non, para la transparencia de cualquier gestión de servicio público y para la tranquilidad que demanda la ciudadanía de que las cosas son precisamente así: transparentes.

San José, 11 de marzo de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Guillermo Murillo Castillo
Responsable ANEP-Ministerio de Salud
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

El pueblo de Honduras se reúne para refundarse

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El II Encuentro Nacional por la Refundación de Honduras, convocado por organizaciones y movimientos sociales que forman parte del Frente Nacional de Resistencia, se propone compartir las propuestas de los hondureños y hondureñas para la construcción del poder popular y su ejercicio.

Casi nueve meses pasaron del Golpe de Estado militar que destituyó violentamente al presidente Manuel Zelaya Rosales que se encontraba intentando llevar adelante una encuesta de opinión a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre de 2009 se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República. 14 mil urnas y un millón de personas se movilizaron para esta consulta que no pudo llevarse adelante y que sin dudas fue uno de los desencadenantes del Golpe.

Según las declaraciones realizadas recientemente por el presidente constitucional Manuel Zelaya en su visita a Venezuela, otro de los motivos de su ilegítima destitución fue la intención de utilizar como aeropuerto civil parte de las instalaciones de la Base Militar estadounidense “Enrique Soto Cano” en Comayagua, conocida como Palmerola. En dicha Base aterrizó para cargar combustible el avión que llevaba secuestrado al presidente Zelaya hacia Costa Rica después de haber sido sacado a la fuerza de su casa en la noche del domingo 28 de junio del 2009. El ex mandatario reveló que luego de dos años de gestión finalmente había logrado un permiso del Estado norteamericano para el uso del aeropuerto y se tenía previsto comenzar las licitaciones para la construcción de las obras necesarias el 1º de julio del 2009 (tres días después del Golpe). Por supuesto, este proyecto fue olvidado por el actual gobierno de Honduras.

Unos meses antes del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, en octubre del 2008, se realizó en la ciudad de La Esperanza el II Encuentro Hemisférico frente a la Militarización y de allí partieron en caravana representantes de organizaciones y movimientos sociales de Honduras y de otros países de América en una histórica movilización hacia la Base militar de Palmerola en repudio de la presencia de soldados estadounidenses.

Hoy, desafiando la persecución y las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas los dirigentes sociales y el pueblo hondureño que se manifiesta en contra de la dictadura disfrazada de democracia desde la asunción de Porfirio Lobo, el Movimiento por la Refundación de Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y las Feministas en Resistencia (FER) decidieron dar continuidad al espíritu de rebeldía instando a participar de la refundación de Honduras a quienes deseen construir con el poder del pueblo aquella Asamblea Constituyente que quedó inconclusa.

El Golpe de Estado en Honduras fue un alerta para los otros países de América Latina que se alinearon a Venezuela y a Cuba, se sumaron al ALBA, a los procesos asamblearios, a la participación verdadera y a un espacio nuevo para los sectores siempre olvidados. Pero el pueblo hondureño no tiene miedo y se reúne para debatir nuevas propuestas, porque pese al terror saben que sus muertos no son en vano y que el futuro del país depende de la fortaleza de hombres y mujeres valientes que frente a la tiranía se declaren libres y construyan el poder desde abajo.

*Periodista y documentalista de Nuestra América (Nuestraamerica.info)

Cuando los medios asesinan

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Día Internacional de víctimas de crímenes de Estado en Colombia

(Con fines ilustrativos a la nota – ANEP)
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La noticia dio vuelta al mundo entero; aquí en Costa Rica, el diario La Nación dedicó un editorial (30/1/2010), varias notas periodísticas y varias columnas de opinión, todas con el fin de condenar al mandatario venezolano, acusándole de autoritario y de violar la libertad de expresión.

Las manifestaciones convocadas por la oposición y los simpatizantes del gobierno también recibieron cobertura en los medios. En dichos hechos, la violencia de la oposición cobró la vida de 2 jóvenes manifestantes que apoyaban al gobierno. Estos dos asesinatos no generaron editoriales, tampoco repudio ni mucho menos condena por parte de los medios de comunicación, que siguieron publicando los usuales artículos anti-chavistas de siempre. Hoy, RCTV sigue operando en cable, después de que decidiera realizar los trámites pertinentes. Del caso no se habló más.

Macabro silencio. A finales de Diciembre (2009) se descubrió en La Macarena, comunidad localizada en la región del Meta (Colombia), una fosa común de 2.000 cuerpos. El descubrimiento fue constatado por un grupo de sindicalistas y parlamentarios británicos, y por la Comisión Asturiana de Derechos Humanos, invitados como observadores por organizaciones colombianas.

Como bien declaraba uno de los británicos, tenían frente a ellos la fosa común más grande descubierta en los últimos años, comparable a las de la Segunda Guerra Mundial. Los cuerpos encontrados en la fosa eran de campesinos y líderes sociales locales. El gobierno rápidamente acusó a la guerrilla por el crimen, pero las organizaciones de derechos humanos, y los delegados asturianos y británicos, desmintieron con contundencia esas acusaciones, culpando – con claridad y evidencia – al gobierno de Uribe y a sus ejércitos paramilitares por los cuerpos hallados en La Macarena.

Recientemente, los líderes paramilitares alias ‘Salvatore Mancuso’, ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’, extraditados a EEUU por sus crímenes, confesaron recibir apoyo directo del actual vicepresidente Francisco Santos (Noticias Uno, 31/01/2010). En sus confesiones, afirmaron que se habían reunido en las oficinas del diario El Tiempo de Colombia, perteneciente a la familia Santos.

Ese mismo diario pertenece a un grupo regional llamado Grupo de Diarios de América, donde también participa el diario La Nación de Costa Rica. Dichas confesiones se suman a una larga lista de evidencias y testimonios que implican directamente al actual gobierno colombiano con las bandas paramilitares.

El silencio de los medios se mantiene hasta hoy. No hay repudio. No hay editoriales condenando al gobierno colombiano por sus atrocidades (nada nuevas, por cierto). Tampoco los van a haber.

Obstáculo incómodo. La importancia estratégica de Venezuela – hoy el segundo proveedor de combustible para EEUU (Bloomberg, 28/8/09) – hace de Chávez un obstáculo incomodo en los planes de Washington y los grandes intereses empresariales del continente.

Presentar a Chávez como tirano y callar los crímenes de Uribe no es más que legitimar una eventual agresión colombiana a Venezuela. Mientras menos se sepa de lo que ocurre en Colombia, más apoyo tendrá su gobierno ante un eventual conflicto.

Es evidente que los medios comerciales buscan difundir su visión del mundo, en clara concordancia con sus intereses. Y si los medios son capaces de ocultar una fosa de 2000 cuerpos para salvaguardar sus intereses, ¿de qué no son capaces?

*Colaborador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la UNA.

Fuente: Página Abierta – Diario Extra
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Informe de Alta Comisaria de la ONU

ONU denuncia grave estado de derechos en Colombia

Funcionaria habla de hostigamientos contra defensores de derechos humanos.
Grupo amenazado incluye sindicalistas, líderes indígenas, abogados y prensa.

Bogotá. AFP. La Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos publicó un severo informe sobre la situación de Colombia, en que denuncia la inseguridad de los defensores de derechos humanos y su “estigmatización”, inclusive por miembros del Gobierno de Álvaro Uribe.

Una mujer observa fotografías de personas muertas o desaparecidas, en un acto conmemorativo, el sábado en el centro de Cali (Colombia), del Día Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado. EFE.

“Siguen existiendo actitudes de acoso y persecución hacia defensores de derechos humanos y sus familias”, escribe en la conclusión de su informe publicado el martes la Alta Comisionada Navi Pillay, quien estuvo en este país en septiembre de 2009.

“La Alta Comisionada está profundamente preocupada ante el extendido fenómeno de amenazas contra los defensores”, añade en el documento que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, el 24 de marzo.

Si bien reconoce que “la situación global de seguridad del país ha mejorado” con la implementación de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, Navi Pillay dedica su informe a una larga lista de sectores según ella amenazados: sindicalistas, líderes comunales indígenas, afrocolombianos, representantes de poblaciones desplazadas, magistrados, abogados o periodistas. Para cada apartado la ONU menciona asesinatos, algunos con tortura.

Sin mencionar a los autores, a menudo desconocidos, la funcionaria responsabiliza al Estado colombiano, ya que “una de las principales razones de la inseguridad (…) reside en la estigmatización sistemática de estos defensores por miembros del Gobierno y otros actores no estatales”.

Escuchas ilegales, detenciones arbitrarias, acusaciones de falso testimonio y robo de documentos son otras de las tantas trabas en la defensa de los derechos humanos en Colombia, según el informe.

El Gobierno colombiano ha brindado protección a 3.052 personas entre enero y septiembre de 2009, afirma el texto, sin embargo, “la protección real” será posible cuando la “estigmatización cese por completo” y los autores de crímenes y amenazas sean juzgados, concluye.

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(Parte 2)

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Perdone usted que nos honra leyendo esta columna que seamos tan majaderos en este asunto. Pero es que nuestro enojo, nuestra indignación, nuestra molestia es tan grande porque de mi bolsillo, del suyo, del bolsillo del pueblo trabajador, y hasta del bolsillo de los empresarios exportadores (los micro, los pequeños, los medianos, incluso de los grandes), pretenden sacarnos tal cantidad de plata.

¿Para qué? Para pagar el soborno, para pagar una mordida a un grupo reducido de personas, la población trabajadora de JAPDEVA, que son unas 1.400 personas, a cambio de que éstas entreguen, a un monopolio privado transnacional y sus socios nacionales (¿los hermanos Arias incluidos?), los muelles de Limón y de Moín, por los cuales pasa el 80 % del comercio internacional de Costa Rica.

Será a la gente, al pueblo trabajador, al que obligarán a pagar ese montón de plata, porque las tarifas de uso de esos muelles subirán por las nubes, a fin de que quienes han de poner la plata para pagar esa mordida, recuperen lo más rápidamente posible su “inversión”, encareciéndonos a todos nosotros los precios intermedios y finales de la enorme cantidad de insumos y de productos que consumimos y que ingresan al país por Limón.

Nos cuesta entender cuán grande es esa cantidad de plata. Para que tengamos idea de cuánto dinero es de que estamos hablando, ponga cuidado.

Figúrese usted que con 80 mil millones de colones, podríamos beneficiar a 15.094 familias pobres, de cuatro miembros cada una, otorgándoles un bono de vivienda de 5 millones 300 mil colones por familia. En este caso, habría 60 mil 376 personas beneficiadas. ¡Y pretenden “repartir” esos 80 mil millones de colones entre 1.400 personas!

Con 80 mil millones de colones, se podría darle beca a 64 mil estudiantes nuevos, a 25 mil colones mensuales por cabeza y durante diez meses al año, durante cinco años para cada estudiante. En realidad, estamos hablando de 64 mil nuevos hogares beneficiados con becas “Avancemos”. ¡Y pretenden “repartir” esos 80 mil millones de colones entre 1.400 personas!

Con 80 mil millones de colones, se pueden construir 8 mil nuevas aulas, a un precio de 10 millones de colones cada una. Si esas aulas son para grupos de 25 alumnos de zonas de mucha pobreza o rurales, hablamos de beneficiar a 200 mil estudiantes que recibirían lecciones en un espacio digno. ¡Y pretenden “repartir” esos 80 mil millones de colones entre 1.400 personas!

Igualmente con esos 80 mil millones de colones, se podrían construir 533 nuevos Ebais, a un costo de 150 millones de colones cada uno; y si cada uno de esos Ebais atendiera a 1.500 habitantes, estaríamos hablando de 800 mil personas beneficiadas. ¡Y pretenden “repartir” esos 80 mil millones de colones entre 1.400 personas!

No le parece que ante semejante corruptela, deberíamos salir a las calles a repudiarla. Pensamos proponer una acción así en fecha próxima y ojalá contemos con su apoyo.

Ahora bien, afortunadamente, las reservas morales, el capital ético y la entereza honorable de la mayoría del pueblo trabajador de Japdeva, es impresionante. La mayoría de esas 1.400 personas potencialmente “beneficiadas” con esa mordida, rechazan que las metan en tal corruptela.

A usted, la_ “gran”_ prensa le oculta que hubo una legítima asamblea sindical convocada por la auténtica directiva del sindicato SINTRAJAP (la que no es afín a los hermanos Arias Sánchez, la que no está corrupta), que acordó rechazar ese soborno, de manera unánime. Además, acordó decirle al Ministerio de Trabajo que respete la democracia y la autonomía sindical y que reconozca la voluntad mayoritaria de la afiliación a SINTRAJAP que no está con la mordida de los 80 mil millones de colones; y, por tanto, la legítima dirección de este sindicato es aquella cuyo período vence en enero del 2011, la que está en contra del soborno.

Escojamos. Opción A: Con 80 mil millones de colones tendríamos, 60.376 personas beneficiadas con un bono de vivienda; ó 64 mil nuevos estudiantes con una beca de “Avancemos” (que representaría 64 mil nuevas familias beneficiadas); ó 200 mil alumnos recibiendo clases en una aula digna; ó 800 mil personas con acceso a un Ebais nuevo; ó, una combinación de las cuatro posibilidades de esta opción.

Opción B: Aceptar que esos 80 mil millones de colones se los “repartan” un reducido grupo de personas, contra toda ética, contra toda moral, contra toda legalidad; y, además, que los muelles de Limón y de Moín se los demos a una transnacional privada y sus inescrupulosos socios nacionales, pagando de nuestro bolsillo el monto de esa mordida. Nosotros preferimos la opción A. ¿Y usted?…

Finalmente, la pregunta sigue siendo válida: ¿Por qué la_ “gran”_ prensa no quiere que el pueblo tenga esta perspectiva de la mordida, del soborno de los 80 mil millones de colones?

Chile: El libre mercado ha profundizado los impactos del terremoto y maremoto

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El Estado se ha desvinculado de estos sectores, promoviendo la externalización de los servicios básicos y/o públicos, que han sido históricamente –y lo son aún en países considerados desarrollados- su responsabilidad principal. Lo que ha venido primando hasta hoy es la obtención de grandes ganancias de sectores privados por sobre el bienestar y seguridad de la población.

La desvinculación brutal del Estado de sus deberes sociales, tiene su origen en la implementación del libre mercado como sistema económico en la década de los 80 y profundizada durante los cuatro periodos de la Concertación. Los postulados del libre mercado fueron adoptados en Chile, incluso con mayor intensidad que en otros países. Su desdén por todo tipo de regulación y planificación de largo plazo no tiene comparación con casi ninguna otra economía que haya adoptado este sistema.

El terremoto recién pasado, hizo colapsar a la mayoría de los establecimientos educacionales de carácter público en el sector centro sur de nuestro país, así como en la Región Metropolitana, abandonados al inicio de la dictadura y consagrado su abandono con la promulgación de la ley LOCE (Ley orgánica constitucional) en 1989, actualmente LGE. (Ley general de educación)

La construcción de autopistas entregadas en concesión a los privados colapsaron estrepitosamente, dejando al descubierto la lógica del abaratamiento de costos en beneficio de la obtención de ganancias. En la misma lógica, las construcciones habitacionales-particularmente grandes edificio-departamentos- quedaron al término del terremoto, peligrosamente inclinados y otros sencillamente en el suelo. Un caso ejemplar es el de la inmobiliaria “Paz Corp. S.A.”. Otro asunto es la construcción de grandes edificios de departamentos en sectores costeros inestables, desafiando a la naturaleza, no importando nada más que la plusvalía excepcional que en ellos se obtiene. Hoy existe duda respecto a la destrucción o no de muchos de estos edificios.

Se hace necesario señalar que la Ley general de Urbanismo y Construcción fue modificada el año 2005, cuya vigencia comenzó a correr desde agosto del mismo año. En ella se limitaron las facultades de control de la Direcciones de obras Municipales circunscribiéndolas a la mera vigilancia de los aspectos estrictamente urbanísticos y no a las cuestiones de uso de material adecuado y calidad en general. Esto fue entregado a terceros independientes privados de remuneración particular, cuestión que ha hecho posible que las inmobiliarias y constructoras sean juez y parte.

Un caso emblemático de los resultados dispares que se obtienen de infraestructuras levantadas con miras al bienestar y desarrollo de un pueblo en contraposición al mero interés del capital, es la situación del Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benitez. Mientras el aeropuerto internacional entregado en concesión terminó totalmente devastado, el aeropuerto nacional levantado por el Estado hoy se encuentra casi intacto.

El gobierno, el presidente electo y su gabinete, en conjunto con los rostros televisivos y los medios de comunicación promueven el desarrollo de una obra caritativa-Teletón-para sacar adelante a nuestro país. Piden solidaridad a la población del norte de Chile, a los empresarios y organizaciones caritativas en general. Tales espectáculos si bien contribuyen a los sectores más afectados en nuestro país también ocultan un sistema fundado en la injusticia. Las cifras que se estiman para reconstruir a nuestro país son del orden de los 20.000 y 30.000 millones de dólares, en tanto las multinacionales extractoras de los grandes yacimientos cupríferos de nuestro país remesan al exterior tan sólo en un año una cifra superior a los 20.000 millones de dólares. La desnacionalización del cobre que nacionalizara Salvador Allende, ha sido posible gracias a la ley orgánica sobre concesiones mineras diseñada por el ministro de minería de la dictadura militar, José Piñera Echeñique y a las políticas de profundización de la Concertación.

La desnacionalización del cobre y las desregulaciones han significado un debilitamiento del Estado. En las crisis económicas y en las catástrofes naturales, profundizadas por el libre mercado, quienes pedían menos Estado, ahora corren pidiendo ayuda al Estado y que el Estado asuma los costos de las crisis económicas y de las catástrofes naturales.

El llamado de la Presidenta de la República, los medios de comunicación representativos de sectores empresariales, rostros televisivos, etc., sigue siendo a la “Solidaridad”. Sin embargo, nadie hace un llamado a la ¡“Justicia!

– * Gabriel Ríos es estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile e Investigador adjunto del Centro de estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad. – Bárbara Sepúlveda es memorista de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Fuente: ARGENPRESS

Resistencia hondureña convoca a consulta sobre Constituyente

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Gilda Rivera, Honduras 1

En un comunicado el Frente anticipó que la acción se desarrollará el 28 de junio, cuando se cumpla 1 año del Golpe de Estado que derrocó al mandatario legítimo, Manuel Zelaya.

El Golpe impidió justamente la celebración de una encuesta nacional organizada por el Gobierno de Zelaya sobre una Constituyente.

La Resistencia subrayó que esa asamblea_ “representará la voluntad impostergable del pueblo para construir democracia verdadera y transformar el sistema de injusticia y represión instalado por la oligarquía”._




Gilda Rivera, Honduras 2

Además, convocaron al Segundo Encuentro por la Refundación de Honduras, que se realizará en la occidental ciudad de La Esperanza, los días 12, 13 y 14 próximos.

La constitución de Honduras fue aprobada en 1982, durante una de las dictaduras militares que asolaron a esta nación.

Por su parte, Manuel Zelaya se encuentra en Venezuela, donde aceptó el cargo de “coordinador jefe” de Petrocaribe, una iniciativa de cooperación energética promovida por el mandatario venezolano, Hugo Chávez.

Zelaya señaló que aceptó la propuesta con el fin que se “fortalezcan los procesos democráticos del continente y se blinden las democracias de América Latina”.

Desde allí, el ex presidente se mostró preocupado por el nivel de violencia existente en Honduras y por los asesinatos a dirigentes de la Resistencia.

Fuentes: PÚLSAR/PL/VTV

Peligro ambiental: Gobierno amplía anillo de contención de la GAM

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Ante la publicación el pasado 23 de febrero del 2010 del Decreto Ejecutivo 35748 –MP-MINAET-MIVAH sobre la ampliación del anillo de contención de la Gran Área Metropolitana (GAM), de hasta 200 metros, estableciendo coberturas de construcción de 50%, hacemos un vehemente llamado sobre las graves implicaciones que este texto conlleva:

1. Área total que se abre a la urbanización 5.456,2 Hectáreas, es decir, 54.562.000 metros cuadrados, de los cuales un 50% podrían ser objeto de construcción es decir, 27.281.000 metros cuadrados.

2. Las áreas de muy alta y alta fragilidad ambiental dentro de esa franja de tierra que cubre 25 cantones, es de 4.118 hectáreas, de decir, el 75.5% del total. Estas no son aptas para el desarrollo urbano intenso. Son aptas para la actividad agrícola o la conservación ambiental, o bien, algunas de ellas, para un desarrollo urbano controlado y condicionado.

3. Las áreas de moderada fragilidad, representan apenas 1.330 Ha, es decir, solo el 24.5% del total de la franja. Estos terrenos, según el PRUGAM son aptos para el desarrollo urbano de alta densidad con coberturas de hasta 70%.

4. Del total de la franja abierta por el decreto, se presentan:
a. 2.567.1 hectáreas de terrenos vulnerables a deslizamientos y otros procesos de erosión, dada su pendiente y limitadas condiciones geológicas, la mayoría de aptitud forestal y que también son áreas de recarga acuífera, representando el 47% del total.
b. 161.6 hectáreas de terrenos altamente vulnerables a inundación, dada su cercanía a cauces de los ríos, representando el 3% del total.
c. 308.2 hectáreas cubiertas con bosques primarios y secundarios, en terrenos de pendientes moderadas a altas, es decir, 5,7% del total.
d. 31.7 hectáreas de terrenos de alto riesgo volcánico, o sea el 0,6%.
e. 667,3 hectáreas de terrenos vulnerables a procesos de sedimentación y erosión activos, asociados a abanicos aluviales activos, es decir el 12,2%.
f. 57.1 hectáreas de terrenos de muy alta vulnerabilidad acuífera, es decir, 1.0%.
g. 161.2 hectáreas de terrenos vinculados a fallas geológicas activas, sobre su traza o en su zona de seguridad de 50 metros, 3,0%.
h. 148.6 hectáreas de terrenos impactados ambientalmente por industrias, tajos o rellenos sanitarios, 2,7%.

El INVU (La Nación, 27.02.2010, pág. 11.A) sostiene “que los nuevos espacios para la construcción son necesarios debido al crecimiento de la población”. Señalan también que el decreto “no es un cheque en blanco, si se pone en riesgo el ambiente, no se puede construir”, ya que “los desarrolladores deberán cumplir con una serie de requisitos de SETENA, para poder construir”. No obstante, no indican las autoridades del INVU porqué el texto exige a las municipalidades sin plan regulador, a dar el uso del suelo, si ya los estudios de PRUGAM y su reglamento señalan dónde no se deben dar esos usos. Señalamos además que la mayoría de estas municipalidades están en proceso de elaboración de su plan regulador, ya sea como consecuencia del Proyecto PRUGAM o con recursos de otras fuentes. A la fecha, 23 gobiernos locales de la GAM han entregado sus estudios ambientales a la SETENA, amparados en la Viabilidad Ambiental otorgada por esta Secretaría al Plan PRUGAM. De estos, al menos 10 han recibido la viabilidad ambiental por parte de la SETENA.

El decreto no le da lineamientos claros a las municipalidades de dónde no deben dar usos del suelo con coberturas de 50% dentro de la franja ampliada. Se considera que será en una fase posterior, en el trámite ante la SETENA que el asunto del riesgo ambiental se resuelva. Pero aquí surgen varias preguntas: ¿por qué si ya se sabe en qué áreas no se debe construir, no se indica de una vez y no se hace perder tiempo y recursos a los administrados?, ¿qué pasaría con aquellos proyectos de construcción de menos de 500 metros cuadrados que no tienen que hacer trámite ante la SETENA?, ¿por qué se expande el anillo de contención en una franja de 200 metros, y no se aprueba el Plan PRUGAM 2008 – 2030, al menos en lo ya aprobado por SETENA que es más completo y da mejor orientación sobre las áreas aptas para el desarrollo urbano?

Si el decreto se aplica y las municipalidades otorgan usos del suelo para construcción con coberturas de hasta 50%, en terrenos bajo peligro de deslizamientos, inundaciones, de fallas geológicas activas, de procesos de erosión y sedimentación, de bosques naturales o de áreas de recarga acuífera: ¿quién asumirá la responsabilidad por los daños que puedan ocurrir?

Según los mismos estudios de PRUGAM que se citan en ese decreto, de los poco más de 27 millones de metros cuadrados que se abren a la urbanización (condominios hasta proyectos de interés social, como dice el INVU), poco más de 20 millones de metros cuadrados NO SON APTOS TECNICA Y AMBIENTALMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN.

Existe una vasta experiencia en torno a políticas y legislación que favorecen un uso más inteligente de la tierra en general y sobre todo de los “baldíos urbanos”, donde la ciudad tienen espacio natural de crecimiento, y que es un tema urgido de políticas que permitan algún manejo para embellecer y sanear estas áreas.

Hacemos un vehemente llamado a la opinión por la total desavenencia de este Decreto, exigimos su inmediata suspensión y alertamos sobre las graves responsabilidades que conlleva al ignorar criterios técnicos sobre la vulnerabilidad de la GAM.

GRUPO LLAMADO URGENTE POR EL PAÍS
http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com

1. Dr. Rafael Arce Mesén, Geógrafo, Docente-Investigador, UCR
2. M.Sc. Mario Arias Salguero, Hidrogeólogo, CIG, UCR
3. Dr. Allan Astorga, Geólogo, UCR
4. M.Sc. Javier Baltodano Aragón, Biólogo, Coeco Ceiba
5. Dr. Nicolas Boeglin, profesor, Facultad de Derecho, UCR
6. M.Sc. Rolando Castro, Abogado, CEDARENA
7. M.Sc. Olga Corrales, Abogada
8. Lic. Gabriela Cuadrado, Abogada, CEDARENA
9. M.Sc. Vanessa Dubois, Gestión Ambiental, FANCA/FUDEU
10. Dr. Rafael González Ballar, Abogado, Facultad de Derecho, UCR
11. M.Sc. Raúl Guevara, Abogado
12. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Biólogo, Escuela Biología, UCR
13. Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Escuela Biología, UCR
14. M.Sc. Oscar Lucke, Geógrafo, Escuela de Geografía, UCR
15. Lic. Patricia Madrigal, Abogada, CoopeSolidar
16. M.Sc. Jorge Mora Portuguez, Abogado, FANCA/FUDEU
17. Dr. Eduard Muller, Rector, UCI
18. M.Sc. Mario Peña Chacón, Abogado, Facultad de Derecho, UCR
19. Dr. Carlos Quesada Mateo, Ingeniero Civil, CCT
20. Dr. Guillermo Quirós, Oceanógrafo, UNA
21. M.Sc. Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado, UNA
22. M.Sc. Vivienne Solís Rivera, Bióloga, CoopeSolidar
23. M.Sc. Luis Carlos Vargas Fallas, especialista en aguas
24. M.Sc. Luis Villalobos, Médico Salubrista, Investigador, UCR