Colombia: COLSIBA llama a la solidaridad internacional

San José, Costa Rica

Compañeras y Compañeros,
Amigas y Amigos
Organizaciones fraternales amigas de COLSIBA

Reciban un fraterna saludo, les presentamos documentos adjuntos, los cuales son dos cartas del Sindicato SINTRAINAGRO al Ministro de la protección Social de Colombia y al procurador General de Colombia, una carta de COLSIBA, al ministro de la Protección Social y la lista de correos y teléfono de distintas autoridades del Gobierno Colombiano. (Bajarlos de ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha)

Hacemos solicitud URGENTE “CAMPAÑA DE CARTAS Y MENSAJES” a las autoridades del Gobierno Colombiano:

Para que intervengan ante los representantes de la empresa, Palo Alto, con el fin de que se sienten a negociar con la organización sindical los aspectos de los derechos laborales de las y los trabajadores, la convención colectiva en el centro de trabajo, es necesario presionar al Gobierno para que detenga la acción – incursión de los grupos paramilitares que con el desinterés de los organismos de seguridad del estado actúan en total impunidad, por lo que es muy necesario urgir al gobierno a actuar y parar a estos matones a sueldo de la empresa.

Les quedaremos muy agradecidos por su apoyo, hoy mas que nunca es urgente apoyar esta justa lucha de nuestros hermanos/nas de Colombia.

Es necesario que cualquier mensaje o acción hacia el Gobierno y la empresa se haga copia al Sindicato SINTRAINAGRO.

Saludos fraternales,

Gilbert Bermúdez.
COLSIBA

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Comunicado de SINTRAINAGRO

La Junta Directiva Nacional de SINTRAINAGRO informa que la situación de conflicto colectivo presentado en la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa & Cía. S. en C., del municipio Pueblo Viejo del departamento del Magdalena, se complicó gravemente.

El Ministerio de la Protección Social desplazó hasta el lugar a una comisión presidida por la doctora Luz Stella Veira, jefa de Unidad de Registro y Control, para que durante los días 28 y 29 de enero, se desarrollaran reuniones de acercamiento entre los representantes de SINTRAINAGRO y de la empresa Inversiones Palo Alto.

La doctora Luz Stella Veira denunció haber recibido amenazas por ejercer su obligación institucional de haberse desplazado a la ciudad de Santa Marta, en la búsqueda de un acuerdo conciliado para la negociación. A esto se suma que los representantes de la empresa se niegan a aceptar la presencia sindical y, por lo tanto, a iniciar la negociación del Pliego de Peticiones.

El pasado viernes 29 se logró la intervención del Gobernador encargado del Magdalena y del Alcalde del municipio de Pueblo Viejo, quienes junto con el Ministerio de la Protección Social y el Sindicato, reiteraron la obligatoriedad legal que tiene la empresa de iniciar la negociación colectiva, pero aún así el abogado y el administrador de la empresa se negaron nuevamente a aceptar el proceso de negociación.

El Alcalde del municipio de Pueblo Viejo informó al Sindicato que en coordinación con la Policía Nacional, había autorizado el ingreso a la finca en conflicto de un grupo de nuevos trabajadores, lo cual significa una flagrante violación al derecho de asociación y negociación colectiva, y deja expuesta la complicidad de esta jerarquía local con los empresarios para proteger su posición radical y negativa a iniciar la negociación.

La argumentación que más se hace sentir en las reuniones efectuadas está claramente sustentada en los antecedentes de violencia y de intimidación armada ilegal que se ejerce en la región, por lo que consideramos esta situación como un intento de aterrorizar a los trabajadores y trabajadoras para que el Sindicato desista en su reclamo de respeto al derecho legítimo y constitucional de ejercer su actividad en materias de organización y negociación colectiva.

De consolidarse el propósito de la autoridad municipal y los empresarios de romper el conflicto colectivo con la presencia de nuevos trabajadores y la fuerza pública, advertimos que, dada la resistencia unitaria de los trabajadores organizados, podrían presentarse graves hechos de violencia.

Si esto ocurriera, responsabilizamos directamente de ello a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas de seguridad del Estado por su negligencia y su complicidad con los propósitos empresariales, no obstante que el tema es plenamente conocido por el Vicepresidente de la República, el Ministro del interior y la Dirección Nacional de la Policía, al igual que por el Comando Regional de la Policía del Magdalena.

Llamamos de forma urgente a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (UITA), a todo el sindicalismo nacional e internacional para fortalecer la gestión ante el gobierno nacional, y a la oficina de la OIT en Colombia para que su intervención contribuya a una solución pacífica con protección de la aplicación de los convenios internacionales.

Por la Junta Nacional SINTRAINAGRO,

ADELA TORRES VALOY
Secretaria General

HERNAN CORREA
Presidente (E)

¡Urgente! Crear trabajo decente

No obstante, hay una dimensión en este proceso de reactivación que preocupa y que es motivo de atención: no se están generando los puestos de trabajo necesarios para recobrar las plazas perdidas durante la crisis y para brindar empleo a los jóvenes que buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral.

El presidente Obama en su primer informe del Estado de la Unión hace pocas semanas se refirió a la situación de los millones de desempleados y las dificultades que afrontan, señalando que la generación de empleo será la máxima prioridad de su gobierno. “El empleo debe ser nuestro objetivo número uno en 2010 y por eso pido este año un proyecto de ley para la creación de nuevos trabajos”, dijo Obama al Congreso.

Según el director del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, “la mayor parte de las economías avanzadas y algunas emergentes tienen un alto desempleo, así que es difícil afirmar que la crisis ha terminado cuando el paro no se reduce”. En su criterio la crisis mundial no concluirá mientras el desempleo sea elevado y las políticas públicas deben dirigirse a la creación de trabajo.

En Costa Rica la desocupación de la mano de obra es también un problema que exige respuestas urgentes del gobierno. El aumento de la tasa de desempleo en el último año, al pasar del 4,9% en 2008 al 7,8% el año pasado, constituye una señal de alarma por las implicaciones humanas y sociales que significa y por el desperdicio económico que representa.

Resulta impostergable la formulación de una “política nacional de empleo”, de la que carecemos en el país desde hace muchos años. Así lo expresó la OIT en el estudio elaborado por Eduardo Alonso publicado en marzo de 2004; y lo reiteró recientemente la Contraloría General de la República en relación con el empleo público.

La generación de puestos de trabajo se ha visto en nuestro país como un subproducto del crecimiento de la producción y del aumento de las exportaciones, y no como un elemento esencial de la estrategia de desarrollo nacional. Esa visión la contradice la realidad actual. Las economías se recuperan de la recesión pero no están creando empleos.
Durante la campaña electoral, la candidata Laura Chinchilla, ahora presidenta electa, puso gran énfasis en el “trabajo decente para los adultos”. Creemos que esa debe ser, efectivamente, una prioridad en su administración. Y no debe subordinarla a los criterios extremistas de quienes reverencian la estabilidad macroeconómica como virtud suprema, algo que muchos males le ha ocasionado a Costa Rica al postergar obras esenciales en infraestructura en aras del equilibrio fiscal y al contener la inversión privada con altas tasas de interés.

La formulación de un plan nacional de empleo sustentado en los principios del trabajo decente, concebido como “ocupación productiva justamente remunerada que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana” debe ser un imperativo.

Un plan de esa naturaleza debe contemplar tanto el corto como el mediano plazo; elaborarse de manera tripartita entre el gobierno y los gremios laborales y empresariales; integrar políticas públicas y contar con una decidida voluntad política. Ojalá doña Laura ponga todo su empeño en lo prometido.

Vacunación AH1N1: Ciudadanía solicita intervención de Defensoría

Carta entregada el 1 de febrero a la Defensora de los Habitantes

San José, 20 de enero, 2010

Señora Ofelia Taitelbaum Joselevich
Defensora de los Habitantes
Defensoría de los Habitantes
San José

Estimada Sra. Defensora:

Por medio de la presente, solicitamos a la Defensoría de los Habitantes realizar, con carácter de urgencia, una investigación en relación con la decisión tomada por las autoridades sanitarias de Costa Rica de efectuar una vacunación obligatoria masiva contra el virus de la Influenza AH1N12009, en nuestro país. La palabra masiva deriva de las dosis de vacuna que han sido solicitadas por nuestras autoridades (1.800.000 dosis), y de la afirmación de que se podría obligar por decreto, a las personas a vacunarse, particularmente a mujeres embarazadas, al personal de salud, de la Fuerza Pública, de los Bomberos, y a los pacientes con determinadas patologías (La Nación, 15 de enero 2010, página 8A, y La Extra, 15 de Enero de 2010, página 18), a diferencia de la escogencia voluntaria de vacunarse o no, ofrecida, a los ciudadanos, por los gobiernos de México, España, los Estados Unidos, Italia, Francia y otros países.

Algunos de los solicitantes de esta investigación habíamos dirigido, el 21 de octubre de 2009, una excitativa al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, con copia a esta Defensoría, para que se pronunciara sobre este asunto, e idealmente para que organizara un debate sobre el tema. Desafortunadamente, la Junta Directiva del Colegio de Médicos, puso oídos sordos a estas gestiones y no dio razón de su posición al respecto. La Defensoría tiene copia de la carta mencionada, pero la adjuntamos nuevamente.

La OMS eliminó de la definición tradicional de pandemia el criterio de severidad y de esa forma pudo declarar como “pandemia” a la gripe AH1N1 2009 (Doshi P. ‘ How should we plan for Pandemics, BMJ 2009, vol. 339:603-605). Algunas publicaciones internacionales, han sugerido que este cambio se hizo por presión de las compañías farmacéuticas. Estas sospechas, junto con el descubrimiento de profundos conflictos de interés entre las farmacéuticas y las autoridades mundiales de salud, llevaron al Comité de Salud del Consejo Europeo, presidido por el Dr. Wolfgang Wodard, a solicitar, en forma unánime, una investigación sobre el tema a su Asamblea Parlamentaria, iniciativa que será conocida entre el 25 y el 28 de enero en Estrasburgo. El Dr. Wodarg se refirió a esta pandemia como “…uno de los mayores escándalos médicos del siglo.” En su criterio, “…millones de personas saludables están siendo expuestas innecesariamente a los riesgos de una vacuna insuficientemente probada” ( L´ Humanité 7 de enero de 2010; Le Monde. FR. Avec AFP, 7 de enero 2010; L´ Humanité 19 de enero de 2010; Le Temps 19 de enero 2010).

Ha quedado demostrado que el virus de Influenza AH1N12009 es más benigno que el de la gripe estacional. Esto deja sin sustento el Decreto de Emergencia N° 35217-MP-S, del Ministerio de Salud costarricense, que se basó en premisas que pudieron haber sido ciertas, pero no lo fueron. El decreto cimentado en esas presunciones ha ocasionado gastos extraordinarios en la implementación de una campaña de vacunación masiva, que en este momento no se justifica. Más importante aún, las vacunas que se utilizarán se produjeron en muy corto tiempo, y carecen de estudios que demuestren la seguridad y eficacia de las mismas, como se exige a cualquier medicamento en condiciones normales (PANENZA, reporte de evaluación público FR/H/447/01-02/DC de la afssaps de Francia; Timerosal in vaccines http://www.fda.gov/BiologicBloodVaccines/Safety Availability /).

La vacuna PANENZA que se usará en Costa Rica, contiene Timerosal, en una dosis de 45 mcg/0.5cc, producto de muy dudosa seguridad, particularmente cuando se usa en niños menores de 6 años y en mujeres embarazadas. El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que a los niños con edades entre 6 meses y 8 años se les vacunará con dos dosis de esta vacuna (La Nación, 20 de Enero 2010, página 15A). Dosis consideradas inaceptables por su alto contenido de mercurio. En los Estados Unidos no se recomiendan las vacunas que contienen Timerosal para niños ni mujeres embarazadas. En Estados Unidos, las vacunas con Timerosal no serán utilizadas en esas poblaciones. Ya hay acciones legales, incluyendo una sentencia, asociando el autismo con vacunas del Timerosal.

Se desconoce quién asumirá las responsabilidades, en Costa Rica, si se dan efectos secundarios, en los vacunados, con PANENZA. Según expresó la Sra. Ministra de Salud, hay un contrato entre la OMS-OPS y los productores de vacunas, cuyo texto se desconoce, donde constarían las responsabilidades de los firmantes. De modo que para la protección de los ciudadanos costarricenses, es obligatorio conocer cómo se gestionó, desde su raíz, esta compra de vacunas, y a qué se comprometió cada actor (OMS-OPS- Farmacéuticas y el Gobierno costarricense).

Existen normativas en los Estados Unidos, y en Europa, que eliminan las responsabilidades de las compañías farmacéuticas sobre los efectos secundarios producidos por las vacunas. Este requisito lo exigieron esas compañías a los gobiernos, para acelerar la producción. Debido al rechazo de la mayoría de la población a vacunarse, varios países, entre ellos Francia, Alemania, España, Reino Unido, Italia etc. están tratando de devolver millones de dosis de vacunas, por lo que hay ahora en el mercado una sobreoferta.

No ha existido, hasta el momento, una campaña de información integral y actualizada a los ciudadanos, de parte del Ministerio de Salud y de la CCSS, sobre esta “pandemia”, y el posible riesgo-beneficio de la vacuna. No sería aceptable que se le obligue a cada ciudadano a levantarse la manga y se le ponga la vacuna, sin que éste conozca suficientemente de qué se trata. Aunque la ley permite en determinadas circunstancias una vacunación obligatoria, ésta medida debe tener, si éste fuera el caso, un debido proceso, ineludible e inobjetable que incluye el criterio de proporcionalidad y una motivación incuestionable. Es importante recordar que no se han hecho estudios que demuestren la efectividad de esta vacuna para prevenir la gripe H1N1, o sea no sabemos si sirve.

El gobierno francés exige al comercializador de la vacuna un seguimiento de cada vacunado y cada lote de vacuna, e informes periódicos y estudios post-mercadeo para asegurarse particularmente de que no hay efectos secundarios. En Costa Rica se desconoce cómo va a ser el proceso, y pareciera que la responsabilidad queda toda restringida a las autoridades de salud. Dado que hasta el 16 de diciembre supo nuestro país, según la Sra. Ministra de Salud, cuál vacuna nos había asignado la OPS, es de esperar que se requiere tiempo y organización para que cada candidato a la vacuna, conozca las características específicas de la vacuna PANENZA. Es de elemental prudencia y derecho de los ciudadanos, antes de ser vacunados, que se les suministren los instructivos que la Sanofi-Pasteur elaboró, con la composición, características y riesgos del producto que se pretende utilizar en Costa Rica.

Solicitamos que la Defensoría actúe en defensa de la salud de la población especialmente de embarazadas y niños, teniendo en cuenta que estamos frente a una campaña de vacunación masiva obligatoria, desconociendo la eficacia y seguridad de la vacuna, de cara a una gripe mas benigna que la gripe de todos los años.

También solicitamos a la Defensoría nuestra participación en los procesos que se deriven de esta investigación, para tener oportunidad de ampliar la documentación sobre lo aquí señalado, y que por razones de espacio, debimos dejar en el tintero.

Atentamente,

Firmas de decenas de personas en el original

Notificaciones al FAX 22631025

CC.
Dra. María Luisa Ávila. Ministra de Salud
Ing. Eduardo Dorian Garrón. Presidente Ejecutivo CCSS.
Directiva CCSS
Contraloría General de la República
Colegio de Médicos y Cirujanos
Colegios Profesionales
Asamblea Legislativa
Defensoría del Niño
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Universidades Públicas
Iglesias: Católica, Evangélica, Episcopal, Luterana etc.
Sindicatos
Medios de comunicación

CGR: Grandes diferencias salariales en el Sector Público

Informe completo AQUí

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Así se informó
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La Contraloría General de la República (CGR) encontró diferencias salariales entre el 225% y el 614% en puestos idénticos en un estudio realizado en 17 instituciones del Estado.

“Se observaron disparidades salariales irrazonables y desproporcionadas en instituciones del sector descentralizado, que oscilan entre un 225% y un 614%, aún cuando las funciones asignadas y requisitos exigidos para esos puestos son los mismos”, señaló la CGR en una nota de prensa sobre el estudio.

Asimismo, la Contraloría determinó “inoperancia de los instrumentos de evaluación del desempeño en la función pública, por cuanto en el 76.5% de las instituciones analizadas, dichas mediciones no se utilizan en forma oportuna ni adecuada”.

El objetivo del estudio fue analizar “las actividades y acciones llevadas a cabo por el Estado para desarrollar un sistema de empleo público, que procure una función pública más efectiva. También verificó el cumplimiento del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), respecto de la conformación de la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (CEARE), así como la gestión de esa Comisión en materia de empleo público”

El estudio permitió determinar que las acciones del Estado en materia de rectoría y políticas de empleo público han sido insuficientes. En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (PND) no existe un apartado sobre el tema, y el país no cuenta con políticas a nivel de Estado, que procuren abordar de forma integral el empleo público.

Cada quien mide con propia vara

Los esfuerzos en las instituciones “son de carácter aislado (la mayoría orientados solo a las dependencias cubiertas por el Régimen de Servicio Civil), y se observa la utilización de diferentes instrumentos jurídicos para administrar el recurso humano del sector público. En este sentido, lo que existe son lineamientos de corto plazo y disparidad de directrices, lo cual genera diferencias salarias y múltiples mecanismos de contratación y normativa disciplinaria en la gestión del recurso humano del Sector Público.

La CGR recordó que “según la Ley de Planificación Nacional y Política Económica, la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (CEARE) a cargo del MIDPELAN debe procurar que los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas modernicen su organización y procedimientos, y aumenten la eficiencia y productividad de sus actividades. Sin embargo, a la fecha del estudio, no se ha reglamentado su organización y funciones, lo cual ha originado indefinición sobre la forma como debe operar tal Comisión y los mecanismos establecidos para implementar las recomendaciones, lineamientos y orientaciones. Además, las propuestas que ha presentado dicha Comisión en materia de empleo público no han sido implementadas, sino que se encuentran en revisión, pese a que han transcurrido más de dos años desde que inició operaciones la CEARE”.

Problemática del empleo público

Tomando como base una muestra de 17 instituciones públicas, la CGR analizó tres componentes funcionales de la gestión de recursos humanos en el sector público: planificación del recurso humano, evaluación del desempeño y gestión de las compensaciones salariales. De acuerdo con el estudio, el 53% de las dependencias analizadas no vinculan la planificación de recursos humanos con la planificación institucional, indicó la CGR.

La CGR “emitió una serie de disposiciones a las autoridades correspondientes, para que se formulen políticas, directrices y lineamientos en materia de empelo público, aplicables a toda la Administración Pública”, puntualizó el estdudio.

Fuente: Informa-tico.com

El Salvador: terrible situación en la zonas francas de exportación

Existe una clara política antisindical y de despido de los trabajadores o trabajadoras que tienen intensiones de unirse a un sindicato o de formar uno. Muchas personas consideran que las condiciones de trabajo en las zonas francas de exportación pueden asimilarse al trabajo forzoso.

El 15 de enero de 2010, Victoriano Abel Vega, Secretario General de SITRAMSA (Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de la Alcaldía de Santa Ana), fue asesinado cuando se dirigía a San Salvador, donde debía asistir a una reunión con otros sindicalistas para preparar un procedimiento de queja en relación con el despido injustificado de varios empleados del municipio de Santa Ana, en violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT. Había recibido amenazas de muerte en conexión con su papel como dirigente sindical y por haber manifestado su condena de los despidos. En una carta dirigida a las autoridades salvadoreñas, la CSI insta al Presidente Mauricio Funes a emprender inmediatamente una investigación para identificar y castigar con todo el rigor de la ley a todos los responsables de este brutal crimen.

El informe de la CSI, publicado para coincidir con la revisión de las políticas comerciales de El Salvador por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), concluye que numerosos empleados públicos tienen prohibido ejercer su derecho a organizarse y que el derecho de huelga es tan restringido, que resulta prácticamente imposible hacer huelga. Pese a que El Salvador ratificó recientemente los Convenios fundamentales de la OIT sobre los derechos sindicales a fin de poder beneficiarse del acceso al régimen de ventajas comerciales SGP de la Unión Europea, éstos aún no se aplican en la práctica. Los trabajadores y trabajadoras del sector privado se enfrentan a un gran número de restricciones, tales como el exceso de formalidades y requisitos antes de poder constituir o afiliarse a un sindicato. Las prácticas antisindicales están muy extendidas, y las autoridades públicas no intervienen para ponerles alto. Además, la ley no prevé la reincorporación de los trabajadores ilegalmente despedidos debido a su afiliación o sus actividades sindicales.

En El Salvador, las mujeres ganan el 88% del salario medio de los hombres y están insuficientemente representadas en los empleos altamente cualificados y con altos salarios. El informe revela que hasta la fecha, el gobierno no ha adoptado ninguna política en materia de igualdad de oportunidades y que su respuesta a la discriminación tanto en el empleo como en la remuneración ha sido sumamente insuficiente. La legislación nacional aún no menciona el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con lo estipulado en los Convenios de la OIT.

El trabajo infantil sigue siendo un problema generalizado, que el gobierno no ha abordado adecuadamente. Es particularmente preocupante la persistencia de las peores formas de trabajo infantil, tales como la fabricación de fuegos artificiales, el trabajo en los vertederos de basura y la prostitución. Según los datos oficiales, más del 67% de los niños y niñas trabajan en alguna forma. En las zonas rurales, las niñas y niños trabajan en la agricultura y el comercio, mientras que en las zonas urbanas, se emplean más frecuentemente en la venta ambulante y la manufacturación.

Otra de las conclusiones del informe es que el trabajo forzoso, si bien está fuera de la ley, se produce a través de la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. El trabajo forzoso también existe en las cárceles, donde los presos condenados están obligados a trabajar.

Fuente: rebanadasderealidad.com.ar
Bruselas, 10 de febrero de 2010

Los ojos abiertos de América Latina

Hoy no es un día feliz para la Operación Milagro. Este 2 de febrero el Centro Oftalmológico Omar Torrijos Herrera, ubicado en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en la central provincia panameña de Veraguas, amaneció cerrado. La noticia ha generado gran repercusión mediática y angustia popular. No podía ser de otra manera, sobre todo porque les habían devuelto la visión ?que es la vida misma? a 49 715 seres humanos, la mayoría pacientes pobres, en especial campesinos e indígenas.

Tampoco es un día feliz para los médicos y personal de la salud cubanos que allí laboraban. Saben que les quedaba mucho por hacer en ese hermano país, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha contabilizado a “69 521 personas que sufren de ceguera, de las cuales 32 056 están relacionadas con los diferentes tipos de catarata, y de estas 15 351 han perdido completamente la visión de ambos ojos”… ¿Por qué poner fin entonces a la mundialmente reconocida Operación Milagro?

Decisión unilateral

En el día de ayer, 1ro. de febrero del 2010, la Embajada de la República de Cuba en Panamá emitió una nota de prensa que despeja todas las incógnitas tras esta noticia: la decisión de concluir la Operación Milagro ha sido tomada de forma estrictamente unilateral por el gobierno panameño.

La nota oficial de la Embajada de Cuba explica que “el pasado 5 de enero, el gobierno cubano conoció a través de la prensa panameña, una intervención pública del Ministro de Salud, en la presentación del llamado Programa ?Visión 20-20?, la decisión del gobierno de Panamá de dar por terminada la cooperación médica cubana en ese país.

“Durante los 26 días transcurridos, la Embajada de Cuba se ha cerciorado, en diversos encuentros con altas autoridades panameñas, que no existe confusión ni malentendido alguno y que es firme esta decisión unilateral (…) Por tanto, el gobierno de Cuba ha decidido proceder a la retirada inmediata de su personal y del equipamiento médico. Lo hace con la satisfacción de haber contribuido a la elevación de los niveles de salud y de la calidad de vida del noble y fraterno pueblo panameño, en especial de sus sectores más vulnerables y de menos ingresos.

“El pueblo cubano, el gobierno y especialmente los 50 médicos y paramédicos que han trabajado en este centro por tres años, con elevado humanismo y rigor científico, plena consagración a su labor, estricta y únicamente médica, y que permanecieron separados de sus familias por muchos meses; agradecen al pueblo panameño toda su confianza y las extraordinarias y permanentes muestras de gratitud y cariño expresadas a nuestro personal”.

Y concluye la nota con un párrafo que ha sido ampliamente reseñado en la prensa panameña: “El tiempo dirá si los interesados en la abrupta conclusión de la cooperación médica oftalmológica cubana en Panamá, con el argumento de que ha dejado de ser necesaria porque será garantizada por los sectores público y privado de la salud en ese país, están o no en lo cierto”.

¿Qué pierdePanamá?

Inicialmente, medios de prensa panameños titularon “Dan ultimátum de salida a la Misión Milagro”. Con respeto a sus decisiones editoriales, les propongo un título más sencillo: “¿Qué pierde Panamá?”. Sí, porque la Operación Milagro se desarrolla actualmente con éxito en 35 países y ha devuelto o mejorado la visión de 1,8 millones de personas. ¿Será de esa oportunidad que se priva a un pueblo? ¿Acaso la decisión de un gobierno afecta la imagen de un proyecto sin precedentes en la historia de la humanidad?

La respuesta también cabe en una frase sencilla, pero triste: Pierde el pueblo. Veamos por qué: desde marzo del 2007 hasta el 30 de diciembre del 2009, en el Centro Omar Torrijos Herrera se operaron 44 486 ciudadanos panameños de diversos tipos de padecimientos de la vista, que son: catarata, pterigium, retinopatía diabética, degeneraciones periféricas de la retina, glaucoma de ángulo estrecho y otras cirugías (quistes hialino, granulomas, chalazion y obstrucción de vías lagrimales).

Como recuerda la nota de prensa de la Embajada de Cuba en Panamá, “antes de la apertura del Centro en Veraguas, se operaron en Cuba otros 5 229 pacientes, lo que eleva la cantidad total de personas beneficiadas con la Operación Milagro en Panamá a 49 715. Fueron evaluados previamente en la pesquisa activa 92 631 pacientes y de ellos, 74 961 en consultas en el Centro Oftalmológico”.

Al conocer estas estadísticas salta una pregunta: ¿Acaso la Operación Milagro no es complementaria de cualquier otro proyecto que surja en esta dirección? La respuesta puede encontrarse en cualquiera de los beneficiados por este proyecto. Existe otro número, que parece simple, pero que habla de la alta preparación de los especialistas cubanos que laboraban en Veraguas: entre los pacientes panameños se presentaron apenas 0.82% de casos de complicaciones posoperatorias, ninguno de gravedad, y los resultados clínicos y quirúrgicos están muy por encima de los estándares internacionales para este tipo de cirugía.

Lo que no olvidará Veraguas

Ubicada al centro de Panamá, la única provincia con acceso al Caribe y al Pacífico, atractiva por sus paisajes, rica por sus plantaciones de cereales, café y caña de azúcar, histórica por haber sido la cuna de ese gran amigo de Cuba que fue el General Omar Torrijos, Veraguas vivía orgullosa de haberse convertido también en el centro de los Milagros. Hasta su ciudad llegaron muchos panameños ya ciegos, que al ser operados por los médicos cubanos, abrieron sus ojos a un paisaje inolvidable.

Hoy, mientras usted lee esta nota, el medio centenar de especialistas cubanos que laboraban en Veraguas están de regreso a la Patria. De vuelta a casa. Llenos de historias, porque tras cada uno de sus pacientes hay una vida que contar. Tal vez muy tristes por la obra inconclusa, pero de seguro felices de sus 49 715 milagros. Saben que ellos hicieron realidad lo que había soñado el Comandante en Jefe Fidel Castro en una conversación en La Habana, durante una visita del entonces presidente Martín Torrijos.

En Panamá se ha puesto fin, unilateralmente, a un Convenio de Cooperación para la ejecución de programas en materia de salud (18 de marzo del 2006) y a un Acuerdo de Cooperación para la creación del Centro Oftalmológico Omar Torrijos Herrera (2 de marzo del 2007). La historia ha de reconocer que Cuba honró su compromiso. En Veraguas, de seguro, se recordará con cariño a esos médicos y por años se hablará de sus “milagros”.

Este 2 de febrero, mientras los médicos cubanos en Panamá regresaban a la Isla, centenares de sus colegas amanecieron en los quirófanos de las clínicas de la Operación Milagro en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina… Y gracias a su labor otros miles de hermanos de América Latina abrieron sus ojos.

Fuente: granma.cu

A la venta frijol tapado producido por indígenas gnöbes en el sur del país

El precio del paquete de 900 gramos de frijol rojo es de C 1.500 y de C1.400 el paquete de frijoles negros.

El año pasado, la experiencia de producción y comercialización de frijoles gnöbes estimuló la participación de los consumidores en las redes que se crearon con las comunidades indígenas, lo que se tradujo en el logro de una cosecha 2010 de 1.000 quintales de grano para la venta.

El frijol tapado es una técnica ancestral de producción, utilizando tacotales (matorrales) con un promedio de 3 años de descanso, se corta con cuchillo el matorral y se riega el frijol, que crece entre el rastrojo de una manera 100% natural. Estos frijoles no son curados con químicos, para su preservación se usan métodos tradicionales como el ajo. Los frijoles son transportados a caballo, ya que el vehículo no entra a las áreas de cultivo.

Estos frijoles son comprados por los consumidores directamente a las familias productoras a un precio justo que cubre el trabajo realizado y los costos, incluido el transporte, limpiado y empaque. Las organizaciones MAOCO, KOCOMAL y Oro Verde, hacen el vínculo.

A los compradores de cubetas de 9 kg, se les propone coordinar para llenarle de nuevo la cubeta y a los compradores de menores cantidades que lleven los envases, para promover la no utilización de bolsas plásticas!

Habrá frijolitos listos para la venta en la Feria Orgánica de San Cayetano a partir del próximo sábado 20 y posteriormente en otros puntos de encuentro a convenir.

Este año la modalidad de pago por adelantado se hace a la cuenta del Banco Nacional 100-1-0720000020-5 a nombre de Orgánica Comercializadora, o coordinando al 22 19 04 59 / 83 36 70 56 o al correo comercializacionmaoco@agriculturaorganica.org.

Fuente: Informa-tico. com

Proyecto de Ley de Empleo Público: ANEP hace llamado unitario a los gremios estatales

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), considera de enorme relevancia que los distintos gremios sindicales y profesionales representativos de los intereses de las personas asalariadas del sector Público, forjen una gran unidad para enfrentar el desafío que representa el denominado proyecto de Ley de Empleo Público, que viene siendo promovido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).

Al momento, la ANEP tiene total desconocimiento del contenido de una iniciativa de semejante calibre y ya ha formulado petición oficial de que se le entregue una copia.

No obstante, este asunto del Empleo Público es, en sí mismo, profundamente polémico y no es la primera vez que se intenta promover una legislación de tanta trascendencia.

Lamentablemente, todos los intentos anteriores han estado inspirados y, por ende, contaminados, con fuertes contenidos ideológicos de signo neoliberal, inspirados en los postulados dogmáticos del denominado “Consenso de Washington” que, en este tema, preconiza la reducción drástica de la intervención del Estado en la economía y, por ende, el despido masivo, ó, cuando menos, flexibilizar el empleo público, promoviendo regulaciones laborales “hacia abajo”.

La ANEP destaca la circunstancia de que MIDEPLAN haya anunciado la presentación del indicado proyecto de ley una vez conocido el resultado electoral del 7 de febrero. Esto es más que revelador de que, con toda seguridad, estamos hablando de contenidos altamente sensibles desde el punto de vista de la estabilidad en el empleo, del respeto y preservación de derechos adquiridos, de la evaluación del desempeño, de cuestiones salariales, y, de aspectos concernientes a derechos colectivos ya establecidos con base en regulaciones laborales legales, constitucionales y de orden internacional.

La ANEP cree que la “promesa” de MIDEPLAN, para el desarrollo de una “consulta” a las organizaciones laborales, es totalmente insuficiente e insulsa; y, podría ser de mero trámite, a fin de vender la especie de que las distintas representaciones gremiales, profesionales y sindicales involucradas fueron “tomadas en cuenta”.

Este tipo de procedimientos, por el mecanismo de la “consulta”, es altamente engañoso y se presta para manipulaciones inconvenientes y/o para inventar procesos de legitimación que jamás existieron. Ojalá que, en esta ocasión, la situación sea radicalmente distinta.

Aparte del llamado unitario para enfrentar el desafío que representa el proyecto en mención, la ANEP analizará el tema con sus bases dirigentes, durante la sesión del Consejo Consultivo Nacional de la organización, prevista para el viernes 5 de marzo.

San José, lunes 15 de febrero de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Elecciones 2010: Debatir y analizar lo acontecido sobre bases críticas y racionales

Hoy la Costa Rica políticamente consciente y crítica se duele con amargura del resultado de las elecciones. El triunfo aplastante de las derechas y del oscurantismo religioso; los tristes resultados obtenidos por el PAC; la manifiesta imposibilidad del Frente Amplio para posicionarse como una fuerza política de peso nacional. Y, sin embargo, nada de esto debería sorprender. Es algo que estaba escrito en el devenir político del período posterior al referendo de octubre 2007. De nada sirve hoy llorar sobre la leche derramada. La realidad está ahí y tan solo queda una cosa: enfrentarla de la mejor forma posible.

Es obligatorio trascender las lamentaciones. Ojalá podamos también superar algunas trabas en nuestra forma de razonar que tiende a limitar gravemente nuestra capacidad para la crítica racional. Me refiero, entre otras, a la tendencia –tan usual en las izquierdas al razonamiento principista y abstracto (que deviene agudamente descalificante por parte de algunos sectores), como también el refugiarse en tesis conspirativas que tienen un efecto tranquilizante –justo porque ofrecen una respuesta simple, geométrica y lineal pero que son engañosas pues tan solo enmascaran las complejidades de la realidad entre manos.

Esas son trampas metodológicas que, sugiero, debemos evitar. Lo acontecido este 7 de febrero debería ser asumido como una lección y un aprendizaje a partir de lo cual volver a construir. Pero, a su vez, ello demanda un esfuerzo por analizar la realidad con auténtico sentido crítico, es decir, sin concesiones ni maquillajes, incluyendo una buena dosis de autocrítica. He ahí, a su vez, una postura epistemológica que deberíamos observar con meticulosidad.

Propongo, para empezar, un recuento de hechos. Seguramente no será completo. Refleja, además, énfasis que me son propios, y que no necesariamente otras personas comparten. También hay de por medio un esfuerzo de interpretación que es debatible. Pero, a fin de cuentas, justo de eso se trata: hay que empezar por debatir y analizar lo acontecido y hacerlo sobre bases críticas y racionales. Si no somos capaces de tal cosa, tampoco lograremos aclarar estas tinieblas que hoy nos rodean y difícilmente podremos generar en el futuro respuestas mejores que las muy lamentables que hemos visto emerger durante el reciente proceso electoral.

Parto de una premisa que me parece muy básica, y que intento sustentar a lo largo de este artículo: la de que, más que un triunfo de las derechas, esta ha sido una derrota auto infligida del progresismo político nacional. En adelante, hablaré de progresismo considerando que es un término más amplio que podría incluir a quienes prefieren autodenominarse de centro

He aquí ese recuento que les propongo:

En perspectiva, el desenlace en las elecciones de 2006 y en el referendo de 2007, daban para pensar en la existencia de una importante fuerza política de oposición al neoliberalismo, que, a lo más, solo en parte era de izquierda, la cual tendía a confluir alrededor de ciertas tesis progresistas básicas. La significación que esa fuerza alcanzó, se realza a la luz de las condiciones tan desventajosas bajo las cuales se enfrentaron ambos procesos –en especial el del referendo-, más aún al considerar las irregularidades que en ambos casos se dieron.

El PAC y Solís atrajeron hacia sí el respaldo de esa fuerza socio-política progresista en las elecciones de 2006, pero no necesariamente porque se percibiese que ese partido representaba satisfactoriamente sus aspiraciones. En realidad, el PAC ha sido como al modo de un mínimo común denominador que, ante la amenaza neoliberal –y en especial la amenaza del arismo-, terminaba por ganarse adherencias que, de otra forma, habrían buscado un destino diferente. Creo que el comportamiento electoral observado ratifica tal cosa: el porcentaje de quienes se reconocen a sí mismos como seguidores o militantes del PAC resulta ser, consistentemente, tan solo una fracción de quienes finalmente votan por el PAC, siendo notable el hecho de que este partido crece justo en las últimas semanas y día antes de las elecciones. Es en ese momento cuando, no teniendo otra salida atractiva a mano, el progresismo nacional se moviliza y activa a favor de la única opción que –aunque limitadamente asume y representa algunas de sus aspiraciones y preocupaciones fundamentales.

El proceso del referendo sobre el TLC tuvo características muy distintas de las propias de un torneo electoral. Superó ampliamente los límites de lo partidario y dio lugar a novísimas formas de organización y participación. Nunca como entonces el progresismo nacional debatió y disintió con respeto, dialogó en búsqueda de acuerdos y trabajó y cooperó construyendo alternativas organizacionales y nuevas formulaciones ideológicas. Es indudablemente cierto que el TLC introducía un factor coagulante –quizá irrepetible que facilitaba establecer acuerdos. Pero también es verdad que en el proceso creció y se diversificó un tejido organizacional que, en principio, podría haber sobrevivido –al menos en una parte significativa más allá de la coyuntura TLC.

La derrota en el referendo provocó desmoralización y retraimiento y, por lo tanto, ocasionó una desmovilización relativa. También alimentó algunos de los comportamientos autodestructivos que, bajo ciertas circunstancias, tienden a aflorar en el progresismo nacional, sobre todo en algunos de los segmentos situados más a la izquierda, en este caso en la forma de una andanada de ácidas recriminaciones. A fin de cuentas, falló el debate racional en procura de dilucidar las causas de lo acontecido, y arrestos para, entonces, enfrentar la realidad generando respuestas novedosas. Eso es lo que no deberíamos dejar que se repita con motivo del lamentable resultado electoral que en este momento tenemos entre manos.

La posibilidad de construir una amplia unidad socio-política de oposición al neoliberalismo aportaba el criterio fundamental desde el cual construir esas nuevas respuestas. Esa unidad debía tratar de aprovechar los tejidos organizacionales y las redes de cooperación construidas durante la lucha contra el TLC y, a la vez, debía aportar la fuerza impulsora que permitiera, no solamente mantener vivas tales potencias organizacionales, sino insuflarles nueva vida, nuevas motivaciones y energías.

En los meses –y finalmente años posteriores al referendo, esa posibilidad fue malograda de forma lamentable, conforme reiterábamos –aquí y allá errores de la más variada naturaleza.

En sentido cronológico, un primer error surgió de algunos sectores de las bases ciudadanas organizadas, que se mostraban reacios a reconocer cualquier liderazgo que proviniera de los partidos. No hablo de los grupos que sustentan un rechazo radical al mecanismo electoral y convocan a no votar, sino que me refiero a grupos que sí aceptan como válida la participación electoral, pero en los cuales tendió a prevalecer un criterio democratista a ultranza que perdía de vista lo que, a mi juicio, es una exigencia insoslayable de la realidad: que los grandes problemas colectivos en una sociedad compleja como la de la Costa Rica actual, no pueden ser resueltos desde asambleas u organizaciones ciudadanas autónomas, cuando, en realidad, ello requiere de una articulación sistémica que trascienda lo local o sectorial, siendo ella la razón –creo que muy básica en virtud de la cual, los partidos siguen siendo un instrumento necesario (y solo eso, por cierto: un instrumento, ya que jamás deberían ser un fin en sí mismos). Lo anterior no niega que, en su nivel, la organización ciudadana autónoma constituya un instrumento muy poderoso de participación y construcción democrática.

Este criterio democratista tuvo también otra manifestación, distinta pero relacionada con la mencionada en el párrafo anterior: la de negarse a razonar en una perspectiva que incluyera las elecciones 2010. Entonces, el incorporar esto último dio lugar a que algunos sectores descalificaban tales propuestas como electoralistas. En realidad, me parece, 2010 debió haber sido observado y trabajado como una meta importante dentro de un camino de más largo alcance, que deseablemente debía moverse más allá –incluso mucho más allá de ese específico proceso electoral.

Un segundo error –pero de efectos, creo, muchísimo más importantes, realmente decisivos*vino de la negativa que desde un principio emitió el PAC en relación con cualquier posible diálogo conducente a la construcción de alguna unidad socio-política suficientemente amplia e inclusiva. En la etapa pos-referendo, y con miras al proceso electoral de 2010 (y, ojalá, más allá de este), se hacía inevitable que los partidos asumieran un liderazgo. Debían hacerlo, aún si, como he indicado, algunos sectores de la ciudadanía organizada se mostraban reacios a tal posibilidad. Debía ser un liderazgo muy democrático, respetuoso y dialógico, tal cual lo demandaban las extraordinarias experiencias de construcción organizativa y participación ciudadana gestadas durante la coyuntura de la lucha contra el TLC.

Pero, insisto, no veo quién ni cómo podía sustituir ese liderazgo, si este no era asumido por los propios partidos. Pero, entonces, el papel del PAC devenía ahí crucial: por razones obvias, ningún otro partido podía asumir la responsabilidad de convocar y conducir los necesarios procesos de diálogo. Porque, insoslayablemente, la convocatoria debía construirse como una invitación al diálogo. En primera instancia, el PAC debería haber convocado a ese diálogo a los demás partidos, incluso a los que no tenían representación parlamentaria, para, una vez construido un liderazgo político-partidario sólido y unificado, convocar a procesos más amplios de diálogo con la ciudadanía. La historia, sin embargo, es bien conocida: el PAC declinó asumir ese liderazgo.

Esto último generó un enorme vacío y propició que creciera la confusión y, con el tiempo, la fragmentación. En ese contexto surgieron múltiples iniciativas, en su mayoría desde organizaciones civiles. Aquí, sin embargo, emergió y se reiteró otro error: la prevalencia –al menos en algunos sectores de una tesis maximalista según la cual la unidad o alianza debía construirse exclusivamente con base en convenciones abiertas donde, sin restricciones de ningún tipo, debían elegirse todas las candidaturas: desde regidores hasta la presidencia.

Subrayo que, en general, esta propuesta reflejaba una noble inquietud democrática. Sin embargo, me parece que, a poco andar, fue mostrándose como una opción muy poco realista, y ello por una multitud de razones: desde el hecho de que no se estaban tomando en cuenta adecuadamente algunos intereses –en general perfectamente legítimos*de los partidos, hasta razones operativas y logísticas, atinentes a los plazos y recursos disponibles. Emergía aquí de nuevo una visión democratista que, no obstante sus buenas intenciones y honestidad, resultaba inapropiada frente a los problemas que la realidad planteaba. Esto complicó gravemente el establecimiento de acuerdos básicos, al menos entre aquellos sectores que, fuera del PAC, intentaban construir alguna alianza.

Así, con el pasar de los meses, y conforme se cerraban los canales de entendimiento entre los partidos, la gente que se había conjuntado y organizado contra el TLC tendió a disgregarse según el partido de sus preferencias. El proceso se agudizó cuando el PAC se negó incluso a considerar la posibilidad de construir alianzas cantonales. Muchas otras personas políticamente activas, que no tenía una adscripción partidaria específica, se sintieron defraudadas ante la incapacidad de los partidos para construir un liderazgo que convocara y aglutinara. Ello provocó mayor alejamiento y agudizó la dispersión.

Este proceso de descomposición simplemente ratificaba –por negación la importancia del liderazgo que debió haber sido ejercido por los partidos y, en especial, por el PAC. En ausencia de tal liderazgo, las fuerzas disgregantes se desataron libremente.

Luego, y para terminar de profundizar este proceso de descomposición, el PAC tomó una decisión que, de alguna manera, vino a ser la cereza sobre el pastel: buscó afanosamente romper la alianza –la cual se había profundizado considerablemente durante la coyuntura TLC con los sectores de izquierda y centro izquierda. Procuró, entonces, posicionarse en una suerte de centro derecha. Quizá haya sido ese un intento por reconciliarse con sectores de la oligarquía, devenidos acérrimos enemigos del PAC.

Quizá haya sido la respuesta generada a partir de un diagnóstico equivocado, según el cual para ganarse el electorado era preciso mostrarse “moderado” y lejano de las izquierdas. No se tomó en cuenta que esas izquierdas, en sus múltiples expresiones, dieron un aporte sustantivo al movimiento contra el TLC, sin el cual este difícilmente hubiese alcanzado la fuerza –y la convocatoria electoral que llegó a lograr. El caso es que ello profundizó el extrañamiento y lejanía respecto de sectores del progresismo nacional, de los cuales el PAC necesita para una más eficaz movilización electoral.

Otros partidos no lo hicieron mucho mejor que el PAC. El Frente Amplio fue capaz de ofrecer notables –incluso excelentes*candidatos y candidatas a las diputaciones, pero tendió a quedar atrapado en un voluntarismo simplista, que le hacía imaginar una realidad maleable y le infundía un cierto aire redentorista, en vez de asumir con criticidad las terribles limitaciones dentro de las cuales debía moverse. Haber entendido esto último quizá hubiera propiciado establecer oportunamente procesos más amplios de diálogo y entendimiento, que trascendieran las coaliciones cantonales que –justo es reconocer fueron promovidas activamente por el FA.

De tal forma, el progresismo nacional entra al proceso electoral habiendo dilapidado el acervo organizacional que le diera una fuerza impresionante en la lucha contra el TLC. Aquellos tejidos sociales y redes organizacionales estaban en jirones y lo poco que aún quedaba, terminó de ser desbaratado con el transcurrir de los primeros meses de la campaña electoral, en la cual el PAC jamás logró tener iniciativa. La coalición PAC-Alianza Patriótica-PIN, firmada en enero, como la lluvia de adhesiones de personalidades muy notables recibidas por el PAC en los últimos días previos a las elecciones, simplemente venían a ratificar la enorme confusión que incubó y condujo al desastre. Se creyó que de esa forma, y como por ensalmo, podía sustituirse la base organizacional y la movilización ciudadana destruidas.

Lo demás es una historia bastante trillada. Quizá la única sorpresa -muy relativa la dio el impacto provocado por la agresivísima campaña libertaria. Lo demás no tenía un gramo de novedad: los millones dilapidados por los partidos oligárquicos; la estupidez como marca distintiva de su campaña; el boicot sistemático de los medios; la irresponsabilidad, ligereza y arrogancia del Tribunal de Elecciones; la maquinaria clientelar. Ni siquiera la operación de asfixia financiera que los bancos aplicaron resulta sorprendente ¿No son estos, acaso, los tiempos de la tiranía en democracia? ¿O es que alguien podría ser tan iluso para pensar que el neoliberalismo se la querría poner fácil a sus opositores?

Quedan pendientes muchas preguntas, algunas de las cuales se relacionan directamente con el PAC: ¿Es el suyo un problema subsanable o nace estructuralmente de su misma base y concepción partidaria? ¿Podría el PAC ser en el futuro el eje sobre el cual construir una amplia alianza social y política progresista, o ha de intentarse tal cosa –algo bien difícil sin contar con este partido?

Podemos especular sobre posibles respuestas. De momento, diré que me parece que lo que ocurra en los próximos meses dentro de ese partido, podría ser decisivo para ir avizorando cuál podría ser su papel en el futuro.

La oligarquía neoliberal soñaba con aplastar a sus opositores y, por esta vez, lo logró. Pero esto es menos un triunfo del neoliberalismo que una derrota de la oposición progresista. No fueron sus aciertos, sino principalmente nuestros errores. Entender tal cosa podría marcar una diferencia sustantiva si en verdad aún abrigamos la esperanza de construir un futuro distinto.

Constituído Observatorio de justicia y género de Centroamérica

Máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Centroamericana de Justicia instalaron este 10 de febrero pasado el “Observatorio de Justicia y Género”, una instancia regional que aspira a constituirse en un espacio de discusión y análisis vinculados a estos importantes temas sociales.

El evento tuvo lugar en el salón de sesiones de la Corte Centroamericana en Managua, cuya presidenta, la magistrada Silvia Rosales Bolaños y la presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial de Nicaragua, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, se enlazaron en este foro virtual con los países miembros del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA).

“Al Observatorio regional tienen acceso las personas de los países de Centro y Sudamérica y con el tiempo se irán incorporando otros; esta instancia es importante porque viene a democratizar el acceso a este tipo de información que hace diez años era inexistente, cuando hablar de perspectiva de género suscitaba mucha controversia, dudas y por qué no decirlo, burlas”, reflexionó la magistrada Ramos.

El Salvador, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Colombia, Guatemala y Nicaragua, entre otros, fueron los países que durante dos horas se interconectaron ese día para dar a conocer la misión, visión y objetivos del Observatorio en sus respectivas naciones. A partir de ahí, los países miembros conformarán redes de intercambio de información.

“Los ejes temáticos del Observatorio son violencia doméstica, delitos sexuales y discriminación laboral, pero además vamos a alimentarlo con nuestra propia información integrando doctrina, jurisprudencia y legislación con perspectiva de género, buenas prácticas e investigaciones presentadas en conferencias nacionales e internacionales”, informó la funcionaria judicial.

Gran utilidad

La creación del Observatorio será de gran utilidad para el usuario y los tomadores de decisiones respecto a la justicia de género, como jueces, magistrados y directores de organismos alternativos que trabajan la problemática._ “Todos ellos pueden consultar el Observatorio para mejorar la calidad de sus resoluciones”_, dijo Ramos.

María Isabel Maltéz Huezo, directora ejecutiva de los centros de Mujeres Ixchen, señaló la importancia que el Observatorio tiene para organizaciones civiles como la que ella representa. “Es un logro porque articular la Corte Suprema, las instituciones y ministerios de la mujer y recopilar toda la jurisprudencia, viene a fortalecer el trabajo de organizaciones y centros alternativos como nosotros, que brindamos acompañamiento y apoyo a las mujeres violentadas dentro y fuera de sus casas”, apuntó.

Al respecto señaló que Ixchen entregará al Observatorio los estudios realizados en sus centros sobre el acceso de niñas y mujeres a la justicia, entre ellos la investigación No más vidas truncadas, realizada en todo el país en los años 2007 y 2008._ “De 210 expedientes de niñas violadas sólo cinco casos llegaron a los tribunales; de estos apenas tres fueron sancionados a favor de las niñas y sólo en uno hay un hombre preso”_, reveló.

Rodrigo Jiménez, del Programa Mujer, Justicia y Género de ILANUD-Costa Rica, que auspicia esta iniciativa, explicó en la teleconferencia que cada país participa mediante los aportes de magistradas, Ministerios y Defensorías Públicas, Procuradores de Derechos Humanos, Colegios de Abogados, Bibliotecas y oficinas especializadas de género, entre otras. El Observatorio cuenta con un aula virtual desde la que ya se han impartido cursos de capacitación en género presencial y virtual.

A la teleconferencia asistieron las magistradas de la CSJ Juana Méndez Pérez, Yadira Centeno González, Ligia Molina Argüello, magistradas del Tribunal de Apelaciones y representantes de organizaciones de mujeres que trabajan temas de violencia doméstica, sexual, y laboral.

Fuente: * Dirección de Prensa
Complejo Judicial Nejapa, Nicaragua
12 de February de 2010