Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Bien hizo la abrumadora mayoría legislativa que decidió excluir a las municipalidades de la regla fiscal, reparando el grave error político cometido por ella misma, cuando en diciembre de 2018 votó por imponerle al país la estrambótica ley Fortalecimiento de las finanzas públicas,profundamente detestada por la población; golpeándole el corazón al régimen municipal costarricense: su autonomía constitucional.
La gendarmería ideológica del sistema económico dominante, el del desastre de la exclusión social y económica, mediante su periódico estrella, está bufando de cólera, escupiendo rayos y centellas porque la policía financiera del planeta, las calificadoras de riesgo, argumentan que esa legislación, la de la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal, es la “culpable” de que la calificación riesgo-país de Costa Rica esté en caída. El enojo de dicha prensa se contrapone a la satisfacción de la corriente sindical en la cual militamos por haber impulsado y apoyado tal legislación.
Nada más injusto y nada más temerario para la propia estabilidad democrática del país que continuar con esos esquemas y dogmas de ortodoxia económica cuando todos los indicadores muestran que andamos mal en integración social; situación que ha agravado la pandemia del covid-19 con cuestionables decisiones gubernativas contrarias al derecho de las personas trabajadoras, pero sí muy oportunas para un empresariado afín a la evasión y a la elusión fiscales y tributarias.
Las calificadoras de riesgo, como bien apuntó el señor Ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto Jiménez, no le dan de comer a la gente. Por el contrario, tienen responsabilidad por la muerte y por la pobreza de millones de personas dado que nunca se han preocupado por la importancia de la vigencia plena de los Derechos Humanos en las sociedades-países que evalúan, cuando éstos están, per se, intrínsecamente ligados a sistemas tributarios justos y equitativos.
Las legítimas aspiraciones para el establecimiento de sociedades realmente democráticas, con inclusión socioeconómica y productiva, entran en colisión cuando las variables fundamentales de las calificadoras se centran, únicamente, en el nivel de producto interno bruto per capita, algo sumamente engañoso.
Además, el crecimiento real del PIB, el nivel de deuda pública y el balance de la gestión del Gobierno para honrar sus compromisos financieros al respecto, agravan más las posibilidades políticas de tener un desarrollo integral de las personas; si se omite que todo eso pasa, necesariamente, por un sistema de distribución justo y de los beneficios del crecimiento económico que no miden las calificadoras.
Más desarrollo económico, más y mejor distribución de la riqueza, más inclusión social y productiva no es más que, más democracia y más calidad de la misma. Las municipalidades están destinadas a jugar un rol sumamente estratégico en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, considerando que es el gobierno más cercano a la gente.
Esto no les importa a las calificadoras de riesgo, como no les importa a quienes en el país han acumulado riquezas inconmensurables y a sus cuadros gerenciales ideológicos y político-tecnocráticos que controlan la gestión macroeconómico fiscal y financiera, ganando jugosos salarios, regalías y dividendos no oficiales.
Hace tiempo que el Banco Central de Costa Rica, que el Ministerio de Hacienda y que la Contraloría General de la República trabajan teniendo como eje central de su quehacer político fundamental las líneas ideológicas que se marcan desde las calificadoras de riesgo. Prefieren quedar bien con la policía financiera del planeta que no con la gente, que no con bien común.
