Honorables señores diputados:
Honorables señoras diputadas:
Como es de su pleno conocimiento, nuestra organización, por principios y convicción ideológica, nos hemos opuesto y estamos en contra de todo tipo de enajenación del patrimonio nacional. Ya sea por medio del desprestigiado instrumento de la concesión de obra pública, privatización, apertura, o cualquier otro subterfugio jurídico de que se valen ciertos dirigentes políticos, en posiciones de poder, para trasladar a manos privadas los recursos e instituciones públicas.
Esta posición la hemos mantenido firme en todo el proceso de privatización, que con el nombre de modernización portuaria y concesión de obra pública, se ha venido desarrollando en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).
Esta posición, patriótica, le costó a nuestra organización sindical la exclusión absoluta de todo este proceso, a pesar de que somos la segunda organización laboral en membresía en esa institución.
Valga decir que en la actualidad se persigue, despide y se deja sin funciones a los compañeros trabajadores de la Junta Directiva de nuestra Seccional; igualmente, se persigue a nuestra afiliación en esa institución, no solamente por parte de las autoridades sino además por parte de los sindicatos locales, que la misma patronal llama como “nuestros sindicatos”.
Desde un inicio le hemos indicado a nuestra afiliación en particular y a los trabajadores y trabajadoras de INCOP en particular, que el cierre técnico o la privatización de esta institución, únicamente puede ser resuelta por medio de una ley, de igual jerarquía a la de su creación y no mediante decreto ejecutivo, como se pretendió. Mucho menos mediante una reforma extraordinaria al presupuesto ordinario de la República. Peor aún, cuando se trata de trasladar fondos de programas del IMAS o del CONAVI, fondos asignados por leyes específicas, para fines específicos, para favorecer un proceso de privatización como el comentado.
Ya algunos entendidos en materia constitucional se han referido a la inconstitucionalidad de esta reforma presupuestaria.
Esta honorable comisión, responsablemente, debería traer a expertos de distintas visiones en materia constitucional para escuchar su parecer; o proceder a consultarle a la Sala Constitucional, sobre la constitucionalidad de la reforma pretendida.
Nuestra organización siempre ha defendido, ante los trabajadores de INCOP, ante las autoridades públicas, que para pagar el “desarraigo”, unos 27 millones de dólares, a los trabajadores de INCOP; AUNQUE ESTOS FOINDOS PROVINIERAN COMO SE NEGOCIÓ EN LA CARTA DE INTENCIONES, DE FONDOS DE LAS EMPRESAS BENEFICIADOAS CON LOS CARTELES DE LICITACIÓN; AÚN ASÍ DICHO TRASALDO DE FONDOS A LOS TRABAJADORES, NECESITABA DE UNA LEY ESPECIAL. Con mucho más razón, ahora que la plata para pagar este compromiso ya no saldrá de los recursos de las empresas, sino de los escuálidos bolsillos de la ciudadanía.
Señores Diputados, señoras Diputadas: Llamamos a su conciencia como padres y madres de la patria. ¿Debemos pagar los costarricenses en general, con fondos públicos, un negocio que a todas luces favorece a empresas transnacionales?. Demandamos, con todo respeto, señores diputados, señoras diputadas, que el desarraigo sea pagado por las empresas beneficiadas con este negociado y no con recursos de todas y todos los costarricenses.
Por otra parte señores diputados, señoras diputadas, deben ustedes considerar que el en puerto puntarenense, históricamente, trabajan en servicios no sustanciales de la administración, una serie de pequeñas y medianas empresas privadas. Al ser privatizados estos servicios, ¿quién pagara las indemnizaciones que con todo derecho reclamarán estos pequeños empresarios nacionales?; ¿lo pagarán las empresas beneficiadas con el negociado, o tendremos que pagarlo también toda la gente de Costa Rica?
Prestaciones Legales:
En la famosa carta de intenciones los sindicatos que la patronal llama suyos, aceptaron que las prestaciones legales se pagaran hasta 13 años como máximo.
Tal disposición resulta contraria al derecho laboral, a la práctica y a la jurisprudencia, ya que para todos es sabido que en los procesos de reestructuración o modernización como lo es el caso que nos ocupa, se pagan todos los años de servicio. Sin limite.
Los trabajadores saben esto y ya se están preparando para las demandas respectivas contra el Estado para que se les cancele sus prestaciones, conforme a lo establecido en estos procesos de modernización o de reestructuración institucional.
Señoras Diputadas, señores Diputados: ¿Serán ustedes cómplices, apoyando este presupuesto extraordinario, de los cientos de demandas que tendrán que enfrentar los tribunales de trabajo por esta justa aspiración. No será mejor, no votar tal presupuesto, hasta tanto el INCOP incluya los recursos para pagar las prestaciones conforme a la ley y evitarle más costos a la familia costarricense.
Cumplimiento de la “Carta de Intenciones”
Señoras Diputadas, señores Diputados: Respetuosamente, les rogamos revisar con mucho cuidado si el Gobierno de la República y las autoridades del INCOP, han cumplido con lo establecido en dicho documento, pues dicha “Carta de Intenciones”, es un instrumento a cumplir para aceptar la privatización, según los sindicatos que le dieron apoyo a este “proceso”. Lo allí claramente estipulado, incluso con plazos muy concretos, no se ha cumplido hasta la fecha absolutamente nada.
Si ustedes señoras Diputadas, señores Diputados, le dan su apoyo a este deslucido y triste proceso aprobando esta reforma presupuestaria, sin que antes el Gobierno cumpla con lo estipulado en esa carta de intenciones, mucho mal le estarán haciendo a la comunidad puntarenense, a la gente que trabaja en el INCOP y a las nuevas generaciones de trabajadores. Pues los dólares, por más verdes que sean, se gastan, y la comunidad de Puntarenas y los nuevos trabajadores portuarios serán los que paguen la cuenta. Limón es ya un ejemplo claro de lo que pasa con la privatización de los muelles: ¿dónde está la riqueza prometida?, ¿dónde están los buenos salarios?, ¿dónde están los buenos empleos prometidos?…en ninguna parte. Todo lo contrario Limón es hoy una tristeza social y una olla de presión, que cuando estalle, nos va a quemar a todos.
¿Quieren ustedes, señores diputados, señoras diputadas, esto para Puntarenas?. De seguro que no, entonces, antes de votar y con su voto avalar el fracaso de este triste proceso, se deben asegurar que el Gobierno cumpla, paso a paso, con cada uno de los acuerdos estipulados y firmados en la famosa “Carta de Intenciones”.
Por último, señoras Diputadas, señores Diputados, respetuosamente se lo reiteramos, les solicitamos no ser cómplices, no prestarse y apoyar con su voto un proceso que está lleno de dudas, de cosas no explicadas, no dichas.
Es el momento para que las señoras Diputadas y los señores Diputados, le pongan un alto a lo que viene sucediendo en el INCOP, nombren una Comisión Legislativa que investigue en todos sus extremos y detalles todo este engorroso y dudoso proceso y permitan a todos los sectores sociales de este país, especialmente los de la zona involucrada, discernir y dar su opinión sobre el puerto que queremos en Puntarenas.
Esta oportunidad puede ser más importante que unos cuantos dólares más; ofrecidos irresponsablemente a los trabajadores para que aceptaran la privatización de esta importante institución, dólares que ahora se nos dice, deben ser pagados por todas y todos los costarricenses.
Vaya descaro al que ha llegado cierta parte de nuestra clase política: ofrecer “premios” para poder subastar nuestros bienes patrios.
¿Se han puesto a pensar cuál es el impacto que se generará, económico y social, en las tarifas de los eventuales servicios privados portuarios?
Esperamos, respetuosamente, señoras Diputadas, señores Diputados, que con su voto, ustedes no sean cómplices de esta barbaridad.
Agradeciendo su atención, se suscriben de usted atentamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
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c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
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