Aunque hubiese sido tan sólo una muerte, causa consternación que la crisis del servicio de cardiología del Hospital México se haya cobrado 34 vidas humanas, ante la ingrata espera por un procedimiento de cateterismo cardíaco que nunca les llegó.
No puede pasar desapercibida la denuncia del diputado don Jorge Rodríguez Araya de que dos directivos de la Caja no tuvieron que esperar por ello, salvaron sus propias vidas y, presuntamente, ejerciendo tráfico de influencias para que se les diera tal atención vital rápida, eficiente y eficazmente; tratamiento que les fue negado a las 34 personas fallecidas.
Ni el Gobierno de la República, en el caso de su representante directivo, el señor Oscar Fallas Camacho, delegado del Estado; ni la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), con su representante en el directorio de la Caja, señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, deben permanecer callados ante esta situación.
Es por ello que desde el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, las organizaciones ANEP y SINAE estaremos enviando una nota al propio Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, un “Emplazamiento público sobre procedimientos de cateterismos intermediando tráfico de influencias” (cuyo texto damos a conocer por esta vía electrónica al pie del presente comunicado de prensa). Por supuesto, tal “Emplazamiento público sobre procedimientos de cateterismos intermediando tráfico de influencias”, también está dirigido a la UCCAEP.
Nada más que obvio que la comisión de expertos que analizó lo que sucedió con todas esas muertes, jamás se refiriera a situaciones de tráfico de influencias en esto de los vitales procedimientos de cateterismos cardíacos, especialmente en los dos casos apuntados, toda vez que fue la propia directiva de la Caja quien nombró a esa comisión.
Por otra parte, los 34 pacientes fallecidos en lista de espera por un cateterismo cardíaco que nunca les llegó, también podrían quedarse en espera para siempre de que se les haga justicia y se determine, con nombres y apellidos, las personas directamente responsables de sus muertes.
Eso de que el informe de la citada comisión no señalara responsables, al menos preliminarmente y que, por tanto, la directiva de la Caja decidió mandar ese documento al Ministerio Público, nos genera profunda desconfianza y nos huele a impunidad y/o a prescripción.
Afirmamos lo anterior por cuanto en el Ministerio Público, sin que haya explicación alguna (al menos, explícita), duerme el sueño de los justos el expediente No. 12-0046-0615-PE, abierto desde el 24 de mayo de 2012 contra jerarcas de la CCSS; por presuntos actos de corrupción en perjuicio del patrimonio de los Seguros de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM): denuncia que tiene tres años de yacer en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José.
Ello a pesar de que tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como la Contraloría General de la República (CGR), determinaron presuntos delitos, entre ellos, la transgresión del artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (daño a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública), penado con prisión de 2 a 8 años. Como si lo que indicaron ambos entes no fuese suficiente, hay tres informes de la Auditoría Interna de la CCSS que confirman los hechos denunciados.
Y también como si fuera poco, en octubre de 2013, la comisión legislativa que analizó la crisis de la Caja (crisis que sigue vigente pues la actual Presidenta Ejecutiva de la institución ha reconocido que la CCSS está “en alitas de cucaracha”), recomendó la renuncia de los funcionarios IVÁN GUARDIA RODRÍGUEZ, LUIS GUILLERMO LÓPEZ VARGAS, JOSÉ LUIS QUESADA MARTÍNEZ, GUSTAVO PICADO CHACÓN, JORGE ARTURO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA y MANUEL UGARTE BRENES.
La impunidad total reina y todos ellos (a excepción de uno que ya se pensionó) siguen trabajando, como si nada, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); es más algunos tienen ahora más poder y mejor estatus laboral.
Pese a la tipificación de los delitos que les pueden ser imputados, sorprendente e inexplicablemente el Ministerio Público, ¡a tres años de interpuesta la denuncia!, no ha realizado el respectivo traslado de cargos.
La denuncia, interpuesta por el extraordinario profesional hoy víctima de un brutal acoso, don Daniel Muñoz Corea, con el respaldo total de la ANEP, sigue “misteriosamente” sin ser tramitada en el Ministerio Público, repetimos, a tres años de interpuesta.
Este calificado especialista ha calculado que en el lapso 2009-2013, el menoscabo en las finanzas de la Caja ascendería a los 100 mil millones de colones, hecho que explicaría la presunta muerte de asegurados por carencia de suministros médicos, tal y como fue denunciado en días recientes por el Servicio de Cardiología del Hospital México.
Estamos convencidos de que lo mismo le va a pasar a la denuncia que la actual directiva de la Caja (esa que tiene dos integrantes en su seno presuntamente favorecidos con procedimientos rápidos de cateterismo cardíaco), interpondrá en el Ministerio Público con relación a los 34 fallecidos que no tuvieron acceso a tratamientos privilegiados que les habría salvado la vida.
Por eso es que decimos que esas 34 muertes que se dieron por estar en las listas de espera prolongadas para recibir tal intervención cardíaca, seguramente también se quedarán en espera, esta vez eterna, de que se les haga justicia y los responsables rindan cuentas.
Toda esta situación nos confirma que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está viviendo la crisis más grave de toda su historia y que su pronóstico es reservado en lo que atañe a su futuro.
La Caja es víctima del secuestro de grupos corporativo-gremiales internos y externos y quienes la están conduciendo al descalabro siguen y seguirán en total impunidad.
Seguidamente, el texto de la nota oficial de nuestro “Emplazamiento público sobre procedimientos de cateterismos intermediando tráfico de influencias”
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
SINDICATO NACIONAL DE ENFERMERÍA (SINAE)
Colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA
San José, sábado 23 de mayo de 2015.
Honorable señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera
Carta abierta: Emplazamiento público sobre procedimientos de cateterismos intermediando tráfico de influencias
Estimado señor Presidente:
Los serios problemas que experimenta nuestra querida Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no se solucionarán mientras quienes tienen el mandato de definir y ejecutar estas soluciones no vivan en pie de igualdad con el resto de la población, las consecuencias de no arreglarla.
Por eso y como señal concreta de que en este país en lo que atañe a la Seguridad Social y Salud todos somos iguales, consideramos que es su deber como máxima autoridad político-ejecutiva del país tomar en sus manos dos medidas.
La primera es destituir de su cargo al señor Oscar Fallas Camacho, delegado del Estado ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De acuerdo a lo denunciado en el marco de la comisión parlamentaria que investiga la crisis en el servicio de Cardiología del Hospital México, concretamente por parte de quien preside esta comisión, el señor diputado Jorge Rodríguez Araya, a don Oscar se le practicó un cateterismo sin que tuviera que hacer fila en la dramática lista de espera que, como ha sido denunciado, ya generó la muerte ingrata e injusta de ciudadanos costarricenses, precisamente, por la inoperancia de un sistema que les llevó a la muerte cuando podrían haberse salvado.
El Gobierno de la República que usted preside no debería correr el riesgo de aparecer como cómplice de una situación tan delicada: avalar que esta persona se mantenga en el puesto es avalar que las autoridades tengan un acceso de “primera clase”, mientras que el resto de la población tiene que contentarse con hacer filas y ver amenaza su vida en la “tercera clase”.
Antes de dedicarse a la carrera política, señor Presidente, usted unió esfuerzos con las organizaciones sindicales que los suscritos representamos y junto a otras prestigiosas entidades de diversos sectores sociales, generamos el proceso de “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”; destacándose el grave problema del “secuestro” en la formación de especialistas por parte de una alta élite médico-corporativa que tiene gran responsabilidad en la crisis del indicado servicio hospitalario en el ámbito de la Cardiología.
Ahora usted tiene la oportunidad de comenzar a tomar cartas en un asunto alarmante y caótico en el que hasta ahora ningún gobierno incluso el suyo, señor Presidente ha querido enfrentar abiertamente. Tal vez es porque se requiere controlar al poderoso “cártel” que controla la formación de “super especialistas” en este país.
Se trata de una situación oscura que el proceso “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja” dejó en evidencia (como a usted le constó de primera mano en la investigación que realizamos); y que ha sido denunciado de manera reciente y de manera valiente por el directivo laboral don Mario Devandas Brenes.
La segunda medida tiene que ver con el directivo patronal, el señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, quien es representante corporativo en la directiva de la Caja por parte de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
Se trata este caso de un directivo que, al culminar su mandato, habrá estado como directivo de la institución durante 12 años. Se trata también de un directivo al que la misma denuncia legislativa apunta se le habría llevado a cabo vía tráfico de influencias no solo un cateterismo, sino ¡dos!
¿Qué incentivo personal puede tener este directivo para solucionar las listas de espera siendo que la Caja le resuelve a él este problema, tomando una medida hecha para su propia necesidad personal? ¿Y qué podría pasar cuando esta misma persona maneja licitaciones o contratos?
La dirección de la UCCAEP tiene una gran oportunidad: separar “paja de trigo” y mostrar su apego a criterios éticos claros. Esta oportunidad debería expresarse en la separación inmediata del cargo de este directivo.
El que usted le plantee esta oportunidad al órgano patronal es también en su propio interés: el cansancio ciudadano frente a las situaciones de injusticia es grande y la crispación también. Más aún porque las altas esferas de la Caja están repletas de personas denunciadas ante el Ministerio Público que sólo premios por estas acciones incorrectas reciben. La impunidad genera frustración y la frustración cuando menos se la espera, genera explosión. Los conatos al respecto de queja ciudadana contra la Caja, en expresión de calle, ya los estamos viendo.
Para empeorar aún más la magnitud del tráfico de influencias y la discriminación en la aplicación de procedimientos cruciales para la vida entre quienes tienen “amigos” y/o “nombre” y quiénes no, ahora resulta que el propio director médico del Hospital México, el doctor Douglas Montero, ¡también recibió una intervención de cateterismo sin tener que sufrir el calvario de la listas de espera!, según la denuncia diputadil.
Señor Presidente: Usted bien sabe que la Caja está en peligro. Lo que ha sido denunciado con relación a la crisis del servicio de Cardiología del Hospital México debería servir para decretar una especie de “estado de emergencia” para la institución. En un caso como este, no inmiscuirse es ser cómplice… ¿De qué lado queda usted?.
