Categoría: Acción Política

Un emotivo acto se desarrolló en el anfiteatro del Ministerio de Cultura y Juventud.

Luego de que se diera, aunque fuera de manera parcial, la ruptura del vínculo entre la ley salarial médica y los salarios base de las clases de puestos más bajas del Régimen de Servicio Civil (lo que en ANEP denominamos como el “desenganche”), se abrió la posibilidad de que en el actual proceso de negociación del incremento por costo de vida para el sector Público que ha de regir para el primer semestre de este año, tales puestos puedan recibir un porcentaje mayor de incremento salarial, por encima del “fatídico” 0.94% que el Gobierno quiere imponer unilateralmente.

Así quedó en evidencia luego de la reunión sostenida en horas de la noche del pasado martes 20 de enero, cuando las representaciones de las centrales sindicales (el único segmento sindical que sí presentó, en tiempo y forma una propuesta salarial en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público), fue recibida por el señor Helio Fallas Venegas, Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda.

La indicada representación sindical, con el respaldo total de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), abrieron así un espacio de interlocución e incidencia que nos lleva a afirmar que no todo está dicho todavía en este proceso.

Será a inicios de la semana entrante cuando, finalmente, se decida este asunto que tiene en vilo a unas 300 mil personas trabajadoras del sector Público.

Inicia un nuevo año y ya hay buenas noticias para la coalición sindical Patria Justa, que contará, para este 2015, con la incorporación de un nuevo aleado en su agenda país. Se trata del Sindicato Pro Trabajadores del CNP y la FANAL, que se convierte en la séptima agrupación que integra dicha coalición.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, resaltó la importancia de que más agrupaciones que persiguen el ideal de Patria Justa se unan a la lucha por enrumbar el destino del país.

Vargas indicó que se analizó el ingreso de SIPROCNP a Patria Justa por parte de las agrupaciones que ya integran la coalición sindical, y luego de un análisis se determinó aceptar el ingreso de esta agrupación ya que el aporte de calidad y la sustancialidad de propuesta país en el tema agropecuario nacional enriquecen la plataforma país de Patria Justa.

“SIRPOCNP es una organización que ha desarrollado bastante la defensa de la institucionalidad del Consejo Nacional de Producción, la lucha contra la privatización de la Fábrica Nacional de Licores, así como el desarrollo de planteamiento país en los ámbitos de soberanía y seguridad alimentaria. Siempre han confiado en la política de la ANEP y especialmente por razones de nomenclatura sindical internacional a través de la Central Juanito Mora Porras y al enterarse de esta articulación sindical pidieron el ingreso, el cual fue aceptado, ya que ampliará el ámbito de incidencia de Patria Justa”, manifestó Vargas.

Por su parte Percy Marín Méndez, Secretario General de SIPROCNP se mostró complacido por la aceptación de Patria Justa de incorporarlos a la coalición sindical.

“Realmente la Junta Directiva de SIPROCNP tomó el acuerdo de unirse a Patria Justa como un colectivo sindical no solo en defensa de los derechos y garantías de los trabajadores si no como una instancia que nos va a permitir la defensa del Consejo Nacional de Producción y la Fábrica Nacional de Licores como instituciones que están por los pequeños y medianos agricultores, que durante las últimas décadas se han visto realmente desfavorecidos, prácticamente desaparecidos por las políticas neoliberales que se han venido implementando y en ese sentido Patria Justa brinda la oportunidad de hacer esa defensa y consolidar a los pequeños y medianos productores“, dijo Marín.

Con la incorporación de SIPROCNP, la coalición sindical Patria Justa se fortalece y suma su séptima agrupación sindical, que se une a la ANEP, FIT-ICE, UPINS, SINAES, SITRAPEQUIA y SINTRAJAP.

Albino Vargas Barrantes no descartó la inclusión de más gremios sindicales a Patria Justa.

Emitimos el presente comunicado de prensa en esta fecha de jueves 1 de enero del 2015, cuando debe entrar a regir el reajuste salarial por costo de vida para todas las personas que trabajan en el sector Público costarricense, valedero para el primer semestre del año que hoy inició. Hablamos de cerca de 300 mil empleados públicos y empleadas públicas (poderes centrales del Estado, entes autónomos y semiautónomos, instituciones descentralizadas, empresas públicas, municipalidades y otras).

Desde la perspectiva sindical de las organizaciones que nos honramos en representar, el proceso al efecto (que debería terminar en una negociación satisfactoria entre el actual Gobierno y las principales organizaciones sindicales representativas del indicado segmento laboral), presenta las siguientes características que nos llevan a definir la situación por venir, como “altamente controversial”.

PRIMERO: La naturaleza de los compromisos que ha asumido la actual administración gubernativa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de la reciente visita al país de una “misión técnica” de la misma (la cual incluso, se reunió con la ANEP y en la propia sede de ésta). Al respecto, ya se ha venido indicando que el Gobierno pretendería fijar reajuste por debajo del índice inflacionario del semestre que acaba de concluir, por un lado; y, por otro, definir el porcentaje del reajuste a partir del salario total, no del base. Esto ya es “altamente controversial”.

SEGUNDO: El contexto de la discusión bilateral gobierno-sindicatos, misma que tendrá su primera sesión negociadora el próximo día miércoles 15 de enero, se dará en un clima completamente distorsionado dada la una intensa campaña orquestada por la prensa del capital neoliberal, contra todo lo que sea empleo público. La matriz mediática que se venido impulsando al respecto, ha pretendido manipular las conciencias ciudadanas en el sentido de que quienes laboran para el sector Público son los “culpables” del déficit fiscal y del eventual colapso de las finanzas públicas en el corto plazo.

TERCERO: Los acontecimientos político-sociales en torno a la tramitación legislativa del presupuesto “de la República” para el 2015, evidenciaron que el país continúa en colisión con respecto a dos visiones de desarrollo: una que insiste en los preceptos neoliberales de concentración y de exclusión; mientras que la otra (en la que estamos nosotros), apunta a la restauración del bien común como único camino para recuperar la histórica senda costarricense de la inclusión y la movilidad sociales. En lo específico, el papel del sector Público también es “altamente controversial”.

CUARTO: En el caso de la corriente sindical que representamos y en el marco de la discusión salarial venidera, en el seno de lo que se conoce como Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, hemos de insistir en nuestra tesis de la Transformación Tributaria Estructural (así en mayúsculas); aprovechando la primera sesión para hacer entrega oficial a las autoridades gubernativas representantes del Poder Ejecutivo de nuestra propuesta en tal sentido: “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.

QUINTO: La ANEP, que en el seno de la mencionada comisión se representa a través de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), espera un espíritu de gran coincidencia entre las varias expresiones sindicales que en tal espacio tenemos objetivos comunes en esto la justicia salarial. Por tanto, no es posible hablar ya de cifras o porcentajes concretos de propuestas de este reajuste, hasta agotar los máximos esfuerzos unitarios al respecto; amén de que los análisis al respecto concluirían hasta horas antes de la sesión “inaugural” de la negociación, el próximo 15 de enero. Finalmente, vamos a este proceso, convencidos de que se trata de un nuevo reto para fortalecer el Diálogo Social.

A pocos días y horas de iniciado este año 2015, emerge un balance de retos y desafíos para la lucha obrera y social organizada venidera; especialmente la que se articula desde las organizaciones que nos conjuntamos en la coalición PATRIA JUSTA, así como por otras agrupaciones importantes, respetables y hermanas que defienden similares principios de justicia social.

Para el 2015 cuatro temas presentan características de ser sumamente prioritarios, altamente sensibles y susceptibles de generar movilización, bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la Calle.

REFORMA PROCESAL LABORAL (RPL)

La más persistente, sistemática y cotidiana acción se impone como un tema esencialísimo de la lucha sindical para el 2015, resaltando tres escenarios. A) Defenderla “a capa y espada” para que entre en vigencia, completamente, en junio de 2016, lo que nos llevará a diseñar e impulsar una multiplicidad de acciones en ámbitos geográficos de mucha concentración laboral y obrera, así como comunal. B) Para que la honorable magistratura de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ceda a la provocación del capital neoliberal adversario de la RPL y, por el contrario, certifique que ante el levantamiento del veto impuesto por el anterior mandato presidencial, el actual actuó sin roce constitucional alguno al quitarlo. C) Impedir que en el actual parlamento se desnaturalice y se atente contra esta legislación, enormemente estratégica para la verdadera justicia laboral y para una sólida seguridad empresarial, que posibilita plena paz en las relaciones obrero-patronales.

TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL

Los graves problemas fiscales del país no se pueden corregir con más impuestos de carácter indirecto, es decir, reforzando la ya de por sí injusta estructura tributaria regresiva que obliga a pagar más impuestos a quienes menos ingreso tienen, proporcionalmente hablando.

Por tanto, resulta totalmente desafortunada la pretensión del actual Gobierno de transformar el impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), que es el más injusto de todos los impuestos. La propuesta generará fuerte rechazo, especialmente por los intentos de elevarla del 13 al 15 %, por más “gradualidad” y “exclusiones” presente.

Por el contrario, Costa Rica ocupa una transformación tributaria estructural, con elementos tales como el establecimiento de la renta mundial, de la renta global y el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin o impuesto “Robin Hood”); amén de una nueva y poderosa legislación (y reglamentación administrativa), contra todas las formas de evasión y elusión tributarias.

POLITICA SALARIAL

Hemos de insistir en que se ocupa una nueva política salarial para la clase trabajadora costarricense. Por un lado, para combatir el crecimiento de la desigualdad y mejorar la redistribución de la riqueza; por otro, para aumentar el poder adquisitivo, el poder de compra del salario, de tal suerte que se fortalezca la producción para el mercado interno, con la cual se aporte al establecimiento, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En tal sentido, la lucha sindical resaltará dos elementos: a) La necesidad de una fijación salarial extraordinaria, especial, para la elevación del actual piso de los salarios mínimos de aplicación en el sector privado de la economía, a partir de la cual se apliquen los subsiguientes ajustes semestrales a los mismos por costo de vida. b) Rechazar, fuertemente, las pretensiones gubernamentales de que los salarios de aplicación en el sector público se impongan en porcentajes inferiores a la inflación, por un lado; y, por otro, a que el porcentaje a definir/imponer, parta del salario total y no de la base.

EMPLEO PÚBLICO

Luego de semanas y meses de ataque sistemático al empleo público, las condiciones parecen perfilarse hacia un escenario de intensa polarización con relación a intentonas de ley para modificar una situación que tuvo su origen desde el primer momento de entrada en vigencia de la actual Constitución Política, el 7 de noviembre de 1949, cuando se empezó a desaplicar el principio rector de un único sistema de empleo que normara las relaciones entre el Estado y su personal.

Tenemos hoy en día una gran complejidad en materia de empleo público y una sola ley no lo resolverá; mucho menos, si tal legislación (u otras que se les parezca y pretendan lo mismo), se inspire en cuestiones cortoplacistas de naturaleza fiscal que oculten la verdadera naturaleza perversa de este problema.

Elementos como el “salario único”, el ataque a las convenciones colectivas de trabajo vigentes en la Administración Pública, la “guerra” contra los pluses, el deterioro de gran cantidad de servicios públicos producto de severas restricciones de personal y de presupuesto, entre otros; son factores que han envenenado el clima para atender el real desafío de una verdadera reforma del Estado inspirada en el humanismo, a favor del bien común, para reducir las desigualdades y potenciar, de nuevo, la movilidad social. Tal clima de envenenamiento es una provocación a la confrontación abierta que, sin duda, será asumida por la inmensa cantidad de gremios y de sindicatos del sector Público llegado el momento.

Cómo es lógico suponer, en el año 2015 la agenda de la lucha sindical y social es mucho más amplia, teniendo aspectos puntuales y de proyección general que presentan idénticas características: sumamente prioritarios, altamente sensibles y susceptibles de generar movilización. A ellos nos iremos refiriendo en lo sucesivo; y, evidentemente, según nuestra perspectiva de lucha que no es la única, por supuesto.

La desafortunada decisión del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, de pretender “quedarle bien” al gran empresariado del capital neoliberal y su vocería mediática por excelencia, regulando vía decreto ejecutivo el ejercicio del derecho constitucional de la huelga en los servicios públicos esenciales, ¡se caerá!, tanto en la vía legal-constitucional como a través, de ser necesario, mediante el ejercicio cívico de la Democracia de la Calle.

La coalición sindical PATRIA JUSTA, desde el mismo momento en que se supo de la emisión del ilegal Decreto Ejecutivo No. 38767-MP-MTSS-MJP, este jueves 18 de diciembre de 2014, se ha puesto en total alerta y analizará en los días siguientes la serie de acciones que se puedan impulsar, en varios escenarios, ante lo que consideramos una extralimitación jurídica, plena de inconsistencias y hasta de contenidos ridículos, de tan pésima decisión ejecutiva.

La mejor regulación posible del derecho constitucional de la huelga en los servicios públicos esenciales, es la que quedó establecida en la Reforma Procesal Laboral (RPL), hoy Ley de la República No. 9076. Punto.

El indicado decreto ejecutivo pretende ir más allá de la propia ley del Código de Trabajo en la materia; además, lleva al extremo de la irracionalidad las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando plantea que solamente debe haber regulaciones tratándose de servicios públicos esenciales que tienen que ver con la vida, la salud y la seguridad de las personas; garantizándose una prestación mínima de los mismos en caso de huelga.

Por eso es que afirmamos que tal decreto se caerá, tanto por la vía de lo jurídico-constitucional como por las de hecho; o, por una vinculación de ambas.

La presente comunicación de prensa es un primer esfuerzo, serio y responsable, de posicionar nuestro criterio sindical al respecto; de cara a las miles de personas trabajadoras asalariadas representadas por la coalición sindical PATRIA JUSTA, como ante la propia ciudadanía.

La pretensión presidencial de “quedar bien con Dios y con el diablo”, nada positivo ha de traer a la paz social. Una cosa muy distinta es apostar por el Diálogo Social con Negociación Efectiva y Verificación de Cumplimiento de Acuerdos (así, todo en mayúscula); y otra es gobernar, al margen de la legalidad (especialmente la que ha quedado establecida en la materia, como lo es la ley No. 9076, la RPL), solamente para complacer espurios intereses corporativo-empresariales de inmenso poder pero que no han sido legitimados electoralmente.