Presupuesto 2015: ¿A quién se le paga en alquileres y servicios?

Con ocasión de la tramitación del presupuesto ordinario “de la República” para el 2015 (en realidad, de casi toda la República, pues solamente se contempla el 40% de toda la estructura financiera del Estado, la que pasa por el parlamento; pues el otro 60%, no); han salido a flote las multimillonarias sumas que se han presupuestado para pagar alquileres de edificios y de locales para alojar dependencias del Estado central; así como significativas sumas para pagar contratos privados de limpieza y de seguridad. ¡Enhorabuena!

Lo que pasa es que solamente se está diciendo la mitad de la realidad de todo esto. Falta la segunda parte:

¿Cuáles son los nombres de todas las empresas a las cuales el Estado les alquila edificios y locales?

¿Cuáles son los nombres de cada una de las personas socias de esas empresas?

¿Cuáles son los nombres de cada una de las empresas, con sus respectivas personas socias, que le venden al Estado servicios privados de limpieza y de seguridad?

¿Están todas tributando lo debido?

¿Están todas plenamente al día con la Caja y la Seguridad Social?

Así las cosas, es más que urgente y perentorio que el propio Gobierno de la República, específicamente el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hablen con claridad dando esos nombres e indicando si esas empresas están al día en el pago de sus impuestos y si esas empresas están declarando, como patronos, la verdad de sus aportaciones a la Seguridad Social.

Es más, especialmente los señores diputados que encabezan la cruzada fundamentalista contra el déficit fiscal, deben usar todo su poder y presionar el Ejecutivo para que dé a conocer todos esos nombres y las correspondientes situaciones tributario-fiscales en cada caso, así como en lo que respecta a las obligaciones de corte patronal en cuanto empresas y sociedades privadas mercantiles.

Esta situación no solamente debe ser más que obligada en el caso del Gobierno Central y a propósito del trámite legislativo del polémico presupuesto del 2015; debería abarcar toda la estructura del Estado: la del 40% que pasa por la Asamblea Legislativa y la del 60% que el parlamento no tramita.

Bien dice el refrán popular: “más caro el caldo que los huevos”. La moda privatizadora de los servicios públicos tuvo uno de sus primeros episodios con los servicios de limpieza y de seguridad en los ministerios y otras entidades. La evidencia actual estaría indicando que tales contrataciones privadas han resultado más onerosas para las finanzas públicas que haber preservado el empleo público en estos ámbitos de los servicios públicos: “más caro el caldo que los huevos”.

Por otra parte, por una ausencia de planificación estratégica y de visión de largo plazo, jamás se pensó en la edificación de conglomerados de oficinas públicas en ámbitos geográficos concentrados que, por un lado, evitarían esos multimillonarios pagos de alquileres; y, por otro, le facilitarían al ciudadano sus gestiones en la administración pública central.

Revisar todos estos contratos con empresas privadas, sí es parte de una correcta estrategia para la racionalización del gasto público aunque incompleta: faltan los nombres de las empresas y hacer visible sus responsabilidades tributarias y sociales.

El fracaso de los Cecudis: Los CEN-CINAI siguen siendo estratégicos

El actual gobierno ha “descubierto el agua tibia” en materia de política social: Los denominados Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cedudis), ¡resultaron un fracaso!

La anterior situación deja en evidencia la imperiosa necesidad de, por un lado, exigirle explicaciones públicas tanto a la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda, como a quien fuera el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), don Fernando Marín. Podría llegar hasta los 17 mil millones de colones, botados, desperdiciados, mal utilizados en un “experimento” de privatizar una política social para población vulnerable, en épocas de desigualdad creciente y de concentración de la riqueza.

¡Ahora resulta que los Cecudis se hicieron en ausencia total de estudios previos y de alguna planificación!

No pueden las actuales autoridades políticas del Gobierno en materia de política social, especialmente las que están a cargo del IMAS, contentarse con tal “descubrimiento”. Urge la apertura de expedientes administrativos y la realización de procesos investigativos para las jerarquías responsables que, de seguro, siguen en sus cargos pese al cambio de administración.

Por otro, lo que siempre ha debido corresponder y lo que ahora queda en más evidencia que nunca, es el fortalecimiento estratégico del histórico programa social CEN-CINAI, mismo que pretendió ser “sustituido” por los ahora fracasados Cecudis.

El proceso que impulsó el gobierno anterior de la hoy Expresidenta Chinchilla Miranda, con el impulso a los Cedudis, muestra a las claras la irracionalidad de promover duplicidades institucionales en el seno del Estado costarricense; desperdiciándose recursos públicos y alimentando las corrientes neoliberales más extremistas a favor de un “Estado minimalista”.

No debe quedar impune en consecuencia la mencionada exmandataria en tal sentido.

Repudiamos operación de “terrorismo financiero” contra Costa Rica

Dejamos constancia de la gran indignación y del enorme repudio que nos genera conocer el “llamado de atención” que formula la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, con relación al presupuesto de la República para el año 2015; escenificando el primer acto de una especie de operación de “terrorismo financiero” contra Costa Rica; acto que antecede al que protagonizarán, en la misma línea, las otras dos entidades de este tipo: Moody’s y Standard & Poor’s.

En ANEP no nos uniremos al coro histérico de corte catastrofista que pretende hacerle creer al pueblo costarricense que ha llegado “el fin de los tiempos” por el asunto del déficit fiscal.

Estas tres calificadoras de riesgo tienen una gigantesca deuda moral y ética, especialmente con los pueblos estadounidense y de la Unión Europea (UE), por su deplorable y cómplice papel en el desarrollo de las catastróficas crisis fiscales que desde los años 2008-2009, agobian a millones de personas de esos países, especialmente integrantes de las clase trabajadoras.

En ANEP estamos sumamente preocupados por el asunto de las finanzas públicas y reconocemos que la situación está muy delicada. Como organización sociosindical responsable, hemos abordado el problema con carácter propositivo y alternativo. Hay otra salidas que no sean las del “terrorismo” del capital financiero de signo neoliberal, que habla a través de las indicadas tres agencias calificadoras de riesgo.

Este informe de Fitch Ratins, más los dos que vendrán próximamente, de parte de Moody’s y de Standard & Poor`s, obedecen a una especie de conspiración contra el país urdida desde nuestro propio territorio y por sectores del capital financiero-bancario criollo y sus socios extranjeros; pretendiendo generar un clima de catástrofe fiscal que no dé espacio para otras soluciones de resolver el problema de las finanzas públicas y que no se incluya transformaciones tributarias estructurales que, precisamente, obliguen a tal sector financiero a honrar la profundidad de sus deudas sociales pendientes con el país.

La Caja está secuestrada

En conferencia de prensa, este lunes 25 de agosto, la ANEP junto con el SINAE y el señor Roberto Mora Salazar, conocido como El Cobrador de la Caja, presentamos prueba documental sobre tres aspectos que nos parecen fundamentales para el mejor devenir de la institución.

Primero: existe un círculo de poder en la institución, a razón de unos 20 altos funcionarios, que tienen secuestrada la institución, que toman todas las decisiones político administrativas de la misma, que pasan de una gerencia a otra y que además, todos y todas tienen causas abiertas en procesos judiciales. El Presidente Solís no podrá hacer ningún cambio en la CCSS si se mantiene ese círculo de poder al mando. Exigimos se separe de sus cargos a todas estas personas que incluyen nombres como: – Lic. José Alberto Acuña Ulate. – Lic. Luis Guillermo López Vargas. – Lic. Gustavo Picado Chacón. – Lic. Iván Guardia Rodríguez. – Ing. Dinorah Garro Herrera. – Entre otros (lista completa en archivo adjunto).

Segundo: desde el año 2013 la Sala Constitucional exigió que la Caja solucionara de una vez por todas, el tema de las listas de espera, que para ese momento tenían a más de 650 mil personas esperando una cita médica o una intervención quirúrgica. Esta problemática no ha hecho más que incrementarse, con el agravante del cierre de las salas de cirugía que dejará a miles de costarricenses atorados en esas listas de espera. Creemos que la responsable de todo esto es la señora Gerente Médica, doña María Eugenia Villalta, la cual debe responder con su cargo por la ineficiencia con que han enfrentado el tema. Pero en lugar de esto ahora la señora Villalta parece ser la vocera de la Institución.

Tercero: La Presidenta Ejecutiva, doña Rocío Sáenz Madrigal, no parece dar la talla. Creemos que sus declaraciones, dejando entrever que “no puede hacer nada” no son de recibo, que se está acomodando a la zona de confort, dejando que ese círculo de poder que tanto criticamos tome el poder de la Caja. Debe realizarse una evaluación urgente de su mandato institucional para darle un giro al mismo o para buscar a una persona que si quiera enfrentarse a ese poder enquistado en la CCSS.

Le exigimos al señor Presidente de la República una intervención urgente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los costarricenses votaron en masa, con 1.3 millones de votos sin precedentes en nuestro país, por un verdadero cambio, y uno de los ejes de ese cambio es la CCSS. No votamos los ticos y las ticas para que todo en la Caja siga igual.

Se abren mesas de diálogo con el grupo de las 10 Medidas

Este martes 19 de agosto representantes de sindicatos, cooperativas, grupos de agricultores, colegios profesionales, entre otros, participaron de la primer reunión en Casa Presidencial del “Grupo de las 10 medidas y de la Economía Social Solidaria”. Esto como parte del constante acercamiento con el diputado Víctor Morales Zapata y con el señor Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín. Esta es la tercer reunión que compartimos con el señor Presidente, una antes de ser elegido, y una segunda que se realizó al ser ya Presidente Electo.

El Gobierno de la República hace un llamado fuerte a los sectores sociales para que le acompañen en el proceso de cambio que están planteando, enfocado en la línea de beneficiar a los sectores que estamos representando en las 10 Medidas, lo cual saben ellos provocarán múltiples ataques de sectores de poder y por eso necesitan el acompañamiento constante de las organizaciones sociales.

La propuesta del Gobierno, que todavía no está en papel oficial, es conformar mesas de trabajo para trazar las líneas de acción y la agenda de trabajo basada en la propuesta Manos a la Obra. Mesas que estarán divididas por ejes temáticos como agricultura, sector laboral, tema fiscal, economía solidaria, entre otros.

El Presidente Solís Rivera le pidió al grupo de las 10 Medidas la mayor cooperación, en una coyuntura política bastante compleja, donde el Gobierno ha tenido que enfrentar un aparato estatal golpeado: “lo que han hecho con el Gobierno es una barbaridad, se pueden contar en cientos de miles de millones lo malversado, lo mal ejecutado”.

El llamado a las mesas de trabajo se realizará después de la presentación del sonado informe de los 100 Días, que se realizará el 28 de agosto próximo y al cual se invitó formalmente a una importante delegación del grupo de las 10 Medidas.

COMEX quiere transparencia con sindicatos

Las más recientes publicaciones por parte de la ANEP sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, TISA por sus siglas en inglés, motivaron a la alta jerarquí del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) a convocar una reunión con nuestro Secretario General, la cual honramos en compañía del señor Fabio Chaves del FIT-ICE, y del compañero Rafael Mora en representación de la Central Social Juanito Mora Porras.

El señor Ministro don Alexander Mora nos recibió en sus oficinas, con la clara intensión de compartir visiones sobre este tratado, en el cual Costa Rica ha estado involucrado desde el principio, y que se encuentra actualmente en su fase de definición de principios.

La formulación del TISA sale de muchos de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que ven preocupados el proceso burocrático de la misma OMC para poder establecer tratados en el tema de servicios y plantean el TISA como la herramienta posible para establecer las reglas del juego en relación a este tipo de comercio. Una vez aprobado el TISA el mismo volverá al seno de la OMC para ser integrado a sus políticas.

ANEP, y sus organizaciones amigas como el FIT-ICE, y a nivel internacional la Internacional de Servicios Públicos (ISP), han planteado su preocupación sobre como un tratado como el TISA puede abrir las puertas, internacionalizar y promover la privatización de los servicios públicos, además de crear legislación internacional que congele cualquier nuevo servicio público que se quiera crear en los países firmantes y de que restringirá la capacidad de sus gobiernos para legislar en campos tales como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y las obligaciones de servicio universal.

Según don Alexander Mora y las personas expertas en su Ministerio, estas afirmaciones todavía no se pueden formular como ciertas, ya que estamos ante un escenario “embrionario” del TISA y los países apenas están formulando sus propuestas iniciales respecto a que temas están dispuestos a negociar y cuales no serán negociables.

Además del tema TISA, se conversó sobre la OCDE, la generacion eléctrica, la apertura de mercados y muy por encima el tema de Petrocaribe, dejando el Ministro Mora muy en claro que para este Gobierno el tema ideológico jamás será un punto que haga que no se realice algún tipo de negociación entre países. Esto ya que en la discusión pública se ha dicho que Petrocaribe no debería ni siquiera discutirse ya que es una proposición del gobierno de izquierda venezolano.

Tenemos una agenda muy amplia que queremos discutir con el COMEX y hay una disposicion transparente por parte del Ministro Mora de que tengamos dichas discusiones. En los próximos días ANEP estará remitiendo una formal petición, así establecido en la reunión de este lunes, de información relacionada a esta agenda. Temas como la OCDE, el PTT, comercialización en la región centroamericana, entre muchos otros temas. Esta carta será el marco para nuevas reunines con el COMEX que recibiremos con mucho agrado.

Presentación de la Plataforma de Desarrollo de las Américas en Costa Rica

La PLADA es una formulación política estratégica que tiene la relevancia de una herramienta política de lucha por los derechos laborales, construida colectivamente desde el movimiento de las y los trabajadores durante los años 2013 y 2014. A través de esta Plataforma, el movimiento sindical de la región pretende presentar su propuesta hacia la superación de los desequilibrios estructurales de América Latina y el Caribe, con especial enfoque en el desarrollo sustentable.

Nuestra corriente sindical, expresada en la ANEP-Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), tuvo parte en este proceso. No solamente con nuestras aportaciones de esfuerzos de propuesta alternativa que hemos desplegado e impulsado en Costa Rica; sino participando activamente en un evento continental con estos fines, celebrado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, hace varios meses.

El evento iniciará a las 8:30 de la mañana de este miércoles 13 de agosto, en el Salón El Cuño, parte de la Antigua Aduana y contará con la presencia del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

Según la FES, “la PLADA es una herramienta que expone la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo, coloca la sustentabilidad política, económica y social y ambiental como ejes centrales y articuladores de una nueva propuesta que supere la lógica neoliberal, colocando la integración y la solidaridad como elementos fundamentales para un nuevo ciclo de la América Latina”.

Se pretende que la PLADA se convierta en el instrumento para la movilización y acción política del sindicalismo de cara a los distintos actores sociales y políticos, así como frente a los gobiernos de la región, para promover el conjunto de las transformaciones necesarias en una perspectiva estratégica. Es un instrumento que convoca a los diversos actores sociales y políticos a caminar juntos para la para la construcción de las alternativas por la disputa de una nueva hegemonía. Así, el documento está estructurado en cuatro pilares o dimensiones: Política, Económica, Social y Ambiental, que estarán articulados para alcanzar el desarrollo sustentable.

Plataforma de Desarrollo de Las Américas (1)

Plataforma del Desarrollo de las Américas (PLADA)

Discurso de Rafael Freire, Secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable, sobre la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA).

En la actualidad asistimos al desenvolvimiento de una crisis internacional de largo alcance y amplias dimensiones que nos exige cuestionar el modelo de desarrollo neoliberal hegemónico, impuesto desde hace más de tres décadas. Sin embargo, hasta el presente los países centrales han ensayado respuestas meramente coyunturales que consisten en la aplicación de políticas que conservan la misma lógica de aquellas otras responsables de su desencadenamiento. Lo que ha conducido a una profundización de los efectos más perniciosos de la crisis, con un impacto categórico sobre las mayorías sociales en especial las/los trabajadoras/trabajadores. Se hace cada vez más evidente que las políticas aplicadas a favor de las corporaciones y el rescate a los bancos en lugar de a los pueblos profundizan el desempleo, la desigualdad y la exclusión social.

Ante ello, nos congrega el convencimiento de que la salida a la crisis requiere una respuesta urgente y estructural, con la participación ineludible del sindicalismo, los movimientos de las y los trabajadores, así como de las diversas expresiones colectivas del campo popular: movimientos sociales, campesinos, ambientalistas, estudiantiles, feministas, de las juventudes y la niñez, de los Derechos Humanos, por la defensa de las víctimas de violencia, por la diversidad sexual, anti-represivos, de los pueblos originarios, productores de la economía social y solidaria, organizaciones por los derechos de migrantes, educadores y promotores del arte y la cultura, entre otros.

Conscientes de la necesidad de profundizar las transformaciones impulsadas en años recientes por los proyectos políticos emancipatorios en curso en el continente se ha emprendido desde la CSA la elaboración de una nueva herramienta política, la Plataforma de Desarrollo para las Américas (PLADA) que ten el Desarrollo Sustentable como su eje principal.

La noción de Desarrollo Sustentable aparece como una alternativa que se enfrenta a la matriz de pensamiento neoliberal; una forma de comprender y organizar los aspectos esenciales de la vida social desde una nueva lógica; una respuesta construida por y para las mayorías populares. Las condiciones están dadas para el lanzamiento de una nueva agenda del desarrollo para un nuevo modelo económico, que tenga a producción y el trabajo como centro, que atienda las demandas sociales del nuestros pueblos, que tenga na sustentabilidad ambiental un pilar esencial y con a clara opción pela democracia donde las mayorías posan se expresar de forma representativa y directa.

Esta é nuestra visión del Desarrollo y se construye desde nuestra opción sindical reafirmando los pilares del trabajo decente; la distribución de la riqueza; la democracia participativa; la igualdad entre géneros; la protección e inclusión social de todas y todos, inter-generacional y ambiental, integrando así las dimensiones económica, social, ambiental y política.

Sólo así se podrá garantizar que las conquistas perduren mediante su profundización e institucionalización. El desafío del Siglo XXI resulta ser la consolidación de mecanismos para garantizar que sean los pueblos y no las corporaciones y firmas transnacionales quienes fijen el rumbo social y político en el continente. El esfuerzo conjunto deberá orientarse a cimentar alianzas sociales genuinas que confluyan en una agenda contra-hegemónica del desarrollo capaz de contener y articular todas las voces.

La PLADA está en su proceso de finalización y tendrá su lanzamiento en el primero semestre de 2014.

Si se puede eliminar el veto a la Reforma Procesal Laboral

Celebramos la acertada decisión del Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, de quitarle el veto a la ley que le otorgó a los artesanos de la Plaza de la Democracia, el uso de la vía en que han estado durante muchos años.

Igual de acertada, oportuna, justa y políticamente correcta sería que el mandatario haga lo mismo con la Reforma Procesal Laboral (RPL), aprobada en dos debates parlamentarios con lujosas mayorías, en el período legislativo constitucional anterior; pero, lamentable y sorpresivamente vetada por la entonces Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda.

El Presidente Solís, desde que era candidato a la Presidencia de la República y sin siquiera conocerse su pase a la segunda ronda electoral que ganó al final, conoce de la demanda de un conjunto importante de organizaciones sindicales del país para que quite el veto a la RPL.

Los argumentos esgrimidos públicamente por la entonces mandataria para vetar la RPL, son totalmente espurios, toda vez que con esta legislación, más bien, se regula la huelga en los servicios públicos esenciales.

Los argumentos ocultos para el veto de la anterior mandataria del país, tienen que ver con las nefandas presiones de un poderoso sector empresarial bananero que, a última hora y luego de los dos debates legislativos que le dieron rango de ley de la República a la RPL, decidieron torpedearla logrando que la hoy Expresidenta Chinchilla se les prosternara, vetándola ella finalmente.

Denunciamos que las presiones de dicho sector empresarial bananero, incluyendo aquel que se aglutina en la Corporación Bananera Nacional (Corbana), ha seguido conspirando con la RPL, contra su esencia de justicia laboral, al punto de impulsar un adefesio jurídico conocido como “Ley de la Jurisdicción del Trabajo” (Expediente Legislativo No. 19.048).

Se trata de un proyecto de total sesgo empresarial para satisfacer los intereses corporativos, en detrimento de los de corte obrero-laboral, supergarantizados en el texto de la RPL.

Denunciamos que falta a la verdad el diputado Mario Redondo Poveda, de la Alianza Demócrata Cristiana), y sus aliados pro-empresariales de las fracciones libertarias y liberacionistas, cuando indican que se debe “votar una enmienda para acortar los tiempos en los juicios laborales”.

¡¡¡Esto ya está resuelto en la ley de la RPL!!! No se necesita ninguna “enmienda” para “acortar los tiempos en los juicios laborales”.

Las verdaderas intenciones del diputado Redondo Poveda y sus aliados en la coyuntura de impulsar la aprobación del Expediente Legislativo 19.048, “Ley de la Jurisdicción del Trabajo”, es para satisfacer al poderoso sector del empresariado bananero de naturaleza antisindical; y, a la vez, complacer a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Privadas (UCCAEP), de que no haya, bajo circunstancia alguna, Reforma Procesal Laboral (RPL), ni nada que “huela” a la misma.

Resulta incomprensible cómo el diputado Redondo Poveda, que pretende hacernos creer que su nueva colectividad política se inspira en los principios de profunda Justicia Social que promueve el Humanismo Cristiano, esté del lado del gran empresariado bananero antisindical, haciéndoles el juego contra la RPL.

Más grave aún es que el diputado Redondo Poveda y quienes le hacen el juego al gran empresariado de corte antisindical, pretendan obtener la “vía rápida” para tramitar dicho proyecto.

Esto es hacer trampa, no jugar limpio y desnaturalizar un proceso de concertación sociohistórico como lo fue la RPL, pese a que la UCCAEP, al final, en una acción antiética, renegó de su firma inicial a favor de la RPL cuando concertó sobre ella con grandes corrientes sindicales, como la ANEP, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) y otras confederaciones de igual importancia.

Con todo respeto y con profunda vehemencia, hacemos un llamado urgente a todos los señores diputados y a todas las señoras diputadas, de sensibilidad social, de reconocida trayectoria a favor de la Justicia Social y de los Derechos Humanos para que, con todas las posibilidades que les da el reglamento legislativo, bloqueen el nefasto proyecto antiobrero, promovido por Corbana y similares, mal llamado de “Ley de Jurisdicción del Trabajo”.

Finalmente, exhortamos con la misma vehemencia al señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, a que le quite el veto a la Reforma Procesal Laboral); a que no se deje chantajear por esos grupos corporativo-empresariales de naturaleza antisindical; para que haga honor a un largo proceso de 15 años de tramitación de la RPL que ha involucrado a diversas entidades, como el Poder Judicial y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Creemos que la negociación salarial fue justa

Les adjuntamos el documento “Acuerdo de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público sobre el incremento salarial para los (as) Trabajadores (as) del Sector Público del Segundo Semestre del 2014”.

Creemos que para los compañeras trabajadoras y para las compañeras trabajadoras del sector Público les será satisfactorio. Esperamos haber honrado vuestra confianza en ANEP y en la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Particularmente, agradecemos la confianza de quienes nos honran con su membrecía en ANEP.

Queremos dejar constancia de nuestro sincero reconocimiento y no menos sincera felicitación a nuestros dos compañeros negociadores, Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP; y Rafael Ángel Mora Solano, Directivo Nacional y Asesor Político de la Secretaría General de la ANEP, amén de representar en este proceso, también, a la CSJMP.

Frente Amplio y ANEP buscan trabajar en conjunto

San José, 30 Jul (ElPaís.cr) – Promover un avance de iniciativas legislativas en conjunto, fue lo que se planteó este miércoles en el diálogo mantenido entre la diputada del Frente Amplio (PFA), Patricia Mora, y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En el encuentro que se llevó a cabo en el despacho de la diputada, se acordó algunos temas sociales y sindicales.

Entre los principales temas que se conversaron estuvieron, el fortalecimiento de los derechos laborales, sindicales y salariales, así como también se expuso la necesidad de impulsar una reforma fiscal progresiva.

Mora aclaró que la reunión fue básicamente para buscar conexiones entre el gremio y el actuar legislativo, por lo cual trataron temas sobre el Estado y el avance de las iniciativas legislativas.

“Nos interesa muchísimo poder establecer puentes­ con los sectores sociales a fin de cimentar nuestras posiciones, en la fracción creemos que existe una necesidad de hacer política forma distinta, lo cual nos ha llevado a involucrar de manera decidida a los movimientos sociales y a la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas”, expresó Mora.

El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas, señaló su satisfacción con los resultados alcanzados en dicha reunión, sin embargo mencionó que existe una necesidad de promover en mayor proporción iniciativas conjuntas que se tienen que dar no en una fracción sino en todas.

Cabe mencionar que la legisladora frenteamplista mantendrá el día de mañana una reunión con Víctor Morales, actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el objetivo de empezar a generar espacios de diálogo sobre estos temas.