Categoría: Acción Política

La PLADA es una formulación política estratégica que tiene la relevancia de una herramienta política de lucha por los derechos laborales, construida colectivamente desde el movimiento de las y los trabajadores durante los años 2013 y 2014. A través de esta Plataforma, el movimiento sindical de la región pretende presentar su propuesta hacia la superación de los desequilibrios estructurales de América Latina y el Caribe, con especial enfoque en el desarrollo sustentable.

Nuestra corriente sindical, expresada en la ANEP-Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), tuvo parte en este proceso. No solamente con nuestras aportaciones de esfuerzos de propuesta alternativa que hemos desplegado e impulsado en Costa Rica; sino participando activamente en un evento continental con estos fines, celebrado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, hace varios meses.

El evento iniciará a las 8:30 de la mañana de este miércoles 13 de agosto, en el Salón El Cuño, parte de la Antigua Aduana y contará con la presencia del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

Según la FES, “la PLADA es una herramienta que expone la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo, coloca la sustentabilidad política, económica y social y ambiental como ejes centrales y articuladores de una nueva propuesta que supere la lógica neoliberal, colocando la integración y la solidaridad como elementos fundamentales para un nuevo ciclo de la América Latina”.

Se pretende que la PLADA se convierta en el instrumento para la movilización y acción política del sindicalismo de cara a los distintos actores sociales y políticos, así como frente a los gobiernos de la región, para promover el conjunto de las transformaciones necesarias en una perspectiva estratégica. Es un instrumento que convoca a los diversos actores sociales y políticos a caminar juntos para la para la construcción de las alternativas por la disputa de una nueva hegemonía. Así, el documento está estructurado en cuatro pilares o dimensiones: Política, Económica, Social y Ambiental, que estarán articulados para alcanzar el desarrollo sustentable.

Plataforma de Desarrollo de Las Américas (1)

Plataforma del Desarrollo de las Américas (PLADA)

Discurso de Rafael Freire, Secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable, sobre la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA).

En la actualidad asistimos al desenvolvimiento de una crisis internacional de largo alcance y amplias dimensiones que nos exige cuestionar el modelo de desarrollo neoliberal hegemónico, impuesto desde hace más de tres décadas. Sin embargo, hasta el presente los países centrales han ensayado respuestas meramente coyunturales que consisten en la aplicación de políticas que conservan la misma lógica de aquellas otras responsables de su desencadenamiento. Lo que ha conducido a una profundización de los efectos más perniciosos de la crisis, con un impacto categórico sobre las mayorías sociales en especial las/los trabajadoras/trabajadores. Se hace cada vez más evidente que las políticas aplicadas a favor de las corporaciones y el rescate a los bancos en lugar de a los pueblos profundizan el desempleo, la desigualdad y la exclusión social.

Ante ello, nos congrega el convencimiento de que la salida a la crisis requiere una respuesta urgente y estructural, con la participación ineludible del sindicalismo, los movimientos de las y los trabajadores, así como de las diversas expresiones colectivas del campo popular: movimientos sociales, campesinos, ambientalistas, estudiantiles, feministas, de las juventudes y la niñez, de los Derechos Humanos, por la defensa de las víctimas de violencia, por la diversidad sexual, anti-represivos, de los pueblos originarios, productores de la economía social y solidaria, organizaciones por los derechos de migrantes, educadores y promotores del arte y la cultura, entre otros.

Conscientes de la necesidad de profundizar las transformaciones impulsadas en años recientes por los proyectos políticos emancipatorios en curso en el continente se ha emprendido desde la CSA la elaboración de una nueva herramienta política, la Plataforma de Desarrollo para las Américas (PLADA) que ten el Desarrollo Sustentable como su eje principal.

La noción de Desarrollo Sustentable aparece como una alternativa que se enfrenta a la matriz de pensamiento neoliberal; una forma de comprender y organizar los aspectos esenciales de la vida social desde una nueva lógica; una respuesta construida por y para las mayorías populares. Las condiciones están dadas para el lanzamiento de una nueva agenda del desarrollo para un nuevo modelo económico, que tenga a producción y el trabajo como centro, que atienda las demandas sociales del nuestros pueblos, que tenga na sustentabilidad ambiental un pilar esencial y con a clara opción pela democracia donde las mayorías posan se expresar de forma representativa y directa.

Esta é nuestra visión del Desarrollo y se construye desde nuestra opción sindical reafirmando los pilares del trabajo decente; la distribución de la riqueza; la democracia participativa; la igualdad entre géneros; la protección e inclusión social de todas y todos, inter-generacional y ambiental, integrando así las dimensiones económica, social, ambiental y política.

Sólo así se podrá garantizar que las conquistas perduren mediante su profundización e institucionalización. El desafío del Siglo XXI resulta ser la consolidación de mecanismos para garantizar que sean los pueblos y no las corporaciones y firmas transnacionales quienes fijen el rumbo social y político en el continente. El esfuerzo conjunto deberá orientarse a cimentar alianzas sociales genuinas que confluyan en una agenda contra-hegemónica del desarrollo capaz de contener y articular todas las voces.

La PLADA está en su proceso de finalización y tendrá su lanzamiento en el primero semestre de 2014.

San José, 30 Jul (ElPaís.cr) – Promover un avance de iniciativas legislativas en conjunto, fue lo que se planteó este miércoles en el diálogo mantenido entre la diputada del Frente Amplio (PFA), Patricia Mora, y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En el encuentro que se llevó a cabo en el despacho de la diputada, se acordó algunos temas sociales y sindicales.

Entre los principales temas que se conversaron estuvieron, el fortalecimiento de los derechos laborales, sindicales y salariales, así como también se expuso la necesidad de impulsar una reforma fiscal progresiva.

Mora aclaró que la reunión fue básicamente para buscar conexiones entre el gremio y el actuar legislativo, por lo cual trataron temas sobre el Estado y el avance de las iniciativas legislativas.

“Nos interesa muchísimo poder establecer puentes­ con los sectores sociales a fin de cimentar nuestras posiciones, en la fracción creemos que existe una necesidad de hacer política forma distinta, lo cual nos ha llevado a involucrar de manera decidida a los movimientos sociales y a la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas”, expresó Mora.

El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas, señaló su satisfacción con los resultados alcanzados en dicha reunión, sin embargo mencionó que existe una necesidad de promover en mayor proporción iniciativas conjuntas que se tienen que dar no en una fracción sino en todas.

Cabe mencionar que la legisladora frenteamplista mantendrá el día de mañana una reunión con Víctor Morales, actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el objetivo de empezar a generar espacios de diálogo sobre estos temas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al igual que la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), esperan que mañana jueves 31 de julio, a las 2 de la tarde y en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quede finiquitado el asunto de la fijación salarial valedera para el segundo semestre del presente año 2014, a favor de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público. La ANEP y la CSJMP estamos listas para firmar el respectivo acuerdo.

Debemos informar que hay una especie de satisfacción general entre los diversos sectores laborales de la Administración Público por este reajuste que tiene definido una gradualidad del 4% para los y las profesionales, llegando hasta un 5.14% para el puesto de Misceláneo 1 del Régimen de Servicio Civil.

Las organizaciones que representamos, desplegando una responsable voluntad negociadora y entendiendo la precariedad salarial de quienes ocupan puestos más vulnerables, económicamente hablando, de la escala de sueldos del Servicio Civil, no haremos ninguna “rabieta” ni adoptaremos ninguna pose mediática de corte demagógico porque al sector profesional no se le asignará el 4.14%, quedando en un 4%, como se acotó arriba.

Valga indicar que los sondeos de la ANEP entre los y las profesionales del Gobierno Central (no del sector docente), consultados por la ANEP, es de aceptación de ese 4% pues entienden que hay una actitud solidaria de que es justo que el compañero vigilante de las escuelas y los colegios reciba un 5.14%

Además, reiteramos nuestro respaldo a la decisión del Gobierno de que se incluya en el acuerdo salarial a firmarse, el asunto del “desenganche” de la ley salarial médica con respecto a los 22 puestos “testigo” de la escala del Servicio Civil.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reitera su planteamiento de que el reajuste salarial del segundo semestre del presente año 2014, para el sector Público (mismo que debe aplicarse de manera retroactiva a partir del pasado 1 de julio de 2014), debe ser de un 4.14%; cifra que es lo mínimo y justo pese a las ya innegables desigualdades al interior del sistema salarial del Estado costarricense.

Tal planteamiento lo entregamos por intermedio de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), para así respetar las reglas de conformación de la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

La ANEP reitera que la cuestión salarial del sector Público no debe mezclarse, ideológicamente bajo un supuesto ropaje “técnico”, con el tema del déficit fiscal; y, si se insiste en ello, entonces que se hable sin ambages del tema: ¿por qué hay hasta 6 puntos de PIB en todas las formas de evasión y elusión tributarias?; y, ¿por qué se ha llegado al punto de que tengamos un sistema de exenciones y de exoneraciones que anda alrededor de otro 6% de PIB?

La ANEP debe indicar, una vez más, que las personas trabajadoras asalariadas del sector Público pagan, religiosa y puntualmente, los impuestos fundamentales que deben honrar: 1) El de ventas, al mismísimo momento de la compra. 2) El de renta, si su monto salarial está para aplicársele, la deducción es inmediata de planilla. Quienes roban impuestos, con ropaje legal ó sin él, son otros.

Pese a esta circunstancia de enormes desigualdades salariales a lo interno del sector Público, el 4.14% es lo que corresponde honrar, en términos generales. Adicionalmente, la ANEP reitera que ha venido insistiendo en la necesidad de revisar las remuneraciones que reciben los que están más debajo de “los de abajo” de la tabla de las clase salariales del Gobierno Central (Régimen de Servicio Civil, básicamente); y, es por ello que reiteramos nuestro planteamiento en tal sentido:

PRIMERO: El “desenganche”; la reforma legal que ha de desvincular, a futuro, la ley salarial médica, No. 6836, de su relación con los 22 puestos “testigo” del Gobierno Central (sistema de Servicio Civil).

SEGUNDO: La revisión de las revaloraciones salariales por manual de puestos, que se le impusieron al personal raso, “el de a pie” de la Fuerza Pública; pues se sigue dando una situación de alta discriminación: los que ganan bien, pero muy bien (las jerarquías); vs. los que siguen ganando mal, pero muy mal, los subordinados.

TERCERO: Debe resolverse dos tipos de compromisos salariales con la Policía Penitenciaria: las deudas por disponibilidad a partir de un fallo judicial y la homologación con relación al último movimiento del manual de la Fuerza Pública.

CUARTO: La prolongación exagerada en el tiempo de resolver la implementación del nuevo manual para la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

QUINTO: La precaria situación salarial de los servidores públicos a cargo de las instalaciones educativas del MEP, los guardas de escuelas y colegios con salarios base, prácticamente inferiores al mínimo de ley.

SEXTO: La revaloración especial pendiente para el personal, básicamente femenino, de los CEN-CINAI.

SETIMO: Otros puestos en situación precaria del Gobierno Central y entes adscritos al Servicio Civil: personal administrativo y operativo-técnico, a argo del funcionamiento institucional básico de las entidades.

De persistir “el estado actual de cosas” sin modificar para nada la situación descrita, y si se da un reajuste del 4.14% general, veamos tres ejemplos a nivel de Gobierno Central (Servicio Civil), para una persona trabajadora que tenga en estos momentos 10 años acumulados al servicio de la Administración Pública:

Finalmente, esperamos que se dé una voluntad compartida de manera tal que se emita una directriz política con la finalidad de tener nuevos datos sobre el empobrecimiento salarial generalizado, para que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), proceda a:

A) Redefinición metodológica de la conformación de la Canasta Básica Alimentaria para establecer actualización plena a la realidad del hoy y con base en la inspiración de un nivel de calidad de vida digno, más allá del cálculo sobre la mera sobrevivencia.

B) Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre el crecimiento de la desigualdad.

C) Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre los niveles actuales de endeudamiento de la población trabajadora asalariada, en ambos sectores de la economía.

Ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!

La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.

Si el problema es cómo llenar el “hueco fiscal” al disminuir la excesiva carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, especialmente la gasolina y el diesel, porque el Gobierno se “quedaría” sin plata; entonces que se “agarre el torno por los cuernos” y se proceda a medidas fuertes que aunque enojen a sectores poderosos de la hegemonía dominante, el pueblo trabajador y productor agobiado por esta situación, apoyaría valientes decisiones presidenciales y ejecutivas de la actual administración.

Si “no se tiene el control”, entonces, que se tomen medidas fuertes para tenerlo. Veamos algunas:

UNO: Opción Venezuela. El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Jorge Arreaza, vino a la toma de posesión del Presidente Solís y dejó la puerta abierta para una cooperación bilateral en materia de energía. Además, dejemos atrás los “dinosáuricos” prejuicios ideológicos y reactivemos el proceso nacional correspondiente para que Costa Rica ingrese a Petrocaribe. Según conocimos en su momento, el país podría tener que pagar la factura petrolera en mejores condiciones de hasta un 50 % a cancelar en un plazo de 20 años. En la administración Arias Sánchez, la ANEP planteó, por vez, primera esta opción.

DOS: Al día se da en el país una gigantesca cantidad de operaciones financiero-bancarias. El último dato que se tiene, generado por la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) es del año 2012, cuando se registraron 1 millón 700 mil operaciones con movimientos de 10 mil dólares o más. Es decir, cada 24 horas, hay unas 4.357 operaciones financiero-bancarias de, al menos, 10 mil dólares o más. Solamente los sectores altos tienen esas cantidades de dinero; y, además, para nadie es un secreto que hay dinero sucio de por medio en estas operaciones.

Es decir, en ese año 2012, los bancos públicos y privados costarricenses, movieron ¡17 mil millones de dólares! y si todas esas operaciones fueron de una suma única: 10 mil dólares, entonces, en colones, hablamos de ¡8 billones 500 mil millones de colones!

Si a cada una de esos 1 millón 700 mil movimientos bancario-financiero anuales se les cobrara una tasa especial de un 1 % por una especie de “peaje” entre banco y banco (por ejemplo), el fisco recibiría, nada más y nada menos que, 85 mil millones de colones al año; cantidad enorme que aliviaría, en demasía, la carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, bajándolos sensiblemente. Este tipo de tributo es lo que ya se está impulsando en el seno de la Unión Europea (UE): el impuesto “Robin Hood”, o Tasa Tobin.

TRES: Cambiar la ley de la Aresep. Formular cambios en su ley de tal forma que, por un lado, el esquema de mercado absoluto de sesgo neoliberal deje de impregnar sus decisiones; por otro, para redefinir su proceso interno de toma de decisiones que, necesariamente obligue a considerar la opinión de la Presidencia de la República a la hora de fijaciones tarifarias que van en contra del común a fin de que las mismas se liguen la política social de reducción de la desigualdad. Además, revisar su sistema de cobro de cánones para aliviar la carga que pesa sobre muchas de las definiciones tarifarias que la Aresep impone, evitando que sirvan para financiar los abusivos salarios de su cúpula político-tecnocrática.

¡Sí hay opciones para bajar el precio de los combustibles! El domingo 6 de abril el pueblo trabajador eligió a don Luis Guillermo Solís Rivera, como Presidente de la República; no se eligió a la Aresep ni a los entes reguladores. Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa deben actuar al unísono en tal sentido.

Este martes 10 de junio investigadores del OIJ intervinieron las oficinas de la jefatura de cirugía, dirección médica, jefatura de archivo, consulta externa de ortopedia, proveeduría y jefatura de ortopedia del Hospital Calderón Guardia. Además se intervino la empresa Synthes, las oficinas de auditoría de la CCSS, bodegas y logística. Todo en relación con el posible fraude de más de 2.3 millones de dólares mediante facturas y procedimientos fantasmas relacionados con prótesis ortopédicas.

Hasta el momento son más de mil facturas, y supuestas cirugías realizadas entre 2010 y 2011, que presentan inconsistencias tan descaradas como pacientes operados que ya estaban fallecidos, operaciones que requirieron la implantación de pines, tornillos y platinas, y que el Jefe de Cirugía de Ortopedia de ese momento, Dr. Longino Soto (hijo), cataloga como pequeños errores administrativos, según entrevistas que ha brindado en medios masivos de comunicación.

Cada día que pasa, y en que los periodistas profundizan más allá de los datos brindados por ANEP, se conocen nuevos “errores”, que nosotros catalogamos como fraude evidente, como más pacientes que brindan testimonio de jamás haber sido operados y que sus nombres están en esas listas de operaciones realizadas, así como doctores de otras áreas, como de trasplante de órganos, que supuestamente realizaron operaciones ortopédicas.

Aplaudimos la intervención del OIJ, pero la misma no puede quedar en ese limbo en que se encuentran muchas otras investigaciones, que la ciudadanía ve cómo pasa el tiempo y casos muy sonados y de evidente estafa, no avanzan a un procedimiento judicial penal. La investigación debe ser profunda, para no dejar cabos sueltos, y que lleven a que tengan que pagar tanto los autores materiales como los responsables políticos de que ilícitos como estos sucedan.

Hacemos un llamado vehemente a las máximas autoridades de la Institución, en la figura de su Presidenta Ejecutiva, la Doctora María del Rocío Saenz, para tomar en cuenta los postulados defendidos en el documento “10 Medidas para comenzar a ordenar la CCSS”, los cuales en su tercer apartado sobre acciones urgentes dice:

“Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras, de acuerdo con las potestades otorgadas a la Junta Directiva y que se encuentran establecidas en la ley. El traslado o descentralización de los procesos de compras institucionales ha generado gran ineficiencia en la contratación, así como el crecimiento de los costos por la imposibilidad de generar economías de escala por compras de gran volumen a nivel central.”

Aunado a lo dicho en ese tercer punto, están los ya evidentes actos de corrupción que la descentralización ha permitido. Creemos que no es gratuita la declaración del señor Olger Sánchez, subauditor de la CCSS, donde dice que se ampliará la investigación a los otros 29 hospitales del país. Si se encuentran pistas de que algo parecido está sucediendo en otros hospitales, esto dejará más que claro lo dañina que la descentralización de compras ha sido para la Caja.

Es urgente para la Institución que se vuelva al modelo centralizado de compra de medicamentos e insumos médicos, para que ese portillo abierto a la ilegalidad se cierre de una vez por todas.