La protesta social sube porque cae el apoyo a la democracia

Más que una protesta convocada por los sindicatos, las personas trabajadoras que saldrán a la calle este lunes 11 de noviembre de 2013, expresarán, vehiculizarán, serán portadoras del creciente sentimiento de frustración popular con una institucionalidad política que, cada vez más, genera exclusión social

Las protestas de este lunes 11 de noviembre, guardan relación directa con los más relevantes resultados de la encuesta regional más calificada del momento, el Latinobarómetro; cuya última versión expresa, con dureza, la naturaleza profunda del descontento de la ciudadanía costarricense con su clase gobernante tradicional.

  • Solamente el 35% de la gente está satisfecha con la democracia. Tan sólo dos años antes, este porcentaje estaba en el 44%.
  • El 85% de la población considera que en nuestro país la distribución de la riqueza es injusta.
  • El 83% estima que en Costa Rica no se gobierna para bien de todo el pueblo.
  • Solamente un 15% estima que el país progresa.
  • Un 74% no tiene confianza ni en la Presidenta ni en su gobierno.

A juicio de los especialistas en este tipo de estudios sobre lo que se piensa en la América Latina sobre el sistema democrático en nuestros países, en el caso de Costa Rica hay cuatro conclusiones básicas.

A) Ha caído sensiblemente la satisfacción de la gente con la democracia.

B) Está en desarrollo un proceso de descapitalización política ante el descrédito que muestran las principales instituciones del sistema.

C) Poca confianza y credibilidad en el Gobierno.

D) Pesimismo sobre el futuro del país.

No hay duda: Sin importar la magnitud que tenga, la protesta ciudadana de este lunes 11 de noviembre de 2013, está plenamente legitimada: ante la sordera persistente del sistema político dominante y ante el deterioro de la confianza en su carácter representativo, no le queda más camino a “los y las de abajo” que hacerse escuchar fuertemente con lo mejor que tiene a su alcance: la Democracia de la Calle.

Sindicalistas dan aviso de protesta a autoridades

Los sindicalistas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dieron un giro total a la forma de anunciar una manifestación. Esta vez no convocaron a una conferencia de prensa, tampoco le mandaron una carta de queja a las autoridades, sino que los visitaron.

De esta forma, los líderes e integrantes de la ANEP acudieron de forma sorpresiva a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) donde entraron, según relataron, incluso por la fuerza al edificio de las autoridades, para avisar del movimiento del próximo 11 de noviembre.

Durante este día realizarán una marcha desde el edificio principal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y se trasladarán hasta Guachipelín de Escazú, bloqueando la ruta 27 que comunica hasta Caldera.

“Este es un aviso de que el movimiento que traemos es fuerte, que estamos en contra de la rebaja de la luz a los industriales que generaría una alza para el pueblo”, detalló el sindicalista Geiner Oviedo.

Además, confirmaron que el próximo lunes harán “temblar” las calles del país.

«Rebaja a grandes consumidores no es prudente»

Nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, junto a Fabio Cháves, Edgar Mesén y Jorge Muñoz del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE) se reunieron con la Defensora de los Habitantes, doña Ofelia Taitelbaum, para hablar de la gran preocupación que tenemos como organizaciones sindicales, respecto a la pretención de los grandes consumidores de electricidad para que se les rebajen las facturas eléctricas, en detrimento de los ingresos del ICE y de la factura que pagamos “los y las de abajo”.

La Defensora se mostró sumamente preocupada, no sólo por el tema en específico, sino por los números que el FIT y ANEP en conjunto han presentado, respecto a lo que representa en colones la rebaja del 30% que quieren los grandes industriales, que ronda por los 65 mil millones de colones anuales en pérdidas para el ICE, y para las diversas instituciones que prestan en servicio de electricidad.

La Defensoría propuso enviar a la ARESEP una petición formal de los documentos que envió la ACOGRACE, Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía, para tramitar el rebajo, y así formular una contundente oposición a que se de ese rebajo, sobretodo porque el mismo significaría un aumento promedio del 11% a la factura eléctrica del sector residencial.

Además, se le hizo saber a la señora Defensora, que nuestras organizaciones sindicales, con apoyo de gran parte del resto del mundo gremial, participaríamos una vez más, de actividades de protesta el lunes 11 de noviembre, cuyo llamado se realizará en las afueras de las oficinas centrales del ICE, y que marcharemos por la ciudad capital para pedir el apoyo de toda la ciudadanía, en esta lucha en contra de la pretensión industrial de una subvención ciudadana a sus negocios.

Rechazo tener que pagar más para que los empresarios paguen menos

Formulamos un vehemente llamado a la clase trabajadora que representamos, y en términos generales, al pueblo costarricense y al conjunto de organizaciones sociales y civiles que defienden sus intereses desde diferente perspectivas; para que salgamos a la calle, en manifestación pacífica, el día lunes 11 de noviembre próximo, con la finalidad de expresar una rotunda oposición ciudadana a las pretensiones de los grandes consorcios empresariales y corporativos (muchos de ellos de naturaleza transnacional), de que se le rebaje los actuales niveles tarifarios que por el consumo de energía eléctrica vienen pagando tanto al ICE como a la CNFL, así como a cooperativas y empresas públicas distribuidoras de electricidad.

Varias razones nos llevan a formular esta convocatoria:

1. Las entidades públicas arriba mencionadas sufrirían impactos graves en su situación financiera, si la indicada pretensión empresarial se concreta, de hasta un 30% menos de lo que pagan hoy en día. En conjunto habría una reducción de ingresos tarifarios por el orden de los 65 mil millones de colones anuales; cifra astronómica que deberá ser pagada por los hogares de la clase trabajadora, y por las micro, pequeñas y medianas empresas.

2. Todo el mundo reconoce que nuestro país vive un acelerado proceso de concentración de la riqueza y crecimiento sostenido de la desigualdad, en perjuicio de las grandes mayorías ciudadanas. Esta situación se agravará si a las mismas se les obliga a desembolsar una cifra como la indicada, producto de la reducción tarifaria a los grandes consorcios de negocios.

3. Es imprescindible destacar que este tipo de empresariado, ya viene pagando un precio por KW/hora menor al que pagamos en nuestros hogares. En el caso de mediana tensión de provisión eléctrica, el precio del KW/hora para estas empresas arranca en 12 centavos US. Mientras que en una casa ubicada, en Hatillo, por ejemplo y en un mismo marco de condiciones, ese mismo KW/hora parte de los 19 centavos US.

4. En el caso del ICE, el impacto negativo de esta pretensión es de una mayor profundidad, considerando las gigantescas erogaciones a las que se ha visto obligado por un mayor uso de combustible, por demás, el más caro de Centroamérica y del mundo. Para que se note la magnitud del impacto negativo en sus finanzas, si la ARESEP accediera a las mencionadas pretensiones corporativas, a los 110 mil millones de colones que implica la factura por consumo de combustible de este año, habría que agregarle 35 mil millones de colones producto de la reducción en la tarifa empresarial de la cual venimos hablando. En tal escenario financiero negativo, no le quedará más opción al ICE que solicitar aumentos en la tarifa de electricidad para esas grandes mayorías populares.

Por lo tanto, reforzamos este llamado de calle a la ciudadanía para el 11 de noviembre próximo y los detalles los daremos en próximas comunicaciones de prensa, dado el interés que en este evento están manifestando importantes organizaciones y que nos obliga mejorar negociar en días próximos los detalles organizativos.

Movimiento de Protesta Social y Sindical Nacional

Entidades responsables:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES Y DE TRABAJADORAS DEL ICE (FIT-ICE)

Nos tomamos la ARESEP

La mañana de este lunes 4 de noviembre un bullicioso grupo nos dirigimos hacia Guachipelín de Escazú, para conocer el nuevo edificio de la Aresep, y por supuesto para protestar por la pretensión de los grandes consumidores de energía de tener un rebajo del 30% en sus facturas eléctricas, que por supuesto representarán un aumento en la de todos los demás consumidores.

Quedamos impresionados del lujoso parque de oficinas donde está la Autoridad Reguladora, oficinas que le cuestan cientos de millones de colones en alquiler al Estado. E impresionados quedamos también de que la seguridad del lugar nos impedía el ingreso a las instalaciones, hasta cinta amarilla nos colocaron.

Pudimos entrar, no sin antes vivir un forcejeo con esos agentes de seguridad que sólo estaban cumpliendo con su trabajo, con órdenes que nunca debieron ser dadas.

El mitin fue totalmente pacífico y al final se pudo realizar dentro de las instalaciones del edificio, en la recepción, donde causamos gran bullicio y dejamos claras nuestras posiciones.

Este es apenas la primer visita que realizamos a la ARESEP, aunque les dejamos clara la intensión de volver a darnos una vuelta el próximo 11 de noviembre, ahora si con cientos de compañeros y compañeras, como parte de la gran marcha nacional de esa fecha.

PLN: Dejen votar la Reforma Procesal Laboral


LA REFORMA PROCESAL LABORAL (RPL) DEBE SER LIBERADA

DE DONDE SALIÓ LA RPL

La RPL se acordó en la Concertación Nacional (1998) y su primer borrador se elaboró en una comisión integrada por MTSS, la Corte Suprema de Justicia, y representantes sindicales y patronales. Ese borrador fue lconocido en el Poder Judicial y enviado por la Corte Plena al Consejo Superior de Trabajo a finales del año 2004. El 22 de agosto del 2005 la Corte Plena de Justicia aprobó por unanimidad el proyecto, que posteriormente fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

La OIT envió una misión de asistencia técnica al país en octubre del 2006 y con su presencia, el 4 de octubre del 2006 el Consejo Superior de Trabajo (sindicatos, empleadores y gobierno) se acuerda apoyar la aprobación de la RPL. El Consejo Superior de Trabajo, con el acompañamiento de la OIT, aprobó la RPL el 28 de julio del 2008, corrigiendo algunos problemas. Este trabajo facilitó los acuerdos necesarios para que, la comisión de asuntos sociales (período legislativo 2006-2010) y la comisión de asuntos jurídicos (2010 a la fecha) avanzara en la discusión del proyecto y lo dictaminara finalmente.

*EL PROCESO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA *

En la comisión de Asuntos Sociales, con la participación del MTSS, el Poder JudicIal, sindicatos y empresarios se facilitaron acuerdos para atender las observaciones existentes. El gobierno de La República, sindicatos y empresarios acuerdan el 5 de julio 2010 una moción en el Consejo Superior de Trabajo (CST), que se aprueba el 20 de julio 2010 en la Comisión de Asuntos Jurídicos. El 17 de agosto del 2010 se dictaminó unánime afirmativo el proyecto en la comision de Asuntos Jurídicos. El 1 de julio del 2011 se emite dictamen con cuatro días de mociones 137, pero queda incluido un desacuerdo fundamental entre sindicatos y empleadores relacionados con los comités permanentes de trabajadores y arreglos directos.

El 21 de mayo del 2012 en el Consejo Superior de Trabajo, la UCCAEP junto con el Gobierno y los sindicatos, suscribió el Plan de Trabajo Decente que plantea explícitamente el acuerdo de impulsar la aprobación del texto negociado de la Reforma Procesal Laboral. El Plan de Trabajo Decente es un compromiso internacional asumido frente a la OIT por todos los países del mundo, que indica los compromisos esenciales que cada país asume frente a la OIT. La propia Presidenta Chinchilla presentó personalmente al director de la OIT en junio del año 2012 este plan asumiendo un compromiso nacional al respecto de aprobación de la RPL.

Además, el 24 de mayo del año 2012, la UCCAEP suscribió, con un grupo importante de sindicatos, un acuerdo frente a las jefaturas de fracción y la Presidencia de la Asamblea Legislativa, avalando el texto de la Reforma Procesal Laboral, y solicitando su aprobación con algunas modificaciones. Participaron en ese acuerdo por el sector sindical, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la Coordinadora Unitaria Sindical y Magisterial (CUSIMA) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Atendiendo ese acuerdo el 7 de junio 2012 el Plenario aprueba devolver el proyecto a comisión, y el 19 de junio 2012 se dictamina de nuevo el proyecto en comisión de jurídicos aprobando la moción negociada entre sindicatos, UCCAEP y avalada por gobierno. El 31 de julio 2012 se aprueba en primer debate con 45 votos de 45 presentes. El 13 de setiembre 2012 se aprueba en segundo debate con 40 votos de 44 presentes.

VETO

El 9 de octubre 2012 el Poder Ejecutivo veta cuatro artículos y un inciso de otro artículo. En febrero del 20013 se inicia un proceso de discusión con el Poder Ejecutivo que busca lograr una moción consensuada que atienda las objeciones del veto pero no se logra acuerdo. El Ejecutivo envía una moción a la Asamblea Legislativa el 20 de mayo del 2013, que es considerada exteporánea por el Departamento de Servicios Técnicos.

El 31 de julio del año 2013 se dictaminó nuevamente el proyecto de ley, excluyendo todos y cada uno de los artículos y disposiciones vetadas por el Poder Ejecutivo, con lo que regresó al plenario legislativo para su votación definitiva en el Plenario Legislativo, sin que sea posible hacer absolutamente ninguna modificación que no sea por medio de otro proyecto de ley, ni pueda ser regreado a comisión, ya que ya precluyeron las etapas procedimentales que permitían hacer cualquier modificación.

NUEVAS SOLICITUDES DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO DE TRABAJO

La Corte Plena del Poder Judicial, por medio de acuerdo de sesión 35-13 del 19 de agosto del 2013, artículo XIII, por unanimidad de todos-as los magistrados-as, acordó solicitar a la Presidenta Laura Chinchilla, convocar a sesiones extraordinarias del mes de agosto del 2013 la RPL. De igual forma por medio de nota DMT-939-2013 de 6 de agosto del 2013, el Ministro de Trabajo solicita a la Presidencia de La República, convocar a sesiones extraordinarias la Reforma Procesal Laboral. La Presidenta Chinchilla se negó a convocar el proyecto.

El 23 de octubre de 2013, todos-as los-as magistrados-as que integran la Sala Segunda envía una nota al presidente de la Asamblea Legislativa, indicando que Corte Plena ha manifestado la necesidad de que la RPL se aprobada con prontitud, por lo que solictan que el proyecto sea aprobado en lo que resta de las sesiones ordinarias.

ESTADO ACTUAL

El proyecto se encuentra en el orden del día en el lugar número 155 del orden del día, ya que una resolución del Presidente Legislativo ordenó colocar los proyectos vetados que son corregidos al final de la agenda de plenario como proyectos absolutamente nuevos, y a pesar de la insistencia de la mayor parte de casi la totalidad de las fracciones, se ha rechazado todo intento de poner el proyecto a votación. Esto ha sucedido porque lafracción del PLN se ha negado a que el proyecto se ponga a votación, en virtud de que el Ingeniero Jhonny Araya Monge y el Licenciado Antonio Alvarez Desanti, jefe de campaña del PLN y empresario bananero, han condicionado los votos del PLN a que el resto de Fracciones acepten modificaciones al Reglamento Legislativo y a la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Mujeres urgen aprobación del proyecto de ley de aguas

San José, 31 de octubre de 2013. Este miércoles 30 de octubre un grupo de aproximadamente 50 mujeres representantes de diversas organizaciones, un grupo de 27 personas de la comunidad de Guacimal e integrantes de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA), se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa para solicitar al Presidente de la institución la aprobación del proyecto de ley N. 17.742 denominado “Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.

Este proyecto fue presentado para su conocimiento en el año 2010 por medio del mecanismo de Iniciativa Popular y cuatro años después sigue en la Comisión Especial de Ambiente.

El período establecido por la Ley de Iniciativa Popular es de dos años, y en pocos días finalizará el plazo, por lo que se hace urgente su aprobación en el Plenario. El cómputo del plazo se interrumpe por recesos legislativos y sesiones extraordinarias si el proyecto no es convocado por el Poder Ejecutivo. (Art. 6 de la Ley de Iniciativa Popular).

La representante de la Alianza de Mujeres y Mesoamericanas en Resistencia, Marlene Chacón Cubillo, fue la encargada de leer y entregar el pronunciamiento al Presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, y al Presidente de la Comisión Especial Permanente de Ambiente, Alfonso Pérez.

“Las mujeres solicitamos que atiendan nuestra realidad y nos aseguren que el agua llegará a los hogares en la cantidad, calidad y precio adecuado, incluyendo a los hogares con menos recursos económicos. También demandamos que se fortalezca la gestión y el manejo del agua por parte del Estado y de las comunidades”, declaró Chacón.

La situación actual del recurso hídrico obliga al Estado a crear un marco legal para asegurarle a la población el acceso equitativo al agua, así como evitar situaciones de desabastecimiento como sucedió en Sardinal y Aserrí, o de contaminación como los casos de Siquirres y Cañas; sin embargo el proyecto ha estado estancado desde su presentación en el año 2010.

Luis Fernando Mendoza admitió que el proyecto ha sido trabado en la Asamblea Legislativa y se comprometió a hacer un recordatorio a las y los legisladores con el fin de que se discuta el tema del agua, “les prometo también que el día de mañana voy a llevar este grupo de firmas a la reunión de jefes de fracción y haremos mención, precisamente, de esta manifestación de ustedes el día de hoy para de nuevo entrar y recordar a las diputadas y diputados que esto es una reforma importante, relevante, de vida o muerte y que este país debe decidir sobre este tema”.

Por su parte, Alfonso Pérez comentó que el trabajo se está intensificando en la Comisión de Ambiente y tratarán de resolver varios temas lo más pronto posible y así poder votar el proyecto antes de finalizar la legislatura, “nuestro compromiso a seguir avanzando tan rápido como podamos en el tema de asadas, se mandaron consultas, tenemos cerca de 30 respuestas que se están procesando, yo esperaría que a principios de noviembre tengamos un dictamen del proyecto y lo mandemos a Plenario.”

Rolando Castro, Director de CEDARENA y representante de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA) enfatizó en la necesidad de un marco legal que garantice el recurso y evite situaciones de desabastecimiento en las comunidades, “este proyecto de ley que se presentó por iniciativa popular busca garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para las futuras generaciones y que el agua, como se dijo, siga siendo un bien de dominio público y un derecho humano.”

Las diputadas del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña y Carmen Granados, también estuvieron presentes en la conferencia. Acuña manifestó el apoyo y compromiso de la fracción al proyecto. También denunció los intereses políticos que estancan el proyecto “efectivamente aquí hay esa oposición y ya uno entiende, tras tres años y medio, que está detrás, está la privatización, está que el agua ojalá sea un bien, pero no un bien de manial, si no un bien de algunos y ojalá tengamos que ir todos al supermercado a comprarla, eso es lo que se quiere.”

El proyecto también crea espacios para la coordinación de distintas instituciones estatales que han de velar por la gestión adecuada del recurso y abrir la posibilidad de participación de sectores interesados tales como las comunidades, el sector productivo, el sector académico y la sociedad civil.

La Alianza Nacional por la Defensa del Agua y las mujeres presentes solicitaron a las autoridades de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo que:

1. Se apruebe la reforma constitucional para reconocer y garantizar el derecho humano del acceso al agua y declarar el recurso como un derecho humano y un bien de dominio público, de modo que se garantice su protección constitucional.

2. Se apruebe el proyecto de ley “Gestión Integrada del Recurso Hídrico” antes de que concluyan la presente legislatura.

3. Se mantengan y apoyen los principios básicos para una gestión integrada del recurso hídrico.

Es hora de aprobar el proyecto de Ley de Aguas y proteger el recurso hídrico para todos y todas las costarricenses.

¿Y el diálogo social por la CCSS?

Cerca de 35 organizaciones sociales, incluída la ANEP, están demostrando su preocupación respecto a la creencia que la Caja “a sido salvada” y que ya la institución no tiene ningún problema serio que enfrentar.

Este lunes 21 de octubre se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Enfermeros y Enfermeras, para presentar cinco puntos fundamentales para seguir trabajando en el salvamento y mejoramiento de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Un primer tema tiene que ver con las deudas acumuladas por el Estado, un eje de lucha al que nunca renunciaremos. Pero dejamos claro que, en el caso que algún Gobierno remotamente pensara en desarrollar un mecanismo para cancelar esa monstruosa deuda, nada ganaríamos con tener todos esos recursos si la realidad y la cultura institucional de servicio público de salud no varía radicalmente, convirtiendo al ser humano en su eje principal.

La Caja es presa de tres grandes conflictos de interés: uno de orden político partidario, otro de carácter mercantil y otro de perfil corporativo gremial. Si no se atacan estos conflictos de manera urgente la institución está destinada a desaparecer. Urge atender demasiados problemas como las citas en los Ebais, citas con especialistas, ultrasonidos, operaciones, TAC, mamografías, entre tantos otros, mientras que hay que atacar y erradicar los distintos focos de corrupción a nivel nacional, regional y local en la Caja. La salud es un gran negocio, y hay intereses que desde dentro están carcomiendo a nuestra querida institución.

El conglomerado social, laboral y sindical unido en esta lucha solicita la instauración de una verdadera mesa de diálogo que trascienda esta administración, enviando un claro mensaje a quien resulte electo en el 2014 para dirigir a este país. Como organizaciones merecemos respeto y transparencia, ya que nos hemos enterado de las autoridades de la Caja han instaurado, casi de manera secreta, tres equipos técnicos que analizan temas como reformas al sistema de servicios de salud, redes integradas y niveles de atención institucional.

Se está también exigiendo, de manera urgente, el auditoraje ciudadano. Las autoridades de Gobierno, y quienes salgan electas en febrero de 2014, deben impulsar las reformas necesarias a las leyes, decretos, reglamentos o instructivos con el objeto de que se incorpore la participación laboral, social y sindical en esats instancias.

Por último, es necesario transparentar el trámite que gestiona la ingeniera Dinorah Garro Herrera, para la contratación internacional de un estudio para el régimen de pensiones de la Caja; y, además, se debe apuntar a un debate integral que incorpore en el diálogo nacional para el año 2014 este régimen de jubilación, por cuanto las distintas variables de salud del país definitivamente hacen visible la necesidad de dialogar seriamente y tomar decisiones que vinculen ambos seguros.

Las organizaciones que firmaron el documento son:

Sinae, ANEP, CTRN, CMTC, SEC, SITRAPEQUIA, Coopealianza, Coopeagri, CSJMP, Coopetarrazú, UPIAV, ILCO, Sintracobal, UNAG, Upanacional, SITET, Sintrapifrut, Conges, ARSC, UNEHA, Fereprodis, Acamude, Fenatsea, Centros Agrícolas Cantonales, FECCC, Sithosajudi, Sintratafcor, Fenati, SITRAP, FENOTRAPP y Red Costarricense de Agendas de Mujeres.

¿Para qué ir a un diálogo si ya a los grandes ricos se les hizo “su” reforma tributaria?

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en la propia Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), pensamos no tiene sentido alguno considerar el llamado a “diálogo” que sobre el tema del déficit fiscal ha formulado la Administración Chinchilla Miranda por intermedio de su Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna; propuesta con el pomposo nombre de “En ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un Diálogo Nacional”.

La desafortunada y secretista decisión que tomó en julio pasado el denominado Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), reduciendo drásticamente el aporte que deben pagar las empresas por concepto de renta, al posibilitarles que vía constitución de fondos de inversión de diverso tipo con solamente dos integrantes ahora puedan tributar menos, pulverizó la transparencia de una intención de diálogo de esta naturaleza.

Al respecto, la atinada denuncia del ciudadano don Ottón Solís Fallas (más allá de su pertenencia partidista), y valorando su conocimiento en el tema, nos ha puesto en guardia, dejando en evidencia la instauración de facto de un privilegio fiscal a grupos económicos de gran poderío, quienes así obtuvieron su “propia consolidación fiscal”.

Estos reducidos pero poderosos grupos económicos se destacan por estar dentro de los más notables beneficiarios del crecimiento de la desigualdad que vive nuestra sociedad, dado que han sido más que beneficiados con el proceso de concentración de riqueza al amparo de las políticas macroeconómicas de sesgo neoliberal implantadas en las últimas administraciones gubernativas.

Que tales empresas, por ejemplo, vía el artilugio de fondos de inversión inmobiliarios de solamente dos integrantes ahora, se queden pagando de ahora en adelante solamente un 5 % de impuestos sobre los ingresos brutos, cuando en la actualidad se les tasaba hasta con un 40.5%; profundiza el perverso sesgo regresivo del sistema tributario costarricense, potenciando más la injusta situación de que, impositiva y proporcionalmente hablando, en Costa Rica pagan más los que menos tienen.

No vale la pena ni siquiera considerar la oportunidad de una convocatoria oficial a un diálogo sobre el tema tributario-fiscal, mientras el Conassif mantenga tan cuestionable decisión; decisión que avaló el señor Ministro de Hacienda, precisamente la figura más visible convocante para tal diálogo. Para nosotros, en consecuencia, no hay credibilidad, no hay transparencia alguna, en tal llamado. No asistiremos a tal proceso.

Ante la presentación del «Plan de Consolidación Fiscal» del Ministro de Hacienda

Se anuncia que, finalmente, este miércoles 16 de octubre, el distinguido ciudadano Ministro de Hacienda, el Dr. Edgar Ayales Esna, dará a conocer su propuesta de “Plan de Consolidación Fiscal”, con el cual se pretende atender lo que se conceptúa como un serio desequilibrio en las finanzas públicas (más gastos vs. menos ingresos), especialmente para atacar el “coco” del déficit fiscal que, “aterradoramente” según la lógica neoliberal dominante en la macroeconomía costarricense, podría estar superando en fechas próximas el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y hasta más.

Desde una perspectiva de sectores sociales y, más específicamente, con una visión sindical hemos de manifestar, una primera reacción oficial de parte nuestra en el siguiente sentido:

1) Rechazamos, tajantemente, que a las personas trabajadoras asalariadas y no asalariadas, con empleo formal ó sin él, se les cargue nos nuevos impuestos, especialmente el más injusto de todos los impuestos: el IVA (impuesto al valor agregado). No hay más plata en los bolsillos del pueblo trabajador para hacerle frente a nuevos tributos que vengan a reforzar el perverso sesgo regresivo del sistema impositivo costarricense: Han venido pagando más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen.

2) Aunque cueste creerlo, el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI), está planteando ahora que se debe gravar con nuevos impuestos a los ricos para no solamente atacar el problema de los déficit fiscales, sino para combatir el crecimiento de la desigualdad; desigualdad que en caso de Costa Rica es el problema número uno de nuestra sociedad de hoy, al punto de que se viene convirtiendo en tema electoral de la campaña presidencial para las elecciones de febrero de 2014.

3) Sin conocer su contenido, el “Plan de Consolidación Fiscal” del Ministro Ayales está destinado al fracaso y generará la más rotunda oposición desde los sindicatos y desde los sectores sociales, si su contenido, en todo o en parte, refuerza la perversa característica regresiva del sistema tributario costarricense. Por el contrario, debe ser los detentadores de grandes riquezas, los que hacen ostentación repugnante de la acumulación desenfrenada, a los enormes capitales financiero-bancarios, los evasores de impuestos en todas sus formas y modalidades y otras especies de grupos sociales minoritarios de similar condición, los que tengan que pagar nuevos impuestos de incuestionable característica progresiva.

4) En tal sentido, en no pocas oportunidades y de cara a varios procesos a lo largo de los últimos años, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha venido planteando un amplio abanico de propuestas en la línea de la progresividad tributaria; es decir, gravar a los que más tienen que vienen pagando poco o nada y que, por lo general, tienen fuertes mecanismos para evadir de múltiples maneras sus responsabilidades sociales de corte tributario con el país.

5) Al respecto, nuevamente, reiteramos varias de nuestras proposiciones para una reforma tributaria pero para que se le cobre “a los de arriba”, tal y como ahora lo está indicando el FMI. Veamos 12 de nuestras proposiciones:

PRIMERA: Establecer la Renta Mundial: Gravar las ganancias obtenidas en el exterior pero pagadas al momento del devengo, en su origen, no cuando se da su ingreso al país.

SEGUNDA: Establecer la Renta Global: Gravar sobre la sumatoria total de las diversas fuentes de ingreso.

TERCERA: Establecer un sistema de premiación por denuncia de evasión fiscal-tributaria, de forma secreta y con un porcentaje de lo defraudado para la persona denunciante, una vez comprobado y cobrado lo que se robaron.

CUARTA: Una ley para permitirle a la administración tributaria acceso a las cuentas bancarias cuando se presumen ilícitos fiscales sin demérito del secreto bancario.

QUINTA: Regulación más fuerte de la banca costarricense en el exterior (banca “offshore”).

SEXTA: Un impuesto, por única vez, al patrimonio de las grandes fortunas y capitales.

SÉTIMA: Una ley de contingencia fiscal para gravar, por un año o dos, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y la muestra abusiva de concentración de riqueza; y como forma inmediata de bajar en dos puntos, al menos, el déficit fiscal.

OCTAVA: Aprobación del proyecto “Pensión-Consumo”.

NOVENA: Un impuesto a las transacciones financiero-bancarias luego de cierto monto para no castigar más a los sectores medios: el impuesto “Robin Hood”.

DÉCIMA: Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria en todos sus órdenes, especialmente en el control del robo de impuestos con la contratación de 400 personas técnico-profesionales.

ONCEAVA: Revisión profunda del sistema de exenciones y de exoneraciones (actualmente, representando un 6% del Producto Interno Bruto PIB).

DOCEAVA: Pasar las contralorías de servicios institucionales a la Defensoría de los Habitantes, para incrementar la calidad del control de los recursos públicos y la facilitación de denuncia por uso indebido de toda naturaleza.

Es nuestro criterio que con este tipo de medidas tributarias Costa Rica podrá comenzar, en serio, a revertir la peligrosa senda de la desigualdad que venimos transitando desde hace ya bastante tiempo.