Categoría: Acción Política

Ha quedado constatado, según un riguroso monitoreo efectuado en las últimas 24 horas de que, efectivamente, hay una serie de elementos extraños a la ANEP, personas que no son afiliadas a la organización y que nunca lo han sido, irrumpiendo en diversos centros laborales, presentándose como ANEP y solicitando firmas para una presunta papeleta en elaboración de cara a las próximas elecciones de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la agrupación para el período 2013-2017.

Según los dirigentes anepistas de base que han estado enfrentando esta intrusión, han constatado que a fin de obtener firmas para la tal papeleta, se emplean artimañas diversas, se engaña y se utilizan ardides de tan baja calaña como agregar que son personeros enviados por la ANEP con tal propósito.

Aquí se abre espacio para una investigación sobre la forma en que tales firmas pudieran haber sido obtenidas, sobre el engaño de que fueron víctimas quienes fueron obligados a firmar y sobre la ilegitimidad de que personas infiltradas ajenas a la vida de la ANEP se metan en sus asuntos internos, sin ni siquiera aportar la cuota sindical que todos los y las anepistas brindamos mes a mes a nuestra querida entidad sindical.

Se ha podido detectar que tales elementos extraños a la ANEP, en muchos casos, son las mismas personas que en varias comunidades del país trabajaron por la inscripción electoral a nivel nacional, de un partido político de signo extremista y que aplica la táctica del “entrismo” para penetrar organizaciones sindicales y populares, debidamente constituidas, organizativamente consolidadas, de gran afiliación, de amplio reconocimiento social y con limpias trayectorias. Este el caso de la ANEP. Se sabe que la gente de este partido político de signo extremista ya ha infiltrado y penetrado otras agrupaciones similares a la ANEP y las tiene a su servicio.

Las conexiones entre estas personas o elementos extraños a la vida de la ANEP y su subordinación al líder perenne del “entrismo” ideológico en Costa Rica, son elementos para formular las correspondientes denuncias y para invocar una serie de elementos espurios que podrían inhabilitar pretensiones electorales en el seno de la ANEP.

La Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación reitera que las elecciones en la ANEP se dan entre anepistas de uno y de otro signo, o signos; pero la organización está en la obligación legítima de defenderse a sí misma, de defender su independencia político-partidaria y de enfrentar las infamias, las calumnias y las injurias que se están diciendo y de lo cual tenemos ya constataciones evidentes a través de testimonios listos para ser emitidos. La presente intrusión “entrista” que está viviendo la organización abre varios ámbitos de acción político-legal que están en preparación.

Además, debe saberse que tales elementos extraños a la ANEP están abogando por una corriente electoral que abandonó sus responsabilidades en el seno de la Junta Directiva Nacional (JDN) saliente; que la única persona de tal corriente y que es la única que está llegando hasta el final del presente período directivo, renunció públicamente a ese grupo al constatar que sus inspiraciones están en contra del interés de clase del pueblo trabajador costarricense, mismo que, abrumadoramente, jamás aceptaría vivir bajo extremismos totalitaristas de ideología única.

La ANEP tiene su propio pensamiento político y social, lo ha desarrollado, es ampliamente compartido dentro de la agrupación y fuera de ella y le permite tener una posición de avanzada, de alta consecuencia con los intereses de la clase trabajadora, misma que en sí misma presenta gran diversidad composicional y de heterogeneidad política. Esa es la ANEP que le gusta a la gente. Hace muchos años la ANEP dejó de recibir “línea” partidista y político-electorera. Llamamos a los y a las anepistas a defender a nuestra querida organización.

Muchas reivindicaciones por proclamar para humanizar el empleo y dignificar el trabajo.

PRIMERO: Urge una elevación sustancial, de carácter general y estructural, de los actuales niveles de todos los salarios mínimos, de forma tal que se dé una ampliación de su poder de compra y haya un poco más de poder adquisitivo en el bolsillo del trabajador. Esto es radicalmente distinto a las rutinarias fijaciones semestrales por costo de vida. El Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano tripartido adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), puede proceder en consecuencia; así como también la propia Asamblea Legislativa puede intervenir por medio de una legislación especial al respecto.

SEGUNDO: Necesitamos salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), liberándola del secuestro en que la han tenido ciertos grupos corporativos internos y externos. Hay que atajar su privatización paulatina y silenciosa y considerar, entre otras propuestas, la implementación práctica de las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, propuestas por importantes y representativas organizaciones de la sociedad civil. Particularmente, la sostenibilidad futura y segura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), es tarea primordial del movimiento obrero y social. El trabajador no aguanta ni que le suban la cotización ni la edad para pensionarse.

TERCERO: Contra la perversa tesis del “Salario Único” en toda la Administración Pública, primer paso del camino neoliberal hacia la homologación “hacia abajo” de los salarios en Costa Rica para nivelarlos con el resto de los países centroamericanos metidos en la cortina de fuerza de los TLC’s, particularmente el Tratado de Libre Comercio que nos fuera impuesto con los Estados Unidos de América. Específicamente, reivindicaremos la necesidad de que los incrementos salariales médicos dejen de depender de los reajustes salariales policiales y de otras categorías de puestos del Poder Ejecutivo, todos los cuales son de los más bajos de la Administración Pública costarricense.

CUARTO: Por un cambio profundo en el carácter sumamente regresivo del sistema tributario costarricense, cambiándole de rumbo hacia la progresividad; de forma tal que, proporcionalmente hablando, en materia impositiva, deje de pagar más quien menos tiene.

QUINTO: Para que haya plena Libertad Sindical en amplios sectores de la economía privada, hoy privadas de ella, como las plantaciones agrícolas de banano, piña y melón, en las cuales los trabajadores sufren persecución por intentar materializar este Derecho Humano Fundamental, ratificado por Costa Rica en todos los tratados internacionales que el país ha firmado en este ámbito de la democracia real.

Mañana miércoles Primero de Mayo honraremos el legado de grandes figuras de la historia patria como Carmen Lyra, Joaquín García Monte, Omar Dengo; y los conglomerados obreros de zapateros, panaderos, tipógrafos y sastres: los pioneros de la organización sindical en Costa Rica. 9 de la mañana, Parque La Merced.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) considera, en primer término, una provocación de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hablar en este momento de aumentar la edad para pensionarse, de aumentar la cotización obrera y otros cambios en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En los actuales momentos de tensión social, eso es alimentar un coctel explosivo ya de por sí a punto de estallar.

En el año 2005, la ANEP asistió (junto a otras organizaciones sindicales), con una serie de propuestas a la mesa de concertación social que analizó reformas al IVM, contándose con la participación del Gobierno, de las cámaras patronales (agrupadas en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP), el sector cooperativo, la Defensoría de los Habitantes de la República y un actuario facilitado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante un año se discutieron medidas en el orden de lo paramétrico (edad y cotizaciones) y en otros no paramétricos como la gestión de cobro para el control de la evasión, la subdeclaración y la morosidad patronal; así como ideas para diversificar la cartera de inversiones del sistema.

Los resultados de este proceso de concertación fueron remitidos a la Junta Directiva de la Caja y se realizó una reforma que suponía una salud financiera para el sistema de IVM por 30 años, de forma tal que la aplicación de tales medidas tomadas al pie de la letra, garantizarían las reservas para mantener las pensiones de quienes ya se encuentran pensionados, así como de las pensiones en curso hasta el año 2035.

A lo anterior hay que agregarle lo que establece el artículo 78 de la llamada “Ley de Protección al Trabajador”, así como el contenido de la directriz 105 del Poder Ejecutivo, vigentes desde el año 2000 y que ordenó el traslado de hasta un 15% de los superávits de las instituciones públicas al fondo de pensiones del régimen de IVM-CCSS. 13 años después, en estos dos casos nada ha ocurrido y ni un solo centavo ha sido depositado para fortalecer el sistema de jubilaciones de IVM-CCSS. Ninguno de los últimos gobiernos, desde entonces, se ha preocupado de ello.

Debemos suponer que los estudios actuariales deberían arrojar datos absolutamente confiables que permitan hablar sobre el presente y futuro de nuestro sistema de jubilación de IVM. El problema es que lo sucedido al calor de las negociaciones sobre cesantía, cuando Eduardo Doryan Garrón ejerció la Presidencia Ejecutiva de la Caja, dejo serias dudas sobre el actuar de quienes vienen administrando los recursos del fondo de pensiones de la CCSS. No olvidemos que fue él quien, por decisión imperial, condonó buena parte de la deuda del Estado con la Caja.

Aumentar la edad de pensiones y/o el monto de la cotización obrera resulta una provocación innecesaria en momentos en que en la Caja se generan las condiciones para un interesante debate tendiente a superar la crisis a que fue llevada por quienes ven en la enfermedad un lucrativo negocio.

Debe tenerse en cuenta uno de los compromisos que asumió la administración institucional con ocasión de la reforma del 2005: informar con regularidad sobre el avance de la misma a los actores sociales suscribientes y otros. Lamentablemente eso no sucedió nunca y parece una información verdaderamente alarmante que se reconozca que se está echando mano a las reservas del sistema para el pago a los pensionados.

No se vale subir a los trabajadores las primas, la edad o las cuotas para garantizar la sostenibilidad del régimen, debido a que con ello se sigue cargando sobre las espaldas de quienes sostienen el sistema y se deja impune a quienes no pagan evaden, engañan y se aprovechan del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte; y, mucho menos, cuando los culpables de la crisis financiera de la Caja siguen en la impunidad y hasta “premiados”.

Bien haría la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), doctora Ileana Balmaceda Arias en convocar a los actores sociales a debatir con datos actuariales claros sobre la mesa que reflejen la situación del régimen de pensiones. La unilateralidad, el autoritarismo y los legalismos de puro formulismo en este delicado caso, tener consecuencias insospechadas en un país que está cansado de imposiciones.

163 mil 113 colones por mes, a partir del próximo 1 de mayo, será el “reajuste” salarial de los señores diputados y de las señoras diputadas, según ley de la República, aprobada en 1998 y que establece un 5 % semestral, automático, para los parlamentarios y para las parlamentarias del país.

Ley es ley… aunque no son pocas las ocasiones en que lo legal no necesariamente es moral, ni justo, ni ético. Si bien podríamos no estar de cara a una situación de este tipo, lo real es que los señores diputados y las señoras diputadas actuales pueden hacer mucho para que, al menos, en materia de salarios la desigualdad creciente pudiera desacelerarse un poco, en esa veloz carrera que lleva el país de polarizar más a la sociedad desde el punto de vista de la concentración de la riqueza y de la pésima distribución de los beneficios del crecimiento económico.

Así las cosas, exhortamos a los y las integrantes de los máximos 57 puestos de lo que se conoce como el “Primer Poder de la República” para que:

En el caso del SECTOR PRIVADO, aprueben una legislación para ordenarle al Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano de ley adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que proceda a establecer una fijación salarial extraordinaria, cada cierto período de tiempo, de modo tal que los niveles de los Salarios Mínimos se eleven, aumentando su poder real de compra. Esto es radicalmente distinto de lo que sucede cada seis meses, con los “reajustes” por costo de vida, que son los rutinarios, los ordinarios y que, por lo general, no compensan las modificaciones de precios y de tarifas ni del semestre precedente a la fijación ni las que se ven venir para el próximo.

En tal sentido, los choferes de bus, los obreros de construcción, el personal del comercio, los peones agrícolas, empleadas domésticas, guardas privados y otros, podrían ver ampliado el poder adquisitivo de sus respectivos salarios en un poco más.

En el caso del SECTOR PÚBLICO, aprueben la modificación del artículo 12 (y conexos) de la Ley General de Incentivos Médicos, No. 6836 (de noviembre de 1982), de forma tal que la estructura salarial del personal de ciencias médicas del país se “desenganche”, de su vinculación con las modificaciones salariales de una importante cantidad de puestos del Gobierno Central (Poder Ejecutivo); entre ellos los de más baja remuneración en cuanto a salario base.

Hablamos de policías, cocineras y técnicas de los CEN-CINAI, guardas de escuelas y colegios, oficinistas, secretarias, choferes, trabajadores de mantenimiento, técnicos y otros. Con el “desenganche”, este tipo de personal podría tener más espacio para negociar incrementos salariales semestrales de más impacto sin el impedimento legal de sus repercusiones en el salario del personal médico del país.

Estas dos iniciativas de ley brindarán grandes oportunidades ya no sólo para mejorar la imagen del parlamento ante la ciudadanía, sino para dar un poco de justicia salarial a una clase trabajadora cada vez más agobiada por la pérdida del poder de compra del salario y por su viaje prácticamente indetenible hacia mayores niveles de empobrecimiento.