Formulamos un vehemente llamado a la clase trabajadora que representamos, y en términos generales, al pueblo costarricense y al conjunto de organizaciones sociales y civiles que defienden sus intereses desde diferente perspectivas; para que salgamos a la calle, en manifestación pacífica, el día lunes 11 de noviembre próximo, con la finalidad de expresar una rotunda oposición ciudadana a las pretensiones de los grandes consorcios empresariales y corporativos (muchos de ellos de naturaleza transnacional), de que se le rebaje los actuales niveles tarifarios que por el consumo de energía eléctrica vienen pagando tanto al ICE como a la CNFL, así como a cooperativas y empresas públicas distribuidoras de electricidad.

Varias razones nos llevan a formular esta convocatoria:

1. Las entidades públicas arriba mencionadas sufrirían impactos graves en su situación financiera, si la indicada pretensión empresarial se concreta, de hasta un 30% menos de lo que pagan hoy en día. En conjunto habría una reducción de ingresos tarifarios por el orden de los 65 mil millones de colones anuales; cifra astronómica que deberá ser pagada por los hogares de la clase trabajadora, y por las micro, pequeñas y medianas empresas.

2. Todo el mundo reconoce que nuestro país vive un acelerado proceso de concentración de la riqueza y crecimiento sostenido de la desigualdad, en perjuicio de las grandes mayorías ciudadanas. Esta situación se agravará si a las mismas se les obliga a desembolsar una cifra como la indicada, producto de la reducción tarifaria a los grandes consorcios de negocios.

3. Es imprescindible destacar que este tipo de empresariado, ya viene pagando un precio por KW/hora menor al que pagamos en nuestros hogares. En el caso de mediana tensión de provisión eléctrica, el precio del KW/hora para estas empresas arranca en 12 centavos US. Mientras que en una casa ubicada, en Hatillo, por ejemplo y en un mismo marco de condiciones, ese mismo KW/hora parte de los 19 centavos US.

4. En el caso del ICE, el impacto negativo de esta pretensión es de una mayor profundidad, considerando las gigantescas erogaciones a las que se ha visto obligado por un mayor uso de combustible, por demás, el más caro de Centroamérica y del mundo. Para que se note la magnitud del impacto negativo en sus finanzas, si la ARESEP accediera a las mencionadas pretensiones corporativas, a los 110 mil millones de colones que implica la factura por consumo de combustible de este año, habría que agregarle 35 mil millones de colones producto de la reducción en la tarifa empresarial de la cual venimos hablando. En tal escenario financiero negativo, no le quedará más opción al ICE que solicitar aumentos en la tarifa de electricidad para esas grandes mayorías populares.

Por lo tanto, reforzamos este llamado de calle a la ciudadanía para el 11 de noviembre próximo y los detalles los daremos en próximas comunicaciones de prensa, dado el interés que en este evento están manifestando importantes organizaciones y que nos obliga mejorar negociar en días próximos los detalles organizativos.

Movimiento de Protesta Social y Sindical Nacional

Entidades responsables:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES Y DE TRABAJADORAS DEL ICE (FIT-ICE)

San José, 31 de octubre de 2013. Este miércoles 30 de octubre un grupo de aproximadamente 50 mujeres representantes de diversas organizaciones, un grupo de 27 personas de la comunidad de Guacimal e integrantes de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA), se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa para solicitar al Presidente de la institución la aprobación del proyecto de ley N. 17.742 denominado “Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.

Este proyecto fue presentado para su conocimiento en el año 2010 por medio del mecanismo de Iniciativa Popular y cuatro años después sigue en la Comisión Especial de Ambiente.

El período establecido por la Ley de Iniciativa Popular es de dos años, y en pocos días finalizará el plazo, por lo que se hace urgente su aprobación en el Plenario. El cómputo del plazo se interrumpe por recesos legislativos y sesiones extraordinarias si el proyecto no es convocado por el Poder Ejecutivo. (Art. 6 de la Ley de Iniciativa Popular).

La representante de la Alianza de Mujeres y Mesoamericanas en Resistencia, Marlene Chacón Cubillo, fue la encargada de leer y entregar el pronunciamiento al Presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, y al Presidente de la Comisión Especial Permanente de Ambiente, Alfonso Pérez.

“Las mujeres solicitamos que atiendan nuestra realidad y nos aseguren que el agua llegará a los hogares en la cantidad, calidad y precio adecuado, incluyendo a los hogares con menos recursos económicos. También demandamos que se fortalezca la gestión y el manejo del agua por parte del Estado y de las comunidades”, declaró Chacón.

La situación actual del recurso hídrico obliga al Estado a crear un marco legal para asegurarle a la población el acceso equitativo al agua, así como evitar situaciones de desabastecimiento como sucedió en Sardinal y Aserrí, o de contaminación como los casos de Siquirres y Cañas; sin embargo el proyecto ha estado estancado desde su presentación en el año 2010.

Luis Fernando Mendoza admitió que el proyecto ha sido trabado en la Asamblea Legislativa y se comprometió a hacer un recordatorio a las y los legisladores con el fin de que se discuta el tema del agua, “les prometo también que el día de mañana voy a llevar este grupo de firmas a la reunión de jefes de fracción y haremos mención, precisamente, de esta manifestación de ustedes el día de hoy para de nuevo entrar y recordar a las diputadas y diputados que esto es una reforma importante, relevante, de vida o muerte y que este país debe decidir sobre este tema”.

Por su parte, Alfonso Pérez comentó que el trabajo se está intensificando en la Comisión de Ambiente y tratarán de resolver varios temas lo más pronto posible y así poder votar el proyecto antes de finalizar la legislatura, “nuestro compromiso a seguir avanzando tan rápido como podamos en el tema de asadas, se mandaron consultas, tenemos cerca de 30 respuestas que se están procesando, yo esperaría que a principios de noviembre tengamos un dictamen del proyecto y lo mandemos a Plenario.”

Rolando Castro, Director de CEDARENA y representante de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA) enfatizó en la necesidad de un marco legal que garantice el recurso y evite situaciones de desabastecimiento en las comunidades, “este proyecto de ley que se presentó por iniciativa popular busca garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para las futuras generaciones y que el agua, como se dijo, siga siendo un bien de dominio público y un derecho humano.”

Las diputadas del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña y Carmen Granados, también estuvieron presentes en la conferencia. Acuña manifestó el apoyo y compromiso de la fracción al proyecto. También denunció los intereses políticos que estancan el proyecto “efectivamente aquí hay esa oposición y ya uno entiende, tras tres años y medio, que está detrás, está la privatización, está que el agua ojalá sea un bien, pero no un bien de manial, si no un bien de algunos y ojalá tengamos que ir todos al supermercado a comprarla, eso es lo que se quiere.”

El proyecto también crea espacios para la coordinación de distintas instituciones estatales que han de velar por la gestión adecuada del recurso y abrir la posibilidad de participación de sectores interesados tales como las comunidades, el sector productivo, el sector académico y la sociedad civil.

La Alianza Nacional por la Defensa del Agua y las mujeres presentes solicitaron a las autoridades de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo que:

1. Se apruebe la reforma constitucional para reconocer y garantizar el derecho humano del acceso al agua y declarar el recurso como un derecho humano y un bien de dominio público, de modo que se garantice su protección constitucional.

2. Se apruebe el proyecto de ley “Gestión Integrada del Recurso Hídrico” antes de que concluyan la presente legislatura.

3. Se mantengan y apoyen los principios básicos para una gestión integrada del recurso hídrico.

Es hora de aprobar el proyecto de Ley de Aguas y proteger el recurso hídrico para todos y todas las costarricenses.

Cerca de 35 organizaciones sociales, incluída la ANEP, están demostrando su preocupación respecto a la creencia que la Caja “a sido salvada” y que ya la institución no tiene ningún problema serio que enfrentar.

Este lunes 21 de octubre se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Enfermeros y Enfermeras, para presentar cinco puntos fundamentales para seguir trabajando en el salvamento y mejoramiento de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Un primer tema tiene que ver con las deudas acumuladas por el Estado, un eje de lucha al que nunca renunciaremos. Pero dejamos claro que, en el caso que algún Gobierno remotamente pensara en desarrollar un mecanismo para cancelar esa monstruosa deuda, nada ganaríamos con tener todos esos recursos si la realidad y la cultura institucional de servicio público de salud no varía radicalmente, convirtiendo al ser humano en su eje principal.

La Caja es presa de tres grandes conflictos de interés: uno de orden político partidario, otro de carácter mercantil y otro de perfil corporativo gremial. Si no se atacan estos conflictos de manera urgente la institución está destinada a desaparecer. Urge atender demasiados problemas como las citas en los Ebais, citas con especialistas, ultrasonidos, operaciones, TAC, mamografías, entre tantos otros, mientras que hay que atacar y erradicar los distintos focos de corrupción a nivel nacional, regional y local en la Caja. La salud es un gran negocio, y hay intereses que desde dentro están carcomiendo a nuestra querida institución.

El conglomerado social, laboral y sindical unido en esta lucha solicita la instauración de una verdadera mesa de diálogo que trascienda esta administración, enviando un claro mensaje a quien resulte electo en el 2014 para dirigir a este país. Como organizaciones merecemos respeto y transparencia, ya que nos hemos enterado de las autoridades de la Caja han instaurado, casi de manera secreta, tres equipos técnicos que analizan temas como reformas al sistema de servicios de salud, redes integradas y niveles de atención institucional.

Se está también exigiendo, de manera urgente, el auditoraje ciudadano. Las autoridades de Gobierno, y quienes salgan electas en febrero de 2014, deben impulsar las reformas necesarias a las leyes, decretos, reglamentos o instructivos con el objeto de que se incorpore la participación laboral, social y sindical en esats instancias.

Por último, es necesario transparentar el trámite que gestiona la ingeniera Dinorah Garro Herrera, para la contratación internacional de un estudio para el régimen de pensiones de la Caja; y, además, se debe apuntar a un debate integral que incorpore en el diálogo nacional para el año 2014 este régimen de jubilación, por cuanto las distintas variables de salud del país definitivamente hacen visible la necesidad de dialogar seriamente y tomar decisiones que vinculen ambos seguros.

Las organizaciones que firmaron el documento son:

Sinae, ANEP, CTRN, CMTC, SEC, SITRAPEQUIA, Coopealianza, Coopeagri, CSJMP, Coopetarrazú, UPIAV, ILCO, Sintracobal, UNAG, Upanacional, SITET, Sintrapifrut, Conges, ARSC, UNEHA, Fereprodis, Acamude, Fenatsea, Centros Agrícolas Cantonales, FECCC, Sithosajudi, Sintratafcor, Fenati, SITRAP, FENOTRAPP y Red Costarricense de Agendas de Mujeres.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en la propia Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), pensamos no tiene sentido alguno considerar el llamado a “diálogo” que sobre el tema del déficit fiscal ha formulado la Administración Chinchilla Miranda por intermedio de su Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna; propuesta con el pomposo nombre de “En ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un Diálogo Nacional”.

La desafortunada y secretista decisión que tomó en julio pasado el denominado Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), reduciendo drásticamente el aporte que deben pagar las empresas por concepto de renta, al posibilitarles que vía constitución de fondos de inversión de diverso tipo con solamente dos integrantes ahora puedan tributar menos, pulverizó la transparencia de una intención de diálogo de esta naturaleza.

Al respecto, la atinada denuncia del ciudadano don Ottón Solís Fallas (más allá de su pertenencia partidista), y valorando su conocimiento en el tema, nos ha puesto en guardia, dejando en evidencia la instauración de facto de un privilegio fiscal a grupos económicos de gran poderío, quienes así obtuvieron su “propia consolidación fiscal”.

Estos reducidos pero poderosos grupos económicos se destacan por estar dentro de los más notables beneficiarios del crecimiento de la desigualdad que vive nuestra sociedad, dado que han sido más que beneficiados con el proceso de concentración de riqueza al amparo de las políticas macroeconómicas de sesgo neoliberal implantadas en las últimas administraciones gubernativas.

Que tales empresas, por ejemplo, vía el artilugio de fondos de inversión inmobiliarios de solamente dos integrantes ahora, se queden pagando de ahora en adelante solamente un 5 % de impuestos sobre los ingresos brutos, cuando en la actualidad se les tasaba hasta con un 40.5%; profundiza el perverso sesgo regresivo del sistema tributario costarricense, potenciando más la injusta situación de que, impositiva y proporcionalmente hablando, en Costa Rica pagan más los que menos tienen.

No vale la pena ni siquiera considerar la oportunidad de una convocatoria oficial a un diálogo sobre el tema tributario-fiscal, mientras el Conassif mantenga tan cuestionable decisión; decisión que avaló el señor Ministro de Hacienda, precisamente la figura más visible convocante para tal diálogo. Para nosotros, en consecuencia, no hay credibilidad, no hay transparencia alguna, en tal llamado. No asistiremos a tal proceso.

Indica la prensa escrita del día sábado 5 de octubre de 2013, que la denominada Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía (Acograce), le ha pedido a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que le cobre más por recibo de luz a las casas de la gente, especialmente las casas de las familias de la clase trabajadora (en todas las dimensiones de ésta), para que se le rebaje a esos grandes consorcios de negocios (muchos de ellos de carácter monopólico y trasnacional), lo que vienen pagando por sus respectivos consumos de electricidad.

Esta pretensión resulta ¡inadmisible! y expresamos nuestro más contundente y claro rechazo. Lamentablemente, dado el sesgo pro-empresarial de la Aresep, mucho nos tememos que la Acograce se “salga con la suya”.

Valga indicar que el Vicepresidente de la Acograce es el señor Jack Liberman Ginsburg, hermano del señor Luis Liberman Ginsburg, actual Segundo Vicepresidente de la República. Lamentablemente, no podemos dejar de mencionar esta circunstancia considerando el creciente sentimiento de desconfianza ciudadana en su clase gobernante.

Hemos venido insistiendo, una y otra vez, sin cansancio, que la sociedad costarricense de hoy sigue profundizando la brecha de la desigualdad. Es más, está reconocido por diversas entidades internacionales, entre ellas la Comisión Económica para la América Latina (Cepal), que Costa Rica es la nación latinoamericana que más ha experimentado el crecimiento de la desigualdad en los últimos años. Lo que pretende la Acograce (con el eventual respaldo de la Aresep), “le echa más leña a la hoguera” en esto de la desigualdad creciente que sufrimos.

También hemos venido insistiendo en que la clase trabajadora sufre un proceso sostenido de empobrecimiento salarial, dado que los reajustes por costa de vida, de carácter semestral, no son realmente compensatorios de las variaciones en los precios y en las tarifas de los artículos y de los servicios de consumo básico; y, por ende, no incrementan el poder de compra, el poder adquisitivo de los salarios.

Por eso hemos venido planteando, también de manera muy insistente, en que los salarios mínimos de aplicación en el sector privado de la economía, deben reajustarse estratégicamente, para elevar sus actuales niveles; y, a partir de esos nuevos niveles seguir aplicando esos reajustes salariales semestrales y rutinarios por costo de vida.

Téngase presente que (basados en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC), prácticamente, el 65% de la población trabajadora asalariada, con empleo formal y salario fijo, contabilizando ambos sectores (privado y público), reciben un salario igual o menor a los 310 mil colones mensuales. Si Aresep acoge lo que pide la Acograce, estas familias se empobrecerán aún más y estamos hablando de casi 1 millón de hogares, sin contar los del desempleo.

Desde este punto de partida, también hay que decir que lo pretendido por la Acograce (con el eventual respaldo de la Aresep), “le echa más leña a la hoguera” en esto de la desigualdad creciente que sufrimos.

Con absoluto respeto pero con contundencia, formulamos un vehemente emplazamiento público a los señores candidatos presidenciales “reales” (que no tienen doble postulación) para que se pronuncien al respecto. Los señores Johnny Araya Monge, José María Villalta Florez-Estrada y Luis Guillermo Solís Rivera (citados en orden alfabético por su nombre inicial), deben emitir declaraciones contundentes al respecto.

Por un lado, ellos vienen indicando, de una manera u otra, sus preocupaciones sobre el tema de la desigualdad; por otro, deben tener claro que el mayor número de votos posibles que puedan obtener, provendrá, precisamente, de esos hogares de la clase trabajadora que ya, de por sí, están pagando muy caro el recibo de la luz y que ahora pagarían más si la Aresep se “rinde” ante la Acograce.

Esta injusta y evidentemente provocadora gestión de los grandes consorcios empresariales y de negocios consumidores de electricidad, ¡no debe pasar!

Los hogares de la clase trabajadora asalariada y no asalariada; las familias que están sufriendo por el desempleo; la micro, la pequeña y la mediana empresa, no soportarán un alza de hasta un 11% en la tarifa actual de electricidad en los hogares de este segmento población del país, que es evidentemente mayoritario.

Pero hay más. La pretensión de la Acograce, cuyos integrantes deben ser parte del restringido grupo ganador del modelo neoliberal y que forma parte del 1% más rico de la población; podrían tener una intención más que perversa: sino quebrar del todo, golpear todavía más la estabilidad financiera tanto del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Según los datos leídos, el rebajo pretendido por Acograce, generará impactos financieros negativos por el orden de los 35.600 millones de colones para el ICE y de 15.600 millones para Fuerza y Luz. Amén del golpe en las finanzas de los otros entes públicos y sociales distribuidores de servicios de electricidad.

Esperamos que en el momento clave en que la Aresep debe definir sobre la petición de Acograce, la impunidad por inmovilización social no triunfe y podamos enfrentar este desafío de manera abierta. ¡Movilicémonos!