Categoría: Acción Política

Es trascendental para el país revivir la RPL

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Una reforma de amplios acuerdos

La Reforma Procesal Laboral ha sido fruto de amplios acuerdos, no solo con el Poder Judicial, sino por medio de dos acuerdos suscritos entre la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), una parte importante del sector sindical, y el Gobierno de La República. En efecto el 21 de mayo del 2012 en el Consejo Superior de Trabajo, la UCCAEP junto con el Gobierno y los sindicatos, suscribió el Plan de Trabajo de Decente que plantea explícitamente el acuerdo de impulsar la aprobación del texto negociado de la Reforma Procesal Laboral. Incluso la propia Presidenta Chinchilla presentó al director de la OIT en junio del año 2012 este plan de trabajo decente, asumiendo un compromiso nacional al respecto.

Además, el 24 de mayo del año 2012, la UCCAEP suscribió, con un grupo importante de sindicatos, un acuerdo frente a las jefaturas de fracción y la Presidencia de la Asamblea Legislativa, solicitando la aprobación de la Reforma Procesal Laboral.

Participaron en ese acuerdo por el sector sindical, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la Coordinadora Unitaria Sindical y Magisterial (CUSIMA) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La negociación con el sector empresarial, incluyó dentro de otros temas, un acuerdo para que los denominados comités permanentes de trabajadores y los arreglos directos se mantuvieran tal y como han existido desde 1943 en el Código de Trabajo, “(…)con la finalidad de que este complejo tema y los señalamientos que la OIT ha hecho a Costa Rica al respecto, puedan ser discutidos a profundidad de forma tripartita (empleadores, trabajadores y gobierno) a la luz de la reciente jurisprudencia de la Sala Constitucional en la materia.”

Con este amplio apoyo del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la UCCAEP y una buena parte del sector sindical, se logró que el proyecto fuera aprobado en la Asamblea Legislativa (con 45 diputados (as) de 45 presentes el 31 de julio del 2012, y en segundo debate por 40 diputados de 44 presentes el 13 de setiembre de ese año).

¿Para qué se hace la reforma procesal laboral?

Costa Rica ha sido objeto de constantes y múltiples llamados de atención por parte de la OIT, en virtud de que las personas trabajadoras no tienen mecanismos adecuados, incluyendo una justicia laboral pronta y cumplida, para defender sus derechos. Extensos procesos judiciales y ausencia de mecanismos eficaces para que en el sector privado y en el sector público se cumplan expeditamente estos derechos, hacen que en la realidad, se violen sistemáticamente el salario mínimo, las normas sobre jornadas, el pago de cuotas a la seguridad social, se discrimine impunemente a las personas trabajadoras por múltiples razones, entre muchas otras violaciones.

En virtud de lo anterior, por más de 10 años se ha trabajado en este proyecto de ley, cuyo objetivo fundamental es, no solo de dotar a las personas trabajadoras de una serie de instrumentos individuales y colectivos para tutelar sus derechos laborales, sino para atender los graves señalamientos que la OIT ha hecho al país por muchos años.

Finalmente se aprobó un texto en la Asamblea Legislativa que sin duda alguna contiene mejores condiciones para proteger los derechos de la gran masa de personas trabajadoras del país, que las que existen en el Código de Trabajo actual.

Algunos ejemplos de avances concretos de la Reforma

  • Creación de una defensa pública laboral (abogados-as gratuitos) para las personas trabajadoras de escasos recursos, para menores de edad, y para madres trabajadoras a quienes se les violenten normas laborales de protección a la maternidad.
  • Disminución sustantiva de la duración de los procesos judiciales en virtud del desarrollo de procesos orales ante el Poder Judicial, a diferencia de los prolongados procesos escritos vigentes actualmente.
  • Procedimientos sumarios expeditos y medidas eficaces para proteger a las personas trabajadoras por discriminación por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación.
  • Procedimientos sumarios y medidas eficaces para proteger a las personas protegidas por fueros especiales (mujeres en estado de embarazo y lactancia, personas que han denunciado hostigamiento sexual, personas trabajadoras adolescentes, las personas trabajadoras en general cuando se haya planteado un conflicto colectivo, las personas protegidas por fuero sindical, entre otras).
  • Modificación de los requisitos legales para el ejercicio de la huelga legal y de los procedimientos administrativos y judiciales para resolver conflictos colectivos, conforme a las regulaciones establecidas por la OIT.
  • Agilización y clarificación de las normas que regulan la negociación colectiva en el sector público.
  • Ampliación de las medidas cautelares que el Poder Judicial puede ordenar para proteger a las personas trabajadoras durante la tramitación de un proceso laboral.

Las modificaciones presentadas por el Poder Ejecutivo a raíz del veto

Como es de conocimiento público, el Gobierno de la República vetó el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa, en lo que tiene que ver con la huelga en los servicios públicos.

El Movimiento Sindical involucrado en todo este proceso histórico de la ley de la Reforma Procesal Laboral, asumió una gran actitud propositiva y de seriedad responsable con el objetivo de atender el veto de la Presidencia de La República dentro de las normas existentes de la OIT. Este órgano internacional ha definido, de forma vinculante para Costa Rica, quienes tienen prohibido el derecho a la huelga y por lo tanto tienen derecho a medidas compensatorias (negociación colectiva y arbitrajes para resolver sus conflictos), quienes tienen derecho a la huelga con el establecimiento de un plan de servicios mínimos y quienes tienen derecho pleno al ejercicio de la huelga en los servicios públicos.

En buena medida este objetivo se logró, pero el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa un texto que modifica los artículos vetados del proyecto, en el que incluyó algunos aspectos que violan las obligaciones de Costa Rica frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Veamos:

  1. El Poder Ejecutivo estableció, en contradicción directa a lo establecido por la OIT, la prohibición absoluta de la huelga a un grupo importante de personas trabajadora de los muelles. Además, estableció una definición excesiva de servicios mínimos en el caso de la huelga en los muelles, lo que hace que este derecho humano se vuelva ineficaz.
  1. Además estableció una definición excesiva de prestación de servicios mínimos cuando RECOPE esté en estado de huelga, lo cual hace que éste derecho humano se vuelva ineficaz.
  1. El Gobierno fija un plazo máximo de huelga de 20 días en servicios trascendentales que no son servicios esenciales, es decir, cuya paralización no pone en peligro ni la vida, ni la salud ni la seguridad de las personas. Por tal razón también en este aspecto se viola de forma directa el convenio 87 de la OIT.
  1. Finalmente ha establecido la prohibición total de la huelga para una cantidad excesiva de servicios de Salud. Esta prohibición general existe hoy día en el Código de Trabajo vigente pero no ha evitado que las huelgas se produzcan en ese sector, por lo que es preferible regular estas huelgas estableciendo servicios mínimos que aseguren que la salud y la vida de las personas no se pondrá en peligro durante una huelga.

Así las cosas, las organizaciones sindicales que de buena fe, con transparencia y responsabilidad constructiva han impulsado la Reforma Procesal Laboral, lamentamos la persistencia de una posición gubernamental intransigente en los ámbitos arriba indicados.

Una maniobra para archivar la reforma procesal laboral

Una pequeña parte del sector empresarial, fundamentalmente bananero y piñero, ha venido procurando evitar a toda costa,

que el proyecto de Reforma Procesal Laboral se apruebe en la Asamblea Legislativa. Estos sectores, aglutinan un sector de empleadores que sistemáticamente viola los derechos laborales fundamentales, y que, por lo tanto ven en la reforma procesal laboral una amenaza.

En ese marco, creemos que la inclusión por parte del Gobierno de la República de estos aspectos violatorios de lo dispuesto por la OIT, son parte de una maniobra para provocar el archivo definitivo de esta reforma, fundamental para la clase trabajadora en general, y sobre todo para quienes que laboran en el sector privado.

Por tanto

  • Exhortamos al Parlamento para que coadyuve en la conclusión exitosa de la negociación sobre los extremos vetados, de forma tal que la redacción alternativa sea coherente con lo que expresamente la OIT ha señalado a Costa Rica; o bien proceda a excluir las normas expresamente vetadas del proyecto.
  • Exhortamos a los diputados y las diputadas, a aprobar la Reforma Procesal Laboral, a pesar de esta maniobra del Poder Ejecutivo, y advertimos que si el proyecto de ley es aprobado sin incluir las modificaciones que de acuerdo a la OIT deben hacerse a la moción planteada por el Poder Ejecutivo, procederemos de inmediato a plantear las denuncias internacionales que evidencien esta flagrante violación a los obligaciones que como país hemos asumido ante la OIT.

San José, martes 29 de mayo de 2013.

Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRA)

Frente Interno de Trabajadores y Trabajadores del ICE (FIT-ICE)

Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)

Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)

Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)

Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Carta a magistrados sobre fallo a Decreto de Interinazgos

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San José, lunes 17 de junio de 2013.

Honorables señores magistrados
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
PODER JUDICIAL

Respetados señores jueces constitucionales de la República:

Con todo respeto, las personas trabajadoras asalariadas que firmamos esta respetuosa interpelación a vuestras autoridades jurídico-constitucionales, somos servidores públicos y servidoras públicas que, luego de mucho tiempo ocupando cargos en la Administración Central del Estado y otros entes que aplican al Régimen de Servicio Civil, en condición de interinato; finalmente, obtuvimos la propiedad en nuestros respectivos puestos, con base en las estipulaciones del Decreto Ejecutivo No. 36320-MP-MTSS, de 10 de diciembre de 2010; normativa que ahora ustedes, como los más altos jueces constitucionales de la República, han indicado que es inconstitucional.

Al momento de entregar el presente documento en sus despachos, en esta mañana de lunes 17 de junio de 2013, no conocemos la integralidad del texto del fallo en mención, aunque se nos ha indicado que el mismo ya fue dado a conocer en las últimas horas recién pasadas. Obviamente que se necesitará un amplio análisis de lo que ustedes han resuelto para definir los procedimientos a seguir en salvaguarda de otro derecho constitucional inmerso en toda esta cuestión: el del empleo. Sin embargo, nos pareció necesario e imprescindible que con motivo de nuestra visita de este día a vuestra sede, sus ilustradas autoridades tomen en cuenta:

Que somos personas trabajadoras asalariadas honestas y transparentes; que nos hemos desempeñado en nuestros respectivos puestos, bajo esa condición de interinato, con eficiencia y eficacia; dando alto rendimiento y obteniendo las mejores calificaciones y evaluaciones del desempeño de nuestras correspondientes jefaturas.

Que la condición de interinato prolongado, como el que hemos estado sufriendo durante tanto tiempo, es un asunto de profunda discriminación y que las limitaciones del sistema para resolver tal condición no pueden sernos reclamadas, toda vez que siempre hemos estado en total disposición de someternos a los trámites que nos lleven a la ansiada estabilidad en nuestros correspondientes puestos.

Que la posibilidad que se nos abrió, en tal sentido, con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 36320 MP-MTSS, hoy declarado inconstitucional, jamás representó ni “facilismo” ni “ventajismo” y, mucho menos, “privilegio” o “prebenda”. Cumplimos los trámites, mostramos los requisitos que nos asisten, nuestra experiencia está demostrada y nuestro desempeño calificado como se exige. En tal sentido, cada uno de nosotros y cada una de nosotras, actuamos de buena fe y nos sometimos a los procedimientos de esa normativa ejecutiva.

Que nuestras respectivas administraciones públicas han invertido muchos recursos y tiempo en nuestra capacitación técnico-profesional y administrativa, para poder elevar la calidad de nuestro servicio a la población usuaria de nuestro quehacer; inversión pública que se perdería si tan solamente uno de nosotros o una de nosotras quedara sin empleo pese a que, como indicamos, nos sometimos al proceso del Decreto Ejecutivo No. 36320 MP-MTSSS de buena fe.

Lunes 17 de junio de 2013.
Honorables señores magistrados, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, PODER JUDICIAL
Página 2

Que es en tal sentido que debe aclararse que, precisamente, tenemos derechos adquiridos de buena fe a la hora en que se nos dio la correspondiente propiedad en nuestros puestos y que, por tanto, las respectivas administraciones no deben ni devolverlos a la injusta, cruel y discriminatoria situación de interinato; ni, mucho menos, dejarnos cesantes, en la calle, perdiendo nuestros empleos y llevando, por ende, caos socioeconómico y psicosocial a nuestras familias.

Que la situación en el futuro próximo para quienes estén bajo interinato, será de mayor complejidad y con la variación radical ordenada por este tribunal constitucional, de que lo que corresponde para acceder a la propiedad, de ahora en adelante, es una “prueba de conocimiento”, su alto costo económico hará imposible para la Dirección General de Servicio Civil, resolver la concesión de propiedad en el puesto. Es decir, la crueldad y la discriminación que implica la condición de interinato será mucho más profunda y prolongada que lo que ha representado para cada uno de nosotros y para cada una de nosotras, tal calvario hasta la llegada del indicado decreto que, supusimos, nos había liberado de tan torturante situación sociolaboral.

Por tanto, con todo respeto, es nuestra máxima aspiración en tal marco de condiciones que quede bien claro que quienes adquirimos la propiedad en nuestros respectivos cargos con base en el decreto ya mencionado, tenemos tal derecho adquirido de buena fe; y, por tanto, que no se nos devuelva a la condición de interinato; ni, peor aún, que se nos deje sin empleo.

A pesar del voto se conservan más de 1700 puestos en propiedad

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Hoy lunes se pretendía una gran concentración de trabajadores y trabajadoras de la Administración Central del Estado (básicamente ministerios y entes adscritos al Régimen de Servicio Civil), quienes en condición de interinos lograron la propiedad en sus respectivos puestos, con base en el Decreto Ejecutivo No. 36320-MP-MTSS, de 10 de diciembre de 2010; a partir de un planteamiento que formulara esta organización sindical al Gobierno de la República.

Dicho decreto, que tuvo una vigencia jurídica de un año, permitió que casi muchísimos empleados públicos y empleadas públicas, con interinatos sumamente prolongados, obtuvieran la ansiada estabilidad laboral que les permitió superar así una serie de discriminaciones, pese a su desempeño laboral eficiente, eficaz, honesto y transparente. Muchas de estas personas son profesionales y técnicos de alta especialización, destacándose la gran inversión que en su formación ha hecho el Gobierno capacitándoles ampliamente.

La Sala Constitucional ha declarado que tal decreto va contra la Constitución Política y, en tal sentido, peligraban los trabajos de esas miles de personas, a no ser de que el fallo final de este tribunal hiciera mención a derechos adquiridos de buena fe y tales personas no pierdan su empleo.

Lejos de representar un “privilegio”, la ANEP promovió la emisión del indicado decreto precisamente por la grave injusticia y profunda irregularidad discriminatoria de esos interinatos prolongados que venían impidiendo el acceso definitivo al derecho constitucional al empleo; pese a que esas personas interinas cumplían todas las expectativas de calidad en las labores de servicio público que han venido desempeñando.

El evento de hoy no se llevó a cabo como se quería, principalmente porque se dio a conocer en horas de la mañana que el voto de la Sala IV mantenía en su plaza de propiedad a las más de 1700 personas que se pudieron haber visto afectadas por la acción de inconstitucionalidad, bajo el criterio de que no se puede perjudicar a aquellas personas que han adquirido un derecho de buena fe.

Hay otro grupo elevado de personas en esa torturante situación de interinazgos, en el mismo ámbito de la Administración Central del Estado, calculándose en unas 7 mil. El problema social, como se nota, es de grandes dimensiones como para potenciarlo con 3 mil en la calle, de un día para otro. Esa es la esencia de lo que se le quiere decir a la Sala Cuarta con la manifestación de este lunes 17.

Sala IV enfrentará protestas

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Como es bien sabido, muchas personas pensamos en este país que las verdaderas decisiones de gran impacto político-social, sino todas, gran parte de ellas, se toman en el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Cuarta.

Es así que hay dos temas sociolaborales sumamente candentes en las últimas semanas que, nuevamente, tomarán auge ante el movimiento de sus respectivos protagonistas.

PRÓXIMO VIERNES 14 DE JUNIO: Desde las 6 de la mañana una gran cantidad de trabajadores y de trabajadoras de la Municipalidad de San José empezarán a congregarse para pocos minutos después empezar un desfile laboral hacia la sede del indicado tribunal. En los minutos subsiguientes se espera que se sumen más grupos laborales con diferentes horas de ingreso, hasta culminar con la adhesión del personal administrativo. Objetivo de la manifestación: Reforzar el planteamiento sindical formulado por la ANEP de que en el ámbito municipal no cabe ninguna regulación para imponer un tope a la cesantía a nivel de los gobiernos locales, dada la naturaleza constitucional de la autonomía municipal. Además, como se demostró en planteamiento ya entregado a favor de los trabajadores y de las trabajadoras municipales, la cesantía sin tope dejó de ser tabú; su rompimiento está dado bajo varias modalidades. La idea central de la manifestación municipalista de San José es, precisamente esa, la cesantía sin límite es un reconocimiento a una vida abnegada, de duro sacrificio obrero, con gran deterioro físico y emocional y sin grandes impactos multimillonarios precisamente por los bajos salarios que percibe la mayoría del personal municipal.

Se espera que con esta manifestación, se motiven las demás municipalidades del país para coordinar un evento de mayores dimensiones en el mismo sentido y en fecha próxima.

Para mayores detalles se puede llamar al dirigente sindical don Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, al teléfono 61 16 12 38

PRÓXIMO LUNES 17 DE JUNIO. Personal interino del Gobierno Central y entes adscritos al Servicio Civil, a punto de quedar en la calle, se concentrarán para defender los derechos de propiedad en el puesto, adquiridos de buena fe y que se pueden perder, luego de que la Sala IV habló de una inconstitucional del decreto ejecutivo que les permitió estabilidad en los respectivos puestos, luego de interinatos prolongados, algunos por muchos años y pese a excelentes calificaciones laborales en el desempeño. Este evento se está convocando para las 11 de la mañana y, según la circunstancia en ese momento, podría darse un desplazamiento hasta la Presidencia de la República.

Efectivamente, unas 2.800 personas trabajadoras asalariadas de esta parte del aparato estatal lograron propiedad con base en un decreto ejecutivo gestionado por la ANEP ante el actual Gobierno; teniéndose la esperanza de que con una segunda versión, dos veces más ese número de personas en similar condición interina podrían tener la misma oportunidad.

En ambas cosas, las manifestaciones frente a la Sala IV serán respetuosas y se espera que las altas autoridades de este tribunal atiendan pequeñas respectivas delegaciones que les entregarán un correspondiente documento.

Quieren quitarle propiedad a quienes la lograron por decreto ejecutivo

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Oficialmente y por esta vía les hacemos vehemente llamado para que nos apersonemos en las afueras de la Sala Cuarta, el próximo lunes 17 de junio, a las 11 de la mañana, para entregar, de manera respetuosa, un planteamiento en defensa de nuestro derecho constitucional al trabajo, en defensa de los contenidos del decreto que nos dio la propiedad a casi 3 mil interinos y en defensa de una oportunidad similar para quienes siguen siendo interinos.

Aquí hay consideraciones más que legales: sino de profunda naturaleza social y de justicia. Para ese día, saquemos vacaciones, saquemos el día sin goce de salarios, solicitemos permiso. Debemos hacernos visibles. Tanto los que estamos ya en peligro ante la reversión de la propiedad obtenida en buena lid y como derecho adquirido de buena fe, como de quienes en el mismo marco de condiciones, necesitamos de una oportunidad similar.

Recuerde: Próximo lunes 17 de junio, a las 11 de la mañana, en las afueras de la Sala IV. Por nuestro empleo. Por nuestra famila. Por la calidad del servicio público para el cual laboramos. Por justicia social. ANEP.
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Fallo de Sala IV pone en duda nombramiento en propiedad de unos 2.400 interinos

PATRICIA LEITÓN pleiton@nacion.com

Un fallo de la Sala Constitucional mantiene en vilo a 1.733 trabajadores que obtuvieron una plaza en propiedad en el Gobierno, entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011, mediante un decreto que creó un mecanismo especial que ahora fue anulado.

De esta cantidad de servidores, 1.679 laboraban como interinos antes de obtener su puesto.

El voto de la Sala IV es el número 5151-13, del 17 de abril del 2013, en el cual el alto tribunal declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad y anuló el mecanismo de contratación que se estableció mediante el decreto número 36.320 del 10 de diciembre del 2010.

La Sala solo ha publicado el voto. Ahora, las autoridades estatales esperan la redacción completa del fallo para conocer el futuro de los 1.733 trabajadores que fueron nombrados mediante este mecanismo.

Historia del decreto. José Joaquín Arguedas, director general del Servicio Civil, explicó que dicho decreto surgió de una negociación entre la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Gobierno como una alternativa para solucionar el problema de las personas que laboraban en forma interina.

Los interinos son servidores públicos que ocupan un puesto en sustitución de un funcionario regular o, en este caso, aquellos que ocupan una vacante de la cual la Dirección General del Servicio Civil no tiene registro de elegibles, o si lo tiene no existen candidatos que satisfagan las exigencias, o no quieren laborar en un lugar geográfico.

Albino Vargas, secretario general de la ANEP, detalló que había trabajadores que tenían hasta nueve años de laborar en el sector público, a los cuales se les había capacitado y no tenían un puesto fijo.

El decreto lo que estableció fue que los servidores interinos que acumulaban dos o más años de nombramiento continuo en el Estado en puestos vacantes tenían derecho de que se les incluyera en una terna para ocupar el puesto vacante en el cual se encontraban nombrados interinamente.

El mecanismo tuvo una vigencia de un año.

Arguedas comentó que en el sistema tradicional los concursantes realizan un examen y los tres que obtienen las mejores notas constituyen la terna que se envía a la entidad pública para que seleccione.

Con el mencionado decreto, si la persona interina cumplía con los dos años de servicio y ganaba el examen del Servicio Civil participaba en la terna, aunque al realizar la prueba no alcanzara una de las tres mejores notas.

El decreto provocó molestia de otros participantes, los cuales presentaron 18 recursos de amparo y dos acciones de inconstitucionalidad, una de ellas fue la que resolvió en abril pasado la Sala IV.

Roy Castillo, delegado de la ANEP en el Ministerio de Trabajo, explicó que este año estaban promoviendo un segundo decreto para aplicar de nuevo el mecanismo, pero el fallo de la Sala Constitucional detuvo el trámite. Ahora esperan la redacción final.

La ANEP no será de ningún partido político

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Ha quedado constatado, según un riguroso monitoreo efectuado en las últimas 24 horas de que, efectivamente, hay una serie de elementos extraños a la ANEP, personas que no son afiliadas a la organización y que nunca lo han sido, irrumpiendo en diversos centros laborales, presentándose como ANEP y solicitando firmas para una presunta papeleta en elaboración de cara a las próximas elecciones de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la agrupación para el período 2013-2017.

Según los dirigentes anepistas de base que han estado enfrentando esta intrusión, han constatado que a fin de obtener firmas para la tal papeleta, se emplean artimañas diversas, se engaña y se utilizan ardides de tan baja calaña como agregar que son personeros enviados por la ANEP con tal propósito.

Aquí se abre espacio para una investigación sobre la forma en que tales firmas pudieran haber sido obtenidas, sobre el engaño de que fueron víctimas quienes fueron obligados a firmar y sobre la ilegitimidad de que personas infiltradas ajenas a la vida de la ANEP se metan en sus asuntos internos, sin ni siquiera aportar la cuota sindical que todos los y las anepistas brindamos mes a mes a nuestra querida entidad sindical.

Se ha podido detectar que tales elementos extraños a la ANEP, en muchos casos, son las mismas personas que en varias comunidades del país trabajaron por la inscripción electoral a nivel nacional, de un partido político de signo extremista y que aplica la táctica del “entrismo” para penetrar organizaciones sindicales y populares, debidamente constituidas, organizativamente consolidadas, de gran afiliación, de amplio reconocimiento social y con limpias trayectorias. Este el caso de la ANEP. Se sabe que la gente de este partido político de signo extremista ya ha infiltrado y penetrado otras agrupaciones similares a la ANEP y las tiene a su servicio.

Las conexiones entre estas personas o elementos extraños a la vida de la ANEP y su subordinación al líder perenne del “entrismo” ideológico en Costa Rica, son elementos para formular las correspondientes denuncias y para invocar una serie de elementos espurios que podrían inhabilitar pretensiones electorales en el seno de la ANEP.

La Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación reitera que las elecciones en la ANEP se dan entre anepistas de uno y de otro signo, o signos; pero la organización está en la obligación legítima de defenderse a sí misma, de defender su independencia político-partidaria y de enfrentar las infamias, las calumnias y las injurias que se están diciendo y de lo cual tenemos ya constataciones evidentes a través de testimonios listos para ser emitidos. La presente intrusión “entrista” que está viviendo la organización abre varios ámbitos de acción político-legal que están en preparación.

Además, debe saberse que tales elementos extraños a la ANEP están abogando por una corriente electoral que abandonó sus responsabilidades en el seno de la Junta Directiva Nacional (JDN) saliente; que la única persona de tal corriente y que es la única que está llegando hasta el final del presente período directivo, renunció públicamente a ese grupo al constatar que sus inspiraciones están en contra del interés de clase del pueblo trabajador costarricense, mismo que, abrumadoramente, jamás aceptaría vivir bajo extremismos totalitaristas de ideología única.

La ANEP tiene su propio pensamiento político y social, lo ha desarrollado, es ampliamente compartido dentro de la agrupación y fuera de ella y le permite tener una posición de avanzada, de alta consecuencia con los intereses de la clase trabajadora, misma que en sí misma presenta gran diversidad composicional y de heterogeneidad política. Esa es la ANEP que le gusta a la gente. Hace muchos años la ANEP dejó de recibir “línea” partidista y político-electorera. Llamamos a los y a las anepistas a defender a nuestra querida organización.

Pretensión de Costa Rica de ingresar a la OCDE debe ser inclusiva

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), es del criterio de que el asunto de que Costa Rica fue “invitada” a iniciar el largo proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), debe considerar la participación activa y real de la sociedad civil organizada y, especialmente, de aquellas organizaciones sindicales que con visión de país elaborada, tendrían mucho que decir al respecto. ANEP es una de ellas.

En tal sentido, la ANEP asumirá una posición militante para hacerse oír y escuchar en lo que se conoce como la Comisión Sindical Consultiva (TUAC, por sus siglas en inglés: Trade Unión Advisory Committee); puesto que el discurso oficialista al respecto, de sesgo “triunfalista”, no le ha planteado a la opinión pública que este proceso debe ser integral y sin exclusiones, pues la OCDE se ha comprometido, también, con la sociedad civil de los países que aspiran a ser considerados para su ingreso a tal organización.

ANEP tocará las puertas de la denominada Comisión Sindical Consultiva (TUAC), pues es importante que la realidad de la “otra” Costa Rica, la de la desigualdad, la de la exclusión social, la de la injusticia tributaria, la del deterioro salarial y, especialmente, la de la represión sindical en amplios ámbitos del sector Privado; sea considerada para que se corrijan de forma tal que Costa Rica se ponga en regla con objetivos que la OCDE promueve tales como crecimiento económico sostenible, el impulso al empleo, la elevación del nivel de vida.

La ANEP ha producido en los últimos años (en conjunto con diversas entidades de la sociedad civil organizada y ciudadanía patriótica), diversos planteamientos propositivos para enfrentar las graves consecuencias de una sociedad que todos los días incrementa la desigualdad.

Estimamos que estos materiales podrían ser de mucho interés en el proceso éste de la OCDE. Hablamos de propuestas (entre otras), tales como:

  • Propuesta de los sectores productivos-Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI;
  • Aportes para una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria (propuesta CRISOL);
  • 10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva;
  • Diálogo Social y Negociación Efectiva: Planteamientos sindicales para la recuperación de la inclusión social y la solidaridad, para la promoción del bien común;
  • Planteamientos alternativos al proyecto “Ley de Solidaridad Tributaria;
  • 10 medidas para comenzar a ordenar la Caja.

Estimamos que estos y otros planteamientos pudieran ayudar a que el proceso con la OCDE tenga una valoración real y más equilibrada.

No avalamos la pretensión de que la “hoja de ruta” que se pretende impulsar desde el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), esté bajo un único prisma político-ideológico (básicamente de inspiración neoliberal); pues la sociedad costarricense de hoy en día, en una abrumadora mayoría (aunque dispersa), rechaza, no comparte, que sea con el neoliberalismo como vayamos a superar la gravedad de la exclusión social que estamos viviendo en los actuales momentos; neoliberalismo que, por demás, ha demostrado su fracaso total y ha desnudado la brutalidad de su accionar con el sesgo dominante del capital financiero-bancario que le guía en la actualidad.

Se debe tener presente que a las OSC (organizaciones de la sociedad civil) y, por ende, al TUAC, la OCDE las considera en todas las etapas del desarrollo, ejecución y seguimiento de su trabajo. Con los buenos oficios y la solidaridad de las organizaciones sindicales de alcance continental y global con las cuales la ANEP mantiene contactos, vínculos y relaciones, hemos de llegar hasta el TUAC para alertar sobre todo este particular.

Condenamos discriminación contra Carmen Muñoz

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La posición del señor diputado don Justo Orozco Álvarez, del Partido Renovación Costarricense (PRC), de excluir a su colega legisladora, la señora diputada doña Carmen María Muñoz Quesada, del debate sobre el proyecto de Sociedades de Convivencia, merece la más enérgica condena y repudio de parte de todas las organizaciones que, de un modo u otro, tienen que ver con la vigilancia, la promoción y la protección de los Derechos Humanos universalmente reconocidos y que consagra nuestra legislación.

La exclusión y la discriminación por orientación sexual es, en esencia, un acto contra los Derechos Humanos y en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que trabajamos bajo los principios de Libertad y de Organización Sindical que son, a su vez, Derechos Humanos, no podemos permanecer callados ante la agresión que contra los mismos ejecuta el indicado diputado Justo Orozco Álvarez en relación con su colega parlamentaria Carmen Muñoz Quesada, solamente porque esta ciudadana legisladora ha indicado de manera pública su orientación sexual.

El diputado Orozco Álvarez debe retractarse y ya que invoca el Evangelio y el pensamiento cristiano para su accionar político, debe pedirle perdón a la diputada Muñoz Quesada por su errática actitud de intolerancia, más que intolerable en el seno de una sociedad que cree en la democracia como su forma de organización civil, como lo es la costarricense.

La tormenta política por el vuelo presidencial a Perú: Y los que faltan por renunciar, ¿cuándo se van?

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Si la imagen presidencial ya venía acercándose al record histórico del descrédito ante la ciudadanía desde que se hacen este tipo de mediciones; la tormenta política por el vuelo presidencial a Perú, utilizando una aeronave de “extraño” olor, le dará más velocidad al deterioro de la credibilidad ciudadana con respecto a la gestión de la Presidenta Chinchilla; deterioro que ya está en caída libre, prácticamente sin esperanza de revertirse.

La renuncia ipso facto del ya ahora Exministro de Comunicación y Enlace, Francisco Chacón González, no atenuará tal situación. Su continuación en el gabinete se hizo insostenible pues cada vez que abría la boca para referirse a los cuestionamientos que se le formulaban al respecto, lo que hacía era hundirse más, políticamente hablando y pringar con la duda y la desconfianza a la propia mandataria.

Faltan más renuncias: la del Director de Protocolo de la Casa Presidencia, señor Ludwig Sibaja; la del señor Mauricio Boraschi, Viceministro de la Presidencia y Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Las razones en ambos casos son más que obvias.

Y también, falta la renuncia de la señora Anabel González, Ministra de Comercio Exterior (COMEX), quien tiene responsabilidad compartida junto con su esposo, el ahora Extraministro Chacón, al planear la ahora amarga experiencia presidencial por el país andino.

La renuncia del señor Francisco Chacón no disipa el mar de interrogantes que están en el ambiente sobre el mar de fondo que deja el uso de una aeronave de un estupefaciente mal olor; ni tampoco dándose las renuncias que faltan, se disiparán del todo la gran cantidad de especulaciones que ya se han generado por esta extraña mescolanza: gas natural, petróleo y presunto lavado de dinero… Potente golpe a la confianza ciudadana, ya de por sí altamente deteriorada, en la clase política tradicional.

Todo listo para el Primero de Mayo

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Todo listo para el Primero de Mayo

Muchas reivindicaciones por proclamar para humanizar el empleo y dignificar el trabajo.

PRIMERO: Urge una elevación sustancial, de carácter general y estructural, de los actuales niveles de todos los salarios mínimos, de forma tal que se dé una ampliación de su poder de compra y haya un poco más de poder adquisitivo en el bolsillo del trabajador. Esto es radicalmente distinto a las rutinarias fijaciones semestrales por costo de vida. El Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano tripartido adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), puede proceder en consecuencia; así como también la propia Asamblea Legislativa puede intervenir por medio de una legislación especial al respecto.

SEGUNDO: Necesitamos salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), liberándola del secuestro en que la han tenido ciertos grupos corporativos internos y externos. Hay que atajar su privatización paulatina y silenciosa y considerar, entre otras propuestas, la implementación práctica de las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, propuestas por importantes y representativas organizaciones de la sociedad civil. Particularmente, la sostenibilidad futura y segura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), es tarea primordial del movimiento obrero y social. El trabajador no aguanta ni que le suban la cotización ni la edad para pensionarse.

TERCERO: Contra la perversa tesis del “Salario Único” en toda la Administración Pública, primer paso del camino neoliberal hacia la homologación “hacia abajo” de los salarios en Costa Rica para nivelarlos con el resto de los países centroamericanos metidos en la cortina de fuerza de los TLC’s, particularmente el Tratado de Libre Comercio que nos fuera impuesto con los Estados Unidos de América. Específicamente, reivindicaremos la necesidad de que los incrementos salariales médicos dejen de depender de los reajustes salariales policiales y de otras categorías de puestos del Poder Ejecutivo, todos los cuales son de los más bajos de la Administración Pública costarricense.

CUARTO: Por un cambio profundo en el carácter sumamente regresivo del sistema tributario costarricense, cambiándole de rumbo hacia la progresividad; de forma tal que, proporcionalmente hablando, en materia impositiva, deje de pagar más quien menos tiene.

QUINTO: Para que haya plena Libertad Sindical en amplios sectores de la economía privada, hoy privadas de ella, como las plantaciones agrícolas de banano, piña y melón, en las cuales los trabajadores sufren persecución por intentar materializar este Derecho Humano Fundamental, ratificado por Costa Rica en todos los tratados internacionales que el país ha firmado en este ámbito de la democracia real.

Mañana miércoles Primero de Mayo honraremos el legado de grandes figuras de la historia patria como Carmen Lyra, Joaquín García Monte, Omar Dengo; y los conglomerados obreros de zapateros, panaderos, tipógrafos y sastres: los pioneros de la organización sindical en Costa Rica. 9 de la mañana, Parque La Merced.