Exitoso IV Consejo Consultivo de ANEP

Entre camaradería, sentidos homenajes y enérgicos llamados a luchar contra la corrupción del Gobierno y el desmantelamiento de las garantías sociales, transcurrió la cuarta Sesión del Consejo Consultivo Nacional de ANEP, celebrada el pasado viernes 28 de setiembre, y que reunió en el Auditorio de la Conferencia Episcopal (CECOR) a unos 250 dirigentes de base provenientes de todo el país.

La actividad, presidida por el Secretario General de ANEP, Albino Vargas Barrantes, y el Secretario Adjunto, Walter Quesada Fernández, dio inicio a las 9:15 a.m. con las notas del Himno Nacional y la aprobación por unanimidad de la agenda. En sus palabras iniciales, Vargas fue enfático en afirmar que ANEP se ha constituido en un ente con total independencia político-partidaria, y que por esto mismo ya ha habido “coqueteos” de distintos actores políticos interesados en generar algún tipo de acercamiento, sobre todo en el contexto preelectoral. También reconoció el intenso trabajo realizado, desde ANEP y todas sus seccionales, en aras de consolidar la actividad de la organización sindical.

Posteriormente se abrió un espacio donde compañeras y compañeros de distintas seccionales expresaron su satisfacción por la labor realizada y por el apoyo que de una u otra forma han recibido de ANEP, tanto en los logros alcanzados como en las luchas que se han dado por persecución y conflictos varios que enfrentan los afiliados en sus instituciones. Tal es el caso de la compañera Heidy Mena, de la Municipalidad de Nicoya, quien contó su experiencia reciente y destacó que el suyo fue el primer caso de despido sin causal justificada que se resuelve ­–con restitución en el puesto– gracias a la acción directa del movimiento sindical, es decir, sin recurrir a instancias judiciales.

“Esto es una causa viva, un corazón enérgico”. Con estas palabras cerraba su intervención el compañero Roy Castillo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el espíritu que impera en el movimiento sindical, y que se vio reflejado en las experiencias compartidas. Por su parte, Heiner Díaz de la Municipalidad de Heredia, hizo énfasis en la idea, reiterada luego por Albino Vargas, del “sindicalismo ciudadano” como forma de organización construida desde las y los trabajadores, lejos de intereses y compromisos partidarios. Unas 10 intervenciones en total siguieron la misma tónica y fueron recibidas con aplausos por parte de las y los asistentes.

Casi una hora después, se retomó la agenda con la lectura de la carta que horas más tarde se entregaría al Fiscal General de la República, en relación con las denuncias de irregularidades financieras en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pidiendo que se agilice el proceso respectivo.

El trabajo de taller organizativo que estaba previsto en relación con las “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja” no pudo realizarse ya que las condiciones de espacio y tiempo no eran las idóneas, así que se invitó a los presentes a trabajar el tema en cada una de sus seccionales.

La Reforma Procesal Laboral y las pretensiones del gobierno con respecto a los “pluses” salariales, fueron los siguientes puntos en discusión. Con distintos artículos de prensa publicados en el transcurso del mes que evidencian la posición del gobierno y sus aliados y la contrarrespuesta de ANEP, tanto Vargas como el asesor político Rafael Mora expusieron las condiciones actuales de los proyectos, el progreso de las negociaciones y la necesidad de capacitar a las y los trabajadores en materia de estas reformas con el fin de coordinar las medidas a tomar en el corto plazo.

Lo más emotivo para el final. Con motivo del 152º aniversario de la muerte del ex-Presidente de la República y héroe de la campaña Nacional de 1856, Juan Rafael Mora Porras, se hizo un breve pero emotivo acto de conmemoración a la figura del prócer. En su presentación, Raúl Arias y Mauricio Ortiz llamaron a la recuperación de la memoria histórica de los hechos de 1856-57 y a rescatar la figura de Mora como ejemplo de la lucha social en el país.

Acto seguido se hizo entrega oficialmente de un retrato en gran formato de Don Juanito, y cámaras fotográficas y teléfonos celulares saltaron para capturar este momento. El retrato permanecerá de momento en la Casa Sindical Mario Alberto Blanco Vado, sede central de ANEP –esto, según dijo Vargas, hasta que la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) tenga un local propio–.

También se rindió un merecido reconocimiento al compañero José Gerardo Ibarra Garita, por cumplir 40 años de afiliación sindical. Ibarra se ha desempeñado como Inspector de Patentes en la Municipalidad de Turrialba desde el 8 de junio de 1970, y se acogerá a su pensión en diciembre próximo, con lo cual completará 42 años y medio de labor en el sector público. El homenajeado dijo sentirse muy complacido y afirmó que trabajar en la Municipalidad y participar del movimiento sindical ha sido toda una escuela de vida para él.

A las calles. A eso de las 11:45 a.m. se levantó la sesión y los y las participantes se dirigieron a los buses que los llevarían a la Fiscalía General de la República, en Barrio González Lahmann. Una vez allí, poco antes de la 1:00 p.m. y tras unas breves palabras de motivación de Albino Vargas, se solicitó el ingreso al edificio para entregar la carta personalmente al Lic. Jorge Chavarría, Fiscal General. Se indicó que Chavarría estaba atendiendo una llamada y que pronto se daría paso.

Tocaba esperar un poco más bajo el fuerte sol de mediodía, pero eso no bajó los ánimos de los y las presentes. Hubo quienes se refugiaron en los aleros de las casas y muros aledaños, o abrieron sus sombrillas; circularon un par de botellas de refresco que rápidamente se agotaron.

Entre consignas como “En el presente y en el futuro, con la Caja del Seguro” y variopintas bombas y retahílas del compañero Walter Quesada, el tiempo de espera pasó rápido, hasta que se abrieron los portones. Vargas y Quesada ingresaron a la Fiscalía y fueron revisados por los oficiales de seguridad; “seguro porque escucharon a Walter diciendo ¡BOMBA!”, la broma no se hizo esperar.

Pasados unos diez minutos salieron los emisarios: la misión estaba cumplida. Tras abrazos y calurosos saludos, los y las asistentes comenzaron a dispersarse con la satisfacción de concluir otra jornada exitosa, con el “corazón enérgico” del sindicalismo latiendo al unísono.

Sindicatos presentarán propuesta salarial el próximo 16 octubre

El Consejo Nacional de Salarios (CNS), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y a la cual la ley le asigna todas las definiciones, generales y particulares, en materia de salarios para quienes laboran en el sector Privado de la economía; ha fijado audiencia a las organizaciones sindicales para las 4 de la tarde, del martes 16 de octubre de 2012, a fin de que éstas den a conocer sus propuestas acerca del aumento en los salarios mínimos que ha de regir para el primer semestre del 2013, aplicable en el indicado sector.

En la ANEP y en la Central Social Juanito Mora Porras (CJSMP), consideramos que la fijación venidera para los salarios mínimos en el sector Privado será crucial, como nunca antes, por las siguientes razones:

Primero: Debemos ser contundentes en señalar que lo que ocurre cada seis meses en este tipo de fijaciones salariales, es un reajuste por costo de vida para compensar las variaciones de la inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC), ocurridas durante el semestre precedente a esa fijación. Por tanto, lo que se da es un reajuste por costo de vida, mismo que en nada incrementa el poder de compra del salario, para nada aumenta el poder adquisitivo del mismo.

Segundo: Esta situación ha prevalecido por incontables número de años al punto de que los más recientes estudios generados desde diversos procesos investigativos, nos indican que en Costa Rica la caída en los salarios reales de la clase trabajadora con empleo formal, está más que demostrada.

Tercero: Distinto es que se dé una elevación sustancial, de carácter general, extraordinaria, por ocasión única, en los niveles generales vigentes de todos los salarios mínimos. Aquí sí habría un aumento de su poder de compra, un aumento sustancial de su capacidad adquisitiva; si en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), no solamente se da una discusión integral al respecto que jamás antes se había dado, sino que, se fijara un aumento general en los niveles de los salarios mínimos; no un reajuste por costo de vida, reiteramos, que es lo que viene ocurriendo semestralmente desde hace muchos años. Las organizaciones que representamos, la ANEP y la CSJMP, queremos impulsar la apertura de esta discusión para lo cual, esperamos, lograr más respaldo sindical de parte de otras importantes agrupaciones laborales que tienen relación con la fijación salarial para el sector Privado.

Cuarto: Nuestras agrupaciones, la ANEP y la CSJMP, una vez más, tenemos que plantear que el principal problema nacional que aqueja a nuestra sociedad, es la concentración de la riqueza; por tanto, insistentemente seguiremos luchando para que se den modificaciones estructurales en la política salarial, dado que ésta es uno de los mejores mecanismos para atenuar, desacelerar y hasta revertir ese proceso perverso de diferenciación social como lo es la polarización económica desde la perspectiva del ingreso familiar.

Quinto: Hemos empezado ya a hacer nuestro números, en el marco de la “Metodología para la fijación de salarios mínimos para el sector Privado”; según el acuerdo tripartito adoptado en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), el 27 de octubre de 2011. En esencia, se deberá vincular, para establecer la fijación venidera, el aumento en el costo de la vida y el crecimiento de la economía, medido por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), per cápita. En el primer caso, aumento en el costo de la vida, tal acuerdo indica que se deberá incluir un ajuste por inflación esperada. Por tanto, no será sino hasta en próximos días que, con certeza, se pueda hablar con seriedad y sin demagogia panfletaria, cuál es la pretensión sindical de incremento en los salarios mínimos del sector Privado, que deberán regir desde el 1 de enero de 2013.

Sexto: No hay duda de que la estrechez económica y el estrujamiento del presupuesto familiar, para hogares de ingresos medios y bajos, sigue generando gran tensión social. El desmedido aumento que recientemente se dio en las tarifas del servicio de agua (un 25%, en promedio), descalabró las finanzas familiares. Los anuncios de las alzas que se avecinan en las tarifas de buses y la continuada alza en los combustibles (con repercusiones en las tarifas eléctricas), empobrecen aún más a miles y miles de hogares de la clase trabajadora asalariada que, a pesar de ello, tiene la “suerte” de tener un empleo formal. (Recordemos que, prácticamente, un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA) de Costa Rica, casi dos millones de personas, está fuera del mercado laboral formal: casi 650 mil).

Sétimo: Las consecuencias de seguir con una política salarial que no expande el poder de compra del salario, que tan solamente lo reajusta semestralmente, amplía la brecha social; máxime si ya constatamos que en ciertas esferas de la alta tecnocracia político-jerárquica del Estado, así como en los niveles de alta gerencia empresarial y cúpula corporativa de los más connotados negocios privados, los salarios muestran cifras abusivas que ofenden la dignidad de la clase trabajadora. El emblemático caso del salario del Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), de casi 19 millones de colones mensuales (unos 36 mil dólares), mayor que el salario mensual del propio Presidente de los Estados Unidos, nos indica a qué niveles de perversidad se está llegando en Costa Rica en materia de concentración de la riqueza y de extensión de la pobreza.

Magna reunión de dirigentes sindicales de base de la ANEP

Este viernes 28 de setiembre de 2012, unas 300 personas trabajadoras asalariadas (mayoritariamente del sector Público), quienes fungen como dirigentes sindicales de base de la ANEP en sus respectivas entidades laborales; se reunirán desde las 9 de la mañana, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), calle 20, para debatir sobre tres temas candentes de la agenda nacional-laboral del momento:

1-La tesis-proyecto de ley del Gobierno contra los pluses salariales en el sector Público.
2- La Reforma Procesal Laboral (RPL), de reciente aprobación legislativa.
3- La crisis de la Caja por presuntas irregularidades financieras y el papel de la Fiscalía General de la República.

En este último punto, los y las participantes se desplazarán, en buses, hasta la sede central de la Fiscalía General de la República (200 al este y 75 al sur de la casa de Matute Gómez); a fin de entregar a su distinguido jerarca, el Lic. Jorge Chavarría Guzmán, una carta en la cual la dirigencia de base de la ANEP le solicita aligerar el proceso interno en ese despacho respecto de unas denuncias que fueron presentadas a raíz de lo que podrían ser grandes irregularidades financieras con los dineros de la Seguridad Social que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se espera que el citado jerarca atienda a una pequeña delegación sindical para entregarle tal documento.

Las indicadas dirigencias de base de la ANEP a reunirse este viernes 28, conforman lo que se denomina el Consejo Consultivo Nacional (CCN), de la ANEP; espacio de la estructura de esta agrupación para brindar orientaciones de acción sindical a la Junta Directiva Nacional (JDN), de esta entidad laboral.

ANEP agradece profundamente a la prensa nacional, la enorme y vital cooperación que pudieran brindarnos, en la divulgación pública de este evento.

Acuerdos para defender la Reforma Procesal Laboral

La Defensa Pública del Poder Judicial de Costa Rica y los sindicatos, reconocemos el valor histórico de la Reforma Procesal Laboral, la cual representa la culminación de muchos años de lucha a favor de la clase trabajadora y la defensa de sus derechos laborales y garantías.

Bajo este contexto y contribuyendo al cumplimiento de los compromisos asumidos por Costa Rica, a favor de las personas trabajadoras, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como ante la Organización de Estados Americanos (OEA); los firmantes acuerdan luchar en conjunto para que el Estado costarricense otorgue a la Defensa Pública del Poder Judicial, los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios, para hacer real y efectivo el derecho de acceso a la justicia y la protección de las garantías judiciales de la clase trabajadora en condición de vulnerabilidad, a través de la defensa técnica gratuita, con las excepciones legales dispuestas en la Reforma Procesal Laboral y conforme al Reglamento que se promulgue para estos efectos.

Así mismo, apoyamos las iniciativas legislativas tendientes a la creación de fuentes de financiamiento para el funcionamiento adecuado de la sección especializada de defensores y defensoras públicas laborales de la Defensa Pública del Poder Judicial.

En este acto además, los firmantes, hacemos atenta solicitud a la Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda y a la Asamblea Legislativa, para la asignación responsable de los recursos necesarios, para que la Defensa Pública pueda brindar el servicio de defensa técnica gratuita laboral, tal y como le fue designado en la reciente Reforma Procesal Laboral y que de esta manera la reforma sea una respuesta real y efectiva para la clase trabajadora.

En la Defensa Pública de San José, el 24 de setiembre de 2012.

Marta Iris Muñoz Cascante
Directora de la Defensa Pública

Alejandro Rojas Aguilar
Sub Director de la Defensa Pública

Alexánder Ovares
Asociación Nacional de Educadores (ANDE)

Albino Vargas Barrantes
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Rodrigo Aguilar Arce
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)

Olman Chinchilla Hernández
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)

Rafael Ángel Mora Solano
Central Social Juanito Mora Porras(CSJMP)

Didier Leitón Valverde
Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA)

Ramón Barrantes
Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA)

«Proyecto del Plus Salarial es un Mamarracho Jurídico»

KRISSIA MORRIS GRAY
kmorris@diarioextra.com

Las reacciones al estudio “Estado de Situación en Materia de Salarios y Remuneraciones del Sector Público Costarricense”, que contiene una propuesta de anteproyecto de “Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público”, el cual fue elaborado por los ministerios de Planificación, Hacienda y Trabajo, no se han hecho esperar.

Ahora es la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) quien alza la voz y señala que lo pretendido por el gobierno es lograr un control arbitrario que va en contra de la clase trabajadora.

En visita a DIARIO EXTRA, Mauricio Castro y Rafael Mora, director jurídico y asesor político de la secretaría general de la ANEP, respectivamente, fueron entrevistados sobre el tema por Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y la subdirectora Marcela Villalobos, a quienes les externaron completa desaprobación a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Para los dirigentes sindicales, el planteamiento del gobierno representa un retroceso en materia de libertad sindical y conquistas en derechos laborales, pues se busca eliminar pluses.

¿Qué opinión le merece el anteproyecto de ley de ordenamiento de las retribuciones salariales impulsado por el gobierno?

– Mora: Para nosotros es un mamarracho jurídico. El acuerdo para conocer este proyecto de empleo público nace a raíz del movimiento de febrero de este año que tuvo un acuerdo en Casa Presidencial en marzo y allí se planteó que el gobierno debía dar a conocer un proyecto de empleo público.

– Castro: Este proyecto de ley lo que tiene en el fondo es regresar a ese primer enfoque (teoría estatutaria), en el que se busca decir que hay ciertas cosas que no se pueden negociar, como por ejemplo el tema del auxilio de cesantía. Este proyecto lo que pretende hacer es asumir total o parcialmente esa teoría, que es autoritaria y antilaboral; a diferencia del derecho laboral, que es democrático y de negociación. Si llegara a pasar esta iniciativa, provocará que el gobierno entre a chocar con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Qué otros parámetros debía contener el proyecto tras el acuerdo alcanzado en marzo anterior?

– Mora: Por ejemplo debía contener el tema de la eficiencia de la productividad, los nombramientos, la carrera administrativa, algunos otros derechos laborales, evaluación y disciplinarios.

¿Entonces qué fue el proyecto que salió?

– Mora: La propuesta que salió es de recorte salarial únicamente. Este proyecto no es la iniciativa de Ley general de empleo público.

– Castro: Es un proyecto teledirigido a darle mayor poder al gobierno para que haga lo que le dé la gana en términos laborales.

¿Dirían que es el proyecto de salario único pero con otro nombre?

– Mora: Es el proyecto de salario único con otro nombre.

Uno de los aspectos por los cuales se aboga por el ordenamiento de los pluses es para mejorar la eficiencia.

– Castro: Eso es una cortina de humo. Nosotros lo hemos dicho, usted quiere calificar la eficiencia en los funcionarios públicos, por supuesto que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que se apliquen sistemas de evaluación de eficiencia, pero debe medir de manera individual, colectivo o institucional, dependiendo de las condiciones.

El anteproyecto hace un replanteo en materia de dedicación exclusiva, anualidad y disponibilidades.

– Castro: La primera razón de ser de muchos de los pluses, no digo que todos, es que tienen razón de ser, tienen justificación y fundamento. La situación que se dio en el pasado es que ante recortes que hubo para frenar los disparadores de los gastos, muchos jefes procedieron a establecer pluses y sobresueldos para aumentar los salarios, pues hubo casos que más bien bajaron por las medidas aplicadas por el gobierno para evitar que se les fuera la mejor gente.

Los gobiernos han sostenido que el 80% de su presupuesto institucional se va en el pago de salarios y queda poco para ejecutar.

– Castro: Si tienes presupuestos raquíticos, una reforma que nunca llega. Además si sigues recortando, recortando y recortando en los presupuestos, lo único que te quedan son los salarios, y lo que se quiere decir ahora es que los salarios han crecido tanto que que se comen el presupuesto institucional. Pero es todo lo contrario porque el presupuesto ha bajado tanto con la incapacidad que se tiene de hacer una reforma fiscal, y lo único que queda es salarios. Lo que están urgidos es de recortar. Como no ha pasado la reforma fiscal lo que sigue es esto.

La ministra Sandra Piszk asegura que el proyecto es necesario para que el gobierno recupere el control en materia de política salarial.

– Mora: Costa Rica no tiene una política salarial, no ha existido una política salarial. Se han hecho determinadas acciones para modificaciones salariales en diferentes sectores. Es diferente trabajar en el INS que en el Ministerio de Trabajo. El INS trabaja con bienes tangibles y el Ministerio de Trabajo con bienes intangibles. No se pueden comprar las funciones de la Municipalidad de San José con las de la Municipalidad de Talamanca.

¿De aprobarse esta ley el país retrocedería?

– Castro: El efecto inmediato que esto va a tener es que mucha gente no va a querer trabajar en el sector público. Ya tenemos una institucionalidad colapsada y ¿qué es lo que esta gente va a venir a hacer? Se irá.

– Mora: El retroceso es ubicarnos en tiempos anteriores a la aprobación y promulgación del Código de Trabajo, el cual viene a establecer las normas que está siguiendo el país.

¿Qué debilidades presenta el proyecto?

– Mora: El proyecto establece en los incisos a, b y c que quedan excluidos los empleados del ICE, INS y los bancos por un asunto de competencia. ¿Acaso la Imprenta Nacional no tiene competencia? Además el proyecto habla de una modificación de las convenciones colectivas y se les olvida que en los bancos hay convenciones colectivas. Este proyecto es para aplicarlo a la masa, a los empleados de segunda categoría, pero no se les aplica a las jerarquías.

Uno de los aspectos que afectan la función del sector público es la burocracia.

– Castro: Hay burocracia en el sector privado y en el sector público porque es la forma de organización de la gente la que ocasiona el problema burocrático. La burocracia viene con la masividad, con lo grande. Cuando uno se encuentra con burocracia en el sector público se piensa que se debería privatizar, pero cuando ocurre en el sector privado se habla de lo mal que me trató la empresa, pero no se asocia con burocracia.

El proyecto del Gobierno lo paramos en las calles

La ANEP está elaborando su posición oficial, bien estudiada y con profundidad.

Llamamos a nuestra dirigencia de base a participar del Consejo Consultivo Nacional el próximo 27 de Setiembre donde se tomarán decisiones trascendentales de la lucha a seguir.
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Propuesta estatal ya genera molestia sindical

La propuesta del Gobierno para recortar pluses salariales ya genera escozor entre los sindicalistas, y algunos amenazan con protestas callejeras.

Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Público (ANEP), confirmó que uno de sus representantes recibió la propuesta de ley ayer.

“Ya la ANEP venía diciendo que nos preparáramos los empleados públicos porque hay una ofensiva contra los sobresueldos en la Administración Pública (…). Me parece que están escogiendo un mal momento político para un proyecto de este calibre”, dijo.

Calificó de “grave error” que el Gobierno crea que el déficit fiscal es problema de los sobresueldos.

Más enfático, Gilbert Brown, del sindicato de Recope, no descartó protestas.

“Para eso están las luchas sociales y las calles. Nosotros no vamos a permitir que regresemos a 1943 (antes del Código de Trabajo) (…). Tiene que haber una respuesta contundente a este proyecto de ley que lo que hace es confiscar derechos laborales, dijo Brown.

Alexander Ovares, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), dijo que la propuesta le asombra.

“Sentimos que hay asuntos muy delicados, sobre todo en el sector público autónomo”, dijo. Sin embargo, garantizó que el 11 de setiembre presentará una metodología de discusión en la Comisión Nacional de Salarios.

Se intentó conocer el criterio de los sindicalistas Beatriz Ferreto, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), y de Luis Chavarría, de Undeca, pero no atendieron las llamadas.
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Gobierno pretende cortar privilegios a empleados públicos

El Gobierno impulsa un proyecto de ley para recortar privilegios en cesantía, anualidades, disponibilidad y dedicación exclusiva que se pagan a los empleados del sector público.

La iniciativa también pretende obligar a los jerarcas de todas las instituciones que tienen una convención colectiva, a denunciar el acuerdo poco antes de que caduque su vigencia, para renegociar los beneficios cubiertos.

La propuesta se presentó ayer ante la Comisión Nacional de Salarios del Sector Público, donde algunos sindicalistas ya sonaron tambores de guerra.

El interés del Gobierno es que el texto se discuta durante seis meses y haya acuerdos.

Luego, los ministros de Hacienda, Édgar Ayales; Trabajo, Sandra Piszk; y de Planificación, Roberto Gallardo, hicieron una exposición a la prensa y justificaron los recortes.

Según argumentaron, existe una gran cantidad de normas y convenios que generan desigualdades salariales entre trabajadores con los mismos años de experiencia, las mismas responsabilidades y los mismos atestados.

A modo de ejemplo, pero sin indicar las instituciones, expresaron que el sueldo de un gerente de área es de ¢900.000 en una entidad y de ¢4,6 millones en otra.

También alegaron que el gasto en salarios se disparó en los últimos años. Por ejemplo, el rubro de remuneraciones (salarios + incentivos) representa el 36% del gasto del Gobierno Central, el 88% de la Corte y el 43% en la Caja Costarricense del Seguro Social.

Por otra parte, estos incentivos salariales consumen el 47% del dinero correspondiente a remuneraciones en la Universidad de Costa Rica, el 42% en la Caja y el 45% en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Finalmente, el sueldo promedio de un empleado del Gobierno Central (ministerios) es 2,2 veces superior al salario promedio del sector privado. Los datos están incluidos en un informe sobre la situación salarial del sector público, el cual también se divulgó ayer.

La propuesta. El anteproyecto de ley cubre a todos los empleados del sector público (Gobierno Central, entes descentralizados y municipalidades). Los únicos excluidos de las restricciones son los bancos del Estado, el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad “por encontrarse en un régimen de competencia”.

En cesantía, fija un tope máximo de 8 años. Eso sí, aquellos que tengan una norma que les conceda el pago de más años de cesantía, “se les respetará la cantidad de años acumulados a la fecha de entrada en vigencia” de la nueva ley.

Lo mismo ocurrirá con aquellos cubiertos por una convención colectiva, cuyo tope de cesantía se mantendrá intacto, mientras la norma esté vigente.

Sobre el pago de anualidades, se busca que el monto fijo para todos los trabajadores sea de 2,54%.
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EJECUTIVO CERRARÍA LLAVE A LOS PLUSES SALARIALES

Aarón Sequeira
asequeira@diarioextra.com

El ministro de Planificación, Roberto Gallardo; el de Hacienda, Édgar Ayales; y la de Trabajo, Sandra Piszk, anunciaron ayer el llamado a la discusión de una propuesta para cerrar el grifo de los pluses salariales que ahogan el gasto del Gobierno de la República.

La anunciada reforma del régimen salarial, que había venido insinuando Ayales, tiene ya un anteproyecto de ley que implicaría una revisión profunda de las anualidades, la dedicación exclusiva y la disponibilidad, entre otros pluses.

El argumento de los ministros es buscar la equidad, y si bien Gallardo reconoció el riesgo de que se dé una mesa de diálogo sumamente complicada en periodo electoral, llegó el tiempo de entrar en el tema.

NO ES POR DÉFICIT

Ayales, por su parte, dijo que no es precisamente por temas de déficit fiscal y gasto que se propone una reforma en los regímenes salariales, muchos de los cuales se encuentran por la libre, sin control.

De acuerdo con el banderazo de salida de los ministros, el 80% del gasto del gobierno se va en salarios. Particularmente Planificación disparó la alerta de que si la situación continúa como en la actualidad, en cuatro años el 60% de los ingresos tributarios pagará los salarios de los funcionarios públicos.

PARA CASI TODOS

El anteproyecto, ya incluido en el diagnóstico hecho por las tres carteras, indica que los afectados por el “ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público” serán los tres poderes, el Tribunal Supremo de Elecciones, órganos auxiliares y desconcentrados, los servidores de los entes descentralizados y de las empresas del Estado, así como las corporaciones municipales.

Eso sí, Piszk, Ayales y Gallardo enfatizaron en que no se afectarán los derechos adquiridos de los funcionarios que ya reciben los referidos pluses salariales, pero la expectativa que tienen muchos servidores del sector público sí será sometida a revisión.

Aparte de la revisión de la disponibilidad y la dedicación exclusiva, mucho de ello por medio de calificación, se habla de la reducción del tope de cesantía y de las anualidades.

Una de las preocupaciones señaladas es que un servidor de funciones, experiencia y cargo similar puede ganar seis veces más con un régimen salarial en relación con otro.

DECLARACIÓN DE GUERRA

Albino Vargas
ANEP
“Esto es una declaración de guerra de este gobierno hacia los empleados públicos, que jamás podrán aceptar que se les responsabilice por la situación de déficit fiscal. Esto echa una cortina de humo y tendrá la ‘virtud’ de unir en un solo frente a las agrupaciones intersectoriales”.

Rodrigo Aguilar
Rerum Novarum
“Compete al movimiento sindical reunirse para analizar un documento muy grueso. Hoy (ayer) no entramos a conocerlo ni discutirlo, optamos por decir que lo vamos a analizar como movimiento, con toda seriedad. En marzo nos dijeron que iba a ser una ley de empleo público”.

El escandaloso caso de la “piñata regalona” de la trocha norte: el exministro del MOPT ¡cantó!

¡¡¡Escandalosas!!! ¡¡¡Indignantes!!! Las declaraciones brindadas por el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez Reyes, acerca del proceso de toma de decisiones en el vergonzoso caso de la “piñata regalona” de la trocha norte; lejos de considerarse como una “sacada de clavo” (a raíz de que la Presidenta Chinchilla lo echó del Gobierno, a comienzos de lo que sería conocido después como el escándalo más grande de corrupción con fondos públicos de los últimos gobiernos y del actual en particular); dejan a las claras que ha existido una especie de Gobierno paralelo, el verdadero poder en la sombra que es el que ha controlado todos los actos estratégicos de la Presidenta Chinchilla, cuya popularidad, como bien se sabe, está por los suelos.

El exministro del MOPT, Francisco Jiménez Reyes, ¡cantó! Así hemos sabido que el verdadero poder en el seno del actual Gobierno ha estado formado por el hermano de la mandataria, señor Adrián Chinchilla Miranda; por el banquero Segundo Vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg; y por el empresario y consultor internacional, señor Carlos Espinach Escalante.

Con más de 40 mil millones de colones “invertidos” en la construcción de la mal llamada “Ruta 1856”, o, peor aún, carretera “Juan Rafael Mora Porras”; exorbitante cantidad de la que más de la mitad está perdida, desperdiciada, botada, regalada, robada; las revelaciones del Exministro Jiménez Reyes representan un golpe durísimo y demoledor, completamente irreparable, a la transparencia y a la ética públicas, ya no solamente del propio y actual Gobierno de la República, sino de la misma Presidenta Chinchilla.

Como el mismo exjerarca del MOPT lo indicó, todo lo concerniente a la deplorable trocha, se decidía en Zapote (la sede de la Casa Presidencial), y no en Plaza Víquez (sede oficial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

Una gigantesca pregunta de mucha potencia surge a raíz del “canto” del Exministro Jiménez Reyes: ¿Cuál es la naturaleza de los intereses de negocios de prácticamente todo ese grupo de poder presidencial que decidió sobre todo lo de la trocha, si todos ellos están ligados a la actividad empresarial y con conexiones profundas en el sector Privado de la economía?

Las impactantes declaraciones del Exministro Jiménez Reyes lo lleva a reconocer de la existencia de “otra” comisión en este escandaloso asunto de la “piñata regalona” de la trocha de la frontera norte; pero, al parecer, más “ejecutora” de las órdenes emanadas por la otra, la del verdadero poder. Está comisión “segundona”, al parecer, la integraron el exministro de Seguridad Pública, José María Tijerino; la actual Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riesgos y Prevención de Emergencias (CNE), señora Vanessa Rosales Ardón; y quien hasta estas declaraciones venía siendo “figura estrella” del tortón de la trocha, señor Carlos Acosta Monge, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Salta con fuerza otra interrogante ciudadana y que tiene que ver con el papel de la Fiscalía General de la República en todo este bochornoso, repugnante e indignante asunto de la “piñata regalona de la trocha norte:

– ¿Procederá esta instancia a abrir expediente a cada una de esas personas poderosas del “gobierno paralelo” de la Presidenta Chinchilla en esto de la “piñata regalona” de la trocha norte?

– ¿Se atreverá el señor Fiscal General de la República a pedirle cuentas al hermano de la señora presidenta, don Adrián Chinchilla Miranda; a pedirle cuentas al banquero Segundo Vicepresidente de la Republica, don Luis Liberman Ginsburg; a pedirle cuentas al poderoso empresario y consultor internacional, figura de gran peso en el propio Partido Liberación Nacional (PLN), don Carlos Espinach Escalante?

– ¿Le entrará de lleno la Fiscalía General de la República a establecer cómo se originó, qué lo sustentó, quien lo urdió, quien lo diseño, quien lo redactó, el decreto de “emergencia nacional” que dio origen a todo esto?

– Ó, por el contrario, ¿serán los “perros flacos” quienes tendrán que cargar con todo este entramado de corrupción?

Posición oficial sobre proyecto exoneración impuesto municipal a tierras de uso agrícola

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con una fuerte presencia de organización sindical entre la clase trabajadora asalariada del sector municipal costarricense, hemos venido dándole un serio seguimiento al debate legislativo y a la polémica subsecuente, en torno a la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 18.070 “Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos”; iniciativa ésta que ha venido enfrentado y polarizando posiciones entre el sector agropecuario nacional y la institucionalidad política del régimen municipal.

La ANEP, dentro de los conceptos de su visión de país, aboga por profundas políticas públicas para reafirmar una Seguridad y una Soberanía Alimentarias costarricenses, (así en mayúsculas), en momentos en los cuales el cambio climático, la sequía en Estados Unidos, la política errática de este país en cuanto a la fabricación de etanol con maíz (solamente para citar tres factores); imponen un cambio estratégico profundo para que, como país, produzcamos nuestros propios alimentos básicos; de tal suerte que, al mismo nivel estratégico, es imperioso que la política pública se vuelque hacia los pequeños y los medianos productores agrícolas nacionales, dentro de la cual exonerarles de ciertos impuestos es una iniciativa correcta. Pero…

El indicado expediente legislativo 18.070, para la exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles, de un 80% a los terrenos dedicados al uso agrícola, carece de una determinación drástica, técnico-metodológica apropiada, de tal suerte que no se desvirtúe las sanas intenciones de quienes, desde distintas posiciones político-ideológicas, dicen que están de acuerdo en el apoyo a la pequeña y mediana producción agrícola nacional.

Es decir, debe establecerse en tal legislación, indicaciones precisas y contundentes que permitan establecer qué es pequeña y qué es mediana producción agrícola como para ser apoyada con una exención tributaria del calibre de la pretendida en tal iniciativa de ley.

Los grandes consorcios de producción agropecuaria, especialmente los de signo trasnacionales; la gran propiedad latifundista; las grandes extensiones de, por ejemplo, producción piñera, bananera, melonera, cafetalera, azucarera, no deben ser incluidas para consideración de la exoneración impositiva pretendida; resultando imprescindible introducir las modificaciones necesarias al indicado proyecto en tal sentido.

La ANEP tiene pleno orgullo y se siente sumamente honrada de sus relaciones con la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas Nacionales (Upanacional), entidad más que legitimada en su campo. Con ella y eliminando prejuicios históricos, hemos compartido y estamos compartiendo visiones de país como la propuesta “Por una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria” (propuesta CRISOL); las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; y, más recientemente, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”.

Igualmente en este último proceso, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, al conocer de la extraordinaria importancia para el sector agropecuario de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), al darse la adhesión de ésta a ese proceso; la ANEP ha ensanchado y se ha enriquecido en su quehacer sindical, ampliando su sensibilidad y la comprensión de las enormes dificultades de miles y miles de compatriotas que se desenvuelven en el sector agropecuario nacional y que se expresan, con toda propiedad, a través de entidades tan legítimas como UPANACIONAL y UPIAV.

La ANEP ha tenido la oportunidad de escuchar los atinados criterios encontrados al efecto. UPANACIONAL y UPIAV honraron a la ANEP aceptando una invitación de parte de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, visitando nuestra propia sede, y sosteniendo un productivo diálogo sobre el tema por espacio de unas tres horas. Por otra parte, recientemente, la ANEP fue invitada por parte de la Federación de Organizaciones Municipales de Alajuela (FEDOMA), y en la sede de la Municipalidad de Poás, se sostuvo un importante diálogo con las máximas autoridades políticas de las alcaldías integrantes de FEDOMA. Importantísima y calificada información nos fue proporcionada al efecto.

De la misma manera y tal como indicamos al principio de esta comunicado, diversas seccionales de la ANEP ubicadas en municipalidades de naturaleza rural, están pegando el “grito al cielo” y alertando muy seria y documentadamente a la organización, en cuanto a que así como está redactado el expediente legislativo 18.070 no debe ser aprobado, porque la gran propiedad latifundista y la de corte transnacional se ha “colado” para evadir sus responsabilidades tributarias en materia del impuesto a los bienes inmuebles.

Responsablemente, después de escuchar y valorar las diferentes argumentaciones, especialmente las que provienen de las bases seccionales municipales de la ANEP, solicitamos, públicamente y por esta vía, a la honorable Asamblea Legislativa de Costa Rica que se haga justicia tanto con los medianos y pequeños productores agropecuarios (esos que se representan, por ejemplo, en entidades del sector de tanto prestigio como UPANACIONAL y UPIAV).

Igualmente, pedimos que también se haga justicia con el régimen municipal, especialmente con aquellas municipalidades insertas en zonas rurales y agrícolas del país, para evitar su desfinanciamiento, su pérdida de impacto e incidencia e incluso, para evitar reducciones dolorosas de personal, despidos, en estos duros momentos nacionales de concentración de riqueza, no de distribución de la misma.

Además, deben incluirse en el proyecto varias propuestas que las alcaldías municipales han presentado, en el marco de toda esta discusión, a fin de potenciar más la acción municipal en beneficio de las comunidades, de suerte tal que aun quedando en la eventual ley una diferenciación clarísima para la exclusión de la producción latifundista de recibir la exoneración polémica; esas municipalidades compensen lo que representa la exoneración para la pequeña y la mediana propiedad de real vocación agropecuaria en cuanto al uso del suelo. Por ejemplo, las propuestas comprendidas en una agenda compartida entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI).

Alza en el agua: La desprestigiada Aresep, ¡otra vez!, golpea al pueblo trabajador

Nuevamente ha quedado en evidencia el papel que en contra de los bolsillos del pueblo trabajador viene asumiendo, sistemáticamente, la hoy muy desprestigiada y poco creíble Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); esta vez, con ocasión del aumento que está aprobando en las tarifas del agua y de los alcantarillados sanitarios.

Ha sido la propia Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la señora Jessenia Calderón, quien se encargó de poner en la picota esta nueva acción de la Aresep en contra de la gente, del pueblo trabajador: El aumento en la tarifa del agua será altamente perjudicial para los hogares y grandemente favorable para las empresas, el comercio y el propio Gobierno. Tan valiente acción de la indicada jerarca merece un aplauso y un respaldo popular.

La errática decisión de la Aresep en este caso de las tarifas del agua, muestra a las claras que el rumbo general del país sigue siendo el de la concentración abusiva de la riqueza; y, como corolario, el fortalecimiento de un injusto proceso de empobrecimiento que afecta a las mayorías trabajadoras, tanto las que cuentan con empleo informal como las que se desenvuelven en el ámbito del cuentapropismo.

Aresep debe ser sometida a una profunda “intervención quirúrgica”. El pueblo no cree en ella. Si bien sabemos que la abrumadora mayoría de su personal muestra un gran profesionalismo, le hegemonía política en su interior no está del lado de los que menos tienen en este país.

Sus audiencias son ya asuntos de forma, insustanciales, donde, por lo general, las personas usuarias de los servicios públicos cuyas tarifas regula, están totalmente indefensas ante una orientación ideológica que ha desprestigiado, totalmente y de cara al pueblo, a esta entidad; misma que, en buena lid, debería dedicarse a aportar, desde su ámbito de trabajo, para que el país volviera a la senda del bien común. Todo lo contrario: Aresep impulsa el empobrecimiento de la clase trabajadora.

Pese a todo el escepticismo de la efectividad de acciones jurídicas en este tipo de situaciones, la ANEP está analizando ya cuál podría ser el mejor recurso legal para enfrentar la pérfida decisión de la Aresep, perjudicando con la abusiva alza en la tarifa del agua a quienes menos tienen. Concretada esta aspiración nuestra, la daremos a conocer por esta vía.

El ICE se tiró a la calle

Estimadas compañeras y estimados compañeros: Saludos respetuosos.

Miles de trabajadores y de trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en compañía de las personas integrantes de las diferentes cooperativas de electrificación rural, marchan hoy por San José, desde el ICE-La Sabana y hasta la Casa Presidencial (Zapote); manifestándose en contra de que avance el proceso de privatización del servicio público de energía eléctrica que ha sido tan exitoso en nuestra querida Patria.

Según nos ha sido indicado por parte del Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE):

1) Ocupamos como país el primer lugar en cobertura eléctrica, 99.3 %

2) Estamos como país en cuarto lugar a nivel mundial, en generación con fuentes renovables: más del 90 %.

3) Tenemos las tarifas más bajas de la región centroamericana.

4) Los tagarotes del sector privado quieren que por ley se privatice en un 55 % la generación eléctrica del país.

5) Tales proyectos de ley privatizadores, convierten la energía eléctrica en una mercancía de exportación a costa de nuestros recursos naturales.

En ANEP estamos plenamente identificados con esta lucha. Es una lucha patriótica. Trasciende lo corporativo-gremialista. Debemos apoyarla.

Entendemos que hoy, con este gran movimiento, arranca un proceso de sensibilización ciudadana para que al mismo se sumen muchas más personas, muchos más sectores… todo el pueblo. Los y las de la ANEP estamos en disposición de dar nuestro aporte en tal sentido. “Por el Derecho a la Luz“.