Categoría: Acción Política

Asombro, perplejidad, molestia e indignación causan las revelaciones periodísticas de este día, formuladas por el diario La Nación, acerca de que varios integrantes del gabinete de la señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda son, en la práctica, evasores de impuestos; al tener durante mucho tiempo sus casas y propiedades declaradas en un valor inferior al que verdaderamente deben tener para efectos del pago de impuestos a los bienes inmuebles.

Particularmente golpea durísimo la conciencia ciudadana, la circunstancia de que sea el propio Ministro de Hacienda, el más abanderado de los abanderados en el fomento del establecimiento de nuevos impuestos, quien aparezca durante una década declarando un valor menor al real de sus propias propiedades, pagando menos de lo que justamente debía ser por el indicado tributo.

Esta insólita e indignante situación, potencia más el clamor reiterado de la ANEP de que este país no necesita más impuestos; tan sólo que se cobren bien los que ya están establecidos y que se pongan penas más duras, incluso de cárcel, para los evasores. La evasión de impuestos es un crimen social, especialmente, para hacerle más daño a quienes menos tienen.

Los señores ministros y las señoras ministras de Estado que habían venido pagando menos de lo debido por tener subvalorados sus bienes inmuebles, constatan que la evasión y la elusión fiscales, en todas sus formas, con ropaje legal ó sin él, es de tal dimensión y de tan grande profundidad que hacen innecesario nuevos paquetes impositivos, especialmente cuando éstos lo que hacen es incrementar la regresividad del sistema tributario costarricense.

No hay duda de que nuestra insistencia en una Transformación Tributaria Estructural, una “_Revolución Tributaria_”, es más que urgente y necesaria, máxime que desde las mismas entrañas del poder político central se realizan actos evasores de impuestos que golpean la sensibilidad de quienes sí, de manera responsable, hacen honor a sus responsabilidades tributarias con plena conciencia de las mismas.

Finalmente, no podemos más que concluir en que la insistencia del Gobierno de la Presidenta Chinchilla en que se le apruebe su plan fiscal, pierde, aceleradamente, toda credibilidad pues una única conclusión parece emerger de todo esto: ¿para qué más impuestos?… ¿para que se los sigan robando, subdeclarando, eludiendo, evadiendo?

El documento firmado lo pueden descargar en archivos adjuntos

Estimadas compañeras y estimados compañeros anepistas:
Estimados compañeros y estimadas compañeras del sector Público:
Respetuosos saludos a todos y a todas

Prácticamente a las 2 de la madrugada de este martes 20 de marzo de 2012, y luego de doce horas continuación de discusión (había empezado a las 2 de la tarde), se logró un acuerdo con el Gobierno de la República en torno a la fuerte controversia y rechazo que generó el decretazo salarial de los 5 mil colones; la amenaza del establecimiento del “Salario Único“ (eliminación de los diversos pluses salariales); la pretendida potestad política que se le daba a la Autoridad Presupuestaria (AP), convirtiéndola en “ente rector“ en materia de empleo y salarios del sector Público (algo así como una especie de “Ministerio de Reforma del Estado“ de facto); y sobre las sanciones eventuales para quienes se movilizaron en las calles el pasado miércoles 15 de febrero.

El acuerdo ha sido suscrito por entidades laborales como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), el FIT-ICE, el sindicato UNDECA (de la CCSS), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la central CMTC, entre otras importantes entidades representativas de los grandes conglomerados laborales de la Administración Pública. Por el Gobierno firmaron el Ministro de la Presidencia, don Carlos Ricardo Benavides Jiménez; y la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Sandra Piszk Feinzilber. Participó también el nuevo Ministro de Enlace y Comunicación, Francisco Chacón González; así como los viceministros de Hacienda (Egresos), y de Trabajo y Seguridad Social (Área Laboral), respectivamente señores José Luis Araya Alpízar y Eugenio Solano Calderón.

En términos generales,de tal acuerdo se puede resaltar lo siguiente:

Si usted recibe uno o varios pluses salariales (anualidades, riesgos, dedicación exclusiva, prohibición, peligrosidad, disponibilidad, incentivo didáctico, etc.), pues no se preocupe. Con este acuerdo quedan protegidos, usted los seguirá recibiendo. Se ha sepultado la tesis de “Salario Único“.

Si el detestado reajuste de los 5 mil pesos, en su caso no representaba el 1.90 % de reajuste por costo de vida para el primer semestre del presente año 2012, habrá una especie de compensación: A partir del primero de julio usted recibirá en su salario base un 1 % (para salarios base superiores a los 268 mil colones). Se pagará en octubre de 2012, retroactivo a julio.

Este 1 % no tiene nada que ver con lo que se defina como reajuste por costo de vida a partir del segundo semestre del presente año.

El reajuste venidero del segundo semestre del 2012 se definirá con base, precisamente, en los acuerdos del año 2007, suscritos por el Poder Ejecutivo con los sindicatos, para el caso del sector Público. Esto no fue lo que sucedió en el primer semestre, al menos en la mayoría de categorías salariales. Así, si la inflación fuera del 2.5 %, ésta será la cifra mínima de reajuste para la segunda parte del año. Más, ese 1 % compensatorio en cuanto a salarios base de 268 mil colones para arriba.

Los detractores de este acuerdo dirán que no se obtuvo un “retroactivo“ por los seis primeros meses del presente año. Sí, es cierto. Pero la negociación, pese a los esfuerzos fuertes para que, al menos, hubiese un retroactivo desde abril, no logró cambiar la posición de Gobierno en tal sentido. A cambio, surge esa propuesta del 1 % que acabamos de explicar. Nosotros valoramos que la renuncia a la tesis de “Salario Único“ era algo sumamente estratégico.

Ya la Autoridad Presupuestaria (AP) no será el “ente rector“ en materia de empleo y salarios del sector Público. Si esto hubiera quedado así, tendríamos una especie de “Ministerio de Reforma del Estado“ de facto, recortando y rebajando salarios, eliminando programas y similares. Tal decreto que así lo autorizaba, será derogado por el Gobierno. Tal “rectoría“ irá para otra entidad. Pero en todo caso, esa nueva rectoría no eliminará ni disminuirá las potestades de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP).

El Gobierno insistió en su tesis de un proyecto de “ley de Empleo Público“. Habrá seis meses discusión con los sindicatos al respecto. Si el Gobierno insiste en tramitar un proyecto así sin la venia de los sindicatos, aún así, la iniciativa unilateral que enviare respetará derechos adquiridos, los convenios con la OIT, los derechos constitucionales ya consolidados para el empleo público, así como lo que indiquen las convenciones colectivas de trabajo, actualmente vigentes y futuras. Y como venimos indicando, en ningún caso incluirá la modalidad de “Salario Único“.

Finalmente, si usted salió a la calle el pasado miércoles 15 de febrero atendiendo al llamado intersindical, no sufrirá ningún tipo de represalia por ello. Así quedó confirmado con la firma de este acuerdo.

Los logros de esta negociación son con base en la movilización. Esta es la enseñanza fundamental. Este es un primer comentario. Sentimos la urgencia de que usted tome nota de estas primeras impresiones. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, con lealtad y con transparencia. Quedamos a sus gratas órdenes por los canales usuales.

Nosotros estuvimos acompañados, en todo momento, según la corriente sindical en que nos movemos, por don Rafael Ángel Mora Solano, Asesor de la Secretaría General de la ANEP; así como por don Luis Ángel Serrano Estrada, Vicepresidente de la CSJMP. Los tres hicimos equipo junto a las otras distinguidas personas representantes de las diversas agrupaciones aquí nombradas.

Servidor atento, Albino.

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Acuerdo entre el Gobierno de la República y los representantes de las organizaciones sindicales del sector público

El Gobierno de la República y los representantes de las organizaciones sindicales del sector público, en el marco del diálogo que ha tenido lugar en las últimas semanas, acordamos lo siguiente:

1. Solicitud de derogatoria del Decreto No. 36857-MP-PLAN-H

El Gobierno de la República derogará el Decreto No. 36857-MP-PLAN-H. En uso de sus atribuciones, el gobierno se reserva las facultades de redactar un nuevo decreto de manera que sus disposiciones no riñan con las funciones de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP) y asignará a un órgano distinto de la Autoridad Presupuestaria la rectoría de empleo público.

2. Solicitud sobre iniciativa de ley en materia de empleo público.

El Gobierno presentará en el seno de la CNSSP la iniciativa de Ley de Empleo Público para su discusión y eventual acuerdo, previo a su remisión para trámite ante la Asamblea Legislativa. Dicha discusión será por un plazo que no podrá exceder los seis meses. De no alcanzarse un consenso entre las partes sobre el proyecto de ley en el plazo establecido, el Gobierno remitirá la iniciativa para su respectiva tramitación legislativa. En cualquier situación, el proyecto de ley, u otra iniciativa en esta dirección, se apegará a los principios constitucionales, respetando los derechos adquiridos, convenios colectivos de trabajo, convenios de OIT ratificados por el país, y no contemplará la modalidad de salario único.

3. Ajuste salarial en el segundo semestre del 2012

El Gobierno de la República reitera que mantendrá la vigencia del Decreto No. 36966-MTSS-H de fijación salarial por 5000 colones para el primer semestre del 2012, porque genera un aumento porcentual mayor para los grupos de menores ingresos. En el segundo semestre del 2012 el Gobierno aplicará la fórmula convenida en el 2007 para la fijación del ajuste salarial, adicionalmente, se aplicará un 1% a la base de los funcionarios que devengan salarios base superiores a 268,000 colones el cual se pagará en la primera quincena del mes de octubre de 2012.

Finalmente, el Gobierno de la República reitera su compromiso de no aplicar rebajos salariales, ni procedimientos disciplinarios, por motivo de la huelga del 15 de febrero del 2012 y girará una excitativa a los jerarcas de las distintas instituciones para que se proceda en ese sentido. Ambas partes se comprometen a mantener el clima de paz social y diálogo continuo, en tanto se cumplan los acuerdos aquí establecidos.

Dado en San José, el día 20 de marzo de 2012.

No hay otra forma de calificar el anuncio de que se “_decretará_” un alza del 13 % en las tarifas de autobuses, como una especie de “_compadre hablado_” entre la Aresep y los poderosos empresarios autobuseros.

La credibilidad de los procesos de audiencia pública que ha venido promoviendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), queda por los suelos. Es más, la ANEP hace muchísimo tiempo dejó de considerarlos.

Como en muchos otros casos en que tal entidad interviene para la fijación tarifaria de servicios públicos, la gente usuaria del transporte público modalidad autobús, quedó totalmente indefensa.

Aresep se burla del pueblo trabajador usuario de dicha modalidad de transporte, indicando que en este caso solamente se podrá tener “_derecho al berreo_”, es decir, con “_pronunciamientos por escrito_” contra dicha alza que, por supuesto, ningún efecto tendrán en la decisión de compadre hablado ya tomada: 13 % de incremento en las tarifas de bus y punto que ya está decidido.

Ya que todo está “_cocinado_” en esta alza “_extraordinaria_”, sería bueno que el pueblo supiera acerca del pleno cumplimiento de las responsabilidades sociales de las diferentes empresas autobuseras, especialmente los grandes consorcios que, como bien sabemos, ponen mucho dinero para las campañas electorales. Esto debería ser prerrequisito obligadísimo:

a) El Ministerio de Hacienda debería indicar, con claridad, cuál es la cuantía de pago del impuesto sobre la renta de estas empresas, caso a caso, al menos, de los últimos cinco años.

b) La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debería indicar a la opinión pública cuáles empresas se encuentran morosas y cuáles ya, definitivamente, no honrarán más sus compromisos financieros para con la Seguridad Social.

En ANEP tenemos conciencia de que todavía hay empresarios nacionales, medianos y pequeños en el negocio de transporte público modalidad autobús y que, en no pocos casos de éstos, operan con mucha dificultad.

Sin embargo, el nuevo modelo tarifario que da pie a esta fijación extraordinaria de aumento del 13 % en las tarifas de buses, expresa una especie de gran poder de influencia política en la Aresep de los poderosos empresarios del sector.

Finalmente, desde la perspectiva de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, este anuncio fortalecerá la posición sindical de denuncia en contra de los indignos reajustes salariales que para el primer semestre del presente año le fueran impuestos a la clase trabajadora, tanto la del sector Privado como del sector Público.

Puede bajar el documento del Plan Fiscal en esta liga.

Desde la perspectiva de los sectores populares, no tenemos razón alguna para alegrarnos de la aprobación del plan fiscal. Por el contrario, la estructura tributaria costarricense seguirá siendo, esencialmente, de carácter regresivo, obligándosele a pagar más, proporcionalmente hablando, a quienes menos tienen.

La transformación del actual Impuesto sobre las Ventas, en Impuesto al Valor Agregado (IVA), pese a algunas “_exoneraciones_” que se le incluyeron al plan fiscal, solamente ha de fortalecer ese injusto sesgo regresivo de la estructura tributaria costarricense. El IVA es el más regresivo dentro de los impuestos regresivos.

Por otra parte, considerando los altísimos niveles de evasión y de elusión fiscales, es de esperar que con el plan fiscal y, específicamente, con la aplicación del IVA, tendremos más robo de impuestos en diversas modalidades, toda vez que no hay voluntad política suficiente para convertir a la administración tributaria en algo potente y temible para el evasor.

La increíble situación de que el Ministerio de Hacienda no haya podido “_reponer_” 18 plazas de auditores fiscales que ahora tiene vacantes por pensión ó por traslado, muestra a las claras una especie de conducta cómplice con el crimen social que es el robo de impuestos.

En el caso del novedoso impuesto por el cual siempre hemos abogado, la Renta Global, prácticamente nació “_muerto_”. No tendrá mayor efecto recaudador pues debió establecerse su aplicación al momento del devengo en el exterior y no cuando se dé la repatriación de los dineros ganados en el extranjero. Ningún costarricense que gana plata afuera de nuestras fronteras la traerá al país para que le cobren lo correspondiente a Renta Global. Ésta quedó como un “_saludo a la bandera_” en el nuevo paquete de impuestos.

En definitiva, no hay cambios sustanciales con la aprobación del plan fiscal: “_los y las de abajo_” seguirán llevando el principal peso de la estructura tributaria costarricense.

La leve esperanza que queda es que la Sala IV se traiga abajo el plan fiscal por la cantidad y la calidad de las violaciones que sufrió durante su tormentosa y atropellada tramitación parlamentaria.

El Gobierno de la República se comprometió a cambiar el decreto ejecutivo donde daba la rectoría en el tema de empleo público a la Autoridad Presupuestaria, para que así no afecte las competencias de la Comisión Nacional de Salarios del sector público. Este es un gran logro para el sector sindical, ya que dicho decreto eliminaba cualquier posibilidad de negociación salarial y reducía el tema de los ajustes salariales a criterios técnicos lo que daba luz verde a los congelamientos salariales y hasta rebajas en el sector público.

Un tema que también se considera un logro de la presión sindical es el compromiso del Gobierno de sacar el tema del “salario único“ del proyecto de ley sobre empleo público, que ya se encuentra en la corriente legislativa bajo el expediente No. 17.623, “Ley para la Competitividad del Estado Costarricense”.

El gran problema, la traba más importante en esta negociación, siguen siendo los 5 mil colones. La propuesta sindical, traída desde las bases de casi todas las organizaciones, que habían rechazado el anterior borrador de acuerdo, era concretar un aumento retroactivo del 1,9% sobre la base salarial, aplicable en el próximo ajuste del mes de julio. El Gobierno no da marcha atrás con los “benditos“ 5 mil colones y esto ha creado un escollo difícil de superar en la negociación.

Los sindicatos nos comprometimos a presentar la nueva propuesta a nuestras bases, y se conjuró una nueva reunión entre Gobierno y Sindicatos para dentro de 15 días, cercano al 19 de marzo.

En documentos adjuntos podrá encontrar la propuesta de documento firmada por la Ministra de Trabajo Sandra Piszk, y Carlos Ricardo Benavidez, Ministro de la Presidencia.