Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Honorables compañeros (as):
La Comisión Electoral de la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fundamentada en el art. 45 de sus estatutos, les
informa que se estarán recibiendo hojas de vida de afiliados y afiliadas, que
estén interesados (as) en postularse para participar como candidatos y
candidatas para conformar el Órgano Fiscalizador.
Las elecciones se realizarán
el día sábado 07 de diciembre del 2019, a partir de las 8:00 de la mañana en el
Auditorio de la Conferencia Episcopal, en Calle 20 Norte.
Dichos postulantes deberán
cumplir con los Artículos 21, 22, y 50 del Estatuto para su debida inscripción,
el cual está conformado de la siguiente manera:
-Órgano Fiscalizador
-Fiscalía Adjunta Primera
-Fiscalía Adjunta Segunda
Cada propuesta de equipo de
candidatos (as) deberán de venir conformado según lo estipulado anteriormente.
Para tales efectos la
Comisión Electoral de la ANEP, estará recibiendo dicha documentación el día
viernes 22 de noviembre de 2019 a las 17:00 horas, en la sede central de la
ANEP, ubicada en Calle 20 Norte, 300 metros Norte del Hospital de Niños.
El Relator Especial sobre la Promoción
y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el
Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la Situación
de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, hicieron pública este día
la carta (OL CRI 5/2019) que de manera conjunta remitieron el pasado 7 de los
corrientes a diferentes autoridades costarricenses, en la que expresan su
preocupación por la aprobación legislativa —en primer debate— del proyecto de
Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, por
ocasión de las potenciales violaciones a los derechos humanos en las que
incurriría, si dicho proyecto culminara con los contenidos actuales, los
trámites legislativos.
“…quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”, reza la carta, identificada con el número OL CRI 5/2019.
Los Relatores de Naciones Unidas
focalizan su preocupación por que en el proyecto de ley se establecen medidas
de limitación al derecho de huelga que van más allá de lo que se puede
considerar aceptable en una sociedad democrática. Desde el inicio de esta
discusión, los sindicatos firmantes sentamos una posición en el sentido que
esta medida prohijada por el proyecto de ley sólo pretendía neutralizar al
movimiento sindical, al mismo tiempo que se impulsan medidas de política
económica y social que perjudican las condiciones laborales, principalmente en
el sector público.
En las palabras de los Relatores
Especiales, “El proyecto de ley establece un cúmulo de restricciones directas e
indirectas a los derechos de los sindicatos y de sus sindicados, a ejercer su
derecho a la asociación, a la libertad de reunión pacífica y de expresión a
través del ejercicio de sus libertades sindicales, particularmente del
ejercicio del derecho a la huelga. Además, consideramos que varias de las
medidas incluidas en el proyecto de ley, no solamente representarían
restricciones desproporcionadas a los derechos mencionados, sino que también
podrían afectar el derecho de los defensores de derechos humanos a preservar
las libertades sindicales.”
Dentro de algunas de las objeciones que
causan preocupación a los Relatores Especiales se encuentran:
a) La posibilidad de disolución de un sindicato siempre que se pruebe en juicio que “organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos”;
b) El establecimiento del requisito según el cual para que una huelga se considere legal debe estar ejecutada por un mínimo de tres personas trabajadoras que representen más de la mitad de los votos emitidos para acordar la huelga;
c) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición;
d) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado;
e) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga, incluso en casos de servicios no esenciales, por razones de “graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía;” conceptos jurídicos indeterminados;
f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal;
g) La ampliación de la lista de “servicios públicos esenciales” y otros servicios públicos “protegidos” de la huelga.
Esta gestión sin precedentes que hacen
los Relatores Especiales es sumamente oportuna en un doble sentido; por una
parte porque reconoce que la huelga es un mecanismo del sector laboral para
hacer valer sus derechos, razón por la cual su restricción debe ser
especialmente justificada tanto en su idoneidad, necesidad como en la
proporcionalidad de la medida de restricción; por otra parte porque le da a
Costa Rica una oportunidad para corregir y evitar una situación en la que pueda
comprometer su responsabilidad internacionales por violación a los derechos
humanos.
Los sindicatos firmantes consideramos que “Costa Rica tiene un proyecto constitucional que descansa en el respeto de los derechos humanos y la justicia social, así lo trazaron los Padres Fundadores de la Segunda República, y así lo hemos mantenido durante casi 70 años; no existe un motivo por el cual desviar ese gran pacto que nos da identidad nacional y singularidad en el mundo”.
Walter Quesada ante pronunciamiento de Relatores Especiales de la ONU
Los Relatores Kaye, Voule y Forst hacen
una conclusión muy puntual: “Consideramos que el proyecto de ley impone
prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente todos los
servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración
sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso.”
Al respecto, los sindicatos firmantes consideramos que, “en momentos donde se
tienen que tomar medidas complicadas, la solución no es neutralizar a la voz
que se considera opositora; lo que hace un sistema democrático es abrir canales
de diálogo social, donde sea posible encontrar soluciones creativas a los
problemas sin afectar los derechos humanos, sin desfigurar nuestro gran
proyecto constitucional. Por esto consideramos que esta comunicación de los
Relatores Especiales debe ser emocional e inteligentemente aprovechada. Hacemos
al respecto un llamado a la Sala Constitucional, para que tenga presente estas
consideraciones al resolver la consulta de constitucionalidad, que trace las
‘líneas rojas’, los límites que en una sociedad democrática no se deben
traspasar, y que, con dichos límites muy claros, la Asamblea Legislativa sirva
de escenario para el diálogo social que nunca debió de descontinuarse.”
En el documento que remitieron los Relatores se pusieron a disposición de Costa Rica en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas, y solicitaron que se les mantenga informados sobre los progresos que se desarrollen en esta materia.
Esteban Calvo ante pronunciamiento de Relatores Especiales de la ONU
Los Relatores Especiales son un
procedimiento especial que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, a cuya membresía Costa Rica está aspirando, y que nosotros apoyaríamos,
siempre que mantenga un decidido compromiso con los derechos humanos, por
ejemplo, cumpliendo con las recomendaciones de esta OL que es parte de aquel
mandato. No hacerlo, sería un contrasentido. El texto de la OL puede encontrarse
en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24888
Este martes, en las instalaciones del Consejo Nacional de la Producción (CNP) dio inicio la mesa de negociación entre el sector agropecuario y el Gobierno de la República bajo el Encuentro Social Multisectorial.
En el encuentro de apertura participaron
representantes del agro de diferentes sectores del país.
Con estos acercamientos se pretende que
los diferentes sectores sean escuchados ante la problemática económica y
social. Algunos de los temas expuestos que deben atención prioritaria son el
fortalecimiento del CNP, Ley Fortalecimiento de la Finanzas Públicas y su
afectación a los agricultores, seguridad alimentaria y nutricional.
Atención Anepistas: La Junta Directiva Nacional (JDN) está convocando a los afiliados y a las afiliadas a nuestra organización, tanto del Sector Público como del Sector Privado, a Asamblea General Nacional Extraordinaria, para las 8 horas del SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2019, en Primera Convocatoria, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), Calle 20, de esta ciudad de San José.
PUNTO ÚNICO: MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE MEMBRECÍA
Así fue acordado, mediante ACUERDO FIRME Y UNÁNIME, tomado por la actual JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ANEP, período 2017-2021, en su Sesión No. 2137, de carácter ordinario, del pasado viernes 7 de junio de 2019.
De no contar con el quórum requerido, la segunda convocatoria será a las 08:30 a.m. del mismo día y en el mismo lugar; y de persistir la falta de quórum, la tercera convocatoria se realizará con la cantidad de personas asistentes, a las 09:00 a.m. del mismo día y en el mismo lugar de las anteriores convocatorias. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en nuestros actuales estatutos en su artículo 16.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP
Luego del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, el pasado viernes 22 de marzo; la organización sindical elaboró 25 conclusiones sociopolíticas del deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora a partir de la aplicación de la ley del combo fiscal y del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica
El pasado viernes 22 de marzo la Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebró un exitoso Consejo Consultivo
Nacional (CCN), con la presencia de más de 500 personas, en su mayoría dirigentes
anepistas, así como invitados especiales, expositores, entre otros.
Auditorio de la Conferencia Episcopal a toda su capacidad
La actividad que se desarrolló en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica lució con un lleno total, abordando como tema central “El análisis sociopolítico del deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora a partir de la aplicación de la ley del combo fiscal y del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica”.
Acciones Jurídicas
contra Ley 9635
La ANEP ya inició con los mecanismos legales, para combatir
la afectación que ya viven muchos trabajadores de diversas instituciones autónomas
y municipales, así como las mismas instituciones, por lo que presentó una
acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.
En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.
Firma de la acción de inconstitucionalidad contra Ley 9635ANEP presentó acción de inconstitucionalidad
Ley 9635: Impacto en el régimen municipal
Poco a poco va creciendo un sentimiento en el seno del conglomerado institucional municipal costarricense, de que su autonomía constitucional ya no lo es tanto. Es más, de que la misma ha sido eliminada al aprobarse la ahora Ley de la República No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas, aunque durante su confrontativa tramitación político- parlamentaria, mediando una huelga de tres meses de duración, se le conoció popularmente como combo fiscal.
Aquí se evidencia la productiva campaña que las organizaciones sindicales desplegaron para tratar de que se comprendiera bien en el mundo municipal nacional, que la legislación del combo fiscal sería contraproducente para el devenir cualitativo de la figura de gobierno de la institucionalidad republicana que es más cercana a la gente: la municipalidad. Para la corriente sindical en la cual militamos resulta muy satisfactorio tener como resultado de la campaña cívica contraria al combo fiscal, que casi 60 concejos municipales del país se pronunciaran contra esta ley durante el tiempo de su tormentosa, tramposa y acelerada tramitación parlamentaria.
En este escenario, se presentó el libro “Ley 9635: Impacto del régimen municipal”, escrito por Edward Cortés García, abogado especialista en Derecho Constitucional quien se dirigió al Consejo Consultivo Nacional.
Consejo Consultivo Nacional de ANEP: Presentación de Edward Cortés García, especialista en Derecho Constitucional sobre la afectación de La Ley 9635 en el régimen municipal y las comunidades
Otro de los temas analizados durante el CCN, fue el ataque antisindical que se desarrolla en la Asamblea Legislativa con los proyectos de ley contra la organización y contra la libertad sindical, esto luego de la huelga desarrollada contra el combo fiscal. En este punto el especialista en Derecho Laboral, Esteban Calvo Rodríguez analizó el contenido de dichos proyectos de ley.
Esteban Calvo especialista en derecho laboral, analiza los proyectos de ley contra la organización y contra la libertad sindical
La preocupación por la actual situación fiscal del país es uno
de los puntos principales en los que la ANEP ha puesto principal atención en
los últimos años con propuestas concretas y claras, dando la voz de alerta de
lo que se avecina si el país no implementa una verdadera justicia tributaria y
un análisis a fondo de la deuda pública que mantiene el país. Esta última llegó
a 34 mil millones de dólares, lo que significa el 40% del gasto anual del
Gobierno Central (presupuesto público).
Ante eses escenario destaca la propuesta “Aportes para una
agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica”. Además del
acercamiento con el movimiento ciudadano denominado Grupo Transparencia Nacional
(GTN), que busca impulsar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda
Pública de Costa Rica.
Para analizar el tema del déficit fiscal, el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP contó con la exposición del doctor en Economía, Luis Paulino Vargas Solís quien además funge como Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).
El economista Luis Paulino Vargas en el Consejo Consultivo Nacional de ANEP con la presentación "Aportes para una agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica"
También se contó con la destacada presencia de Ernani Goelzer, Director de ante proyecto del GTN quien detalló a la concurrida audiencia la necesidad de implementar una Auditoria Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública de Costa Rica.
Presentación Auditoría ciudadana de trazabilidad de la deuda pública de Costa Rica en el Consejo Consultivo Nacional de la ANEP a cargo de Ernani Goelzer, Director Anteproyecto.
El especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez fue otro de los invitados a este Consejo Consultivo Nacional donde tuvo la oportunidad de dirigirse a los anepistas para presentar una perspectiva constructiva sobre la actual situación de los derechos laborales en nuestro país y la necesidad de su defensa.
Consejo Consultivo Nacional: Mauricio Castro Méndez, Especialista en Derecho Laboral sobre la situación sindical en la coyuntura nacional
Como parte de las actividades de celebración de los 60 años de la organización se dio la presentación de la memoria histórica de la ANEP a cargo del historiador Adalberto Fonseca Esquivel, quién también presentó la portada de lo que será el libro “ANEP: 60 Aniversario”. Este podrá adquirirse dentro de poco.
Historia de la ANEP
Uno de los momentos emotivos de la actividad se dio al final del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, cuando los presentes celebraron los 60 años de nuestra querida organización.
Celebración 60 años
Compartimos el documento completo del Consejo Consultivo Nacional, el cual puede descargar en el siguiente enlace
La Central Social Juanito Mora, por medio de su vicepresidente, Walter Quesada Fernández denunció al Gobierno de Costa Rica ante el congreso de la Confederación Sindical Internacional, que se realiza en Dinamarca, debido al accionar de la administración Alvarado Quesada durante la huelga contra el combo fiscal.
Atención Anepistas: La Junta Directiva Nacional (JDN) está convocando a los afiliados y a las afiliadas a nuestra organización, tanto del Sector Público como del Sector Privado, a Asamblea General Nacional Extraordinaria, punto único: fortalecimiento financiero de la organización así consta en el acuerdo No. 1, de la Sesión de carácter extraordinaria No. 2014, celebrada el 12 de octubre de 2018.
Dicha Asamblea General Extraordinaria se ha de celebrar, en Primera Convocatoria, a las 08:00 a.m. del día sábado 3 de noviembre de 2018, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, 25 metros al sur de ANEP. De no contar con el quórum requerido, la segunda convocatoria será a las 08:30 a.m. del mismo día y en el mismo lugar y de persistir la falta de quórum, la tercera convocatoria se realizará con la cantidad de personas asistentes, a las 09:00 a.m. del mismo día y en el mismo lugar de las anteriores convocatorias. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en nuestros actuales estatutos en su artículo 16.
MOVIMIENTOSINDICALLLAMA A UNALUCHA PATRIÓTICACONTRA EL COMBO FISCAL
• El camino correcto es el diálogo nacional participativo y multisectorial por una reforma justa y solidaria
El combo fiscal (20.580), no elimina las causas estructurales del déficit fiscal. Está demostrado que este paquete de impuestos y recortes, generará menos actividad económica impactando negativamente el desempleo, pobreza, desigualdad y exclusión. El costo de vida se encarecerá por los nuevos impuestos al consumo, la regla fiscal desmantela los programas sociales y se ejecuta una reforma de austeridad laboral y salarial arbitraria y sin sustento técnico.
En lugar de aplicar políticas que recuperen la enorme cantidad de impuestos que se defraudan y que reduzcan la carga sobre los más pobres, lo que impulsa la alianza política legislativa a favor de sectores económicos poderosos y reaccionarios, es el ataque al poder de compra del pueblo y la prestación de servicios sociales que brinda el Estado costarricense.
Las organizaciones sindicales y sociales, siendo responsables con Costa Rica, elaboraron y presentaron la propuesta de “Reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica”.
Se trata de un conjunto integral de 39 propuestas, de las cuales 10 refuerzan el impuesto sobre la Renta, único tributo ligeramente progresivo con altísimos niveles de defraudación fiscal (equivalente al 95% del déficit fiscal). Además, se incluyen 14 medidas de lucha frontal contra el fraude fiscal y corrupción, donde se incorpora una propuesta para mejorar el cobro de impuestos en las aduanas (ausente en el combo fiscal) y otras tantas propuestas de reactivación económica y contención inmediata.
Esta propuesta integral podría recaudar hasta 4,2 % del PIB en nuevos ingresos. Supera en 2 veces y media la recaudación del combo fiscal, sin necesidad de más impuestos al consumo, a la canasta básica y sin desmantelar los servicios. Dicha propuesta garantiza una inclusión social y equitativa distribución de la riqueza.
Resolver el déficit fiscal no es un tema de mayorías parlamentarias automáticas, ni de tecnócratas de escritorio. Está demostrado con la oposición al perverso combo fiscal y la exigencia de inclusión de nuevos sectores sociales al debate fiscal nacional. El movimiento sindical, en unidad consolidada y en conjunto con los y las trabajadoras, ha definido un plan nacional para confrontar esta arremetida, el cual se dará a conocer paulatinamente, a medida que se desarrolle el movimiento.
A partir del 10 de setiembre de 2018 se inicia una lucha patriótica, en defensa de la clase trabajadora, la calidad de vida de miles de costarricenses y a la soberanía nacional.
Llamamos a las familias costarricenses, al sector trabajador, al estudiantil, agropecuario, solidarista, cooperativista, Iglesia Católica y legisladores a que se comprometan activamente con este movimiento patriótico.
¡El déficit se resuelve con justicia, equidad y diálogo social! Movimiento Unitario Sindical Costarricense.
Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.
Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.
Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
