La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) realizó una emotiva actividad de conmemoración por los 200 años de vida independiente de Costa Rica, durante la misma se dio lectura al manifiesto del Sindicalismo del Bicentenario
Categoría: Acción Política
Presión de organizaciones y de ANEP evitó el cierre del Patronato Nacional de Ciegos.
Luego de evidenciar la serie de carencias, afectación y mal procedimiento diputados decidieron echar para atrás el cierre de esta institución que atiende a unas 500 mil personas con discapacidad visual.
Ahora, las organizaciones deben presentar una propuesta que fortalezca y brinde ayudas reales para quienes padecen de esta condición.
Invitación: inauguración de la Escuela Sindical «Mario Alberto Blanco Vado»
Invitamos a la familia Anepista a la inauguración de la Escuela Sindical «Mario Alberto Blanco Vado», el próximo lunes 6 de setiembre a las 5:00 p.m.
Inscripciones con María Laura Sánchez Rojas, encargada de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) al correo: marialaura@anep.or.crLa actividad es dirigida para personas afiliadas a nuestra organización.
Cierre de inscripciones domingo 5 de setiembre
Propuesta sobre IVM de ANEP y FECTSALUD no afecta a patronos ni trabajadores
Este miércoles fue entregada la propuesta a la junta directiva, presidencia y dirección ejecutiva de la CCSS sobre el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, la cual evidencia que hay alternativas reales que permiten que no se aumente la edad de retiro, entre otras opciones que actualmente valora el Seguro Social.
El “consejo cívico contra la corrupción”
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
El señor diputado don Mario Redondo Poveda ha venido planteando que la corrupción en nuestro país, estaría representando un 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), basándose en datos que está proporcionando el gobierno de los Estados Unidos, en su International Narcotics Control Strategy Report (Volumen I: Drug and Chemical Control), emitido con fecha marzo de 2018, por el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, del United States Department of State (página 141 para el caso de Costa Rica).
La probabilidad de que este dato sea completamente real es altísima. Si cada punto PIB está representando en estos momentos unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000), entonces la sociedad, por culpa de su estamento corrupto, estaría dejando de percibir unos 2 billones 450 mil millones de colones, ¡al año! (2.450.000.000.000).
Lo que actualmente sabemos de casos de corrupción, entonces, es una pequeñísima parte. Para que haya corrupción, al menos dos deben ponerse de acuerdo. Y, por lo general, uno está en la esfera pública y otro en la privada. Indudablemente, el fenómeno de la corrupción está muy estudiado y los expertos tienen definidos varios conceptos y diversas categorizaciones, clasificaciones, tipificaciones; así como parámetros para medir su impacto en contra del bien común, de la integridad y de la inclusión sociales.
La corrupción, con ropaje legal o sin él, en el seno de la institucionalidad pública costarricense ha estado impactando al pueblo costarricense de manera muy dramática en los últimos gobiernos, incluido el que está por terminar. Es de enorme notoriedad la constatación pública de que, pese a la honestidad abrumadora con la cual se ejecuta la actividad empresarial privada, los más impactantes casos de corrupción tiene en el primer nivel a hombres de negocios de, hasta un determinado momento, “intachable prestigioso, como los ya célebres casos del cemento y del plástico”.
Por otra parte, de la misma manera en que la abrumadora mayoría de la actividad empresarial privada se ejecuta con honestidad; de esa misma manera la contundente mayoría del conglomerado laboral asalariado del sector público, ejecuta su quehacer cotidiano para la sociedad, con la misma honestidad.
Sin embargo, los corruptos de uno y de otro sector se las agencian para implementar la más variada articulación de artimañas y de estratagemas; y, en esas oficinas y ámbitos públicos donde se tejen esas maniobras para estafar a la sociedad con negocios turbios y con entrega de sobornos y coimas, el personal honesto que las detecta cae presa del miedo ante la posibilidad de que esa corruptela, bien apadrinada, amenace su propia estabilidad laboral, su propia integridad personal y familiar; facilitándose así que se establezca un entorno amenazante que instaura el silencio, generándose una complicidad tácita alimentada por el paralizante terror de ser víctima de diversas formas de acoso: laboral, psicológico, político, emocional, físico, económico.
¡Y no nos engañemos! Hay muchas esferas del servicio público contaminadas con el germen de la corrupción, pese a que, repetimos, la honestidad es el valor imperante en la abrumadora mayoría del personal público que presta dichos servicios y de los agentes empresariales privados que interactúa con éste en la concreción de la diversidad de gestiones inherentes al funcionamiento del aparato estatal.
Nadie, quien hace las cosas honestamente, debe sentirse ni molesto ni aludido por cuanto indiquemos que esta sintomatología corrupta y su patología social está en el sistema aduanero, está en de la salud y la seguridad social, en el sistema de gestión de infraestructura vial, en el seno de la diversidad de la prestación de servicios de seguridad ciudadana, en el ámbito municipal, en el ámbito penitenciario, en el bancario, en el turístico, etc.
Particularmente, que en el tributario la cuantificación oficial de todas las formas de evasión y de robo impuestos, supera los 8 puntos PIB (unos 2 billones 800 mil millones de colones), supone que el entramado corrupto para que esta monstruosidad de crimen social esté vigente, es bastante arraigado y complejo.
¿Por qué no pensamos en algún sistema de protección para toda aquella persona ligada salarialmente al empleo público, e incluso, a toda aquella persona del sector privado, que entra en conocimiento de prácticas corruptas (ya sea en gestación, en desarrollo y/o consumadas); que está dispuesta a denunciar pero que el miedo paralizante a sufrir algún tipo de daño, le impide hablar? Y mientras llega una sólida intervención policial-judicial, ¿por qué no pensar en el establecimiento de algún tipo de instancia, no necesariamente jurídico-institucional en cuanto tal, pero sí que genere nivel de confianza y de credibilidad en quien desee denunciar presunta corrupción, pero que se le garantice diverso tipo de apoyo protector en su propia unidad o esfera de trabajo, para evitar que el presunto corrupto o corruptor no se le venga encima con diversas modalidades de acoso, o incluso, valiéndose para ello de sus propias e insanas conexiones políticas?
Esta idea a la cual, preliminarmente la hemos bautizado con el hombre de “Consejo Cívico Contra la Corrupción”, la estamos planteando por esta vía pública a los dos señores Alvarado y, tanto el que gane el domingo como el que pierda, pueda valorar un impulso gestor para conformar tal consejo, con personas y organizaciones civiles de distinta procedencia y con trayectoria de honestidad y de posición fuerte contra la corrupción. Sobran costarricenses que podrían darle contenido a esta idea en cuanto a su eventual concepción, composición, procedimientos y otros. Honorables señores Alvarado, tienen ustedes la palabra.
Publicado en diario Extra, miércoles 28 de marzo de 2018.
Costa Rica en este momento no tiene legitimidad moral para oficializar la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López como jueza de la Corte IDH
Creemos firmemente que Costa Rica tuvo un pasado y liderazgo honroso en materia de defensa y garantía de los Derechos Humanos.
Contaba con instituciones sólidas, con una democracia envidiable y unos programas sociales que se exhibían en el concierto de las naciones como ejemplo de progreso, de seguridad y de bienestar.
Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, todos luchábamos por acercarnos al concepto, a veces claro y en otras abstracto, de bien común. La dignidad humana era el tema central de la mayoría de las políticas públicas; y, siguiendo esta lógica, fue que se logró firmar y ratificar casi todos los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
La inmensa mayoría de las personas costarricenses aún conservamos esa tradición de paz, de libertad y de fraternidad. Sin embargo, en este momento, el país atraviesa un trance de inseguridad jurídica, de reformas regresivas y de irrespeto a los Derechos Humanos, propiciada por la clase política tradicional y sus principales partidos: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.
En este contexto, preocupa que a pesar del fallido intento pasado por lograr un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alarma también que el gobierno actual haya propuesto la candidatura de la Magistrada Nancy Hernández López como jueza para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por experiencias recientes sabemos que el gobierno de Costa Rica no está eligiendo a las personas idóneas, es decir, no selecciona a aquellas que tienen el perfil de garantismo que este tipo de cargos requieren. Por el contrario, favorece el nombramiento de quienes exaltan su gestión de gobierno, de quienes exponen una realidad distinta a la que objetivamente atraviesa el país. ANEP considera que este tipo de personas no merecen asumir puestos de representación y, mucho menos, en temas transversales, como son los Derechos Humanos.
Una muestra de ese doble estándar, es que el Estado costarricense no ha contestado, y menos cumplido con varias recomendaciones emitidas por “Procedimientos Especiales” de Naciones Unidas que han emitido dictámenes de Relatores Especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial. ¿Con cuánta vergüenza tenemos que soportar que la Corte Plena se negara a recibir a un relator de las Naciones Unidas, quien –posiblemente-, se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes?
Siguiendo este orden, el gobierno del Estado de Costa Rica, en este momento, desconoce las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”
Por el contrario, el Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen. Se les ha concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica y se han gravado varios productos de la canasta básica, con efectos adversos, para quienes menos tienen. La absurda justificación gira en torno a la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.
Recientemente, se aprobó una ley en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones.
ANEP considera que el Estado de Costa Rica, con esta acción, toma distancia de las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal.
En repetidas ocasiones, el Estado ignora conscientemente que “las protestas han constituido una vía por la cual se logró tanto la elevación del piso de garantía de derechos fundamentales a nivel nacional, como la incorporación de una amplia cantidad de derechos en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos.”
Es más, la propia “Corte Interamericana ha reconocido que en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”
Como si lo señalado fuera poco, el Estado de Costa Rica, en este momento, gestiona un proyecto de empleo público que desconoce la independencia de poderes y las autonomías constitucionales.
ANEP considera que un gobierno que obliga a sus fuerzas policiales a agredir a los manifestantes (el uso de la fuerza en el contexto de protestas); que está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); que se escuda en la incorrecta interpretación de orden público y paz social para justificar decisiones restrictivas de los derechos a la protesta; y, que, tiene denunciado penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, no es la mejor opción para disputar una candidatura que busca defender derechos humanos.
Las conductas promovidas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de Costa Rica nos lleva a afirmar que en este momento el Estado no es apto para asumir un puesto en la Corte IDH
De manera que nuestra oposición a que Costa Rica presente la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López no es producto de la mezquindad. El tema es que el gobierno de Costa Rica, por su gestión, no está legitimado para asumir dicha candidatura. Resulta cínico adjudicarle la defensa de la dignidad de América Latina aun gobierno que desconoce los derechos humanos de su propia gente.
Finalmente, creemos que por decencia el gobierno de Costa Rica debería dar un paso al lado y permitirle a otro país de la región que proponga una candidatura idónea y capaz.
Pronunciamiento oficial de la Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
San José, viernes 11 de junio de 2021
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[1] Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 23 de mayo de 2011, A/HRC/17/28, párr. 31.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148 y ss.
Deuda pública llegó a los 30 billones de colones: ¡Cada costarricense “debe” 6 millones de colones!
- No es el Empleo Público la causa de la crisis fiscal
- ¡Cada costarricense “debe, 10 mil dólares! es la deuda pública per cápita.
- Pago de intereses, por hora, es de 230 millones de colones al inicio del 2021
Con base en el informe más reciente en la materia, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de hacienda pública nada amigable con el empleo público, la impagable (en criterio nuestro), deuda pública ha llegado, al terminar el año pasado 2020, a los TREINTA BILLONES DE COLONES. En cifras, hay que escribir el número 30 seguido de 12 ceros (30.000.000.000.000).
Es ésta la verdadera y profunda causa de los serios problemas fiscales del país; los cuales se agravan porque esa gigantesca e impagable deuda pública está demandando, al inicio del presente año 2021, la no menos gigantesca carga de 230 millones colones, por hora, en pago de sus intereses, calificados como obscenos en las mismas esferas de la hegemonía económica dominante, que es la del fanatismo neoliberal.
Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), nos indican que cada persona costarricense viva en estos momentos (bebé, infante, niño-niña, adolescente, persona joven, adulto joven, adulto y de tercera edad), está “debiendo” 6 millones de colones.
Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), convertidos en dólares estadounidenses, promediando un valor de 615 colones de tipo de cambio, indican que equivalen a 48 mil 780 millones de $ (exactamente, 48.780.487.804, 87). Para mejor comprensión, de manera redondeada, la deuda pública es de 50 MIL MILLÓNES DE DÓLARES: 50.000.000.000.
En consecuencia, con una población costarricense de 5 millones de personas, la deuda pública, per cápita, en moneda estadounidense, es de 10 mil dólares.
Esta monstruosidad de las cifras de deuda pública, al cerrar el año pasado 2020, aunada a la espantosa circunstancia de un pago de intereses por hora de 240 millones de colones (al inicio del 2021), es la base fundamental del problema fiscal nacional; por ende, no es el empleo público. ¡No lo es y nunca lo ha sido!
He aquí la gran patraña, la más grande manipulación de la opinión pública desde la fundación de la denominada Segunda Pública, en 1949, de que el empleo público era la razón de todos los males, fiscales y no fiscales, del país.
Si gigantesca es la magnitud de la deuda pública al término del 2020, como su pago obsceno de intereses por el orden de los 240 millones de colones cada 60 minutos; políticamente hablando, estamos presenciando y sufriendo la gigantesca irresponsabilidad de la mayoría mecánica que en la Asamblea Legislativa no abordan este tema; y, por el contrario, siguen impulsando la Ley Marco de Empleo Público, plagado de inconstitucionalidades y otras aberraciones jurídicas; proyecto que, ni en lo más mínimo, aportará a superar el problema más que gigante del endeudamiento público.
Por el contrario, lo realmente urgente es, por una parte, emitir una ley para la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda pública y, a la vez, entrarle con fuerza a su renegociación, a su reingeniería, a su redimensionamiento. Por otra parte, mediando un gran pacto nacional de fuerzas políticas y sociales, fomentar una revisión integral de todo los aspectos y contenidos de la situación fiscal-tributaria nacional.
Téngase en cuenta que, por ejemplo, el abusivo pago de intereses de la deuda pública está golpeando la calidad de servicios públicos fundamentales, precarizándolos al máximo; que está dificultando la reactivación económica y que está empobreciendo, de manera acelerada, a amplios sectores de las capas medias a las cuales se les está exigiendo más cargas tributarias.
A la vez, es sabido que el mismo déficit, la propia y su pago de intereses está representando un extraordinario negocio financiero que enriquece a una minoría plutocrática ya de por sí con amplios márgenes de acumulación.
El pueblo trabajador, más allá de quienes deben reaccionar con urgencia, que es el sector laboral del empleo público, debe movilizarse en todos los niveles posibles; considerando ante que urge el establecimiento sobre la marcha de una coalición cívica urgente y para la acción, antes de que nos terminen aplastando la actual camarilla gobernante, neoliberalmente desalmada.
San José, viernes 9 de abril de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Régimen municipal entregó manifiesto a diputados pese a bloqueos
ANEP se reunió con el diputado Dragos Donalescu
La ANEP se reunió con el diputado independiente Dragos Dolanescu Valenciano y su equipo de trabajo para analizar el escenario político-social del país de cara a las negociaciones del Gobierno con el FMI, así como el estado del proyecto de Empleo Público que se discute en la corriente legislativa.
Ambas partes concordaron en que el escenario social es una bomba de tiempo, debido a las decisiones que se han tomado desde el Poder Ejecutivo en detrimento de la clase trabajadora del país.
Otro de los puntos en los que la ANEP y el legislador concuerdan, es que el país no requiere de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, y que las soluciones están en las propias arcas del Estado.
Para el diputado independiente, existen figuras a lo interno del Gobierno que, están del lado del FMI y no quieren entender que la solución a la crisis fiscal está en casa.
En próximas horas, la ANEP sostendrá más reuniones similares con diputados y diputadas de otras bancadas legislativas con el objetivo de palpar el escenario político social de los próximos días y las posibles acciones.
Posición de la ANEP acerca de la votación en primer debate del proyecto de ley 21.917, para eliminar pago de anualidades en el empleo público durante los años 2021 y 2022
– Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable
Atendiendo orientación político-ideológica del Gobierno de la República y su equipo económico, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar, en primer debate, este día jueves 1 de octubre de 2020, el proyecto de ley que elimina el pago de las anualidades para las personas trabajadoras del sector Público, en los años 2021 y 2022 (Expediente Legislativo No. 21.917).
Este proyecto anticipa la eliminación definitiva del pago de anualidades para siempre, tal y como lo contempla la iniciativa de ley neoliberal sobre el empleo público, mucho más retrógrada y anti-obrera.
32 diputados y diputadas atendieron la “orden” ideológica en tal sentido; mientras que 8 personas legisladoras prefirieron mantenerse dentro de la Constitución y dentro de la ley: José María Villalta (Frente Amplio); Frangie Nicolás y David Gourzong, del PLN; Shirley Díaz, del PUSC; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Dragos Dolanescu (independiente); y, Otto Roberto Vargas, del Republicano Calderonista.
Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable.
Las medidas económicas que ha implementado el Gobierno para atender la emergencia cargan su peso, exclusivamente, en las espaldas de las clases populares, particularmente sobre la de las personas trabajadoras, lo que a todas luces resulta socialmente injusto.
Además, pretenden seguir apelando a los perversos criterios de estigmatización del empleo público, alimentando la campaña mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico al que, cruelmente, han sido sometidas las familias trabajadoras asalariadas estatales; especialmente, las de ingresos medios y bajos, en los últimos tiempos.
Primero fue la ley de “alivio fiscal”, con la que, lejos de aliviar la carga tributaria a la ciudadanía, nos puso a financiar al sector empresarial permitiéndole la retención del IVA que pagamos todos y todas. Una medida que, vista en su justa dimensión, bien puede considerarse expolio puro y duro.
Luego fue la ley de reducción de jornadas, que permite al empresariado la rebaja sustantiva del salario a los trabajadores y a las trabajadoras, sin prever ninguna medida compensatoria a favor de estas personas.
Ahora, es la eliminación del pago de la anualidad que afecta a miles de personas trabajadoras del sector público; desnudándose en su demagogia porque, inicialmente, habían planteado que quedarían por fuera de la legislación el personal de los servicios públicos en combate a la pandemia del covid-19. Al darse cuenta de la flagrante inconstitucionalidad de esta discriminación, el Gobierno corrió a corregirla, demostrando que sigue fomentando ocurrencias de legislación antiobrera, por puro fanatismo ideológico en contra del empleo público.
La inequidad de trato en las medidas paliativas que lleva a cabo el Gobierno para atender el estado de emergencia es más que evidente. Hasta ahora, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han planteado ninguna propuesta, ni una sola, que demande colaboración a los grupos de poder económico ni a las clases adineradas que perciben rentas de capital.
La solidaridad que se pregona como telón de fondo en el escenario de la emergencia, es mera retórica de unos dirigentes políticos a quienes parece preocupar más la defensa de los intereses de los poderosos que el asegurar el bienestar de las grandes mayorías.
En el ámbito económico, llama la atención ver cómo el dogmatismo ideológico de las autoridades de Gobierno prevalece sobre todo razonamiento. Dejaremos de lado el que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha hecho ver a todos los países que en el contexto de la desaceleración económica producida por la pandemia del Covid-19 resulta especialmente pertinente mantener los niveles salariales; no solo como medida para proteger a las personas trabajadores, sino como mecanismo capaz de aumentar la demanda y así contribuir a la estabilidad económica. (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_739939.pdf)
Sabemos que a nuestros dirigentes políticos hablarles de la OIT les resulta cosa de necios trasnochados. Pero sí queremos hacer ver que, desde los oráculos internacionales del neoliberalismo y la globalización, también se ha dicho que la reducción de salarios en el Sector Público es una medida contraproducente para la economía. ¡Sí!, para la economía, que no para los trabajadores, que nadie vaya a interpretarlo mal.
Autoridades del Banco Mundial sostienen que una reducción de salarios a los empleados públicos genera distorsiones a largo plazo, a la vez que ralentiza la reactivación económica.
En el artículo titulado “Deberían reducirse los salarios del sector púbico para financiar la respuesta al nuevo coronavirus”, el especialista superior en el sector público del Banco Mundial, Zahid Hasnain, señala que cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la fuerza laboral como lo es el sector público, generará un impacto significativo.
En palabras del especialista, “La partida de sueldos del sector público es una medida contracíclica natural que debería mantenerse. La prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los trabajadores menos cualificados; por tanto, los recortes salariales de forma generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan mayor protección”. (https://blogs.worldbank.org/es/voces/Deberian-reducirse-los-salarios-del-sector-publico-para-financiar-la-respuesta-al-nuevo-%20oronavirus).
En nuestro medio, destacados economistas desde la plataforma académica del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), también han advertido de los perjuicios que generaría una reducción de salarios en el Sector Público. (https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes
Evidentemente, una reducción de salarios en el sector público, como lo es el no pago de la anualidad, aparte del perjuicio económico directo que ocasionará a miles de familias, muchas de ellas altamente endeudadas como lo hace ver el pronunciamiento del citado Observatorio Económico y Social; también generará mayor desazón e incertidumbre entre los empleados públicos, lo que redunda en mayor contracción del consumo y su consecuente impacto negativo para la reactivación económica-.
Desde el punto de vista jurídico, debemos decir que el no pago de la anualidad es improcedente por constituir una reducción del salario. La anualidad que devengan los servidores públicos es parte inescindible de sus salarios. La naturaleza salarial que tienen las anualidades hace de ellas un elemento inmodificable en perjuicio de los trabajadores.
Anular el pago de este rubro salarial a quienes ya les ha sido reconocido como parte de su remuneración, constituye un acto de ius variandi abusivo, sin importar que el mismo provenga de un acto legislativo.
Si bien el Estado puede introducir reformas al esquema remunerativo del sector público, esas reformas en todo caso deberán observar el principio de no retroactividad de la ley, resguardar las situaciones jurídicas consolidadas y respetar los derechos adquiridos de los trabajadores.
En la relación de empleo, sea ésta de naturaleza pública o privada, el salario es el derecho adquirido por excelencia, y ninguna reforma, provenga ésta de un acto privado, administrativo o legislativo, puede modificar a la baja el salario actual que devengan los trabajadores y las trabajadoras.
Los argumentos antes expuestos, nos permiten afirmar que la propuesta de ley planteada por el Gobierno y que 32 personas legisladoras votaron en primer debate, adolece de vicios de inconstitucionalidad que la ANEP, demandará próximamente, exigiendo la responsabilidad correspondiente al Estado como patrono.
Adicionalmente, los especialistas que vienen asesorando a la ANEP en materia de Derecho Internacional en cuanto a Derechos Humanos, de conformidad con todos los tratados que el país ha firmado y ratificado al efecto, están alertados de que éste tema será de obligado litigio internacional contra el país.
El actual parlamento costarricense viene emitiendo legislación contraria ya no solamente a la misma Constitución Política que nos rige, la de 1949; sino las convenciones de DD.HH. que son de obligada observancia por nuestro Estado; tanto a nivel continental (Corte Interamericana de Derechos Humanos), como la propia Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
San José, jueves 1 de octubre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.
