Categoría: Acción Sindical

Costa Rica vuelve a enfrentar una situación inaceptable. El pasado viernes 27 de marzo de 2026 se registró nuevamente una afectación masiva en los servicios de conectividad internacional y aparentemente en el peering con Microsoft, lo que provocó interrupciones generalizadas en múltiples plataformas críticas, afectando tanto a usuarios residenciales como a empresas, instituciones públicas y servicios esenciales que dependen de estas interconexiones. Este nuevo episodio no solo confirma la fragilidad de la infraestructura, sino que evidencia una preocupante reincidencia que ya no puede ser tratada como un hecho aislado, sino como una manifestación clara de un problema estructural profundo dentro del ICE.

Resulta imposible no establecer un vínculo directo con las averías recientes, particularmente la del 12 de setiembre de 2025, donde la institución intentó justificar una caída masiva mediante la explicación de un corte de fibra en Panamá. Hoy, meses después, la historia se repite. La pregunta es inevitable y debe formularse sin rodeos, ¿estamos frente a las mismas debilidades estructurales que nunca fueron corregidas? ¿Se trata, acaso, de los mismos enlaces internacionales que en su momento fueron incorporados como “capacidad temporal”, aparentemente sin un registro claro, sin trazabilidad transparente y sin garantías de estabilidad a largo plazo?

Si efectivamente estos enlaces corresponden a esa capacidad temporal previamente señalada, la situación adquiere una dimensión aún más grave. ¿Quién autorizó su implementación bajo condiciones que hoy podrían estar comprometiendo la estabilidad del servicio nacional? ¿Bajo qué criterios técnicos y legales se aceptó esa infraestructura? ¿Se evaluaron los riesgos de depender de enlaces no permanentes o con condiciones contractuales ambiguas? Y más aún, ¿por qué no se tomaron las medidas correctivas luego de la avería anterior, cuando ya existían señales claras de vulnerabilidad?

La afectación específica en el peering con Microsoft abre otro frente crítico que no puede ser minimizado. No se trata de un proveedor cualquiera, sino de un actor central en el ecosistema digital global, del cual dependen servicios empresariales, plataformas educativas, sistemas de almacenamiento en la nube, herramientas de comunicación y operaciones críticas tanto del sector público como privado. ¿Cómo es posible que una relación de esta magnitud carezca de redundancias efectivas? ¿Dónde están los mecanismos de respaldo que debieron activarse para evitar una interrupción masiva? ¿Se cuenta realmente con acuerdos de nivel de servicio (SLA) robustos, o estamos ante relaciones contractuales débiles que no protegen al país ante este tipo de eventos?

Desde el punto de vista jurídico, la situación es aún más delicada. Nos encontramos frente a una posible violación reiterada del principio de continuidad del servicio público, pilar fundamental del ordenamiento administrativo costarricense. La Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública no dejan espacio a interpretaciones, los funcionarios públicos están obligados a actuar con eficiencia, eficacia y sometimiento pleno al ordenamiento jurídico. La reiteración de fallas masivas, sin que medien soluciones estructurales, podría configurar no solo una falta administrativa grave, sino también responsabilidad personal de los jerarcas por omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Surge entonces una interrogante ineludible, ¿se va a iniciar algún tipo de acción legal por la interrupción de servicio que afectó a los usuarios? ¿El ICE, como operador, asumirá su responsabilidad frente a los daños ocasionados a empresas, instituciones y ciudadanos? ¿Se activarán mecanismos de compensación, o una vez más se trasladará el costo de la ineficiencia a los usuarios? Y en caso de que la responsabilidad recaiga en terceros proveedores internacionales, ¿qué acciones contractuales o judiciales se emprenderán para resarcir los daños? ¿Existen siquiera cláusulas suficientemente robustas que permitan exigir responsabilidades, o se ha expuesto al país a una posición de vulnerabilidad jurídica?

No menos importante es cuestionar el rol de la Alta Administración. El Consejo Directivo, la Gerencia General, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia de Telecomunicaciones no pueden seguir actuando como simples observadores de una crisis que se agrava con cada nuevo incidente. La omisión en la toma de decisiones correctivas, la falta de transparencia en la gestión de la infraestructura y la aparente normalización de fallas masivas los convierte en corresponsables directos de esta situación. La responsabilidad no es difusa, es concreta y tiene nombres, cargos y funciones claramente definidos por la ley.

Este nuevo episodio confirma lo que ya se ha venido denunciando, el ICE enfrenta una crisis de gobernanza. No es un problema de capacidad técnica de sus trabajadores, quienes han demostrado en múltiples ocasiones su compromiso y profesionalismo, sino de una estructura de toma de decisiones que falla en lo esencial: planificar, prevenir y garantizar la continuidad del servicio. La institución no puede seguir operando bajo esquemas reactivos, atendiendo emergencias que pudieron haberse evitado con una gestión diligente.

A la población Iceísta y a la ciudadanía en general debe quedarles claro que la situación ha llegado a un punto crítico. No se trata únicamente de exigir explicaciones, sino de demandar cambios reales. Cada falla reiterada debilita la confianza en la Institución, erosiona su legitimidad y abre la puerta a discursos que buscan desmantelar lo público. Si no se corrige el rumbo con urgencia, si no se asumen responsabilidades y si no se depuran las estructuras que han permitido esta cadena de errores, el daño podría volverse irreversible.

Hoy más que nunca es necesario alzar la voz. Porque lo que está en juego no es solo la calidad del servicio de internet, sino el futuro mismo del ICE como institución estratégica del país. Y si se permite que la negligencia, la improvisación y la falta de rendición de cuentas continúen marcando el rumbo, pronto no habrá institución que defender.