Categoría: Acción Sindical

Sala Constitucional declara con lugar amparo contra el PANI por violar el derecho de respuesta

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– La ANEP solicitó información detallada sobre nombramientos cuestionados por la Auditoría Interna; sin embargo, el PANI no respondió dentro del plazo legal.

– La Sala Constitucional determinó la violación al derecho de petición y pronta respuesta, y evidenció que la institución contestó únicamente tras la intervención judicial.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa que la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), expediente N.° 26-010229-0007-CO, al comprobar que la institución no respondió dentro del plazo legal una solicitud de información relacionada con los nombramientos en propiedad cuestionados en un informe de Auditoría Interna, y que solo emitió respuesta tras la intervención de la Sala.

La gestión presentada el 4 de marzo de 2026 solicitaba información clara y detallada sobre: el estado de la investigación administrativa, la existencia de procedimientos disciplinarios, la cantidad de casos en trámite, las dependencias involucradas, los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la existencia de un informe jurídico sobre los hechos señalados.

Pese a ello, el PANI se limitó inicialmente a acusar recibo sin brindar respuesta de fondo dentro del plazo legal, lo que obligó a interponer el recurso de amparo. Posteriormente, y únicamente después de la intervención de la Sala Constitucional, la institución remitió el oficio PANI-PE-OF-804-2026, en el que indicó que conformó una comisión para analizar los casos y que el proceso se encuentra en revisión. Sin embargo, no proporcionó información concreta, resultados ni conclusiones sobre las eventuales responsabilidades, limitándose a señalar que el análisis continúa.

En su resolución, la Sala Constitucional determinó que esta conducta constituye una violación al derecho fundamental de petición y pronta respuesta, señalando que la Administración Pública está obligada a responder dentro de los plazos establecidos y que la falta de respuesta oportuna es contraria al ordenamiento jurídico.

Para la ANEP, este caso evidencia una falta de transparencia en un tema de alto interés público y confirma la necesidad de recurrir a instancias constitucionales para garantizar el acceso a la información.

La organización reitera que continuará dando seguimiento a este proceso, en busca de una respuesta final clara, completa y conforme a derecho, así como la determinación de las responsabilidades que correspondan.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Rodrigo Chaves deja la Presidencia con dos querellas interpuestas en su contra por la ANEP

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Este próximo 8 de mayo, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, deja su cargo con un serie de denuncias y querellas en su contra, dos de estas últimas, fueron presentadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por delitos contra el honor.

La primera de estas por aseveraciones graves contra el honor realizadas por Chaves Robles en contra de la ANEP y toda su afiliación. Mientras que la segunda se da luego de que achacara que el aparente robo de fentanilo en algunas farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) era responsabilidad del Secretario General de la ANEP.

Las querellas interpuestas

El viernes 18 de julio del año 2025, la ANEP interpuso una querella de acción privada por delito contra el honor, ante la Fiscalía General de la República, por un delito contra el honor ante declaraciones difamantes y calumniosas realizada por el presidente Rodrigo Chaves Robles, en contra de nuestra organización y toda su afiliación.

Lo anterior debido a que Chaves Robles no tuvo la hidalguía de disculparse del ataque al honor de las miles de personas trabajadoras asociadas a la ANEP, acusando de «corrupta» a la organización.

Las aseveraciones de Chaves Robles, fueron realizadas el 18 de marzo de año 2025, en una marcha convocada para solicitar la salida del Fiscal General de la República, Carlo Israel Díaz Sánchez.

Segunda querella

La segunda querella fue presentada el lunes 9 de febrero del año en curso, por el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, ha ante la Corte Suprema de Justicia, mediante acción privada por delitos contra el honor.

Las acciones denunciadas por el Secretario General de la ANEP, se remontan a setiembre del año 2025, cuando Chaves Robles manifestó, durante la inauguración del Ebais de San Rafael Arriba de Desamparados, que Vargas Barrantes se oponía a la implementación del programa ERP-SAP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), porque quería ocultar el robo y faltante de fentanilo.

Sin embargo, dicha información calumniosa, emitida por el Presidente de la República, fue desmentida por la propia presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, quien en el cumplimiento de su deber como funcionaria pública, evitó ser una caja de resonancia de las falacias emitidas en contra del Secretario General de la ANEP, manifestando que el faltante de fentanilo obedecía a una falla presentada en el sistema contable del ERP-SAP tras su implementación

Ante esta situación, el Secretario General de la ANEP presentó la querella contra el presidente de la República, siendo la segunda de estas características.

Desde la ANEP hacemos un llamado a que el respeto entre las personas y organizaciones con pensamientos políticos, sociales y económicos, distintos en una democracia, se deben respetar y no es el insulto, ni la descalificación, ni la amenaza y mucho menos la intimidación lo que debe prevalecer en las relaciones propias de la convencías

Destitución del Subgerente de Sistemas del GAM en AyA es oportuna ante debilidades en su gestión

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La Seccional ANEP-AyA hace de conocimiento público la reciente destitución de Alejandro Calderón Acuña, como Subgerente Sistemas Gran Área Metropolitana de Acueductos y Alcantarillados (AyA), decisión que consideramos oportuna en el contexto de la situación actual de la institución.

Durante un tiempo considerable, se habían venido señalando debilidades en la gestión que impactaban el adecuado funcionamiento institucional, por lo que esta medida representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la administración y la mejora en la toma de decisiones en AyA

Como organización sindical, reiteramos la importancia de continuar evaluando el desempeño de los distintos niveles jerárquicos, con el fin de garantizar que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad contribuyan efectivamente al cumplimiento de los objetivos institucionales y al buen servicio público.

Asimismo, manifestamos nuestra disposición de colaborar de manera constructiva en los procesos de mejora que se impulsen, siempre en defensa de los intereses de las personas trabajadoras y de la ciudadanía en general

La seccional ANEP-AyA reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia en la gestión pública y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Presidencia electa debe aclarar versión sobre eventual nombramiento de Fabricio Alvarado en el PANI

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Ante la información de fuentes internas del PANI y que circula en redes sociales sobre un eventual nombramiento del diputado Fabricio Alvarado como Ministro de la Niñez y la Adolescencia (PANI), resulta indispensable que la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, aclare de forma inmediata si esta versión es cierta o falsa.

Se trata de un cargo de la más alta sensibilidad, vinculado directamente con la protección de la niñez y la adolescencia. En ese contexto, no puede ignorarse que sobre esta figura han circulado señalamientos y cuestionamientos públicos de carácter grave, lo que eleva el nivel de escrutinio que la ciudadanía exige frente a cualquier eventual designación.

La transparencia y la idoneidad en este tipo de nombramientos son fundamentales. La ciudadanía merece una aclaración clara, categórica y oportuna que confirme o descarte esta información y garantice que las decisiones en materia de niñez se adopten con los más altos estándares.

Incluso, la propia Laura Fernández acusó a Fabricio Alvarado de un supuesto acoso sexual ocurrido cuando ella era asesora en la Asamblea Legislativa.

En aquel entonces, La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández Delgado, acusó al aspirante presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, de haber incurrido en actos de acoso cuando ella trabajó como asesora en la Asamblea Legislativa.

El señalamiento ocurrió durante el debate presidencial organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina de Costa Rica, el pasado mes de enero.

Ante estas graves situaciones, es que ANEP solicita una aclaración ante las informaciones que trasciende sobre el eventual futuro en la dirección del PANI.

Pronunciamiento Oficial de la ANEP con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora

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En Costa Rica, en el estado de gran desigualdad en que nos tienen los y las gobernantes de uno y de otro color, la clase trabajadora tiene una gran agenda de lucha por la verdadera justicia social y la real democracia.

Dentro de esa gran agenda socio-obrera y cívico-patriótica destacan este Primero de Mayo de 2026 los siguientes puntos:

1- SALARIOS: Alto al socialmente criminal congelamiento salarial en el Sector Público. En este ámbito urge un régimen salarial específico y único para los cuerpos policiales. Exigimos, por otra parte, la implementación de un nuevo salario mínimo para el Sector Privado para lo cual ya existe un estudio técnico.

2-DEFENSA DE LA HISTÓRICA JORNADA DE 8 HORAS: Rechazamos la inmoral pretensión patronal de eliminar el Derecho huano fundamental y constitucional de la jornada de 8 horas, con el objetivo de traerse abajo el pago de las horas extra, del tiempo extraordinario, esto impulsado por sectores empresariales y politicos sin escrúpulos.

3- CCSS: Exigimos que el Gobierno le pague a la Caja su perversa deuda que ya va hacia los 5 billones de ₡ (5.000.000.000.000). Rechazo rotundo a cualquier forma de privatización-tercerización y, por ende, impulso a una nueva época de fortalecimiento.

4-PENSIONES IVM Y ROP. La crisis de pensiones IVM no debe resolverse sobre las espaldas de la clase trabajadora. El monto de las pensiones debe reajustarse con nuevos parámetros y metodologías. Y para las personas trabajadoras ya pensionadas exigimos la entrega total del ROP

5- DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO expresado en el grupo de empresas públicas altamente rentables: ICE, INS, A y A, RECOPE, FANAL, Correos, bancos públicos. Alto ya a la insaciable voracidad codiciosa de los grupos poderosamente económico-financieros que compran partidos, que compran medios y que compran políticos.

6- CONTRA LA CRECIENTE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN ECONÓMICA: exigimos una robusta politica social que implica el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, los CEN-CINAI, el IMAS, el PANI, el IAFA, la Cultura, Comedores Escolares; y, en general la Educación Pública a todo nivel.

7- REAL JUSTICIA TRIBUTARIA YA. La clase trabajadora asalariada y no asalariada es la real pagadora de impuestos. La clase rica los evade, los elude y deposita sus capitales en el exterior. Demandamos pasar de la regresividad tributaria a la progresividad tributaria.

8- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL SE RESPETA. Exigimos el pleno respeto al ordenamiento jurídico costarricense con su vinculación estratégica con el ordenamiento jurídico internacional: respeto pleno al fallo constitucional 25-008201 y a la Opinión Consultiva OC 27/21 sobre Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

9- ES URGENTE RECUPERAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NACIONAL: Costa Rica necesita una agresiva política de Soberanía y Seguridad Alimentaria ante las circunstancias del desarrollo de un mundo altamente bélico-conflictivo de gran adversidad para un pequeño país como el nuestro.

10- NOS PRONUNCIAMOS POR LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DEL PAÍS. Rechazamos el ataque del macro-egoísmo corporativo-empresarial al patrimonio verde del país, específicamente en parques nacionales y áreas de conservación. El fortalecimiento del servicio de guardaparques y la reivindicación plena de su personal, exigen atención política urgente.

Fallas graves de control y gestión provocan pérdidas millonarias en la Planta Miravalles 1

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia un hecho de extrema gravedad que pone en evidencia otro preocupante nivel de deterioro en la gestión administrativa y técnica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Lo ocurrido en el proceso de adquisición de materiales para la impermeabilización de paredes y pintura epóxica de la torre de enfriamiento de Miravalles 1, tramitado bajo el pliego de condiciones tipo DG-0301-2024, no puede ser interpretado como un simple error operativo ni como una contingencia aislada. Se trata de un hecho que, por sus dimensiones y consecuencias, reviste características propias de otro verdadero escándalo institucional.

El aparente desecho de materiales por un monto aproximado de ₡47.851.896,01 constituye un indicio claro de una gestión profundamente deficiente, donde la falta de rigor técnico, la improvisación en la definición de requerimientos y la ausencia de controles efectivos convergen en un resultado inaceptable, recursos públicos, literalmente, arrojados a la basura. Este tipo de actuaciones compromete el patrimonio institucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en una entidad estratégica para el desarrollo del país.

Desde una perspectiva técnica, resulta inconcebible que una intervención en infraestructura crítica como una torre de enfriamiento se haya ejecutado bajo condiciones tan precarias de planificación y especificación. La naturaleza misma de este tipo de obras exige precisión, conocimiento especializado y estrictos controles de calidad, por lo que lo sucedido sólo puede explicarse a partir de una combinación de negligencia, incompetencia o una cadena de decisiones irresponsables que no fue debidamente contenida por los mecanismos de control institucional. Cualquiera de estos escenarios es, por sí mismo, motivo suficiente para una investigación profunda por parte de las áreas competentes, dentro de ellas la Auditoría Interna del ICE y, sin lugar a dudas, debería ser motivo sanciones ejemplares.

En el plano jurídico, los hechos descritos podrían constituir una violación directa al principio de legalidad consagrado en la Constitución Política y en la Ley General de la Administración Pública, así como una transgresión al deber de probidad que obliga a todo funcionario público a resguardar con máxima diligencia los recursos del Estado. De igual forma, se evidencian posibles incumplimientos a los principios de eficiencia, eficacia y economía que rigen la contratación administrativa, así como eventuales responsabilidades derivadas de la Ley General de Control Interno, particularmente en lo relativo a fallas graves en la planificación, ejecución y supervisión del proceso contractual. No puede descartarse, además, la eventual configuración de responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, en caso de comprobarse conductas gravemente negligentes o dolosas.

La ANEP considera inaceptable el silencio o la falta de reacción contundente por parte de la administración ante un hecho de esta magnitud. En este contexto, surge inevitable cuestionar quién definió las especificaciones técnicas que desembocaron en este resultado, quién validó la adquisición de materiales que terminaron siendo desechados, dónde estuvieron los controles que debieron prevenir esta situación y, sobre todo, quién asumirá la responsabilidad por el daño ocasionado al erario público.

La ANEP advierte que no permitirá que este caso sea minimizado, encubierto o diluido en trámites administrativos sin consecuencias reales.

El Instituto Costarricense de Electricidad no puede ni debe operar bajo esquemas de improvisación y ausencia de rendición de cuentas. Cada colón desperdiciado representa un golpe directo a la ciudadanía y a las personas trabajadoras que sostienen la institución con su esfuerzo diario. Lo ocurrido en Miravalles 1 no es un hecho aislado, es una señal de alerta que exige acciones inmediatas, firmes y ejemplarizantes, así como en otros casos denunciados.

La ANEP será categórica y persistente. No habrá silencio frente al despilfarro, no habrá complacencia frente a la negligencia y no habrá tregua en la exigencia de transparencia, responsabilidad y respeto absoluto por los recursos públicos.

ANEP denuncia discriminación sindical en el IAFA y señala trato preferencial hacia otra organización

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IAFA autoriza hasta 16 horas mensuales en jornadas completas a otra organización, mientras limita a la seccional ANEP-IAFA a solo 4 horas

Las decisiones de la Dirección General y la Junta Directiva consolidan condiciones más favorables para otra organización, sin justificación objetiva

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) por incurrir en discriminación sindical y prácticas laborales desleales, ejecutadas mediante actos administrativos formales que establecen un trato desigual entre organizaciones sindicales, al otorgar a una de ellas hasta 16 horas mensuales de licencia sindical en jornadas completas, mientras se limita a ANEP a solo 4 horas, en un mismo contexto institucional y sin la aplicación uniforme de criterios, lo que constituye una vulneración directa al principio de igualdad ante la ley, la libertad sindical y a los principios de legalidad y objetividad que rigen la función pública.

Esta denuncia no se sustenta en apreciaciones subjetivas, sino en documentación oficial emitida por la propia Administración del IAFA, la cual evidencia un trato desigual, arbitrario y carente de justificación entre organizaciones sindicales que operan en condiciones equivalentes dentro de la institución.

Ante la gravedad de los hechos, ANEP ha interpuesto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, bajo el expediente N.° 26-013391-0007-CO , con el objetivo de frenar una práctica que atenta contra el Estado de Derecho.

Los hechos acreditados son contundentes: mediante acuerdos formales de Junta Directiva, el IAFA redujo la licencia sindical de ANEP a cuatro (4) horas mensuales, mientras que, de forma paralela y bajo el mismo contexto institucional, mantiene a otra organización sindical con dieciséis (16) horas mensuales en jornadas completas con goce salarial.

Esta diferencia no solo es objetiva y verificable, sino que implica que una organización dispone de cuatro veces más tiempo efectivo que otra para ejercer funciones sindicales. La propia actuación del IAFA desmiente cualquier intento de justificación: la institución ha permitido, en la práctica, la ausencia de personal profesional en jornadas completas para una organización sindical sin afectar el servicio, pero utiliza ese mismo argumento para restringir a ANEP. Esta contradicción no es menor; evidencia una aplicación selectiva de criterios y confirma la existencia de un trato desigual injustificado, propio de una práctica de discriminación sindical.

Más grave aún, la propia resolución administrativa que rechaza el reclamo de ANEP reconoce que los insumos técnicos que supuestamente sustentaban la decisión no estaban formalizados al momento de adoptarse, siendo documentados con posterioridad, lo cual vicia el acto administrativo desde su origen.

Adicionalmente, se ha acreditado que esta situación no es reciente ni aislada, sino que se mantiene desde noviembre de 2025, pese a múltiples gestiones formales realizadas por ANEP para obtener una respuesta motivada, las cuales fueron atendidas de forma tardía, incompleta o sin respaldo técnico.

La ANEP es categórica: no se trata de una diferencia administrativa, sino de una práctica de discriminación sindical institucionalizada, sostenida en el tiempo y ejecutada mediante actos formales adoptados por la Dirección General y la Junta Directiva, sin justificación objetiva.

En consecuencia, esta organización deja claramente establecido que ejercerá todas las acciones legales correspondientes, tanto en sede constitucional como en las instancias nacionales e internacionales que resulten procedentes, y que bajo ninguna circunstancia aceptará prácticas laborales desleales, arbitrarias o discriminatorias que pretendan limitar o debilitar el ejercicio legítimo de la libertad sindical.

El recurso interpuesto solicita a la Sala Constitucional declarar la violación de derechos fundamentales, ordenar el cese inmediato del trato desigual, restablecer condiciones de igualdad real en el otorgamiento de licencias sindicales y adoptar medidas urgentes que garanticen el ejercicio efectivo de la actividad sindical dentro del IAFA.

La ANEP advierte que este tipo de actuaciones no solo comprometen la legalidad de las decisiones administrativas, sino que exponen a la institución a responsabilidad constitucional por la violación de derechos fundamentales.

La ANEP reafirma que continuará ejerciendo plenamente sus funciones de representación, denuncia y fiscalización, realizando las gestiones y consultas que correspondan, conforme a las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico.

La libertad sindical no admite restricciones arbitrarias ni aplicaciones selectivas: su garantía debe ser plena, efectiva y en condiciones de igualdad. Cualquier desviación en ese sentido será oportunamente impugnada por las vías legales correspondientes.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)