Por medio de un proceso democrático la directiva votó por medio de papeleta y eligió a Harold Mora Ureña como su nuevo presidente. El trabajo de la seccional continúa firme en generar las mejores condiciones en favor de la clase trabajadora de la seguridad privada.
Categoría: Acción Sindical
Reajuste salarial a trabajadoras de los CEN CINAI se pagará retroactivo a partir de abril de 2026
Carta Pública a la ciudadanía y hermanas organizaciones sociales
MIDEPLAN analizará revalorización técnica y equiparación salarial en cuerpos policiales
La solicitud de la ANEP denuncia que las diferencias salariales generadas tras la Ley Marco de Empleo Público están afectando la motivación, la estabilidad institucional y la permanencia del talento humano en cuerpos policiales que enfrentan diariamente alto riesgo y complejas condiciones operativas.
Gobierno de Laura Fernández le pasa el bisturí al IMAS y abandona a miles de niños en pobreza extrema
• Actualmente 4.654 niñas y niños en condición de pobreza y pobreza extrema permanecen en lista de espera, mientras el propio IMAS reconoce faltantes presupuestarios superiores a ₡1.500 millones.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia ante el país el colapso de la política social impulsada por el Gobierno de Laura Fernández, luego de que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) suspendiera nuevos ingresos y sustituciones al subsidio de la Red de Cuido Infantil por falta de presupuesto.
Mientras el Gobierno insiste en vender discursos populistas sobre combate a la pobreza, la realidad nacional evidencia exactamente lo contrario: miles de familias pobres abandonadas, programas sociales debilitados y una niñez vulnerable excluida de ayudas esenciales porque el IMAS ya no tiene capacidad financiera para responder.
Según datos revelados por la Defensoría de los Habitantes, actualmente 4.654 niñas y niños en condición de pobreza y pobreza extrema permanecen en lista de espera, mientras el propio IMAS reconoce faltantes presupuestarios superiores a ₡1.500 millones.
Detrás de esas cifras existen madres trabajadoras, mujeres jefas de hogar y familias enteras que hoy reciben del Estado abandono, exclusión y desesperanza.
El subsidio de la Red de Cuido fue creado para que familias pobres y vulnerables puedan trabajar o estudiar mientras sus hijos reciben atención y protección. Hoy ese programa está siendo debilitado precisamente por el mismo Gobierno que prometió combatir la pobreza desde el primer día.
ANEP responsabiliza directamente al Gobierno de Laura Fernández y a la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena, por el deterioro y debilitamiento progresivo de la principal institución social del país.
La jerarca ya estuvo al frente del IMAS durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora permanecerá cuatro años más en el gobierno de Laura Fernández. Esto evidencia la continuidad de una misma línea política que durante años ha debilitado la capacidad social y operativa del IMAS mientras aumenta la exclusión de las familias más pobres del país.
No es casualidad que hoy el IMAS enfrente uno de los momentos más críticos de su política social. Ya desde el año anterior, la propia presidenta ejecutiva, Yorleny León Marchena, hablaba públicamente de “meterle bisturí” a la institución. Hoy ese discurso se traduce en una realidad devastadora: programas debilitados, recortes encubiertos y más de 4.600 niñas y niños pobres excluidos de la Red de Cuido Infantil por falta de presupuesto.
Durante años se construyó un discurso político alrededor de un supuesto combate frontal contra la pobreza. Videos institucionales, campañas de imagen, giras y declaraciones públicas insistiendo en que el principal objetivo del IMAS era disminuir la pobreza en Costa Rica. Sin embargo, la realidad nacional demuestra exactamente lo contrario.
Lejos de fortalecerse la política social, el país presencia cómo se le pasa el bisturí presupuestario al IMAS y a programas fundamentales para las familias trabajadoras.
La permanencia de las mismas autoridades al frente de la institución confirma que el debilitamiento de la política social no es un accidente ni una crisis aislada. Es la continuidad de un modelo que viene arrastrándose desde la administración anterior y que hoy golpea directamente a miles de niñas y niños excluidos de la Red de Cuido Infantil.
Mientras el aparato institucional produce propaganda y discursos populistas sobre supuestos avances sociales, miles de familias pobres quedan excluidas de programas esenciales y la niñez vulnerable termina pagando las consecuencias de decisiones políticas equivocadas.
La propia Defensoría de los Habitantes advirtió que estas medidas profundizan las desigualdades sociales y pueden convertirse en formas de violencia institucional contra las poblaciones más vulnerables.
Hoy Costa Rica presencia cómo la institución creada para combatir la pobreza termina debilitándose mientras aumentan las necesidades sociales de miles de hogares.
La pobreza no se combate grabando videos populistas ni produciendo propaganda institucional para redes sociales. Yorleny León debe dejar de vender discursos sobre combate a la pobreza y empezar a responder por el debilitamiento del IMAS, el abandono de miles de familias pobres y la exclusión de miles de niñas y niños que hoy quedaron fuera de la Red de Cuido por falta de presupuesto.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
ANEP busca que se aplique fallo constitucional dentro de la Municipalidad de Desamparados
ANEP tuvo primer acercamiento con el nuevo ministro de trabajo
La ANEP sostuvo una reunión con Roy Thompson Chacón, nuevo ministro de trabajo a fin de plantear varios temas como la aplicación del fallo constitucional ganado por ANEP contra la ley de las finanzas públicas, la negociación colectiva, los fueros sindicales, entre otros temas.
Tras este primer acercamiento, se realizará otra reunión para tratar los temas más a profundidad. ANEP siempre lucha y luchará en favor de la clase trabajadora pública y privada.
ANEP denuncia improvisación, amiguismo político y falta de conocimiento institucional en recientes nombramientos del AyA
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su profunda preocupación y absoluto rechazo ante los recientes nombramientos realizados por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), dados a conocer este día mediante un comunicado institucional.
Estos movimientos evidencian, una vez más, una preocupante práctica de improvisación, favoritismo y debilitamiento de la institucionalidad pública, dejando de lado la experiencia técnica, el conocimiento institucional y la trayectoria de funcionarios y funcionarias que por años han sostenido el funcionamiento del AyA.
En primera instancia, se anuncia el nombramiento de María de los Ángeles Morera Calderón como Subgerente Administrativa, cargo que hasta donde tenemos entendido anteriormente se denominaba Subgerencia General. Resulta inevitable cuestionar cuáles fueron los criterios técnicos, profesionales y de experiencia utilizados para colocar en una posición tan estratégica a una funcionaria de apenas 35 años, con escaso recorrido dentro de la institución y sin trayectoria conocida en la gestión integral del AyA.
La señora Morera Calderón trabajó anteriormente en la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP), donde coincidió con la actual presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Suárez Barboza, como subalterna. Posteriormente fue trasladada al AyA como asesora de confianza y ahora es promovida a uno de los puestos gerenciales más importantes de la institución.
Desde ANEP consideramos válido preguntarle al país y a la ciudadanía: ¿Dónde quedó el respeto por la carrera administrativa, por el conocimiento técnico institucional y por la experiencia que requieren puestos de esta magnitud?
El AyA enfrenta enormes desafíos operativos, financieros, ambientales y de infraestructura que no pueden quedar en manos de personas que vienen a aprender sobre la marcha.
Por otro lado, también se anuncia el nombramiento de Mariela Sanabria Arrieta como Subgerente de Sistemas Comunales, una funcionaria proveniente del Ministerio de Vivienda, cuyo perfil profesional poco o nada tiene que ver con la complejidad técnica, social y territorial que implica el manejo de sistemas comunales de agua potable en Costa Rica.
A esto se suma un elemento que no puede pasar desapercibido: La señora Sanabria Arrieta es la actual esposa del exministro Mauricio Batalla, situación que inevitablemente genera cuestionamientos sobre la influencia política y las redes de poder que podrían estar detrás de este tipo de decisiones.
Desde ANEP advertimos con enorme preocupación que el AyA pareciera convertirse en un espacio para acomodos políticos y nombramientos de confianza, mientras se ignora deliberadamente a personal institucional con años de experiencia, conocimiento técnico y compromiso demostrado con la institución y con el país.
Más grave aún, estos nombramientos ponen en riesgo la estabilidad y el funcionamiento de una institución estratégica para Costa Rica. El AyA no puede ser utilizado como laboratorio de improvisaciones administrativas ni como espacio para colocar personas sin el conocimiento técnico y operativo que demanda la gestión del recurso hídrico y de los sistemas comunales.
Cuando personas sin experiencia institucional llegan a ocupar puestos de alta dirección, las consecuencias las terminan pagando las comunidades, los trabajadores y la ciudadanía. La improvisación en cargos estratégicos puede traducirse en atrasos en proyectos, malas decisiones administrativas, debilitamiento técnico y una mayor desconexión con la realidad operativa de la institución.
El AyA atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia, con enormes retos en abastecimiento, infraestructura, inversión y atención de comunidades. En ese contexto, lo que el país necesita son personas con liderazgo técnico, experiencia comprobada y profundo conocimiento institucional, no nombramientos basados en cercanías políticas o relaciones de confianza.
ANEP continuará vigilante y denunciando cualquier decisión que atente contra la institucionalidad, la transparencia y el correcto funcionamiento del AyA.
San José, Costa Rica
22 de mayo de 2026
Posición de la ANEP ante la destrucción del Modelo Eléctrico Solidario
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estamos convencidos de que Costa Rica no necesita destruir su modelo eléctrico para modernizarlo. Al contrario, debe fortalecerlo, corregir sus debilidades, actualizar sus capacidades tecnológicas y proyectarlo hacia el futuro manteniendo intacto el principio que permitió su éxito histórico: la energía eléctrica como un derecho al que deben tener acceso todas y todos los costarricenses, al mejor precio posible.
La soberanía energética constituye un componente fundamental de la soberanía nacional. Un país pequeño como Costa Rica no debe renunciar al control estratégico de una infraestructura esencial para su estabilidad económica, social y ambiental. La energía eléctrica no puede quedar subordinada exclusivamente a dinámicas de mercado porque su impacto trasciende la lógica comercial y afecta directamente el bienestar colectivo y la capacidad de desarrollo del país.
A menudo escuchamos aquel viejo refrán que dice que: “nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde” y es que han de ser ciertas esas palabras de sabiduría popular para que, con el paso de los años, lejos de desaparecer, sigan presentes en nuestra cultura. Que cerca estamos de tener que recordarlas cuando en el futuro evoquemos la memoria del referente mundial en materia de energía que tuvo Costa Rica en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Luego de las enormes transformaciones que vivió nuestro país durante la década de los años cuarenta del siglo anterior, se reforzó un modelo institucional público que le permitió a nuestro país un desarrollo y auge que no tenía parangón con el resto de las naciones del istmo centroamericano.
Como hijo predilecto de aquella visión solidaria de Estado, nació el 8 de abril de 1949 el Instituto Costarricense de Electricidad, luego del fracaso en lo referente al desarrollo de la electrificación en nuestro país, que en manos privadas y extranjeras no lograba ofrecer un servicio eléctrico con cobertura nacional y mucho menos con la calidad que demandaba nuestro pueblo.
Desde la fundación del ICE, el modelo eléctrico costarricense ha demostrado, a lo largo de décadas, que es posible construir un sistema energético eficiente, solidario, técnicamente robusto y ambientalmente sostenible bajo liderazgo público. La experiencia histórica del ICE y de las empresas públicas del sector supo pasar de una promesa a convertirse en un hecho irrefutable de política pública exitosa.
Costa Rica alcanzó cobertura eléctrica prácticamente universal, desarrolló una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, electrificó regiones rurales históricamente excluidas y consolidó una infraestructura energética estable y confiable mediante planificación estatal de largo plazo. Estos logros no fueron producto de la lógica espontánea del mercado, sino de una visión nacional que entendió la electricidad como un servicio estratégico para el desarrollo humano, económico y territorial del país.
Actualmente, Costa Rica mantiene una cobertura eléctrica cercana al 99,4% de la población, una de las más altas de América Latina y comparable, únicamente, con países desarrollados. Este nivel de cobertura no sólo refleja capacidad técnica, sino también una decisión política histórica: llevar electricidad incluso a regiones donde la rentabilidad económica inmediata era limitada o inexistente, algo que, desde la lógica de mercado que ahora pretenden imponernos hubiera sido sencillamente imposible.
De la mano del ICE, Costa Rica desarrolló un modelo eléctrico que no tiene comparación entre sus países vecinos, consiguiendo una cobertura de casi todo su territorio nacional, con una enorme estabilidad que garantiza la continuidad del servicio prácticamente sin apagones, con una matriz energética renovable como poquísimos países en el mundo y, por sobre todas las cosas, con una soberanía energética envidiable.
Mientras diversos países latinoamericanos aún enfrentan brechas importantes de electrificación rural, dependencia térmica o inestabilidad del suministro, Costa Rica consolidó durante décadas un sistema relativamente resiliente y confiable bajo la dirección del ICE.
Las y los costarricense no nos damos cuenta de la enorme estabilidad que tiene nuestro servicio eléctrico que incluso frente a desastres naturales que azotan a nuestro país, propios del trópico, enfrentamos pocos cortes y tiempos de reposición del servicio rápidos en comparación a otros países vecinos.
Además de todas las bondades de las que hemos hablado, el tema de las tarifas, que es frecuentemente utilizado como caballo de batalla por quienes desean destruir el modelo para apoderarse de los negocios de la energía eléctrica, está lleno de marañas e ideas confusas pues, a pesar de que producir con energías prácticamente 100% limpias tiene un costo elevado, el país mantiene tarifas competitivas.
El análisis también debería considerar además que los sistemas eléctricos no se evalúan únicamente por el precio inmediato del kilovatio-hora. También debe valorarse la estabilidad, la universalidad de la cobertura, la capacidad de expansión, la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la capacidad de planificación y operación.
En la ANEP somos asiduos creyentes de que la electricidad no puede reducirse a una simple mercancía pues la energía eléctrica es el pilar que sostiene hospitales, telecomunicaciones, sistemas de agua potable, funcionabilidad de centros educativos, industria, y la vida cotidiana de todas y todos los costarricenses. Por ello, la planificación energética debe responder prioritariamente al interés nacional y no exclusivamente a criterios de rentabilidad privada de corto plazo.
Los sistemas eléctricos poseen características técnicas que limitan profundamente la lógica de competencia tradicional. La generación, transmisión y distribución requieren coordinación permanente, planificación integrada, reservas estratégicas y estabilidad sistémica en tiempo real, algo que en Costa Rica está más que demostrado que el ICE ha sabido gestionar con un éxito irrefutable. La fragmentación del modelo energético bajo esquemas de apertura, como la que se propone actualmente en nuestro país, puede debilitar esa capacidad de coordinación y sustituir una visión nacional de largo plazo por dinámicas orientadas principalmente a maximizar rentabilidad. Esto incluye la posible pérdida de producción con energía principalmente limpia, pues pensando sólo en la rentabilidad, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) deja abierto el portillo para el establecimiento de plantas térmicas, que generan con base en la quema de combustibles como el búnker o el diésel.
La experiencia internacional demuestra que la liberalización eléctrica no garantiza automáticamente mejores resultados. Por el contrario, diversos mercados eléctricos abiertos han enfrentado volatilidad tarifaria, subinversión en infraestructura crítica, manipulación de precios, debilitamiento de la planificación energética e incluso crisis de abastecimiento. De hecho, en naciones cercanas a nuestro país, como Honduras, en el año 2022 se impulsó la nacionalización de la energía eléctrica mediante la Ley Especial de Energía, que buscaba reparar el desastre de la privatización que se ejecutó hace varios años en ese país. Mientras tanto, en Costa Rica caminamos a la inversa, destruyendo un modelo que ha demostrado ser sumamente exitoso para sustituirlo por otro con una idea imperante de mercado que ha fracasado en naciones vecinas.
En el caso costarricense, el modelo público ha demostrado capacidades que muchos países todavía intentan alcanzar con cobertura casi universal, estabilidad del sistema, alta penetración de energías renovables, capacidad técnica nacional, electrificación rural, independencia relativa frente a combustibles fósiles y una institucionalidad energética sólida.
Desmantelar o fragmentar un sistema que históricamente ha generado resultados exitosos representaría un riesgo innecesario para la seguridad energética del país.
Defender el modelo público no significa negar la necesidad de reformas. El sistema eléctrico costarricense debe modernizarse, adaptarse tecnológicamente y mejorar su eficiencia operativa. Sin embargo, modernizar no implica privatizar ni abrir el mercado eléctrico a dinámicas que podrían debilitar la capacidad nacional de planificación estratégica que durante tantos años ha ejecutado el ICE de manera exitosa, aunque algunos empresarios con su voracidad pretendan imponernos esa idea.
Costa Rica debe profundizar su liderazgo en materia de energías limpias, aprovechando ventajas estratégicas ya existentes, particularmente en geotermia, generación renovable y planificación integrada del sistema. La transición energética global requerirá coordinación nacional, visión de largo plazo y capacidad de inversión estratégica, elementos que un modelo público fuerte, encabezado por el ICE, puede garantizar de mejor manera que un sistema fragmentado y subordinado a intereses particulares.
Comprendemos perfectamente lo que está detrás del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) que nos es más que un nuevo intento de un pequeño, pero poderoso grupo empresarial que desde hace muchísimos años ha soñado con desmantelar el modelo eléctrico nacional, para apoderarse del mercado eléctrico, pues comprenden la energía como una mercancía más y ven una oportunidad para aumentar sus ya de por sí grandes riquezas.
Los diputados cómplices de estos empresarios voraces e inescrupulosos que apoyen el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional deberán asumir su responsabilidad por destruir un modelo eléctrico solidario que durante más de 77 años ha sabido traer desarrollo a nuestro país, brindando un servicio con estándares de calidad comparables sólo con los existentes en las potencias más importantes del orbe. El desastre que derive de la aprobación de este nefasto proyecto de Ley será su responsabilidad. ¡La historia los juzgará!
