Recursos, planificación, modernización… Métodos para combatir la criminalidad

Nosotros conocemos y entendemos la dinámica policial, comprendemos su entorno y a partir de esto, hacemos nuestro análisis de la criminalidad que tiene hoy “sumergido” a nuestro país en una incidencia delictiva que está cobrando vidas humanas con un promedio de dos decesos por día, se presume esto es producto de la actividad del narcotráfico y las “guerras” entre pandillas o grupos dedicados a esta actividad que disputan territorio, sin embargo, lamentablemente inclusive se vieron afectadas personas inocentes, que no tienen ninguna relación con grupos delictivos.

Por el incremento de la actividad delictiva, nos parece oportuno analizar desde todas las aristas posibles este “fenómeno”, por ejemplo; Nosotros hemos señalado, sobre las condiciones desventajosas en que trabajan nuestras y nuestros compañeros de la Fuerza Pública.

Es claro que el aumento en las actividades del crimen organizado, está implícito el incremento en los decomisos de drogas, esto por cuanto es evidente que nuestro territorio dejo de ser zona de “transito” para convertirse en zona de almacenaje, y con esto se asocia de manera directa la criminalidad actual.

La situación del momento, y la naturaleza policial deben ser observarse y ejecutarse con seriedad, nunca nos pareció razonable que nuestros policías fueran enviados a “vender copos” por citar un ejemplo, pero podríamos señalar otras situaciones que se dejaron de hacer o se hicieron mal, y hoy se está recogiendo la “cosecha”, por eso decíamos que la anterior administración, estaba trabajando a base de “mercadeo de imagen” y eso policialmente no es suficiente, ¿Por qué no se tenían identificados esos grupos delictivos? ¿Cómo se fueron formando? Vemos como en Limón ya no fue suficiente con anunciar la “toma” de la provincia, ¿nos volvimos previsibles?. Es tiempo de cambiar modelos…

Se deben evaluar los programas de prevención y contención, recordemos que la tarea principal de la Fuerza Pública, es prevenir la comisión de actos delictivos, y en esto debemos señalar, se necesita de estrategias operativas que no sean fácilmente identificables por la delincuencia, que igual monitorea las actividades policiales.

Es imperativo, permitir la contratación de nuevas plazas policiales, por cuanto conocemos en promedio mensualmente sesenta funcionarios dejan sus puestos por diferentes razones, claro es preciso mejorar los filtros y los procesos de selección que minimicen el riesgo de que un funcionario a escasos dos años de servicio, este inmenso en actos de corrupción.

Hoy la realidad nacional nos dicta es preciso planificar sobre cómo se mueve la criminalidad, y sobre cómo podemos dotar de adecuada capacitación a nuestros policías, para ejercer un verdadero combate a la actividad delictiva.

Esto conlleva la necesidad de modernizar y adecuar al momento histórico la malla curricular de la Escuela Nacional de Policía.

También es necesario “aterrizar” con la implementación del manual de clases policiales que se anunció desde finales del 2013, y buscar la fórmula para que este beneficie a la mayoría posible, esta expectativa, está generando desazón, incertidumbre, desánimo y desvía la atención de las y los funcionarios, que esperan obtener un salario mejor, acorde a los riesgos que se viven cotidianamente.

Por eso una vez más señalamos, no se debe recortar presupuesto en Seguridad Ciudadana, en eso estamos de acuerdo con el señor Ministro, y confiamos en que ejecute pronto los cambios que en materia de planificación y dirección el país requiere en materia de seguridad, que establezca mejores mecanismos de control interno y rendición de cuentas, para garantizar el buen uso de los recursos, apoyamos el presupuesto de seguridad ciudadana, porque están en juego la Seguridad y la Paz Social.

En estos tiempos, ninguna “diferencia” político-ideológica, debe estar sobre el interés general y el bien común.

Pago de horas extra a oficiales de la Fuerza Pública es un logro de la ANEP

Tras el anuncio realizado por el Ministerio de Seguridad Pública, sobre el Reglamento para el pago de horas extra a los funcionarios de la Fuerza Pública, publicado en la Gaceta N° 199 del 16 de octubre del año en curso, exponemos lo siguiente:

Este reglamento para el reconocimiento de horas extra, nace producto de un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el cual fue declarado con lugar mediante la resolución 13023-2012 de la Sala Constitucional, en dicha resolución la Sala Constitucional establece que la disponibilidad y el tiempo extraordinario son dos figuras jurídicas distintas. La disponibilidad es un rubro que obliga al funcionario a estar expectante en caso de ser requerido por el patrono en su tiempo libre o de descanso, en casos de emergencia, pero si este debe laborar, tendrá derecho de cobrar ese tiempo como extraordinario.

La Fuerza Pública, en la actualidad labora una jornada de doce horas, amparada la administración en que se manifestó por parte de la Procuraduría General de la Republica, sobre la posibilidad de que el policía labore hasta un máximo de doce horas, nunca se dijo que ese hasta doce horas, fuera de forma “ordinaria”, esta es la jornada máxima permitida en el Código de Trabajo en su artículo 140.

Nosotros en ANEP, hemos detectado que en la acción de personal como parte del contrato, la jornada por la que se estaría pagando a los policías de la Fuerza Pública, es de ocho horas diarias, (a pesar de trabajar doce) así lo hemos comprobado a la hora de identificar que el precio por hora del funcionario “raso” es de ¢1.167.91 que al multiplicar por 8 horas y luego por 30 días, en razón del salario mensual, el monto total es del salario base de un agente uno, “rasó”.

Sobre el reglamento en sí, encontramos abusos por parte de la administración, en algunos de sus artículos, donde pareciera se modifica tácitamente lo establecido en el código de trabajo, e inclusive nos parece se desobedece lo señalado en la resolución de la Sala Constitucional, que pasamos a citar:

“Por resolución 13023-2012 de las once horas y treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil doce, la Sala Constitucional señaló que la disponibilidad no resultaba incompatible con el pago de horas extraordinarias, por lo que el pago de horas extraordinarias resulta procedente, si durante la disponibilidad el funcionario ha realizado labores efectivas”.

No entendemos bajo qué criterios determinan que la jornada extraordinaria, sumada la ordinaria no podrá sobrepasar de las quince horas, cuando el código de trabajo claramente señala el tiempo máximo en doce horas, pero además establece un tiempo máximo, en una función policial que muchas veces por situaciones de emergencia, se ve obligada a superar ese tiempo, ¿qué sucede entonces?.

Sin embargo, celebramos que gracias a una de nuestras acciones en favor de las y los trabajadores de las policías se inicie con este reglamento, que procuraremos sea mejorado conforme a lo señalado por la sala constitucional en la sentencia N° 13023-2012 y la normativa que nos regula en esta materia.

Sobre el uso de equipo policial por parte del departamento de prensa del MSP

La situación que se planteó sobre el uso de la Jacket que le fue entregada a la periodista del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Joselyn Alfaro, no tiene nada que ver con una “persecución” contra la señorita Alfaro, tal y como lo afirmó el encargado de prensa del MSP, Calos Hidalgo Flores, en un medio de comunicación; mucho menos tiene relación con su paso por un medio televisivo, respetamos esa faceta de la señorita Alfaro.

Parte de nuestro trabajo sindical es velar por el buen uso de los recursos públicos y los bienes del Estado y que por eso hemos insistido una y otra vez sobre los manejos que se hacen de los mismos en la Fuerza Pública, así como el irrespeto a las normas jurídicas previamente establecidas. Situaciones que incluso han sido señaladas por la propia Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad Pública.

Respecto a la aclaración a la opinión pública, firmada por el señor Hidalgo Flores, indicamos:

Ya que cita usted el artículo 69 del Código de Trabajo, le aclaramos que estamos de acuerdo en que les suministren equipo a todas los y las compañeras que laboran en la oficina a su cargo, eso es un derecho y lo tenemos claro, lo que no se comparte es que sea de equipo policial.

Si bien el departamento de prensa, se presenta a cubrir algunas situaciones relevantes, lo hacen después de atendido y controlado el evento, no es cierto que deban o puedan estar en operativos con la Fuerza Pública, entonces toda la prensa podría estar sin restricción. (No olvide que tengo experiencia policial).

Como usted menciona el Código de Trabajo, procedo a citar lo que al efecto establece el Código Penal, Titulo XIII artículo 317 bis: 1) Sera sancionado con pena de prisión de seis meses a un año, quien sin ser autoridad policial, utilice uniformes, prendas o insignias de cualquiera de los cuerpos de policía del país, del cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja o del Ministerio Público.

Además de lo anterior, es importante aclarar, que nuestra intervención se motiva en múltiples quejas, por parte de compañeras y compañeros policías, afiliados a nuestra organización.; que carecen de este y de otros equipos. Por ejemplo, muchos deben laborar seis días con un solo uniforme, y que lastima que no se aplique correctamente en esos casos el artículo 69 inciso d) del Código de Trabajo, que cita su persona.

Periodista del Ministerio de Seguridad dice le regalaron chaqueta de la policía

16 de octubre de 2014
Joselyn Alfaro
Periodista
Ministerio de Seguridad Pública
Estimada señorita

El pasado 16 de julio de 2014 publicó usted en su cuenta de Twitter @JoselynAlfaro la fotografía que se adjunta a esta carta pública, donde sale usted con una Jacket oficial de la policía, celebrando un mes de sus funciones en la Fuerza Pública y donde usted afirma que dicha chaqueta es un regalo que le hicieron a su persona.

Sabrá usted que todo el avituallamiento de la Fuerza Pública es de uso estrictamente oficial, que tanto uniformes, chalecos, armas, escudos, insignias y Jacket, como la que usted usa en la citada fotografía, no los pueden usar civiles, ni tampoco el personal administrativo del Ministerio de Seguridad.

El Decreto Ejecutivo Nº 37188-SP, Reglamento de Uso de Uniformes y Distintivos de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, Articulo 39 habla de la jacket del Personal de la Fuerza Pública, sumado a que en la orden de compra directa Nº 2012CD-000152-090003 se menciona compra de Jackets policiales, compra que se deriva del presupuesto 090-03 de Seguridad Ciudadana. Entiéndase para uso policial, lo cual no es su caso.

Nos preocupa muchísimo que alguna autoridad institucional se de la libertad de regalar material y equipo que le pertenece al Estado, sobretodo en momentos donde hay tantos problemas presupuestarios.

Sabrá usted que desde ANEP venimos emitiendo una serie de denuncias respecto al manejo de las inversiones que realiza el Ministerio de Seguridad, y una de ellas tiene que ver específicamente con las prendas como la que usted utiliza en la fotografía. Hemos preguntado a las autoridades ministeriales sobre el estado de las mismas, y sobre el paradero de unas 4000 chaquetas, que deberían estar a resguardo pero que, parece, no están en bodegas (El saldo es cero).

Por todo esto entenderá usted señorita Alfaro que necesitamos preguntarle si en realidad recibió usted esa Jackets como un regalo personal, y si de ser así ¿quién fue la autoridad que le dio dicho regalo? Si más bien dicha chaqueta se le dio a usted como parte del equipo necesario para realizar su labor periodística en el Ministerio de Seguridad, le agradeceríamos, en pos de la transparencia, nos facilite el formulario con fecha del 16 de julio, o anterior, donde se le hace entrega a usted de ese equipo, con las firmas respectivas que lo validen.

De antemano le agradecemos su disposición a aclarar este asunto.

MSP “se burla” de policías

Un grupo significativo de estos hombres y mujeres, buscaron al Periódico de Más Venta en Costa Rica para denunciar públicamente como los “vacilan”, los hacen gastar dinero, abandonar sus estudios de secundaria y universitarios, porque les dieron la palabra que su entrenamiento comenzaría el 1º de agosto, luego lo trasladaron al 16, y por último al 30, un mes después las palabras se las lleva el viento.

Conversamos con algunos de estos muchachos que prefirieron proteger su imagen por temor a represalias, por lo que solo usaremos seudónimos para identificarlos.

Por ejemplo Mario indicó sentirse “afectado y burlado por parte del MSP”, pues ganó las pruebas psicológicas, médicas y físicas, luego lo llamaron a una inducción que nunca se dio, dejó la universidad donde cursaba banca y finanzas, renunció a su trabajo, ahora vive de trabajos ocasionales; tiene dos hijos y para solventar las necesidades ha tenido que pedir prestado.

María es otra que desde el 2012 empezó con el proceso de reclutamiento, el 27 de julio del presente año la llamaron a inducción, el 2 de agosto, tuvo que comprar camisetas y pantalones, sobrecamas y tenis que le pide el MSP para entrenarse en El Murciélago, en lo cual gastó ¢100 mil. Ella es madre soltera con dos hijos menores y cuida a una adulta mayor para vivir; su desesperación se la agradece a la institución que la metió en este dilema.

David fue llamado en tres ocasiones al proceso de inducción 1, 16 y 30 de agosto del 2014, renunció al trabajo, tiene una hija recién nacida, hace trabajos de jardín después que tenía un trabajo estable como operador industrial, ahora pide dinero prestado llevar el plato a la mesa y decidió unirse al MSP porque lo consideraba una institución seria, hoy da fe de lo contrario.

INCERTIDUMBRE

Estos jóvenes reclaman que además de lo que hicieron, viven en incetidumbre pues ni siquiera saben si quedarán entre los elegidos, pues las pruebas que presentaron vencen cada seis meses y al aparecer en el sistema con una prueba que falte, automáticamente los sacan y llaman a otro para ocupar su lugar, a muchos ya las pruebas vencieron; para hacerlas nuevamente tardan mes y medio.

MSP LE TIRA PELOTA A HACIENDA

Consultada al respecto la viceministra administrativa, Bernardita Marín, explicó que son “los más interesados para que se abra el básico, porque la administracion invirtió en las pruebas un estudio de vida y costumbres, incluso en marzo de este 2014 se programó para que iniciaran la inducción el 16 de agosto, con lo que no contaban era con la directriz de presidencia de no habilitar plazas vacantes en las entidades gubernamentales”.

Marín señaló que desde el 17 de julio le pidieron a la Autoridad Presupuestaria autorizar 215 plazas, pero a estas alturas tampoco en Hacienda les han respondido. Saben que hay poco más de mil plazas vacantes en el MSP y con lo conversado en la Secretaría Técnica, podrían usar hasta el 15% es decir unas 150 personas que son para todo el Ministerio, no solo a la Fuerza Pública.

Lo que sí dejó claro la viceministra es que respeterán las pruebas y si no harán un análisis particular de cada caso de los afectados.

Por otra parte Minor Anchía, de la seccional de la Fuerza Pública en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), acotó que no puede ser que desde antes de entrar a labores se lastime a los futuros policías desde el punto de vista social, psicológica y emocional. El gobierno dijo que iban a bajar la tasa de desempleo, pero ¿conocerán que en Seguridad Pública hacen más grande la brecha de desempleados?

“Es una burla, ofensa y engaño, resulta sumamente lamentable que iniciando esta administración con tanta expectativa, en MSP propicie estos procesos que lastiman a ciudadanos que probablemente creyeron en el cambio”, sentenció.

No se debe recortar presupuesto en seguridad ciudadana

Se anunció en estos días, un importante recorte al presupuesto del año 2015, aunado al que de “oficio” ordeno el Ministerio de Hacienda, sabemos que don Ottón Solís Fallas, Diputado del Partido Acción Ciudadana, “Impulsará recortes por ¢300.000 millones en ‘gastos superfluos` del 2015”. Urge preguntarse si esto afecta el presupuesto para la seguridad del país, de ser así, es importante mirar si surge de un análisis técnico y profundo de las situaciones que hoy nos muestran un promedio de dos homicidios por día mediante el uso de la violencia. (Armas de fuego o arma blanca).

El crimen organizado y la “guerra” entre pandillas reflejan hoy ochenta y un muertes violentas en el último mes y medio, para un promedio de dos decesos por día, paralelo las estadísticas nos muestran un incremento en los robos a viviendas, sumado a los robos y asaltos que se incrementaron en todas las provincias, lo cual nos dice que no es un buen momento para “bajar” los brazos y “debilitar” el presupuesto de seguridad.

La criminalidad actual amerita en muchos casos que nuestros policías deban trabajar jornadas superiores a las doce horas diarias, lo cual constituye necesariamente el pago de tiempo extraordinario; por ejemplo, las flagrancias obligan en muchos casos a que los oficiales que actúan en una detención, deban permanecer en servicio hasta finalizar las diligencias judiciales.

También es necesario analizar lo siguiente: En promedio al mes sesenta policías de la Fuerza Pública salen del servicio activo por diferentes factores y razones como: jubilación, renuncia y despido; esto nos arroja un promedio de setecientos veinte funcionarios por mes. Estos efectivos deberían ser recuperados de inmediato, por cuanto representa un debilitamiento inminente en la proporción de policía, y la población promedio a la cual se le debe brindar seguridad ciudadana. Además, del debilitamiento expreso, esto significara una mayor explotación laboral para los policías que deberán seguir cubriendo los mismos sectores, aunado al aumento de los desarrollos urbanísticos.

Mecanismos de Control Interno, y una Efectiva Rendición de Cuentas

No obstante, que consideramos importante el tema presupuestario en Seguridad Pública, debemos ser enérgicos al señalar que es imperativo que se resuelva de inmediato la necesidad de establecer mejores mecanismos de control interno y rendición de cuentas, sobre el uso de los presupuestos, así como un cambio inmediato de los funcionarios que hasta hoy demostraron “debilidades” y deficiencias administrando el presupuesto de seguridad ciudadana.

Es preciso, ubicar personas con mayor capacidad de administrar, con absoluto apego al deber de probidad que la ley les demanda, algo que parece y según logramos observar de los informes de auditoría interna del Ministerio de Seguridad no se cumple del todo, inclusive el informe AGSP/SA-01-578-2014 señala, “sobre la ejecución de la sub-partida 5.01.02 Equipo de Transporte en el sub programa 090-03 para el año 2013, el sub programa presupuestario 090-03 contó con un presupuesto superior a los 15.500 millones de colones (¢15.647.969.198,00), para invertir en compra de equipo de transporte”.

Este mismo informe señala que “existió debilidad en la planificación de las compras” y más adelante agrega, “Esta Auditoria considera que al adquirir un volumen de vehículos como el del año 2013, sin que conste un proceso de planificación previo, el sub-programa 090-03, evidencia el riesgo de no poder asegurar que las cantidades y características de los activos adquiridos son los que efectivamente se requerían para la Fuerza Pública, para el cumplimiento de sus funciones substantivas”.

En otro informe de auditoría interna AGSP/SA-01-1214-2014 se señala, en uno de sus párrafos, “Finalmente considera esta auditoría que los funcionario responsables del manejo de los recursos en el sub-programa 090-03 Seguridad Ciudadana, obviando su deber de probidad que el ordenamiento les demanda, no implementaron los controles necesarios para la distribución y control de entrega de las jackets policiales”. El informe AGSP/EE-41-316-2014 nos muestra que se invirtieron más de 1.600 millones de colones (¢1.647.171.954.55), en la compra de 17.429 jackets, y debemos preguntar, ¿Por qué esa cantidad, si no se superan los 14.000 policías? ¿Dónde y a quiénes se repartieron las restantes 3.429 jackets?. Sí según copia de un documento en nuestro poder, el saldo de inventario es cero.

Estamos en una encrucijada, es por ello que de manera equilibrada decimos, es necesario mantener el presupuesto de Seguridad Ciudadana, pero bajo una nueva administración, dirección y en estricto control del gasto.

Policías brindan su versión de los hechos

En ANEP creemos en el debido proceso, sobretodo en la función pública, donde todo procedimiento administrativo debe llevarse a cabo en respeto total a las leyes establecidas en nuestra patria, sin linchar públicamente a quienes laboran en nuestro aparato estatal, sin señalar culpables sin un proceso legítimo.

Celso Gamboa, Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, en conferencia de prensa, expuso como mentirosos y culpables de simulación de delito a cuatro policías que se vieron involucrados en hechos todavía por esclarecer, ocurridos el día 11 de julio aproximadamente a la 1 de la madrugada frente a los condominios Villa Di Marco, en Barrio Dent, donde habita el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

En dichos eventos se dio un disparo de arma de fuego que le produjo herida en una pantorrilla a uno de los oficiales. Los policías dieron su versión de los hechos, al indicar que el disparo se realizó desde una motocicleta en movimiento en vía pública. El Ministro Gamboa sostiene que la versión es mentira y se les acusa, a los cuatro policías, de simulación de delito.

El Ministro ya los declaró culpables en los medios de comunicación y en ANEP creemos que como el Ministro llevó a ese estrado lo ocurrido, a las cámaras de televisión y micrófonos y páginas periodísticas, pues los policías también tienen derecho de decir lo ocurrido en el mismo espacio.

Interponen denuncia por nombramientos irregulares en Fuerza Pública

El representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), seccional Fuerza Pública, Mainor Anchía, acudió a la Procuraduría de la Ética y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a interponer sendas denuncias por las inconsistencias en nombramientos de jefaturas, direcciones regionales y subdirecciones regionales de la Fuerza Pública.

“Según nuestros análisis jurídicos, se ha violentado lo que establece la ley en otorgamiento de algunos de estos nombramiento, entonces, procedimos como Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, nos invitó en declaraciones dadas a LA PRENSALIBRE, a denunciar estas irregularidades”, dijo Anchía.

Según ellos, desde el 2009, se viene presentando esta situación y a la fecha se sigue dando, por lo cual ya es momento de que las autoridades judiciales investiguen para lograr determinar lo que está ocurriendo a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública.

“Estamos solicitando que se investigue y se determine si se encuentran suficientes elementos para considerarse que los nombramientos que estamos cuestionando sean fraudulentos o ilegales y, basados en eso, se establezcan las sanciones que la ley establece por la omisión de los deberes establecidos”, explicó Anchía.

Estas denuncias se interponen contra el Ministerio de Seguridad Pública y contra Juan José Andrade, quienes son los responsables de los nombramiento que se hagan en la Fuerza Pública, así como la Dirección de Recursos Humanos que lo han permitido.

“En caso de que se nos dé la razón, esperamos que se den las sanciones contra todos los responsables que hayan participado en todo esto. Consecuentemente, se deben separar de los cargos a quienes los ocupan sin cumplir los requisitos y así comenzar con un nuevo proceso para nombrar a quienes sí sean aptos”, concluyó Anchía.

De esta manera, será la Fiscalía quien determine si existe suficiente prueba para poder comprobar que hay algo anómalo y, con ello, elevar la denuncia a juicio y buscar a los responsables.

Sala IV ordena dar datos sobre formación policial de altos jerarcas de la Fuerza Pública

La Sala Constitucional falló a favor de la ANEP, representada por nuestro Directivo Nacional Mainor Anchía Angulo, en un caso de secretismo de información que por ley es pública. El caso data desde noviembre de 2013, cuando por primera vez nuestro sindicato pidió a la Fuerza Pública información acerca de los estudios policiales aprobados por los Directores y Sub Directores de las 13 regiones del país, además del de la policía turística. Después se pidió ampliar la información al Director Nacional y sus Sub Directores.

Durante más de 6 meses, tanto el Director de la Escuela Nacional, señor Eric Lacayo Rojas, así como la Dirección de Recursos Humanos, evadió dar dicha información, amparándose en la ley Nº8968, artículo 3 sobre los datos personales de acceso restringido. La Sala estimó que la información es de interés público y no puede valorarse como confidencial ya que no afecta la intimidad o la esfera privada de los funcionarios.

ANEP tiene en sus manos diversas denuncias, todas de carácter anónimo, sobre varios casos de nombramientos de altas jerarquías en la Fuerza Pública, que no cumplen con los requisitos mínimos de formación policial para ocupar dichos cargos, señalados en la Ley General de Policía, y es necesario poder acceder a la información requerida para sustentar, desde nuestra posición responsable, dichas denuncias.

La Sala ordenó, en el por tanto de la Sentencia, que la Escuela Nacional de Policía tiene 5 días a partir de la notificación de la resolución, que se dio el día jueves 3 de julio, para brindar la información pedida por nuestro Sindicato.