La Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Michael Soto, en busca de que el ministerio brinde los insumos básicos a los policías para protegerse del virus covid-19.
El recurso de amparo fue presentado por infringir los artículos 21, 60 y 66 de la Constitución Política, los cuales buscan resguardar el derecho a la salud de las personas trabajadoras de la Fuerza Pública y demás cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad Pública.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública expresó que pese a que se ha informado a las autoridades la necesidad de dotar equipo de higiene y limpieza para resguardar la salud de los funcionarios, siempre se le informa que están en proceso de adquisición, lo cual podría ser resultado del aumento de casos positivos en las delegaciones de la Fuerza Pública.
Anchía agregó que los cuerpos policiales forman parte de la primera línea de respuesta en la atención de la emergencia sanitaria nacional, ya que se encargan del resguardo de los puestos fronterizos, escolta de contenedores de ruta internacional, atención de incidencias por aglomeraciones, controlar actividades prohibidas por el Ministerio de Salud , así como mantener la función primaria de seguridad ciudadana.
El recurso de amparo fue admitido por la Sala Constitucional para estudio y se le otorgó al MSP tres días hábiles para responder.
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público llamarían a comparecer a la Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, tras la denuncia de la Seccional ANEP-AyA en la que se demostró que la jerarca habría solicitado en una reunión con otra organización sindical no dar declaraciones a Diario Extra debido a los cuestionamientos que realiza, este medio de comunicación, en contra de acciones de la institución.
El diputado de Nueva República, Jonathan Prensas, indicó que presentará una moción, para llamar a comparecer a Astorga por también ordenar no dar más pauta a Diario Extra, ni a CRHoy.com.
La moción incluye que se llame también a Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del SITRAA. Así como también a Silvia Ulloa, directora de CRHoy.com, e Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra.
Con la moción se pretende investigar sobre la toma de decisiones e inversión discriminatoria y selectiva de los recursos públicos por parte del AyA y con ello garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales.
La intención de la jerarca del AyA quedó plasmada en la minuta GG-2020-02784 del 29 de junio del año en curso, en una reunión en la que participaron la Presidencia Ejecutiva, la Dirección de Comunicación, Salud Ocupacional, Gerencia General y personal afiliado al Sindicato de Trabajadores de AyA (Sitraa).
Promotores de ingreso a la OCDE siempre lo ocultaron.
Una hora de evasión fiscal recuperada significa más de dos veces lo que pretenden recaudar con el impuesto a los aguinaldos.
De la manera más enfática y fuertemente vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su más fuerte rechazo a la descabellada idea que, presuntamente, estaría proponiendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mentado “club de los países ricos” que ahora admite en su seno a “convidados pobres” como Costa Rica.
Decimos “presuntamente” porque no podemos descartar que sean elementos político-“empresauriales” nacionales los que hayan ido al seno de la OCDE con esa nefasta idea, considerando que si ellos mismos lo hicieran el costo político les resultaría catastrófico, dado ya están pagando muy alto la factura por la cadena de medidas anti-obreras que vienen tomando en el marco de la pandemia y antes de la misma.
Es más, la “tímida” y pública inicial reacción gubernamental ante la propuesta de la OCDE, incrementa nuestra sospecha de que a ésta le “vendieron” la idea de que sea ella la que realice el trabajo sucio de formularla.
Específicamente, la jerarca ministerial de Mideplan, Pilar Garrido Gonzalo y su homólogo de Hacienda, Elián Villegas Valverde dijeron que el Gobierno “analizaría” la propuesta, cuando lo que correspondía era haber formulado un fuerte rechazo gubernativo, de primera entrada, a tan descabellada idea.
Pronosticamos que, si semejante idea empieza a tomar cuerpo y, peor aún, es puesta a trámite parlamentario, la ira socio-laboral sería incontenible, indetenible, pues el aguinaldo no solamente es considerado como una sagrada conquista obrera, por lo tanto, intocable (y hasta ahora intocada); sino que, los comerciantes, de manera especial, saben lo vital que para sus negocios resultan los miles de millones de colones puestos a circular en la economía en el mes de diciembre.
Nos atrevemos a decir que la reacción de repudio y rechazo sería espontánea y no costaría mayor esfuerzo una convocatoria a las calles.
Los ¢117 mil millones que generaría ponerle un impuesto al aguinaldo, significan menos de la mitad de lo que se evade en impuestos en una sólo hora, pues con base en la estimación (muy bajita, por cierto), del anterior exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, de que anualmente en Costa Rica el fraude fiscal-tributario es del orden de los $3 mil 800 millones, a la hora de hacer la conversión a colones, el robo de impuestos alcanza, ¡por hora!, casi ¢253 mil millones.
O sea, una hora de evasión fiscal recuperada, equivaldría a poco más de dos veces lo que quieren arrancarle por impuesto de renta a los aguinaldos.
Dejamos alertada a las conciencias obreras de los sectores privado y público para que se alisten a movilizarse, con las previsiones sanitarias de rigor, si resulta necesario la defensa del aguinaldo. Primero es el impuesto… luego se atreverían hasta plantear su eliminación.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Movilizaciones obrero-sociales apoyaron su creación
Movilizaciones obrero-sociales deben defenderla
Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18 % de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45 % de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.
Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero privado ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.
Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que ANEP condena enérgicamente.
La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos que parecen haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.
Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia pues los enemigos de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.
Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector público.
Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla.
Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.
San José, lunes 13 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
• Unos 70 trabajadores de empresa privada que brindan el servicio operativo-logístico para el Incofer, se quedarían sin empleo en setiembre.
• ANEP solicitó una reunión con representantes del ministerio de la Presidencia, Incofer y de la empresa Transfeco, encargada de dar mantenimiento y servicio a los trenes.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ve con suma preocupación y alarma el cartel licitatorio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) denominado “Servicios de logística para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana” el cual vendría a generar una mayor afectación económica y desempleo en tiempos de crisis.
Para ANEP el cartel licitatorio del cual se están recibiendo ofertas de forma electrónica en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), amerita una valoración integral por cuanto existen temas obreros-laborales involucrados. Además, es necesario el abordaje de la vigencia de la misma actividad micro-empresarial hasta ahora participante en la prestación de los actuales servicios de logística, en vista de que nuestra organización posee representación sindical en la misma y se podría generar un conflicto social innecesario en el marco de la pandemia del Covid-19 y el riesgo inminente de más desempleo.
“Este cartel licitatorio va a perjudicar a los trabajadores de la parte operativa- logística que actualmente operan para el Incofer, ya que la licitación menciona que se requieren cobradores, pero con grado académico superior, es decir, que cuenten con bachiller o estudios universitarios. Alrededor de un 60% a 70% de los trabajadores que hacen esas funciones actualmente para el Incofer no tienen ese rango y no tienen los recursos ni las condiciones para estudiar debido a que la mayoría son cabeza de hogar. Al solicitar esos requisitos y no tenerlos, obviamente creemos que se van a generar los despidos”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
De acuerdo con Vargas, el cartel licitatorio afectará a los trabajadores que realizan el cobro tanto en el tren como en los puestos de estación y prácticamente conllevaría la renovación completa del personal, lo cual se traduce en que unos 70 trabajadores aproximadamente se quedarían sin empleo.
“Hay mucha preocupación en los trabajadores de perder sus empleos dada la situación actual que enfrenta el país. En el caso de un cobrador del tren se les está solicitando formación académica de Tercer Año aprobado y preferiblemente Bachillerato en Educación Secundaria, prácticamente aquel que tiene bachillerato es el que va a tener más opción para obtener el puesto de cobrador. A la vez solicitan capacitaciones o certificaciones de servicio al cliente, Ley 7600, comunicación y atención de emergencias. Este cartel es discriminatorio, se podría considerar desigual en cuanto a los atestados que se les están pidiendo ahora”, agregó Vargas
Además, existen cuestiones referentes a las funciones que se les exigen y que no son propias de ese puesto que se está solicitando, este es un tema importante de definir porque los perfiles son la parte más sensible de una contratación.
El Secretario General de ANEP y su seccional en Transfeco consideran la necesidad de establecer una reunión urgente con los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, ministro y Silvia Lara Podevano, viceministra; así como con Presidenta Ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño y la empresa Transfeco & Cía., en representación de Jorge Castro Murillo.
Algunas consideraciones de ANEP que contiene el cartel que son de cuidado tiene que ver con el establecimiento de los perfiles, las funciones asignadas y el puesto; la validación en la elaboración de los perfiles a la población vulnerable y la realidad laboral de los colaboradores; el cartel no posee ninguna referencia de participación de género ni de población discapacitada de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades; asimismo, los criterios de evaluación deben de ser revisados ya que genera duda al brindar el puntaje de 100 % al precio menor es excesivo. Aparte de las observaciones de legalidad y oportunidad del cartel, debe atenderse a los plazos previstos en la ley de contratación y su reglamento y el tipo de licitación con respecto a la una eventual objeción al cartel en atención al interés legítimo que ostentaría la persona trabajadora afectada.
La ANEP mediante una recopilación de datos retrata la realidad que enfrentan los policías de tránsito en todo el territorio nacional
Parte de los problemas refieren a que la mayoría de delegaciones de tránsito cuentan con orden sanitaria del Ministerio de Salud y al faltante de personal pese a la gran cantidad de funciones que desempeñan.
Malas condiciones físico sanitarias, desechos de muebles, llantas con agua estancada, vehículos dañados, tuberías sin tapar, aposentos sin servicios sanitarios ni lavamanos, estas son algunas de las razones por las que 32 de las 37 delegaciones de la Policía de Tránsito del país tienen orden sanitaria del Ministerio de Salud.
Así lo demuestran los datos obtenidos mediante consulta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) al Ministerio de Salud, los cuales fueron suministrados con fecha la 5 de junio del 2019.
Para ejemplificar la realidad mencionaremos a aquellas que poseen el aviso de las autoridades de Salud para realizar las mejoras; a la Delegación General de la Policía de Tránsito en Zapote se le giró una orden sanitaria por problemas físico sanitarios y de seguridad; la Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito ubicada en San Rafael arriba de Desamparados presentaba deficiencias físico-sanitarias y de seguridad, dos vehículos en abandono, llantas con agua estancada, desechos de muebles y otros materiales a la intemperie, mientras que la oficina de la Policía de Tránsito en Desamparados recibió orden del Ministerio de Salud por que no posee sistema mecánico, es decir, ni baño ni fregadero, además tiene el piso dañado y no cumple con la Ley 7600.
Por su parte, en los depósitos de vehículos del Cosevi en Desamparados se encontraron puntos con residuos sólidos diversos y tubería sin tapar y canoas sin plan de limpieza.
Las Unidades Policiales de Alajuela, Heredia y Grecia obtuvieron la orden sanitaria por condiciones físicos sanitarias y está última también por razones de seguridad.
Uno de los peores escenarios, se vive en el depósito de vehículos de la Dirección General de la Policía de Tránsito ubicado en Santo Domingo de Heredia donde fueron detectadas falencias como depósitos de carros a cielo abierto, crecimiento de maleza, presencia de zancos e improvisación de casetillas de los guardas en condiciones de peligro e insalubres.
En la zona atlántica, las principales inconformidades en la Unidad Policial de Guápiles encontradas son las condiciones físico-sanitarias, las autoridades deben de buscar la evacuación de las motos decomisadas y patrullas en mal estado del predio de la delegación. Mientras que la Unidad Policial de Siquirres posee dos órdenes sanitarias por condiciones físico-sanitarias y seguridad. En el área de Guanacaste, la Unidad Policial de Liberia recibió orden sanitaria por acumulación de vehículos en el entorno de las estructuras físicas, es decir, de oficina de licencias, policía de tránsito, oficinas de ingeniería y transporte público. La delegación de Tránsito de Nicoya y la de Cañas poseen orden sanitaria por condiciones físico-sanitarias y de seguridad. Al igual que el plantel del MOPT de Cañas y el plantel del COSEVI en Cañas.
En la Unidad Policial en San Nicolás en Cartago, se encontraron 36 motocicletas a la intemperie sin acumulación de agua ni plagas. Además, según el reporte del Ministerio de Salud cada semana salen 20 motocicletas para los depósitos de Pavas, Coco o de Cartago.
La delegación de Tránsito de Palmar Norte en Osa, no cumple con la Ley 7600 (servicio sanitario y accesos) y no existe mantenimiento del edificio. La Unidad Policial de Río Claro en Guaycará de Golfito, tiene problemas de infraestructura, condiciones inseguras e insalubres. Asimismo, la delegación en Jacó tiene deficiencias por sus condiciones físico-sanitarias.
A este problema de las delegaciones en mal estado se suma la falta de oficiales de tránsito y muchas otras carencias en la Dirección General de la Policía de Tránsito.
ANEP consultó sobre las plazas que se requieren para atender las competencias que le confiere la Ley General de Policía, sin embargo, ante dicha solicitud informaron que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) no cuenta con ningún tipo de estudio sobre el tema, lo que impide contar con un dato a nivel ministerial.
Lo único que se posee es un estudio realizado por la Unidad de Planificación denominado “Personal policial requerido en las delegaciones de tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito”, el mismo fue realizado en el año 2010 y actualizado en los años 2012 y 2018.
En dicho estudio para determinar el personal requerido en la Policía de Tránsito se utilizaron cinco variables las cuales son las regulaciones, operativos de control, atención de accidentes, controles rutinarios y la atención de eventos especiales.
Se registraron las cantidades totales de puntos de regulación efectivos que deben atender cada una de las Delegaciones y Corredores de Tránsito, a esto se suma, la cantidad de oficiales de tránsito que se necesitan para atender dichos puntos de regulación, independientemente de si se cuenta o no con dicho personal. También se incluyeron la cantidad total de operativos de control ejecutados para cada Delegación o Corredor de los Planes Operativos Institucionales del año 2017, financiados tanto por e MOPT como por el Cosevi y se incluye el índice de accidentalidad del año 2017.
De acuerdo con el documento el personal faltante es de 2040 policías de tránsito, para obtener este calculo se aplicó una fórmula total es decir, se cuantificaron todas y cada una de las cinco actividades que desarrolla la Policía de Tránsito, las cuales fueron mencionadas anteriormente.
“Permitió obtener un valor final muy cercano a la realidad operativa de este Cuerpo Policial. De los datos obtenidos se infiere, que la planilla operativa actual, representa el 21% (540) de lo que se necesita en la realidad (2580), o sea que se tiene un faltante del 79% (2040)”, indica el informe.
Es importante destacar en la necesidad del personal administrativo de apoyo que se tiene ya que prácticamente en todas las delegaciones y regionales de tránsito, cuando hay una ausencia de este personal; prácticamente se “obliga” al policía de tránsito a asumir las funciones administrativas, reduciendo aún más la participación y utilidad en las carreteras.
Para nuestra organización sindical, existen muchas preguntas del por qué no se ha reforzado a esta dependencia y parte de las interrogantes tienen que ver con los recursos. ¿cuál es el ingreso por infracciones a la Ley de Tránsito que registra mensualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)?
Esta información fue suministrada mediante oficio DF-2019-214, suscrito por la Dirección Financiera del Consejo de Seguridad Vial, el cual aclara que las multas provenientes por infracciones a la Ley de Tránsito forman parte del Fondo de Seguridad Vial dispuesto para el cumplimiento de las funciones del Consejo de Seguridad Vial, de acuerdo con la Ley de Administración Vial Número 6324.
Los ingresos mensuales son variables, ya que dependen del comportamiento y necesidades de los usuarios para cancelar las infracciones de que son objeto.
El concepto de los ingresos por las multas de tránsito e intereses moratorios registrado en el año 2018 corresponde a ¢12.176.815.407,42, es decir más ¢12.176 millones. Los meses en los con mayores ingresos son enero, noviembre y diciembre (Ver recuadro).
Mientras que en el año 2019 al mes de abril se registraron ¢4.860.629.323,55 millones, es decir más de ¢4.860 millones. (Ver recuadro).
En 16 meses, los ingresos por multas de tránsito e intereses moratorios fueron de más de 17.000 millones (¢17.019.444.730,88).
La seguridad en carreteras en deficiente, dado el poco personal y el faltante de al menos 2.000 policías, por ello, consideramos que los ingresos económicos deberían permitirle al MOPT, ser autosuficiente para solventar el faltante de recurso en la Policía de tránsito. Por otro lado, las condiciones infrahumanas que deben soportar los oficiales de la policía de tránsito, dan cuenta de una deficiente gestión por parte de quienes han ocupado en varias administraciones los cargos jerárquicos dentro de dicho Cuerpo Policial; así como la falta de voluntad política, de quienes lejos de tomar decisiones encaminadas a fortalecer la labor policial, la debilitaron al asignarle a la Fuerza Pública el recargo de la policía de tránsito.
El tiempo nos permite una vez más decir, teníamos razón, cuando dijimos muchas veces que la falta de personal y las deficientes condiciones en la policía de tránsito, obedecían a un problema de gestión institucional, acompañada de falta de voluntad política. Lamentablemente, nuestros legisladores, que la mayoría de las veces se dejan llevar por el calor del momento, sumado al poco conocimiento que tienen de la función policial; se dejaron seducir por la propuesta de Fabricio Alvarado, recargando las competencias de la Policía de transito en la Fuerza Pública, con lo cual, se vera en el corto plazo se estará afectando la prevención y la represión de delitos y, por ende, la seguridad humana.
En conclusión: Tenemos una policía de tránsito raquítica, por el faltante de personal que es más que evidente, al mismo tiempo, los funcionarios que se mantienen activos enfrentan un tremendo desgaste físico, en función de los roles que mantienen.
Indignación, condena y preocupación por lo que pasa en AyA
Deben sentarse todas las responsabilidades sin miramiento alguno
Al parecer los enemigos están dentro de la institución y los privatizadores, felices, están al asecho
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.
ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.
Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.
ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.
Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.
ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA
-ANEP rechaza, categóricamente, proyectos de eliminación de anualidades, impuesto de renta al salario escolar y eliminación del escuálido reajuste salarial
–Proyecto de empleo público fiscalista dogmático está destinado al fracaso
Los proyectos de ley en trámite, irresponsablemente acelerado, para eliminar el pago de anualidades para los años 2021 y 2022; así como el que pretende ponerle impuesto sobre la renta al salario escolar, generan la más fuerte condena y rechazo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
De la misma manera, es abrumador nuestro rechazo obrero-laboral a la pretendida anulación del escuálido reajuste salarial anual impuesto al sector Público para todo el presente año 2020.
Datos oficiales emanados del Ministerio de Hacienda nos indican que, apenas un 25 % del total de gastos del mal denominado Presupuesto General de la República para el presente año 2020, corresponde a la partida de remuneraciones: solamente un total de 2 billones 657 mil 708 millones 96 mil 547 colones (2.657.708.096.547), dentro de una suma global de 10 billones 509 mil 606 millones 847 mil colones (10.509.606.847.000).
Por tanto, es una soberana infamia y una gran canallada seguir insistiendo en este tipo de legislaciones anti-obreras contra los derechos salariales de las personas trabajadoras del sector público; hoy por hoy, como se está demostrando, bastiones fundamentales e imprescindibles en el primer frente de combate a la pandemia del coronavirus covid-19.
En el caso de las anualidades, la ANEP entregó ya a cada una de las 57 personas diputadas un extenso documento, preparado con gran solidez jurídico-legal, manifestando nuestra oposición a tal iniciativa, fundamentando incluso su eventual inconstitucionalidad.
Lo mismo estamos ya elaborando con relación a la indebida carga de renta sobre el salario escolar. A su vez, para la defensa del escuálido reajuste salarial por costo de vida impuesto para este año 2020, las argumentaciones jurídicas sobran y estamos en puertas de apersonarnos a las instancias correspondientes.
“En cuanto al proyecto de empleo público, incluso en su nueva versión, la colección de inconstitucionalidades es impresionante; además de que impulsarlo bajo los sesgos fiscalistas que le contaminan producto de la intensa campaña de odio, de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público, solamente auguran un clima de tensión política y de conflicto social como atmósfera fundamental de su tramitación parlamentaria. Prácticamente tenemos listo nuestro documento argumental de carácter integral listo para entregarlo al parlamento”, indico Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
La opción de la movilización social, activa y unitaria, adaptada a los tiempos del covid-19, es ahora más legítima que nunca. ANEP jamás renunciará a dar su aporte para una convocatoria compartida, transparentemente coordinada y dirigida.
ANEP hace un llamado a todas sus bases laborales del sector público y, en lo específico, a cada una de las personas dirigentes de las correspondientes seccionales, impulsar ya los dispositivos de lucha pertinentes.
– Gobierno debe abrirse a la ciudadaníany dejar del secretismo en esas “negociaciones”.
-Ni venta de activos, ni más impuestos a los que menos tienen, ni más recortes al gasto social, ni despidos.
Tenemos que ser contundentes y dejar muy bien definida la posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al inminente acuerdo-préstamo conocido en la jerga de los mercados financieros internacionales como “stand-by”, que pretende firmar el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas políticas nada bueno traen para los pueblos que son obligados a asumirlas.
La pandemia del coronavirus covid-19 vino a aportar más dolor y más estrés social a la gran mayoría del pueblo costarricense, el cual ya sufría de alto desempleo e informalidad, alta carestía de la vida, alta evasión-elusión fiscales, alta concentración de la riqueza y alta exclusión socioeconómica, incluida alta depreciación del poder adquisitivo de los salarios.
Es inamisible y lo rechazamos tajantemente que el acuerdo “stand-by”, por un monto de 2 mil 250 millones de dólares, facilitados en tres tercios a lo largo de los próximos tres años, de 750 millones de dólares c/u, suponga un aumento de impuestos de carácter indirecto, como una eventual subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 15 % y hasta en una cifra superior.
Igualmente resulta inaceptable el planteamiento fondomonetarista de “venta de activos”, considerando que la práctica totalidad de las empresas públicas que todavía siguen siendo propiedad costarricense, son vitales para atenuar el acelerado deterioro de la inclusión social; y, por el contrario, revitalizadas y excluidas de ellas la politiquería, son pilares de la promoción del bien común de las generaciones presente y futura.
Es sumamente peligroso que el planteamiento sobre mayores recortes de gasto pueda incluir fondos destinados, precisamente, a evitar mayores niveles de exclusión social y económica; e, incluso, decisiones que puedan pulverizar la propia Seguridad Social del país y, particularmente, el servicio de Salud; ambos hoy en grave riesgo institucional y de estabilidad financiera.
Por otra parte, no se puede someter al país al flagelo del despido de cientos y cientos, hasta de miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, como ha sido la tónica en otros países que se someten a los dictados del FMI, como los de los acuerdos “stand-by”. En este apartado y al igual que en los anteriores, debemos formular una alerta roja a todas las agrupaciones civiles, profesionales y sindicales honestas que tienen mucha responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos por venir.
Sólo es comprensible que se pretenda imponerle al país un convenio tan perjudicial como el “stand by”, a partir de bases ideológicas formadas en el fundamentalismo fiscalista macroeconómico-neoliberal si, por ejemplo, las reservas internacionales en dólares que guarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), están llegando a los 9 mil millones de dólares, cantidad más que suficiente para sustituir esos 2.250 millones $ que vienen a ser como un humillante precio por la venta del país. Al BCCR le quedaría un 75 % de sus reservas. Y éste es tan solo un ejemplo de un abanico de alternativas para el manejo del déficit y de la deuda.
Mucho queda por decir, por plantear, por cuestionar y por demandar. En lo inmediato, el Gobierno de la República, habida cuenta del deterioro de su credibilidad y la pérdida de su propia legitimidad, debe impulsar un real diálogo social, sin exclusiones, para tratar este delicado asunto. Deben tener presente que el buen manejo de la pandemia no les da la autoridad política, suficiente y necesaria, como para comprometer el futuro del país en aras de un marco ideológico excluyente y voraz en cuanto al manejo del déficit fiscal y del endeudamiento público.
San José, lunes 15 de junio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Ante las declaraciones del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, de que son necesarias las inspecciones en las plantaciones agrícolas; la Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) alega de que la petición sería posible si se le asignan «los recursos necesarios para hacer un mejor trabajo en beneficio de la ciudadanía».
Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME explicó que al momento en que se retire a todo el personal dedicado a reforzar el control migratorio en las fronteras, las oficinas policiales regionales de Migración en San Carlos, Los Chiles, Las Tablillas, Upala y Sarapiquí quedarían con 37 oficiales para el trabajo diario, distribuidos de la siguiente manera:
San Carlos 12 Los Chiles 5 Las Tablillas 12 Upala 4 Sarapiqui 4
El horario es de 7 a.m. a 7 p.m., en dos turnos de 3×3. Sólo Upala y Sarapiquí trabajan de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. con un oficial disponible para fines de semana
Se estiman un faltante de 84 a 100 oficiales para la zona norte (sin contar la zona de Peñas Blancas), en el cual se pueda hacer un horario de 24 horas
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
La drasticidad, la frialdad, la irracionalidad, la irresponsabilidad, el extremismo y el fanatismo que está mostrando la política fiscal del recortismo presupuestario impuesto por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con el beneplácito y la complacencia política del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; muestra las características perversas de ese recortismo impuesto en la hermana latinoamericana de Argentina, por el presidente Javier Milei.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
