Los delegados de la ANEP de las Tiendas Libres del IMAS, en el Aeropuerto Juan Santamaría, lograron que la administración modificara el pago de las comisiones por ventas, debido a la afectación por el covid-19.
Dicha modificación fue posible mediante una reunión el año anterior, en la que participaron el Administrador General Melchor Marcos, la abogada de ANEP Priscilla Castro, la delegada sindical Karina Acosta, la asesora sindical de ANEP, Pamela Rodríguez y la jefa de Mercadeo y Ventas, Flor Montoya.
El sistema de meta quedó establecido de forma grupal y dividido por tres categorías: tiendas de licores, perfumería y artículos de lujo.
En el encuentro también se abordaron otros puntos como el ingreso de las comidas y colocación de refrigeradoras en el comedor para la conservación de los alimentos de los trabajadores, así como la aprobación del nombramiento de los 18 delegados de ANEP.
– ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares
– Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico
– Condenamos la criminalización del Empleo Público
7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.
Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.
Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.
7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.
Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.
Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.
Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.
Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.
Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!
San José, miércoles 06 de enero de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Rotunda oposición de la ANEP a aumentar el i.v.a para la canasta básica
La canasta básica debe ser exonerada, totalmente, de pagar i.v.a
Gobierno de Alvarado legitima la democracia de la calle como mecanismo de defensa civil contra la violencia económica
Don Elián Valverde Villegas, Ministro de Hacienda, propuso en la mesa de diálogo gobiernista, aumentar el más que injusto Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la canasta básica, para elevarlo de su actual 1 % hasta el 13 %.
Don Elián, al igual que todas las personas jerarcas integrantes de la alta cúpula gubernativa de Alvarado, no ha tenido ni tendrá dificultad alguna en pagar el impuesto IVA a la canasta básica, por más alto que éste sea.
Es completamente censurable que don Elián no tuviera reparo alguno, ni un ápice de sensibilidad social, para lanzar semejante propuesta en medio de la actual crisis económico-fiscal y de salud pública que sufren las mayorías ciudadanas de nuestro país; especialmente quienes son integrantes de la clase trabajadora con empleo o sin él, sumidas en la informalidad y hasta en el hambre.
Bien se sabe que el impuesto al valor agregado, IVA, es el más injusto de todos los impuestos; y que aplicado a la canasta básica resulta doblemente injusto. El IVA por sí solo y cargado a la canasta básica, es propulsor de la creciente desigualdad que azota a la democracia costarricense; desigualdad que ya era torturante para la mayoría del pueblo costarricense desde antes de la llegada de la pandemia.
ANEP deja constancia pública de su rotunda oposición a que se aumente el IVA a la canasta básica en cualquier proporción. Por el contrario, a la canasta básica hay que exonerarla de pagar tal impuesto, como siempre ha sido nuestro planteamiento original. Fue un grave error político de la actual Asamblea Legislativa cuando la gravó con ocasión de la tramitación de la ley 9635, el “combo fiscal”.
A los sectores pudientes que tendrían la opción de favorecerse por una exoneración generalizada de carga IVA a la canasta básica, se les puede poner otro tipo de impuestos que gravan la acumulación y la riqueza misma; algo de lo cual carece el actual y perverso sistema tributario costarricense, injustamente regresivo.
Don Elián, Alvarado y todo el gobierno lo que hacen es, sin “proponérselo”, darle un espaldarazo a la necesidad de nuevos episodios de lucha social bajo el concepto de Democracia de la Calle; legitimando la necesidad de la autodefensa civil del pueblo costarricense contra esta forma de violencia: violencia económica.
¡Sí!, es violencia económica quitarle a una familia trabajadora desempleada, agobiada por el alto endeudamiento salarial, precarizada por la pérdida descendente del poder adquisitivo del salario cuando el costo de la vida sigue siendo altísimo, entre 7 mil y 25 mil colones por aumento del IVA a la canasta básica. ¡Eso es violencia económica!
Esta injusta y desequilibrada propuesta de impuestos a la canasta básica, es parte de la actual estrategia gubernativa de cara a un “nuevo” planteamiento para el Fondo Monetario Internacional (FMI); estrategia que se está implementando en la mesa de diálogo de Alvarado, ante la urgente necesidad que éste tiene de obtener algo de legitimidad social para ir de nuevo al indicado ente.
Hacemos votos y redoblamos nuestro compromiso y esfuerzo por una nueva y revitalizada expresión popular lo suficientemente contundente e impactante, para una defensa civil activa, por todo el país, contra esta violencia económica gubernativa.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
De manera contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, con toda contundencia, el Expediente Legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, a punto de dictaminarse en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Esta decisión, unánime y firme, de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la organización, se adoptó en su sesión No. 2217, de este viernes 30 de octubre de 2020.
Luego de un profundo análisis de dicho proyecto de ley, en sus distintas versiones, todas surgidas de la más irresponsable improvisación gubernamental, los defectos y las aberraciones de naturaleza político-jurídica contenidas en ese proyecto, provocan el más fuerte rechazo de la ANEP, así como de todo el mundo obrero y gremial de la clase trabajadora asalariada del sector Público.
El Expediente Legislativo 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público constituye una “colección” de violaciones al orden constitucional todavía vigente en el país, surgido en 1949; atropella compromisos-país, mediando las correspondientes legislaciones, contraídos con el orden jurídico-legal global: tanto a nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como de los sistemas continental y mundial en materia de Derechos Humanos (DD.HH.); los correspondientes al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el que tutela la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, la creación de una mega-ministerio, una súper-cartera ministerial, por encima de la división constitucional de poderes, convertiría al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en una entidad de verticalista corte autoritario, al mejor estilo de estados totalitarios que sumieron a sus respectivos pueblos en vivencias de inenarrable dolor y sufrimiento. Esta circunstancia, quizás la más aberrante de este nefasto proyecto de ley, le desnuda en cuanto su carácter profundamente antidemocrático.
La desaparición, prácticamente explícita, del concepto filosófico-político que animó la estipulación constitucional de Servicio Civil, lleva a la Dirección General de Servicio Civil a un estadio peor que el que presenta en la actualidad: del control de la Casa Presidencial pasa a “departamentalizarse” dentro del ente totalitario del Mideplan. El retroceso aquí es inaceptable para las conciencias democráticas de verdad.
El confuso e incomprensible sistema de evaluación de desempeño que propone este proyecto 21.336, convierte a la persona trabajadora empleada pública, en “esclava” de la jefatura intermedia, dado que dos evaluaciones consecutivas negativas, inferiores al 70 % produce el despido, ipso facto, sin indemnización alguna.
Decimos “esclava” por cuanto la negativa de concesión de favores sexuales, la diferencia de color partidario, los celos subjetivos por capacidades, malas relaciones interpersonales no canalizadas y más bien acumuladas, rencillas, militancia sindical, etc.; pueden convertirse en factores de peso al momento de la evaluación anual, sin que los derechos a la debida defensa y al debido proceso, sean considerados de peso como para imponer la máxima objetividad posible en el proceso evaluativo. Prácticamente, será la indefensión, la característica fundamental en tal sentido.
Las consideraciones críticas presentadas por la ANEP ante la indicada comisión legislativa, jamás fueron tomadas en cuenta. Pese a ser elaboradas por prestigiosos profesionales en el Derecho Laboral, de sólida formación y experiencia más que sobrada, nos sentimos burlados en cuanto al magno esfuerzo que realizamos para demostrar la perversidad antijurídica y anticonstitucional de ese proyecto 21.336.
Es por ello que pensamos que el sensible tema del empleo público debe discutirse en un foro “descontaminado” de los prejuicios ideológico-políticos y mediáticos que han vulnerabilizado las posibilidades de una discusión objetiva y transparente. Además, es más que notorio cuál es el clima sociopolítico reinante en el país y la naturaleza ultra-sensible de la paz social en estos momentos. Ese proyecto 21.336. solamente significa más gasolina en el fuego ardiente de la disconformidad social, prácticamente, generalizada.
El Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollando la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), ofrece la posibilidad de que una discusión sana se dé en materia de empleo público. ANEP aspira a que así sea.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas deberá explicar sobre la infiltración de algunos policías con la finalidad de alterar los ánimos. No se vale que en conferencia de prensa diga que golpearon a «sus policías», cuando ellos mismos aparentemente enviaron personas a provocar caos.
Una serie de peticiones fueron enviadas por parte de Mainor Anchía, presidente de la seccional ANEP – Fuerza Pública a Randall Vega Blanco, Viceministro de Seguridad Pública en relación a varias anomalías que constantemente han sido denunciadas por parte de la organización.
Los puntos son los siguientes:
1- Dotación de insumos (alcohol, jabón, mascarillas, guantes) y desinfección permanente de las delegaciones policiales para prevenir el contagio de Covid 19.
2- Reglamentación de roles de servicio en los Cuerpos Policiales en observancia del criterio técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS.
3- Establecer un mecanismo para que, en caso de accidentes laborales por intervención policial, el trabajador policial no vea afectado su salario.
4- Modificación de la normativa para que no se rebaje el 18% del Riesgo Policial a los (as) funcionarios (as) después de sufrir un accidente laboral propio de sus funciones y que les impida volver a labores de seguridad ciudadana.
5- Establecer un protocolo con participación de la Seccional ANEP Fuerza Pública (junta de relaciones laborales), para detectar y detener traslados que se dan por revanchismo o abuso de poder.
6- Descongelamiento del Manual de Clases Policiales, establecer mecanismo de concurso interno de las plazas vacantes en la estructura del mismo.
7- Entrega de botas y uniformes mínimo dos veces al año.
8- Apoyar proyecto para regresar incentivos policiales establecidos en la Ley 7.410, Ley General de Policía.
9- Apoyar proyecto de Ley de Pensión para Cuerpos Policiales.
10- Iniciar la modificación de reglamento de grados y ascenso para favorecer la competitividad y la transparencia en la carrera policial.
Policías en sus días libres se manifestaron contra el acuerdo con el FMI
Además de esto, Anchía agregó otras peticiones que se basan principalmente en que “En tanto se desarrolle el proceso de reglamentación de roles, que, en la ANP, PCD y en la Policía de Fronteras, los roles se ajusten al 6×6, 3×3 al personal operativo y 5×2 al personal administrativo y/o con funciones de mando, según las consideraciones del informe técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS.”
Por último, se canceló la convocatoria para el próximo 13 de octubre ya que muchos de los policías han sido llamados a labores, a pesar de que estaban en sus días libres o de vacaciones.
Ministro Soto anuncia “policías sin botas ni uniformes para el 2021 por recorte en presupuesto”.
El ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, anunció que los recortes en el presupuesto dejarían policías sin uniformes ni botas para el año 2021, inclusive, nos dice que se vería afectada la reparación de vehículos y pago de alquileres de delegaciones. Aunque en otras ocasiones hemos secundado ese discurso, porque tenemos clara la importancia de que nuestros abnegados policías cuenten con las herramientas e insumos necesarios para el desempeño de sus funciones, consideramos oportuno apuntar que, olvida el señor ministro que en la actualidad (2020), muchos funcionarios carecen de botas y uniformes, se ha reducido la alimentación y que muchas delegaciones siguen esperando ser intervenidas.
No se logra entender y digerir, como un ministerio con tantísima necesidad, devolvió en el año 2019, hace poco, la suma de ₵3.273 millones porque no pudo ejecutar esos recursos. Esa es una historia repetida año tras año, a pesar de cientos de delegaciones en mal estado, falta de botas, uniformes, cinturones, fundas, chalecos ¡se devuelve dinero por imposibilidad de ejecución! Ello solamente se puede atribuir a falta de planificación, mala gestión de los departamentos y funcionarios responsables, o problemas con el sistema de gestión y ejecución de compras. Si lo ultimo fuera la causa, desde hace mucho se debieron promover las reformas útiles y necesarias, a efectos de maximizar el uso de los recursos y, por ende, mejorar las condiciones de la población policial, así como la seguridad ciudadana.
La bandera que hemos levantado en ANEP se relaciona con la reivindicación de la función policial, hemos defendido la inyección de recursos, nos hemos opuesto a la reducción de los mismos, no obstante, no hemos observado las mejoras que se requieren con urgencia. Impuesto a sociedades, impuesto al banano, recursos de la CNE, donaciones millonarias de la República Popular de China o de los Estados Unidos de América. Por ejemplo: China donó más de ₵3.300 millones en el 2018, EEUU viene donando de manera sostenida equipo, dinero e insumos, pero ¡no alcanza!
Así las cosas, nos parece que el ministro Soto debería explicar las razones por las cuales nuestros uniformados carecen de botas y uniformes en la actualidad, al mismo tiempo que se ha limitado la alimentación en las delegaciones y se sigue desatendiendo lo ordenado por la Sala Constitucional en cuanto a la reparación inmediata de delegaciones insalubres.
Es preciso planificar, fiscalizar, priorizar y maximizar los recursos con que cuenta el MSP, para el cumplimiento de sus competencias.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública al 8432-2880.
Al convocar corresponsables de crisis, alegan sectores
Nota: Diario Extra
Para distintos sectores, el mandatario Carlos Alvarado Quesada está prostituyendo el supuesto proceso de diálogo al convocar corresponsables de la crisis por la que atraviesa el país, como lo son algunos expresidentes de la República.
Al menos así lo creen José Miguel Corrales Bolaños, dirigente del Movimiento Rescate Nacional, y Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de que el gobierno convocara una mesa de diálogo público con los exmandatarios Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) y Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), para conversar sobre transformaciones y desafíos que enfrentan Costa Rica.
“El término diálogo lo están interpretando mal, lo están satanizando y prostituyendo. Evidentemente tanto doña Laura, como don Miguel Ángel son corresponsables del momento crítico que vive nuestro país. Hay cosas que son urgentes como reactivar la economía costarricense, como por ejemplo a través de la agricultura, para lograr eso hay que darle crédito oportuno y barato al agricultor, para eso son las juntas de crédito del Banco Nacional las cuales las tienen cerradas, para eso es urgente el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción y lo tienen más bien en la lista de las instituciones que pretenden cerrar”, denunció Corrales.
Añadió: “Pero no solamente eso, en momentos tan angustiantes como los que estamos viviendo, como lo es la pandemia, donde la gente no solo puede morir del coronavirus, sino de hambre, entonces estos espacios de diálogo deben de ser totalmente distintos. Nosotros el martes 25 de agosto le pedimos al presidente Alvarado que nos recibiera porque teníamos una serie de sugerencias, varias de esas sobre cómo se podría combatir la corrupción y cuál fue respuesta, la puerta cerrada. Por eso me parece que se está prostituyendo el termino diálogo y lo peor no es eso, sino con quién están supuestamente dialogando”.
Vargas puntualizó como perverso que se esté contemplando siquiera la venta de activos del Estado como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR)
NO HAY
Por su parte, para Vargas es más que evidente que no hay una verdadera mesa de escucha y negociación.
“Eso que convocó el gobierno se le puede llamar de cualquier forma menos diálogo. Eso es un fraude político, una especie de operación mediática para ver si lograban un poco de credibilidad y a lo sumo, eso fue lo que denominamos buzón digital de sugerencias”, señaló el dirigente sindical.
Agregó: “Este gobierno tiene una línea ideológica clarísima y para darle fuerza, andan buscando con quién coinciden con ella, de ahí que se vea a personas como Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, en cuyos gobierno el déficit fiscal se disparó, la concentración de la riqueza creció y la pobreza se extendió, así que ni el gobierno, ni Laura Chinchilla ni Miguel Ángel Rodríguez tienen legitimidad política para proponer las barbaridades que están insinuando que quiere venir con las negociaciones del Fondo Monetario Internacional”.
Vargas puntualizó como perverso que se esté contemplando siquiera la venta de activos del Estado como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR).
COSTA RICA ESCUCHA
Hay que recordar que la mesa de diálogo en la que participaron Rodríguez y Chinchilla forma parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, impulsado por el gobierno con el objetivo de escuchar los distintos sectores y lograr acuerdos que permitan dar soluciones a problemas inmediatos y estructurales que tiene el país.
Entre otros temas, en el espacio se tocó la consolidación fiscal y la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que los diputados aprobaran el crédito rápido por $504 millones.
Dicho préstamo es el inicio de una serie de negociaciones con el FMI para más financiamiento y una hoja de ruta entre el organismo y gobierno costarricense.
Esa ruta, la cual no ha sido clara por parte de las autoridades, ha sido motivo de críticas por parte de legisladores de oposición.
“Voté en contra el préstamo del FMI por la poca transparencia y el manejo oscuro de este gobierno, quien ha ocultado los verdaderos entendimientos con el Fondo Monetario Internacional. Yo no voy a prestarme para firmarle al gobierno un cheque en blanco de un crédito del que detrás hay intereses, agendas oscuras y hasta tiburones, que lo que quieren es empujarnos a que haya una negociación con el FMI para la venta de instituciones del gobierno como: Kölbi, Fanal y el BCR a precio de gallina flaca”, aseveró Franggi Nicolás Solano, congresista verdiblanca.
Similar manifestó el frenteamplista José María Villalta Florez-Estada la semana anterior cuando el Congreso dio primer debate al jugoso empréstito.
“No estamos en contra de los préstamos de apoyo presupuestario, pero con este crédito no se habla de la otra parte de la historia, que, según comunicados del propio gobierno, este instrumento es la llave para negociar un acuerdo stand by con el FMI. Entonces aquí el gobierno nos pide la llave, pero preguntamos qué abre esa llave, dígannos qué van a hacer con esa llave, no nos quieren decir qué negociaron o qué van a negociar, que no es menor”.
Como parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, el gobierno se ha jactado de informar foros virtuales con organizaciones sociales, empresariales y sindicales, entre otras, impulsadas por el Ministerio de la Presidencia y las vicepresidencias de la República.
POLITÓLOGO OPINA
Para el reconocido politólogo Sergio Araya Alvarado los procesos de diálogo deben tener una metodología bien establecida, así como un efectivo punto de arranque.
Para el experto si esos puntos no están claramente definidos la gente puede creer que se le está tomando el pelo, como se dice popularmente, y eso no solo genera desprestigio sino una sensación de engaño, que puede terminar en indignación y crispación ciudadana.
“Me parece muy extraño que no estuvieran los demás expresidentes. Yo hubiera hecho una sola mesa con todos los expresidentes, de todos los colores y de todas las líneas económicas, porque aquí veo otro problema. En este tipo de procesos de diálogo efectivo con negociación incorporada, no basta con dos horas en una reunión de Zoom, tiene que haber todo un proceso, es decir si eso es de verdad un proceso de diálogo, esto no basta con que yo habilite una plataforma para escuchar a los actores que yo quiero escuchar, porque si no lo que se ve es como una tomadura de pelo, que lo que se está es ganando tiempo, mientras otros son los que realmente están construyendo las propuestas que sí cuentan con el apoyo del gobierno. Entonces deben tener mucho cuidado”.
FORO SE INUNDÓ DE CRÍTICAS
Medardo Umaña
“Con todo respeto esta conferencia está arreglada y es una pérdida de tiempo estar viendo esto. Los tres dejan en mucho que pensar porque en están en la misma argolla”.
Jonathan Vargas
“Cada intervención del presidente, sigue con su discurso de candidato, promesas eternas y esperanzas sobre humo”.
Jorge Delgado
“Doña Laura tiene el voto del gobierno para buscar un puesto en el BID, ¿será acaso que va a cuestionar algo del gobierno? Pusieron a gente que se está viendo beneficiada”.
Freddy Azofeifa
“En Argentina llegó el FMI y hoy en 2020 están en quiebra. El Estado no tiene que vender sus empresas a manos privadas”.
Andres Cabezas
“Esta gente va a quebrar el país y todos lo saben. Nadie manda por encima del FMI”.
Joel Díaz
“Una élite de sinvergüenzas reunidos que se han aprovechado de sus puestos para robarnos sin deparo”.
Alejandra Montiel
“Por qué ahora vienen a proponer cosas que esos gobiernos no evitaron cuando estuvieron de presidentes. Hablar y señalar es fácil cuando no se aportó nada cuando se pudo”.
Existen alternativas a la crisis fiscal jamás generada por el pueblo trabajador
ANEP rechaza “acuerdos” con el fondo monetario internacional
Hoy, 15 de setiembre de 2020, exactamente en el aniversario No. 199 de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; y, justo a un año de la conmemoración del bicentenario de tal acontecimiento histórico, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recogiendo el sentir de las miles de personas trabajadoras integrantes de esta agrupación, así como haciéndonos eco del sentimiento de múltiples sectores del civismo activo-patriótico del país con los cuales interactuamos en la vida cotidiana de la República, incluyendo a gran cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que siguen con detenimiento el accionar de la ANEP y comparten, en términos generales, nuestras posiciones, manifestamos:
PRIMERO: Costa Rica no ocupa de ningún tipo de “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente multilateral de crédito de cuestionado expediente con gran carga histórica de generación de sufrimientos y de exclusión social para muchos pueblos de la Tierra, especialmente en la América Latina.
SEGUNDO: Existen alternativas para enfrentar la crisis fiscal nacional, misma que no fue generada por el pueblo trabajador costarricense; pueblo trabajador que siempre ha sido pagador puntual de los impuestos a que ha sido sometido.
TERCERO: Tales alternativas, generadas desde el sindicalismo, por parte personas de gran solvencia moral, por parte de entidades serias de análisis de la realidad nacional, así como producto del sentido común popular al que no se puede seguir estafando, políticamente, más; incluyen aspectos como:
1- Tomar unos mil millones de dólares de las reservas internacionales en dólares que tiene en bóveda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), las cuales superan los 8 mil millones en esa moneda estadounidense.
2- Realizar, mediando ley de la República, un Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, para determinar escenarios de reestructuración, postergación de plazos de vencimiento, obsceno pago de intereses y eventual moratoria en este caso; identidad de las personas/entidades acreedoras; sobrepagos y aspectos similares. Todo ello con el propósito de aliviar la carga de la deuda sobre el pueblo costarricense.
3- Establecer, al menos por un tiempo, un impuesto especial a las transacciones financiero-bancarias diarias después de cierto monto hacia arriba para no afectar a los sectores medios y corporativos honestos; tributo que es conocido internacionalmente como Tasa Tobin. Esto permitiría, además, controlar con realidad activa las gigantescas movilizaciones de capital producto del lavado de dinero proveniente del negocio sucio del narcotráfico, del crimen organizado.
4- Establecer un impuesto solidario a las mega-riquezas, a las gigantescas fortunas, a la ostentación del lujo desenfrenado, a las rentas escandalosamente voluminosas de capital y de patrimonio excesivo; tal y como varios organismos financieros internacionales lo están recomendando.
5- Proceder a impulsar las legislaciones necesarias y/o las medidas administrativas complementarias para que en el país de sé una Transformación Tributaria Estructural; con base en los contenidos del informe legislativo “Los papeles de Panamá”, generado en el período constitucional anterior, 2014-2018. Esto permitirá, por ejemplo, captar recursos frescos provenientes de los 3 mil 800 millones de dólares anuales que se evaden al año.
6- De los 6 puntos porcentuales anuales del Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones, tomar las medidas pertinentes, con urgencia para, al menos, procurar allegar la mitad de esa escandalosa cifra fiscal, convertida en ingresos frescos a las alicaídas arcas estatales. Son casi 450 leyes emitidas en varias décadas que se pueden tocar con tal finalidad.
7- Descontaminar del peso de las regulaciones financieras abusivas, las gigantescas cantidades de dinero acumuladas en lo que llaman banca para el desarrollo, de forma tal que cientos y cientos de micro-pequeños y medianos emprendimientos, ahora caídos o por crearse, asuman papeles protagónicos en un nuevo brío de reactivación económica y de generación de empleo.
CUARTO: Llamamos a la organización civil, patriótica, obrero-social y laboral desde las propias comunidades, desde la base misma de la sociedad para la articulación de resistencia en el nivel local, al desmontaje del Estado Social de Derecho que viene impulsándose desde el tripartidismo neoliberal, lo cual se ha de fortalecer con la entrada en escena del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la política nacional. Igualmente, pesamos que es menester la construcción de acuerdos de unidad social y popular con compromisos éticos férreos y transparentes por parte de las personas y entidades interesadas para que, sin mediar cálculos electorales de cortedad de visión y de inmediatez fugaz, se le pueda ofrecer al sufrido pueblo tico un esperanzador futuro de real inclusión social y económica.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Sindicatos califican de «buzón de sugerencias» metodología que usará el Ejecutivo y aseguran que dista mucho de ser una mesa de negociación real.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) anunciaron, mediante una carta dirigida al Poder Ejecutivo, que no formarán parte del proceso de diálogo con sectores organizado por Casa Presidencial.
La iniciativa, denominada «Costa Rica escucha, propone y dialoga», y que inicia este martes, fue calificada como «un buzón digital de sugerencias» por los representantes de los sindicatos.
«Hemos mandado propuestas al Gobierno y ni siquiera tenemos el acuse de recibido. Desde hace tiempo venimos siendo propositivos, hemos mandado ya dos propuestas con respecto a la situación económica, a la pandemia, y este Gobierno no ha mostrado ninguna apertura a querer tener diálogo. ¿Cómo se va a pretender abrir una mesa de diálogo a través de un buzón?», criticó Juan de Dios Cordero, representante de ASDEICE.
En la comunicación enviada a Casa Presidencial, los sindicatos presentaron una serie de propuestas ante la crisis, como la suspensión para el año 2020 de la Regla Fiscal; el acceso inmediato de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL); utilizar recursos de FONATEL para dotar de equipos tecnológicos a mypimes de la Economía Social Solidaria; establecer un impuesto a las altas fortunas financieras, por un única vez, de 0.01%; e impulsar las recomendaciones de ONU-Mujeres sobre cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis, entre otras.
Cordero también cuestionó que, según su criterio, el Gobierno se ha ajustado a la agenda del sector privado, ignorando las sugerencias de los sindicatos.
«Ya el gobierno ha venido implementando una agenda que le planteó la UCCAEP y a nosotros no nos ha ‘dado pelota’. Que el Gobierno muestre el interés real de mantener un diálogo con las organizaciones sociales y nosotros veremos, en función de la metodología, si realmente es buena», dijo.
El sindicalista consideró que se debería instaurar una mesa «donde estemos todos los participantes y las personas que seamos partes de la problemática podamos dialogar, intercambiar y buscar las mejores formas».
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
