Categoría: Gobierno Central
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La preocupante pasividad del Banco Central de Costa Rica ante la crisis
Documento elaborado por el grupo Economía Pluralista, que reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.
Por: Grupo Economía Pluralista
Cuando se enfrenta una grave amenaza, lo que el raciocinio, e incluso el sentido común, aconsejan, es tener listas y a mano, todas las herramientas e instrumentos que permitan enfrentar el peligro de la forma más eficaz y certera posible, de modo, asimismo, que las posibles consecuencias negativas se reduzcan al mínimo.
Hoy el país enfrenta la amenaza del covid-19. En su aspecto propiamente sanitario, nuestra institucionalidad pública ha tenido afortunadamente la capacidad para generar respuestas serias y responsables, que han mostrado ser muy eficaces. Lamentablemente, frente a la crisis económica concomitante, se constata en el contexto nacional el predominio de posiciones dogmáticas, rigideces ideológicas e, inclusive, la influencia muy poderosa de intereses particulares que buscan usufructuar de la crisis.
En este sentido, la posición del Banco Central expresada por su presidente, el señor Rodrigo Cubero (Semanario Universidad: “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria”) genera mucha preocupación por su extrema rigidez. Lo cual se hace aún más evidente, al considerar que el propio BCCR prevé que en los siguientes dos años, la inflación se ubicará por debajo del rango meta, con un promedio del 1,8%. Es decir, el país cuenta con condiciones para la aplicación de políticas monetarias que contribuyan a paliar la recesión de la economía y a reactivar la producción y la creación de empleos, teniendo presente que, según estimaciones oficiales, la economía se contraerá un -3,6% en 2020, lo que innegablemente agrava los serios problemas del empleo que se arrastraban desde antes de esta crisis.
Don Rodrigo saca el manual introductorio de economía y se recita toda la letanía que la ortodoxia económica ha impuesto. Aunque se presente como una teoría con pretensiones científicas, en realidad estamos en presencia de una ideología que arrastra, desde hace mucho tiempo, severos cuestionamientos de fondo, y la cual ha terminado de desgastarse con las últimas crisis económicas, frente a las cuales ha demostrado ser poco efectiva. Esto es reconocido inclusive por el FMI, en otros tiempos baluarte de estas teorías, y que hoy hace un mea culpa por la mala gestión realizada en relación con la pasada crisis del año 2008 y, particularmente, con motivo de la crisis de la deuda pública en Europa.
Es conocido que estos planteamientos se escudan en la presunta independencia técnica del Banco Central, para disimular una forma de gestión de la política monetaria, opaca y ajena a los mecanismos de la rendición de cuentas en democracia. Todo lo cual finalmente redunda en la captura del Banco Central por los intereses financieros y, en consecuencia, su sometimiento a éstos.
El presidente del Banco Central argumenta exactamente como si nada hubiese ocurrido. Más aún: como si nada estuviese ocurriendo. El mundo de antes del Covid- 19, es el mundo en el que nuestro Banco Central y su presidente siguen instalados. Y si ya en ese mundo hoy fenecido, sobraban razones para cuestionar el manejo de la política monetaria que Cubero defiende, sus argumentos hoy resultan un desatino, pero, sobre todo, un preocupante ejercicio de imprudencia e irreflexión.
No hay peligro alguno de inflación, porque tenemos tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y tasas de desocupación de la capacidad instalada, sumamente elevadas, y porque en nuestras realidades sociopolíticas actuales no hay ni la más remota posibilidad de que se dé una espiral ascendente precios-salarios, como las que fueron usuales en otros momentos históricos. La reducción de precios de las materias primas, principalmente el petróleo, aminora adicionalmente cualquier presión al alza en la inflación.
Y si interesa preservar la imagen internacional del país, téngase presente que la mejor forma de hacerlo es mediante una actuación pragmática, oportuna y eficaz, que ataje la crisis, alivie la recesión y disminuya al mínimo posible sus consecuencias sociales y humanas negativas. Permitir que la crisis se agrave, y quedarse de brazos cruzados sin hacer lo que se podría y debería hacer, dañará la imagen internacional de Costa Rica, pero, sobre todo –lo que es mucho más importante– causará grave daño a las condiciones de vida de nuestra población. Ello traerá hambre y miseria y, en consecuencia, violencia social e inestabilidad política.
Cubero le da la espalda a los datos de la realidad, y a las exigencias concretas que ésta plantea, para, en su lugar, aferrarse a un catecismo monetarista, no solo simplista, sino además obsoleto. Esto último es reconocido hoy, incluso por los bancos centrales en todo el mundo –excepto Costa Rica– lo cual ya es mucho decir.
La idea, que el señor Cubero reitera, según la cual la única misión de la banca central es la “estabilidad monetaria”, ha sido abandonada y superada en todas partes, incluso por el Banco Central Europeo, no obstante sus antecedentes muy conservadores en la banca central alemana (el Bundesbank). El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, como la generalidad de los bancos centrales en el mundo entero, han asumido con
máxima responsabilidad los deberes que la actual crisis del covid-19 les impone. Hay un amplio consenso que reconoce que los bancos centrales deben trabajar para frenar la recesión, proteger los empleos y apoyar la estabilidad financiera de los gobiernos. La inflación, claramente, no es hoy el problema principal, y eso es reconocido universalmente.
Por otra parte, entiéndase que de lo que se trata es de disponer y tener listas, todas las herramientas e instrumentos necesarios para enfrentar la crisis. Y ello incluye los instrumentos tradicionales de la política monetaria, así como otros nuevos que sea necesario diseñar y dejar a punto, para su eventual aplicación en caso necesario. Nada de lo cual implica actuar caprichosamente o de forma precipitada. Todo lo contrario, más bien: se trata de hacerlo con prudencia y sentido de la oportunidad, en el momento justo y en la medida necesaria. Hacer, pues, lo que debe hacerse, cuando es necesario hacerlo y en la medida en que sea necesario hacerlo. Y, en fin, comprender que las crisis exigen capacidad de innovación, sentido previsor y mucho pragmatismo.
Nuestro llamado, respetuoso pero enfático, al presidente Alvarado: en sus manos, señor presidente, está reorientar la política económica de su gobierno, para que ante la crisis se actué con responsabilidad, energía y decisión, y con el sentido pragmático y de oportunidad que la situación demanda.
i El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.
Seccional ANEP-Policía Migración pide al Gobierno ser vigilante de la frontera sur ante aglomeración de migrantes en suelo panameño
Ante la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19, la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) hace un llamado al Gobierno de la República, para que no descuide y refuerce la seguridad en el paso fronterizo entre Costa Rica y Panamá, debido a la aglomeración de migrantes extracontinentales en suelo canalero, y quienes podrían intentar cruzar la frontera con la intención de continuar su camino hacia los Estados Unidos.
Lo anterior se debe a informaciones que ha circulado en algunos medios digitales de la zona conocida como El Darién, Panamá, quienes indican que hay poco más de 2 mil africanos varados en ese punto.
Incluso, el medio costarricense puroperiodismo.com informó, el pasado 18 de abril que “Panamá, azotada por pandemia, amenaza con expulsar casi 2 mil migrantes a Costa Rica”. Esto refuerza la solicitud de la seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería de reforzar la vigilancia en la zona fronteriza de Paso Canoas en resguardo de la salud pública costarricense, ante una posible llegada masiva de migrantes.
“Consideramos qué sí bien es cierto, en su momento Costa Rica ha recibido migrantes que se desplazan del sur al norte de la región, en estos momentos no se recomienda dicho tránsito, debido al riesgo en la atención de la emergencia COVID, ya que desconocemos el estado de salud de esas personas”, manifestó Gerardo Mora Ordoñez, presidente de la seccional.
El pasado 25 de marzo nación.com informó que, las autoridades costarricenses solo permitieron el ingreso de 60 migrantes extracontinentales de los 2.600 que intentaron ingresar por la frontera sur, situación que se dio pese a que siete días antes se decretara el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas en el territorio nacional. Por lo que las personas que no lograron pasar aún están en territorio panameño.
Para la seccional, es importantes recordar que el Ministro de Salud, Daniel Salas indicó el pasado lunes 20 de abril en Conferencia de Prensa, que las fronteras costarricenses permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo. Situación que se debe mantener sin excepciones con el objetivo de resguardar la seguridad del pueblo costarricense.
Seccional ANEP-INCOPESCA comparte criterio con jerarca de la institución sobre deterioro salarial
Salario escolar: Mideplan se retracta y nos da la razón
La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país
Una propuesta desde “la otra acera”
Documento compilado por César López Dávila para ANEP, ASDEICE,CONACOOP, FIT, SIPROCNP, MEDSE, UNAG y Encuentro Social Multisectorial.
El documento que se presenta a continuación, se enmarca en la vocación propositiva, que a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, hemos presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.
Desde ya forma parte del cúmulo de propuestas de pensamiento, realizadas a través de planteamientos tales como “Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”(2003); “Aportes para una nueva Cota Rica Inclusiva y Solidaria (propuesta CRISOL)” (2005); “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” (2009); “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” (2012), “Agenda Patriótica para el bien común” (2015) y “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica –Propuesta Sindical Común” (2018).
Con preocupación, ante la magnitud que en el territorio nacional podrían alcanzar las repercusiones laborales, económicas y sociales, provocadas por la pandemia del COVID-19; en los últimos días, nuevamente una pluralidad de organizaciones y personas nos hemos sentido convocadas por dicha vocación propositiva y la responsabilidad ante el futuro.
La generalidad de lo aquí expuesto, propone una suerte de compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país.
El presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo.
Debido a los actuales acontecimientos, y de cara a la estructura dirigente de la nación (conformada por quienes formalmente ocupan los puestos de toma de decisiones en los Poderes Ejecutivo y Legislativo); es esta una iniciativa realizada desde quienes en apego al artículo 9 de nuestra Constitución Política1, entendemos que reside en la ciudadanía, la legitimidad de mandato de las grandes decisiones que le atañen, sobre situaciones nacionales de fuerza mayor que inciden directa o indirectamente en su diario vivir.
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Subsidio ofrecido por Gobierno dejaría a miles en la miseria total
-Se debe cubrir, sin excepción, a todas las familias compatriotas en desventaja.
-El Subsidio Social Subsidiario (SSS) propuesto por ANEP dará asistencia a 660 mil familias y con 250 mil colones mensuales.
La propuesta del Gobierno para otorgar un subsidio a 375 mil familias y por un monto de 200 mil colones mensuales, durante un trimestre, se queda cortísima. Están pensando en asistir, únicamente, a las personas trabajadoras que ya han perdido sus empleos producto de la pandemia del covid-19, o que han sido afectadas por reducción de jornada con rebaja salarial. ¡Esto está bien!, en principio.
Sin embargo, la gravedad de esta crisis obliga a pensar en todas las personas desempleadas que ya tenían tan grave condición social antes del estallido de la pandemia. ¿Cómo se van a quedar en casa con hambre? ¡Eso no es humano!
Hablamos de las 309 mil personas que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estaban ya desempleadas, el 12.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA). ¿Qué pasará con estas personas?
Por el contrario, la propuesta formulada por la ANEP, con el apoyo del Encuentro Social Multisectorial, establece la posibilidad de cubrir hasta un total de 660 mil personas-familias sin ingreso alguno o muy reducido; y, aun así, de seguro, más compatriotas estarán entrando a la miseria producto de esta crisis de salud y de economía.
La propuesta de la ANEP para establecer el Subsidio Social Solidario (SSS), se financiaría con la declaratoria de una moratoria en el pago de intereses de la deuda pública, por un lapso igual de tiempo, tres meses, inicialmente; que permitiría emplear con ese fin social los 5.500 millones de colones diarios que el Ministerio de Hacienda está erogando para honrar esos intereses, considerados abusivos y obscenos.
Hablamos de que habría un monto mensual de unos 165 mil millones de colones volcados en la economía del mercado interno con lo cual se obtiene un doble efecto: solidaridad social y reactivación económica.
Creemos que hoy en día, dado los acontecimientos mundiales y el parón de la economía planetaria, una moratoria como la que plantemos tiene espacio político a raíz de que las rigideces fiscales, dogmáticas y fundamentalistas, inspiradas en el neoliberalismo, están siendo barridas por la lógica de los acontecimientos; y en los mismos países-cuna de tales políticas macroeconómicas y fiscales, las mismas están haciéndose añicos.
La propuesta de ANEP, incluida dentro del documento 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19, mismas que -repetimos-, cuentan con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ya la conoce el Gobierno y estamos esperando, al menos, un “acuse de recibo”.
Covid-19: Faltante de personal en la Policía de Migración dificulta controlar puntos ciegos en el cordón fronterizo
Ante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia Covid-19 y las disipaciones emanadas desde Casa Presidencial para restringir el acceso de extranjeros al país, ha quedado evidenciado el faltante de personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, esta última no da abasto para controlar los puntos ciegos fronterizos a lo largo de 300 kilómetros.
Luego de ochos días de ser aplicada la medida de cierre de fronteras en el país, esta es la posición y análisis que realiza la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), quien destaca el esfuerzo diario para cumplir a cabalidad con las disposiciones.
“Son más de 300 kilómetros de frontera y pocos los policías. Sabemos del esfuerzo qué han realizado los oficiales de la Policía Profesional de Migración en las Oficinas Policiales Regionales del Cordón Fronterizo de lado norte de nuestro país, empezando por Limón, seguimos hacía Guápiles, Sarapiquí, San Carlos, Los Chiles, Upala y Peñas Blancas, para evitar el ingreso de personas por puntos no autorizados, esto en coordinación con otros Cuerpos Policiales, pero es evidente el faltante de personal”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la Seccional
La seccional ANEP-PPME ha insistido ante diversas instancias políticas de la necesidad de dotar de más personal y recursos a este cuerpo policial, que desarrolla una estratégica función en el resguardo de la seguridad del país.
“Esperamos una solución pronta a éste problema qué es de varios años, instamos al Gobierno, a los diputados y las diputadas para qué se le dé a la Policía Profesional de Migración los recursos qué se necesitan para poder realizar el trabajo de campo y control migratorio en el territorio nacional, principalmente en los puntos ciegos qué hemos detectado y qué son de conocimiento de todas las autoridades policiales”, dijo Mora.
Para la seccional, es importante hacer énfasis de que la medida implementada de control al día de hoy, es debido al constante cambio en las conductas sociales de seguridad y salud pandémica presentadas a la fecha, lo que evidencia que es un tema de constante evolución y sorpresas; donde desde años antes se viene requiriendo o arrastrando un gran faltante de oficiales de migración, bien sea para cubrir funciones a lo largo de las fronteras costarricenses, aeropuertos, centros de aprehensiones, así como en operativos en territorio nacional , entre otros.
Éstos son algunos de esos puntos ciegos qué no son de ahora, tienen muchos años de existir.
Puntos ciegos en Limón: Matina (la barra de mahuanba), Batán, Siquirres (Barra de Parismina), Guácimo, Pocora, El Humo, Jiménez.
Puntos ciegos en Sarapiquí: Caño Las Marías, Caño La Tigra y Lomas de Boca Sarapiquí.
Puntos ciegos en San Carlos: Boca Tapada, Boca San Carlos, Cureña, Cureñita, Cureñón, Caño la Venada, El Castillo, Pital.
Puntos ciegos en Los Chiles: Todo el cordón de Las Tablillas (incliyendo Cevichito), el Empalme de Los Chiles, Cuatro Esquinas, Medio Queso, la Trocha, Palo Arco, Coopevega, San Humberto, Tiricias, Crucitas , entre otros.
Puntos ciegos en Upala: México de Upala, San Antonio, San Isidro, Berlín, Homuza, El Delirio, El Manzano, El Mojón (La Cruz), Nazareth.
Puntos ciegos en Peñas Blancas: Las Tecas/Macorì, Cabalceta por Cruz Blanca, Mauro, Los Castanos, Callejón/Managüita, Álvaro la Teca, Juan Bululo, Gavilán, Cabinas Las Guido, Tona, Esquina del Muro, El Guanacaste, El Papaturro, Esquina bar la Macha.
Otros lugares: Las Vueltas, Conventillos, Copalchi, El Valle, Las Pampas, Pueblo Nuevo, La Libertad, La Garita, Los Andes, IAFA (DEL ORO), Santa Cecilia, Santa Elena, El Caoba, Piedras Azules.
Marítimo: Puerto Soley, el Jobo, Cuajiniquil
Proyecto de ley que autoriza reducción de jornada laboral por emergencia nacional precariza las condiciones de trabajo
El Proyecto de ley responde en exclusiva a los intereses económicos del sector empresarial, su contenido adolece de una serie de falencias que terminan perjudicando, aún más, al sector obrero.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), se pronuncian sobre la propuesta de legislación que está presentando el Gobierno de la República mediante el proyecto de ley denominado “Ley que autoriza la reducción de jornadas ante la declaratoria de emergencia nacional por emergencia sanitaria ocasionada a causa de una pandemia” , el cual afecta considerablemente a la clase obrera.
Es importante resaltar que esta misma propuesta había sido ya planteada en el proyecto de ley 18.080 denominado “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en los tiempos de crisis”, mismo que se tramitó, sin éxito, en la Asamblea Legislativa durante la Administración de Laura Chinchilla Miranda, con el apoyo decidido de las cámaras empresariales.
Ahora, aprovechando el contexto de la actual crisis que vive el país a causa de la pandemia del Covid-19, el empresariado nacional y su Gobierno, retoman la iniciativa de ley que nos la presentan como una medida “necesaria” para proteger el empleo.
La ANEP y el SITRAP ven con buenos ojos cualquier medida tendente a proteger el empleo, pero hace ver que, en orden de prioridad, se debe proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Desde esta perspectiva, criticamos este proyecto de ley, precisamente, porque lejos de proteger a las personas trabajadoras, no hace otra cosa que precarizar las condiciones de trabajo, pero sí favorece los intereses económicos de las empresas
En nuestra opinión, el Gobierno debería dirigir sus esfuerzos por ayudar a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas; dándoles facilidades para que puedan enfrentar la crisis, pero sin cargar la factura a los trabajadores y a las trabajadoras que es lo que, a la postre, hace este proyecto de ley. Además, de que el contenido de este último adolece de una serie de falencias que terminan perjudicando, aún más, al sector obrero.
Para empezar, como es ya estilo en todas las propuestas de reforma legal al marco jurídico que regula las relaciones laborales del país que promueven los grupos de poder económico y las cámaras empresariales; el proyecto omite, por completo, tener en cuenta la negociación colectiva como instrumento idóneo para resolver los problemas del mundo del trabajo.
La propuesta de ley parte de la visión autoritaria y unilateralista de las relaciones de trabajo, donde la participación de los trabajadores y de las trabajadoras, así como la representación sindical, no tienen cabida.
El proyecto de ley no prevé, si quiera, la posibilidad de que la reducción de la jornada sea negociada con los trabajadores y con las trabajadoras en aquellas empresas donde existe organización sindical que, si bien es cierto son pocas en el país, las hay. Es la visión antisindical que prevalece en el Gobierno.
A parte de lo anterior, nos preocupa puntualmente ver que los requerimientos exigidos en el artículo 3 del proyecto para la autorización de la reducción de la jornada, son muy laxos.
Basta con que el empresario presente una declaración jurada manifestando afectación en sus ingresos y que aporte “los datos correspondientes”, para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), otorgue la autorización. Si bien el artículo prevé que dichos datos pueden ser verificados por el MTSS, la consabida limitada capacidad de gestión que tiene este ministerio, nos permite entender que el sistema de control no funcionará y las autorizaciones serán dadas de manera automática.
Consideramos pertinente que, cuando menos, se exija al empresario solicitante de la autorización que, aparte de la declaración jurada, deberá demostrar la reducción de los ingresos mediante un estudio contable debidamente certificado por un profesional competente, y que éstos sean debidamente verificados por la autoridad competente, previo a emitir la autorización.
De igual forma, echamos de menos en el proyecto la participación del Consejo Nacional de Salarios (CNS). Al considerar que la reducción de la jornada implica, en esencia, una reducción drástica de los salarios pues esto constituye el corazón de la medida; y dado que el proyecto no posibilita la participación obrera por medio alguno, cuando menos debería dársele participación al CNS a fin de que este órgano, que es de conformación tripartita, sea el que emita los lineamientos que deben seguirse para la implementación de una medida como la planteada; y que estos lineamientos respondan a criterios más técnicos y según la realidad puntual que tenga cada sector productivo frente a la crisis.
Nos preocupa, también, que se establezca la posibilidad de reducir la jornada en un 75 % en aquellos casos en los que se aduzca la reducción de ingresos al 60 %. Llama la atención ver cómo los proponentes del proyecto, en la versión definitiva del texto, han socado aún más el torniquete sobre el cuello de los trabajadores y de las trabajadoras, pues en la versión original del proyecto, la medida quedaba limitada al sector turismo y la reducción de la jornada no sobrepasaba el 70 %. Ahora, se propone como regla general que aplicaría a favor de cualquier empresa y reduciendo el salario de los trabajadores apenas al 25 %.
Esta medida, a todas luces desproporcionada, no toma en cuenta que reducir el salario de los trabajadores y de las trabajadoras a una cuarta parte, implicaría condenar a los perjudicados a una situación calamitosa, pues con el ingreso percibido no podrían atender siquiera las necesidades más elementales de subsistencia.
Esta medida, violenta de manera grosera las medidas de protección al salario previstas en la legislación laboral, y viola el derecho fundamental que tiene toda persona trabajadora a devengar un salario que le permita una existencia digna, según lo ordena el artículo 57 de nuestra Constitución Política.
Una reducción del salario como la que se plantea en este proyecto de ley, ni siquiera permitiría a la persona trabajadora sufragar los gastos que le demanda la actividad laboral como lo son la alimentación, el transporte o la vestimenta.
Mucho más preocupante es ver cómo el proyecto de ley ni siquiera establece excepciones a la reducción de la jornada, como medida para proteger a las personas más vulnerables, o a aquellas en estado de necesidad especial.
Permitir que sea el empleador quien, de manera autoritaria, unilateral y discrecional, decida a qué contratos se le aplica la reducción de la jornada sin condicionamientos de ningún tipo, es poner en manos del empleador una potestad desproporcionada que puede fomentar todo tipo de abusos.
Por las mismas razones antes expuestas, consideramos inaceptable que en el proyecto de ley se establezca, como se hace en el artículo 7, la posibilidad de aplicar la reducción de la jornada incluso a trabajadores aforados o trabajadoras aforadas, pues tal medida socava y deja sin efecto la protección especial que el ordenamiento jurídico prevé para este tipo de personas trabajadoras.
Piénsese en la grave situación en que quedarían, por ejemplo, las trabajadoras en estado de embarazo o en período de lactancia, mismas que verían sus ingresos reducidos drásticamente cuando sus familias, mayor seguridad y estabilidad económica requieren.
En definitiva, en nuestra opinión, este proyecto de ley, lejos de darnos una solución al problema que enfrenta el país, viene a agravarlo, por cuanto no hace más que trasladar a los trabajadores y a las trabajadoras los riesgos de empresa frente a una crisis que ni es culpa de ellos ni de ellas; sino que, además, frente a tal crisis son estas personas trabajadoras las más vulnerables y, por tanto, quienes mayor protección requieren por parte del Estado.
Finalmente, apuntamos una omisión que no por obvia resulta innecesaria. El proyecto de ley no contempla ninguna medida compensatoria a favor de los trabajadores perjudicados y de las trabajadoras perjudicadas con la rebaja de sus salarios.
Si la intención real del proyecto es proteger el empleo, resulta absolutamente indispensable establecer medidas especiales y reales de protección a favor de los trabajadores y de las trabajadoras, como lo podría ser la prohibición del despido injustificado a las personas que se les aplique la reducción de la jornada y su consecuente rebaja de salario; o limitar las facultades del ius variandi, de manera que el empleador, a parte de la reducción de la jornada, no pueda introducir en paralelo ninguna otra modificación a las condiciones de trabajo que hagan más gravosa la condición del trabajador o de la trabajadora.
En concordancia con lo anterior, nos preguntamos: ¿por qué no pensar, también, en medidas de carácter económico como podría ser la suspensión de pagos por deudas crediticias o readecuación de cuotas a todas aquellas personas trabajadoras que tienen créditos y se vean afectadas con la pérdida de salario que acarrea la reducción de la jornada que plantea el proyecto de ley, entre otras? En fin, existe infinidad de posibilidades para lograr una propuesta más balanceada. Desde esta perspectiva, hay que decir que el desequilibrio de intereses que se plasma en el proyecto de ley resulta algo más que odioso.
Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades políticas y de Gobierno para que desistan de esta iniciativa de ley. En su lugar, se convoque a los representantes del sector productivo y sindical a discutir mejores alternativas que nos permitan enfrentar la crisis con medidas más justas y equitativas, que protejan los intereses de todas las partes y no sólo los de índole económica.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
Didier Leitón Valverde, Secretario General SITRAP.
Con la asesoría profesional del
Dr. Esteban Calvo Rodríguez, Especialista en Derecho Laboral.
