Categoría: Gobierno Central
Sindicato ANEP atento a nombramiento de Director General en el ICD
Mediante una carta al Consejo Directivo del Instituto de Control de Drogas (ICD), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados solicitó información sobre los criterios para nombrar al nuevo Director General del ICD.
La solicitud firmada por el representante del sindicato, Albino Vargas Barrantes, indica lo siguiente: “por este medio, en apego al artículo 27 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional me permito solicitarles suministrar la siguiente información:
1. ¿Cuántas y quienes fueron las personas que participaron como oferentes para ocupar los puestos vacantes en la dirección del ICD?
2. ¿Quiénes forman parte de la comisión especial que analizará los atestados de los oferentes y cuál fue el criterio de selección de las personas que forman dicha comisión?
3. ¿Cuáles son los factores que la comisión antes señalada está analizando (favor mencionar puntualmente los factores sin respuesta generalistas sino puntuales) y qué ponderación se le está brindando a cada uno de ellos para finalmente elevar la recomendación al Consejo Directivo del ICD?
La ley 8204, artículo 111 indica que, para ser nombrados, el director general y el director general adjunto deberán ser mayores de edad, costarricenses, de reconocida solvencia moral, poseer el grado académico de licenciados y experiencia amplia y probada en el campo relacionado con las drogas.
Y será el Consejo Directivo quien designe una comisión especial, encargada de analizar los atestados de los oferentes y luego remitirá su recomendación al Consejo Directivo. El pasado mes, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales, dio a conocer la decisión de destituir a Guillermo Araya, como Director del ICD. También, fue separado del cargo el Director Adjunto, Olger Bogantes Campos.
ANEP solicita intermediación del Ministerio de Trabajo por conflictos laborales en el MSP
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó de manera urgente la intervención mediadora-conciliadora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) debido a conflictos laborales en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
“Considerando, desde nuestra propia perspectiva y con sentido crítico, la cuestión de la crisis fiscal y el deterioro de la estabilidad de las finanzas públicas; y, concomitante con ello, lograr una economía procesal tanto al interior del proceso administrativo del Ministerio de Seguridad Pública como en sede judicial que baje radicalmente los costos operativos de la atención de las legítimas demandas de carácter obrero-social y económico del citado cuerpo policial, logrando plena justicia social para éste”, indica la solicitud, la cual además agrega que es urgente y necesario la validación de mecanismos para garantizar la estabilidad de los cuerpos policiales.
La ANEP pidió que se convocara a las máximas autoridades político-ejecutivas del MSP, entre ellas, Michael Soto Rojas, Ministro de Seguridad; Randall Vega Blanco, Viceministro de Seguridad; Comisario Daniel Calderón Rodríguez, Director General Fuerza Pública; Comisionado Allan Obando Flores, Director Policía de Fronteras; Comisario Erick Lacayo Rojas, Director Academia Nacional de Policía; Juan José Arévalo Montoya, Director Policía de Control de Drogas. Así como a la máxima autoridad política del Ministerio de Hacienda o su representante con poder decisorio, Rodrigo Chaves Robles, Ministro de Hacienda.
Los temas solicitados a conciliar son:
- Eliminación del 18% de Riesgo Policial cual el mismo se materializa.
- Traslados por “revanchismos” o sin debida fundamentación.
- Pago de Alto Riesgo en sede administrativa.
- Diferencias por manual de clases.
- Roles de servicio.
- Libertad sindical en sedes de la Academia Nacional de Policía.
- Régimen de pensión para Cuerpos Policiales.
Cuerpos Policiales afiliados a la ANEP reciben capacitación sobre conflictos colectivos
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, mediante su Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical (UCFPS), realizó el pasado lunes 24 de febrero, la primera de varias capacitaciones dirigidas a los cuerpos policiales afilados a nuestra organización.
Esta primera sesión de capacitación impartida por el especialista en Derecho Laboral, Esteban Calvo, se abordó el tema de conflictos colectivos en cuerpos policiales, situación que genera dudas en el seno de las diversas policías del país sobre su utilización e interpretación.
Conversamos con María Laura Sánchez Rojas, encargada de la Unidad de Capacitación y Formación Político-Sindical (UCFPS), sobre la capacitación y sus alcances.
En esta primera capacitación participaron representantes de las seccionales de la ANEP en Fuerza Pública, Policía Control de Drogas, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Cárceles-OIJ, así como Policía Penitenciaria y servicio de Vigilancia Aérea.
Seccional de bibliotecólogos y afines piden a Servicio Civil recalificación de funciones
La Seccional ANEP-Bibliotecólogos y afines solicitó en una reunión con representantes del Servicio Civil una recalificación de las funciones en la profesión de bibliotecología.
Karla Torres Vargas, presidenta de la Seccional de ANEP explicó que en el encuentro se analizaron dos aspectos importantes; uno está relacionado con las funciones que se están dando bajo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SINABI) y el otro, es de aquellos profesionales que también trabajan en educación para el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Torres agregó de que son varios factores los que influyeron para que se generara ese cambio de funciones en los bibliotecólogos, por lo tanto, solicitan un reajuste por el recargo adicional a las labores que anteriormente realizaban.
Además, lucharán para que se resuelva un nuevo problema con el cambio de funciones, ya que muchos debieron estudiar una segunda carrera para acoplarse a los cambios implementados, sin embargo, no reciben reconocimiento por ello.
El Ministerio de Educación Pública cuenta con alrededor de 960 bibliotecas en todo el territorio nacional y 389 Bibliocra (Centros de Recursos para el Aprendizaje).
ANEP logra reconocimiento de la peligrosidad para Gestores Ambientales en el Ministerio de Salud
La Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP ganó el reclamo al Estado para que se reconozca el rubro de peligrosidad a los gestores ambientales del Ministerio de Salud.
El reclamo se planteó mediante una demanda al Estado por parte de un afiliado de apellido Rojas quien labora en el ministerio y quien había dejado de percibir el pago de ese incentivo salarial desde el año 2006, cuando fue suprimido.
Para nuestra organización sindical, la sentencia es un precedente ya que los Tribunales de Trabajo reconocieron el pago a favor del trabajador y, además, se obtuvo el pronunciamiento de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto 2019-001524, en el cual se reconoce el incentivo salarial de peligrosidad de un 5% en favor del trabajador desde el momento en que se demostró que hacía funciones peligrosas.
Este caso ha sido pionero, pues le abre las puertas a que más gestores ambientales del Ministerio de Salud se animen a formular sus respectivos reclamos por el pago de dicho incentivo.
Mensaje de la Seccional ANEP-PPME a su afiliación
Seccional ANEP-PPME compareció ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico
La seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), compareció ante la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se apruebe y se envié al plenario legislativo el expediente Nº20.323, el cual busca dotar de un 5% de recursos provenientes del impuesto a personas jurídicas a la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
La comparecencia de la Seccional estuvo liderada por su presidente Gerardo Mora Ordóñez, en compañía de la directiva Johana Fernández Sequeira y el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes quienes brindaron sus argumentos que justifican la solicitud de inyectarle recursos económicos a la PPME, y que estos sean utilizados en la contratación de nuevo personal policial.
Actualmente la Policía Profesional de Migración y Extranjería cuenta con 510 funcionarios quienes deben de atender el incremento en la visitación turística en aeropuertos y puertos, problemas con el fenómeno de inmigrantes, narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados, la trata ilegal y el tráfico de personas, así como; falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas. A esto se suma la falta de infraestructura, el conflicto Crucitas y la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio.
Por estas y otras razones la Seccional ANEP-PPME ha venido solicitando en la anterior y actual Asamblea Legislativa reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, y estos sean destinados en fortalecer la Policía Profesional de Migración.
Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5% al Organismo de Investigación Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.
Durante la comparecencia de esta mañana, se barajó por parte de algunos legisladores la posibilidad de utilizar fideicomisos para dotar de nuevos recursos a la PPME, posibilidad que no es muy bien vista por la Seccional, debido a que se debe iniciar un nuevo proceso legislativo, dejando de lado el avance que se ha logrado con el expediente legislativo Nº20.323
Es importante resaltar que la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del Ministerio de Seguridad Pública
ANEP reafirma su rechazo a fijación salarial anual para sector público
- ANEP desplegará fuerte campaña de denuncia en las bases del sector público
- Sindicalistas firmantes legitimaron política de empobrecimiento salarial
- “Acuerdo” firmado es espurio, carente de legitimidad y de representatividad
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reafirma su total rechazo al espurio “acuerdo” firmado por el Gobierno con dirigentes sindicales de escasa representatividad, por medio del cual se impuso una única fijación anual para el sector Público a partir de este año 2020, mismo que fuera suscrito el pasado 17 de diciembre de 2019.
La ANEP, en consecuencia, cataloga tal “acuerdo” como espurio, carente de legitimidad dado que, por ejemplo, organizaciones sindicales relevantes de importantes conglomerados laborales del Magisterio Nacional, de la Caja, del ICE y de otras empresas públicas, así como de las municipalidades, han estado rechazando tal “acuerdo”, desconociéndolo. Y, por supuesto, jamás se les tomó parecer a las personas trabajadoras correspondientes.
ANEP desplegará a partir de este momento y en tal sentido, una fuerte campaña de denuncia en las bases laborales del sector Público, para dejar en evidencia la perversa naturaleza de tal “acuerdo”; mismo que legitima la política neoliberal de considerar a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público como las responsables del déficit fiscal, aspecto éste que ya está más que demostrado que resultó ser completamente falso.
Los dirigentes sindicales que le firmaron al repudiado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada tal “acuerdo”, le otorgaron a éste una legitimación que desde el lado obrero carecía y que le urgía exhibir; considerando que la práctica totalidad de la clase trabajadora costarricense rechaza su quehacer gubernativo, centrado éste en el empobrecimiento generalizado de las personas asalariadas, luego de la imposición del combo fiscal-Ley 9635.
En sentido, resulta inconcebible e inaceptable que desde la parte sindical se avalen políticas de precarización salarial como las que representa este «acuerdo; haciéndose más que necesario denunciarlo y no guardar un silencio cómplice.
En tal sentido es preciso que la clase trabajadora de este país comprenda que una organización del calibre de la ANEP sigue estando de su lado y que preferimos que la legitimidad que se nos otorgue es por nuestra consecuencia con los fundamentales principios de la lucha sindical y obrera. En tal sentido, marcamos la necesaria distancia del sindicalismo pro-oficialista y gobiernista.
La ANEP, aparte de la denuncia indicada, está próxima a abrir un proceso en sede judicial con miras a una eventual nulidad de tal acuerdo espurio y, por supuesto, impulsaremos la movilización necesaria que permitan las condiciones actuales, para mostrar el gran rechazo y el enorme repudio de las bases laborales del sector Público a ese acuerdo entreguista.
Posición de la ANEP ante posibilidad de aumento de salario a los policías de Fuerza Pública
Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.
Está información ha esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP, la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el ejecutivo lo paraliza.
Adoptar una posición pesimista no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de sacarlos de la Ley 9635”.
Si asuntos de más sencilla subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición salarial de los policías.
Esperemos que nuestros gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las Finanzas Públicas.
Esta posición de la ANEP, aplica para los cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones salariales.
