Categoría: Gobierno Central

ANEP reafirma su rechazo a fijación salarial anual para sector público

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  • ANEP desplegará fuerte campaña de denuncia en las bases del sector público
  • Sindicalistas firmantes legitimaron política de empobrecimiento salarial
  • “Acuerdo” firmado es espurio, carente de legitimidad y de representatividad

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reafirma su total rechazo al espurio “acuerdo” firmado por el Gobierno con dirigentes sindicales de escasa representatividad, por medio del cual se impuso una única fijación anual para el sector Público a partir de este año 2020, mismo que fuera suscrito el pasado 17 de diciembre de 2019.

 La ANEP, en consecuencia, cataloga tal “acuerdo” como espurio, carente de legitimidad dado que, por ejemplo, organizaciones sindicales relevantes de importantes conglomerados laborales del Magisterio Nacional, de la Caja, del ICE y de otras empresas públicas, así como de las municipalidades, han estado rechazando tal “acuerdo”, desconociéndolo. Y, por supuesto, jamás se les tomó parecer a las personas trabajadoras correspondientes.

 ANEP desplegará a partir de este momento y en tal sentido, una fuerte campaña de denuncia en las bases laborales del sector Público, para dejar en evidencia la perversa naturaleza de tal “acuerdo”; mismo que legitima la política neoliberal de considerar a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público como las responsables del déficit fiscal, aspecto éste que ya está más que demostrado que resultó ser completamente falso.

 Los dirigentes sindicales que le firmaron al repudiado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada tal “acuerdo”, le otorgaron a éste una legitimación que desde el lado obrero carecía y que le urgía exhibir; considerando que la práctica totalidad de la clase trabajadora costarricense rechaza su quehacer gubernativo, centrado éste en el empobrecimiento generalizado de las personas asalariadas, luego de la imposición del combo fiscal-Ley 9635. 

En sentido, resulta inconcebible e inaceptable que desde la parte sindical se avalen políticas de precarización salarial como las que representa este «acuerdo; haciéndose más que necesario denunciarlo y no guardar un silencio cómplice.

 En tal sentido es preciso que la clase trabajadora de este país comprenda que una organización del calibre de la ANEP sigue estando de su lado y que preferimos que la legitimidad que se nos otorgue es por nuestra consecuencia con los fundamentales principios de la lucha sindical y obrera. En tal sentido, marcamos la necesaria distancia del sindicalismo pro-oficialista y gobiernista.

 La ANEP, aparte de la denuncia indicada, está próxima a abrir un proceso en sede judicial con miras a una eventual nulidad de tal acuerdo espurio y, por supuesto, impulsaremos la movilización necesaria que permitan las condiciones actuales, para mostrar el gran rechazo y el enorme repudio de las bases laborales del sector Público a ese acuerdo entreguista.

Posición de la ANEP ante posibilidad de aumento de salario a los policías de Fuerza Pública

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Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.

Está información ha esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP, la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el ejecutivo lo paraliza.

Adoptar una posición pesimista no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de sacarlos de la Ley 9635”.

Si asuntos de más sencilla subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición salarial de los policías. 

Esperemos que nuestros gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las Finanzas Públicas.

Esta posición de la ANEP, aplica para los cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones salariales.

ANEP, ASDEICE, SIICE y UPINS denunciaron ante Michelle Bachelet violación a los Derechos Humanos, libertad sindical y el derecho a huelga

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  • También detallaron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos el irrespeto y descalificación por parte del Gobierno de la República y actores políticos al pronunciamiento de los Relatores Especiales de la ONU

A las 4 de la tarde de este martes 3 de diciembre de 2019, Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, se reunió en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  con varios dirigentes sindicales costarricenses, incluyendo a una delegación de representantes de las organizaciones ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE quienes presentaron una denuncia formal sobre las violaciones a los Derechos Humanos, libertad sindical y el derecho a huelga en Costa Rica.

Dichas entidades sindicales entregaron en las propias manos de Bachelet Jeria un vigoroso documento-estudio, profesionalmente elaborado a la luz del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, destacando las graves violaciones a los mismos contenidas en el Expediente Legislativo No. 21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que ya recibió primer debate y que, “inexplicablemente”, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló.

“Durante la reunión se enfatizó en la necesidad de que intermediando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le quede bien determinado al país, a sus autoridades políticas y administrativas de todos los ámbitos institucionales, así como a toda la sociedad civil, a toda la prensa y al pueblo en general, de que las personas trabajadoras sindicalistas somos defensores y defensoras de los Derechos Humanos; así como que éstos contemplan, contienen, avalan y protegen la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Vargas comentó a las afueras de la CIDH, que la reunión también se aprovechó para denunciar “como fueron maltratados en el país los señores Relatores Expertos del Consejo de Derechos Humanos, por parte de autoridades gubernativas (ejecutivas y judiciales), así como por insanos e ignorantes comentarios de prensa, por lo que se entregó documento compilatorio de recortes de prensa que, de diversas maneras, ofendieron y descalificaron la legitimidad de las relatorías expertas del Consejo de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas”.

Las organizaciones sindicales, también confirmaron que han abierto un litigio internacional en materia de Derechos Humanos, Libertad Sindical y Derecho de Huelga, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el marco jurídico de los diversos tratados internacionales en la materia que Costa Rica ha firmado y ratificado.

Al término de la reunión las organizaciones sindicales de ANEP, ASDEICE, SIICE y UPINS presentaron siete petitorias que compartimos a continuación.

-Que el honorable Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifique la vinculancia de la Other Letter para el Gobierno de Costa Rica, realizada por los Relatores Especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, mediante comunicación OL CRI 5/2019 del 07 de octubre del 2019.

-Que se solicite al Gobierno de Costa Rica la aplicación inmediata de los ordenado por los Relatores Especiales y se detenga en el Congreso de la República de Costa Rica, la aprobación del proyecto de Ley No. 21049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, conocida por nosotros como “Ley Anti-huelgas”.

-Que en virtud de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que usted preside, honorable señora Michelle Bachelet Jeria, realizará un seguimiento sobre nuestra denuncia, se instale una comisión nacional de las partes que le dé seguimiento a lo planteado por los Relatores Especiales en su Other Letter dirigida al Gobierno de Costa Rica.

-En virtud de la opinión consultiva al Gobierno de Colombia, se aplique igual para nuestro país, la responsabilidad gubernamental de aportar recursos para que los afectados por violación a Derechos Humanos sindicales puedan defenderse.  

-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos explicite a la población costarricense, a las autoridades políticas nacionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad periodística costarricense, mediando los medios que estime pertinente, que las personas que dentro del marco de la ley, la nacional y la internacional, practicamos la actividad sindical somos también personas defensoras de los Derechos Humanos y merecemos la protección correspondiente de parte de los mecanismos e instrumentos del Derecho Internacional al respecto.

-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimule y promueve, con urgencia, jornadas de capacitación con relación a las obligaciones-país producto de su adhesión-ratificación de los diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, así como con relación al conocimiento y manejo de las instancias y de los procedimientos paras su protección; congregando para ello a autoridades políticas ejecutivas, legislativas y judiciales; a las organizaciones sindicales y empresariales; a la comunidad mediática nacional, a agrupaciones de la sociedad civil, entre otras.

-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se analice el caso de la detención ilegal y encarcelamiento, igualmente ilegal, de un trabajador que participó en la huelga nacional contra el proyecto fiscal del año pasado 2018, quien sufrió presión durante 3 meses causándole grave daño en distintos órdenes, pues estamos de cara a un cruel episodio y un precedente nefasto de la criminalización de la protesta social en el marco de un proceso de deterioro paulatino de las libertades democráticas y, específicamente, las de orden sindical.

San José, martes 3 de diciembre de 2019.

-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

-Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)

-Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE)

-Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE)

Nuevo ministro de Hacienda concuerda con la ANEP «la evasión de impuestos en Costa Rica es sustancial»

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• Desde ANEP hemos advertido, reiteradamente, que el pago de intereses la deuda pública está fuera de control

• ANEP ha planteado instalación de escáneres y fortalecimiento de la Policía Fiscal:  son urgencias sin discusión

“La evasión de impuestos en Costa Rica es sustancial y ahí hay varios puntos del PIB…”, es el comentario más relevante que resaltamos de la presentación oficial que ha hecho el nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, al asumir el cargo.

En ANEP llevamos muchísimo tiempo estudiando, analizando y denunciando que el robo de impuestos en Costa Rica, en todas sus manifestaciones y con ropaje legal o sin él, oscila entre los 6 y los 8.5 % puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB); lo cual ha sido cohonestado, tácitamente tolerado y hasta ha contado con complicidad abierta y favorecimiento político de alto nivel por parte las últimas administraciones gubernativas, incluso por la gestión de la persona antecesora a la cabeza de la cartera ministerial de Hacienda.

Reiteradamente hemos sostenido que la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado, así como la que tiene empleo formal o está fuera del mismo, no evade impuestos y honra los que le corresponden; sin embargo, viene siendo la más sacrificada por el desastre fiscal de los últimos tiempos y que es responsabilidad directa de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.

En el último año, tras de cuernos, palos:  la imposición del plan fiscal, Ley de la República 9635, oficialmente denominada Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vino a agravar la situación económico-financiera de las clases trabajadoras, así como la de las micro-pequeñas y medianas empresas, también sometidas a un ajuste fiscal duro e injusto y ya, de por sí, condenadas por años a sufrir las injusticias de un sistema tributario totalmente regresivo.

Dice Rodrigo Chaves Robles que hay que instalar el sistema de escáneres y resaltamos la urgencia de ello, lo cual fue planteado como una propuesta sindical de la ANEP con ocasión del conflicto social-fiscal del año pasado 2018.

Nuevo ministro de Hacienda le da la razón a la ANEP


¡En hora buena! Pero se necesita gran voluntad política y firmeza para enfrentar un desafío a las mafias evasoras de impuestos de tal calibre, como lo supone instalar-imponer los escáneres.

Por otra parte, la Policía Fiscal ocupa de un real fortalecimiento estratégico de carácter integral, en tecnología, en equipamiento sofisticado de última generación y, especialmente, en más recurso humano.

La carencia de personal en este cuerpo policial no puede interpretarse como algo distinto a la ausencia de voluntad política para entrarle duro a la evasión fiscal; o bien, casi como una actitud complaciente y cómplice con ésta de parte de los últimos gobiernos.

El nuevo jerarca de Hacienda debe entrarle, también con fuerza, al sistema de exenciones-exoneraciones, el cual arroja hasta 6 puntos del PIB, con unas 440 leyes que fortalecen la desigualdad y la exclusión socioeconómica.

Otro tema candente pendiente de abordaje político decidido tiene que ver con los dineros sucios productos de la actividad ilícita del narcotráfico y del crimen organizado que, a juicio de entendidos, ya representa varios puntos del PIB.

La gravedad de esta circunstancia tiene impactos en todos los órdenes y bien podría ser el momento de activar la discusión del establecimiento en Costa Rica del impuesto Tasa Tobin, un impuesto a las transacciones bancario-financieras de cierto alto monto hacia arriba.

Finalmente vamos a reiterar con mucha fuerza ante el nuevo ministro de Hacienda la imperiosa necesidad de que en Costa Rica se efectúe una auditoría ciudadana de la deuda pública. Chaves Robles plantea que el país debe buscar “endeudamiento barato” para aliviar la carga pesadísima de intereses que golpea los servicios públicos y a las mayorías ciudadanas; cerrando así el paso a la construcción de nueva infraestructura, precarizando más los servicios sociales que deben estar dedicados a reducir el crecimiento de la desigualdad.

ANEP considera que es una verdadera locura el manejo que se le ha venido dando a la deuda pública y, especialmente, la irracionalidad y la obscenidad que representará pagar hasta 5 puntos del PIB el pago de intereses como ya se está perfilando.

En este tema hay oculto un jugoso negocio con el cual se han venido beneficiando grupos financiero-económicos que, a la vez, son también evasores de impuestos.

San José, miércoles 27 de noviembre de 2019.


Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

Posición Bloque Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica, sobre el uso de las policías para el operativo de seguridad de diciembre

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Representantes de los distintos sindicatos que luchan por la defensa de los derechos humanos y laborales de las personas que prestan su labor en los distintos Cuerpos Policiales del país; hoy más que nunca, unidos como un solo bloque, ante el análisis de las circunstancias en que se anunció, por parte del Poder Ejecutivo, el operativo de seguridad ciudadana para diciembre; informamos:

Que estamos de acuerdo en que se fortalezcan los lazos de la cooperación interinstitucional y se optimicen los réditos que estas acciones pueden producir en favor de la población costarricense. No obstante, este tipo de alianzas entre Cuerpos Policiales alcanzará importantes resultados, solo bajo el entendido del respeto a la especialización, metodología y funcionamiento con que opera cada una de las instituciones participantes, así como la garantía de la no violación de los derechos laborales de los servidores policiales.

Aunado a lo anterior, preocupa a nuestras organizaciones sindicales, el hecho de que se busque dar una cobertura extraordinaria a un dispositivo de seguridad ciudadana, partiendo con la premisa de utilizar recurso humano destacado en otras zonas geográficas, y dejando de lado la especialidad de cada órgano de seguridad. Esta ejecución significa el debilitamiento de la seguridad ciudadana, en materias especializadas, como el contrabando, la prevención de actos de interferencia ilícita en terminales aeroportuarias, el control migratorio en zonas específicas…entre otras de importancia, dada la escasez de personal en prácticamente todas las policías del país. Todo lo anterior, en medio de un contexto, de una época del año en la que se incrementa la demanda de funcionarios ejecutando con eficacia y transparencia las labores propias de cada área.

Desea nuestro bloque hacer un llamado vehemente a los jerarcas de los distintos Cuerpos Policiales, ya que, nuestra experiencia propia en el campo, nos recuerda que en la concreción de operativos como el que nos ocupa se presentan dificultades logísticas, de transporte, alimentación, e imprevistos operativos que causan serias violaciones a las jornadas laborales que, por sí mismas, ya cargan a los funcionarios con extensas y agotadoras jornadas ordinarias de 12 horas. Sin dejar de mencionar la reincidente negativa de la Administración para reconocer el pago de tiempo extraordinario.

Recapitulando:

1) Hacemos un llamado para que se excluya la politiquería y el populismo de las decisiones que se deben tomar en materia de seguridad ciudadana.

2) Solicitamos se fortalezcan la cantidad de recurso humano de los cuerpos policiales, para no perjudicar a la población ante dispositivos o eventos especiales que demandan más personal policial en una zona específica.

3) Se tomen las previsiones necesarias para que servidores que vienen experimentando desintegración familiar, exposición continua al peligro, sobrecargas de trabajo, condiciones laborales contrarias a la salud y desmejora en su remuneración salarial, no se vean aún más afectados, por la violación de derechos laborales, en un operativo desesperado, que intenta maquillar la preocupante realidad que vive Costa Rica en materia de seguridad.

¡Porque la gente que nos cuida lo mínimo que pide es se le trate con respeto y dignidad!

Bloque Sindical de Cuerpos Policiales de Costa Rica

Integrado por las seccionales de ANEP en  MINAET, Fuerza Pública, PCD,SVA, Policía Penitenciaria, PPME. Además de los sindicatos SOPOCOFI y UNATEPROT

Cuerpos policiales inician mesas de negociación con el Gobierno

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Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Encuentro Social Multisectorial y el Gobierno de la República, este martes 20 de agosto, dio inició la mesa de negociación entre los representantes sindicales de los cuerpos policiales y el Poder Ejecutivo

La reunión que tiene como sede el Salón Asturias del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), cuenta con la participación de representantes de las seccionales de la ANEP en la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía Municipal, Policía Fiscal, Vigilancia Aérea y Policía de Control de Drogas, así como representación de otras organizaciones sindicales de Policía de Tránsito y Guardapaques.  Por parte del gobierno estan presentes Juan Alfaro, Viceministro de la Presidencia; Fiorella Salazar, Viceministra de Seguridad; Daniel Soto, Viceministro de Planificación; Ricardo Marín, Viceministro de Trabajo y Diana Posada, Viceministra de Justicia y Paz

Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indico que estas reuniones permitirá poner sobre la mesa las carencias y afectaciones que sufren los cuerpos policiales del país, las cuales impactan directamente en su labor y la seguridad ciudadana.

“Es importante que den inicio las conversaciones a efectos de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que sufren los cuerpos policiales, entre estas; la afectación a salarios con la entrada en vigencia de la Ley 9635, delegaciones en mal estado, falta de equipo, recarga de labores ante el faltante de personal. Estas situaciones las plasmamos en un documento, que se entregó desde el pasado 24 de junio, con motivo de la manifestación de cuerpos policiales”, dijo Anchía.

Un ejemplo de lo anterior, son las 114 delegaciones de Fuerza Pública que cuentan con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, esto luego de una denuncia presentada por la seccional ANEP-Fuerza Pública.

Por su parte Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, resaltó la importancia de la reunión, ya que permitirá llevar directamente a los jerarcas de las instituciones y al Gobierno, las inquietudes y afectaciones que han sufrido los cuerpos policiales durante años.

“En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería tenemos la falta de recursos económicos, personal, infraestructura y capacitación. Incluso, en este último punto la Escuela Nacional de Policía cobra casi 5 millones de colones por capacitar a un solo oficial de Migración y Extranjería, esto pese a ser un cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública”, manifestó Ordóñez.

Para la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria la unión de los gremios de los cuerpos policiales demostró la similitud de carencias en todas las policías del país, siendo la seguridad ciudadana la principal afectada.

“Como cuerpos de policía compartimos problemáticas puntuales que deben de llamar la atención del Poder Ejecutivo, ya que también está en juego la seguridad del país”, manifestó Benjamín Sevilla García, representante de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

La agenda que han planteado los Cuerpos Policiales es la siguiente:

1-            Reformar la Ley 9635, de manera tal que se excluya a los Cuerpos Policiales de la aplicación de la misma.

2-            Excluir a los Cuerpos Policiales de la Ley Marco de Empleo Público, por su carácter excepcional.

3-            Iniciar un proceso, para la equiparación salarial de los Cuerpos Policiales del Poder Ejecutivo, con los del Poder Judicial.

4-            Retomar y replantear un proyecto de Ley de Pensión para todos los Cuerpos Policiales.

5-            Presupuestar la reparación de las delegaciones policiales, que se mantienen con órdenes sanitarias o de clausura.

6-            Presupuestar la compra de equipo policial y tecnológico, para dotar al personal policial y Administrativo, de las herramientas necesarias.

7-            Presentar reformas legales, a efectos de que las faltas a la autoridad, dejen de ser una contravención y los oficiales cuenten con mayor respaldo jurídico en su actuar.

8-            Respaldar el proyecto de Ley, Póliza 24/7 para la población policial, presentando por el Diputado HARLLAN HOEPELMAN PAÉZ.

9-            La Contratación de personal, en donde se ha demostrado que es necesario.

10-         Que se deje sin efecto, la reducción del 18% que se aplica al salario a un oficial de Policía, después ver disminuida su capacidad física, producto de sus funciones.

11-         Que la Escuela Nacional de Policía, brinde refrescamiento todos los años en manejo de armas, manejo de situaciones de crisis, técnicas de intervención y legislación policial, para lo cual se deberán programar grupos regionales.

12-         Que el Ministerio de Seguridad Pública, facilite transporte a los funcionarios en proceso de adiestramiento, o de capacitación en el centro de formación policial “Murciélago” y en la Escuela Nacional de Policía en Pococí. Entendiendo que dicho traslado forma parte de la formación y sentido de cuerpo que debe existir en la Fuerza Pública.

13-         Equipo de protección personal, adquisición de armas “no letales” (Taser). En lo que refiere a la salud del funcionario; uniforme, bloqueador solar, lentes oscuros, guantes de látex, chaleco antibalas para personal femenino y chaleco policial especial para las zonas de alto factor térmico (zonas costeras).

14-         Que, siendo nuestro país firmante de los Convenios Internacionales en materia de libertad sindical, se conceda un día pleno por cada Curso Básico Policial, tanto en la sede de Guápiles, como en el centro de formación Murciélago, así como en las Escuelas de los demás Cuerpos Policiales, efectos de brindar información en torno al ejercicio democrático de la organización sindical. 

Posición de la Seccional ANEP- PPME ante detención de funcionario

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La Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME), lamentan que el jefe de una Policial Regional esté envuelto en condiciones de presunta comisión de ilícitos que empañan su desenvolvimiento laboral, poniendo en grave riesgo la seguridad y estabilidad de su propio empleo y hasta enfrentar procesos judiciales.

La Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración (PPME)  hace un llamado respetuoso y vehemente para toda la membrecía en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, especialmente a los y a las integrantes de la misma como personas socias de la ANEP, para que en el ejercicio de sus delicadas y estratégicas tareas al servicio del país, siempre tengan presente los valores de la máxima transparencia, la ética sólida, la moral más contundente y en abierta confrontación a todas clase de prácticas indebidas, torcidas y corruptas.

Bajo estos principios, la seccional recibió una denuncia anónima en enero del presente año, por lo que trasladó dicha denuncia a la Dirección a la Policía Profesional de Migración y Extranjería, la cual desencadenó la detención del jefe de la Oficina Regional Policial de Paso Canoas, Sabalito, Pérez Zeledón y Golfito, quien presuntamente habría permitido la salida de país de un familiar, quien tenía restricción.

Es importante destacar que desde hace mucho tiempo la Seccional en la Policía Profesional de Migración ha venido luchando en favor del fortalecimiento institucional, la reivindicación plena del personal del servicio migratorio y por salarios decentes y dignos. 

La ANEP y su seccional  están conscientes de que, hoy en día falta personal en el seno de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, los recortes al presupuesto tienen al personal migratorio del país en condiciones de gran precariedad salarial y ocupacional, con grave riesgo de sus propias vidas y con riesgos de caer en tentaciones de obtención dinero fácil, que jamás justificaremos, pero que se dan en un preocupante contexto de deterioro integral del entorno sociolaboral de Migración y Extranjería.

La seccional solicitará al ministro de Seguridad, Michael Soto que revisen otros casos qué se habían puesto en conocimiento de la administración anterior. 

Gerardo Mora Ordóñez

Directivo Nacional de ANEP

Presidente de la Seccional ANEP PPME

Folleto sobre Proyecto de Ley Marco Empleo Público

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El proyecto de ley presenta problemas importantes respecto del marco constitucional. Estos problemas tienen que ver con la inobservancia del régimen de autonomía administrativa, propia de las Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, del régimen de independencia de administración, organización y gobierno exclusivo de las universidades públicas estatales y frente al ejercicio de derechos fundamentales como los derivados de la libertad sindical y el derecho a la no discriminación.

Folletos sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público by Yariela Novo on Scribd

Folletos sobre el proyecto … by Yariela Novo on Scribd

Seccional ANEP-PANI compareció ante Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa

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La Seccional ANEP- PANI expuso ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, la problemática interna institucional, entre ellas se encuentra la falta de personal, acoso laboral y hacinamiento.  

Una de las críticas más fuertes de la Seccional, es que las anteriores presidencias ejecutivas y la actual, tienen conocimiento del abordaje inadecuado que hacen las jefaturas con sus subalternos, lo que ocasiona no solo una violación de los derechos al funcionario sino también afecta el servicio que se debe dar a los menores de edad; al no existir un coordinador con habilidades de líder crea ambientes laborales insanos lo que lleva a toda una gestión institucional al declive en todas las áreas.

Actualmente, no existe una política de sensibilización o capacitación para el abordaje de funcionarios que denuncian ser víctimas de acoso laboral.  De hace muchos años lo que se estila en las personas que denuncian acoso laboral es la constante de que son revictimizados por la administración se le estigmatiza al punto de minarlos en todas las áreas físicas, emocional, social y profesionalmente al funcionario.

El Departamento de Recursos Humanos y de las autoridades en general, no promueven el autocuidado o la motivación de sus funcionarios y mucho menos promover políticas necesarias en las personas que trabajan con problemas de tanto impacto emocional como los que se atienden en la institución.

Hace dos años cuando fue instaurada la Comisión que veía las denuncias por acoso laboral, iniciaron con 12. Sin embargo, las denuncias han aumentado y muchas han sido elevadas a sede judicial, ya que en sede administrativa ninguna de las denuncias ha sido acogida como tal.  Esto se debe a un sin fín de omisiones que entraban los procesos, aunque existan pruebas contundentes que demuestran el acoso.

Uno de los aspectos importantes de mencionar es que el PANI no cuenta con directrices claras sobre niñez y adolescencia para que los trabajadores puedan orientar las funciones y decisiones en la búsqueda del interés superior de la persona menor de edad.  Desde el año 2008, la Seccional ANEP- PANI ha hecho del conocimiento a todas las Presidencias Ejecutivas sobre todas las problemáticas institucionales.

Por otra parte, los albergues del Patronato Nacional de la Infancia cuentan con capacidad máxima para 10 personas menores de edad cada uno. Sin embargo, datos al 1º de julio del 2019, demuestran que existen albergues que funcionan con hacinamiento, por ejemplo, los albergues de Estrellitas de Luz aloja a 18 personas menores de edad, Hogar del Sol con 13, Moravia Dos con 17 y el de Orquídeas con 14 personas menores de edad.

Los funcionarios de oficinas locales del PANI trabajan bajo presión y preocupación personal ante las posibilidades reales de evitar el maltrato y proteger efectivamente a los niños, niñas y adolescentes, en medio de tantas limitaciones. Además, viven con incertidumbre, frustración, debido a que no pueden estar al día con el trabajo por la excesiva carga laboral y la falta de personal.

Trabajar en el PANI es sinónimo de laborar con estrés crónico y esta condición, predispone el desarrollo de múltiples problemas de salud física y psicológica de todos los funcionarios.

Seccional Policía Profesional de Migración insta a Ministro de Seguridad nombrar Director en la Policía de Migración

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La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), solicita al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nombrar lo antes posible al Director de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y operatividad de este cuerpo policial.

Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME, indicó que desde el 2015, con la salida de Yocnan Murillo Chacón, último jefe de este cuerpo policial, no se cuenta con un mando de confianza, situación que estaría provocando una falta de coordinación con oficinas regionales y un expedito control migratorio.    

La solicitud del sindicato nace al enterarse que este viernes 5 de julio se realizó la graduación del curso de comisionados, impartido por la Academia Nacional de Policías, con la participación de un representante de la Policía Profesional de Migración, el cual con este atributo estaría cumpliendo con el requisito de ley para ser nombrado Director de la PPME. A la vez, esto permitiría el nombramiento de un sub director.

“Este nombramiento nos permitiría tener el liderazgo necesario para una mejor coordinación, funcionamiento y comunicación para cumplir las funciones encargadas a la Policía Profesional de Migración de acuerdo a la legislación. Además, se abre el panorama para que los demás oficiales puedan realizar los diversos cursos que ofrece la Academia Nacional de Policías para subir en el escalafón policial” finalizó Mora.