Categoría: Gobierno Central

Tomado de larepublica.net

La decisión del presidente Luis Guillermo Solís de respaldar y discutir a partir de la otra semana, la ley de empleo público, tendría un elevado costo político para el gobernante Partido Acción Ciudadana de cara a las elecciones de 2018.

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Unos 300 mil burócratas y sus familiares podrían votar por Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, como una medida de protesta en contra del gobierno que hoy encabeza Luis Guillermo Solís y que, supuestamente, era cercano a los trabajadores, asevera Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La molestia del sindicalista se debe a que la ley que debatirá el Congreso, con el apoyo del Gobierno, recortaría pluses salariales como anualidades, dedicación exclusiva y prohibición y al mismo tiempo, bajaría el tope de cesantía de 20 años a ocho años, entre otras medidas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.

De esta forma, solo quedaría “la democracia de la calle” como alternativa, agrega Vargas.

¿Se puede decir que con esta decisión, el gobierno del PAC les entrega la elección de 2018 a los partidos tradicionales?

Es una buena pregunta, ya que lo va a quedar en la imagen del empleado público es que este gobierno fue un desastre para sus intereses y eso pasa una factura, sobre todo si también se cobran nuevos impuestos a través del IVA principalmente que impulsa el presidente Luis Guillermo Solís.

Yo no sé qué va a pasar, lo que sí sé es que somos 300 mil empleados públicos que se convierten en un 1 millón de votos con nuestros familiares y que una campaña política se puede perder por 50 mil votos o menos.

¿Hubo traición del presidente Solís con el sector sindical al respaldar esta propuesta?

Nos parece que el gobierno se mete en la danza electoral de 2018, y cree que al convocar esta ley tan nefasta va a ganar en imagen pública para su partido, a costa de sacrificar derechos laborales y salariales de los empleados públicos, uniéndose así al circo mediático que ha satanizado el empleo público.

Lo que no ha logrado entender es que se podría dar un efecto contrario.
El Gobierno cree congraciarse con la opinión pública, pero le hace el trabajo sucio al PLN.

¿Es el mayor retroceso laboral de la historia?

Definitivamente. El problema de la desigualdad pasa por el tema de los salarios y no vamos a resolver este tema, bajando el salario de los que ganan un poquito mejor, y equiparlo con el sector privado.

Eso no es justicia social.

¿Qué peso tiene el costo de los salarios públicos en el déficit fiscal?

Eso es lo extraño, el mismo gobierno nos ha dicho que el principal disparador del gasto público son los intereses de la deuda, que se comen el 40% del presupuesto de la República, entonces, no vemos la razón de echarles los muertos a los empleados públicos, cumpliendo con lo que dice Liberación Nacional de que los malos de la película somos nosotros.

Uno de los principales puntos de la ley de empleo público busca recortar las anualidades. ¿Son estas un derecho adquirido, o bien, un incentivo que debe ganarse?

La discusión de las anualidades y otros pluses debe darse en otro contexto, pero no de esta forma.

Se están mezclando pluses, anualidades y déficit fiscal, además de interés de la deuda y eso es un coctel molotov.

Los pluses de cada empleo público no son iguales, no hay un solo régimen de empleo público, sino 14 sistemas diferentes.

La gente no sabe, pero apenas el 0,6% de los burócratas tiene salarios superiores a los ¢2,5 millones, cuando lo que se debe hacer es revisar los salarios de lujo.

La ley establecería un monto máximo de salario cercano a los ¢5 millones, ¿acaso eso no es revisar los salarios de los altos jerarcas?

Por qué no legislan solo para jerarcas, por qué excluir a los banqueros, que den el ejemplo.

Están pagando justos por pecadores, nosotros somos puntuales pagadores de impuestos, pagamos renta cuando corresponde y pagamos el de ventas, cada vez que hacemos una compra, mientras existe una gran evasión de impuestos del 8,5% del PIB por parte del sector privado, además de un 6% del PIB en exoneraciones. Ahí es donde se deben hacer los esfuerzos.

Por otra parte, hay que aclarar que revisar los salarios públicos tendría poco impacto en la resolución del déficit fiscal, lo que quieren es empobrecer a la clase trabajadora.

¿Qué pasará ahora?

Creemos que hay apostar a la democracia de la calle.
Espero un bochinche grande.

Desde hace tiempo hemos hecho un llamado a la unidad sindical en la acción, pero la dirigencia no se ha comprometido. Espero que ahora cambie el panorama.

*¿Irán a la Sala IV?
*
Todos los escenarios de empleo público están abiertos.

Nos preocupa que este tema se discuta en el Congreso, donde hay una gran carga ideológica, no hay una discusión sana, pausada, no se pueden resolver 70 años de empleo público y jurisprudencia en un solo proyecto de ley.

Aunque no podemos hablar por la totalidad del Movimiento Sindical representante de la clase trabajadora asalariada del sector Público pues apenas somos una corriente parte del mismo, sí podemos afirmar que hay claridad en cuanto a que la única posibilidad de enterrar, definitivamente, el proyecto de Empleo Público es la huelga general y con carácter indefinido según diversos criterios que se vienen manifestando dentro de la dirigencia sindical nacional.

Se ha venido planteando que el mejor momento para el arranque de esa huelga general y que podría tener un carácter indefinido, es que sea al día siguiente de que en la Asamblea Legislativa le dieran vía rápida a la tramitación del expediente legislativo 19.506.

Al ser así las cosas, el gran desafío para el Movimiento Sindical en la presente coyuntura, que es la más difícil de toda la historia del Empleo Público de nuestro país, es articularse en el marco de la diversidad que le caracteriza para desarrollar ese desafío de la huelga general una gran unidad sindical en la acción, más allá de las divergencias entre los dirigentes.

En tal sentido, desde el Colectivo Sindical Patria Justa reiteramos el más transparente, vehemente y respetuoso llamado a la unidad sindical en la acción a todos los colegas dirigentes de las otras corrientes sindicales que, de una manera u otra, también han venido levantando activa y militantemente las banderas de la defensa obrera en el marco de la feroz campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de quienes laboran para el Estado.

Pero, además, este enorme desafío para la más amplia unidad sindical en la acción es doble en esta delicada coyuntura.

El pacto entre el Gobierno-PAC y el Partido Liberación Nacional (PLN) para atacar derechos salariales y laborales de los empleados públicos, agrede también a toda la clase trabajadora sin excepción, al imponerle a la misma un aumento de 2 puntos en el impuesto sobre las ventas, transformándolo en impuesto al valor agregado (IVA), pasándolo del 13 al 15 %.

Esto constituye una severa y condenable agresión económico-social no solamente para quienes están como asalariados en el sector privado bajo la “dictadura” del salario mínimo (que por cierto, ni siquiera se aplica a casi la tercera parte de este segmento laboral), sino para ese gran conglomerado obrero de la economía informal que está ya acercándose al 50 % de la Población Económicamente Activa (PEA).

En definitiva, el proyecto de Empleo Público, expediente legislativo 19.506 y aumentar del 13 al 15 % el impuesto sobre las ventas, son dos injustas medidas para profundizar la peligrosa senda de la desigualdad, la de la concentración de la riqueza, la de la exclusión y la de la violencia social.

Este pacto Gobierno-PAC con el Partido Liberación Nacional (PLN), empleo público a cambio de IVA sirve como elemento para explicarse las razones por las cuales entre un 50 y un 70 por ciento de la población electoral nacional se siente estafada, políticamente hablando.

En el caso del sector Público, con unas 300 mil personas trabajadoras asalariadas, se puede hablar de cerca de 1 millón de votos que estarían buscando una seguridad laboral, social y laborar que no parece que vendría ni del propio PAC, ni mucho menos del PLN y sus turecas del parlamento.

Tenemos fe de que el Movimiento Sindical en su conjunto estará a la altura de semejante desafío histórico, considerando que todas las bases laborales y sociales que representamos ya están unidas, ansiando y demandando que los dirigentes nos unamos y nos sentemos a trabajador en la planificación de esa huelga general.

San José, viernes 6 de enero de 2017.

La Comisón Negociadora de Salarios del Sector Público acordó realizar dos reuniones posteriores a la de este martes con el propósito de finalizar la negociación salarial y estudiar los cambios en la fórmula utilizada para el ajuste salarial, que se llevarán a cabo el jueves 4 de agosto a las 2:30 p.m. en el Ministerio de Trabajo y jueves 18 de agosto a las 8 a.m. en Jupema, respectivamente.

Escuche las declaraciones de Wálter Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP y Olman Chinchilla, de la Central de Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC).

INCUMPLIMIENTOS

Las Centrales Sindicales llaman de nuevo la atención de quienes integran la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público y por supuesto de las autoridades del Gobierno, por cuanto no se está cumpliendo el decreto los contenidos del Decreto Nº 35730 de creación de esta Comisión que en lo que
interesa dice:

Artículo 9º—La Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público tendrá las siguientes atribuciones:
a) Actuar como instancia de negociación en relación con los ajustes de salarios del sector público y sus componentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y posibilidades financieras. Los acuerdos serán ejecutados por los Órganos competentes según corresponda. b) Ser una instancia de análisis de la política salarial del sector público a efectos de ofrecer recomendaciones y pronunciamientos en esta materia.

Como puede deducirse de los inciso de este artículo, la Comisión no solo tiene que reunirse para revisar el costo de vida y aprobar un porcentaje determinado en cada semestre, sino que tiene la facultad de analizar diversos escenarios, de la composición de los salarios, tanto la base de los mismos como sus componentes adicionales, para lo cual en diversas oportunidades se han realizado estudios se han hecho propuestas, pero lamentablemente durante la Administración Chinchilla Miranda y la actual Solís Rivera ha sido imposible llegar a conclusión alguna a pesar de la insistencia de nuestra delegación

Como se indicara en la presentación de nuestra propuesta de ajuste para el primer semestre 2016, se hizo un recuento de los acuerdos que se habían fijado y la determinación de plazos para concluir estudios sobre diferentes aspectos relativos a anualidades, dedicación exclusiva y prohibición, carrera profesional, carrera técnica, zonajes, incentivos por productividad, salarios de categorías más bajas que sus bases se encuentran por debajo de los mínimos de sus homólogas del decreto de salarios mínimos, revisión de brechas y de , percentiles entre otros aspectos, pero nada de relativo a ello se ha podido revisar ni discutir

Desde esa perspectiva nuestra visión es que existe una intención clara de ignorar en absoluto los alcances del decreto, lo que desde nuestra perspectiva está imposibilitando resolver problemas serios que están afectando a una gran cantidad de personas, especialmente a las menos favorecidas.
Por ello reiteramos nuevamente la urgencia de buscar solución a los problemas planteados, que indudablemente en algunos casos podrían significar algunos costos pero que si se sigue una política tributaria adecuada, como lo hemos señalados a las autoridades del Gobierno, este podría tener los recursos sanos para hacer frente a los mismos, en un futuro próximo

CON RESPECTO AL MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO

Tanto las centrales sindicales firmantes de esta propuesta, como las demás integrantes de la CNSSP, hemos insistido en la urgencia de revisar el mecanismo aprobado en el 2008, con respecto a la inflación, y en especial por la naturaleza distinta que se ha generado en los últimos años al producirse no un proceso inflacionario sino por lo contrario, en los últimos semestres encontramos un bajo crecimiento o bien una tendencia a la deflación,
2014 inflación segundo semestre 0,94%, 2015 inflación primer semestre 0,08%,
inflación segundo semestre -0,88%, 2016 inflación primer semestre 0,01% que si bien, estructuralmente existe un instrumento para medirla, la verdad es que el sentimiento y percepción de las personas, es que en la práctica sienten que cada vez su costo de vida sube, aunque los resultados del INEC digan lo contrario, máxime cuando la percepción que se maneja en los medios de comunicación es el de que Costa Rica forma parte de los países más caros de América.
A veces basta observar las tasas de interés que se cobran en los préstamos que proporcionan, bancos, cooperativas, etc., y peor aún, los que se manejan para las compras a través de las tarjetas de crédito. Lamentablemente estas tasas no son contempladas en el instrumento de medición IPC.

Tal y como lo indicamos en la propuesta anterior, y percibiendo que en este segundo semestre que recién arrancó, se han dado signos muy fuertes que la tendencia en materia de inflación será creciente, en virtud de que el valor de la moneda nacional está sufriendo una depreciación con respecto al dólar, cuyo costo va en acenso, sobrepasando ya los 555 colones, los precios de los combustibles han aumentado considerablemente y se perfila nuevos aumentos de productos en el mercado internacional, lo que nos hace pensar que los y las costarricenses, tendremos que soportar un segundo semestre muy caro, por lo que creemos oportuno protegerles a través de una previsión futura, para lo cual creemos conveniente utilizar en este proceso la proyección del Banco Central de Costa Rica que en su programa Macroeconómico 2016 la mantiene en un crecimiento del IPC del 3% (±1), por lo cual se podría estar aplicando en esta ocasión la inflación semestralizada según lo define dicho el Banco

NUESTRA PROPUESTA

1-Ajustar los salarios a todas las categorías tanto de profesionales como de no profesionales a partir del 1º de enero de 2016 y para el Primer Semestre en un 1.49%

2-Aplicar un ajuste adicional a las Categorías Ocupacionales contempladas en los estratos, operativos, calificados y técnicos del 1%, con el propósito de continuar disminuyendo la brecha de sus salarios base con respecto a los salarios mínimos de sus homólogos contemplados en el decreto de salarios mínimos

3-Aplicar también dicho ajuste del 1.49% también a las pensiones de todos los regímenes con cargo al presupuesto nacional