El proyecto de ley presenta problemas importantes respecto del marco constitucional. Estos problemas tienen que ver con la inobservancia del régimen de autonomía administrativa, propia de las Municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social, del régimen de independencia de administración, organización y gobierno exclusivo de las universidades públicas estatales y frente al ejercicio de derechos fundamentales como los derivados de la libertad sindical y el derecho a la no discriminación.
La Seccional ANEP- PANI expuso ante la Comisión de
Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, la problemática
interna institucional, entre ellas se encuentra la falta de personal, acoso
laboral y hacinamiento.
Una
de las críticas más fuertes de la Seccional, es que las anteriores presidencias ejecutivas y la actual, tienen
conocimiento del abordaje inadecuado que hacen las jefaturas con sus
subalternos, lo que ocasiona no solo una violación de los derechos al
funcionario sino también afecta el servicio que se debe dar a los menores de
edad; al no existir un coordinador con habilidades de líder crea ambientes
laborales insanos lo que lleva a toda una gestión institucional al declive en
todas las áreas.
Actualmente, no existe una política de sensibilización
o capacitación para el abordaje de funcionarios que denuncian ser víctimas de
acoso laboral. De hace muchos años lo
que se estila en las personas que denuncian acoso laboral es la constante de
que son revictimizados por la administración se le estigmatiza al punto de
minarlos en todas las áreas físicas, emocional, social y profesionalmente al
funcionario.
El Departamento de Recursos Humanos y de las autoridades en general, no promueven el autocuidado o la motivación de sus funcionarios y mucho menos promover políticas necesarias en las personas que trabajan con problemas de tanto impacto emocional como los que se atienden en la institución.
Hace dos años cuando
fue instaurada la Comisión que veía las denuncias por acoso laboral, iniciaron
con 12. Sin embargo, las denuncias han aumentado y muchas han sido elevadas a
sede judicial, ya que en sede administrativa ninguna de las denuncias ha sido
acogida como tal. Esto se debe a un sin fín
de omisiones que entraban los procesos, aunque existan pruebas contundentes que
demuestran el acoso.
Uno de los aspectos
importantes de mencionar es que el PANI no cuenta con directrices claras sobre
niñez y adolescencia para que los trabajadores puedan orientar las funciones y
decisiones en la búsqueda del interés superior de la persona menor de edad. Desde el año 2008, la Seccional
ANEP- PANI ha hecho del conocimiento a todas las Presidencias Ejecutivas sobre
todas las problemáticas institucionales.
Por otra parte, los albergues del Patronato Nacional
de la Infancia cuentan con capacidad máxima para 10 personas menores de edad
cada uno. Sin embargo, datos al 1º de julio del 2019, demuestran que existen
albergues que funcionan con hacinamiento, por ejemplo, los albergues de Estrellitas
de Luz aloja a 18 personas menores de edad, Hogar del Sol con 13, Moravia Dos
con 17 y el de Orquídeas con 14 personas menores de edad.
Los funcionarios de oficinas locales del PANI trabajan
bajo presión y preocupación personal ante las posibilidades reales de evitar el
maltrato y proteger efectivamente a los niños, niñas y adolescentes, en medio
de tantas limitaciones. Además, viven con incertidumbre, frustración, debido a
que no pueden estar al día con el trabajo por la excesiva carga laboral y la
falta de personal.
Trabajar en el PANI es sinónimo de laborar con estrés crónico y esta condición, predispone el desarrollo de múltiples problemas de salud física y psicológica de todos los funcionarios.
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), solicita al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, nombrar lo antes posible al Director de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y operatividad de este cuerpo policial.
Gerardo
Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME, indicó que desde el 2015,
con la salida de Yocnan Murillo Chacón, último jefe de este cuerpo policial, no
se cuenta con un mando de confianza, situación que estaría provocando una falta
de coordinación con oficinas regionales y un expedito control migratorio.
La
solicitud del sindicato nace al enterarse que este viernes 5 de julio se realizó
la graduación del curso de comisionados, impartido por la Academia Nacional de
Policías, con la participación de un representante de la Policía Profesional de
Migración, el cual con este atributo estaría cumpliendo con el requisito de ley
para ser nombrado Director de la PPME. A la vez, esto permitiría el
nombramiento de un sub director.
“Este
nombramiento nos permitiría tener el liderazgo necesario para una mejor
coordinación, funcionamiento y comunicación para cumplir las funciones
encargadas a la Policía Profesional de Migración de acuerdo a la legislación.
Además, se abre el panorama para que los demás oficiales puedan realizar los
diversos cursos que ofrece la Academia Nacional de Policías para subir en el
escalafón policial” finalizó Mora.
Es el más
injusto de todos los impuestos y potencia más
desigualdad y exclusión
Hoy, 1 de
julio de 2019, el cuestionado Impuesto al Valor Agregado (IVA) entra en
vigencia, en medio de una gran conmoción social: las manifestaciones de
costarricenses traileros y transportistas, con gran apoyo ciudadano, en muchos
puntos de la geografía nacional; proceso de lucha social que podría ampliarse
en próximos días.
La entrada en
vigencia del IVA representa un fuerte golpe a los sectores medios y populares
del país, pues se trata del impuesto más injusto de todo el sistema tributario
nacional, cuyo carácter regresivo se profundiza a partir de hoy lunes 1 de
julio.
Como bien
sabemos, en Costa Rica y proporcionalmente hablando, pagan más impuestos
quienes menos tienen; y los que tienen más, no pagan lo debido. Se la pasan
escamoteando, evadiendo, eludiendo sus responsabilidades tributarias y/o
escondiendo sus fortunas fuera del país en paraísos fiscales.
Efectivamente,
el IVA no discrimina capacidad de ingreso de las personas, lo cual lo hace más
grave la situación financiero-familiar de quienes, aunque teniendo empleo fijo,
sufren congelamiento salarial, en los sectores público y privado; de ese millón
de compatriotas en la informalidad; de las casi 300 mil personas desempleadas
(en cuenta, casi el 40 % de ellas, jóvenes); amén del fuerte impacto negativo
en la estabilidad económica de las micro-pequeñas y medianas empresas.
Los sectores
pudientes, con gran peso político-económico en la vida del país, han bloqueado
todas las iniciativas para llevar un poco más de justicia al sistema tributario
nacional.
Sobran las
alternativas y las propuestas para hacer llegar recursos frescos a las
golpeadas finanzas públicas, cuyo deterioro no puede imputársele al pueblo
costarricense. El abultado déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora.
Por el
contrario, ésta y, en general, las mayorías ciudadanas sufren las consecuencias
de esas espeluznantes cifras de la evasión y del fraude fiscal: 8.5 puntos del
Producto Interno Bruto (PIB); sufren porque deben hacerse cargo de los 6 puntos
PIB en materia de exenciones y de exoneraciones establecidas en 440 leyes que
nadie quiere revisar. Y esto, tan sólo para citar dos ejemplos de la monstruosa
injusticia tributaria.
Como si esto
no fuese suficiente, las personas pagadoras del IVA están, en gran cantidad,
altamente endeudadas cargando con esos abusivos intereses de usura, que le
sacan a la gente, anualmente, casi 7 puntos PIB; unos 2.3 billones de colones
que van a parar a los bolsillos de reducidos grupos económicos, especialmente
los del sector financiero.
Entre otras
razones, ello ha motivado que la acumulación de riqueza en el sistema bancario
(público y privado), ande por el orden de, prácticamente, unos 33 mil millones
de dólares; cifra que al pasarla a colones resulta incomprensible para dimensionar
su magnitud: supera ya los 19 billones de colones (19.363.210.000.000).
La lucha social y popular por la más que necesaria transformación tributaria estructural que ocupa la golpeada Democracia costarricense de la actualidad, es una tarea pendiente por parte de todas las fuerzas cívicas y patrióticas del país; anhelando que en algún momento se dé la conjunción estratégica al respecto, cuya ausencia posibilita que los sectores dominantes agredan a los y las de abajo con injusticias tributarias como la del IVA.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP / Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Concentración se dará desde las 9:00 de la mañana en ANEP, para luego
salir hacia la Asamblea Legislativa
Cientos de oficiales de diversos
cuerpos policiales, procedentes de diferentes puntos del país se manifestarán
en su tiempo libre, el próximo lunes 24 de junio, en una manifestación
convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
denominada “Marcha por la dignificación laboral de los cuerpos policiales”
En dicha marcha que arranca desde las
9:00 de la mañana en la sede de la ANEP con destino a la Asamblea Legislativa,
se contará con la presencia de oficiales de la Fuerza, Pública, Policía Control
de Drogas, Vigilancia Aérea, Guardacostas, Unidades Especiales, Policía de
Fronteras y Turística, así como representación de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Policía Municipal de San José,
Policía Penitenciaria, Policía de Control Fiscal, Cárceles OIJ y Guardaparques.
Mainor Anchía, presidente de la
Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que se espera una gran presencia de
oficiales con sus familias, ya que hasta el día de hoy se reporta que van a
salir autobuses y microbuses de diferentes puntos del país hacia el centro de
San José.
Los representantes sindicales de los
diversos cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que se encuentren
en servicio el próximo, para que porten un lazo amarillo en su uniforme, esto
como señal de apoyo a los compañeros que estarán en la manifestación.
Esta sería la segunda marcha de cuerpos
policiales con gran participación, ya que el 24 de febrero de 2017 la ANEP
realizó una manifestación similar con la presencia de poco más de 2000
personas.
Dentro del pliego de peticiones que
entregarán en la Asamblea Legislativa, destaca la solicitud de excluir de la
Ley Nº 9635 a todos los cuerpos policiales, así como del Proyecto de Ley Marco
de Empleo Público.
“Los cuerpos policiales ya se han visto
afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial”, detalló Anchía.
Según estimaciones realizadas por la
ANEP, con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial, por ejemplo, de un policía de la
Fuerza Pública desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de
casi ₡108 mil. Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso
de ₡61 mil. En el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en
ese mismo periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor
precarización salarial, situación que también se reflejaría en todos los
cuerpos policiales.
Otra de las solicitudes de los cuerpos
policiales a los diputados y las diputadas, será que se replanté el Proyecto de
Ley de Pensión a los Cuerpos Policiales (Nº17.695), el cual consiste en la
jubilación de policías por años de servicio o bien en jubilación por edad, para
hombres a los 57 años y mujeres a los 55 años de edad.
A estas peticiones también se une, que se establezca un plan de inversión para resolver los problemas de infraestructura y equipamiento en todos los cuerpos policiales. Así como la modificación del Código Penal, para que las agresiones, faltas e irrespeto a la autoridad pública; que viven los oficiales de los diversos cuerpos policiales diariamente, sean tipificadas como un delito y no como una contravención. Los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales no descartan desplazarse hacía Casa Presidencial en Zapote, luego de entregar sus peticiones en la Asamblea Legislativa.
La Seccional de la ANEP- Policía Profesional de Migración y
Extranjería deberá exponer ante los diputados las razones por las que requieren
mayor inyección de recursos para este cuerpo policial especializado.
Así lo determinó la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de
la Asamblea Legislativa mediante una moción que fue aprobada para que la
seccional se refiera al proyecto de ley bajo el expediente 20.323.
La moción fue presentada por los diputados Marulin Azofeifa
Trejos y Harllan Hoepelman, la cual fue aprobada por unanimidad.
La Seccional ha insistido en que la Dirección General de
Migración y Extranjería requiere la contratación de personal, cursos
policiales, inclusión en cursos de escalas jerárquicas del Estatuto Policial,
muchos de los cuales podrían ser solventados con el apoyo y aprobación al
proyecto de ley que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de
Migración.
El proyecto de Ley pretende que un 5% de los ingresos que
recibe el Ministerio de Seguridad Pública del impuesto a las personas jurídicas
se traslade a migración.
Una gran problemática por la falta de recursos se vive en los aeropuertos Juan Santamaría en Alajuela y el Daniel Oduber en Liberia, principalmente, en donde se requiere la contratación de 250 oficiales para poder dar abasto con las necesidades del país.
Representantes sindicales de diversos cuerpos policiales del país, se reunieron el pasado 28 de mayo en la sede de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el objetivo de finiquitar detalles de la marcha por la dignificación de los derechos laborales de los cuerpos policiales a realizarse el próximo 24 de junio.
En la reunión participaron representantes sindicales de Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Control Fiscal, Guardaparques, así como Policía Control de Drogas, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea y Guardacostas.
Dentro de las consignas de la manifestación se encuentra la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, ya que con la entrada en vigencia de esta ley, se le elimina a los funcionarios policiales el reconocimiento al rubro por carrera policial, los cuales están reconocidos por los requisitos académicos, como el noveno año, los cursos de carrera policial y especialización, así como las anualidades y los quinquenios.
Otras
de las consignas de la marcha de cuerpos policiales, es solicitar que no sean
incluidos en la Ley Marco de Empleo Público. Además, de que se coloque nuevamente
en agenda de la Asamblea Legislativa el expediente N° 17.695 Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales.
Es importate recordar, que la marcha de cuerpos policiales se realizará con funcionarios en su tiempo libre, acompañados por sus familiares. La misma tendrá como punto de salida la sede de la ANEP, ubicada en calle 20 norte, 300 metros norte del Hospital Nacional de Niños a las 9 de la mañana.
La Seccional ANEP-Ministerio de Salud se reunió con el ministro, Daniel Salas, para temas de preocupación, entre ellos los concursos para el nombramiento de interinos.
La Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería
(PPME) insistirá y será vigilante de que todos los trabajadores reciban el
curso básico policial.
La medida surge luego de que la administración
iniciara, este lunes 13 de mayo, con el Curso Básico Policial Nº 11 para los
oficiales de la PPME, el cual será impartido por instructores de la Academia
Nacional de Policía en las instalaciones de la Policía, ubicada en Lagos de
Heredia.
“Para la Seccional ANEP-PPME es un gusto de haber sido participe de las acciones realizadas en la mesa de diálogo con el Viceministro de Gobernación, Víctor Barrantes Marín, para que la administración coordinara con la Academia Nacional de Policía dicho curso, ya que el año anterior no se realizó ninguna capacitación”, comentó Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME.
Aunque desde la Seccional se aplauden todos los
esfuerzos realizados, también insistirá en que más de 100 oficiales que están
trabajando sin el Curso Básico Policial lo reciban, recordemos que la Academia
Nacional de Policía está en la obligación de impartir dichos cursos a los
Oficiales de la PPME para la carrera policial.
Trabajadores de los cuerpos policiales afiliados a la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante las seccionales
Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, así como la Policía de Migración y
Extranjería, rechazan rotundamente el proyecto de Ley Marco de Empleo Público y
realizan un vehemente y enérgico llamado, tanto al Poder Ejecutivo como
Legislativo, para que sean excluidos de cualquier proyecto de empleo público
que se discuta en la Asamblea Legislativa.
Para los representantes sindicales, los cuerpos policiales ya se han
visto afectados salarialmente y en sus condiciones de trabajo con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, así
como con el congelamiento presupuestario adoptado por el Poder Ejecutivo, junto
a otras decisiones de este último. Por lo que la inclusión de los cuerpos
policiales en la Ley Marco de Empleo Público generaría una mayor precarización
salarial.
“En dicho proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, su artículo
15, inciso c, claramente hace mención que este proyecto incluye a las personas
trabajadoras de los cuerpos policiales. Asimismo, dentro del articulado podemos
mencionar aquellos que generan una posible afectación directa a los servidores
policiales, como son los enunciados 23, 24, 30 39”, indicó Mainor Anchía,
presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
En el caso de los artículos 23 y 24, establecen el despido mediante la
evaluación de desempeño, con nota menor a 70, lo que generaría un estado de
vulnerabilidad por cuanto el actual modelo de evaluación y su aplicación es
ineficiente y cuestionable.
“Esta potestad de despido por evaluación de desempeño podría propiciar
en los cuerpos policiales una mayor represión hacia trabajadores que están
dentro de un régimen vertical (excepción) y de abuso de poder por parte de las
jerarquías evaluadoras”, indicó Anchía.
Con respecto al artículo 30 del cuestionado proyecto de ley, éste afectará directamente el salario de
los diversos cuerpos policiales del país, ya que prácticamente elimina uno de
los pocos incentivos salariales que
tienen los policías, como es la anualidad, pues con la entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas se eliminó el
quinquenio, la carrera policial por capacitación y el reconocimiento del grado
académico, a pesar de que este último es un requisito para ingresar a los
cuerpos policiales.
Según estimaciones realizadas por la Seccional ANEP-Fuerza Pública,
con el sistema salarial utilizado antes del ingreso de la administración
Alvarado Quesada, el crecimiento salarial de un policía de la Fuerza Pública
desde el primer semestre del año 2019 al 2023 hubiese sido de casi ₡108 mil.
Pero, con la llegada de la ley 9635, éste se redujo a un ingreso de ₡61 mil. En
el caso de aplicarse la Ley sobre Empleo Público, ese ingreso en ese mismo
periodo, será únicamente de ₡30 mil, lo que provocaría una mayor precarización salarial (ver cuadro
adjunto al final).
”Este escenario sumado al congelamiento del Manual de Puestos y las acciones ya tomadas por parte del Gobierno están precarizando, cada vez más, las condiciones salariales de los policías. Esta situación no es justa dado el nivel de responsabilidad y peligrosidad al que se enfrentan estos funcionarios en su quehacer diario. Además, conlleva un riesgo de que el crimen organizado penetre o vulnera nuestras policías”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
*Datos a Considerar
En el caso del artículo 39, éste hace menión a los horarios de trabajo, por lo que para los representantes sindicales nace la enorme preocupación de que se pueda generar una afectación a los roles de trabajo de los funcionarios de los cuerpos policiales, provocando una sobre carga laboral.
“Recordemos que desde ANEP se ha venido luchando para que se establezcan roles de trabajo acorde con el derecho a la salud y a la familia de los trabajadores de los cuerpos policiales, los cuales, históricamente, además de laborar una jornada de 12 horas habían mantenido roles que propiciaban una alta desintegración familiar y afectaciones a la salud, ya que están contemplados dentro de un mal llamado régimen de excepción” aseveró Anchía.
Para la ANEP, las personas trabajadores de los cuerpos policiales vienen afrontando mayor adversidad para el desempeño de sus funciones, incluyendo el irrespeto a la figura de autoridad pública, malas condiciones laborales (infraestructura, equipo, avituallamiento, salario, extensas jornadas laborales) y recienten que no se les reconoce oportunamente las horas extras y los feriados laborados; por lo que estas acciones del Poder Ejecutivo crean un enorme malestar repudio a lo interno de las policías por lo que no descartan acciones futuras.
Conferencia de Prensa: cuerpos policiales afiliados a la ANEP solicitan ser excluidos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Conferencia de Prensa cuerpos policiales afiliados a la ANEP
* Datos a considerar
-El cálculo del primer sistema salarial es elaborado bajo el supuesto de una persona que ingresó a laborar en el segundo semestre del año 2018. -Para los otros dos sistemas de cuenta una persona que ingresó en enero del 2019. -Aumentos semestrales estimado a partir de los 3750 de decreto presidencial. -El sistema salarial anterior cuenta los aumentos semestrales aplicados al salario base. Los aumentos semestrales de los otros dos sistemas de salariales se calculan como montón nominales al salario bruto. -Con la Ley 9635 la anualidad depende de una evaluación de Muy Bueno, por ello se calcula que el funcionario la obtuvo. -Con la propuesta de empleo público, la anualidad depende de una evaluación de excelente, y solo se paga a un 30% de la planilla de la institución de manera que para un oficial de base (con agente 1) prácticamente será imposible cumplir con esos dos parámetros. -El noveno año y lo concerniente a carrera policial dejan de ser percibidos según lo dispuesto en la Ley 9635.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
