En la actividad en la que participarán oficiales que gozaban de su día libre, demandaron tanto a las autoridades Legislativas como Ejecutivas una seguridad jurídica, jornada y roles de trabajo acordes con la salud, dignificación laboral así como una Ley de Pensiones para cuerpos policiales.
Por su parte la Policía Profesional de Migración Solicita ser incluida como uno de los destinarios de la recolección de impuestos a las personas jurídicas establecido en el Expedienten Legislativo N° 19.818.
En el reportaje participó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME), lamentan que un estimable compañero socio de nuestra organización se vea envuelto en condiciones de presunta comisión de ilícitos que empañan su propio desenvolvimiento laboral, poniendo en grave riesgo la seguridad y estabilidad de su propio empleo con el despido; y hasta enfrentar procesos penales con condenas judiciales de por medio.
La ANEP y la Seccional ANEP-PPME hacen un llamado respetuoso y vehemente para toda su membrecía en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, especialmente a los y a las integrantes de la misma como personas socias de la ANEP, para que en el ejercicio de sus delicadas y estratégicas tareas al servicio del país, siempre tengan presente los valores de la máxima transparencia, la ética sólida, la moral más contundente y en abierta confrontación a todas clase de prácticas indebidas, torcidas y corruptas.
La ANEP, como institución sindical nacional ha venido luchando, conjuntamente con su seccional ANEP-PPME (y, también con la otra relevante e importante seccional ANEP-DGME, la que cubre al personal de la Dirección General de Migración y Extranjería); ha venido luchando, reiteramos, en favor del fortalecimiento institucional, de la reivindicación plena del personal del servicio migratorio costarricense, por su plena profesionalización y por salarios decentes y dignos; cruzada sindical que la entendemos como parte esencial de nuestra labor en pro del bien común, en pro de la institucionalidad, en pro de los derechos laborales, por la inclusión social y en contra de la desigualdad.
La ANEP está consciente de que, aunque a algunos no les guste que lo hablemos así tan contundentemente, hoy en día hay sobreexplotación laboral en Migración y Extranjería, particularmente en el seno de la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Muchos y muchas oficiales de la PPME están hoy en día realizando doble función por un mismo salario y éste está precarizado con alto nivel de endeudamiento personal, por lo general.
Las irresponsables políticas gubernamentales de recorte presupuestario y de satanización del empleo público, tienen al personal migratorio del país en condiciones de gran precariedad salarial y ocupacional, con grave riesgo de sus propias vidas y con riesgos de caer en tentaciones de obtención dinero fácil, que jamás justificaremos, pero que se dan en un preocupante contexto de deterioro integral del entorno sociolaboral de Migración y Extranjería.
ANEP no descansará hasta que el país, el gobierno, la propia Asamblea Legislativa, la prensa nacional y la opinión pública pueden sensibilizarse a plenitud con respecto a estas situaciones, de la urgente necesidad de más personal, más recursos, más tecnología en el servicio migratorio costarricense; mediando para ello la más grande manifestación colectiva del personal migratorio del país jamás realizada hasta el momento. En eso trabajamos.
Diversos cuerpos policiales del país entre los que destacan Fuerza Pública, Policía Aeroportuaria, Servicio de Vigilancia Aérea, Policía de Control de Drogas, Policía Penitenciaria, Policía de Migración, Policía Municipal, (todas con afiliación en la ANEP), así como Policía de Tránsito y Guardaparques se concentrarán este miércoles 19 de octubre a las 10 a.m. en el Parque Nacional en el Segundo Encuentro de Cuerpos Policiales.
Según indicaron representantes sindicales de los cuerpos policiales durante la actividad en la que participarán oficiales que tienen su día libre, estarán demandando a las autoridades Legislativas y Ejecutivas una seguridad jurídica, jornada y roles de trabajo acordes con la salud, dignificación laboral (salarios y delegaciones), así como una Ley de Pensiones para cuerpos policiales.
“Es momento de que se atiendan nuestras propuestas y los proyectos que vendrían a beneficiar los derechos humanos de las personas trabajadoras de los distintos cuerpos policiales. Ley de Pensiones, Interpretación auténtica del artículo 143 del Código de Trabajo (régimen de excepción), Seguridad Jurídica para las Policías Municipales y Guardaparques, jornadas de trabajo justas, remuneración salarial justa, entre las más destacadas consignas de lucha”, manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
A estas demandas se une el criterio emitido por el Consejo de Salud Ocupacional, ente adscrito al Ministerio de Trabajo, que señaló que el rol 2×2×2 que se maneja en la Fuerza Pública atenta contra la salud física de los oficiales y recomienda sea eliminado, esta situación también podría estar afectando a otros cuerpos policiales con largas jornadas laborales.
A las 10: 00 a.m. los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales del país brindarán una conferencia de prensa en el Parque Nacional.
Durante la actividad se le detalló a los afiliados la situación que atraviesa el país respecto al Déficit Fiscal y de quienes son los verdaderos responsables, así como el mensaje claro de que los trabajadores del sector público no son responsable de esta crisis fiscal.
Posteriormente el Asesor Legislativo de la ANEP, Roberto Zeledón detalló a los presentes cuales son los proyectos de ley que afectarían a los trabajadores públicos y el estado de estos en la Asamblea Legislativa, así como un escenario del apoyo y oposición de los diputados y diputadas a dichos proyectos.
Durante el encuentro los afiliados desarrollaron actividades grupales para comprender aún mejor la situación y desarrollar herramientas que permitan posicionar el tema del Déficit Fiscal y el ataque a los empleados públicos en las instituciones con el objetivo de combatir estas amenazas y dejar claro que la situación fiscal del país no es culpa de los empleados públicos, ya que estos no evaden al fisco.
Felicitamos a la Seccional ANEP-Municipalidad San Rafael de Heredia quienes fueron los anfitriones del Encuentro.
La ANEP y su Seccional en la Policía Profesional de Migración solicitan a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, incluir a la Policía Profesional de Migración (PPM) como uno de los destinarios de la recolección de impuestos a las personas jurídicas establecido en el Expedienten Legislativo N° 19.818.
Esto debido a que dicho proyecto de Ley en su Artículo 10 “Destino del impuesto” sólo contempla destinar los dineros recolectados por dicho impuesto, al Ministerio de Seguridad Pública, a la cartera de Justicia y Paz y al Poder Judicial, dejando por fuera una de las policías más importantes del país y con mayor necesidad en todos sus ámbitos.
Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPM, indicó que una de las razones por las cuales se debe variar el Artículo 10 de esta ley e incluir a este cuerpo policial, es por el incremento de la visitación turística al país, la cual va en aumento cada año, pero no se refuerza el personal, afectando directamente la parte operacional en fronteras y aeropuertos.
“No incluir a la Policía Profesional de Migración es injusto, ya que debemos trabajar con muy pocos recursos para atender diversas situaciones que se presentan diariamente y no basta con tener voluntad para hacer las cosas. Requiere de equipo y personal para atender problemas como el fenómeno de migración de personas presentado en los últimos meses, así como situaciones de trata de personas; controles de carretera, e inspecciones en comercios y zonas turísticas. A esto debemos sumar operativos en conjunto con diversos cuerpos policiales e instituciones como el PANI.”, detalló Mora.
Según el Artículo 10 denominado “destino del impuesto” Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto serán destinados a financiar los siguientes rubros:
a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales y en compra y mantenimiento de equipo policial. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.
Para la ANEP la Policía Profesional de Migración cumple una labor fundamental en la seguridad de nuestro país y vigilancia de las fronteras y aeropuertos, sin embargo actualmente cuenta con un faltan de más de 400 oficiales por lo que se hace necesario incluirla como uno de los beneficiarios de dicho proyecto de ley.
En la administración pasada, un ex ministro de trabajo rechazó el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo para los empleados del Sinart.
Dicho artículo establecía que la cesantía debía de reconocerse por un máximo de 12 años.
Ante esto la ANEP y su seccional en el Sinart lucharon para que se respetara la Convención, dando frutos recientemente con la resolución del Ministerio de Trabajo que revoca la medida de la pasada administración.
Escuche las declaraciones de Fernando Vargas, presidente de la Seccional ANEP-Sinart.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este martes, un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda y el jerarca de esa cartera Helio Fallas Venegas, con el objetivo de que den a conocer quiénes son los 335 importadores que habrían evadido 53 mil millones de colones al fisco.
La presentación del Recurso de Amparo se da un mes después de que la ANEP solicitará ante el despacho del Ministro de Hacienda los nombres de esos importadores que evaden a Adunas y Tributación Directa por el importe de productos, esto último dado a conocer en el sitio oficial del Gobierno de Costa Rica, bajo el título “Aduanas encuentra evasión que podría superar los ₡53 mil millones”.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que la información solicitada no constituye secreto de estado por lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes son esos importadores que evadieron al fisco.
“La información solicitada no constituye secreto de estado, por el contrario, en tanto exista una afectación evidente al erario público, y la misma es denunciada en el enlace web oficial del Gobierno, existe un interés, ya que esta situación afecta a todos los habitantes de la nación”, explicó Vargas.
La ANEP, insistentemente, una y otra vez, ha venido planteando que las verdaderas causas del déficit fiscal están relacionadas, entre otros aspectos, con los altísimos niveles de evasión y elusión tributarias, mismos que rondan ya los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), más de 2 billones 500 mil millones de colones (2.500.000.000.000.00).
La presunta evasión de estos 335 importadores es tan solo una pequeña muestra de lo anteriormente apuntado.
Es criterio de la ANEP que la ciudadanía tiene derecho a conocer tal información, especialmente la clase trabajadora, asalariada y no asalariada, puntual pagadora de sus impuestos, como el de ventas al momento mismo de la compra, en la caja registradora; y el de renta salarial, cuando corresponde, se rebaja de planilla puntualmente.
Recurso de Amparo Contra Ministerio de Hacienda y Ministro by EugenioGuerrero on Scribd
Nuestra lucha sociopolítica y sindical de la actualidad por la real Justicia Social parte de las formulaciones de propuesta alternativa al perverso neoliberalismo que hemos planteado en los últimos años; las cuales se entrecruzan con los valores y con los contenidos de la Doctrina Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.); específicamente, con la serie de tratados en la materia que Costa Rica ha firmado y ha ratificado parlamentariamente hablando, jurando someterse a sus dictados.
Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.
Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.