Categoría: Gobierno Central

COMEX quiere transparencia con sindicatos

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Las más recientes publicaciones por parte de la ANEP sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, TISA por sus siglas en inglés, motivaron a la alta jerarquí del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) a convocar una reunión con nuestro Secretario General, la cual honramos en compañía del señor Fabio Chaves del FIT-ICE, y del compañero Rafael Mora en representación de la Central Social Juanito Mora Porras.

El señor Ministro don Alexander Mora nos recibió en sus oficinas, con la clara intensión de compartir visiones sobre este tratado, en el cual Costa Rica ha estado involucrado desde el principio, y que se encuentra actualmente en su fase de definición de principios.

La formulación del TISA sale de muchos de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que ven preocupados el proceso burocrático de la misma OMC para poder establecer tratados en el tema de servicios y plantean el TISA como la herramienta posible para establecer las reglas del juego en relación a este tipo de comercio. Una vez aprobado el TISA el mismo volverá al seno de la OMC para ser integrado a sus políticas.

ANEP, y sus organizaciones amigas como el FIT-ICE, y a nivel internacional la Internacional de Servicios Públicos (ISP), han planteado su preocupación sobre como un tratado como el TISA puede abrir las puertas, internacionalizar y promover la privatización de los servicios públicos, además de crear legislación internacional que congele cualquier nuevo servicio público que se quiera crear en los países firmantes y de que restringirá la capacidad de sus gobiernos para legislar en campos tales como la seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, la protección de los consumidores y las obligaciones de servicio universal.

Según don Alexander Mora y las personas expertas en su Ministerio, estas afirmaciones todavía no se pueden formular como ciertas, ya que estamos ante un escenario “embrionario” del TISA y los países apenas están formulando sus propuestas iniciales respecto a que temas están dispuestos a negociar y cuales no serán negociables.

Además del tema TISA, se conversó sobre la OCDE, la generacion eléctrica, la apertura de mercados y muy por encima el tema de Petrocaribe, dejando el Ministro Mora muy en claro que para este Gobierno el tema ideológico jamás será un punto que haga que no se realice algún tipo de negociación entre países. Esto ya que en la discusión pública se ha dicho que Petrocaribe no debería ni siquiera discutirse ya que es una proposición del gobierno de izquierda venezolano.

Tenemos una agenda muy amplia que queremos discutir con el COMEX y hay una disposicion transparente por parte del Ministro Mora de que tengamos dichas discusiones. En los próximos días ANEP estará remitiendo una formal petición, así establecido en la reunión de este lunes, de información relacionada a esta agenda. Temas como la OCDE, el PTT, comercialización en la región centroamericana, entre muchos otros temas. Esta carta será el marco para nuevas reunines con el COMEX que recibiremos con mucho agrado.

ANEP logra congelar despido de interinos

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) logró, la tarde de este miércoles, un acuerdo con el Gobierno de la República para congelar en los próximos tres meses el despido de trabajadores interinos bajo el régimen del Servicio Civil, así como el proceso de ternas que otorgan puestos bajo esta modalidad.

Dicho acuerdo quedaría oficializado, el próximo viernes 08 de agosto, por medio de una directriz emitida por el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez Marín.

El acuerdo alcanzado con el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez Marín; el Viceministro Daniel Soley y el Director General del Servicio Civil, Hernán Rojas; además establece la conformación de una comisión, que en el plazo de tres meses, se encargará de estudiar y proponer una solución a la problemática de un aproximado de 2.500 trabajadores interinos bajo el régimen del Servicio Civil.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP indicó que durante la reunión encontró una sensibilidad muy importante de parte del Ministerio de la Presidencia y del Director General del Servicio Civil, que reveló la existencia de voluntad política para entender los argumentos de nuestra organización y de los trabajadores interinos en busca de una solución.

“Estamos muy contentos porque se va a congelar por los próximos tres meses el despido de trabajadores interinos, así como el proceso de las ternas que otorgan puestos bajo este régimen. Además, se va analizar las verdaderas repercusiones institucionales, es impresionante que no sepan cuantos interinos existen en el Gobierno Central o en el sistema del Servicio Civil. También se van a explorar soluciones jurídicas para todas estas personas que de un pronto a otro se vieron en la calle”, manifestó el Secretario General de la ANEP.

En la reunión, sostenida en Casa Presidencial, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, también solicitó que se investigue al Servicio Civil.

“Nos llama poderosamente la atención que durante cuatro o cinco años este problema no se hubieses presentado, estaba como congelado, dónde está la responsabilidad del Servicio Civil en ese sentido”, dijo Vargas

Según estimaciones realizadas por la ANEP de darse el cese de estos 2.500 trabajadores el Gobierno podría incurrir en un gasto aproximado de 12 mil millones de colones, esto partiendo de un promedio de 10 años de interinato por trabajador y percibiendo un salario de 500 mil colones mensuales.

Otro de los argumentos manifestados por la ANEP, es que a la fecha ninguno de los nuevos jerarcas ministeriales ha realizado pedimentos de personal al Servicio Civil si no que fueron hechos en Gobiernos anteriores.

ANEP se reunirá con el Servicio Civil en lucha por interinos

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Este martes 5 de agosto de 2014, a las 2 de la tarde, el Lic. Hernán Alberto Rojas Angulo, Director General de Servicio Civil, recibirá a una representación de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para tratar el tema del cese de interinatos prolongados en el Gobierno Central (ministerios, básicamente), proceso que, lamentablemente, ya empezó en estos días con el despido de varios trabajadores y de varias trabajadoras que se han comunicado con la ANEP para denunciar el asunto. En lo específico, conocemos de algunos casos en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El pasado miércoles 30 de julio y en la sede de la ANEP, unas 150 personas trabajadoras en esta condición de interinatos prolongados se reunieron por vez primera para analizar la grave situación que representa quedarse sin empleo en estos tiempos de escasez del mismo y de su precarización, en un escenario de desigualdad creciente como lo vive el país por esta época.

Además, se valoró lo injusto del sistema de Servicio Civil en este ámbito de los interinatos prolongados que, de un momento a otro, deviene en despido y generando, por un lado, un grave drama social y familiar; y, por otro, una pérdida de talento, de inversión pública en capacitación, de aprendizaje de destrezas ejecutivas y de gestión que, a final de cuentas, generan tropiezos a la acción político- gubernativa y, por ende, propiciando problemas de eficiencia y de eficacia en la atención de las necesidades de la ciudadanía.

Es más, para la ANEP resulta incomprensible y hasta contradictorio que las nuevas autoridades de la Dirección General de Servicio Civil, designadas por el nuevo gobierno de un partido que jamás ha estado en tal escenario, le pongan a sus compañeros de la acción ejecutiva al más alto nivel, los ministros y las ministras de Estado, una especie de “zancadilla”; al quitarles, abruptamente, personal que se ha venido especializando su quehacer aunque en tal condición de interinazgos prolongados.

De un pronto a otro, tales jerarcas se quedan sin cuadros técnicos y profesionales y otros de gran capacidad de gestión administrativa, producto de la decisión de un colega de su propia procedencia político-partidista. ¡Inaudito!

El personal interino afectado se congregará, de nuevo, este miércoles 6 de agosto y en el mismo lugar, la sede de la ANEP, a las 13 horas, 1 de la tarde. En esta segunda ocasión, se valorarán los contenidos de la reunión del martes 5 entre la Dirección General de Servicio Civil y la ANEP. No se descarta desplazarse hasta la propia Casa Presidencial según lo decidan, en ese mismo momento de este segundo encuentro.

Ya varias autoridades gubernamentales conocen la aspiración central de este movimiento en desarrollo: Que se emita la orientación política pertinente para suspender la aplicación de los contenidos del Oficio Circular DG-011-2014, fechado 19 de junio de 2014, con el asunto “Modificación a lineamientos complementarios a la normativa aplicable sobre la conformación y trámite de Nóminas de Candidatos Elegibles Oficio Circular ARSP-008-2013 de julio de 2013”, emitido por la Dirección General de Servicio Civil. De la misma manera, se debe proceder con el Oficio Circular DG-012-2014, de fecha 27 de junio de 2014, con el asunto “Ampliación al OFICIO CIRCULAR DG-011-2014, en lo que respecta a la fecha rige de su aplicación”, también emitido por la Dirección General de Servicio Civil.

Efectivamente, vía electrónica, desde el pasado martes 29 de julio, la ANEP así lo peticionó en mensaje simultáneo para el propio Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera; para los ministros de Estado de la Presidencia y de Trabajo y Seguridad Social; en su orden, los señores Melvin Jiménez Marín y Víctor Morales Mora; así como se le pidió intervención al señor Viceministro del Área Laboral de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); y, lógicamente, al propio señor Director General de Servicio Civil, el Lic. Hernán Alberto Rojas Angulo.

Todas estas personas trabajadoras con interinatos en el Gobierno Central, muchos de los cuales son interinatos irracional e injustamente prolongados, se han venido desempeñando con gran honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia. Tan es así que, año con año, han sido calificados positivamente en sus puestos.

Es una verdadera injusticia que, repetimos, de un pronto a otro, se les eche a la calle por esos “tecnicismos” jurídicos sin menor asomo de justicia social ni de Humanismo Cristiano. Esto se puede corregir con voluntad política y de eso se trata este movimiento: obtener esa voluntad política para evitar el agravamiento del flagelo criminal del desempleo.

ANEP se siente segura y acepta propuesta del Gobierno

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La propuesta de reajuste salarial para la clase trabajadora que labora en el sector Público que formuló ayer, jueves 24 de julio de 2014, el Gobierno de la República, cumple las expectativas que miles de empleados públicos tenían al respecto; expectativas que fueron recogidas en la propuesta presentada días atrás, por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), intermediando la interlocución de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), con asiento ésta directo en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

Un 4 % para el sector profesional, como lo propone el Gobierno, es sumamente necesario y es visto con muy buenos ojos por este grupo laboral gubernamental.

Por otra parte, un 5.14 % de reajuste para los puestos más bajos de la estructura salarial del Gobierno Central (como vigilantes de escuelas y colegios, policías, cocineras de las cárceles, asistentes de pacientes, servidoras de los CEN-CINAI, choferes y oficinistas entre otros puestos de esta naturaleza), hace justicia a un reiterado clamor de la ANEP para solventar la gran precariedad salarial de las personas trabajadoras del sector Público que ocupan estos puestos.

Esta aspiración, más que legítima, sería todavía mucho más real y factible, de materializarse otra lucha sostenida de la ANEP desde hace bastantes meses: independizar las modificaciones salariales a la base de puestos como los mencionados, de las modificaciones salariales a la base de los profesionales en Ciencias Médicas del país, especialmente los que laboran para el Gobierno Central y para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Si el actual Gobierno de la República va adelante con esta tesis, como lo anunció en su oferta de reajuste salarial para el sector Público, dada a conocer este jueves 24 de julio, la ANEP le respaldará con contundencia absoluta.

El “desenganche”, como popularmente se conoce nuestra propuesta en el tema, es un asunto que va más allá de la justicia salarial negada durante mucho tiempo a quienes han venido ganando menos en el seno de la estructura salarial del Régimen de Servicio Civil y en la propia estructura salarial no médica de la misma Caja; sino que también tiene efectos positivos en materia fiscal.

ANEP lamenta que algunos “dirigentes” sindicales opuestos a la necesaria tesis del “desenganche”, expresen más los intereses del poderoso gremio médico que el de sus propios representados, “condenando” a éstos a una precariedad salarial que ya no es sostenible por más tiempo. Es más, tales “dirigentes” realizan en la mesa de negociación una defensa del gremio médico más “ardorosa” que los propios dirigentes del mismo.

La materialización del “desenganche”, que si bien es cierto no es una “varita mágica”, abre las posibilidades para discutir con más libertad esas modificaciones urgentes en los salarios base de puestos como los indicados más arriba, a fin de adecuarlos a percentil de mercado, sin necesidad de que tal adecuación se refleje en los salarios base médicos hasta cuatro veces más.

La ANEP le reitera al honorable cuerpo médico nacional, a la abrumadora mayoría de quienes lo integran y que laboran con total apego al juramento hipocrático y a la más contundente honestidad y transparencia, que nuestra posición por el “desenganche” no es contraria a la Ley de Incentivos Médicos.

La propuesta de la ANEP es para una separación, una ruptura del vínculo entre una modificación al salario base de un policía (por ejemplo, penitenciario y/o de la Fuerza Pública), con respecto al salario base médico.

Con pocos detalles por ajustar, la ANEP, junto a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), está lista para firmar con el Gobierno un acuerdo salarial en los aspectos indicados, pues se siente sumamente segura de expresar el sentir de sus miles de representados en este sensible tema salarial.

Solicitamos explicaciones a la Ministra de Justicia y Paz por contratación de asesores

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Honorable señora
Licda. Cristina Ramírez Chavarría
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimada señora ministra:

Reciba en primera instancia, un cordial y sumamente respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El pasado 8 de mayo de 2014, luego de juramentarse como Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera hizo firmar a cada una de las personas integrantes de su gabinete, el documento “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”; importantísima iniciativa que desde que tuvimos conocimiento de ellas, en ANEP la aplaudimos. No dudamos de que usted, señor Ministra, también firmó este compromiso.

El mismo nos indica en su apartado “4 – Asesores”, lo siguiente: “Me comprometo a permitir únicamente la contratación de asesorías externas que sean estrictamente necesarias, y que no puedan ser realizadas por personal de planta. En el caso de darse dichas asesorías, las mismas deberán ser brindadas por personas moralmente solventes, profesionalmente capacitadas, y transparentando los términos económicos de la contratación”. (La negrita es nuestra).

Este relevante enunciado nos da base para solicitar a su digna autoridad ministerial y siempre en el marco del debido respeto, que nos brinde información oficial y por escrito acerca de decisiones de su despacho para, presuntamente, contratar personal, en condición de asesor del mismo y bajo condición asalariada pero a remunerarse con fondos del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le ha otorgado al país para infraestructura penitenciaria, básicamente.

Hasta la ANEP ha llegado información que deseamos comprobar en cuanto a su veracidad de que usted, señora Ministra, tendría y a más de una persona en su despacho en tales condiciones, entre ellas un ciudadano de nombre Javier Rodríguez.
La ANEP está por hacerle llegar a su digna autoridad, en próximos días, un documento de mayor profundidad sobre este tema del préstamo del BID, considerando el penoso palmarés tico ante los expertos de esta entidad multilateral de crédito, de ser de los países más lentos a la hora de ejecutar dinero para infraestructura; y de obviar (en muchos casos), los criterios técnicos del personal de las instituciones ejecutoras y/o beneficiarias, o lo más grave aún, ni siquiera tomar el parecer de éstos y no transparentar y dar rendición de cuentas de la gestión que se realice, como es la obligación legal y ética. Tenemos la sospecha de que en el caso que nos ocupa, vamos por esa; situación que vista integralmente, junto a otros casos de similar naturaleza, casi que podría definirse como vergonzosa situación nacional.

Volviendo al punto central de la presente, reiterando que nos basamos en el indicado “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”, amén de que estamos invocando el artículo 27 constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; por tanto, la ANEP le solicita lo siguiente:

Primero: Si en su despacho trabaja una persona de nombre Javier Rodríguez.

Segundo: Si es así, efectivamente, entonces, rogamos informarnos de lo siguiente: a) Fecha de ingreso; c) plaza que ocupa; c) cargo que ostenta; d) fuente financiera de su salario; e) monto total bruto del mismo; e) descripción de funciones.

Tercero: Idéntica solicitud de datos según el apartado segundo anterior, para una segunda, para una tercera o para más personas que estuvieran en su despacho, colaborándole a usted, cuyos salarios estuvieran sufragados con el préstamo del BID en referencia.

Cuarto: Si su digna autoridad ha ordenado el traslado de personas trabajadoras de la institución que han estado ubicadas en centros penales de atención directa a población privada de libertad. Si así fuese, respetuosamente queremos información de quiénes son, puestos que ocupaban, labores que van a ocupar bajo línea directa de mando de su parte; y cómo se repondrán esas sustracciones de personal en un escenario crítico de escasez de recurso humano calificado y asistencial ante una creciente población penal que en lo cuantitativo y en lo cualitativo, fortalece la situación de crisis del Sistema Penitenciario Nacional que ANEP viene planteado desde el gobierno anterior.
Nuevamente reciba la señora Ministra de Justicia y Paz nuestra máxima consideración y respeto, quedando en espera, dada la urgencia del caso, de su respuesta lo más pronto posible.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Servicio Civil toma decisiones sobre interinazgos

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El pasado 16 de julio una representación de la ANEP se reunió con el señor Hernán Rojas, Director General del Servicio Civil, para conocer los planes estatales respecto a las plazas que están ocupando miles de personas en carácter de interinos, así como las plazas vacantes en el servicio público.

A la reunión asistieron el Directivo Nacional William Arias, trabajador del MINAE, así como los representantes sindicales Ligia Solís y Rigoberto Gutiérrez, ambos laborando en el Ministerio de Justicia. Por parte del Servicio Civil acompañaron al señor Rojas doña Miriam Rojas, Subdirectora e Ileana Sánchez Jefa de Despacho.

El Servicio Civil está buscando el total cumplimiento de la ley, para esto ha realizado un llamado a todas las instituciones para que deje de realizar nombramientos de interinos “por fuera” sin solicitar al propio Servicio que sea este quien envíe a la persona indicada según las listas de espera. Además, establecieron como prioridad acabar con todas las plazas en interinazgo posibles, sacando los cientos de cargos a concurso, nombrando ternas para determinar un nombramiento en propiedad.

Esta resolución, que está completamente apegada a la ley, vendrá en detrimento de muchísimas personas que han ocupado durante años las plazas de interinos, pero que no están en los primeros puestos de las listas de espera, o que lamentablemente ni siquiera se han preocupado por ingresar al Servicio Civil, que no han realizado los exámenes de rigor y que no han presentado sus atestados.

El señor Director don Hernán Rojas fue enfático en que en esta administración se prohibió totalmente la realización de pruebas extraordinarias, y mucho menos la inclusión “a dedo” de las personas que están ocupando en este momento la plaza interina en la terna que participará por la plaza en propiedad. Hace un llamado a respetar el derecho que tienen las personas que han seguido “las reglas de la ley”, aunque sabe que esto determinará que muchas personas se queden sin trabajo.

“La única forma que una persona se quede en esa plaza de interino es que dicha plaza no salga a concurso, pero eso no pasará ya que estamos haciendo el llamado a los Ministerios para que obligatoriamente pidan las ternas para llenar esa plaza en propiedad”. Así lo definió el Director de Servicio Civil.

Respecto al congelamiento de plazas, se dejó claro en la reunión que se cumplirá con la petición del Gobierno de la República de congelar todas las plazas vacantes, incluidas las que así queden después del proceso de pensión de actuales funcionarios y funcionarias. El pasado 15 de julio la Presidencia de la República giró la orden de congelar el 85% de las plazas vacantes del sector público, lo que sería alrededor de unas 2 mil plazas.

En ANEP creemos necesario el cumplimiento de la ley y en eso acuerpamos el sentir del Servicio Civil. Pero en este caso no sólo está en juego seguir los dictados legales, sino que también hay un alto costo humanitario que se debe resolver, ya que cientos de personas se quedarán sin trabajo, algunas con más de 10 o 15 años de servicio público. Personas que no tendrán la posibilidad de volver a acceder a fuentes de empleo ya que tienen más de 35 o 40 años y bien se sabe hay una discriminación por edad en el mercado laboral.

Por esto nos parece urgente mantener el canal de negociación abierto con el Servicio Civil para buscar en conjunto una solución satisfactoria para la mayor cantidad de gente posible, quienes tienen derecho sobre su proceso legítimo en la lista de elegibles del Servicio Civil y también sobre quienes están en este momento ocupando una plaza de interino en la función pública.

Parte de este esfuerzo es lograr una reunión lo más abierta posible con las personas interinas, la cual se está convocando para el próximo 30 de julio a las 2 de la tarde en las oficinas centrales de ANEP, donde participarán representantes del Servicio Civil que explicarán a detalle las acciones a seguir en lo inmediato para así poder saciar dudas al respecto.

Estrategia para ajuste de salario del sector público debe de ser a 4 años plazo

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Estrategia para ajuste de salario del sector público debe de ser a 4 años plazo
En concordancia con el decreto N°35730-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 10 de marzo de 2010, la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), le compete recomendar políticas en esta materia, además de actuar como instancia de negociación en relación con los ajustes de salarios y sus componentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y posibilidades financieras, así como ser una instancia de análisis de la política salarial del sector público.

Lo anterior conlleva a la interpretación de que la CNSSP debe de tener un trabajo de carácter permanente y no solo ser convocada cada semestre para discutir exclusivamente los ajustes por costo de vida, como en la práctica se ha dado en las anteriores administraciones.

Asimismo interpretamos que para ellos debe definirse una estrategia de negociación cuando menos a cuatro años plazo y que sus contenidos precisamente se discutan en el tiempo y con agilidad que se convenga en un programa de acción en ese sentido, avalado por ambos sectores.

El movimiento sindical, mantiene la expectativa de que efectivamente se pueda trabajar en función de una política y no solo la visión del ajuste salarial como tal, y en relación a ellos extremamos algunos elementos que no son nuevos y que los hemos ido colocando a lo largo del tiempo, los cuales deben de servir de base de discusión para la determinación de esa política esperada.

Ante ese escenario, como Central Social Juanito Mora Porras, presentaremos ante las organizaciones que integra la CNSSP, los siguientes elementos:

I-Ajustes salariales en función del crecimiento de costo de vida

II-Crecimiento de Salario Real: Ajustar anualmente un porcentaje del PIB.

III- Un ajuste extraordinario a los sectores no profesionales mientras se realiza un estudio de mercado sobre dichas categorías ocupacionales.

IV- Actualización Percentiles.

V- La Redefinición del sistema de los salarios.

VI- Revisión a los porcentajes de la escala de anualidades que emite el Servicio Civil.

VII- Dedicación exclusiva y prohibición.

VIII- Carrera Profesional.

IX- Zonajes.

X- Viáticos.

XI- Incentivos por productividad.

XII- Políticas de gestión de servicios públicos.

Tomando en consideración los elementos anotados consideramos que:

1- Se requieren determinar una calendarización que permita discutir los temas presentados, así como los que presente el Gobierno, de tal manera que se pueda llegar a definir de una política cuatrienal.

2- La propuesta anterior requiere de un espacio de tiempo importante, en virtud de los estudios que tuviese que realizarse.

Por tanto proponemos:
1- Otorgar un ajuste salarial del 4,14% a la base de todas las categorías ocupacionales del sector público a partir del 1 de julio de 2014 equivalente al porcentaje de crecimientos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el primer semestre 2014.

2- Para aquellas categorías de trabajadores de estratos: Operativo, Calificado y Técnico otorgar un ajuste técnico adicional del 1,86%.

3- El Gobierno de la República utilizará los mecanismos que considera pertinentes para que el ajuste técnico que se otorga a los no profesionales no produzca efectos favorables a categorías de profesionales, sean en Gobierno Central, como instituciones autónomas.

En peligro puestos interinos en plazas del Servicio Civil

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Imaginémonos un caso hipotético en el Instituto Meteorológico Nacional. Se abre una plaza de especialista en agrometeorología, ya que el especialista en el tema se pensionó. Sólo existe una persona conocedora de esta rama disponible, y la misma no se encuentra en el Registro de Elegibles del Servicio Civil. Las universidades estiman que en 3 años habrá varios especialistas graduados en agrometeorología, pero hasta entonces esa plaza no se puede ocupar. ¿Por qué?

A pesar de que existe una persona idónea para el puesto, el oficio DG011-2014 remitido por el MBA Lic. Hernán Rojas Angulo, Director General de Servicio Civil, indica que sólo podrán ocupar cargo de interinazgos las personas inscritas en el Registro de Elegibles del Servicio Civil, y que además estén optando por el puesto específico. Y peor, si la plaza es nueva la misma no podrá ocuparse por interinazgo, sino que directamente debe salir a concurso, aunque no exista la terna obligatoria para el mismo. Esto provocaría que la plaza quede congelada.

Este tema afecta directamente a quienes en este momento están trabajando de interinos en una plaza del Servicio Civil, ya que la directriz implica que estas personas, que no están integrados en la terna de personas elegibles al cargo, no podrán renovar sus nombramientos de interinos y su plaza, si no sale a concurso, debe ser ocupada por una de las tres personas elegibles al cargo. Y en su defecto si no existe la terna, dicha plaza deberá ser congelada hasta que exista la misma.

Estamos hablando de la posibilidad que varios cientos, sino miles de personas, se puedan quedar sin trabajo.

El tema es complejo, por eso la ANEP, está organizando dos actividades en específico para tratar más a fondo el tema. La primera es una reunión ya agendada con el señor Director General del Servicio Civil, el próximo miércoles 16 de julio a las 10 de la mañana. A dicha reunión seguirá una convocatoria abierta a las personas en puestos de interinos del Servicio Civil, acá en las oficinas centrales de ANEP, el miércoles 30 de julio a las 4 de la tarde.

La problemática de los interinazgos en la función pública es un tema que se ha trabajado mucho en nuestra organización. Debemos recordar que gracias al movimiento organizado por la ANEP y a nuestro trabajo político, el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda emitió un Decreto Presidencial, que le otorgó plaza en propiedad a más de 1300 personas que tenían mucho tiempo, algunos incluso más de 10 años, de trabajar en condición de interinos.

Es de nuestro mayor interés proteger el derecho humano al trabajo de estas personas interinas, formen o no parte de las ternas de elegibles para puestos en propiedad. El trabajo de la ANEP siempre se enfocará a salvaguardar a estas personas de prácticas ya intentadas en el pasado.

Celebramos que el FA acogiera nuestra propuesta para que Costa Rica se integre a PetroCaribe

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aplaude y celebra que el Partido Frente Amplio propusiera al Gobierno de la República explorar la entrada al Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe, que vio su nacimiento en junio del 2005. Propuesta que ya había sido formulada por la ANEP en reiteradas ocasiones.

La primera propuesta la formuló ANEP, con fecha 3 de mayo de 2006, a pocos días de que Oscar Arias Sánchez asumiera la Presidencia de la República. En esa ocasión, le planteamos la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, “el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada”.

En ese primer emplazamiento le indicamos al entonces Presidente Arias Sánchez “que debía apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen por qué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común”.

Posteriormente, el 11 de junio de 2008, por segunda vez, ANEP emplazó al Presidente Arias sobre la necesidad de que Costa Rica ingresara a PetroCaribe. En esta ocasión, nos unimos a la petición pública que al efecto formuló el señor diputado, don José Merino del río.

Hicimos nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apuntó que “En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social”.

Un mes después, el 8 de julio del 2008, y por tercera ocasión y ante el anuncio de que la hermana República de Guatemala solicitó el ingreso a Petrocaribe, exhortamos al Presidente Arias para que tomase esta oportuna medida.

Incluso, el pasado 5 de julio del presente año, por medio de un comunicado de prensa exhortamos nuevamente la necesidad de que Costa Rica ingrese a PetroCaribe, posibilidad que dejó abierta El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en su estadía en el país en la toma de posesión del Presidente Solís, con una cooperación bilateral en materia de energía.

En dicho comunicado expresamos que: ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!

La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.

Por lo que consideramos que Costa Rica debe acudir a la solidaridad del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en esta dura crisis del altísimo precio internacional del petróleo; e, igualmente, es la unidad latinoamericana la que nos dará respuestas importantes a muchos de nuestros acuciantes problemas.

Habrá bochinche si no hay buen aumento

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Habrá una prueba de fuego para el presidente Luis Guillermo Solís, la negociación salarial del sector público, que arrancaría esta semana.

El déficit fiscal no es una excusa válida para oponerse a un buen aumento, dijo Albino Vargas, secretario de uno de los sindicatos más poderosos del país, en una entrevista exclusiva con LA REPÚBLICA.

Las expectativas de los sindicalistas son altas, sobre todo si se considera que el PAC criticó durante años la afectación en la gente pobre, a raíz de las supuestas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.
De entrada los sindicatos exigen el doble del aumento máximo del 2%, que les dieron a los trabajadores del sector privado, que ganan más de ¢300 mil.

¿Es el déficit fiscal una excusa para decretar alzas leves en los salarios?
Nosotros discrepamos radicalmente de que se quiera hacer una relación entre esos dos temas.

No podemos discutir las remuneraciones en el sector público vinculándolas con el tema casi satánico del déficit fiscal.

Me parece que eso distorsiona y enrarece cualquier discusión.

El déficit no se va a resolver quitándoles a los empleados la disponibilidad o dedicación exclusiva.

¿Está la posibilidad de huelga si el incremento no cumple las expectativas?
Por supuesto, recordemos que hace seis meses apenas nos dieron un 0,43%.

No sé si para este semestre habrá bochinche, pero sí es claro que nunca renunciaremos a este instrumento como medida de presión.

¿Qué expectativa tiene la ANEP de esta primera negociación para el sector público?
La expectativa es que el expediente de los decretazos salariales se cierre de una vez por todas.

También tenemos la esperanza de que se construya una política salarial, para los siguientes cuatro años evitar bochinches por temas salariales.

Al sector privado le dieron un 2,23% de incremento, ¿cuánto esperan ustedes para el sector público?
Nosotros creemos que el punto de partida es un 4,14% que es la inflación del primer semestre.

¿Debe el sector público recibir un mismo porcentaje de aumento?
No, porque hay una división importante entre los mismos empleados del sector público.

Hay un grupo de trabajadores, que tienen salarios de lujo de más de ¢5 millones, mientras que otros tienen sueldos precarios que no alcanzan para nada.

Al médico que gana ¢18 millones al mes, no le va a importar si le dan un 0,43% o un 5% de aumento, mientras que a un policía sí le va a afectar.

¿Son los salarios el principal disparador del gasto como han indicado economistas, medios de comunicación y la oposición?

Los responsables del déficit son otras situaciones como las exoneraciones y la evasión.

Imagine que tan solo los impuestos que no se cobran representan un 6% del PIB.
Ese mismo porcentaje se podría obtener al calcular las exoneraciones que están vigentes.

¿Cree usted que el Gobierno se plantea esos dos temas de manera seria?
Ha sido tímido.

Hasta el momento trata de ser cuidadoso y no buscarse problemas; sin embargo, si no les entra a ambos aspectos Costa Rica no va a progresar.

¿Cuáles elementos debe incluir la política salarial?

El Gobierno debe tener la valentía de enfrentar al gremio de los médicos para aprobar una ley que desenganche los salarios bases de ese grupo, con el de los funcionarios públicos.

También tenemos que hablar de la calidad y productividad en el servicio público, a través de procesos que midan la eficacia para definir salarios.