Lo que pensamos sobre el nuevo ministro o la nueva ministra en la cartera de Trabajo y Seguridad Social

Se supone que en próximas horas el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera anunciará el nombre de la persona que ocupará el máximo cargo político en la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), luego de la abrupta salida, por renuncia forzosa, de su anterior titular, el Lic. Víctor Morales Mora.

Ante tal circunstancia y a riesgo de que tal designación ya esté formulada al momento de escribir el presente comunicado de prensa, sí pensamos que es correcto que formulemos una apreciación pública al efecto y desde la perspectiva de la corriente sindical en la cual militamos: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Debe la nueva máxima jerarquía político-ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), darle prioridad absoluta a todos los aspectos pertinentes para la habilitación institucional inherente a la entrada en vigencia de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), histórico acontecimiento previsto para julio del año entrante 2017.

En tal sentido y como inmediato quehacer, debe el nuevo o la nueva jerarca del MTSS abocarse a la lucha para que en el presupuesto 2017, el MTSS tenga los recursos financieros necesarios para fortalecer a esta institución al respecto; entidad tan debilitada por los últimos gobiernos inspirados, abiertamente, en el dogma neoliberal, pero que con la RPL en vigencia está destinada a asumir un rol estratégico en la puesta en práctica del diálogo social a todo nivel, especialmente, en el conflicto obrero-patronal y su resolución final en sede administrativa, primordialmente.

La nueva autoridad del MTSS debe mantener una posición muy equilibrada, con relación a los dos actores fundamentales del mundo del trabajo: el sector empresarial y el sector sindical. No debe incurrir en el error de su antecesor de tener una proclividad manifiesta y subjetiva a favor del sector corporativo-privado tradicional, acostumbrado éste a través de sus gremios más notables, a “mangonerar” el MTSS.

En tal sentido, queda mucho espacio para el diálogo obrero-patronal consistente y transparente, en temas como el desempleo, el empleo juvenil, el crecimiento de la informalidad, la política salarial, la salud ocupacional, por ejemplo.

Destaca en nuestro criterio que la nueva autoridad dedique enormes energías a favor del elevamiento del salario mínimo en el sector privado de la economía, toda vez que en escenario de supuesta inflación “cero” y de sensible caída en el precio internacional de petróleo, más la estabilidad macroeconómica de que se está “haciendo gala”, no ha generado disminución sensible en productos de la canasta básica alimentaria y en servicios públicos esenciales; todo lo cual ha generado una mayor acumulación de la rentabilidad privada, especialmente de la actividad comercial de abasto directo a las familias trabajadoras.

No hay duda de que, en otro ámbito de alta sensibilidad en la coyuntura sociopolítica actual del país, el papel del MTSS en el tema del Empleo Público se torna fundamental, pues toda la discusión al respecto está “atrapada” por ideólgicas cuestiones político-partidistas que no está midiendo la tormentosas consecuencias sociales futuras, en lo inmediato y mediato, de seguir tan senda de exclusión del papel de las principales organizaciones sindicales del sector Público en tal sentido.

Específicamente, el nuevo o la nueva jerarca ministerial del MTSS debe dedicarse, con ahínco y firmeza, a que nuestro país honre su compromiso de Estado adquirido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la institucionalización plena de las políticas que ésta está promoviendo para la humanización del empleo y de las condiciones de trabajo, conocida como “TRABAJO DECENTE”. Estamos hablando de un compromiso de país y no de una iniciativa transitoria de gobierno.

Finalmente, estimamos que debe darse una interna congruencia plena en la política ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que la política pública actualmente en vigencia, conocida como ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA, se impulse ahora con mayor énfasis y mayor articulación institucional con sentido estratégico, pues es real que está destinada a servir como eje fundamental a fin de atenuar impactos tan negativos para la Democracia como el crecimiento de la desigualdad, del desempleo y de la informalidad.

Trabajadores aduaneros irán a paro de labores este viernes por traslados irregulares

Decenas de trabajadores del Sistema Aduanero Nacional irán a paro de labores este viernes 15 de enero a partir de las 8:00 de la mañana, debido a una serie de traslados irregulares realizados por el Ministerio de Hacienda, que estaría afectando a cerca de 70 personas.

Así lo manifestó Hernán Camaño, Presidente de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda quien confirmó que los puntos del paro de labores serán las aduanas ubicadas en: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Limón y la aduana central en San José.

“El paro de labores es una medida de presión, ya que el Ministerio de Hacienda no tiene mayor interés en sentarse en una mesa de diálogo para ver la formas en que se han realizado los traslados de decenas de funcionarios a las diferentes dependencias aduaneras, traslados que consideramos ilegales por ser indefinidos y sin certeza del futuro de los trabajadores, además no toman en cuenta el factor humano; ya que no se ha convocado a los funcionarios antes de realizar el traslado para informarles de la situación”, dijo Camaño.

Incluso tanto la Seccional ANEP-Ministro de Hacienda como el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), han establecido dos acuerdos sobre el tema con el Ministerio de Hacienda, sin embargo este último ha incumplido dichos acuerdos.

Debido al paro de labores se estaría viendo afectado la importación y exportación de mercancías, así como la atención al público, esto en las aduanas donde se realizará la acción de los trabajadores.

El Banco Central y el Déficit Fiscal

¡Sí! Tenemos que repetirlo una vez, decenas de veces, cientos de veces, miles de veces… La relación entre el problema del déficit fiscal y el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, es de carácter estratégico, con base en nuestra perspectiva sociolaboral y cívica del problema.

Ahora es el Banco Central de Costa Rica (BCCR), por intermedio de su Presidente Ejecutivo, Olivier Castro, quien, uniéndose al coro neoliberal de los catastrofistas del déficit fiscal, al mandar un mensaje a la sociedad de que estamos “en el fin de los tiempos” y de que, por tanto, 6.2 % de Producto Interno Bruto (PIB) de déficit fiscal al final del presente año 2016, hará que estemos en puertas del“apocalipsis”.

Lamentamos profundamente que el máximo jerarca bancario del país no haya hecho alusión a la gravedad profunda del robo de impuestos que sigue ocurriendo en nuestra sociedad. Lamentamos que sus planteamientos sirvan de “alimento político-ideológico” para los enemigos del Empleo Público, mismos que vienen, como consta a toda la ciudadanía, en una insana y perversa campaña en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público y los salarios que devengan, fomentando, peligrosamente, una apología del odio por esta circunstancia.

Al igual que habrá que plantear el problema gravísimo del robo de impuestos, miles y miles de veces (aunque los latifundios mediáticos y quienes le siguen línea “informativa” a los mismos, no hablen de ello); miles y miles de veces hay que decir que no son los salarios de los empleados públicos ni sus convenciones colectivas de trabajo (donde existen), los culpables del déficit fiscal.

El problema del déficit fiscal, mismo que reconocemos como sumamente grave, tiene explicaciones de otra naturaleza. El déficit fiscal es, básicamente, por la enormidad gigantesca del robo de impuestos, del fraude fiscal, de la evasión impositiva.

Resulta inaudito ocultarle esta realidad a nuestra sociedad, al pueblo costarricense; y quienes la ocultan, pudiendo divulgarla, prácticamente son cómplices del robo de impuestos y/o son ladrones de impuestos.

Estos datos le paran los pelos a cualquiera que, aunque de manera mínima, crea en los valores humanistas de la inclusión social, de la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza:

El dato más reciente y actualizado que en ANEP manejamos es que en la actualidad un punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB), es de unos 281 mil millones de colones: 281.000.000.000.00.

Si el propio Gobierno de la República, vía Ministerio de Hacienda, ha estado planteado que solamente por el robo de impuestos en todas sus formas, la cifra anual del robo de los mismos es, prácticamente, 8 puntos porcentuales de PIB, ¿entonces cómo puede ser posible que este dato se oculte o que este dato no le merezca importancia al señor Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Veamos:

8 puntos de PIB de robo de impuestos, fraude fiscal, evasión tributaria y similares, en todas sus manifestaciones indica que, por año, los ladrones de impuestos se dejan 2 billones 248 mil millones de colones: 2.248.000.000.000.00.

Esto significa que este crimen contra toda la sociedad implica que:

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El trabajador asalariado, la trabajadora asalariada, ¡NO ROBA IMPUESTOS! Si se trata del impuesto sobre las ventas, éste se paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora. Si se gana por encima de lo exonerado, el impuesto sobre la renta es deducido, directamente, de planilla.

Los diputados y las diputadas que tienen trayectorias limpias y transparentes, que tienen sincera y honesta preocupación por el deterioro social, por la indetenible desigualdad, por a de la población, por las duras y crueles expresiones de violencia, asaltos, asesinatos, corrupción, narcotráfico y crimen organizado; ¡tienen que parar el crimen social más grande de todos!: el robo de impuestos, indescriptiblemente espeluznante, según los datos aquí expuestos.

Bloquear la aprobación de los necesarios proyectos de ley que se tramitan en la actual Asamblea Legislativa que van en línea de, aunque sea tímidamente, empezar a combatir este crimen contra toda la sociedad, implica que en el seno del parlamento hay ladrones de impuestos con escaño diputadil y/o cómplices de éstos.

Por tanto, será necesario que la ciudadanía, que el pueblo trabajador, que los empleados públicos como directos acusados y acosados por esto del déficit fiscal, sepan, con nombre y con apellidos, así como el partido político de pertenencia de aquellos legisladores que están fortaleciendo, de una u otra manera, que el robo de impuestos siga sin control, llevándonos al caos.

¡Alto al ataque al salario de los y de las profesionales! ¡Alto al ataque del salario de los policías y de los educadores! ¡Alto al ataque del salario de los oficinistas, de las secretarias, de los choferes, de los trabajadores de mantenimiento, de las trabajadoras domésticas y de los técnicos (entre otros). Los salarios que devengan las personas trabajadoras del sector Público, ¡no son los culpables del déficit fiscal!

Tampoco las convenciones colectivas de trabajo, por más necesarias y justas que pudieran ser correcciones de negociación a las mismas, ¡no son las culpables del déficit fiscal!
¡Es el robo de impuestos, sino el principal y fundamental, el culpable del déficit fiscal!…

Y eso que no mencionamos aquí el tema de las exenciones y de las exoneraciones…

Crisis salarial en perspectiva

Ha empezado el año 2016 y quienes laboran asalariadamente para el sector Público entran en un período de incerteza total en cuanto a las diversas circunstancias que amenazan su salario y su propia estabilidad laboral.

Con base en la tesis oficial de que la inflación es “negativa”, emerge la circunstancia de concreción real del congelamiento salarial, algo muy satisfactorio para esos sectores del gran poder económico que le echan “los muertos” del déficit fiscal a los empleados públicos; aspecto éste que, por enésima vez, la ANEP rechaza categóricamente.

Es preciso que el Gobierno de la República convoque a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), con urgencia, para plantear este tema de la inflación “negativa”, las deudas salariales pendientes de honra acumuladas de tiempo atrás por deterioro de poder de compra, especialmente en puestos de los grupos laborales más golpeados por la concentración del ingreso y la propia desigualdad salarial intra-sector público: personal policial, misceláneo, secretarial, oficinista, administrativo, de seguridad y técnicos, choferes y otros.

Paralelamente, es preciso puntualizarle a las autoridades gubernativas la naturaleza profunda de las razones sindicales para rechazar, radicalmente, las intentonas de los grupos neoliberales (dentro del mismo gobierno y fuera de él), de crucificar el Empleo Público a cambio de leyes tributarias como las que se ocupan para frenar el robo de impuestos y el fraude fiscal en todas sus manifestaciones.

El congelamiento salarial por razones “´técnicas”: inflación “cero” o “negativa”; junto a la perversa relación-trueque que se quiere hacer entre llevar a la baja los salarios del sector Público para que haya leyes tributarias relativamente fuertes, no auguran nada bueno para un clima de paz social en el seno del sector Público.

Agreguémosle las decisiones de organismos reguladores matando los principios legales y constitucionales de la negociación colectiva y estatutos de personal… entonces tenemos serios problemas sociales a la vista.

Sala ordena a migración pago de horas extra

El fallo bajo el expediente 13-011396-0007-CO, resolución No. 2015014516, emitido por la Sala Constitucional el 4 de setiembre, obliga a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) al desembolso de una cantidad millonaria a dos funcionarias que eran obligadas a trabajar horas extra y no se les reconocía por confundir el rubo con el pago de disponibilidad.

Se trata de las funcionarias de apellidos Zamora y Montoya, quienes el 7 de octubre de 2013 interpusieron el recurso de amparo contra la Migración y Extranjería, pues cuando fueron a cobrar el tiempo de horas extra les dijeron que no aplicaba porque ganaban disponibilidad y como pago de estas les ofrecieron tomar el tiempo acumulado.

“Mediante oficio número ll6-03- 2013-PPM del 6 de marzo de 2013 se obligó a la accionante Zamora a disfrutar de las horas extra acumuladas en tiempo en 8 periodos de 15 días cada uno empezando desde el 1 de abril de 2013, y así sucesivamente hasta el 5 de enero de 2014, firmado por la subjefe de la Policía Profesional de Migración. Indican que el 19 de marzo de 2013, las recurrentes interpusieron reclamo administrativo para que se les cancelara en dinero las horas extra laboradas en la Dirección General de Migración y Extranjería”.

No obstante, por resolución “No. D. JUR 095-2013, reclamo administrativo solicitud de pago en dinero de horas extra”, la DGME le rechazó la solicitud a la accionante Zamora Vargas, con fundamento en los artículos 4, 5 y 26 del reglamento para la autorización.

Por lo que la Sala consideró declarar con lugar el recurso y anula el oficio número 116-03-2013-PPM del 6 de marzo de 2013, y las resoluciones números D. JUR-095-2013 de las 13:30 horas del 4 de julio de 2013 y D. JUR-015-2013 de las 15:30 horas del 18 de julio de 2013, todas de la Dirección General de Migración y Extranjería. Asimismo, se ordena a Kathya Rodríguez Araica, en su condición de directora general de Migración, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que se resuelvan las solicitudes planteadas por las accionantes el 19 y 22 de marzo de 2013, de conformidad con lo indicado en la sentencia 2015-014056 de las 12:05 horas del 4 de setiembre de 2015.

ara Gerardo Mora, presidente de la seccional de ANEP en la Policía de Migración, “este es un atropello que se ha venido dando por parte de la DGME contra los oficiales de la Policía de Migración y con este fallo de la Sala queda debidamente demostrado que el rubro por disponibilidad no significa hora extra, como quedó reafirmado en el voto 13.023 en el 2012 y con este nuevo voto refuerza que a los que tienen tiempo acumulado se les debe cancelar en efectivo”.

Mora indicó que acá se le garantiza al empleado que su aguinaldo, sus cargas sociales, el bono escolar, serán respetados y que la administración no puede obviar el atropello a los colaboradores. Según lo calculado para las dos funcionarias el daño económico sería de aproximadamente ¢3 millones. Intentamos conversar con la directora de Migración, Kathya Rodríguez, pero no respondió llamadas a su celular.

Celebramos la aprobación del Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería, celebramos la aprobación, por parte de la Autoridad Presupuestaria (AP) del Ministerio de Hacienda, del Manual Descriptivo de Clases de la Policía Profesional de Migración, que viene a mejorar en gran medida la escala salarial de este cuerpo policial, que al día de hoy era el más mal pagado en el país.

La aprobación de dicho manual fue establecida, el pasado lunes 27 de julio, por la AP e informado por la Dirección de Migración y Extranjería, este viernes 31 de julio, por lo que el Manual Descriptivo de Clases de la Policía Profesional de Migración entrará a regir a partir de este sábado 1 de agosto.

Para Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, la aprobación del Manual de Puestos representa una gran satisfacción en todos los y las compañeras oficiales de la Policía Profesional de Migración en todo el país, ya que el día de hoy están celebrando una lucha que emprendieron hace una década buscando mejores condiciones salariales para todos sus compañeros.

“Tenemos que resaltar el protagonismo que tuvo la ANEP en esta lucha, la cual fue ardua, donde tuvimos altos y bajos, incluso hubo momentos de angustia pero hoy estamos celebrando este momento y esperamos que los compañeros y compañeras de la Policía Profesional de Migración estén satisfechos”, manifestó Mora Ordoñez.

La entrada en vigencia del Manual Descriptivo de Clases de la Policía Profesional de Migración viene a mejorar en gran medida la escala salarial de los puestos, por ejemplo, un Policía de Migración 1, que representa la escala más baja de puesto, percibirá un reajuste salarial de casi 40 mil colones, pasando su salario base de 281 mil colones a 321 mil colones. Mientras que un Policía de Migración 2 pasará a percibir un salario de 289 mil colones a 372 mil colones, lo que significa un reajuste de 83 mil colones en su salario base.

“Al día de hoy la Policía de Migración era el cuerpo policial más mal pagado, esperamos que a partir de este 1 de agosto esto cambie, hay una diferencia importantes de salarios que se van a reajustar de acuerdo a las necesidades de hoy en día. Esto es importante en muchos aspectos, ya que se viene a ordenar la casa, así como la estructura de la policía, los mandos de esta y el salario que es muy importante para todos”, manifestó el Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración.

La aprobación del Manual Descriptivo de Clases de la Policía Profesional de Migración, beneficiará a 401 policías. Cabe destacar que el presupuesto para hacerle frente a los reajustes salariales saldrá de la misma Dirección General de Migración y Extranjería, sin generar un costo extra al Estado.

Es importante agradecer la participación en esta lucha de todos los y las compañeras de las seccionales ANEP -Policía Profesional de Migración y ANEP-Administrativa de Migración y Extranjería; la Directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez y su equipo de trabajo; la Viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz; el equipo de trabajo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la participación en última instancia del Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

“Congelamiento” en perspectiva

Los y las policías, las trabajadoras de los CEN-CINAI, personal de oficina y secretarial, choferes y trabajadores de mantenimiento, conserjes y misceláneos, personal de cocinas y comedores escolares, agentes de seguridad y vigilancia, asistentes de pacientes y técnicos de diversas especialidades; son parte importante de los grandes perjudicados en cuanto al poder de compra de sus salarios, si el Gobierno pretende aferrarse a un“reajuste” por costo de vida centrado, exclusivamente, en el índice oficial sobre variación en los precios que para el primer semestre de este año 2015, ha sido fijado en un 0.08 % (8 centésimas), por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Ese 0.08 % representa 80 colones de reajuste por mes, por cada 100 mil colones de salario.

Según Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, promedialmente hablando, en salarios alrededor del medio millón de colones, estos grupos laborales tendrían 400 colones de “reajuste” mensual, unos 13.33 colones diarios, a los cuales hay que deducirles el aporte obrero a la Seguridad Social. Por tanto, en realidad, en liquidez, serían unos 12 colones al día.

“Estos grupos salariales de empleo público sufren de gran precariedad salarial, sensible endeudamiento y poca liquidez en su pago quincenal. Por otra parte, tampoco no dista mucho la diferencia en cuanto a su situación socio-económica en lo que respecta a diversos grupos profesionales de la Administración Pública, especialmente del Gobierno Central, entes adscritos y otras entidades que se guían por el sistema salarial del Servicio Civil”.

Vargas aseveró que, no puede argumentarse en estos casos que el tema de los “pluses” debe considerarse, pues éstos no se moverán de forma alguna con ese 0.08 % de variación en el IPC, según el INEC.

Mañana martes 7 de julio, a la 1 de la tarde y en la sede de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), el Gobierno y las principales organizaciones sindicales del sector Público “hablarán” del tema, por cuanto las posibilidades de una negociación real son escasas.

“Por nuestra parte, hemos de insistir en las difíciles condiciones de este grupo de servidores y de servidoras del sector Público y otros de similar naturaleza, a fin de que se tome en cuenta que el considerar la inflación por venir y que el crecimiento de la economía, deben ayudar a quienes están en mucho mayor desventaja salarial”, dijo el Secretario General de la ANEP.

En todo caso y dada la gravedad de las amenazas sobre el propio Empleo Público y su sistema salarial (propuesta de imponer el salario único y la amenaza de eliminación de todo tipo de pluses, incluidas las anualidades), abren paso a que el clima laboral en el seno de la Administración Pública se siga calentando y generando las condiciones para una gran movilización en fecha cercana.

Situación por venir se mira tensa, polémica, conflictiva…

Hoy, miércoles 1 de julio de 2015, se inicia el segundo semestre del presente año 2015 y quienes laboran asalariadamente para el sector Público no tienen ni la menor idea de lo que pasará con su reajuste salarial; es más, si habrá reajuste…

En este asunto, la situación por venir se ve sumamente compleja, se mira tensa, se percibe polémica y hasta conflictiva.

Por un lado y según registro oficial gubernamental, “no hay inflación”. Por otro, para la abrumadora mayoría del personal estatal, la realidad económica de su bolsillo indica otra cosa: la plata no alcanza. ¿Acudirá el Gobierno del Presidente Solís al “decretazo”?…

El desfase entre los datos de un indicador de medición de las variaciones semestrales en el costo de la vida, con lo que dicta la realidad socioeconómica de hoy en día, cuya característica central es el crecimiento de la desigualdad, es más que elocuente.

Afortunadamente, parece ser que en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ya tienen conciencia de este problema y de ahí la importancia de la reunión a la que han convocado a los sindicatos para el próximo 9 de julio.

Ahora bien, en ANEP pensamos que la discusión por venir a propósito del reajuste (o “no reajuste”), del sector Público valedero para el segundo semestre que hoy inicia, está sumamente “contaminada” dada la virulenta campaña que se desarrolla en estos momentos, de ataque al empleo público jamás vista en los últimos años.

ANEP se encuentra preocupada y alarmada por los llamados de los voceros del capital oligárquico-neoliberal al casi que linchamiento de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, más allá de las polémicas situaciones puntuales que en el tema de los salarios se dan en ciertos segmentos de la administración estatal vista como un todo.

La rabia y el odio que destilan estas personas está en un frenesí peligrosísimo luego del acuerdo firmado del pasado viernes 26 de junio de 2015, suscrito en el Teatro Popular Melico Salazar y ante unas mil personas dirigentes sindicales-sociales, entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Frente Amplio (PFA) y el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, del cual ANEP forma parte. La propuesta de este acuerdo, “Agenda Patriótica para el Bien Común”, los tiene fuera de sí, cayendo en las más absurdas irracionalidades.

La furia de quienes sienten que el poder real y absoluto, hegemónica política y económicamente hablando, que han venido detentando durante tantos años, lo están perdiendo; la están convirtiendo en una provocación a niveles confrontativos que no hemos experimentado como sociedad, ni aún en las situaciones tan tensas como las del Combo ICE o la del TLC con Estados Unidos.

ANEP formula un vehemente llamado a todos los empleados públicos y a todas las empleadas públicas, junto a sus familias y seres queridos para que:

PRIMERO: No cedamos a las provocaciones violentistas, de “cacería de brujas”, que están atizando ya los fuegos de la confrontación social abierta. Rechacemos el odio y la violencia.

SEGUNDO: Nos prepararemos para las más grandes movilizaciones, bajo el concepto de la Democracia de la Calle, profundamente pacifistas y plenamente cívicas. A la vez, construyamos la más grande unidad gremial y sindical-social en la acción, para asumir el más grande reto del empleo público de toda la historia republicana costarricense.

TERCERO: Comprender que lo que ya está en juego no necesariamente se trata de un punto porcentual de reajuste, de medio punto porcentual de reajuste: es algo más grave y delicado: está en juego el propio empleo público, la seguridad presente y futura de las familias asalariadas que de él dependen, y la propia institucionalidad pública.