Hacienda erra al ceder a la presión del corporativismo parlamentario-empresarial

Dejamos, nuevamente, constancia de nuestra más rotunda oposición a que el actual Gobierno de la República ceda de sus pretensiones originales en materia de control del fraude fiscal: la ejecución del embargo en sede administrativa ante la constatación evidente del robo de impuestos, por parte de las autoridades tributarias del Ministerio de Hacienda.

Esta primera “rendición” ante los representantes políticos del gran empresariado corporativo-neoliberal, que no fue el que ganó las elecciones nacionales del 2014, a pesar de que está hoy en el control del Directorio de la Asamblea Legislativa; abre paso a un segundo golpe para perpetuar el fraude fiscal: que ni siquiera pueda la administración tributaria declarar embargos por robo de impuestos, como se lo posibilita la ley actual.

El combate al robo de impuestos, con la mayor drasticidad y contundencia, es fundamentalmente imprescindible para atender el problema del déficit fiscal.

Por eso tenemos que reiterar nuestra más férrea oposición a que se pretenda la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA); y, mucho menos, que se suba del 13 al 15 %.

El pueblo trabajador no aguanta más cargas tributarias por el lado de la regresividad.

La mala señal que da el Gobierno y, particularmente, el Ministerio de Hacienda, cediendo al chantaje parlamentario del “PLUSC” en favor del robo del impuestos, le da más autoridad moral y gran valor ético a la oposición sociolaboral en contra de más impuestos indirectos, como el caso del IVA.

Aunque nos ha parecido correcto que las autoridades gubernativas actuales a su más alto nivel, como el Ministerio de Hacienda, haya indicado que, por ahora, no insistirán en el tema del IVA y su aumento, pues le quieren dar prioridad a los proyectos contra el fraude fiscal, contra el contrabando y las exoneraciones para combatir el déficit fiscal; al ceder al chantaje político-parlamentario de carácter corporativo ejercido por los favorecedores del robo de impuestos, “están borrando con la mano derecha lo que habían escrito, acertadamente, con la izquierda” (adaptando así el refrán popular de su versión original a esta circunstancia política).

Por otra parte, la contundente aceptación oficial por parte del Ministerio de Hacienda de que con los TLC´s neoliberales (como el que nos fue impuesto con Estados Unidos), el déficit fiscal creció en un 2.5 % de Producto Interno Bruto PIB (aunque creemos que es superior al 3 % PIB); debió haberles sido suficiente para no ceder a ese corporativismo parlamentario-empresarial que avala el robo de impuestos, pues es el mismísimo que siempre promovió este tipo de TLC’s, culpables clarísimos, ahora, de casi la mitad del déficit fiscal con el cual nos han venido aterrorizando como sociedad.

En conclusión, nuevamente hay que puntualizarlo: no es la clase trabajadora la que roba impuestos; no es el pueblo trabajador el responsable del déficit fiscal, ni éste es, particularmente, de quienes laboran asalariadamente para el Estado; no se debe, por tanto, fomentar más la regresividad tributaria y, por el contrario, la política pública en materia de tributos debe ser implacable al combatir el robo de impuestos.

Ojalá logremos que La Calle, próximamente, pueda decirlo con inobjetable potencia.

¡Señor Presidente!: ¿Recortar de dónde?

Una vez más tenemos que insistir en nuestra tesis adversa al fundamentalismo fiscalista neoliberal del recorte presupuestario por el recorte mismo; de la contención del gasto irracional e irreflexiva; del debilitamiento a mansalva de diversos programas de política pública que desde el Gobierno Central se han diseñado para favorecer a los más débiles, para (supuestamente) atajar el crecimiento de la desigualdad, para paliar el abusivo proceso concentrador de la riqueza.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, “de paso por el país”, debe comprender que hay diversos servicios públicos que están siendo llevados a una crisis total y radical, al punto de que solamente se puede tener el recorte anhelado por los “Torquemada del gasto público”, si se empieza con la despedidera, a echar gente a la calle.

Sería sumamente oportuno y conveniente que el Sr. Presidente Solís Rivera le pusiera debido cuidado al acertado llamado que está formulando la señora Defensora de los Habitantes de la República, la ilustre ciudadana doña Monserrat Solano Carboni; advirtiéndonos de que los recortes previstos en el proyecto del mal llamado “presupuesto general de la República” para el 2016, pondrán en peligro compromisos-país, nada más y nada menos que en materia de Derechos Humanos Fundamentales y deshonrando nuestra ética internacional al respecto como país integrante del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ejemplos sobran. Veamos unos cuántos.

Sería bueno que el mandatario se diera una vueltecita a la reunión-asamblea del próximo viernes 26 de junio, del personal del debilitado programa CEN-CINAI, especialmente mujeres trabajadoras en precariedad salarial que le cuidan los chiquitos y las chiquitas a mujeres solas jefas de hogar, trabajadoras que también están en precariedad salarial. ¡Escúchelas, Sr. Presidente y vea que ya no es posible recortarles más presupuesto.

Sería bueno que el mandatario se reuniera con el personal de la Policía de Tránsito y constatara que hace falta el doble del personal actual, lo cual convierte a este factor de insuficiente recurso humano, en determinante para la “matazón” que estamos presenciando en las carreteras del país.

Sr. Presidente: sin atisbos de xenofobia alguna pero el fenómeno migratorio nos tiene desbordados como país y la Policía Profesional de Migración y Extranjería (que, por cierto, lleva diez años de lucha a ver si le pagan un poquito mejor), está completamente diezmada para contenerlo. Notamos una especie de inmigración “mala” que está potenciando diversas formas de violencia criminal y organizada, angustiante para la colectividad.

Respetuosamente, vaya Sr. Presidente Solís, a las cárceles y compruebe que la ya casi inmanejable sobrepoblación carcelaria tiene atormentado al personal penitenciario que ya no tiene cómo generar procesos reales de reintegración social ante la gran precariedad de personal y de recursos. Por esa precariedad institucional, el Sistema Penitenciario Nacional va en camino de convertirse (sino es que ya lo es), aunque duela decirlo, en un “mero depósito de seres humanos que deben estar encerrados”.

La situación no es menos grave en el seno del cuerpo policial más grande del país: la Fuerza Pública. ¡Ni un cinco se le puede quitar! Sería bueno que los fundamentalistas neoliberales del recorte presupuestario vayan a las barriadas marginales y de pobreza extrema para que constaten a lo que se exponen los y las oficiales de la Fuerza Pública pues los niveles de violencia, producto de la desigualdad y de la exclusión social, son imposibles de contener a punta de represión física. ¡Falta más personal, integralmente formado, para que la política de Seguridad Ciudadana sea realmente efectiva.

Y, ¡qué contradicción!, Sr. Presidente, con la imagen internacional de “país ecológico”: las mafias de todo tipo están acabando con nuestros parques nacionales ante la ausencia de vigilancia suficiente pues ya, prácticamente, no hay personal. ¡Imposible algún recorte aquí! Nos vamos a quedar sin bosques porque la tala ilegal está incontrolada.

¿Y se le va a quitar plata al Poder Judicial? Respetuosamente, Sr. Presidente, pida los más recientes datos estadísticos acerca de cuáles son los sectores sociales a los cuales se está dirigiendo, en estos momentos, una mayoritariamente parte de los recursos presupuestarios judiciales: ¡a la clase trabajadora!, ¡a la violencia social que golpea a los sectores populares!, ¡a las madres solas jefas de hogar que demandan pensión alimenticia! ¡a trabajadores y a trabajadoras que son víctimas de violencia patronal, cuando les niegan, les roban o les escamotean sus derechos laborales!

Se quedan más ejemplos como éstos, señor Presidente, a los cuales debe usted poner debido cuidado.

Sr. Presidente: El gran capital político que usted recibió al elegírsele para tal cargo, está compuesto por muchas personas ciudadanas como las que están relacionadas con todos estos servicios públicos: quienes los prestan y quienes lo reciben. El tal “cambio”, supuestamente, no era para potenciar el fundamentalismo fiscalista; por el contrario, muchos entendimos que el gran cambio era para contener el crecimiento de la desigualdad.

En esto del déficit fiscal, “la procesión va por otro lado”. Nuestro mayor anhelo es que sean las calles las que hablen fuertemente al respecto, intermediando una gran convergencia de lucha entre el personal de estos y otros servicios públicos, personal sumamente acosado y atormentado, junto a sus propias familias; de las personas usuarias de sus servicios; de todo tipo de organizaciones que representan sus sentires, intereses y derechos.

Gobierno debe retomar las negociaciones

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), insiste en la urgencia de que el Gobierno de la República convoque a los sindicatos para resolver, de manera definitiva, el monto del reajuste que por costo de vida debe aplicarse a los salarios de todas las personas trabajadoras del sector Público: unas 300 mil, aproximadamente; reajuste valedero para el primer semestre de este año 2015.

La ANEP demanda que el Gobierno convoque a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), apenas terminada la III cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); considerando además que estamos por entrar al segundo mes del año y el reajuste pendiente no llega para esos trabajadores y esas trabajadoras, especialmente los de ingresos bajos y medios, por demás, por demás víctimas económicas del alto endeudamiento.

La ANEP, que en este proceso acompaña a las centrales sindicales, estima que la situación de quienes son policías, misceláneos, vigilantes de escuelas y colegios, secretarias, oficinistas, choferes, cocineros y cocineras, personal asistencial de los CEN-CINA y personal técnico (entre otros de similar naturaleza “no profesional”), deben recibir un reajuste mayor al de la inflación del período semestral anterior (0.94 %); pues ya debe entrar a operar, por primera vez, el “desenganche” que desvinculó los salarios de este tipo de puestos del sistema de Servicio Civil con relación a la ley salarial médica.

La ANEP considera que es hora de que quienes laboran para la Administración Pública en tales labores, inicien un camino de recuperación salarial, toda vez que bien sabemos los reajustes salariales semestrales de esta naturaleza, son únicamente para “compensar” el alza en el costo de la vida según las cifras oficiales de inflación; pero no representan ampliación del poder de compra del salario ni incremento en el poder adquisitivo de las familias respectivas, afectadas seriamente en su nivel de vida.

La ANEP cree, además, que es preciso abrir un diálogo constructivo para el diseño de una nueva fórmula de cálculo del incremento semestral por costo de vida; que es necesario valorar la propiedad con que actualmente se miden las variaciones en el costo de la vida acordes con alto nivel que tiene la sobrevivencia obrera en un país tan caro como Costa Rica; y, además, abrir un proceso integral de reestructuración de las bases salariales de tales puestos, así como lo que corresponde en los salarios mínimos aplicables al sector privado de la economía.

La ANEP señala que en cuanto al sector profesional del Gobierno Central y entes adscritos que se guían por el sistema de Servicio Civil, la preservación de este tipo de puestos en su condición vinculante con la ley salarial médica, podría incrementar el deterioro del poder de compra de sus salarios, lo cual debe llevar a mantener la discusión sobre esta situación; especialmente ahora que ya quedó demostrado que la tesis de ANEP sobre el “desenganche” fue real y verdadera en todo momento.

Finalmente, es bueno señalar que si bien es cierto las bajas en el precio de la gasolina y los combustibles, por la dramática caída internacional del precio del petróleo, representa un “alivio” para la economía (aunque pudiera ser temporal); es notorio que en nada se refleja en el alto costo de los artículos y servicios básicos de consumo vital y básico que necesitan las familias de la clase trabajadora, especialmente las de ingresos medios y bajos.

Quienes ganan con la rebaja en los precios de los combustibles no son, por ende, las mayorías populares. Gana (entre otros pocos), el gran empresariado autobusero pues no se ve venir una rebaja en el pasaje. Esto debería discutirse también.

La cuestión de una nueva política salarial emerge con gran fuerza, tanto en el sector privado como contra el sector público, considerando que la propia Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), refuerza la triste dolorosa realidad nacional de que en el país la pobreza y la desigualdad siguen creciendo.

Celebramos la eliminación del veto a la Reforma Procesal Laboral

En 1943, hace 71 años, se emitía en Costa Rica una de las leyes más trascendentales que jamás se habían dado en nuestro país hasta ese histórico momento; misma que sigue vigente hasta hoy, en pleno siglo XXI: hablamos del Código de Trabajo, que es la máxima ley laboral nacional.

En aquellos históricos años de los 40 del pasado siglo, el Código de Trabajo surgía a partir de una serie de circunstancias sociopolíticas que conjuntadas entre sí lograban que la clase trabajadora asalariada tuviera un cuerpo de normas jurídicas a su servicio, de forma tal que sus patronos o empleadores la tratase con dignidad a la hora en que éstos compraban la fuerza de trabajo que aquella les vendía.

Hoy, en el 2014, ha ocurrido la transformación más grande que ha sufrido nuestro Código de Trabajo desde que fuera emitido hace 71 años. El pasado viernes 12 de diciembre, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, decidió levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral, también conocida como Código Procesal Laboral; que, repetimos, introduce profundas variaciones a la máxima ley laboral del país, de forma que se ha de llevar más justicia social y laboral a las relaciones obrero-patronales.

Situación precaria de infraestructura y salud ocupacional en la aduana de Peñas Blancas

La Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda realizó, el pasado 23 de octubre, una gira a la frontera norte de nuestro país, específicamente al puesto de aduanas ubicado en Peñas Blancas, donde pudo constatar las condiciones precarias de infraestructura y salud ocupacional en las que se deben de desempeñar los y las trabajadoras de este puesto aduanero.

Entre las principales falencias detectadas por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda en el puesto aduanero de Peñas Blancas se encuentran:

• La estructura del Andén donde aparcan los furgones está muy dañada, incluso existe el temor de que se venga abajo en cualquier momento, ya que las bases de la misma presenta una serie de daños, que no han sido reparados por mucho tiempo, pese a las reiteradas denuncias.

• La caseta de control de la Aduana fue demolida, y están ocupando una caseta que pertenece al MAG, las condiciones de las mismas no son nada saludables, a la par hay un árbol grande donde se ve la caja de breaker, toda la parte eléctrica se nota muy mal, la ventana con forro de madera, archivos en pésimas condiciones.

• En el sector sur de la Aduana no existe aguja de control, los vehículos pueden huir sin que nadie los detenga. En la noche los oficiales de seguridad ponen un tarro con un pedazo de malla anaranjada para cerrar el paso, porque ni siquiera conos tienen. En el invierno el paso por las agujas sur y norte sufre de inundaciones, provocando que los usuarios que entran o salen del país deban de hacerlo sobre un río de agua porque no hay salida de aguas pluviales, o sea cunetas o alcantarillas.

• Condiciones de Salud Ocupacional. En las casetas de la aguja sur, existen problemas serios de estructura, los documentos del depósito están amontonados en una pequeñísima bodega, que a la vez es donde está el servicio sanitario sin uso por las condiciones que presenta, incluso, cualquiera puede sustraer documentos y nadie se da cuenta.

• Existe una plaga de lagartijas, que llena todos los escritorios y zonas de trabajo de excremento, provocando que los y las funcionarias trabajen en condiciones insalubres. Además que no cuentas con aire acondicionado, ni siquiera abanicos. Sumado al mal estado de los servicios sanitarios, que presentan condiciones insalubres.

• Los funcionarios que utilizan las habitaciones destacadas para ellos, no cuentan con abanicos, mucho menos aires acondicionados, cuentan con una sola lavadora para muchos funcionarios, en cambio la casa de la gerencia y subgerencia cuentan con buen aire acondicionado, con buenas lavadoras, y si el aire se les arruina inmediatamente lo reparan.

Ante esta situación, la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda emitió un informe dirigido al Ministro de Hacienda, Helio Fallas; al Director del Servicio Nacional de Aduanas, Rafael Bonilla; así como a la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda, Dina Víquez, haciéndoles constar las condiciones precarias en que se encuentra dicho puesto aduanero y la necesidad de su inmediata intervención.

“En las anteriores administraciones del Ministerio de Hacienda, se han hecho denuncias sobre lo que sucede en las Aduanas, sin embargo las respuestas nunca han sido satisfactorias, ni nunca han resuelto la situación. Basta con indicar que en la parte de infraestructura, las inversiones millonarias en remodelaciones del Servicio Nacional de Aduanas quedan tan mal que, al poco tiempo están deterioradas por el mal trabajo realizado, y en realidad no se nota cuál ha sido la remodelación realizada. Por ello nos cuestionamos: ¿Cuál es la supervisión ejercida por el Departamento de Arquitectura?, si es que ha habido alguna; ¿Existe alguna garantía al respecto?”, manifestaron en la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda.

Incluso mencionaron que es importante recalcar, que la Administración Superior gasta excesivos viáticos en giras del Departamento de Arquitectura y sobre todo, de las cuadrillas de la Sección de Mantenimiento, y no se ven resultados de las reparaciones o de los mantenimientos preventivos o correctivos.

“Un ejemplo de algo que paso en Peñas Blancas es que fueron a reparar el tanque de agua potable y resulta que no llegaba agua a las tubería de la oficina, ni a las baterías sanitarias, y tuvieron que regresar a repararlo. Lo que pasó fue que taparon al revés el ingreso de agua, y por esto regresaron a arreglar lo que supuestamente ya habían corregido”, indicaron.

El informe presentado por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda a los jerarcas de esa cartera pretende obtener respuestas claras, concretas, sobre qué es lo que realmente va a realizar esta administración para mejorar la infraestructura de las Aduanas, así como las condiciones de las habitaciones de las funcionarias y los funcionarios que pernoctan en la Aduana de Peñas Blancas.

Comisión de Interinos de la ANEP presentó propuesta al Gobierno

La Comisión de Interinos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), efectuó su tercera asamblea, con una buena participación de trabajadores en condición de interinos, donde dieron a conocer la propuesta presentada al Gobierno de la República para tratar de buscar una solución para estos trabajadores.

La presentación de la propuesta y la realización de la tercera Asamblea se llevó a cabo en la conferencia Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y según comentó William Arias, Coordinador de la Comisión de Interinos de la ANEP, la idea es tomar medidas de presión para efectuar los nombramientos de trabajadores de interinos e interinas del país.

“El panorama es complicado porque ya se está venciendo la prorroga que habían otorgado para no abrir las ternas, la idea es tomar medidas de presión para ver si se puede ampliar esa prórroga ya sea seis meses o un año”, dijo Arias.
El Coordinador de Interinos de la ANEP detalló, que la propuesta es pasar a todos los interinos en propiedad o bien buscar la manera jurídica para que estos trabajadores puedan ser miembros en propiedad.

Precisamente dicha propuesta se basa en tres puntos, el primero de estos consiste en Un Decreto Ejecutivo de nombramientos de todos los interinos con las condiciones de idoneidad académica. El segundo, que la Dirección del Servicio Civil se aboque a efectuar los exámenes pertinentes a los interinos que así lo requieran. Mientras el tercer punto busca una extensión de la Prorroga DG 508-2014 por un periodo de seis meses a un año mínimo, debido al incumplimiento del punto 1 y 2 de la misma.

Actualmente la Comisión de Interinos de la ANEP está integrada por un aproximado de 367 trabajadores interinos pertenecientes a diversas instituciones del Gobierno.

Si usted es un trabajador interino y desea unirse a la Comisión de la ANEP puede comunicarse con William Arias al número telefónico 856722627 o bien a las oficinas centrales de la ANEP, ubicadas en Calle 20 Norte, 350 metros norte del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, frente a Coopeservidores.

Puede descargar la propuesta de forma completa en el enlace siguiente.

Razones por las cuales nos oponemos al recorte presupuestario

Honorables señores y señoras
Diputados y diputadas
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Nos apersonamos ante esta sede parlamentaria con motivo de la discusión legislativa acerca del trámite de ley de lo que será el presupuesto “general de la República” para el ejercicio fiscal 2015; con la motivación básica de dejar constancia de la más rotunda oposición de nuestra parte, por la serie de recortes presupuestarios que en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea Legislativa, por mayoría de sus integrantes, se han aplicado a dicho proyecto presupuestario; decisiones que adversamos y que de seguido, en términos muy generales, fundamentamos en las siguientes consideraciones.

Antes de ello, deben saber sus dignas autoridades legislativas que quienes nos apersonamos hoy aquí, en manifestación, procedemos de varios sectores institucionales de diversos ministerios del Estado, de sus programas estructurales, así como de entidades adscritas a los mismos; de representantes de diversos servicios a cargo del Poder Judicial; de organizaciones sindicales de representación en otros entes del aparato del Estado, en especial las integrantes de “PATRIA JUSTA”; de ciudadanos y de ciudadanas de sensibilidad patriótica procedentes una variedad de pertenencias organizativas, quienes abrigan gran preocupación e intensa indignidad por la situación en comentario.

Tenemos la convicción central y fundamental de que tales recortes expresan, en términos generales, irresponsabilidad y carecen de sopesada reflexión y análisis objetivo sobre sus eventuales y directos impactos. Además, se imponen bajo una estrategia de “shock”, típica de los ajustes estructurales “fondomonetaristas” de la década de los años ochenta del siglo pasado.

A la vez, esconden tenebrosos intereses en contra del pueblo costarricense; específicamente, eliminar toda forma de intervención del Estado a favor de las grandes mayorías, evitando que se pueda recuperar su rol social equilibrador. Se trata, en el fondo y en consecuencia, de abrir espacio sin límites a los negocios privados con los servicios públicos.

Nuestra conclusión central es que tales recortes, en términos generales, al presupuesto de los ministerios para el 2015, muestran cuatro características esenciales.

PRIMERO: Agravan la afectación a diversos servicios públicos que se prestan desde los ministerios y sus programas y entidades adscritas; servicios que ya de por sí venían sufriendo grave deterioro y precariedad producto de restricciones presupuestarias severas en años anteriores.

SEGUNDO: Tales servicios están destinados a atender necesidades básicas de grupos de costarricenses muy desfavorecidos, económica y socialmente hablando. Los recortes, por tanto, profundizarán la dolorosa y peligrosa desigualdad en nuestro país.

TERCERO: En términos generales, estos servicios públicos son prestados por personas trabajadoras asalariadas del sector público central, cuyos regímenes salariales están en los niveles bajo y medio, así que no se ostentan lo que denominan algunos como “salarios de lujo”.

CUARTO: Por más recortes que se apliquen, incluso llegando a cierres técnicos ministeriales (como el caso de Cultura), no resolverán el grave problema del déficit. Al contrario, esos recortes, si se consolidan, agravarán más la situación social del país y de sus sectores más golpeados por el proceso concentrador de riqueza.

En consecuencia, desde nuestra perspectiva sociosindical y cívico-patriótica, lo que se impone es una TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, para lo cual desde hace bastante tiempo nos venimos preparando, enfrentando el desafío de proponer alternativas a la “terapia tipo shock fondomonetarista” en esto del control del déficit fiscal que, reconocemos, es un asunto de enorme gravedad.

Tal alternativa está expresada en nuestra propuesta “HACIA UNA REFORMA FISCAL PARA EL DESARROLLO Y LA REACTIVACIÓN DEL EMPLEO”; con la esperanza de que sea mediante el diálogo, la negociación transparente y efectiva, la generación de acuerdos y su cumplimiento verificable, la más idónea y prudente vía para salir del atolladero en que, como sociedad, nos encontramos en esto del déficit. Sin embargo, si en esto del déficit se sigue pensando que está cerca “el fin de los tiempos”, proponemos que trabajemos un proyecto de CONTINGENCIA FISCAL, con contenido progresivo y mientras llega una solución fiscal-tributaria integral, emulando lo que se tramitó en la gestión parlamentaria 2002-2006.

Lamentamos que tenga demasiado ruido una especie de “gritería histérica” en relación a los probables porcentajes de déficit fiscal en el presupuesto “general de la República” para el 2015; desarrollándose una malsana campaña de ataque al empleo público, generalizándose el mismo ante la ciudadanía para que ésta no pueda aquilatar y justipreciar, en igual dimensión y proporción, una serie de aspectos inherentes al asunto del déficit fiscal que deberían considerarse, más allá del tema de las remuneraciones salariales de quienes laboran para el sector Público. Veamos:

LA DEUDA DEL PAÍS. En el presupuesto en trámite, se contempla 1 billón, 700 mil millones de colones (1.700.000.000.000.00), para compromisos de deuda del país, en el 2015. ¿A quién le debemos?; ¿cuánto en total? ¿Quién gana con el pago de intereses? ¿Cuál ha sido la trayectoria del endeudamiento en las últimas administraciones gubernativas? ¿Con cuánto nos endeudamos en cada uno de esos gobiernos?… Solamente este pago de deuda para el 2015, es casi un 6 % de Producto Interno Bruto (PIB). Entonces, el déficit es por la deuda; no por los salarios, ni por la inversión para la operatividad de los ministerios.

EXENCIONES Y EXONERACIONES. La propia Contraloría General de la República (CGR), las ha cuantificado en un 5.8 % de PIB. Es decir, prácticamente, otro 6 % de PIB: 1.740.000.000.000.00 colones.

EVASIÓN TRIBUTARIA Y ELUSIÓN FISCAL. El propio Ministerio de Hacienda las calcula en un 7.75 % de PIB. Es decir, prácticamente, un 8 % de PIB. Casi 2.400.000.000.000.00 (¡Dos billones cuatrocientos mil millones de colones!).

FICIT FISCAL. Ante la “gritería histérica” de que el “apocalipsis fiscal” está cerca dado que en el 2015, el déficit estará en un 6 – 7 de PIB, ¿por qué no definir con cuánta cifra podemos vivir y con cuánta cifra no? Así determinaríamos abordajes racionales y objetivos para manejarlo.

LOS RESPONSABLES DELFICIT. Es igualmente imperioso (como en lo de la deuda), determinar la responsabilidad de los gobiernos inmediatamente anteriores al actual, en la generación del déficit que alimenta la actual “histérica gritería” por su “elevada” cifra. Pareciera que “no se pueden tirar piedras teniendo techo de vidrio”. ¡No sacrifiquen al pueblo por este asunto del déficit, motivados por trifulcas politiqueras inter-partidos o intra-partidos!

PRESUPUESTOGENERAL DE LA REPÚBLICA”. Se puede establecer otra contabilidad de las finanzas estructurales del Estado, considerando la totalidad del aparato que lo compone. Los especialistas admiten que en este parlamento solamente se debate acerca del 40 % de la estructura financiera global-integral del Estado. El otro 60 % pasa por otro lado, específicamente, por la Contraloría General de la República (CGR). Por eso es que ponemos entre comillas, la frase “general de la República”.

EMPLEOBLICO. En lo que respecta a la corriente sindical que representamos, básicamente conformada en la coalición sindical “PATRIA JUSTA”, hemos propuesto al Gobierno una serie de planteamientos al respecto. Deben los sectores líderes de la cruzada fundamentalista contra el empleo público, tanto los que se ven como los que están ocultos, definir qué es lo que quieren en materia de empleo público, toda vez que con las generalizaciones abusivas y la satanización indiscriminada que están ejecutando, solamente atizarán la hoguera de la confrontación social abierta.

Finalmente, tengan presente lo siguiente:

RECORTES: QUIEBRA DE EMPRESAS Y DESEMPLEO. Los recortes aprobados en comisión, de materializarse, afectarán a muchas micro, pequeñas y medianas empresas que tienen en el sistema de compras del Estado, su razón fundamental para existir. No puede negarse, por fundamentalismos extremistas en esto del déficit fiscal, que no pocos empleos asalariados del sector privado, precisamente dependen de esta parte del sector público, para el sostenimiento de cientos y cientos de familias. Los recortes aprobados en comisión generarán quiebras de empresas y, por tanto, incrementarán el flagelo del desempleo; amén de una serie de demandas por rompimiento contractual unilateral en materia de alquileres, de servicios de limpieza, de vigilancia y otros.

RECORTES: SUS AFECTADOSPAGAN IMPUESTOS. Las personas trabajadoras, asalariadas o no asalariadas, que están ligadas a cada uno de los recortes presupuestarios que se están imponiendo, pagan, puntualmente, los dos impuestos fundamentales del sistema tributario costarricense; por cierto que ambos, en situación de alta regresividad que los hace totalmente injustos. El de renta, si corresponde, es rebajado de planilla. El de ventas, al momento mismo de la compra.

RECORTES: DÉFICIT SEGUIRÁ-MÁS CONFLICTO SOCIAL. Estos recortes, por más drásticos que sean, no resolverán el problema del déficit fiscal. Por el contrario, potenciarán más el conflicto social. Por un lado, a lo interno de los ministerios por la inestabilidad laboral y salarial en perspectiva (eliminación de partidas para anualidades, dedicación exclusiva y otras; rebajas salariales no descartables, cero recursos, ambiente laboral precarizado en grado sumo, etc.). Por otro, las demandas de la población receptora de muchos de esos servicios públicos ministeriales, que los recibirán en condiciones más deterioradas, auguran una mayor conflictividad usuario-laboral.

RECORTES: MÁS DESIGUALDAD. Los recortes aprobados y eventualmente por consolidarse, incrementarán el pernicioso tránsito que lleva este país por los injustos caminos de la desigualdad creciente y sistemática, fortaleciendo su contracara: la concentración abusiva de la riqueza.

Por tanto, exhortamos con gran vehemencia, que con ocasión de la fase próxima de la tramitación parlamentaria del presupuesto “general de la República”, en el propio plenario legislativo, sean revertidos todos y cada de los recortes irreflexivamente aprobados, con una gran carga ideológica y con un contenido de campaña infame contra el empleo público.

A la vez, debe propiciarse un gran diálogo nacional para tratar este grave problema, “a la costarricense”, vía diálogo, entre los principales actores políticos, sociales, productivos y del Gobierno, en el marco de reformar el vetusto sistema tributario costarricense, de alto contenido regresivo; correcciones estratégicas que han sido “pedidas” al país, por organismos financieros internacionales, como el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a su nefasto expediente histórico al respecto de ajustes estructurales tipo “shock”; así como el mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Expresamos nuestro sincero reconocimiento a los señores diputados y a las señoras diputadas que desde diversas fracciones parlamentarias representadas en la actual Asamblea Legislativa, han estado adversando estos recortes presupuestarios “aventureros”. En lo especial, destacamos a la totalidad de la bancada diputadil del Partido Frente Amplio; así como a varios legisladores de los partidos PAC y PUSC.

Respetuosamente,

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Con el respaldo de la coalición sindical “PATRIA JUSTA” (FIT-ICE, SINAE, SITRAPEQUIA y UPINS).

Todo listo para marcha contra el recorte presupuestario

Algunos de los recortes:

*Transferencia Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor *
167,650,000.00 CRC millones de colones

*Transferencia Comisión Nacional de Emergencias *
444,667,258.00 CRC millones de colones

Transferencia Instituto Costarricense sobre Drogas 104,942,839.00 CRC millones de colones

*Transferencia CNP * 100,000,000.00 CRC millones de colones

*Transferencia para proyectos programa desarrollo tecnológico agropecuario, y el programa para la competitividad del mediano y pequeño productor, *
797,871,036.00 CRC millones de colones

*Materiales y productos minerales y asfálticas(MOPT) *
600,000,000.00 CRC millones de colones

*Transferencias a Juntas de Educación * 5,879,927.086 CRC millones de colones

*Transferencia Fundacion Omar Dengo * 5,276,592,381.00 CRC millones de colones

*Transferencias a Juntas Administrativas * 4,665,646,425.00 CRC millones de colones

*Tranferencia a IAFA *
39,100,000.00 CRC millones de colones

Transferencia a INEC
110,000,000.00 CRC millones de colones

Transferencia a FONABE 1,402,420,806.00 CRC millones de colones

Brutales recortes llevan a la inoperatividad ministerial

Ministerios hacia la inoperatividad funcional casi total, producto del estrangulamiento presupuestario de la “revolución violenta y radical del gasto”; impulsado, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, por los neoliberales que mantienen control de la hegemonía política del país.
MAG: 1.140.740.653 mil ciento cuarenta millones, setecientos cuarenta mil seiscientos cincuenta y tres colones. La inoperatividad institucional se manifestará en, por ejemplo:

Rebajan servicios públicos necesarios para la operación de la institución. 2- Rebajan recursos de las campañas de las ferias de los productores (Gustico, Feria del Agricultor, etc.). 3- Se rebaja el mantenimiento de todas las sedes regionales del país. 4- Se rebaja combustible que se utiliza para las giras y técnicas para desplazarse hacia donde se encuentran los productores. 5- Se incumplen contratos por servicios de ingeniería del programa Cuenca Binacional. 6- Otros de la operación normal de la Institución.

Cultura: 2.535.913.351 – Dos mil quinientos treinta y cinco millones, novecientos trece mil trescientos cincuenta y un mil colones. La inoperatividad institucional se manifestará en, por ejemplo:

No pago del personal de seguridad que resguarda edificios patrimoniales, no pago de prestaciones y exposiciones fuera de horario. 2-Incumplimiento pago de servicios básicos (agua, luz, internet y servicios municipales). 3- Incumplimiento de contratos ya adjudicados. 4- Afecta la intervención, restauración y puesta en valor de edificios declarados patrimonio cultural y presentaciones artístico-musicales de las bandas de conciertos.
MOPT: 10.027.414.986 Diez mil veinte y siete millones, cuatrocientos catorce mil novecientos ochenta y seis colones. La inoperatividad institucional se manifestará en, por ejemplo:

Afecta servicios de ingeniería que es para medición del oleaje en Bahía Caldera, contrato con FUNDEVI. 2- Rebajan ₡ 97,9 millones de destino específico por cánones según Ley No. 7969. 3- Rebajan alquileres de edificios respaldados en contratos. 4-Rebajan servicios públicos en montos considerables que afectan el funcionamiento de la institución. 5- Rebajan servicios de desarrollo de sistemas informáticos, respaldado en contratos. 6- Afectan contratos de limpieza, seguridad y vigilancia, según contratos. 7- Rebajan alquileres de maquinaria y mantenimiento, respaldado en contratos. 8- Afecta compra de materiales para las plantas asfálticas y el combustible para las mimas. 9- Contratación de servicios profesionales para estudio de suelos de la nueva terminal de trasbordadores de Paquera. 10- Afecta alquiler de edificios de las direcciones de tránsito. 11- Rebaja materiales necesarios para la señalización. 12- Rebaja avituallamiento y materiales como focos, uniformes para los oficiales de tránsito.

Ministerio de Trabajo: 1.787.056.759 Mil setecientos ochenta y siete millones, cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve colones . La inoperatividad institucional se manifestará en, por ejemplo:

Se debe recordar que según la Ley 7648 le corresponde al PANI un 7 % del impuesto sobre la renta. Aparte de las áreas sociales que se estarían dejando de atender en el caso de rebajar casi el 57 % de esta subpartida. Se estaría debilitando a los microempresarios y en estos momentos que el desempleo es tan alto, esto representa una salida para los sectores más vulnerables de la sociedad, Asimismo, ocurre con la transferencias destinadas a paliar un poco el desempleo en zonas vulnerables así como en las regiones indígenas, aparte del éxito que ha tenido el programa de empleo en los jóvenes que no estudian ni trabajan. La subpartida se rebaja en un 100 % en el programa de seguridad alimentaria, lo que dejaría desprotegidos a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad como son los hijos de muchas madres jefas de hogar.

MINAE: 2.493.623.507 – Dos mil cuatrocientos noventa y tres millones, seiscientos veintitrés mil quinientos siete colones. La inoperatividad institucional se manifestará en, por ejemplo:

Afectación de alquileres de edificios para la proveeduría institucional, Tribunal Ambiental, IMN, Setena y Geología y Minas. 2- Rebajas en servicios públicos respaldados con contratos (entre ello, uno con Racsa). 3. Rebaja en servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento de ascensores respaldados en contratos y firmados. 4. Se rebaja el 90% del total de horas extras del ministerio inclusive las del IMN, DGM y SETENA 5. Rebaja en equipos necesarios para la obtención de datos meteorológicos 6. Otros de la operación normal de la institución.
Ministerio de Hacienda: 16.415.227.041 – Dieciséis mil cuatrocientos quince millones, doscientos veintisiete mil cuarenta y un colones. La inoperatividad institucional se manifestará en, por ejemplo:

1- Se rebajan recursos provenientes del Destino según Ley N° 9154 Impuestos de salida terrestre. 2- Rebajan servicios de limpieza y seguridad respaldados en contratos. 3-Rebajan tiempo extraordinario para los agentes de seguridad y vigilancia de todas las dependencias del Ministerio de Hacienda y de los demás funcionarios del Ministerio. 4- Se afecta el alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, todos respaldados en contratos. 5-Se afecta el alquiler de edificios, los cuales están respaldados en contratos, a excepción del subprograma de Administración Tecnológica. 6- Se rebaja mantenimiento de equipo de cómputo que soportan los diferentes sistemas y programas del ministerio, todos respaldados en contratos. 7- Se están afectando los servicios públicos del Ministerio de Hacienda, entre los que sobresale el servicio de telecomunicaciones, el cual permite la conectividad entre las diferentes dependencias y usuarios externos del ministerio. 8- Se están afectando los seguros: seguros de riesgo al trabajador, pólizas de vehículos y pólizas contra incendios de todas las dependencias. 9- Se rebajan recursos para mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información que dan soporte a los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda, los cuales están respaldados en contratos. 10-Se rebajan los mantenimientos de equipos de transportes, equipo y mobiliario de oficina respaldado en contratos.

Además, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde están haciendo tales barbaridades se ha empezado a hablar de eeducir hasta en un 60 % el presupuesto para el pago de anualidades Reducción presupuestaria para el pago de la Dedicación Exclusiva.

Ante esto, nos vamos a la calle, este 20 de octubre a las 10: 00 de la mañana, en el Parque Central de San José.

Recortes en horas extra para Migración equivaldrían a más de 20 mil personas sin atender al año

Fronteras y aeropuertos cerrados, con un rótulo de “sólo se atiende en horarios de oficina”. Es una idea que parece absurda, pero que ahora se podría convertir en realidad. La búsqueda justa de controlar el gasto público ha equivocado su camino e intenta recortar el presupuesto nacional del Gobierno Central para el año 2015 en remuneraciones clave como anualidades, cesantía y pago de horas extra.

La realidad del trabajo en muchas instituciones exige tener un amplio presupuesto para el pago de horas extra, como sucede en Migración y Extranjería, donde, como nos cuenta Cristina Fernández, Directiva Nacional de ANEP, “muchísimas personas, incluida yo misma, salimos todos los días a las 7 de la noche para poder atender a las personas con cita nocturna… A mi que no me digan que no podemos atender a toda esa gente porque nos van a quitar las horas extra”. Más de 85 personas diarias son atendidas en horario nocturno para el trámite de sus cédulas de residencia. Quitar ese servicio sería equivalente a dejar de atender a más de 20 mil personas al año.

Y eso es sólo un ejemplo de la falla estructural que sería para Migración perder su presupuesto de horas extra. La atención de fronteras en horarios nocturnos, el trabajo en días feriados y festividades tanto en puestos fronterizos como en aeropuertos, la atención 24 horas que exige el tema de trata de personas, así como la atención a personas refugiadas.

La seguridad de nuestro país y de las personas que viven o transitan por él está en juego. No se pueden recortar horas extra en Migración y Extranjería.