Categoría: Gobierno Central

La decisión de la señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, de proceder a la sorpresiva destitución del Ministro del MOPT, Francisco Jiménez Reyes, ante fuertes evidencias de corrupción de funcionarios del Conavi en la construcción de la carretera fronteriza bautizada con el nombre de una de las personas más emblemáticas de la historia nacional, Juanito Mora Porras; y bajo el cargo de que en tal sentido el ministro ahora “_renunciado_” debe asumir la responsabilidad política por ello; muestra un acto hasta ahora inusual en la conducta de la mandataria cuya popularidad por los suelos había dejado mucho en entredicho su lema de campaña de “_Firme y Honesta_”.

Podría interpretarse que con esta destitución política de uno de sus principales ministros de Estado, la Presidenta “_inaugura_” la segunda parte de su Gobierno; desmarcándose de situaciones muy análogas en las cuales tal “_firmeza_” y tanta rapidez ejecutiva no se dio, como en el caso de quien fuera su primer Ministro de Hacienda; situación ésta que abonó en gran medida a su descrédito popular.

Las investigaciones en el caso de la presunta corrupción de funcionarios del Conavi en este caso, merece la más profunda investigación, especialmente, en cuanto a las firmas constructoras contratadas o por contratarse y sus respectivos ligámenes políticos.

Por demás, si la demanda de responsabilidad política, ejemplarizada en el caso del Ministro Jiménez del MOPT, hoy “_renunciado_”, se hará estilo institucional presidencial, pues la primera mandataria del país debería alistarse un “_registro de elegibles_” para eventuales instituciones, dado que en no pocas entidades gubernativas las corruptelas y las corrupciones pasan por las narices de los correspondientes jerarcas, algunos de los cuales, incluso, podrían estar directamente involucrados.

Esta situación enluta al corazón de la Patria, pues pareciera que los casos de presuntas corrupción y de corrupción luego comprobada, llevan la línea de ser record en el Gobierno de doña Laura, de cara a administraciones anteriores.

Al honorable personal del Ministerio de Hacienda:
A la opinión pública nacional:
A la ciudadanía indignada por tanta corrupción y tanto deterioro ético de la institucionalidad gobernante:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de manera contundente y vehemente, expresa un público repudio por la acción vengativa, intimitadoria y, prácticamente, de un carácter totalitario, que se ha decidido emprender contra el grupo de servidores públicos de la Dirección General de Tributación, doce personas trabajadoras asalariadas de alta excelencia profesional (en principio pero podrían ser más, según se ha indicado); a las cuales se les está denunciando en sede administrativa y en sede penal, por haber revelado, supuestamente, las “intimidades“ tributarias del hoy Exministro de Hacienda, don Fernando Ferraro Acosta; y de don Francisco Villalobos Brenes, quien fungía como Director General de Tributación hasta que quedó en evidencia su morosidad tributaria. Al respecto, consideramos que:

Primero: Dados los escandalosos niveles de robo de impuestos en Costa Rica: la evasión y la elusión tributarias en todas sus formas (en ropaje legal ó sin él), en ANEP conceptuamos que ello constituye un verdadero crimen social, un atentado contra la institucionalidad democrática y una agresión a la promoción del bien común y del bienestar del mayor número. Cada cólon que se deje de tributar por tal situación, resta efectividad a políticas públicas de diverso orden, como las de carácter social, afectando a los que menos tienen que es la mayoría de la población.

Segundo: ANEP ha estado insistiendo, desde que emergió el indicado escándalo tributario que obligó a renunciar a los dos mencionados jerarcas, de que la clase trabajadora no es la que roba impuestos. Ni la asalariada con empleo formal y salario fijo; ni la que labora en el mercado informal de la economía; ni la que está afectada por el desempleo. Quedó demostrado que el robo de impuestos ocurre en los niveles del gran empresariado (incluso algunos de carácter mediano), y en el seno de la clase política tradicional. Por ejemplo, la clase trabajadora paga el impuestos de ventas al momento de la compra y el de renta salarial, en los casos que corresponda, la rebaja de planilla es contundente.

Tercero: Si algún funcionario de la Dirección General de Tributación reveló información por la indicada vía y, supuestamente, contra la legalidad; merece ser felicitado por el pueblo. Lo que habría hecho no es más que dejar en evidencia el anacronismo de unas normas legales que favorecen la comisión de delitos tributarios, la comisión de esta especie de crimen social que es el robo de impuestos. Tal denuncia dejó en evidencia una contradicción entre el supuesto secreto tributario como norma legal y la obligatoriedad del funcionario público de denunciar corrupción según la norma legal reciente que habla del enriquecimiento ilícito. La primera es para beneficio particular; la segunda es en función del bien común. Por tanto, no deben tales servidores ser víctimas de procesos administrativos, legales; no deben ser perseguidos ni ser sujetos de venganza política sistemática.

Cuarto: La ANEP se ofrece para brindar todo el respaldo necesario a las personas víctimas de tal situación pues consideramos que actuaron en correspondencia con la amplia indignación ciudadana por el deterioro de la conducta ético-moral de nuestra clase gobernante tradicional tradicional que con episodios como los acontecidos provocan una sensación desmoralizante profunda y una afectación en la misma institucionalidad democrática que sale muy lesionada de toda esta situación.

Quinto: Hacemos un llamado a todas las juntas directivas seccionales de la ANEP, así como a todas nuestras organizaciones amigas y aliadas a pronunciarse en tal dirección; a solidarizarse con la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda; a expresar su repudio y condena contra esta persecución política y a fortalecer al honesto personal del Ministerio de Hacienda que sabe muchas más cosas que si la ciudadanía se diera cuenta, aquí habría acontecimientos insólitos en materia de rebelión ciudadana.

La representación sindical de la ANEP en el Archivo Nacional tiene la vía libre para realizar su trabajo reivindicativo gremial.

El pasado 29 de marzo la representación laboral, junto a una delegación de la ANEP, firmó un acuerdo con las autoridades del Archivo Nacional para velar por las libertades sindicales en dicha institución. Todo esto en presencia, como mediadora, de la licenciada Emiliceth Ramírez Chinchilla, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Junta Directiva de la ANEP en el Archivo Nacional se podrá reunir dos veces al mes, se respetará el Convenio 135 de la OIT para licencias sindicales, siempre actuando de buena fe por las dos partes. Además, de un acuerdo para no presentar una querella por parte de los trabajadores contra una supuesta práctica laboral desleal que se prefirió, gracias a este acuerdo, no llegar a constatar.

Felicitamos a los compañeros y compañeras del Archivo Nacional y esperamos su trabajo constante e integrador en los diversos espacios de construcción colectiva de nuestra política sindical.

En los documentos adjuntos se encuentra el acuerdo firmado.

Están desmembrando al Consejo Nacional de la Producción y a la Fábrica Nacional de Licores, y sus trabajadores y trabajadoras no van a permitirlo. El CNP y la FANAL son instituciones insignes de nuestra Costa Rica y su proceso de desmantelamiento se ha venido dando desde hace más de 30 años. Este miércoles 23 de noviembre una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras se apersonaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería para alzar su voz en defensa del CNP y FANAL.

La ANEP se solidariza con los sindicatos amigos de estas instituciones y da su grano de arena para la lucha en defensa de las mismas, las cuales son pilares fundamentales en el devenir del sector campesino costarricense.

Son muchas las voces que acompañan la lucha de la clase trabajadora, el diputado Jorge Gamboa Corrales estuvo en la manifestación y habló sobre la situación de estas instituciones desde la visión legislativa.

La representación sindical ya está en reuniones con la alta jerarquía del MAG. Entre los primeros puntos de discusión piden la destitución del Gerente General del CNP, Ricardo Zúñiga, quien está encargado del desmantelamiento institucional.

Así está señalado desde el año 1998, fecha en la cual se promulgó la Ley de Creación del INAMU (Capítulo V, Artículo 23, inciso e). Sin embargo, a más de una década de su creación, hoy se pretende reducir este porcentaje de un 2 % a un 1 %, mediante el Proyecto de Ley N˚ 5662 “Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”, que en su Artículo 3, inciso f), plantea lo siguiente:

“Se destinará al Instituto Nacional de las Mujeres uno por ciento (1.00%), del cual un 50% estará dirigido a financiar los programas de capacitación en formación humana para mujeres en condiciones de pobreza…”

Los recursos provenientes de FODESAF son la principal y única fuente del INAMU, que no es el caso de otras instituciones y programas del Estado, que también verán reducidos sus aportes de FODESAF (por ejemplo: el Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS y el Patronato Nacional de la Infancia PANI), pero cuentan con otras fuentes de financiamiento.

Dicha modificación no sólo implicaría una reducción de los recursos que percibe anualmente el INAMU de FODESAF, sino que también obliga a la Institución a destinar el 50% de su presupuesto a los procesos de formación humana dirigidos a mujeres en condiciones de pobreza.

El 1% representaría aproximadamente 3.500 millones de colones anuales, según lo indicado por la Diputada Ofelia Taitelbaum en la Sesión Ordinaria Nº 011 del 15 de julio del 2009: “… con un fondo de trescientos cincuenta y dos mil millones de colones, un 1% son 3.500 millones de colones, lo que me hace pensar que la cantidad de dinero que les va a llegar es lo que ustedes necesitan para laborar…”

Lo que se dice es que FODESAF va a crecer en función de los aportes de dos principales fuentes: impuestos sobre las ventas y el 5% de sueldos y salarios de trabajadores del Sector Público y Privado. Pero lo cierto es que la mayoría de trabajadores de instituciones públicas y estatales están exentos del pago del 5%, la mejora en la recaudación de estos recursos es algo todavía incierto y además nos encontramos en un contexto de crisis, que fragiliza la consecución de estos recursos. De todas maneras, el 1% será siempre un monto variable, sujeto a los aportes provenientes de las fuentes indicadas.

La situación planteada es de suma preocupación. Sólo para este año 2009, el presupuesto de la entidad fue de 5.107.308.431,37 millones de colones, conformado por un presupuesto ordinario de ¢3.909.581.920.00 y uno extraordinario de ¢1.197.726.511,37, de los cuales, 603.296.000 millones de colones son para desarrollar los procesos de formación humana, en el marco de la Estrategia de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza.

De acuerdo con los gastos del Instituto, para este año existen presupuestados 2.572.272.125,00 millones de colones en el rubro remuneraciones y ¢631.963.000 aproximadamente para cubrir gastos básicos de operación como lo son: servicios básicos, alquileres, transporte y viáticos dentro del país, mantenimiento y reparación, materiales y suministros. Sólo para cubrir la planilla y cancelar estos gastos básicos de operación, el INAMU requiere este año 3.200 millones de colones aproximadamente.

Es evidente que los 3.500 millones que propone la reforma del Proyecto de Ley son insuficientes para cubrir las necesidades del INAMU y continuar desarrollando programas que beneficien a las mujeres. Incluso, no se podría disponer de recursos del superávit como ingresos extraordinarios, dado que en su Artículo 27 el Proyecto de Ley en cuestión plantea que “los superávit generados por las entidades beneficiarias del Fondo, deberán ser reintegrados al Fondo a más tarda el 31 de marzo del año siguiente a su generación”.

Esta reducción tendría un fuerte impacto en la Institución. Pero sobre todo este impacto se trasladaría a las mujeres, en la medida que implicaría una reducción de las acciones y servicios que el INAMU presta a las mujeres víctimas de violencia y discriminación en sus diferentes manifestaciones, a las mujeres en condiciones de pobreza, a las mujeres indígenas, a las mujeres afro descendientes, a las mujeres empresarias y a todas aquellas mujeres, que directa o indirectamente son beneficiadas del quehacer de la Institución.

En este sentido, el ámbito de acción del INAMU se vería muy reducido y también su razón de ser: “promover y tutelar los derechos humanos de las mujeres, para contribuir con la construcción de una sociedad justa e igualitaria que garantice la equidad de género”.

M.Sc. Mayra Díaz Méndez
Presidenta Ejecutiva
INAMU