Trabajadoras Sociales del Ministerio de Salud defienden su profesión

Doctora
Daisy María Corrales Díaz
Ministra
MINISTERIO DE SALUD

Estimada señora:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Como es de su conocimiento, los y las profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud vivieron durante la administración de la doctora María Luis Ávila Agüero, un proceso sistemático de acoso como colectivo gremial.

Conocemos de su interés en la defensa de la profesión y agradecemos profundamente el apoyo que nos ha brindado. Sin embargo, a la vez, nos preocupa que algunas de las jefaturas del ministerio aún persistan en sus posiciones de cambiar la especialidad de las plazas de Trabajo Social que van quedando vacantes.

Llama la atención que cuando en los años 2009 y 2010, de manera uniforme, se dieron tres plazas por área rectora de salud, las cuales ya tenían especialidades predeterminadas, fueron muy escasos los directores que se atrevieron a hacer una modificación para pedir otro profesional que efectivamente necesitaban sus áreas rectoras. Ahora, pretenden justificar los cambios de especialidad de las plazas de esta disciplina sin que medie un estudio que determine el perfil y cantidad de los funcionarios que necesita cada área rectora u oficina del nivel central.

Somos conscientes de que el Ministerio requiere reforzar su recurso humano, sin embargo, subsisten problemas de inadecuada distribución de cargas laborales, subutilización de algunos funcionarios y recargo de funciones en otros, así como una incorrecta distribución del recurso humano entre las diversas áreas rectoras y regiones. Estas situaciones deben ser atendidas en primer lugar, a la vez que consideramos que se requiere mejorar la gestión del recurso humano. Por otro lado, nos preocupa la tendencia que se observa en algunas direcciones de privilegiar la atención de denuncias, minimizando o anulando los otros procesos que sustentan el ejercicio de la rectoría sobre la producción social de la salud.

Es importante retomar lo que ya está ampliamente probado, es decir, que la mayoría de los problemas de salud tienen su origen en las condiciones socioeconómicas de los grupos sociales. En este sentido, el profesional en Trabajo Social está capacitado para dar un aporte muy importante en la consolidación de la rectoría. Su rol es clave en la movilización de los actores sociales para mejorar la condición de salud de nuestra población, a partir de un enfoque de los determinantes de la salud.

Las prioridades que se han definido en cuanto al modelo intersectorial de prevención y atención del embarazo en la adolescencia, la labor intersectorial de lucha contra el trabajo infantil y adolescente, trata y explotación sexual de niños y adolescentes, la puesta en práctica de políticas y planes tales como salud mental, actividad física, seguridad alimentaria y nutricional, así como en general las acciones en promoción de la salud son áreas de intervención del profesional en Trabajo Social.

Las competencias profesionales se pueden determinar de acuerdo con lo que establece el Manual de Especialidades del Servicio Civil que es la instancia que nos rige en el tema de la contratación del recurso humano.

También es importante recalcar que el recurso humano en Trabajo Social es limitado. Treinta y cinco áreas Rectoras no cuentan con este profesional en sus equipos; de ellas, seis tienen plazas que están vacantes actualmente. De acuerdo con la información que se tiene, el detalle es el siguiente:

1. Región Huetar Atlántica: Siquirres, Matina, Guácimo, Limón (plaza vacante N. 354398).
2. Región Huetar Norte: Guatuso (plaza vacante).
3. Región Brenca: Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires.
4. Región Central Norte: Heredia, Sarapiquí, San Pablo-San Isidro, San Rafael-Barva, Santa Bárbara.
5. Región Central Este: Paraíso, El Guarco (plaza vacante N. 57485).
6. Región Central Sur: Puriscal-Turrubares, Santa Ana, Escazú, Tibás, Pavas, Hatillo, Goicoechea.
7. Hospital – Mata Redonda, Mora – Palmichal, Alajuelita (plaza vacante 57480), Carmen-Merced – Uruca (plaza vacante N.58008)Región Central de Occidente: Zarcero (plaza vacante N.057496).
8. Región Pacífico Central: Garabito, Parrita, Aguirre, Miramar.
9. Región Chorotega: Abangares, Tilarán y Hojancha.

Semejante situación se observa a nivel nacional. La Dirección de Mercadotecnia de la Salud cuenta con un amplio equipo interdisciplinario en el cual no existe una persona profesional en Trabajo Social. Desde inicios del año pasado que se pensionó la Licda. Carmen Cecilia Arroyo, quien ocupaba la plaza número 36847, no se ha nombrado su sustituto. La Dirección de Vigilancia de la Salud cuenta con una profesional, también hay otra en Planificación Estratégica y dos profesionales en Garantía de Acceso.

En atención a esta situación le solicitamos que no se permita el cambio de especialidad de las plazas vacantes de Trabajo Social y que si alguna jefatura considera que no requiere de este profesional, se traslade dicha plaza y código a alguna de las áreas que no lo tienen. De esta forma se puede avanzar en una mejor distribución del recurso humano.

En todo caso y debidamente legitimada para ello, la organización que nos honramos representar, solicita se nos tome en cuenta, de manera activa, en la toma de decisiones con base en el planteamiento que acabamos de formular.

Esperando poder reunirnos con su autoridad tan pronto como resulte posible, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Nuria Madrigal Soto
Presidenta Junta Directiva
Seccional ANEP – Trabajadoras Sociales Ministerio de Salud

¿Por qué trasladar dependencias del MINAE al INBIO?

Licenciado
René Castro Salazar
Ministro
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Su despacho

Estimado señor Ministro:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte.

Nuestra organización se ha enterado por diferentes medios de comunicación de la iniciativa promovida por el despacho ministerial a su digno cargo, en cuanto a trasladar una serie de unidades productivas a un edificio común, buscando una reducción de gastos operativos y una mejor gestión institucional.

Preocupa a nuestra organización que el edificio propuesto para hacer el traslado de unidades muy importantes de ese Ministerio sean las instalaciones que actualmente ocupa el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), el cual se encuentra ubicado en la provincia de Heredia.

Y es que unidades tan importantes como lo son las relacionadas con el Viceministerio de Agua y Mares, como lo es la Dirección de Agua (la cual atiende una importante cantidad de usuarios por día y que siempre ha estado brindando sus servicios en San José), pareciera no ser la mejor opción que sean trasladadas a una provincia; máxime si tomamos en cuenta lo que establece el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Reglamento de Organización de la Dirección de Agua que dispone que la oficina central de esta dirección deberá estar en San José como capital del país. A las dos unidades institucionales indicadas, se adicionarían según se nos ha indicado, el propio Instituto Meteorológico Nacional (IMN), así como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Pensamos que lo mejor es obtener de su parte una versión oficial antes de emitir criterios definitivos. Al respecto, sí parece prudente que se considere lo siguiente:

1. ¿Cuáles son los estudios que fundamentan un traslado de dependencias del MINAE a la sede del INBIO?

2. ¿Por qué el INBIO?

3. ¿Cuánto dinero “economizaría” el MINAE?

4. ¿Cuánto hay que pagarle al INBIO por concepto de alquiler u otros?

5. ¿Qué contiene, integralmente hablando, un eventual contrato con el INBIO?

6. ¿Cuáles son las dependencias del MINAE que, definitivamente, se han de instalar en la sede del INBIO?

7. ¿Cómo se ha previsto el traslado del personal trabajador asalariado de cada entidad sujeta a cambiar de sede?

8. ¿Se les dará transporte colectivo institucional?; ¿se les dará el dinero, contante y sonante, por un desembolso adicional para el pasaje de autobús cotidiano al aumentar las distancias del desplazamiento?

9. ¿Se ha previsto algún riesgo de tipo jurídico en cuanto a que algunas de las entidades a trasladarse, por ser de naturaleza “nacional”, tengan su sede en otra ciudad que no es la capital de la República?

10. ¿Cómo se hará con la población usuaria de las diferentes dependencias para que se enteren de tales traslados?

11. ¿Cuáles serán las facilidades de desplazamientos de la población usuaria de los servicios de las dependencias a trasladarse?

12. ¿Se ha considerado las dificultades de tránsito, de tiempo, de costos de transporte para estas poblaciones usuarias?

13. Cualesquiera otra información adicional que permita tener una mayor comprensión de lo que estamos planteando.

Como verá usted, señor Ministro Castro, son bastantes las interrogantes que han surgido al respecto y que es sumamente importante que sean respondidas en el menor plazo posible. En todo caso, oficialmente y por esta vía, nos urge ser atendidos por su digna autoridad al respecto.

Quedando en espera de su importante respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Exigimos el manual de puestos en Migración y Extranjería

Informamos y ponemos en conocimiento a nuestros afiliados y afiliadas de la Policía de Migración y Extranjería, que después de 4 años, para tener listo el manual de clase de puestos y nuevas bases salariales, es una barbaridad que no haya salido a un este documento, imprescindible para las mejoras salariales de los trabajadores y trabajadoras.

El día 6 de agosto se dio una reunión de convocatoria con el señor Viceministro de Hacienda y cuál fue la sorpresa, que las jefaturas de dicha institución no sabían porque se les convocó, no tenían siquiera conocimiento del proceso de la elaboración del Manual de Puestos.

Los funcionarios que laboran para migración, representados por la Seccional de la ANEP, estamos cansados de tanta burla, y mientras tanto, seguimos poniendo en riesgo nuestras vidas en la calle, ganado un sueldo de hambre, por esta razón hay que prepararse para un movimiento en los últimos días nos mas espera y nos mas mentiras.

La Presidenta debe destituir al Director Ejecutivo del Conavi

Nuevas revelaciones periodísticas indican de una estrategia delictiva
para asaltar la hacienda pública.

La señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, debe actuar ya, hoy mismo, con celeridad y contundencia, ante la desafortunada e inapropiada circular de carácter intimidatorio que emitió el señor José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); advirtiendo a su personal subalterno de un supuesto “_deber de confidencialidad_” sobre todos los hechos e informaciones que por el ejercicio de sus respectivas funciones tengan conocimiento; intimidación de tal gravedad que le lleva a generar amenazas de sanciones, llegando incluso al despido, al personal de tal entidad.

No le queda más opción a la mandataria que ordenar la destitución de dicho jerarca, procediendo con similar “_dureza_” a la que desplegó con ocasión de la salida del anterior Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el señor Francisco Jiménez Reyes, cuya destitución se dio poco antes de que empezaran a salir a la luz pública las situaciones acaecidas con la construcción de la trocha norte, mal llamada ruta “_Juan Rafael Mora Porras_”, y que ha llegado a convertirse, ya, en el mayor escándalo de corrupción con fondos públicos de la historia nacional.

Pública y vehememente, atónitos ante las nuevas revelaciones periodísticas sobre la naturaleza perversa de esta “_piñata regalona_” de la trocha norte, con visos de presentar una especie de estrategia delictiva para asaltar la hacienda pública; exhortamos a la Presidenta Chinchilla a que proceda en tal sentido: ordenar la destitución del señor José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo del Conavi.

Si no lo hace, su propia imagen se deteriorará más y podría colegirse que desde la propia Presidencia de la República se cohonesta, se avala, se tolera y hasta se aplaudiría, la intentona del jerarca del Conavi para pretender que la opinión pública no sepa más sobre el escándalo de la trocha.

Por demás, tan aberrante pretensión para ocultarle a la ciudadanía información del Conavi, contradice todas las normas legales, jurídicas y éticas anticorrupción que, tanto a nivel de decretos por parte del Poder Ejecutivo, como de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa, se han emitido en los últimos años.

Sala IV salva su honor

Celebramos que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sala IV, haya ordenado la suspensión del alza generalizada en las tarifas de autobús, acogiendo el recurso de amparo presentado por el señor diputado Manrique Oviedo Guzmán; luego del escándalo que se generó a partir del voto original al respecto y en esta misma línea, pero que pocas horas después, tan alto tribunal se desdijo del mismo por “_error administrativo_”.

Al anular así la imposición del nuevo modelo tarifario en contra de la población usuaria de los servicios de autobús, la Sala IV salva su honor y detiene lo que hubiera sido su caída libre hacia el despeñadero de la deslegitimación radical de su autoridad ante la ciudadanía.

Igualmente, celebramos que también el más elevado tribunal de la República, haya detenido el proceso de aumento tarifario en los combustibles, aunque sea temporalmente, enmendándole la plana a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que se ha apartado totalmente de considerar, aunque fuera para efectos “_formales_”, la opinión de la población usuaria de los servicios públicos.

En ANEP pensamos que el señor Regulador General de la Aresep debe renunciar a su cargo. No es posible aceptar que un funcionario de su nivel cometa tan graves errores que lleven a la Sala IV a llamarle la atención deteniendo los abusivos procesos de aumentos tarifarios por vía extraordinaria que ha pretendido imponerle a la gente, especialmente la clase trabajadora que sufre un deterioro económico impresionante de su poder adquisitivo.

Creemos que debe salir a flote la multimillonaria inversión que ha realizado en, al parecer, cinco consultorías que, entre otros aspectos, ha servido como para que dentro de la Aresep, haya “_otra_” Aresep, el controversial CDR: “_Centro para el Desarrollo de la Regulación_”; engendro que podría estar haciendo nugatorio la acumulada experiencia que ha acumulado el originario personal profesional de planta de la entidad, del cual tenemos reportes de que se siente relegado, excluido, invisibilizado por ese proceso “_CDR_”.

En el caso de las alzas en las tarifas de autobús, ANEP entiende perfectamente que no debemos incurrir en generalizaciones. Debemos reconocer que los pequeños empresarios de autobús, tienen problemas para operar. Sin embargo, en tales circunstancias las potencialidades de buscar acuerdos con los trabajadores y con sus legítimas organizaciones sindicales al respecto, nunca ha sido explorada pero puede representar un potencial en el marco del Diálogo Social con Negociación Efectiva en la perspectiva de la inclusión.

Autoridades del MAG dicen NO al diálogo

El pasado 24 de mayo se convocó a conciliación entre las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y los representantes de la ANEP en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). A dicha cita acudieron representación de la ANEP y de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio, así como la representante del MTSS. Total ausencia de la Ministra Gloria Abraham Peralta y del señor Erick Quirós Quirós, Director de Operaciones Regionales.

Esta es la tercer convocatoria que se realiza para tratar de arreglar los problemas internos en el MAG, y es la tercera vez que se fracasa en el intento de diálogo. El acoso laboral y la persecución sindical contra la dirigencia de la ANEP en el MAG es cosa de todos los días y nuestro Sindicato ha tratado por todos los medios de resolver este problema mediante el diálogo y la negociación efectiva, pero las autoridades del MAG se niegan a este principio básico de convivencia.

Bajo la excusa de que se viene una reestructuración en el Ministerio, se ha generado un ambiente de miedo con solapadas amenazas de despido a la clase trabajadora que pertenece a la ANEP. La posición propositiva de la seccional ANEPMAG en lugar de ser bien recibida por las autoridades, ha sido respondida con segregación, señalamientos, cambios abruptos de funciones y por supuesto, la amenaza de despido.

En el MAG se vive un claro deterioro de las relaciones laborales, producto de una visión verticalista y autoritaria de como se debe manejar el Ministerio.

Manifestamos nuestro agradecimiento al MTSS por su posición de propiciar siempre las condiciones necesarias para una adecuada conciliación, pero damos por agotada esta vía, dejando claro que siempre defenderemos, con los mecanismos que estén a nuestro alcance, a la clase trabajadora.

Adjuntamos el acta de comparecencia de la referida cita del 24 de mayo.

ANEP acepta reto del Ministro de Hacienda sobre gastos en Educación, Salud y Seguridad

ANEP le acepta el reto al Ministro Ayales

Nos parecen desafortunadas las apreciaciones del nuevo Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna, indicando una especie de cuestionamiento a los recursos públicos que se invierten en los ámbitos de Educación, de Salud y de Seguridad; mismos que son fundamentales para el desarrollo de una verdadera democracia con inclusión, equidad y movilidad sociales.

Se trata de apreciaciones con evidente sesgo neoliberal y que manifiestan la obsesividad fiscalista que tanto daño causa a la sociedad.

Importantes sectores sociales y sindicales, específicamente esta organización, han venido formulando diversas propuestas, serios planteamientos y mostrando ideas novedosas y creativas, con relación a la necesaria y urgente transformación tributaria estructural que se ocupa en este país; aspectos éstos que conducen a una elevación de recursos frescos disponibles para fortalecer la política pública en tales y otros ámbitos.

Sin embargo, el presente Gobierno mira con desdén tales esfuerzos cívicos, bien intencionados, formulados sin cálculo electoral alguno.

La ANEP ha enviado en lo que va del año dos cartas a la Presidenta Chinchilla sobre estos temas sin que hasta la fecha la mandataria se haya dignado en brindar una respuesta seria. Se trata de oficios de la ANEP fechados el lunes 20 de febrero y el jueves (Santo) 5 de abril pasados.

Finalmente, el jerarca ministerial hacendario lanza una especie de reto al indicar que la ciudadanía debería debatir cómo se van a financiar los ámbitos de Educación, Salud y Seguridad.

En ANEP, que cuenta con el valioso aporte analítico y estudioso en estos temas efectuado por la Seccional ANEP-Hacienda, le aceptamos ese reto y estamos listos para debatir con él y su equipo al respecto, cuando quiera y donde quiera. Ojalá el señor Ayales esté hablando en serio.

La destitución del Ministro del MOPT

La decisión de la señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, de proceder a la sorpresiva destitución del Ministro del MOPT, Francisco Jiménez Reyes, ante fuertes evidencias de corrupción de funcionarios del Conavi en la construcción de la carretera fronteriza bautizada con el nombre de una de las personas más emblemáticas de la historia nacional, Juanito Mora Porras; y bajo el cargo de que en tal sentido el ministro ahora “_renunciado_” debe asumir la responsabilidad política por ello; muestra un acto hasta ahora inusual en la conducta de la mandataria cuya popularidad por los suelos había dejado mucho en entredicho su lema de campaña de “_Firme y Honesta_”.

Podría interpretarse que con esta destitución política de uno de sus principales ministros de Estado, la Presidenta “_inaugura_” la segunda parte de su Gobierno; desmarcándose de situaciones muy análogas en las cuales tal “_firmeza_” y tanta rapidez ejecutiva no se dio, como en el caso de quien fuera su primer Ministro de Hacienda; situación ésta que abonó en gran medida a su descrédito popular.

Las investigaciones en el caso de la presunta corrupción de funcionarios del Conavi en este caso, merece la más profunda investigación, especialmente, en cuanto a las firmas constructoras contratadas o por contratarse y sus respectivos ligámenes políticos.

Por demás, si la demanda de responsabilidad política, ejemplarizada en el caso del Ministro Jiménez del MOPT, hoy “_renunciado_”, se hará estilo institucional presidencial, pues la primera mandataria del país debería alistarse un “_registro de elegibles_” para eventuales instituciones, dado que en no pocas entidades gubernativas las corruptelas y las corrupciones pasan por las narices de los correspondientes jerarcas, algunos de los cuales, incluso, podrían estar directamente involucrados.

Esta situación enluta al corazón de la Patria, pues pareciera que los casos de presuntas corrupción y de corrupción luego comprobada, llevan la línea de ser record en el Gobierno de doña Laura, de cara a administraciones anteriores.

Solidaridad con personal perseguido en Hacienda

Al honorable personal del Ministerio de Hacienda:
A la opinión pública nacional:
A la ciudadanía indignada por tanta corrupción y tanto deterioro ético de la institucionalidad gobernante:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de manera contundente y vehemente, expresa un público repudio por la acción vengativa, intimitadoria y, prácticamente, de un carácter totalitario, que se ha decidido emprender contra el grupo de servidores públicos de la Dirección General de Tributación, doce personas trabajadoras asalariadas de alta excelencia profesional (en principio pero podrían ser más, según se ha indicado); a las cuales se les está denunciando en sede administrativa y en sede penal, por haber revelado, supuestamente, las “intimidades“ tributarias del hoy Exministro de Hacienda, don Fernando Ferraro Acosta; y de don Francisco Villalobos Brenes, quien fungía como Director General de Tributación hasta que quedó en evidencia su morosidad tributaria. Al respecto, consideramos que:

Primero: Dados los escandalosos niveles de robo de impuestos en Costa Rica: la evasión y la elusión tributarias en todas sus formas (en ropaje legal ó sin él), en ANEP conceptuamos que ello constituye un verdadero crimen social, un atentado contra la institucionalidad democrática y una agresión a la promoción del bien común y del bienestar del mayor número. Cada cólon que se deje de tributar por tal situación, resta efectividad a políticas públicas de diverso orden, como las de carácter social, afectando a los que menos tienen que es la mayoría de la población.

Segundo: ANEP ha estado insistiendo, desde que emergió el indicado escándalo tributario que obligó a renunciar a los dos mencionados jerarcas, de que la clase trabajadora no es la que roba impuestos. Ni la asalariada con empleo formal y salario fijo; ni la que labora en el mercado informal de la economía; ni la que está afectada por el desempleo. Quedó demostrado que el robo de impuestos ocurre en los niveles del gran empresariado (incluso algunos de carácter mediano), y en el seno de la clase política tradicional. Por ejemplo, la clase trabajadora paga el impuestos de ventas al momento de la compra y el de renta salarial, en los casos que corresponda, la rebaja de planilla es contundente.

Tercero: Si algún funcionario de la Dirección General de Tributación reveló información por la indicada vía y, supuestamente, contra la legalidad; merece ser felicitado por el pueblo. Lo que habría hecho no es más que dejar en evidencia el anacronismo de unas normas legales que favorecen la comisión de delitos tributarios, la comisión de esta especie de crimen social que es el robo de impuestos. Tal denuncia dejó en evidencia una contradicción entre el supuesto secreto tributario como norma legal y la obligatoriedad del funcionario público de denunciar corrupción según la norma legal reciente que habla del enriquecimiento ilícito. La primera es para beneficio particular; la segunda es en función del bien común. Por tanto, no deben tales servidores ser víctimas de procesos administrativos, legales; no deben ser perseguidos ni ser sujetos de venganza política sistemática.

Cuarto: La ANEP se ofrece para brindar todo el respaldo necesario a las personas víctimas de tal situación pues consideramos que actuaron en correspondencia con la amplia indignación ciudadana por el deterioro de la conducta ético-moral de nuestra clase gobernante tradicional tradicional que con episodios como los acontecidos provocan una sensación desmoralizante profunda y una afectación en la misma institucionalidad democrática que sale muy lesionada de toda esta situación.

Quinto: Hacemos un llamado a todas las juntas directivas seccionales de la ANEP, así como a todas nuestras organizaciones amigas y aliadas a pronunciarse en tal dirección; a solidarizarse con la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda; a expresar su repudio y condena contra esta persecución política y a fortalecer al honesto personal del Ministerio de Hacienda que sabe muchas más cosas que si la ciudadanía se diera cuenta, aquí habría acontecimientos insólitos en materia de rebelión ciudadana.