ANEP-AyA: rezagos de la institución también exigen revisar la injerencia política y la conducción gerencial

• Seccional advierte que los problemas de infraestructura, ejecución de proyectos, atención de ASADAS y sistemas de información no pueden analizarse sin revisar años de inestabilidad en puestos estratégicos.

• Organización sindical plantea fortalecer la profesionalización de la alta dirección, preservar la memoria institucional y convertir la gestión del agua en una verdadera política de Estado.

La Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) considera necesario ampliar el análisis sobre los desafíos que actualmente enfrenta la institución, luego de las recientes declaraciones públicas de su Presidencia Ejecutiva relacionadas con infraestructura, ejecución de proyectos, inversión, sistemas de información, atención de las ASADAS y prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

Para ANEP en AyA, reconocer públicamente estas dificultades constituye un paso importante. Sin embargo, los rezagos institucionales no surgieron de un día para otro y tampoco pueden explicarse únicamente a partir de problemas operativos o administrativos aislados.

La organización sindical sostiene que también debe revisarse con seriedad la forma en que el AyA ha sido conducido durante diferentes administraciones, particularmente la constante rotación en puestos superiores, la falta de continuidad en decisiones estratégicas y la influencia que los ciclos políticos han ejercido históricamente sobre cargos gerenciales y de dirección.

ASADAS requieren apoyo efectivo, no solo diagnósticos

La propia Presidencia Ejecutiva reconoció públicamente que a la institución le ha faltado un apoyo real a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS).

Para ANEP, esa afirmación debe traducirse ahora en acciones concretas.

Las ASADAS cumplen una función esencial en el abastecimiento de agua potable de numerosas comunidades del país y requieren recursos, asistencia técnica, capacitación, acompañamiento institucional, planificación y capacidad efectiva de respuesta.

El reconocimiento de la deuda histórica existente con estos sistemas comunales debe acompañarse de metas, responsables, recursos y mecanismos de seguimiento que permitan medir resultados.

Los proyectos deben convertirse en obras terminadas

ANEP-AyA también considera necesario evaluar la gestión institucional más allá del número de proyectos incorporados a las carteras de inversión, los recursos presupuestados o los créditos obtenidos.

El verdadero resultado debe medirse en obras terminadas, sistemas funcionando, comunidades abastecidas y servicios de agua potable y saneamiento mejorados.

Los proyectos estratégicos requieren planificación rigurosa, seguimiento permanente, continuidad administrativa y capacidad para detectar y resolver oportunamente los obstáculos técnicos, financieros, contractuales o administrativos que retrasan su ejecución.

De igual manera, una adecuada ejecución presupuestaria no puede limitarse al cumplimiento de un porcentaje.

Cada colón disponible debe transformarse oportunamente en infraestructura, mantenimiento, equipos, tecnología, estudios y soluciones concretas para las comunidades.

Inestabilidad gerencial e injerencia política también han afectado al AyA

Para la Seccional ANEP-AyA, cualquier diagnóstico sobre la situación institucional quedaría incompleto si se omite analizar la inestabilidad que durante años ha caracterizado los niveles superiores de dirección.

Los sucesivos cambios en la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, subgerencias y otros puestos estratégicos adquieren particular relevancia en una institución cuyos proyectos pueden requerir años de estudios, diseños, permisos, financiamiento, contratación y construcción.

Los gobiernos cambian cada cuatro años. Los acueductos no.

Los proyectos de infraestructura hídrica tampoco responden a períodos presidenciales y muchos necesariamente deben atravesar varias administraciones antes de concluir.

Por ello, Costa Rica debe diferenciar claramente entre la legítima orientación de política pública que corresponde a cada gobierno y la conducción técnica, profesional y especializada que necesita una institución autónoma como el AyA.

Cada cambio de autoridad no debería implicar nuevas curvas de aprendizaje, cambios constantes de prioridades ni pérdida de continuidad en proyectos estratégicos.

Cuando existe discontinuidad, las consecuencias las pagan las comunidades que esperan soluciones, las ASADAS que requieren acompañamiento, los usuarios y también las personas trabajadoras encargadas de mantener funcionando la institución.

Alta dirección requiere idoneidad y experiencia comprobada

ANEP considera necesario revisar objetivamente los perfiles y mecanismos de selección utilizados durante los últimos gobiernos para ocupar la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, subgerencias y demás puestos estratégicos.

No se trata de sostener que únicamente funcionarios de carrera puedan asumir responsabilidades de dirección ni de cuestionar a una persona únicamente por provenir de fuera de la institución.

El criterio fundamental debe ser la idoneidad.

Dirigir una institución responsable del abastecimiento de agua potable y saneamiento del país requiere experiencia gerencial, conocimientos técnicos, capacidad para administrar proyectos complejos y dominio de áreas como contratación pública, presupuesto, planificación, regulación, infraestructura, gestión del recurso hídrico y liderazgo de equipos multidisciplinarios.

Especial importancia debe otorgarse al conocimiento del sector de agua potable y saneamiento y a la capacidad para comprender las particularidades técnicas y operativas del AyA.

Los cargos de alta dirección no pueden convertirse en espacios de aprendizaje mediante prueba y error.

La memoria institucional debe protegerse

Uno de los principales activos del AyA es el conocimiento acumulado durante décadas por sus personas trabajadoras.

Ingenieros, técnicos, operadores, profesionales, administrativos y trabajadores de campo conocen los sistemas, fuentes de abastecimiento, comunidades, proyectos, dificultades operativas y antecedentes de numerosas decisiones institucionales.

Ese conocimiento debe ser aprovechado y preservado.

Una institución técnica de la importancia del AyA no puede depender exclusivamente de quienes llegan temporalmente a dirigirla. Su fortaleza debe descansar en estructuras profesionales capaces de garantizar continuidad independientemente del gobierno de turno.

Trabajadores no deben cargar con errores de conducción

ANEP rechaza cualquier intento de utilizar los problemas históricos del AyA para desacreditar a su recurso humano.

Son las personas trabajadoras quienes diariamente atienden averías, operan plantas, reparan infraestructura, realizan estudios, administran contratos, desarrollan proyectos, trabajan con las comunidades y garantizan la continuidad de un servicio público esencial.

Los problemas acumulados de planificación, inversión, contratación, ejecución y conducción gerencial no pueden trasladarse de forma simplista a quienes sostienen la operación cotidiana de la institución.

Las responsabilidades deben determinarse en los niveles donde se toman las decisiones.

Sistemas de información confiables son indispensables

Las necesidades planteadas en materia de sistemas de información también deben atenderse con prioridad.

Una institución que administra infraestructura distribuida por todo el territorio nacional, grandes inversiones, miles de proyectos y una enorme cantidad de usuarios requiere plataformas modernas, integradas y confiables.

La calidad de la información resulta esencial para planificar, presupuestar, ejecutar y evaluar adecuadamente.

Sin información confiable no existe planificación eficiente y sin planificación difícilmente puede existir una ejecución eficiente.

Investigación sobre Pavas debe ser rigurosa

Respecto al incendio ocurrido en Pavas y las circunstancias relacionadas con el abastecimiento de agua durante la emergencia, ANEP considera indispensable que cualquier investigación permita establecer objetivamente qué ocurrió, determinar responsabilidades cuando corresponda e identificar las medidas correctivas necesarias.

El abastecimiento de agua y el adecuado funcionamiento de la infraestructura vinculada con la atención de emergencias también constituyen asuntos de seguridad pública.

Agua como política de Estado

Para ANEP-AyA, la institución debe avanzar hacia un modelo que fortalezca la profesionalización de sus niveles técnicos y gerenciales, con perfiles rigurosos, mecanismos transparentes de selección, experiencia comprobada, estabilidad razonable, evaluación de competencias y efectiva rendición de cuentas.

La experiencia técnica no puede quedar subordinada a criterios de confianza política.

Los proyectos estratégicos tampoco deberían cambiar de rumbo con cada cambio de autoridad.

El agua debe administrarse como una política de Estado y no como una política de gobierno.

La organización sindical considera positivo que los problemas sean reconocidos públicamente, pero advierte que las comunidades llevan años esperando soluciones.

El reto ahora es pasar del diagnóstico a los resultados mediante prioridades claras, cronogramas verificables, responsables definidos, seguimiento de proyectos, adecuada ejecución de recursos y rendición de cuentas.

Defender al AyA no significa negar sus problemas.

Significa reconocerlos, determinar sus causas, corregir errores y fortalecer su capacidad institucional.

Significa defender el conocimiento y la labor de sus personas trabajadoras.

Significa exigir responsabilidad a quienes toman decisiones.

Significa preservar la memoria institucional y reducir la improvisación y la injerencia política en la conducción técnica.

Costa Rica no necesita debilitar al AyA. Necesita una institución pública sólida, moderna, eficiente, profesional y técnicamente fortalecida.

Los gobiernos pasan. Las autoridades pasan. La responsabilidad de garantizar agua potable y saneamiento permanece.

EL AyA NO PUEDE ADMINISTRARSE MEDIANTE PRUEBA Y ERROR.

EL AGUA DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO, NO UNA POLÍTICA DE GOBIERNO.

Seccional ANEP en AyA
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

ANEP solicita intervención urgente del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios

• Estudio institucional de clima organizacional revela que un 80% del personal presenta percepciones negativas o mixtas sobre su entorno laboral y un 60% señala situaciones de hostigamiento, persecución o trato inadecuado.

• Organización sindical advierte sobre denuncias penales y administrativas, presunto abandono de guardias médicas y otras irregularidades que requieren una actuación inmediata de la Gerencia Médica de la CCSS.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una intervención integral y urgente del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios, ante una serie de situaciones documentadas que abarcan una severa crisis de clima organizacional, denuncias penales y administrativas, presuntas irregularidades en la gestión del servicio y señalamientos relacionados con el abandono de guardias médicas.

La solicitud fue planteada formalmente mediante el oficio ASE-ANEPCCSS-0017-2026, dirigido al gerente médico de la CCSS, Marvin Palma Lostano, en el cual la organización sindical advierte que la situación requiere una respuesta institucional “activa, inmediata y sostenida”.

Estudio institucional evidencia grave deterioro laboral

Uno de los principales elementos que sustentan la solicitud de intervención corresponde al Estudio de Clima Organizacional realizado durante el primer semestre de 2026 por el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) del Hospital San Juan de Dios, en el que participaron 48 funcionarios del Servicio de Anatomía Patológica.

Entre sus principales resultados destaca que el 80% del personal manifestó percepciones negativas o mixtas sobre su entorno laboral, relacionadas con estrés, desmotivación, temor, angustia y desgaste emocional.

Además, un 50% presenta indicadores de afectación emocional severa y el 90% identifica la existencia de conflictos relevantes, estructurales y persistentes dentro del servicio.

El estudio señala también que el 75% del personal relaciona los conflictos con la gestión y el liderazgo de la jefatura, mientras que un 60% refiere situaciones de hostigamiento, persecución o trato inadecuado. Asimismo, un 65% recomienda cambios en la jefatura, incluyendo solicitudes de sustitución o reestructuración del cargo.

Según el informe citado por la ANEP, el liderazgo actual constituye un factor de riesgo organizacional, mientras que el clima laboral es caracterizado como disfuncional en su dimensión relacional, con potencial impacto sobre la salud del personal y la calidad del servicio diagnóstico brindado a la población asegurada.

Denuncias penales y administrativas

A esta situación se suma una denuncia penal presentada por la ANEP ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, recibida el 8 de septiembre de 2025 y relacionada con el presunto delito de peculado.

La denuncia involucra a funcionarios del Servicio de Anatomía Patológica y contempla, entre otros hechos que deberán ser determinados por las autoridades competentes, cuestionamientos relacionados con un procedimiento de contratación administrativa y el presunto uso de recursos públicos para actividades de carácter privado.

De acuerdo con la documentación presentada, dentro de la investigación también se cuestiona el proceso licitatorio 2019LN-000012-2102, con una proyección de consumo anual estimada en más de ₡475 millones, así como situaciones relacionadas con beneficios presuntamente recibidos de empresas proveedoras y el supuesto procesamiento de biopsias provenientes de un laboratorio privado utilizando instalaciones y recursos del hospital. Estos hechos corresponden a señalamientos contenidos en la denuncia y deberán ser esclarecidos por las instancias judiciales correspondientes.

Paralelamente, existen denuncias ante la Auditoría Interna de la CCSS relacionadas con presuntas irregularidades administrativas, entre ellas el supuesto uso indebido de firmas digitales de jefaturas, delegación de potestades administrativas en personal sin competencia formal y la realización de autopsias hospitalarias sin un médico patólogo regente formalmente nombrado.

ANEP denuncia presunto abandono de guardias médicas

Otro aspecto que genera especial preocupación para la ANEP es la denuncia sobre el presunto abandono sistemático de guardias por parte de médicos patólogos.

Según el documento remitido a la Gerencia Médica, existen señalamientos de que médicos asignados a determinadas guardias registrarían su entrada, abandonarían posteriormente las instalaciones hospitalarias y regresarían al día siguiente para registrar su salida.

ANEP pide intervención integral e inmediata

Ante la magnitud de los hechos denunciados, la ANEP solicitó a la Gerencia Médica de la CCSS:

  • Iniciar formalmente una intervención administrativa integral del Servicio de Anatomía Patológica, incluyendo su gestión clínica, administrativa y de recurso humano.
  • Realizar una valoración técnica urgente del ejercicio de la jefatura del servicio y, en caso de confirmarse los patrones denunciados, adoptar las medidas administrativas correspondientes, que podrían incluir suspensión preventiva, reubicación o remoción del cargo.
  • Disponer la intervención conjunta de Salud Ocupacional, Trabajo Social, Psicología y Bienestar Laboral para atender el deterioro emocional señalado por el estudio de clima organizacional.
  • Abrir una investigación administrativa sobre el presunto abandono sistemático de guardias médicas y determinar las responsabilidades correspondientes.
  • Dar seguimiento coordinado a los expedientes existentes ante la Auditoría Interna, otras instancias de control y el Ministerio Público.
  • Verificar el cumplimiento del Plan de Acción de Mejora solicitado por el GAT y adoptar las medidas correspondientes en caso de incumplimiento.
    La organización sindical sostiene que la intervención solicitada no constituye una medida punitiva ni una acción de represalia, sino una respuesta institucional necesaria ante la acumulación de hechos denunciados y documentados.

Entre las acciones planteadas también se encuentra garantizar la cobertura efectiva de las guardias, fortalecer los mecanismos de supervisión, brindar atención interdisciplinaria al personal afectado y restablecer una gestión administrativa basada en la transparencia, la legalidad y el respeto de los derechos laborales.

Declaraciones de Orlando Soto, Asesor Sindical ANEP-CCSS

“El riesgo también alcanza a los pacientes”

Para la ANEP, la crisis no debe analizarse únicamente desde el ámbito laboral. Anatomía Patológica es un servicio altamente especializado cuyos diagnósticos inciden directamente en decisiones terapéuticas.

La organización advierte que un ambiente laboral severamente deteriorado puede terminar repercutiendo en la calidad y seguridad del servicio que reciben los pacientes, especialmente en una dependencia responsable del procesamiento y diagnóstico de biopsias y otros estudios fundamentales para la atención médica.

La ANEP considera que la cantidad y gravedad de los elementos existentes obligan a las autoridades superiores de la CCSS a brindar una respuesta integral y urgente, proteger al personal del Servicio de Anatomía Patológica y garantizar que cualquier eventual irregularidad sea investigada con transparencia, independencia y respeto al debido proceso.

La gestión sindical se acompañó de documentación relacionada con el estudio de clima organizacional, denuncias ante la Fiscalía y la Auditoría Interna y otros antecedentes sobre el funcionamiento del servicio.

Gobierno recula: Democracia de la calle sí impacta

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) recibe con satisfacción la decisión del Ministerio de Hacienda de liberar los ₡3.053 millones del presupuesto 2026 del Poder Judicial que inicialmente pretendía retener. Este cambio de postura ocurre luego de las acciones emprendidas en defensa de estos recursos y en un contexto de creciente movilización social y ciudadana frente a decisiones que amenazan la división de poderes.

Para ANEP, lo ocurrido reafirma la importancia de la democracia de la calle, como la expresada en el plantón del pasado 4 de agosto. Cuando distintos sectores sociales levantan su voz de manera democrática y responsable, el país demuestra que no está dispuesto a permanecer indiferente ante medidas que puedan debilitar la justicia, la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado. La movilización social sí tiene sentido y la defensa democrática debe continuar.

Esta coyuntura también deja una enseñanza fundamental: la unidad en la diversidad es nuestra principal fortaleza. Costa Rica necesita que organizaciones sindicales, sectores sociales, personas trabajadoras y ciudadanía sean capaces de anteponer la defensa del país a intereses gremiales particulares. Podemos tener diferencias, pero cuando están en juego la democracia, el Estado Social de Derecho y nuestras instituciones, debemos encontrar los puntos que nos unen.

ANEP se alegra de que finalmente estos recursos, que ya estaban aprobados dentro del presupuesto del Poder Judicial y que no representan dinero adicional, sean liberados. Al mismo tiempo, instamos al Gobierno de la República a abandonar posiciones extremas y cualquier visión ideológica que convierta el diálogo social, la protesta democrática o la organización sindical en enemigos. Quienes defienden las instituciones democráticas no son adversarios del país: son parte esencial de una democracia viva.

Desde ANEP reiteramos nuestro compromiso de continuar participando, denunciando y movilizándonos cuando sea necesario para defender la institucionalidad costarricense. Costa Rica está primero. Por encima de diferencias sectoriales, gremiales o políticas debe prevalecer la defensa de la justicia, la democracia, los servicios públicos y el bienestar colectivo. Este episodio demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, las instituciones actúan y los distintos sectores encuentran puntos de encuentro, Costa Rica puede hacerse escuchar.

Funcionario de AyA recibió pago durante 8 meses sin laborar, ni justificar esa ausencia permanente

– Seccional de ANEP en AyA solicita a Auditoría Interna investigar posibles fallas graves de control, eventuales omisiones funcionales y una eventual afectación de recursos públicos.

La Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó, el pasado 10 de agosto, una denuncia formal ante la Auditoría Interna para que se investigue cómo pudo mantenerse en planilla y eventualmente recibir remuneraciones un funcionario durante un prolongado período en el que, según los antecedentes institucionales disponibles, no constaba ante su jefatura documentación de incapacidades posterior al 30 de septiembre de 2025.

El aspecto que genera mayor preocupación es que, según el propio informe utilizado como antecedente institucional, la consulta documentada a Capital Humano para comprobar las incapacidades del funcionario aparece realizada hasta el 21 de mayo de 2026, casi ocho meses después de la última incapacidad que figuraba registrada.

La ANEP considera que el caso no puede reducirse únicamente a determinar la responsabilidad del funcionario involucrado.

La pregunta que debe responder la investigación es más profunda:

¿Cómo funcionaron las jefaturas, el control de asistencia, Capital Humano y Planillas durante todos esos meses?

La organización sindical solicitó reconstruir la cadena completa de decisiones y controles para determinar quién conocía la situación, desde cuándo la conocía, quién tenía la obligación de verificarla y qué funcionarios o dependencias permitieron que los pagos continuaran, en caso de comprobarse que efectivamente existieron remuneraciones sin causa jurídica suficiente.

La denuncia pide además establecer cuál fue el último salario pagado, quién autorizó o ejecutó los movimientos de planilla y si existió una afectación al patrimonio público.

Para la ANEP, tratándose de dinero público, resulta indispensable explicar cómo una eventual irregularidad de esta naturaleza pudo prolongarse durante meses sin ser detectada o corregida oportunamente por los mecanismos ordinarios de control institucional.

La organización también solicita determinar si se trató de una situación aislada o si el caso evidencia una falla estructural en los controles de asistencia, incapacidades y pago de remuneraciones del AyA.

ANEP ha solicitado que cualquier responsabilidad sea individualizada con absoluto respeto al debido proceso y sobre la base de documentos, registros oficiales y evidencia objetiva.

“Aquí no basta con preguntarse qué hizo o dejó de hacer un funcionario. También debe investigarse quién debía controlar, quién debía verificar y cómo fue posible que una situación relacionada con recursos públicos pudiera mantenerse durante tantos meses sin una respuesta institucional oportuna”, sentenció la seccional ANEP-AyA.

La denuncia fue presentada este 10 de agosto de 2026 ante la Auditoría Interna del AyA.

Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional ANEP- AyA

ANEP denuncia presunto patrón de acoso y hostigamiento laboral en el PANI

Entre los años 2023 y 2025 la institución archivó 21 procedimientos relacionados con presunto hostigamiento laboral, además de mantener otros procesos en trámite.

Personas trabajadoras denunciaron presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral y, posteriormente, enfrentaron procedimientos administrativos promovidos por las mismas jefaturas contra las que habían presentado sus denuncias.

    La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció la existencia de una serie de casos que, a criterio de la organización sindical, evidencian un presunto patrón de acoso y hostigamiento laboral dentro del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

    Entre las situaciones documentadas por la organización se encuentran personas trabajadoras que, tras denunciar presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral, desarrollaron afectaciones psicológicas que requirieron incapacidades médicas y que, aun encontrándose en esa condición, fueron objeto de procedimientos administrativos y actuaciones disciplinarias. Para la ANEP, estas situaciones no corresponden a hechos aislados, sino a una práctica identificada en distintos departamentos, oficinas locales y direcciones regionales de la institución.

    La preocupación de la ANEP se fundamenta tanto en la documentación recopilada durante los últimos años como en información oficial suministrada por el propio PANI. De acuerdo con esos datos, entre los años 2023 y 2025 la institución archivó 21 procedimientos relacionados con presunto hostigamiento laboral, además de mantener otros procesos en trámite. Para la organización sindical, estas cifras hacen necesario revisar la efectividad de los mecanismos institucionales para prevenir, investigar y atender este tipo de situaciones.

    «No estamos hablando únicamente de expedientes administrativos; detrás de cada uno hay personas trabajadoras cuya salud, estabilidad emocional e incluso su permanencia en la institución se han visto seriamente afectadas. Los casos que hemos documentado demuestran la necesidad de revisar profundamente la forma en que el PANI previene, investiga y atiende las denuncias por presunto acoso y hostigamiento laboral.», afirmó Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical de la ANEP.

    Detrás de cada expediente hay personas

    Por razones de protección, confidencialidad y para evitar posibles represalias, la ANEP mantiene en reserva la identidad de las personas trabajadoras involucradas en los casos que actualmente acompaña. Sin embargo, considera indispensable visibilizar algunas de las situaciones que evidencian el impacto humano que pueden tener estas denuncias.

    Notificación en residencia de una de las personas denunciantes

    Uno de los casos más representativos corresponde a una persona trabajadora de la Dirección Regional de Alajuela, quien denunció presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral contra su jefatura.

    Durante la investigación, la Presidencia Ejecutiva del PANI adoptó medidas cautelares para proteger a la persona denunciante. Sin embargo, al emitir la resolución final determinó que el procedimiento administrativo presentaba graves vicios de legalidad, debido a errores cometidos por la propia Administración durante su tramitación, por lo que declaró su nulidad absoluta.

    Para la ANEP, lo más preocupante no fue la nulidad del procedimiento, sino la decisión posterior de la Administración. En lugar de corregir los errores advertidos e iniciar un nuevo procedimiento que permitiera esclarecer los hechos denunciados, el expediente fue archivado. Como consecuencia, las medidas cautelares fueron levantadas y la persona trabajadora tuvo que reincorporarse a sus labores bajo la supervisión de la misma persona contra quien había presentado la denuncia por presunto acoso y hostigamiento laboral. Finalmente, la persona trabajadora renunció a la institución sin que existiera una resolución que determinara el fondo de la denuncia que había presentado, mientras la jefatura denunciada continuó ejerciendo sus funciones.

    Testimonios de personas trabajadoras afectadas

    Se omiten sus nombres para proteger su identidad y evitar posibles represalias.

    «Después de denunciar el presunto acoso laboral, mi salud se deterioró hasta el punto de requerir incapacidad médica. Pensé que eso me protegería, pero mientras permanecía incapacitada comenzaron nuevos procedimientos administrativos en mi contra.»

    «Sentí que denunciar no sirvió para detener el problema. Al contrario, las represalias aumentaron y terminé perdiendo mi estabilidad laboral y mi tranquilidad.»

    «Regresé a trabajar con la misma jefatura que había denunciado. Nunca hubo una resolución sobre el fondo de mi denuncia y finalmente fui yo quien tuvo que dejar la institución.»

    «Vivía con ansiedad permanente. Cada correo, cada llamada o cada oficio significaba una nueva preocupación, aun cuando me encontraba incapacitada por recomendación médica.»

    «El daño no fue solo laboral; también afectó mi salud, mi familia y mi proyecto de vida.»

    «Lo único que esperaba era que investigaran lo que denuncié. En cambio, terminé enfrentando procedimientos administrativos mientras intentaba recuperarme de las afectaciones a mi salud.»

    Una orden de la Presidencia Ejecutiva que, según la ANEP, continúa sin cumplirse

    Otro de los casos documentados por la organización sindical ocurrió en la Oficina Local de Poás–Vara Blanca, perteneciente a la Dirección Regional de Alajuela.

    Mientras una persona trabajadora permanecía incapacitada por afectaciones relacionadas, según la denuncia presentada, con presunto acoso y hostigamiento laboral, representantes de la ANEP realizaron una visita de verificación y constataron que el espacio físico asignado a esa persona había sido desmantelado. Durante la inspección se verificó que mobiliario, equipo de trabajo, expedientes y pertenencias personales habían sido retirados y distribuidos en distintos espacios de la oficina, sin que existiera un inventario formal que respaldara dichas actuaciones. Estos hechos fueron documentados mediante un acta elaborada por la organización sindical y comunicados a la Presidencia Ejecutiva del PANI.

    Como resultado de esa gestión, la Presidenta Ejecutiva del PANI, mediante el oficio PANI-PE-OF-2494-2025, ordenó la restitución del espacio físico de la persona trabajadora y dispuso la adopción de las medidas administrativas correspondientes.

    Sin embargo, la ANEP denuncia que, a pesar de esa instrucción expresa emitida por la máxima autoridad institucional, la Dirección Regional de Alajuela y la Coordinación a.i. de la Oficina Local de Poás–Vara Blanca no han dado cumplimiento efectivo a lo ordenado.

    Personas incapacitadas enfrentando procedimientos administrativos

    La ANEP también manifestó su preocupación por otros expedientes en los que personas trabajadoras que permanecían incapacitadas por afectaciones psicológicas derivadas, según las denuncias presentadas, del ambiente laboral, posteriormente enfrentaron actuaciones administrativas disciplinarias.

    La organización afirma contar con evidencia fotográfica que documenta la presencia de funcionarios del órgano disciplinario notificando actuaciones administrativas en los domicilios de personas trabajadoras que permanecían incapacitadas. Para la ANEP, este tipo de actuaciones debe analizarse con especial sensibilidad, considerando la condición de salud de quienes enfrentaban dichos procedimientos.

    No se trata de casos aislados

    Para la ANEP, los casos expuestos evidencian la necesidad de que el PANI revise y fortalezca sus mecanismos de prevención, investigación y atención del acoso y hostigamiento laboral. La organización considera que ninguna persona trabajadora debería enfrentar afectaciones a su salud, procedimientos administrativos mientras permanece incapacitada o la pérdida de las medidas de protección como consecuencia de deficiencias atribuibles a la propia Administración. Asimismo, reiteró que las órdenes emitidas por la Presidencia Ejecutiva deben cumplirse de manera efectiva por todas las dependencias institucionales, garantizando ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de toda forma de violencia.

    Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

    Posición de la Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración ante la investigación judicial que involucra a una oficial de la PPM

    Ante la investigación judicial que involucra a una oficial de la Policía Profesional de Migración, la Seccional ANEP-PPM manifiesta lo siguiente:

    Como organización sindical respetuosa del Estado de Derecho, reiteramos nuestro absoluto respeto por la independencia de las autoridades judiciales y por el debido proceso, así como por el principio constitucional de presunción de inocencia que ampara a toda persona mientras no exista una sentencia firme.

    La determinación de los hechos y de las eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los tribunales de justicia.

    En consecuencia, la Seccional no emitirá juicios anticipados sobre un proceso que se encuentra en investigación.

    Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética en el servicio público y la lucha contra toda forma de corrupción.

    En caso de comprobarse responsabilidades individuales, estas deberán ser sancionadas conforme a la legislación vigente.

    También consideramos importante señalar que una investigación sobre una persona no puede utilizarse para desacreditar a toda la Policía Profesional de Migración.

    La abrumadora mayoría de sus oficiales desempeñan diariamente sus funciones con honestidad, profesionalismo y un profundo compromiso con la seguridad nacional, muchas veces en condiciones de limitación de personal, recursos y tecnología.

    Finalmente, este caso también debe servir para fortalecer institucionalmente a la Policía Profesional de Migración, mediante mayores controles, mejor tecnología, procesos de supervisión, capacitación especializada y la asignación de los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar con mayor eficacia las amenazas del crimen organizado transnacional.

    La Seccional ANEP-PPM mantendrá una posición responsable, respetuosa del proceso judicial y firme en la defensa de una institución fortalecida, transparente y al servicio de Costa Rica.

    La Contraloría confirma las denuncias de la ANEP y advierte el riesgo en el manejo de los recursos públicos en JASEC

    La ANEP manifiesta su profunda preocupación por las contundentes conclusiones contenidas en el Informe de Auditoría DFOE-SOS-IAD-00001-2026 de la Contraloría General de la República, el cual confirma una serie de deficiencias estructurales en el proceso de preinversión de proyectos de JASEC que ponen en riesgo la correcta utilización de los recursos públicos.

    La Contraloría concluye que el proceso de preinversión de la institución presenta un incumplimiento generalizado de la normativa y de las buenas prácticas, señalando que las decisiones de inversión se están adoptando sin el sustento técnico, financiero, económico y social que exige el ordenamiento jurídico.

    Más grave aún, el informe advierte que la Administración ha orientado los estudios de preinversión a justificar soluciones previamente definidas, en lugar de analizar objetivamente los problemas, valorar distintas alternativas y demostrar cuál de ellas representa la mejor decisión para proteger el interés público.

    Esta conclusión reviste enorme importancia porque confirma exactamente la preocupación que ANEP ha venido denunciando desde hace meses: cuando la etapa de preinversión se desarrolla de manera incorrecta o incompleta, el riesgo no es únicamente un error técnico; el verdadero riesgo es que se comprometan millones de colones de recursos públicos en proyectos cuya conveniencia nunca fue debidamente demostrada.

    La propia Contraloría advierte que las omisiones detectadas impiden asegurar razonablemente que las inversiones aprobadas sean las más convenientes para resolver las necesidades institucionales y de la ciudadanía, incrementando el riesgo para la Hacienda Pública y para la estabilidad financiera de la institución.

    Entre las principales deficiencias señaladas por el órgano contralor destacan:

    • ausencia de comparación entre alternativas de solución;
    • objetivos que no son medibles ni verificables;
    • falta de identificación y valoración integral de riesgos;
    • ausencia de evaluaciones económico-sociales;
    • omisiones en los análisis financieros;
    • falta de estudios suficientes para determinar la rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia de las inversiones.

    La Contraloría incluso concluye que, bajo esas condiciones, no es posible asegurar que los financiamientos que asuma JASEC no comprometan su capacidad de pago ni su estabilidad financiera, precisamente porque las decisiones se sustentan en estudios incompletos.

    UNA JUNTA DIRECTIVA EXCESIVAMENTE COMPLACIENTE

    Resulta igualmente preocupante la actuación de la actual Junta Directiva.

    Lejos de realizar un análisis crítico sobre las causas que originaron estas observaciones o exigir responsabilidades administrativas por las deficiencias señaladas por la Contraloría, el acuerdo adoptado por la Junta Directiva se limitó a dar por recibidos los informes, aprobar las disposiciones emitidas por la Contraloría e instruir a la Gerencia General para que coordine su cumplimiento, sin que se advierta un cuestionamiento sobre las actuaciones que dieron origen a este severo informe.

    Desde ANEP consideramos que una Junta Directiva que ejerce verdaderamente su función de dirección superior no puede limitarse a recibir informes cuando el máximo órgano de fiscalización del país concluye que existen incumplimientos generalizados en la forma en que se sustentan decisiones de inversión pública.

    Más aún cuando JASEC dispone de un Departamento de Gestión de Proyectos, bajo la responsabilidad del ingeniero Edwin Aguilar, cuya función precisamente consiste en conducir adecuadamente los procesos de formulación y preinversión que sirven de base para comprometer cientos o miles de millones de colones del patrimonio institucional.

    El informe de la Contraloría no cuestiona un simple trámite administrativo; cuestiona la calidad técnica de los estudios que respaldan decisiones estratégicas de inversión.

    Por ello, resulta legítimo preguntarse:

    • ¿Quiénes son los responsables de que la Contraloría detectara estas deficiencias?
    • ¿Qué controles ejercieron la Gerencia General y las dependencias técnicas responsables?
    • ¿Por qué la Junta Directiva no ha exigido una rendición de cuentas sobre las causas que originaron estos incumplimientos?

    EL INFORME REFUERZA LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ANEP

    Este informe constituye un importante respaldo a las denuncias que ANEP ha venido formulando respecto de diversos proyectos institucionales, particularmente aquellos relacionados con inversiones de gran magnitud como la nueva Sede Corporativa.

    Nuestra organización ha insistido en que ninguna inversión millonaria puede sustentarse en estudios incompletos, en análisis parciales o en decisiones previamente definidas.

    Hoy la Contraloría confirma que precisamente esas deficiencias existen y que la propia metodología de preinversión aplicada por la institución requiere una profunda corrección antes de continuar comprometiendo recursos públicos.

    EXIGIMOS RESPONSABILIDADES

    ANEP exige:

    • Que se determinen las responsabilidades administrativas derivadas de los incumplimientos señalados por la Contraloría.
    • Que la Junta Directiva ejerza un control efectivo sobre la Administración Superior y las dependencias técnicas responsables.
    • Que ningún proyecto de inversión continúe avanzando mientras no se cumplan íntegramente las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
    • Que se garantice a la ciudadanía absoluta transparencia respecto de los estudios técnicos, financieros y jurídicos que fundamentan las inversiones institucionales.

    La administración de los recursos públicos exige mucho más que aprobar acuerdos.

    Exige rigor técnico, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.

    La ciudadanía cartaginesa merece una JASEC que tome decisiones con fundamento técnico y jurídico, no sobre estudios que el propio órgano contralor ha considerado insuficientes para garantizar la protección del interés público.

    ANEP continuará vigilante y denunciará cualquier actuación que comprometa el patrimonio público o se aparte de los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración.

    ANEP

    Informe de la Contraloría General de la República

    La Policía Profesional de Migración no puede seguir siendo invisibilizada en la política de seguridad del Estado costarricense

    La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración expresa su profunda preocupación por el hecho de que, durante la reciente actividad oficial sobre el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la señora Presidenta de la República omitió hacer cualquier referencia a la Policía Profesional de Migración, institución que constituye la primera línea de control migratorio y una pieza estratégica en la protección de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de Costa Rica.

    Esta omisión resulta preocupante, pues la Policía Profesional de Migración desempeña una labor permanente en la detección de personas requeridas por la justicia, el combate a los delitos transnacionales, el control de los flujos migratorios y la cooperación con las demás fuerzas policiales en la defensa de la seguridad nacional.

    Foto: MSP

    De igual forma, consideramos indispensable que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública expliquen al país por qué durante la administración anterior se eliminó la presencia de la Policía de Control de Drogas (PCD) en fronteras y aeropuertos, mientras que hoy se anuncia el fortalecimiento de esa misma capacidad mediante la asignación de investigadores especializados e incluso de un analista antidrogas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

    Ante este cambio de estrategia, surgen interrogantes legítimas: ¿Reconoce el Gobierno que aquella decisión debilitó las capacidades del Estado para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en los principales puntos de ingreso y salida del país? ¿Qué motivó este cambio de rumbo?

    Asimismo, resulta oportuno recordar que tanto el Ministerio de Seguridad Pública como el Organismo de Investigación Judicial cuentan desde hace muchos años con analistas policiales y de conducta criminal como parte de sus estructuras especializadas. En consecuencia, ¿cuándo se fortalecerá también a la Policía Profesional de Migración con más recurso humano, tecnología, inteligencia, analistas criminales y capacidades de investigación que le permitan enfrentar con mayor eficacia las amenazas del crimen organizado transnacional?

    La seguridad nacional exige una visión integral. No basta con fortalecer una institución mientras otras continúan enfrentando enormes limitaciones de personal, presupuesto y recursos operativos. La protección efectiva de nuestras fronteras requiere que la Policía Profesional de Migración sea reconocida como un actor estratégico dentro de la política de seguridad del Estado.

    La Seccional ANEP–PPM hace un respetuoso pero enérgico llamado al Gobierno de la República para que la Policía Profesional de Migración deje de ser invisibilizada en los anuncios oficiales y sea incorporada plenamente en las decisiones estratégicas relacionadas con la seguridad nacional.

    Fortalecer la Policía Profesional de Migración es fortalecer las fronteras, combatir con mayor eficacia el crimen organizado y proteger la seguridad de todas las personas que habitan Costa Rica.

    Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración (ANEP-PPM)

    Pacto Patriótico Costarricense impulsa agenda nacional para fortalecer la democracia, la justicia social y el bienestar de la población

    • Alianza entre RENASES y diputaciones del PLN, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana establece una hoja de ruta con propuestas en materia de salud, educación, seguridad, ambiente, producción nacional y derechos humanos.

    La firma del Pacto Patriótico Costarricense, realizada en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, marca el inicio de una nueva etapa de articulación entre sectores sociales organizados y fuerzas democráticas representadas en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de construir soluciones conjuntas a los principales desafíos económicos, sociales, ambientales y políticos que enfrenta Costa Rica.

    El acuerdo fue suscrito por las jefaturas de fracción del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana, junto con la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), espacio que integra organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles, académicas, territoriales, religiosas y movimientos sociales.

    Entre los principales acuerdos contenidos en el Pacto destaca la defensa irrestricta del Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la plena vigencia de los derechos fundamentales.

    En materia de seguridad ciudadana, las organizaciones y diputaciones acordaron respaldar el combate frontal contra el crimen organizado, fortalecer presupuestariamente al Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, el Ministerio Público y demás cuerpos policiales, así como impulsar una profunda transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), con mayores controles democráticos y rendición de cuentas.

    Uno de los ejes centrales del pacto es la defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el impulso de un plan de pago de la deuda estatal, la reducción de listas de espera, la atención de la crisis por escasez de especialistas y el respeto pleno a la autonomía institucional. Asimismo, se plantea un abordaje integral de la salud mental tanto en el sistema de salud como en el educativo.

    En el pacto, también destaca, la defensa de instituciones fundamentales como el ICE, el INS, el CNP, el Banco de Costa Rica y las universidades públicas

    Las partes firmantes también acordaron avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, fortaleciendo desde la primera infancia hasta las universidades públicas, además de garantizar la estabilidad laboral del personal docente, técnico-docente y administrativo.

    El Pacto incorpora además importantes compromisos en materia ambiental, entre ellos el fortalecimiento de los guardaparques, la protección de los recursos naturales, la defensa del agua como derecho humano, el respaldo a las ASADAS, el mantenimiento de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y la promoción de políticas sostenibles para la gestión integral de residuos bajo principios de economía circular.

    En el ámbito social y de derechos humanos, las organizaciones acordaron impulsar la implementación del Convenio 190 de la OIT, avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados, fortalecer la protección de las mujeres, la niñez, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables, así como garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la comunidad LGBTIQ+.

    Asimismo, el pacto establece una firme defensa de la producción nacional y de la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento del sector agropecuario, mejores condiciones de financiamiento, controles fitosanitarios efectivos y la oposición a iniciativas comerciales que puedan afectar la soberanía alimentaria del país.

    “Este Pacto Patriótico representa la voluntad de diversos sectores de la sociedad costarricense de construir acuerdos, defender la democracia y trabajar conjuntamente por un país más justo, inclusivo y solidario”, señalaron las organizaciones integrantes de RENASES.

    Finalmente, las partes acordaron conformar equipos técnicos y políticos permanentes que permitan canalizar propuestas legislativas provenientes de los sectores sociales y fortalecer el control político desde la Asamblea Legislativa, consolidando así un espacio de diálogo social permanente en favor de Costa Rica.