Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estamos convencidos de que Costa Rica no necesita destruir su modelo eléctrico para modernizarlo. Al contrario, debe fortalecerlo, corregir sus debilidades, actualizar sus capacidades tecnológicas y proyectarlo hacia el futuro manteniendo intacto el principio que permitió su éxito histórico: la energía eléctrica como un derecho al que deben tener acceso todas y todos los costarricenses, al mejor precio posible.
La soberanía energética constituye un componente fundamental de la soberanía nacional. Un país pequeño como Costa Rica no debe renunciar al control estratégico de una infraestructura esencial para su estabilidad económica, social y ambiental. La energía eléctrica no puede quedar subordinada exclusivamente a dinámicas de mercado porque su impacto trasciende la lógica comercial y afecta directamente el bienestar colectivo y la capacidad de desarrollo del país.
A menudo escuchamos aquel viejo refrán que dice que: “nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde” y es que han de ser ciertas esas palabras de sabiduría popular para que, con el paso de los años, lejos de desaparecer, sigan presentes en nuestra cultura. Que cerca estamos de tener que recordarlas cuando en el futuro evoquemos la memoria del referente mundial en materia de energía que tuvo Costa Rica en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Luego de las enormes transformaciones que vivió nuestro país durante la década de los años cuarenta del siglo anterior, se reforzó un modelo institucional público que le permitió a nuestro país un desarrollo y auge que no tenía parangón con el resto de las naciones del istmo centroamericano.
Como hijo predilecto de aquella visión solidaria de Estado, nació el 8 de abril de 1949 el Instituto Costarricense de Electricidad, luego del fracaso en lo referente al desarrollo de la electrificación en nuestro país, que en manos privadas y extranjeras no lograba ofrecer un servicio eléctrico con cobertura nacional y mucho menos con la calidad que demandaba nuestro pueblo.
Desde la fundación del ICE, el modelo eléctrico costarricense ha demostrado, a lo largo de décadas, que es posible construir un sistema energético eficiente, solidario, técnicamente robusto y ambientalmente sostenible bajo liderazgo público. La experiencia histórica del ICE y de las empresas públicas del sector supo pasar de una promesa a convertirse en un hecho irrefutable de política pública exitosa.
Costa Rica alcanzó cobertura eléctrica prácticamente universal, desarrolló una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, electrificó regiones rurales históricamente excluidas y consolidó una infraestructura energética estable y confiable mediante planificación estatal de largo plazo. Estos logros no fueron producto de la lógica espontánea del mercado, sino de una visión nacional que entendió la electricidad como un servicio estratégico para el desarrollo humano, económico y territorial del país.
Actualmente, Costa Rica mantiene una cobertura eléctrica cercana al 99,4% de la población, una de las más altas de América Latina y comparable, únicamente, con países desarrollados. Este nivel de cobertura no sólo refleja capacidad técnica, sino también una decisión política histórica: llevar electricidad incluso a regiones donde la rentabilidad económica inmediata era limitada o inexistente, algo que, desde la lógica de mercado que ahora pretenden imponernos hubiera sido sencillamente imposible.
De la mano del ICE, Costa Rica desarrolló un modelo eléctrico que no tiene comparación entre sus países vecinos, consiguiendo una cobertura de casi todo su territorio nacional, con una enorme estabilidad que garantiza la continuidad del servicio prácticamente sin apagones, con una matriz energética renovable como poquísimos países en el mundo y, por sobre todas las cosas, con una soberanía energética envidiable.
Mientras diversos países latinoamericanos aún enfrentan brechas importantes de electrificación rural, dependencia térmica o inestabilidad del suministro, Costa Rica consolidó durante décadas un sistema relativamente resiliente y confiable bajo la dirección del ICE.
Las y los costarricense no nos damos cuenta de la enorme estabilidad que tiene nuestro servicio eléctrico que incluso frente a desastres naturales que azotan a nuestro país, propios del trópico, enfrentamos pocos cortes y tiempos de reposición del servicio rápidos en comparación a otros países vecinos.
Además de todas las bondades de las que hemos hablado, el tema de las tarifas, que es frecuentemente utilizado como caballo de batalla por quienes desean destruir el modelo para apoderarse de los negocios de la energía eléctrica, está lleno de marañas e ideas confusas pues, a pesar de que producir con energías prácticamente 100% limpias tiene un costo elevado, el país mantiene tarifas competitivas.
El análisis también debería considerar además que los sistemas eléctricos no se evalúan únicamente por el precio inmediato del kilovatio-hora. También debe valorarse la estabilidad, la universalidad de la cobertura, la capacidad de expansión, la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la capacidad de planificación y operación.
En la ANEP somos asiduos creyentes de que la electricidad no puede reducirse a una simple mercancía pues la energía eléctrica es el pilar que sostiene hospitales, telecomunicaciones, sistemas de agua potable, funcionabilidad de centros educativos, industria, y la vida cotidiana de todas y todos los costarricenses. Por ello, la planificación energética debe responder prioritariamente al interés nacional y no exclusivamente a criterios de rentabilidad privada de corto plazo.
Los sistemas eléctricos poseen características técnicas que limitan profundamente la lógica de competencia tradicional. La generación, transmisión y distribución requieren coordinación permanente, planificación integrada, reservas estratégicas y estabilidad sistémica en tiempo real, algo que en Costa Rica está más que demostrado que el ICE ha sabido gestionar con un éxito irrefutable. La fragmentación del modelo energético bajo esquemas de apertura, como la que se propone actualmente en nuestro país, puede debilitar esa capacidad de coordinación y sustituir una visión nacional de largo plazo por dinámicas orientadas principalmente a maximizar rentabilidad. Esto incluye la posible pérdida de producción con energía principalmente limpia, pues pensando sólo en la rentabilidad, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) deja abierto el portillo para el establecimiento de plantas térmicas, que generan con base en la quema de combustibles como el búnker o el diésel.
La experiencia internacional demuestra que la liberalización eléctrica no garantiza automáticamente mejores resultados. Por el contrario, diversos mercados eléctricos abiertos han enfrentado volatilidad tarifaria, subinversión en infraestructura crítica, manipulación de precios, debilitamiento de la planificación energética e incluso crisis de abastecimiento. De hecho, en naciones cercanas a nuestro país, como Honduras, en el año 2022 se impulsó la nacionalización de la energía eléctrica mediante la Ley Especial de Energía, que buscaba reparar el desastre de la privatización que se ejecutó hace varios años en ese país. Mientras tanto, en Costa Rica caminamos a la inversa, destruyendo un modelo que ha demostrado ser sumamente exitoso para sustituirlo por otro con una idea imperante de mercado que ha fracasado en naciones vecinas.
En el caso costarricense, el modelo público ha demostrado capacidades que muchos países todavía intentan alcanzar con cobertura casi universal, estabilidad del sistema, alta penetración de energías renovables, capacidad técnica nacional, electrificación rural, independencia relativa frente a combustibles fósiles y una institucionalidad energética sólida.
Desmantelar o fragmentar un sistema que históricamente ha generado resultados exitosos representaría un riesgo innecesario para la seguridad energética del país.
Defender el modelo público no significa negar la necesidad de reformas. El sistema eléctrico costarricense debe modernizarse, adaptarse tecnológicamente y mejorar su eficiencia operativa. Sin embargo, modernizar no implica privatizar ni abrir el mercado eléctrico a dinámicas que podrían debilitar la capacidad nacional de planificación estratégica que durante tantos años ha ejecutado el ICE de manera exitosa, aunque algunos empresarios con su voracidad pretendan imponernos esa idea.
Costa Rica debe profundizar su liderazgo en materia de energías limpias, aprovechando ventajas estratégicas ya existentes, particularmente en geotermia, generación renovable y planificación integrada del sistema. La transición energética global requerirá coordinación nacional, visión de largo plazo y capacidad de inversión estratégica, elementos que un modelo público fuerte, encabezado por el ICE, puede garantizar de mejor manera que un sistema fragmentado y subordinado a intereses particulares.
Comprendemos perfectamente lo que está detrás del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) que nos es más que un nuevo intento de un pequeño, pero poderoso grupo empresarial que desde hace muchísimos años ha soñado con desmantelar el modelo eléctrico nacional, para apoderarse del mercado eléctrico, pues comprenden la energía como una mercancía más y ven una oportunidad para aumentar sus ya de por sí grandes riquezas.
Los diputados cómplices de estos empresarios voraces e inescrupulosos que apoyen el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional deberán asumir su responsabilidad por destruir un modelo eléctrico solidario que durante más de 77 años ha sabido traer desarrollo a nuestro país, brindando un servicio con estándares de calidad comparables sólo con los existentes en las potencias más importantes del orbe. El desastre que derive de la aprobación de este nefasto proyecto de Ley será su responsabilidad. ¡La historia los juzgará!
