Categoría: Institucional

-Para nuestra organización esta propuesta obedeció a un show político presidido por Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo y apoyado por Alejandra Mora, Gerente General

El criterio PRE-J-2025-03057 de la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  (AyA), respalda plenamente las advertencias que la ANEP,  y su seccional ANEP-AyA han expuesto ante la opinión pública, Asamblea Legislativa y otras instancias,  sobre la propuesta de reorganización institucional parcial presentada en el Estudio Técnico de Julio 2025.

 Ambos pronunciamientos coinciden en que la reorganización carece de sustento legal, técnico y operativo, y que su ejecución en el estado actual pondría en riesgo la estabilidad institucional, el servicio público y la seguridad jurídica, tal y como ha venido advirtiendo la seccional ANEP-AyA

Confirmaciones clave de los informes de Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica del AyA concluye que el acuerdo de Junta Directiva 2025-200, mediante el cual se aprobó la reestructuración institucional, adolece de nulidad absoluta, evidente y manifiesta por incumplir requisitos esenciales para la validez de un acto administrativo, según la Ley General de la Administración Pública y la doctrina administrativa.

Dentro de las conclusiones de la Dirección Jurídica se encuentran:

1.Deficiencias en la motivación y justificación

• El acuerdo carece de información técnica mínima necesaria (estudios, informes y análisis) para fundamentar el organigrama aprobado.

• La motivación se limita a citar normas procedimentales, sin desarrollar contenido, motivo y fin del acto administrativo.

• Esta omisión genera vicio por exceso de poder, afectando la proporcionalidad y el interés público.

2. Violaciones a normativa general vinculante

La propuesta elimina, rebaja de jerarquía o modifica de forma indebida dependencias cuya existencia y ubicación están protegidas por leyes y reglamentos:

• Dirección de Igualdad de Género e Interculturalidad → desaparece y se diluye en Capital Humano, lo que implica retroceso en materia de derechos humanos y compromisos internacionales.

• Contraloría de Servicios → cambio de nombre y funciones que genera confusión y contradice la Ley N.° 9158.

• Oficina de Cooperación Internacional → desintegrada, contraviniendo el Reglamento del Art. 11 de la Ley de Planificación Nacional.

• Oficina de Control Interno → no se ubica a nivel de jerarca, incumpliendo la Ley General de Control Interno.

• Laboratorio Nacional de Aguas → rebajado a nivel operativo, pese a su rol de rector nacional en calidad del agua.

• Dirección de Planificación Estratégica → trasladada de Presidencia Ejecutiva a Gerencia General, en contravención a la Ley de Planificación Nacional.

3. Debilitamiento de la Dirección Jurídica

• La propuesta desintegra áreas especializadas, elimina el principio de uniformidad de criterio legal y crea duplicidades e inseguridad jurídica.

• No se presenta evidencia técnica que justifique el cambio ni que demuestre deficiencias actuales.

• Se pone en riesgo la independencia de control de legalidad, por ejemplo, subordinando áreas legales a las mismas dependencias que deben fiscalizar (caso de Proveeduría y Contratación Administrativa).

Posición de ANEP

La ANEP reitera que la reorganización institucional planteada es inviable y perjudicial, y que representa un uso político y antitécnico de la gestión institucional.

Ante este escenario se solicita a las máximas autoridades de la institución:

• Suspender de inmediato su ejecución.

• Transparentar todos los gastos asociados a este proceso y la rendición de cuentas para los Jerarcas que estuvieron detrás de este proceso fallido.

• Iniciar un rediseño real y participativo, con respaldo técnico, legal y financiero, en beneficio de la institución y del servicio público.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO, SU GESTION DEBE MANTENERSE PUBLICA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

Un mensaje en conjunto fue entregado, el dia de ayer, por todos los sindicatos en la Policia de Tránsito a Efraím Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes, en el que se le da un plazo de ocho días para la destitución del actual director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Viquez. Para la seccional de ANEP es impostergable y no negociable el plazo, pues cada día el problema se agrava.

Esto debido a que su permanencia en el cargo va contraria a la paz laboral dentro de la institución. En especial, por las políticas arbitrarias, la mala planificación y gestión que ha generado un pésimo ambiente en este cuerpo policial.

A raíz de la situaciones que se han generado con Miranda Viquez, muchos oficiales han renunciado, generando un debilitamiento que se refleja en el servicio que se le da a la población.

Para la seccional de la ANEP es fundamental que la persona que dirige este cuerpo policial cumpla con los requisitos de ley y que genere acciones en beneficio de la población trabajadora y que esto se refleje en en el accionar operativo.

La seccional hace un llamado tanto a las personas afiliadas como a las que no son agremiadas a nuestros sindicatos a seguir manifestando su rechazo a las acciones y a la dirección de Oswaldo Miranda Viquez.

Los sindicatos acordaron que en caso de mantener en el puesto a Oswaldo Miranda Viquez, se tomarán otras medidas.

Declaraciones de Lizeth Quesada, Presidenta Seccional ANEP-Policía de Tránsito

En toda institución pública que se rija por el principio de legalidad, la aplicación del ordenamiento jurídico y las políticas internas debería ser uniforme, objetiva y ajena a favoritismos. Sin embargo, en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la realidad reciente deja entrever que la vara con la que se mide la conducta de sus funcionarios no siempre es la misma, lo que erosiona la confianza ciudadana y el sentido de equidad que debe imperar en la administración pública.

Mientras a algunos funcionarios se les pretendía iniciar un proceso de investigación por su asistencia a un evento de Huawei, trascendió que la actual gerente de telecomunicaciones, Leda Acevedo Zúñiga, fue designada en el cargo a pesar de haber participado en la mencionada actividad, tal como lo reveló Semanario Universidad. El contraste es evidente y plantea una pregunta incómoda, ¿por qué para unos la participación en un evento de un proveedor es causal de cuestionamiento disciplinario y para otros no sólo pasa inadvertida, sino que incluso, posterior a ello, se le “premia” con un nombramiento de alto mando.

Este patrón de “aplicación selectiva” de las normas se refleja también en otros frentes. *Hay voces que, con razón, exigen neutralidad tecnológica* y evitan la dependencia de un solo proveedor para la implementación de la red 5G. Sin embargo, *esas mismas voces guardan un silencio conveniente cuando se trata de la creciente dependencia tecnológica en la red de transporte IP a favor de la marca Cisco, algo huele muy feo.* Esta dependencia quedó plasmada en la intención de compra publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) bajo el rótulo “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco”, una situación que ya había sido advertida por nuestra organización sindical, pero que no ha motivado el mismo clamor público ni exigencias de transparencia en algunos que hace unos meses se rasgaban las vestiduras.

A lo anterior se suma una preocupación adicional, la reciente implementación de enlaces internacionales bajo la figura de “capacidad transitoria”, sin que el proceso se encuentre documentado en el SICOP. Esta maniobra podría abrir la puerta a una compra directa hacia finales de año, eludiendo así los principios de publicidad y libre concurrencia que exige la contratación administrativa. Más grave aún, estos enlaces han estado vinculados a fallos recientes reportados por los clientes, lo que no sólo plantea dudas de carácter administrativo y financiero, sino también operativas.

Estas situaciones no pueden desligarse de un problema estructural más profundo, la falta de idoneidad de varios mandos medios y de la propia administración superior en puestos estratégicos. Se han asignado responsabilidades críticas a personas cuya experiencia y capacidades técnicas no se alinean con las necesidades reales del sector de telecomunicaciones del ICE, lo que deriva en decisiones desacertadas, omisiones graves y una gestión incapaz de anticipar riesgos o reaccionar con eficacia ante crisis. Cuando se privilegia la cercanía política o personal por encima de la competencia técnica, la consecuencia directa es el deterioro de los servicios, el aumento de la dependencia tecnológica y la pérdida de competitividad.

En un escenario así, resulta legítimo y necesario exigir a la administración superior una explicación clara y documentada sobre cada uno de estos puntos. El ICE, como institución pública, no puede permitirse criterios discrecionales para aplicar sanciones, aprobar compras o justificar dependencias tecnológicas según convenga a determinados intereses internos, como pareciera está ocurriendo.

El principio de igualdad ante la Ley y la transparencia en la gestión pública no son eslóganes opcionales, son mandatos constitucionales.

Cuando la dirección de una empresa estatal se percibe selectiva en la aplicación de las reglas y complaciente en la designación de puestos clave, el daño trasciende lo interno y mina la credibilidad institucional ante la ciudadanía y el mercado.

Hoy, más que nunca, el ICE necesita coherencia y esa coherencia empieza por *aplicar las mismas reglas para todos y todas* y por garantizar que los puestos estratégicos estén ocupados por personas idóneas y competentes. Sin excepciones, sin silencios convenientes y sin balanzas torcidas.

*★ SOMOS ANEP, SOMOS USTED ★*

La ANEP Y su Seccional  en Acueductos y Alcantarillados (AyA), celebra la salida del presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, oficializada este mismo día, tras meses de una gestión que sumió a la institución en una profunda crisis operativa, ética y administrativa.

Desde ANEP hemos denunciado reiteradamente la opacidad con la que se llevaron a cabo procesos clave como la reestructuración institucional, la concentración indebida del poder en una “red de cuido” de confianza personal del expresidente ejecutivo, y el debilitamiento técnico y estratégico del AyA.

Juan Manuel Quesada deja una institución estancada, debilitada y al borde de decisiones que podrían agravar aún más su situación financiera y operativa.

Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a la nueva presidenta ejecutiva para que asuma con firmeza los retos que enfrenta la institución.

El primero y más apremiante es desmontar la red de cuido que Quesada tejió en la alta administración institucional, donde aún persisten figuras nombradas sin los atestados técnicos, éticos ni legales necesarios, algunas incluso envueltas en serias denuncias por ejercicio ilegal de la profesión.

Si realmente se pretende marcar un cambio positivo en lo que resta de esta administración, es indispensable renovar la estructura gerencial de AyA, empezando por los actuales gerentes y subgerentes, muchos de los cuales han sido partícipes y cómplices de las malas decisiones que hoy ponen en riesgo el acceso al agua potable de miles de personas, así como la estabilidad del personal técnico y operativo de la institución.

Desde ANEP seguiremos vigilantes y firmes en la defensa del interés público, de los trabajadores del AyA y del derecho humano al agua.

-La Presidenta Ejecutiva del PANI protege al Presidente Chaves en lugar de defender a la niñez, justificando expresiones que vulneran su dignidad

-La responsabilidad del cargo la ha superado; Doña Kennly Garza Sánchez debió renunciar al PANI hace mucho tiempo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) rechaza de manera enérgica la postura asumida por la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, que, en vez de condenar sin reservas una expresión pública que vulnera la dignidad de una persona menor de edad, optó por justificarla, amparando al Presidente y protegiendo su propio cargo.

La expresión cuestionada, que ha generado rechazo social, fue la siguiente:

“Regálemela y se la devuelvo cuando se gradúe de la universidad.”

Desde el 25 de julio de 2025, ANEP solicitó formalmente un pronunciamiento claro y contundente del PANI, para reafirmar su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

No obstante, en una reciente conferencia de prensa, la Presidenta Ejecutiva sostuvo:

“A veces, para empatizar o incluso conectar, los costarricenses utilizamos expresiones coloquiales o populares que son absolutamente bien intencionadas, pero que, sin embargo, podrían ser sacadas de contexto.”

La afirmación de que estas expresiones son “absolutamente bien intencionadas” y que podrían ser “sacadas de contexto” no solo es una minimización inaceptable, sino que refleja un profundo desconocimiento del daño real que tales palabras pueden causar.

La dignidad de los niños, niñas y adolescentes no es negociable ni puede depender del contexto o de interpretaciones subjetivas.

El lenguaje que cosifica o menosprecia a las personas menores de edad contribuye a perpetuar una cultura de desprotección y vulneración de sus derechos fundamentales.

Al justificar estas expresiones, la Presidenta Ejecutiva del PANI ha abandonado el compromiso con la niñez para proteger a su superior jerárquico, el Presidente de la República, lo que constituye una grave omisión de su deber institucional.

La máxima autoridad encargada de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debe emitir un mensaje claro, contundente y sin ambigüedades que condene cualquier expresión que les deshumanice, sin ofrecer excusas ni buscar pretextos.

El Patronato Nacional de la Infancia tiene la obligación constitucional y ética de garantizar, sin excepción ni atenuantes, el respeto, la protección y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, la defensa pública del Presidente por parte de la Presidenta Ejecutiva del PANI, junto con su justificación de expresiones que vulneran derechos fundamentales, demuestra una grave falta de compromiso institucional que representa un retroceso grave en la protección de la niñez y adolescencia en nuestro país.

La responsabilidad que conlleva este cargo la sobrepasa.  Kennly Garza Sánchez tuvo que renunciar al PANI hace mucho tiempo.

El daño irreparable que su gestión sigue causando al Patronato Nacional de la Infancia, a sus funcionarios y, especialmente, a los niños, niñas y adolescentes de Costa Rica, es inadmisible y una vergüenza.

Su postura constituye un retroceso grave en la defensa de los derechos de la niñez y compromete la confianza —ya deteriorada ante la opinión pública— que la sociedad debe tener en esta institución vital.

Su permanencia al frente de la institución genera una creciente preocupación.

El impacto de su gestión ha debilitado el trabajo de los funcionarios, ha afectado la credibilidad del PANI y, sobre todo, ha dejado en entredicho la protección que merecen los niños, niñas y adolescentes del país.

Los derechos de las personas menores de edad no pueden estar subordinados a intereses políticos o personales.

La institucionalidad debe actuar con claridad, firmeza y valentía para garantizar la protección efectiva de la niñez y adolescencia costarricense.

San José, Costa Rica – 30 de julio de 2025 – ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ante la publicación del 28 de julio de 2025 DE Juan Manuel Quesada Presidente Ejecutivo de AYA sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), denuncia pública y firmemente lo siguiente:

1. Este proceso se ha impulsado de forma absolutamente opaca, sin transparencia, ni participación real de los trabajadores ni sus organizaciones sindicales.

2. Hasta la fecha, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, violentando principios de legalidad, publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política) y el deber de participación establecidos en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno.

3. No se han presentado estudios técnicos, legales ni financieros que respalden la propuesta ni su implementación, lo que constituye una irresponsabilidad administrativa grave y una posible falta al deber de probidad (Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, artículo 4).

La administración del señor Juan Manuel Quesada Espinoza pretende imponer una transformación estructural sin diálogo, sin evaluación objetiva, sin legitimidad interna ni respaldo técnico validado. Esta situación representa un acto autoritario que vulnera derechos laborales, pone en riesgo la calidad del servicio público y abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles del AyA, con el consecuente encarecimiento de los servicios básicos para la población.

Lejos de modernizar, el presidente ejecutivo deja tras de sí una institución paralizada, desmoralizada, carente de planificación estratégica real y sin gestión participativa. Su administración ha estado marcada por el ocultamiento de información, decisiones verticales, descalificación del diálogo social y un desprecio abierto hacia los trabajadores de la institución.

Ante esta grave situación, alertamos a la ciudadanía y a los entes de control: la reorganización anunciada no responde a una visión técnica de modernización, sino a una maniobra improvisada, posiblemente diseñada para justificar futuros procesos de privatización parcial y desmantelamiento institucional.

Audio de Ivone Mata, Vicepresidenta seccional ANEP-AyA

EXIGIMOS:

1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional, junto con sus anexos, estudios técnicos, análisis presupuestarios y legales.

2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

3. Responsabilizamos directamente al presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada a Alejandra Mora Segura Gerente General y a la Junta Directiva de AYA, por los efectos negativos que esta imposición pueda generar sobre la estabilidad laboral, la continuidad del servicio y la institucionalidad del AyA.

4. Solicitamos a la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN ejercer sus funciones de fiscalización sobre este proceso, que incumple con principios básicos de legalidad, transparencia y eficacia administrativa.

Declararciones de Edwin Marín Bonilla, Presidente seccional ANEP-AyA

LA IMPROVISACIÓN, EL SECRETISMO Y EL AUTORITARISMO NO PUEDEN SER LA BASE DE UNA REFORMA INSTITUCIONAL.