Categoría: Institucional

–ANEP exige la renuncia inmediata de la Directora de Gestión de Recursos, la aplicación de las máximas sanciones y el inicio de procesos administrativos contra las personas funcionarias involucradas

–Resulta vergonzoso e inadmisible que, desde cargos de dirección, se emitan expresiones despectivas y se minimicen problemáticas laborales, en medio de salarios insuficientes y fuga masiva de personal

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente hechos de extrema gravedad institucional en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), específicamente en el área de Empresas Comerciales (Tiendas Libres Duty Free), tras el análisis de un audio oficial de una reunión del 23 de abril de 2026, en el que participan la Directora de Gestión de Recursos y Administradora General de Empresas Comerciales, la Jefatura de Mercadeo y Ventas y personal del área de Desarrollo Humano. En dicho registro, estas jefaturas reconocen salarios insuficientes, minimizan la fuga masiva de personal y evidencian fallas graves en la gestión administrativa y en el cumplimiento de la salud ocupacional, configurando un patrón de conductas incompatible con la función pública.

Resulta inadmisible y profundamente reprochable que, desde estos cargos de dirección y jefatura, se emitan expresiones despectivas y se utilicen calificativos ofensivos, así como que se minimicen problemáticas laborales críticas previamente reconocidas, lo cual compromete directamente su responsabilidad como jerarquías institucionales.

El contenido del audio revela una realidad alarmante: mientras se admite que el salario del personal de cajas es insuficiente, también se asume con indiferencia la salida masiva de trabajadores, alcanzando niveles críticos. Lejos de plantear soluciones, se trasladan las responsabilidades a las propias personas trabajadoras, insinuando que deben renunciar si no están conformes con sus condiciones laborales.

Particularmente grave resulta el uso de expresiones ofensivas y despectivas dentro del espacio institucional, incluyendo referencias peyorativas hacia el personal de cajas, así como manifestaciones de burla y menosprecio frente a la crisis laboral. A ello se suma el irrespeto hacia la organización sindical, con afirmaciones infundadas contra dirigentes sindicales que buscan deslegitimar su labor.

El audio también evidencia una preocupante normalización de incumplimientos en materia de salud ocupacional, así como debilidades estructurales en la toma de decisiones, el control interno y la gestión del recurso humano, todo ello reconocido por las propias autoridades participantes en la reunión.

El registro de audio deja en evidencia hechos particularmente escandalosos: jefaturas institucionales reconocen abiertamente que el salario del personal de cajas es insuficiente y, aun así, reaccionan con indiferencia y burla ante la renuncia masiva de aproximadamente 40 trabajadores, prácticamente la totalidad del personal. Se llega incluso a sostener que quienes no estén conformes “deberían renunciar”, trasladando la responsabilidad institucional a las propias víctimas de la precariedad laboral. De forma alarmante, se utilizan expresiones ofensivas para referirse a los cajeros —incluyendo calificativos como “ganado bravo”—, se minimizan denuncias en materia de salud ocupacional pese a reconocerse incumplimientos internos, y se evidencian contradicciones y falta de control en la aplicación de medidas básicas. Asimismo, el audio revela ataques directos y despectivos contra dirigentes sindicales, con afirmaciones infundadas que buscan desacreditar su labor, mientras se admite que los salarios se encuentran por debajo de niveles mínimos del mercado y que debieron ser ajustados desde hace tiempo. Todo ello configura un escenario de desorden administrativo, irrespeto institucional y grave afectación a la dignidad de las personas trabajadoras, reconocido por las propias autoridades participantes.

Ante la gravedad de los hechos, la ANEP exige:

1. La apertura inmediata de un proceso de investigación administrativa para esclarecer los hechos, determinar su alcance y establecer las responsabilidades individuales correspondientes.

2. La adopción de medidas cautelares inmediatas, incluyendo la separación temporal de funciones o la reasignación de puesto de las personas funcionarias involucradas —la Directora de Gestión de Ingresos y Administradora General de Empresas Comerciales, la Jefatura de Mercadeo y Ventas, y personal del área de Desarrollo Humano—, a fin de garantizar la objetividad del proceso, evitar interferencias y proteger a las personas trabajadoras.

3. La determinación y aplicación de las máximas sanciones disciplinarias previstas en el ordenamiento jurídico a las personas funcionarias involucradas, conforme a la gravedad de los hechos acreditados.

4. En atención a la gravedad de las conductas evidenciadas y una vez determinadas las responsabilidades administrativas:
a) La inmediata separación del cargo de la Directora de Gestión de Ingresos y Administradora General de Empresas Comerciales, así como la gestión de su renuncia, en razón de su responsabilidad jerárquica.
b) La adopción de las medidas disciplinarias correspondientes respecto de la Jefatura de Mercadeo y Ventas y el personal del área de Desarrollo Humano, incluyendo, de ser procedente, la separación de funciones, reubicación o sanciones conforme al régimen disciplinario aplicable.
c) El reemplazo de la persona funcionaria del área de Desarrollo Humano que ejerce funciones de mediación en el área de Empresas Comerciales, para garantizar imparcialidad, objetividad y confianza en los procesos internos.

5. La adopción de medidas inmediatas y efectivas para garantizar el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras, así como la erradicación de prácticas contrarias al buen trato y a los principios de la función pública.

6. La revisión integral de la estructura salarial del personal de cajas, con base en criterios técnicos objetivos, actualizados y verificables.

7. La verificación del cumplimiento efectivo de las disposiciones en materia de salud ocupacional, así como la implementación urgente de las medidas correctivas necesarias.

8. El establecimiento de mecanismos efectivos de seguimiento y control que garanticen la atención oportuna de las problemáticas señaladas y la rendición de cuentas.

9. La remisión a la ANEP de un informe detallado, formal y debidamente fundamentado sobre la apertura del procedimiento administrativo, las actuaciones realizadas y las decisiones adoptadas, dentro del plazo legal correspondiente.

Resulta inaceptable que personas que ocupan cargos de dirección y jefatura se expresen en términos despectivos hacia las personas trabajadoras, utilizando calificativos ofensivos y minimizando problemáticas laborales que ellas mismas reconocen como graves.

Este tipo de conductas no solo vulnera la dignidad de quienes sostienen el funcionamiento de la institución, sino que evidencia una forma de gestión alejada de los principios básicos de respeto, responsabilidad y servicio público.

La ANEP advierte que lo ocurrido no puede ser tolerado ni normalizado, y exige una respuesta inmediata, firme y ejemplarizante por parte de las autoridades, acorde con la gravedad de los hechos.

Oficio enviado al IMAS sobre lo acontecido

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia un hecho de extrema gravedad que pone en evidencia otro preocupante nivel de deterioro en la gestión administrativa y técnica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Lo ocurrido en el proceso de adquisición de materiales para la impermeabilización de paredes y pintura epóxica de la torre de enfriamiento de Miravalles 1, tramitado bajo el pliego de condiciones tipo DG-0301-2024, no puede ser interpretado como un simple error operativo ni como una contingencia aislada. Se trata de un hecho que, por sus dimensiones y consecuencias, reviste características propias de otro verdadero escándalo institucional.

El aparente desecho de materiales por un monto aproximado de ₡47.851.896,01 constituye un indicio claro de una gestión profundamente deficiente, donde la falta de rigor técnico, la improvisación en la definición de requerimientos y la ausencia de controles efectivos convergen en un resultado inaceptable, recursos públicos, literalmente, arrojados a la basura. Este tipo de actuaciones compromete el patrimonio institucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en una entidad estratégica para el desarrollo del país.

Desde una perspectiva técnica, resulta inconcebible que una intervención en infraestructura crítica como una torre de enfriamiento se haya ejecutado bajo condiciones tan precarias de planificación y especificación. La naturaleza misma de este tipo de obras exige precisión, conocimiento especializado y estrictos controles de calidad, por lo que lo sucedido sólo puede explicarse a partir de una combinación de negligencia, incompetencia o una cadena de decisiones irresponsables que no fue debidamente contenida por los mecanismos de control institucional. Cualquiera de estos escenarios es, por sí mismo, motivo suficiente para una investigación profunda por parte de las áreas competentes, dentro de ellas la Auditoría Interna del ICE y, sin lugar a dudas, debería ser motivo sanciones ejemplares.

En el plano jurídico, los hechos descritos podrían constituir una violación directa al principio de legalidad consagrado en la Constitución Política y en la Ley General de la Administración Pública, así como una transgresión al deber de probidad que obliga a todo funcionario público a resguardar con máxima diligencia los recursos del Estado. De igual forma, se evidencian posibles incumplimientos a los principios de eficiencia, eficacia y economía que rigen la contratación administrativa, así como eventuales responsabilidades derivadas de la Ley General de Control Interno, particularmente en lo relativo a fallas graves en la planificación, ejecución y supervisión del proceso contractual. No puede descartarse, además, la eventual configuración de responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, en caso de comprobarse conductas gravemente negligentes o dolosas.

La ANEP considera inaceptable el silencio o la falta de reacción contundente por parte de la administración ante un hecho de esta magnitud. En este contexto, surge inevitable cuestionar quién definió las especificaciones técnicas que desembocaron en este resultado, quién validó la adquisición de materiales que terminaron siendo desechados, dónde estuvieron los controles que debieron prevenir esta situación y, sobre todo, quién asumirá la responsabilidad por el daño ocasionado al erario público.

La ANEP advierte que no permitirá que este caso sea minimizado, encubierto o diluido en trámites administrativos sin consecuencias reales.

El Instituto Costarricense de Electricidad no puede ni debe operar bajo esquemas de improvisación y ausencia de rendición de cuentas. Cada colón desperdiciado representa un golpe directo a la ciudadanía y a las personas trabajadoras que sostienen la institución con su esfuerzo diario. Lo ocurrido en Miravalles 1 no es un hecho aislado, es una señal de alerta que exige acciones inmediatas, firmes y ejemplarizantes, así como en otros casos denunciados.

La ANEP será categórica y persistente. No habrá silencio frente al despilfarro, no habrá complacencia frente a la negligencia y no habrá tregua en la exigencia de transparencia, responsabilidad y respeto absoluto por los recursos públicos.