El ICE y la geopolítica: El caso de Cisco y la red de transporte

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresamos nuestra más profunda preocupación ante las graves irregularidades reveladas en días pasados por el Semanario Universidad en torno a la contratación directa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la empresa Cisco para el Proyecto de Modernización y Estabilización de la Red de Transporte de Telecomunicaciones (PMERTT).

Este caso se suma al caso de la Red 5G en el cual, desde la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE, se está orquestando un plan donde por un lado el Instituto se convierte en una correa de transmisión de la geopolítica marcada por Donald Trump, pero por el otro podrían estar de por medio generosas prebendas para jerarcas del ICE y Casa Presidencial, en un proceso direccionado por el presidente Rodrigo Chaves.

Los hechos son contundentes y exigen explicaciones inmediatas:

1. REUNIONES CONFIDENCIALES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN

Funcionarios del ICE sostuvieron reuniones secretas con representantes de Cisco y de la Embajada de Estados Unidos antes de adjudicar el contrato millonario. Estas reuniones fueron declaradas confidenciales tras una orden de la Sala Constitucional, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del proceso y posibles conflictos de interés. Las reuniones fueron en la Embajada de Estados Unidos y Casa Presidencial.

¿Qué se negoció en esas reuniones? ¿Por qué debían ser secretas si eran meramente técnicas?

2. APARENTEMENTE SE NEGOCIÓ UN SOBREPRECIO DE UN 333%

Según el estudio de mercado del propio ICE (junio 2025), las ofertas para sustitución completa de equipos fueron:

El ICE ignoró la oferta más barata de Nokia y optó por Cisco mediante contratación directa, pagando $31 millones de más. ¿Con qué justificación?

3. EQUIPOS OBSOLETOS EN LUGAR DE TECNOLOGÍA NUEVA

La institución prefirió gastar casi $40 millones en «reutilizar» equipos Cisco que ya están en proceso de obsolescencia, en lugar de adquirir equipos nuevos y más baratos de Nokia. El contrato se estimó en ₡20.200 millones ($39,9 millones). ¿Por qué pagar precios de equipo nuevo por tecnología obsoleta?

4. CONVERSIÓN IRREGULAR DE LICITACIÓN ABIERTA A CONTRATO DIRECTO

Lo que inició como un proceso de licitación abierta y competitiva fue convertido en una «contratación directa por excepción» con un solo proveedor (Cisco), violentando los principios de transparencia y libre competencia. La Sala Constitucional tuvo que intervenir para forzar al ICE a reconocer las reuniones confidenciales que pretendía ocultar.

5. PATRÓN DE FAVORITISMO SISTEMÁTICO

Las revelaciones muestran un patrón preocupante, muchos de ellos replicados en la licitación de 5G:

  • Reuniones secretas con un proveedor específico (Cisco)
  • Participación de actores externos (Embajada de los Estados Unidos y Casa Presidencial).
  • Descarte de opciones más económicas sin justificación técnica válida.
  • Declaración de confidencialidad para ocultar información pública.
  • Contratación directa que evita competencia.
  • Una discriminación hacia empresas chinas.

Ante este escenario preocupante, desde la ANEP exigimos una investigación inmediata por parte de la Contraloría General de la República sobre todo el proceso de contratación, la anulación del contrato directo con Cisco, la apertura de una licitación pública transparente, la publicación completa de las actas de las reuniones sostenidas por jerarcas del ICE con Cisco y la Embajada de los Estados Unidos, explicación documentada de por qué se descartó la oferta más barata, que se investigue y se siente responsabilidades a los funcionarios que participaron en reuniones que pretendían fueran secretas, previo a la adjudicación y que la Fiscalía intervenga para determinar si hubo tráfico de influencias o corrupción.

El ICE es patrimonio del pueblo costarricense, no puede ser usado para favorecer intereses particulares o agendas externas mediante procesos opacos que cuestan millones al erario público.

Autoridades del PANI confirman a la ANEP que no existe intención de eliminar nombramientos tras informe de auditoría

Tras informe de auditoría interna, ANEP se reúne con la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Administración y Recursos Humanos del PANI.

Nuestra organización llama a la calma y reafirma la estabilidad laboral del personal del PANI

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa que, tras sostener una reunión con la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), así como con la Gerencia de Administración, la Gerencia Técnica y Recursos Humanos, se confirmó de manera expresa que no existe ninguna disposición, directriz ni intención institucional de anular nombramientos en propiedad, ni de aplicar medidas que pongan en riesgo la estabilidad laboral, los derechos adquiridos o los salarios de las 322 personas trabajadoras mencionadas en el reciente informe de auditoría interna.

Durante el encuentro, las autoridades del PANI aseguraron a la ANEP que los actos administrativos de nombramiento se mantienen plenamente vigentes y válidos, y que actualmente la Administración realiza un análisis técnico y jurídico de los antecedentes, criterios y normativa aplicable, con el fin de determinar con precisión los alcances del informe.

Desde la ANEP se reafirmó que la organización mantiene una posición firme en defensa de la estabilidad y los derechos laborales del personal del PANI, y que acompañará a las personas trabajadoras durante todo este proceso, velando porque cualquier revisión institucional se realice con estricto apego a la ley, al debido proceso y al respeto de los derechos adquiridos.

Jefrry Hernéndez Rojas, Asesor Sindical ANEP-PANI

Nuestra organización destacó además la apertura y disposición al diálogo mostradas por la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Técnica, así como la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, al brindar aclaraciones que contribuyen a llevar tranquilidad al personal que diariamente trabaja con compromiso en la protección de la niñez y adolescencia del país.

Finalmente, la ANEP reiteró que el Patronato Nacional de la Infancia no solo tiene la misión de proteger los derechos de la niñez, sino también la responsabilidad de garantizar los derechos laborales de quienes hacen posible esa labor esencial para Costa Rica.

La representación de la ANEP en la reunión estuvo a cargo de Roy Chaverri Chacón, Secretario Adjunto, y Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical en el PANI, quienes reafirmaron el compromiso de la organización con la defensa del personal institucional.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Seccional ANEP–PPM rechaza el proyecto de ley Expediente N.º 24.801 “Ley que habilita a la Policía Profesional de Migración y Extranjería para aplicar notificaciones judiciales”

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración (PPM) manifiesta su oposición formal al proyecto de ley Expediente N.º 24.801, presentado en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, que pretende autorizar a la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) para realizar notificaciones judiciales.

*Razones del rechazo*

1. Falta de recursos y personal: La PPME cuenta con apenas 515 oficiales para todo el país, número insuficiente para atender la alta demanda migratoria y las crecientes funciones asignadas.

2. Ausencia de capacitación judicial: Muchos oficiales no han recibido ni siquiera el curso básico policial, por lo que delegarles notificaciones judiciales —que requieren formación procesal— podría generar errores y nulidades legales.

3. Sin financiamiento ni coordinación: El proyecto no contempla presupuesto, personal adicional, ni coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), lo que pone en riesgo su aplicación práctica.

4. Duplicidad de funciones con el Poder Judicial: Ya existen las Oficinas Centralizadas de Notificaciones (OCN), encargadas legalmente de estas tareas. Lo que se requiere es reforzar dichas oficinas, no trasladar responsabilidades judiciales a un cuerpo policial migratorio.

*Impacto negativo*
Para la seccional de ANEP-PPM asignar nuevas funciones sin fortalecer la estructura de la Policía de Migración agravará la sobrecarga laboral, aumentará el riesgo jurídico y afectará la seguridad operativa de los oficiales.

Desde la seccional se instalaron a los diputados y diputadas apoyar el Expediente N.º 24.134, impulsado junto a la diputada Gloria Navas, que busca fortalecer la estructura, recursos y profesionalización de la PPME, garantizando un servicio más eficiente, seguro y especializado.


La seccional Insta a los diputados y diputadas  rechazar el Expediente N.º 24.801 y a priorizar una reforma integral que atienda los verdaderos problemas estructurales del sistema migratorio costarricense.

Fortalecer la Policía Profesional de Migración no significa recargarla, sino dotarla de recursos, capacitación y respaldo legal.

Fiscalía de Probidad investiga denuncia de la ANEP sobre irregularidades en el manejo de los inventarios de la CCSS

Esta denuncia de la ANEP, es una ampliación de la presentada en junio anterior por la implementación del Sistema ERP SAP y todas sus afectaciones logísticas y económicas a la institución, y obedece a las falsas palabras y calumnias del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, realizadas durante la inauguración del Ebais de San Rafael Arriba de Desamparados.

Sala Constitucional declara con lugar recurso de amparo interpuesto por ANEP contra el PANI por violación al derecho de petición y pronta respuesta

• La Sala Constitucional reafirma la obligación del PANI de responder solicitudes de información en tiempo y forma, conforme a la Constitución y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

• Este fallo establece un precedente clave en la defensa de los derechos sindicales y la transparencia institucional, frente a la omisión de la Administración Pública.


San José, 18 de setiembre de 2025 – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa que, mediante resolución notificada el 12 de setiembre de 2025, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por esta organización sindical contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por la violación al derecho de petición y pronta respuesta.


El recurso surgió a raíz de la falta de contestación oportuna a una gestión presentada el 23 de mayo de 2025, enviada al correo oficial de la Presidencia Ejecutiva del PANI. En dicha gestión, la ANEP solicitó información institucional de carácter general relacionada con el lamentable fallecimiento de un niño de 8 años, específicamente para confirmar si existía o no un expediente abierto, cuáles tipologías generales de situaciones habrían sido atendidas (por ejemplo: presunta negligencia, maltrato físico o abuso emocional) y cuál Oficina Local o Dirección Regional del PANI habría tenido conocimiento o seguimiento del caso. La ANEP aclaró expresamente que no se requerían datos sensibles, confidenciales ni identificaciones de personas menores de edad, garantizando el respeto absoluto al principio de confidencialidad.


La Sala Constitucional determinó que la Administración está obligada a responder este tipo de solicitudes dentro del plazo de diez días hábiles, según lo disponen la Constitución Política, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la Ley de Regulación del Derecho de Petición N.° 9097. Dicha normativa establece expresamente que este derecho es susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo, cuando las actuaciones u omisiones de la Administración afecten los derechos fundamentales del solicitante. El incumplimiento de esta obligación constituye, por tanto, una vulneración de derechos fundamentales.


Como resultado de este fallo, la ANEP pudo obtener la información institucional solicitada, confirmando que la persona menor de edad fallecida contaba con antecedentes de atención por parte del PANI. Esta información se proporcionó de manera general, respetando la confidencialidad y los derechos de intimidad de la persona menor de edad y su familia.


Aunque el fallo no impuso condenatoria en costas, daños y perjuicios, reafirma la obligación del PANI y de toda la Administración Pública de garantizar el derecho de petición y brindar pronta respuesta. Este caso evidencia que, ante la falta de cumplimiento de estas obligaciones por parte de la institución, es necesario recurrir a recursos de amparo para obtener respuestas.


Este fallo constituye un precedente importante en la lucha sindical. Casos como este son solo uno de los muchos en los que el PANI no brinda respuesta oportuna a las solicitudes planteadas, obligando a recurrir a la vía del recurso de amparo para garantizar el cumplimiento de lo que establece la ley. La ANEP reafirma su compromiso de continuar interponiendo recursos de amparo ante la omisión de la institución de otorgar información, en defensa del derecho de petición y de la transparencia institucional.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Caso Barrenador sigue más vivo que nunca

Unidad especializada de la CCSS ratifica “nulidad evidente, absoluta y manifiesta” de licitación relacionada con el Caso Barrenador

La Dirección Jurídica de la CCSS explicó que la Junta Directiva declaró la lesividad en nueve de los contratos, al adolecer de vicios de nulidad y dispuso el inicio del respectivo proceso judicial.

El criterio de los funcionarios del CIPA ratifica la resolución de la CGR del 17 de octubre del 2024, en la cual se declaró la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la partida tres, y se llamó a la administración a analizar si en las demás partidas se encontraba presente el mismo vicio.

Compartimos el documento

Caso Barrenador sigue más vivo que nunca by EugenioGuerrero

ANEP denuncia directriz del IAFA que deja a poblaciones vulnerables sin tratamiento farmacológico

• Decisión abrupta afecta a población vulnerable y rompe con el enfoque histórico de derechos y atención integral del IAFA.

• La ANEP exige reversión inmediata, plan de contingencia y transparencia en la rendición de cuentas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente la directriz emitida por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el pasado 21 de agosto de 2025, mediante el oficio AT-0253-08-2025, en la que se instruye que las personas usuarias que no cuenten con aseguramiento vigente no podrán recibir prescripción de medicamentos como parte de su tratamiento.

El oficio, firmado por Wendy Castro Castro, Coordinadora del Área Técnica del IAFA, fue dirigido al Dr. Oswaldo Aguirre Retana (Encargado Casa Jaguar), al Dr. Douglas Mata Pernudi (Encargado Organismos Regionales) y a la Dra. Delma Vaglio Zonta (Encargada Proceso Atención a Pacientes). En él se establece textualmente: “Se les dará la atención correspondiente, pero no se les podrá prescribir tratamiento farmacológico, esto debido a lo establecido en la Normativa de la Caja Costarricense del Seguro Social y los Lineamientos vigentes”.

Esta decisión fue comunicada de manera abrupta, sin un plan remedial y sin prever las consecuencias en la población usuaria. Se trata de un golpe directo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, quienes históricamente han encontrado en el IAFA un espacio de atención integral y de defensa de derechos, independientemente de su condición de aseguramiento.

Negar medicamentos a personas con enfermedades crónicas vinculadas a la dependencia de sustancias interrumpe tratamientos esenciales, incrementa el riesgo de recaídas y expone a los pacientes a consecuencias irreversibles. Esta medida también socava la confianza en una institución que, durante décadas, se ha caracterizado por su enfoque de derechos y atención centrada en la persona. Asimismo, coloca a los profesionales de la salud en un dilema ético y técnico, al obligarlos a prescribir tratamientos cuya continuidad no puede garantizarse.

Este tipo de decisiones administrativas, implementadas de manera imprevista y sin transparencia, reflejan una práctica recurrente en algunas instituciones públicas, donde los procedimientos burocráticos prevalecen por encima de la protección de los derechos fundamentales. En el caso del IAFA, el impacto es aún más grave, porque se trata de una población con necesidades de atención inmediata y continua, cuya salud y bienestar no pueden depender de trámites administrativos.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades del IAFA, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud:

  1. La reversión inmediata de esta directriz y la restitución del acceso a medicamentos para todas las personas usuarias, sin distinción de aseguramiento.
  2. La implementación de un plan de contingencia urgente que garantice la continuidad de los tratamientos crónicos y evite interrupciones que puedan afectar la salud y la recuperación de los pacientes.
  3. Transparencia y rendición de cuentas sobre los responsables de este cambio abrupto y sobre las posibles consecuencias que su aplicación pueda generar.

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental. El IAFA no puede ni debe convertirse en un espacio de exclusión. La ANEP reafirma su compromiso de defender el acceso universal y digno a la salud, y no permitirá que las personas más vulnerables paguen el costo de decisiones administrativas arbitrarias.

Directriz emitida por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el pasado 21 de agosto de 2025, mediante el oficio AT-0253-08-2025

Carta abierta de parte de la ANEP para el diputado Alejandro Pacheco Castro Asamblea Legislativa

Estimado señor:

El Proyecto de Ley N°24.103 que usted presentó a la Asamblea Legislativa, con el pomposo nombre de “PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA FLEXIBILIZACIÓN DE MICROCRÉDITO”, tiene la trampa de encarecer todo el crédito que hoy está colocado a tasas del 36,65% y llevarlo al 51,74%; para todos aquellos préstamos que estén en la franja de los ¢686.000 a los ¢1.382.000, los cuales dejarán de ser crédito regular y pasarán a llamarse microcrédito.

Eso es que, todas aquellas personas que hoy tengan un crédito comercial por electrodomésticos, en una financiera, en una casa de empeño, en una garrotera, etc., se les encarecerá 15 puntos porcentuales la tasa de interés; y, al generarse un aumento vulgar de la cuota de pago, caerán en morosidad. Las garroteras estarán felices porque si el crédito en la franja que se encarecerá fuera ¢200.000 millones (cifra muy probable), se embolsarían ¢30.000 millones en los próximo 12 meses.

Don Alejandro: Nos parece sumamente comprometedor que usted también haya presentado el Proyecto N° 23410, “LEY DE PROCEDIMIENTOS DE COBRO EN SEDE NOTARIAL”, que no es más que permitirles a las garroteras que se adjudiquen los bienes de los deudores, desde el despacho de un abogado, sin ir a donde un juez que imparta justicia.

Diputado Pacheco: No se vale seguir golpeando a los más débiles de este país pensando en favorecer intereses cercanos.

Pero, además, se promueve usted como firmante del Proyecto N° 23101, “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO COMO FOMENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FINANCIERA EN COSTA RICA”, que pretende subir las tasas topes de la usura a cifras cercanas al 90 %. Esto ya es vergonzoso y muestra sus claras pretensiones de beneficiar garroteras a toda costa.

Es bien sabido que su familia ha estado en el negocio de los préstamos de dinero por muchos años. Por esto ANEP le solicita a usted renunciar a la promoción de tales nefastas iniciativas anti-obreras; igualmente con gran vehemencia le pedimos a la actual Asamblea Legislativa no tramitar sus iniciativas, exhortándole a que nos desmienta en cuanto a nuestra afirmación de que usted está inmerso en un gran conflicto de interés.

Como habrá notado, esta carta también está remitiéndose a la Procuraduría de la Ética para que proceda con lo de su competencia, investigando y/o denunciando lo que corresponda.

Solo para recordarle que, según los diarios nacionales e internacionales, su padre, don Ovidio Pacheco Salazar, debió dejar el cargo de Ministro de Obras Públicas y Transportes, por tener una empresa financiera que cobraba altos intereses a una comunidad rural.

Tras denuncia de ANEP, Contraloría confirma que fideicomiso del PANI no construyó ninguna de las 38 obras previstas

ANEP presentó la denuncia en enero de 2025, también lo hizo ante el Ministerio Público.

CGR confirma irregularidades señaladas por ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó en enero de este año ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, mediante el oficio S.G. 21-25-3508-25, una denuncia por presuntas irregularidades en la suspensión del fideicomiso suscrito entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

La denuncia fue recibida por la Contraloría bajo el número de expediente CGR-ADIN-2025001339. Así consta en el oficio remitido a la ANEP, donde se señala que: “Este Órgano Contralor recibió su documento ingresado con el número 1246-2025 mediante el cual denuncia al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en el Fideicomiso PANI-BNCR, incluyendo la suspensión injustificada del contrato, omisión en la presentación de informes técnicos y financieros, deficiencias en la gestión de la información presupuestaria”.

El pasado jueves, la Contraloría presentó el resultado de la auditoría realizada, confirmando los señalamientos planteados por la ANEP.

 El informe indica que “a pesar de contar con un fideicomiso con 15.000 millones y 38 necesidades de infraestructura identificadas desde el año 2018, no se concretó ninguna de estas obras y el 60,2 % de los recursos ejecutados se destinó principalmente a gastos administrativos, mientras que actualmente el 89,5 % de las necesidades persisten”.

Entre los hallazgos más relevantes, el informe señala:

  • Un 43% de las oficinas locales del PANI se encuentran en estado físico “regular o crítico”.
  • El 25% de los albergues presentan ocupación por encima de su capacidad.
  • El 56% de los inmuebles de la institución son alquilados.
  • “Al año 2025, 8 de 32 albergues y aldeas, y 18 de 54 oficinas locales presentan sobreocupación. Aunado a ello, 20 de 54 oficinas locales y 15 de 32 albergues y aldeas valoró como ‘inadecuada’ o ‘totalmente inadecuada’, la infraestructura del inmueble en el que se labora para atender las necesidades de las personas menores de edad y la correcta prestación del servicio”.

La Contraloría también subrayó que “luego de cinco años se dio por finalizado mediante un ‘Acuerdo amistoso’ suscrito entre el PANI y el BNCR en el año 2024”, sin justificación técnica, económica ni legal que respaldara la decisión.

El informe agrega que faltó una evaluación inicial seria de capacidades, riesgos y costo-beneficio que justificara la figura fiduciaria y garantizara resultados. Asimismo, el portafolio de obras no se sustentó en una gobernanza que permitiera priorizar, pausar o sustituir proyectos con base en valor público.

En cuanto a medidas correctivas, la Contraloría ordenó al PANI:

  • Presentar a más tardar en enero de 2026 una certificación que acredite el establecimiento de un portafolio formal de proyectos de infraestructura, incluyendo obra nueva, mantenimiento, remodelación y ampliaciones.
  • Entregar dos informes de avance sobre la implementación de dicho portafolio: el primero el 30 de junio de 2026 y el segundo el 29 de enero de 2027.

En la denuncia presentada, la ANEP solicitó: “Que se realice una auditoría integral sobre la ejecución del presupuesto asignado al fideicomiso, y sobre los informes presupuestarios no remitidos al Sistema SIPP. Además, se deberá auditar la correcta implementación de los procedimientos internos del PANI para la gestión de los recursos públicos en este contrato”.

La ANEP confirma que también presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de referencia SICE FGR-127-2025, señalando la posible existencia de responsabilidades administrativas y penales derivadas de la gestión del fideicomiso.

AyA ya pago más de $16 millones de dólares a la empresa Consorcio Aguas De Escazú encargada de reestructuración fallida

ANEP denuncia: improvisación, corrupción técnica y despilfarro en AyA.

La Dirección Jurídica de AyA y el MOPT evidencian que este proceso fue llevado a cabo sin el conocimiento técnico pues ambos detallan las inconsistencias de esa propuesta.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), alerta sobre la grave crisis que atraviesa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Una institución clave para garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, y que, al día de hoy, se encuentra en riesgo debido a decisiones improvisadas, reestructuraciones irregulares y contrataciones opacas que afectan su sostenibilidad y la prestación del servicio público.

La reestructuración institucional promovida por el expresidente ejecutivo Juan Manuel Quesada y la Gerente General, Alejandra Mora, ha sido calificada como un “show político”. Además de no contar con sustento técnico ni legal

Según un reciente informe de Acueductos y Alcantarillados en  atención al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0264-2025, solicitado por el diputado, Ariel Robles, luego de las denuncias de la Seccional ANEP-AyA, al Consorcio   Aguas De Escazú GOTY S.A., ya se le han girado más de 16 millones de dólares por el Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética (RANC-EE) y la reestructuración en la institución, en el marco del contrato de préstamo BCIE 2129.

“Los servicios del Consultor se adjudicaron inicialmente por un monto de 16.695.083,01 USD. Originalmente, estos servicios eran financiados 100% con fondos externos (préstamo 2129 del BCIE y hasta 1.7 millones de EUR de aporte financiero no reembolsable para medidas complementarias del Programa de Agua y Alcantarillado en Centroamérica II (MC RANC-EE)). Posteriormente, mediante el quinto adicional al contrato, se aprobó una ampliación del presupuesto en un 50%, lo que representa un adicional de US$ 8,347,541.50, ampliación que se financia con fondos de AyA”, indica el informe.

El caso Consorcio Aguas de Escazú: corrupción técnica y despilfarro

Para la seccional ANEP-AyA la contratación del consorcio Aguas de Escazú constituye un ejemplo claro de despilfarro y gestión irregular de fondos públicos:

•          Contratación con irregularidades técnicas y administrativas.

•          Sobreprecios injustificados que elevan el costo de los proyectos sin justificación.

•          Ejecución deficiente, sin mejoras sustanciales en el servicio.

•          Pagos millonarios sin resultados concretos: Se han girado 16 millones de dólares, sin que se evidencien beneficios para la institución ni para la ciudadanía.

•          Impacto en los usuarios: Cada colón malgastado se traslada indirectamente a la tarifa del servicio.

•          Conflicto de competencias: La empresa recibió la responsabilidad de proponer una reestructuración institucional sin acreditar experiencia en este tipo de procesos.

Este caso refleja un despilfarro sistemático de fondos públicos, donde empresas privadas se enriquecen mientras los servicios esenciales se precarizan. A pesar de ello, las máximas autoridades, incluyendo la Gerente General Alejandra Mora y la Subgerente María José Castillo, mantienen sus cargos sin rendir cuentas.

MOPT también rechaza reorganización

Primero la Dirección Jurídica de AyA, y ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ente rector de AyA,  evidencian que este proceso fue llevado a cabo sin el conocimiento técnico pues ambos detallan las inconsistencias de esa propuesta.

El oficio CARTA-MOPT-DM-2025-1652, suscrito por el ministro de Obras Públicas y Transportes,  Efraím Zeledón, deniega el aval sectorial y confirma múltiples deficiencias de la propuesta de reestructuración, entre ellas:

•          Carencia de análisis de plazas: No se detalla cuántos puestos se crean, eliminan o modifican, ni cómo se reubicaría al personal.

•          Cifras contradictorias: El documento indica 4.354 plazas, mientras que los cuadros internos suman solo 4.045.

•          Violación al debido proceso laboral: No se consultó a los funcionarios afectados, incumpliendo garantías constitucionales.

•          Incoherencias estructurales: Se afirma que no se crean nuevas dependencias, pero los cuadros presentan nuevas estructuras.

•          Ausencia de misión y visión oficiales: Debilita la coherencia institucional y la planificación estratégica.

•          Financiamiento opaco: No se cumplen los requisitos del Decreto Ejecutivo N°41162-H; no se especifican costos asociados a reubicaciones, eliminaciones o traslados de personal.

•          Falta de pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional, requisito obligatorio para la aprobación de cualquier reestructuración.

Para la ANEP y su seccional en AyA, ya es más que evidente que la reorganización en AyA constituye un ejemplo claro de despilfarro, improvisación  y gestión irregular de fondos públicos. Por  lo que los responsables deben asumir las consecuencias de este nefasto proyecto.  

San José, Costa Rica, 2 de setiembre de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)