Tras denuncia de ANEP, Contraloría confirma que fideicomiso del PANI no construyó ninguna de las 38 obras previstas

ANEP presentó la denuncia en enero de 2025, también lo hizo ante el Ministerio Público.

CGR confirma irregularidades señaladas por ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó en enero de este año ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, mediante el oficio S.G. 21-25-3508-25, una denuncia por presuntas irregularidades en la suspensión del fideicomiso suscrito entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

La denuncia fue recibida por la Contraloría bajo el número de expediente CGR-ADIN-2025001339. Así consta en el oficio remitido a la ANEP, donde se señala que: “Este Órgano Contralor recibió su documento ingresado con el número 1246-2025 mediante el cual denuncia al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en el Fideicomiso PANI-BNCR, incluyendo la suspensión injustificada del contrato, omisión en la presentación de informes técnicos y financieros, deficiencias en la gestión de la información presupuestaria”.

El pasado jueves, la Contraloría presentó el resultado de la auditoría realizada, confirmando los señalamientos planteados por la ANEP.

 El informe indica que “a pesar de contar con un fideicomiso con 15.000 millones y 38 necesidades de infraestructura identificadas desde el año 2018, no se concretó ninguna de estas obras y el 60,2 % de los recursos ejecutados se destinó principalmente a gastos administrativos, mientras que actualmente el 89,5 % de las necesidades persisten”.

Entre los hallazgos más relevantes, el informe señala:

  • Un 43% de las oficinas locales del PANI se encuentran en estado físico “regular o crítico”.
  • El 25% de los albergues presentan ocupación por encima de su capacidad.
  • El 56% de los inmuebles de la institución son alquilados.
  • “Al año 2025, 8 de 32 albergues y aldeas, y 18 de 54 oficinas locales presentan sobreocupación. Aunado a ello, 20 de 54 oficinas locales y 15 de 32 albergues y aldeas valoró como ‘inadecuada’ o ‘totalmente inadecuada’, la infraestructura del inmueble en el que se labora para atender las necesidades de las personas menores de edad y la correcta prestación del servicio”.

La Contraloría también subrayó que “luego de cinco años se dio por finalizado mediante un ‘Acuerdo amistoso’ suscrito entre el PANI y el BNCR en el año 2024”, sin justificación técnica, económica ni legal que respaldara la decisión.

El informe agrega que faltó una evaluación inicial seria de capacidades, riesgos y costo-beneficio que justificara la figura fiduciaria y garantizara resultados. Asimismo, el portafolio de obras no se sustentó en una gobernanza que permitiera priorizar, pausar o sustituir proyectos con base en valor público.

En cuanto a medidas correctivas, la Contraloría ordenó al PANI:

  • Presentar a más tardar en enero de 2026 una certificación que acredite el establecimiento de un portafolio formal de proyectos de infraestructura, incluyendo obra nueva, mantenimiento, remodelación y ampliaciones.
  • Entregar dos informes de avance sobre la implementación de dicho portafolio: el primero el 30 de junio de 2026 y el segundo el 29 de enero de 2027.

En la denuncia presentada, la ANEP solicitó: “Que se realice una auditoría integral sobre la ejecución del presupuesto asignado al fideicomiso, y sobre los informes presupuestarios no remitidos al Sistema SIPP. Además, se deberá auditar la correcta implementación de los procedimientos internos del PANI para la gestión de los recursos públicos en este contrato”.

La ANEP confirma que también presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de referencia SICE FGR-127-2025, señalando la posible existencia de responsabilidades administrativas y penales derivadas de la gestión del fideicomiso.

AyA ya pago más de $16 millones de dólares a la empresa Consorcio Aguas De Escazú encargada de reestructuración fallida

ANEP denuncia: improvisación, corrupción técnica y despilfarro en AyA.

La Dirección Jurídica de AyA y el MOPT evidencian que este proceso fue llevado a cabo sin el conocimiento técnico pues ambos detallan las inconsistencias de esa propuesta.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), alerta sobre la grave crisis que atraviesa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Una institución clave para garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, y que, al día de hoy, se encuentra en riesgo debido a decisiones improvisadas, reestructuraciones irregulares y contrataciones opacas que afectan su sostenibilidad y la prestación del servicio público.

La reestructuración institucional promovida por el expresidente ejecutivo Juan Manuel Quesada y la Gerente General, Alejandra Mora, ha sido calificada como un “show político”. Además de no contar con sustento técnico ni legal

Según un reciente informe de Acueductos y Alcantarillados en  atención al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0264-2025, solicitado por el diputado, Ariel Robles, luego de las denuncias de la Seccional ANEP-AyA, al Consorcio   Aguas De Escazú GOTY S.A., ya se le han girado más de 16 millones de dólares por el Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética (RANC-EE) y la reestructuración en la institución, en el marco del contrato de préstamo BCIE 2129.

“Los servicios del Consultor se adjudicaron inicialmente por un monto de 16.695.083,01 USD. Originalmente, estos servicios eran financiados 100% con fondos externos (préstamo 2129 del BCIE y hasta 1.7 millones de EUR de aporte financiero no reembolsable para medidas complementarias del Programa de Agua y Alcantarillado en Centroamérica II (MC RANC-EE)). Posteriormente, mediante el quinto adicional al contrato, se aprobó una ampliación del presupuesto en un 50%, lo que representa un adicional de US$ 8,347,541.50, ampliación que se financia con fondos de AyA”, indica el informe.

El caso Consorcio Aguas de Escazú: corrupción técnica y despilfarro

Para la seccional ANEP-AyA la contratación del consorcio Aguas de Escazú constituye un ejemplo claro de despilfarro y gestión irregular de fondos públicos:

•          Contratación con irregularidades técnicas y administrativas.

•          Sobreprecios injustificados que elevan el costo de los proyectos sin justificación.

•          Ejecución deficiente, sin mejoras sustanciales en el servicio.

•          Pagos millonarios sin resultados concretos: Se han girado 16 millones de dólares, sin que se evidencien beneficios para la institución ni para la ciudadanía.

•          Impacto en los usuarios: Cada colón malgastado se traslada indirectamente a la tarifa del servicio.

•          Conflicto de competencias: La empresa recibió la responsabilidad de proponer una reestructuración institucional sin acreditar experiencia en este tipo de procesos.

Este caso refleja un despilfarro sistemático de fondos públicos, donde empresas privadas se enriquecen mientras los servicios esenciales se precarizan. A pesar de ello, las máximas autoridades, incluyendo la Gerente General Alejandra Mora y la Subgerente María José Castillo, mantienen sus cargos sin rendir cuentas.

MOPT también rechaza reorganización

Primero la Dirección Jurídica de AyA, y ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ente rector de AyA,  evidencian que este proceso fue llevado a cabo sin el conocimiento técnico pues ambos detallan las inconsistencias de esa propuesta.

El oficio CARTA-MOPT-DM-2025-1652, suscrito por el ministro de Obras Públicas y Transportes,  Efraím Zeledón, deniega el aval sectorial y confirma múltiples deficiencias de la propuesta de reestructuración, entre ellas:

•          Carencia de análisis de plazas: No se detalla cuántos puestos se crean, eliminan o modifican, ni cómo se reubicaría al personal.

•          Cifras contradictorias: El documento indica 4.354 plazas, mientras que los cuadros internos suman solo 4.045.

•          Violación al debido proceso laboral: No se consultó a los funcionarios afectados, incumpliendo garantías constitucionales.

•          Incoherencias estructurales: Se afirma que no se crean nuevas dependencias, pero los cuadros presentan nuevas estructuras.

•          Ausencia de misión y visión oficiales: Debilita la coherencia institucional y la planificación estratégica.

•          Financiamiento opaco: No se cumplen los requisitos del Decreto Ejecutivo N°41162-H; no se especifican costos asociados a reubicaciones, eliminaciones o traslados de personal.

•          Falta de pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional, requisito obligatorio para la aprobación de cualquier reestructuración.

Para la ANEP y su seccional en AyA, ya es más que evidente que la reorganización en AyA constituye un ejemplo claro de despilfarro, improvisación  y gestión irregular de fondos públicos. Por  lo que los responsables deben asumir las consecuencias de este nefasto proyecto.  

San José, Costa Rica, 2 de setiembre de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Fallo del Tribunal Contencioso sobre adjudicación de EBAIS sacrifica la salud pública

ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes

La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.

El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.

Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.

La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.

Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.

1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.

2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.

3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.

4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.

En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.

Proyectos estratégicos bajo la sombra de la opacidad en el ICE

En un Estado Social y Democrático de Derecho, toda actuación de la Administración Pública debe regirse por el principio de legalidad, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que obliga a los funcionarios a actuar conforme a la ley y únicamente dentro de las competencias expresamente atribuidas. A ello se suman los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad de trato y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

No obstante, recientes acontecimientos vinculados con proyectos estratégicos en el sector de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han encendido las alarmas por aparentes violaciones a dichos principios, mostrando un preocupante patrón de improvisación, falta de claridad técnica y debilidad en los procesos de planificación y contratación.

El primer ejemplo es el despliegue de la red 5G, un proyecto que debería posicionar al país en la vanguardia tecnológica. Sin embargo, lo que se observa es una gestión fragmentada, marcada por indefiniciones, retrasos y discursos ambiguos que generan dudas sobre la neutralidad tecnológica y la objetividad de quienes dirigen este proceso. El incumplimiento del principio de transparencia y la ausencia de información clara sobre los plazos y mecanismos de implementación generan inseguridad jurídica tanto en los usuarios como en eventuales oferentes.

En segundo término, el proyecto denominado “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco” despierta serias inquietudes sobre la pertinencia de sus lineamientos técnicos y la correcta aplicación del régimen de contratación administrativa. La reiterada selección de una marca específica sin que medien justificaciones sólidas abre la puerta a cuestionamientos sobre la violación del principio de igualdad de oportunidades para todos los potenciales oferentes, limitando la libre participación en los concursos públicos.

Finalmente, la más reciente problemática se dio con los enlaces internacionales, situación que evidenció la fragilidad de la operación y la falta de previsión de la administración superior. Aquí surgen serios cuestionamientos que demandan respuesta inmediata:

¿Dónde se encuentra la contratación que avala la entrada en funcionamiento de los nuevos enlaces?

¿Qué procedimiento administrativo y bajo cuál modalidad de contratación se realizó dicha adquisición?

¿Constituye esta denominada “capacidad transitoria” una maniobra para condicionar el mercado y orientar posteriormente una licitación pública a favor de un determinado proveedor?

Estas interrogantes no son simples especulaciones, al contrario, apuntan directamente al cumplimiento de la normativa de Contratación Pública, que obliga a la administración a velar por la transparencia, la concurrencia y la selección objetiva. De confirmarse que la actual administración incurrió en un condicionamiento artificial de futuros concursos, se podría estar ante un escenario de una posible nulidad absoluta de los actos administrativos involucrados, con las consecuencias patrimoniales y de responsabilidad personal que ello implica, según lo establece la Ley General de Administración Pública.

La ciudadanía, los usuarios y los propios trabajadores del ICE merecen claridad y garantías de que los recursos públicos no están siendo administrados bajo esquemas de conveniencia o de interés particular. El principio de eficiencia obliga a que las adquisiciones respondan a necesidades reales, debidamente planificadas y con la mejor relación costo-beneficio. Sin embargo, lo que hoy se observa es lo contrario; proyectos estratégicos empañados por falta de transparencia, improvisación y decisiones adoptadas al margen de los principios rectores del ordenamiento jurídico costarricense.

Por todo lo anterior, se hace un llamado urgente a la Contraloría General de la República, como órgano de control superior de la Hacienda Pública, para que, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, abra de oficio los procedimientos de fiscalización e investigación que correspondan. Resulta imprescindible determinar si las intenciones de compra y los proyectos aquí señalados han cumplido con los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y libre concurrencia, o si, por el contrario, se han materializado prácticas que comprometan la responsabilidad administrativa, civil o incluso penal de quienes han tomado las decisiones.

El ICE, institución histórica del desarrollo nacional, no puede continuar en un rumbo de improvisación y opacidad. El país requiere respuestas claras, inmediatas y verificables.

★ SOMOS ANEP, SOMOS USTED ★

Dirección Jurídica de AyA confirma denuncias de ANEP sobre inviabilidad de reorganización en la institución

-Para nuestra organización esta propuesta obedeció a un show político presidido por Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo y apoyado por Alejandra Mora, Gerente General

El criterio PRE-J-2025-03057 de la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  (AyA), respalda plenamente las advertencias que la ANEP,  y su seccional ANEP-AyA han expuesto ante la opinión pública, Asamblea Legislativa y otras instancias,  sobre la propuesta de reorganización institucional parcial presentada en el Estudio Técnico de Julio 2025.

 Ambos pronunciamientos coinciden en que la reorganización carece de sustento legal, técnico y operativo, y que su ejecución en el estado actual pondría en riesgo la estabilidad institucional, el servicio público y la seguridad jurídica, tal y como ha venido advirtiendo la seccional ANEP-AyA

Confirmaciones clave de los informes de Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica del AyA concluye que el acuerdo de Junta Directiva 2025-200, mediante el cual se aprobó la reestructuración institucional, adolece de nulidad absoluta, evidente y manifiesta por incumplir requisitos esenciales para la validez de un acto administrativo, según la Ley General de la Administración Pública y la doctrina administrativa.

Dentro de las conclusiones de la Dirección Jurídica se encuentran:

1.Deficiencias en la motivación y justificación

• El acuerdo carece de información técnica mínima necesaria (estudios, informes y análisis) para fundamentar el organigrama aprobado.

• La motivación se limita a citar normas procedimentales, sin desarrollar contenido, motivo y fin del acto administrativo.

• Esta omisión genera vicio por exceso de poder, afectando la proporcionalidad y el interés público.

2. Violaciones a normativa general vinculante

La propuesta elimina, rebaja de jerarquía o modifica de forma indebida dependencias cuya existencia y ubicación están protegidas por leyes y reglamentos:

• Dirección de Igualdad de Género e Interculturalidad → desaparece y se diluye en Capital Humano, lo que implica retroceso en materia de derechos humanos y compromisos internacionales.

• Contraloría de Servicios → cambio de nombre y funciones que genera confusión y contradice la Ley N.° 9158.

• Oficina de Cooperación Internacional → desintegrada, contraviniendo el Reglamento del Art. 11 de la Ley de Planificación Nacional.

• Oficina de Control Interno → no se ubica a nivel de jerarca, incumpliendo la Ley General de Control Interno.

• Laboratorio Nacional de Aguas → rebajado a nivel operativo, pese a su rol de rector nacional en calidad del agua.

• Dirección de Planificación Estratégica → trasladada de Presidencia Ejecutiva a Gerencia General, en contravención a la Ley de Planificación Nacional.

3. Debilitamiento de la Dirección Jurídica

• La propuesta desintegra áreas especializadas, elimina el principio de uniformidad de criterio legal y crea duplicidades e inseguridad jurídica.

• No se presenta evidencia técnica que justifique el cambio ni que demuestre deficiencias actuales.

• Se pone en riesgo la independencia de control de legalidad, por ejemplo, subordinando áreas legales a las mismas dependencias que deben fiscalizar (caso de Proveeduría y Contratación Administrativa).

Posición de ANEP

La ANEP reitera que la reorganización institucional planteada es inviable y perjudicial, y que representa un uso político y antitécnico de la gestión institucional.

Ante este escenario se solicita a las máximas autoridades de la institución:

• Suspender de inmediato su ejecución.

• Transparentar todos los gastos asociados a este proceso y la rendición de cuentas para los Jerarcas que estuvieron detrás de este proceso fallido.

• Iniciar un rediseño real y participativo, con respaldo técnico, legal y financiero, en beneficio de la institución y del servicio público.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO, SU GESTION DEBE MANTENERSE PUBLICA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

Sindicatos piden a Ministro del MOPT destitución del Director de la Policía de Tránsito

Un mensaje en conjunto fue entregado, el dia de ayer, por todos los sindicatos en la Policia de Tránsito a Efraím Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes, en el que se le da un plazo de ocho días para la destitución del actual director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Viquez. Para la seccional de ANEP es impostergable y no negociable el plazo, pues cada día el problema se agrava.

Esto debido a que su permanencia en el cargo va contraria a la paz laboral dentro de la institución. En especial, por las políticas arbitrarias, la mala planificación y gestión que ha generado un pésimo ambiente en este cuerpo policial.

A raíz de la situaciones que se han generado con Miranda Viquez, muchos oficiales han renunciado, generando un debilitamiento que se refleja en el servicio que se le da a la población.

Para la seccional de la ANEP es fundamental que la persona que dirige este cuerpo policial cumpla con los requisitos de ley y que genere acciones en beneficio de la población trabajadora y que esto se refleje en en el accionar operativo.

La seccional hace un llamado tanto a las personas afiliadas como a las que no son agremiadas a nuestros sindicatos a seguir manifestando su rechazo a las acciones y a la dirección de Oswaldo Miranda Viquez.

Los sindicatos acordaron que en caso de mantener en el puesto a Oswaldo Miranda Viquez, se tomarán otras medidas.

Declaraciones de Lizeth Quesada, Presidenta Seccional ANEP-Policía de Tránsito

Discrecionalidad, omisiones y doble discurso en Telecomunicaciones del ICE

En toda institución pública que se rija por el principio de legalidad, la aplicación del ordenamiento jurídico y las políticas internas debería ser uniforme, objetiva y ajena a favoritismos. Sin embargo, en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la realidad reciente deja entrever que la vara con la que se mide la conducta de sus funcionarios no siempre es la misma, lo que erosiona la confianza ciudadana y el sentido de equidad que debe imperar en la administración pública.

Mientras a algunos funcionarios se les pretendía iniciar un proceso de investigación por su asistencia a un evento de Huawei, trascendió que la actual gerente de telecomunicaciones, Leda Acevedo Zúñiga, fue designada en el cargo a pesar de haber participado en la mencionada actividad, tal como lo reveló Semanario Universidad. El contraste es evidente y plantea una pregunta incómoda, ¿por qué para unos la participación en un evento de un proveedor es causal de cuestionamiento disciplinario y para otros no sólo pasa inadvertida, sino que incluso, posterior a ello, se le “premia” con un nombramiento de alto mando.

Este patrón de “aplicación selectiva” de las normas se refleja también en otros frentes. *Hay voces que, con razón, exigen neutralidad tecnológica* y evitan la dependencia de un solo proveedor para la implementación de la red 5G. Sin embargo, *esas mismas voces guardan un silencio conveniente cuando se trata de la creciente dependencia tecnológica en la red de transporte IP a favor de la marca Cisco, algo huele muy feo.* Esta dependencia quedó plasmada en la intención de compra publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) bajo el rótulo “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco”, una situación que ya había sido advertida por nuestra organización sindical, pero que no ha motivado el mismo clamor público ni exigencias de transparencia en algunos que hace unos meses se rasgaban las vestiduras.

A lo anterior se suma una preocupación adicional, la reciente implementación de enlaces internacionales bajo la figura de “capacidad transitoria”, sin que el proceso se encuentre documentado en el SICOP. Esta maniobra podría abrir la puerta a una compra directa hacia finales de año, eludiendo así los principios de publicidad y libre concurrencia que exige la contratación administrativa. Más grave aún, estos enlaces han estado vinculados a fallos recientes reportados por los clientes, lo que no sólo plantea dudas de carácter administrativo y financiero, sino también operativas.

Estas situaciones no pueden desligarse de un problema estructural más profundo, la falta de idoneidad de varios mandos medios y de la propia administración superior en puestos estratégicos. Se han asignado responsabilidades críticas a personas cuya experiencia y capacidades técnicas no se alinean con las necesidades reales del sector de telecomunicaciones del ICE, lo que deriva en decisiones desacertadas, omisiones graves y una gestión incapaz de anticipar riesgos o reaccionar con eficacia ante crisis. Cuando se privilegia la cercanía política o personal por encima de la competencia técnica, la consecuencia directa es el deterioro de los servicios, el aumento de la dependencia tecnológica y la pérdida de competitividad.

En un escenario así, resulta legítimo y necesario exigir a la administración superior una explicación clara y documentada sobre cada uno de estos puntos. El ICE, como institución pública, no puede permitirse criterios discrecionales para aplicar sanciones, aprobar compras o justificar dependencias tecnológicas según convenga a determinados intereses internos, como pareciera está ocurriendo.

El principio de igualdad ante la Ley y la transparencia en la gestión pública no son eslóganes opcionales, son mandatos constitucionales.

Cuando la dirección de una empresa estatal se percibe selectiva en la aplicación de las reglas y complaciente en la designación de puestos clave, el daño trasciende lo interno y mina la credibilidad institucional ante la ciudadanía y el mercado.

Hoy, más que nunca, el ICE necesita coherencia y esa coherencia empieza por *aplicar las mismas reglas para todos y todas* y por garantizar que los puestos estratégicos estén ocupados por personas idóneas y competentes. Sin excepciones, sin silencios convenientes y sin balanzas torcidas.

*★ SOMOS ANEP, SOMOS USTED ★*

Concesionarios del PIMA-CENADA llevan a la Asamblea Legislativa denuncias del mal estado del mercado

La Seccional ANEP-PIMA, ANEP-Concencionarios del PIMA CENADA y la Asociación de Jefaturas y Coordinaciones del PIMA (AJUCE), se reunieron con asesores legislativos de los diputados Jonathan Acuña y Ariel Robles, para denunciar la intención de usar fondos del superávit del PIMA para un proyecto plagado de irregularidades, mientras, el CENADA, muestra un gran deterioro de infraestructura.

Propuesta de reorganización de AyA promueve la tercerización y encarecimiento del servicio público

Esta reorganización fue promovida por Juan Manuel Quesada, Expresidente Ejecutivo, Alejandra Mora, Gerente General y María José Castillo, Subgerente

La Seccional de ANEP en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), denuncia públicamente las severas inconsistencias técnicas, omisiones críticas, ausencia de participación y falta de transparencia en la propuesta de “Reorganización Institucional Parcial” contenida en el Estudio Técnico de julio 2025, elaborado por el Consorcio Aguas de Escazú.

Esta propuesta, lejos de resolver los problemas estructurales de la institución, pone en riesgo el servicio público, precariza el empleo institucional, carece de rigor técnico y fue elaborada sin una consulta legítima, técnica, ni jurídica, con el personal institucional, ni con las partes interesadas externas, como las ASADAS, sindicatos y usuarios del servicio.

Principales irregularidades y faltantes de la propuesta

1. Sobre el análisis funcional y la duplicidad de funciones

  • El documento afirma haber evidenciado duplicidad de funciones mediante “análisis funcional”, sin embargo, la fuente principal es una encuesta anónima aplicada en 2023, no un estudio técnico riguroso. No se adjunta ninguna matriz técnica que precise cuáles funciones están duplicadas ni evidencia empírica.
  • No se usaron estudios de cargas de trabajo, flujos de procesos reales, ni instrumentos metodológicos de evaluación funcional. Tampoco se indica cuánto tiempo dedicó la consultora a este diagnóstico ni si se empleó personal de planta del AyA para validarlo.

 2. Impacto grave en el recurso humano

  • Se proponen fusiones, eliminaciones y reconfiguraciones de unidades, sin indicar cómo se implementarán sin despidos ni reducción de plazas. Esto es técnicamente imposible.
  • Se sugiere la reasignación y traslado de plazas, cambios de perfiles, sin contemplar el pago de indemnizaciones, ni mecanismos de protección para los trabajadores afectados.
  • No se presenta un plan de capacitación, ni adaptación de los perfiles actuales de puestos al nuevo modelo propuesto.
  • Se ignora el impacto psicosocial del cambio y no se acompaña de estudios de clima organizacional ni de cargas de trabajo.

 3. Estructura organizacional propuesta vs. realidad institucional

  • Se habla de reorganización “parcial” pero se modifica toda la estructura institucional.
  • La estructura planteada no es consistente con el nuevo mapa de procesos, lo que puede generar mayor fragmentación y afectar la eficiencia institucional y la ejecución de proyectos.
  • Se confunde y revuelve la función rectora del AyA con la función operativa y delegada, lo cual implica una distorsión del modelo de gobernanza institucional.

4. Ausencia total de estudios financieros, legales y de riesgo

  • No se presenta flujo de caja proyectado, ni análisis de costo-beneficio de la reorganización.
  • No se cuantifican los costos de inversión en tecnología, capacitación, ni cambios en sistemas.
  • No se aporta análisis jurídico de la Dirección Jurídica del AyA que vincule la propuesta con el marco legal y reglamentos vigentes.
  • No se indica cómo se cubrirán los costos de implementación ni cuál será el impacto en la tarifa final al usuario.
  • No se presenta análisis de riesgos, ni plan de acción preventivo ante impactos negativos operativos, técnicos o legales.

 5. Grave falta de consulta y legitimidad

  • El único insumo participativo citado es una encuesta anónima y autodirigida, sin control técnico ni representatividad estadística.
  • No se adjuntan actas, minutas, acuerdos, ni sesiones de trabajo con direcciones ni sindicatos.
  • El estudio no incluyó a las más de 1000 ASADAS del país, a pesar de que muchas operan bajo delegación del AyA.
  • No queda claro cómo se seleccionó la consultoría contratada, ni se explican los criterios de contratación.

 6. Riesgo de precarización laboral y tercerización encubierta

  • El documento habla expresamente (p. 40) de tercerizar procesos no críticos, lo cual puede ser la antesala de privatizaciones parciales, debilitando el carácter público del servicio.
  • No se aclara qué procesos se consideran “no críticos” ni cómo se define el criterio.
  • El planteamiento favorece la concentración del poder en la Gerencia General, disminuyendo la autonomía técnica y desconcentrada.

 7. Inconsistencias internas y errores

  • El documento presenta errores graves: por ejemplo, en la página 33, hay inconsistencias en la distribución del personal entre áreas sustantivas y administrativas.
  • La propuesta no indica cómo se van a coordinar los procesos clave del ciclo de inversión, lo que podría entorpecer aún más la ejecución de obras.
  • La formulación de proyectos sigue dispersa entre varios actores, y el paso del diseño a la ejecución dependerá aún más de la coordinación vertical de la Gerencia General, creando cuellos de botella.
  • No se indica cómo se definió el personal requerido por unidad.

 8. Sin cronograma, sin fases, sin ejecución

  • El estudio no presenta un cronograma de implementación, ni fases, ni responsables.
  • No hay plan de acción, ni distribución de recursos humanos, tecnológicos y físicos para la ejecución de la nueva estructura.
  • No se muestran resultados esperados, metas cuantificables ni mejoras concretas al servicio.

EXIGIMOS:

  1. La suspensión inmediata de la reorganización hasta que exista una revisión independiente, técnica y validada del estudio presentado.
  2. La apertura de una mesa de trabajo con sindicatos y funcionarios técnicos para rediseñar la propuesta con participación vinculante.
  3. La rendición de cuentas del proceso de contratación del Consorcio Aguas de Escazú.
  4. El respaldo jurídico integral a cualquier modificación estructural, conforme a la Ley Marco de Empleo Público y la normativa del AyA.
  5. La garantía de derechos laborales, no despidos, no tercerización y respeto al régimen de empleo público.

Este documento no es un estudio técnico, sino una declaración política disfrazada de modernización. No presenta pruebas, ni respaldo legal ni financiero. Se elaboró sin consultar a quienes sostienen la operación del AyA: su personal técnico, administrativo y de campo.

La ANEP no avalará una reforma institucional impuesta desde arriba, sin participación, sin datos confiables y sin respeto por los derechos humanos laborales y sociales.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO. SU GESTIÓN DEBE MANTENERSE PÚBLICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

Seccional ANEP-AyA celebra salida de Juan Manuel Quesada

La ANEP Y su Seccional  en Acueductos y Alcantarillados (AyA), celebra la salida del presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, oficializada este mismo día, tras meses de una gestión que sumió a la institución en una profunda crisis operativa, ética y administrativa.

Desde ANEP hemos denunciado reiteradamente la opacidad con la que se llevaron a cabo procesos clave como la reestructuración institucional, la concentración indebida del poder en una “red de cuido” de confianza personal del expresidente ejecutivo, y el debilitamiento técnico y estratégico del AyA.

Juan Manuel Quesada deja una institución estancada, debilitada y al borde de decisiones que podrían agravar aún más su situación financiera y operativa.

Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a la nueva presidenta ejecutiva para que asuma con firmeza los retos que enfrenta la institución.

El primero y más apremiante es desmontar la red de cuido que Quesada tejió en la alta administración institucional, donde aún persisten figuras nombradas sin los atestados técnicos, éticos ni legales necesarios, algunas incluso envueltas en serias denuncias por ejercicio ilegal de la profesión.

Si realmente se pretende marcar un cambio positivo en lo que resta de esta administración, es indispensable renovar la estructura gerencial de AyA, empezando por los actuales gerentes y subgerentes, muchos de los cuales han sido partícipes y cómplices de las malas decisiones que hoy ponen en riesgo el acceso al agua potable de miles de personas, así como la estabilidad del personal técnico y operativo de la institución.

Desde ANEP seguiremos vigilantes y firmes en la defensa del interés público, de los trabajadores del AyA y del derecho humano al agua.