Categoría: Institucional

– Tres recursos de amparo fueron acogidos por la Sala Constitucional tras negativas del PANI a brindar información pública.

– La Sala IV ordenó la entrega de información administrativa y condenó al PANI en dos de los casos.

San José, Costa Rica. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) obtuvo resoluciones favorables en tres recursos de amparo interpuestos ante la Sala Constitucional, relacionados con reiteradas negativas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a suministrar información pública solicitada por esta organización sindical en el ejercicio de su labor de control, fiscalización y defensa de los derechos laborales.

Las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirman que el PANI incurrió en omisiones, respuestas insuficientes y negativas injustificadas, vulnerando los derechos fundamentales de acceso a la información pública, derecho de petición y pronta respuesta, protegidos por los artículos 27 y 30 de la Constitución Política.

Primer recurso de amparo

Negativa a entregar actos administrativos vinculados a revisiones internas

El primer recurso de amparo fue presentado luego de que el PANI negara el acceso a oficios y actos administrativos mediante los cuales se ordenó la revisión de expedientes en la Oficina Local de Cariari, pese a que la ANEP aclaró desde un inicio que no solicitaba el contenido de expedientes disciplinarios, sino las decisiones administrativas que dieron origen a dichas revisiones.

La Presidencia Ejecutiva del PANI rechazó la solicitud invocando de manera general la confidencialidad, sin identificar norma legal específica ni aplicar el principio de divisibilidad de la información, es decir, sin separar datos sensibles de la información pública solicitada.

Mediante la sentencia N.º 2025041977, del 19 de diciembre de 2025, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso y estableció que:

• Los oficios de instrucción administrativa son documentos públicos.
• El hecho de que estén relacionados con eventuales procesos disciplinarios no los convierte automáticamente en confidenciales.
• La administración no puede negar información pública de forma absoluta, sino que debe resguardar únicamente los datos sensibles.

La Sala ordenó al PANI entregar la información solicitada en un plazo de diez días y condenó a la institución al pago de costas, daños y perjuicios.

Segundo recurso de amparo

Gestión del Cambio en la Oficina Local de Poás – Vara Blanca

Posteriormente, la ANEP interpuso un segundo recurso de amparo, que se originó por la falta de respuesta adecuada del PANI ante una solicitud de la ANEP para acceder a la lista de asistencia a los espacios de “Gestión del Cambio” del personal de la Oficina Local de Poás – Vara Blanca, correspondiente al último año.

Aunque el PANI alegó haber respondido, la Sala Constitucional determinó que la respuesta no resolvía lo solicitado, ya que se limitó a trasladar la carga de la gestión a otras unidades internas, obligando a la parte solicitante a realizar trámites adicionales.

En la sentencia N.º 2025042054, del 19 de diciembre de 2025, la Sala concluyó que esta actuación:

• Vulnera el derecho de acceso a la información pública.
• Contraviene el deber de coordinación administrativa, reconocido de forma reiterada por la jurisprudencia constitucional.

Por ello, declaró con lugar el recurso, ordenó al PANI entregar la información en un plazo máximo de diez días, resguardando únicamente los datos sensibles, y condenó nuevamente a la institución al pago de costas, daños y perjuicios.

Tercer recurso de amparo

Nueva negativa pese a advertencias previas de la Sala Constitucional

Posteriormente, la ANEP interpuso un tercer recurso de amparo, tras una nueva negativa del PANI a suministrar información relacionada con decisiones administrativas internas, reorganización del recurso humano y la gestión institucional frente a rezagos graves en procesos judiciales, reconocidos en documentación oficial.

Pese a existir ya un antecedente reciente de la Sala Constitucional, el PANI volvió a negar la información solicitada, sin motivación suficiente y sin cumplir los estándares constitucionales fijados por la jurisprudencia.

Este recurso fue admitido por la Sala Constitucional en enero de 2026, ordenándose a la Presidencia Ejecutiva del PANI a:

• Rendir informe bajo juramento en un plazo de tres días hábiles.
• Aportar toda la documentación relacionada, debidamente certificada, foliada y en estricto orden cronológico.
• Bajo advertencia expresa de responsabilidades penales en caso de omisión, falsedad o incumplimiento.

Este proceso se encuentra actualmente en trámite, bajo control directo de la Sala Constitucional.

La ANEP dará seguimiento al cumplimiento estricto de cada una de las órdenes emitidas por la Sala Constitucional y reitera que el acceso a la información pública es una obligación legal y constitucional de todas las instituciones del Estado.

La transparencia administrativa, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales no son opcionales, sino pilares esenciales del servicio público y de la confianza ciudadana.

Declaraciones de Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresamos nuestra más profunda preocupación ante las graves irregularidades reveladas en días pasados por el Semanario Universidad en torno a la contratación directa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la empresa Cisco para el Proyecto de Modernización y Estabilización de la Red de Transporte de Telecomunicaciones (PMERTT).

Este caso se suma al caso de la Red 5G en el cual, desde la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE, se está orquestando un plan donde por un lado el Instituto se convierte en una correa de transmisión de la geopolítica marcada por Donald Trump, pero por el otro podrían estar de por medio generosas prebendas para jerarcas del ICE y Casa Presidencial, en un proceso direccionado por el presidente Rodrigo Chaves.

Los hechos son contundentes y exigen explicaciones inmediatas:

1. REUNIONES CONFIDENCIALES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN

Funcionarios del ICE sostuvieron reuniones secretas con representantes de Cisco y de la Embajada de Estados Unidos antes de adjudicar el contrato millonario. Estas reuniones fueron declaradas confidenciales tras una orden de la Sala Constitucional, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del proceso y posibles conflictos de interés. Las reuniones fueron en la Embajada de Estados Unidos y Casa Presidencial.

¿Qué se negoció en esas reuniones? ¿Por qué debían ser secretas si eran meramente técnicas?

2. APARENTEMENTE SE NEGOCIÓ UN SOBREPRECIO DE UN 333%

Según el estudio de mercado del propio ICE (junio 2025), las ofertas para sustitución completa de equipos fueron:

El ICE ignoró la oferta más barata de Nokia y optó por Cisco mediante contratación directa, pagando $31 millones de más. ¿Con qué justificación?

3. EQUIPOS OBSOLETOS EN LUGAR DE TECNOLOGÍA NUEVA

La institución prefirió gastar casi $40 millones en «reutilizar» equipos Cisco que ya están en proceso de obsolescencia, en lugar de adquirir equipos nuevos y más baratos de Nokia. El contrato se estimó en ₡20.200 millones ($39,9 millones). ¿Por qué pagar precios de equipo nuevo por tecnología obsoleta?

4. CONVERSIÓN IRREGULAR DE LICITACIÓN ABIERTA A CONTRATO DIRECTO

Lo que inició como un proceso de licitación abierta y competitiva fue convertido en una «contratación directa por excepción» con un solo proveedor (Cisco), violentando los principios de transparencia y libre competencia. La Sala Constitucional tuvo que intervenir para forzar al ICE a reconocer las reuniones confidenciales que pretendía ocultar.

5. PATRÓN DE FAVORITISMO SISTEMÁTICO

Las revelaciones muestran un patrón preocupante, muchos de ellos replicados en la licitación de 5G:

• Reuniones secretas con un proveedor específico (Cisco)
• Participación de actores externos (Embajada de los Estados Unidos y Casa Presidencial).
• Descarte de opciones más económicas sin justificación técnica válida.
• Declaración de confidencialidad para ocultar información pública.
• Contratación directa que evita competencia.
• Una discriminación hacia empresas chinas.

Ante este escenario preocupante, desde la ANEP exigimos una investigación inmediata por parte de la Contraloría General de la República sobre todo el proceso de contratación, la anulación del contrato directo con Cisco, la apertura de una licitación pública transparente, la publicación completa de las actas de las reuniones sostenidas por jerarcas del ICE con Cisco y la Embajada de los Estados Unidos, explicación documentada de por qué se descartó la oferta más barata, que se investigue y se siente responsabilidades a los funcionarios que participaron en reuniones que pretendían fueran secretas, previo a la adjudicación y que la Fiscalía intervenga para determinar si hubo tráfico de influencias o corrupción.

El ICE es patrimonio del pueblo costarricense, no puede ser usado para favorecer intereses particulares o agendas externas mediante procesos opacos que cuestan millones al erario público.

– Tras informe de auditoría interna, ANEP se reúne con la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Administración y Recursos Humanos del PANI.

– Nuestra organización llama a la calma y reafirma la estabilidad laboral del personal del PANI

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa que, tras sostener una reunión con la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), así como con la Gerencia de Administración, la Gerencia Técnica y Recursos Humanos, se confirmó de manera expresa que no existe ninguna disposición, directriz ni intención institucional de anular nombramientos en propiedad, ni de aplicar medidas que pongan en riesgo la estabilidad laboral, los derechos adquiridos o los salarios de las 322 personas trabajadoras mencionadas en el reciente informe de auditoría interna.

Durante el encuentro, las autoridades del PANI aseguraron a la ANEP que los actos administrativos de nombramiento se mantienen plenamente vigentes y válidos, y que actualmente la Administración realiza un análisis técnico y jurídico de los antecedentes, criterios y normativa aplicable, con el fin de determinar con precisión los alcances del informe.

Desde la ANEP se reafirmó que la organización mantiene una posición firme en defensa de la estabilidad y los derechos laborales del personal del PANI, y que acompañará a las personas trabajadoras durante todo este proceso, velando porque cualquier revisión institucional se realice con estricto apego a la ley, al debido proceso y al respeto de los derechos adquiridos.

Nuestra organización destacó además la apertura y disposición al diálogo mostradas por la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Técnica, así como la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, al brindar aclaraciones que contribuyen a llevar tranquilidad al personal que diariamente trabaja con compromiso en la protección de la niñez y adolescencia del país.

Finalmente, la ANEP reiteró que el Patronato Nacional de la Infancia no solo tiene la misión de proteger los derechos de la niñez, sino también la responsabilidad de garantizar los derechos laborales de quienes hacen posible esa labor esencial para Costa Rica.

La representación de la ANEP en la reunión estuvo a cargo de Roy Chaverri Chacón, Secretario Adjunto, y Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical en el PANI, quienes reafirmaron el compromiso de la organización con la defensa del personal institucional.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)