La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración (ANEP–PPM) denuncia públicamente la decisión de la Dirección General de Migración y Extranjería de mantener la negativa a la visita de los diputados Marco Badilla Chavarría y Éder Hernández Ulloa a las instalaciones de la Policía Profesional de Migración y al Centro de Aprehensión Región Central, ubicados en Los Lagos de Heredia.
Mediante el oficio DG-1359-10-2026, de fecha 8 de octubre de 2026, el viceministro de Gobernación y Policía, señor Omer Badilla Toledo, con recargo de funciones como director general de Migración y Extranjería, ratificó la posición comunicada anteriormente y confirmó que la visita programada para el viernes 9 de octubre no cuenta con su autorización.
La visita fue promovida por la Seccional ANEP–PPM con el propósito de facilitar un acercamiento entre representantes del Poder Legislativo, la organización sindical y los funcionarios policiales, para que los diputados pudieran conocer directamente las condiciones laborales, operativas y funcionales de esta Policía especializada.
¿Por qué se mantiene una decisión que impide este acercamiento institucional?
La Seccional ANEP–PPM reconoce que la Administración tiene competencias para regular el ingreso y la permanencia en las instalaciones públicas, así como para establecer las condiciones de seguridad correspondientes. Precisamente por esa razón, se solicitó formalmente la coordinación y autorización administrativa para realizar la visita.
Sin embargo, consideramos que las diferencias sobre el procedimiento administrativo no deberían cerrar las posibilidades de diálogo ni impedir que los representantes legislativos conozcan de primera mano la realidad de una institución estratégica para la seguridad nacional y el control migratorio.
La Policía Profesional de Migración enfrenta necesidades y desafíos relacionados con personal, recursos, infraestructura y condiciones de trabajo. Son aspectos que merecen ser conocidos, analizados y atendidos por las autoridades competentes y por quienes tienen responsabilidades de fiscalización política en la Asamblea Legislativa.
No queremos pensar que esta negativa obedezca a que la iniciativa surgió de una organización sindical o a consideraciones relacionadas con la afiliación política de los diputados visitantes. No afirmamos que exista tal motivación; precisamente, esperamos que la Administración brinde las explicaciones necesarias y facilite una solución transparente.
Las instituciones públicas pertenecen al Estado costarricense, no a un partido político ni a una administración de turno. El diálogo institucional debe desarrollarse con respeto a las competencias legales, sin obstáculos innecesarios y con el interés público como prioridad.
Anteriormente, las entonces diputadas Ada Acuña, Gloria Navas y Carolina Hidalgo, visitaron las instalaciones de la Policía Profesional de Migración y el Centro de Aprehensión Región Central. Incluso, en ese momento la diputada electa Kattia Calvo, también realizó una visita al centro.
La entonces diputada electa Kattia Calvo visit{o las instalacionesLa enotnces diputada oficilaista Ada Acuña también visito el centro La entoncves diputada Gloria Navas en reunión en las instalaciones de la P^PM
Por ello, desde la Seccional ANEP–PPM hacemos un llamado respetuoso, pero firme, al Ministerio de Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería para que reconsideren esta posición y se establezca una nueva fecha para la visita de los diputados, bajo las condiciones administrativas y de seguridad que correspondan.
La Policía Profesional de Migración necesita que sus condiciones reales sean conocidas y sus necesidades escuchadas. Costa Rica merece instituciones abiertas al diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su profunda preocupación y reprobación ante la decisión comunicada por el Tesorero Nacional, Michael Contreras Solera, y la Subtesorera Nacional, Francini Córdoba Herrera, de disponer el cierre de las oficinas de la Tesorería Nacional durante toda la jornada del viernes 9 de octubre de 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial MH-TN-COM-0012-2026, durante ese día no se brindará atención al público ni se tramitarán servicios bancarios relacionados con pagos, cobros, transferencias, autorizaciones u otras gestiones asociadas, trasladándose a las instituciones usuarias la responsabilidad de adoptar anticipadamente las previsiones necesarias para afrontar dicho cierre.
Para ANEP, resulta particularmente preocupante que una dependencia de la trascendencia constitucional, legal, financiera y operativa de la Tesorería Nacional, llamada a cumplir un papel esencial dentro de la Hacienda Pública y en la administración de los recursos líquidos del Estado, suspenda integralmente sus servicios durante un día hábil por la realización de una actividad interna denominada “jornada de fortalecimiento organizacional”.
El fortalecimiento institucional no puede realizarse a costa de paralizar el servicio público que precisamente se pretende fortalecer y crear una ilusión de un ambiente sano laboral, cuando miembros de este Sindicato, son hostigados laboralmente.
La Tesorería Nacional presta servicios que inciden directamente en el funcionamiento financiero de ministerios, poderes de la República, órganos desconcentrados, municipalidades, entidades públicas y demás instituciones comprendidas dentro del Sistema de Cuentas del Sector Público. El propio comunicado está dirigido a ese amplio conjunto de entidades estatales, lo que evidencia la dimensión, trascendencia e irresponsabilidad de la decisión adoptada.
ANEP considera que no es de recibo dejar suspendida toda la operativa y la atención a las personas e instituciones usuarias, particularmente tratándose de servicios relacionados con pagos, cobros, transferencias y autorizaciones financieras.
Una actividad de carácter organizacional puede y debe planificarse de manera que permita garantizar simultáneamente la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio público, mediante turnos, distribución de personal, modalidades escalonadas u otros mecanismos administrativos que eviten el cierre total de una dependencia estratégica para el funcionamiento financiero del Estado.
La decisión resulta todavía más preocupante en un contexto en el cual existen serias inquietudes relacionadas con procesos de pago y salarios, insuficiencia de personal y sobrecarga laboral dentro de la Tesorería Nacional.
ANEP reconoce especialmente el esfuerzo de los compañeros y compañeras trabajadoras de la Tesorería Nacional, quienes diariamente sostienen la operación institucional y, aun en condiciones de alta carga de trabajo y limitaciones de recurso humano, continúan dando todo de sí para garantizar la prestación de los servicios bajo responsabilidad de esa Dirección.
Por ello, llama poderosamente la atención que, mientras el personal debe enfrentar esas cargas y responsabilidades, las máximas autoridades de la Tesorería Nacional hayan optado por disponer el cierre completo de sus oficinas durante una jornada laboral y al final son las mismas personas funcionarias, que afrontan las consecuencias de atrasarse en sus labores, añadiendo más presión y estrés.
Asimismo, ANEP solicita aclarar públicamente si esta decisión fue adoptada exclusivamente por el Tesorero y la Subtesorera Nacional o si contó con conocimiento, autorización o anuencia previa del Despacho Ministerial del Ministerio de Hacienda, sea el señor Rodrigo Chaves Robles en su condición de Ministro de Hacienda o de alguno de sus Viceministros, señor Luis Antonio Molina Chacón y Víctor Carvajal Porras.
No resulta suficiente trasladar a todas las entidades públicas usuarias y menos a la ciudadanía que no tiene días libres para hacer sus trámites, la obligación de “tomar previsiones” para adaptarse al cierre de la Tesorería Nacional. Corresponde, en primer término, a las autoridades responsables garantizar que la organización administrativa interna no produzca afectaciones innecesarias a la continuidad del servicio público.
Ante esta situación, ANEP solicita al Ministro de Hacienda formalmente:
Explicar las razones técnicas, administrativas y jurídicas que sustentan la decisión de cerrar completamente la Tesorería Nacional durante un día hábil.
Informar quién autorizó la suspensión integral de los servicios y si la medida contó con conocimiento o autorización del Despacho Ministerial.
Indicar cuáles alternativas fueron valoradas para efectuar la actividad de fortalecimiento organizacional sin interrumpir totalmente la atención y los servicios esenciales de la Tesorería Nacional.
Informar cuáles medidas fueron adoptadas para evitar afectaciones sobre pagos, salarios, transferencias, cobros, autorizaciones y demás operaciones financieras del Estado.
Explicar por qué, ante la situación de escasez de personal y sobrecarga laboral que enfrentan funcionarios y funcionarias de la Tesorería Nacional, se consideró procedente detener completamente la operación ordinaria de la institución.
ANEP remitirá este planteamiento para conocimiento de las instancias internas y externas competentes en materia de fiscalización, control y tutela del adecuado funcionamiento de la Administración Pública, a efectos de que, dentro de sus respectivas competencias, valoren la actuación adoptada y determinen si resulta compatible con las obligaciones inherentes al funcionamiento de una dependencia estratégica como la Tesorería Nacional.
La organización sindical considera indispensable determinar también si se efectuó previamente una valoración de riesgos operativos, financieros y de continuidad del servicio, así como de las eventuales consecuencias que la suspensión pudiera ocasionar a las instituciones públicas y a la ciudadanía.
La Tesorería Nacional constituye una pieza esencial del sistema financiero público costarricense. Precisamente por esa condición, su funcionamiento continuo no puede considerarse un asunto secundario ni quedar subordinado a la conveniencia de una actividad administrativa interna.
ANEP defenderá tanto los derechos de las personas trabajadoras de la Tesorería Nacional —quienes merecen condiciones adecuadas, suficiente recurso humano y una distribución razonable de las cargas de trabajo— como el derecho de la ciudadanía y de las instituciones públicas a recibir servicios estatales continuos, eficientes y oportunos.
Cartago, Costa Rica. — La seccional ANEP- Jasec manifiesta su seria preocupación ante la situación que se presenta en la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), donde trabajadores de la institución están siendo requeridos para realizar labores de limpieza ante la falta de continuidad del servicio contratado para esos fines.
Resulta preocupante que una situación administrativa relacionada con la contratación o renovación del servicio de limpieza termine trasladándose al personal institucional, cuyas plazas, responsabilidades y jornadas laborales están destinadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de apoyo para las cuales fueron contratados.
La administración de una institución pública debe procurar una adecuada planificación de sus contrataciones y garantizar oportunamente la continuidad de aquellos servicios necesarios para su funcionamiento. La falta de un servicio de limpieza no debería resolverse desviando personal de sus funciones ordinarias para asumir tareas que corresponden a un servicio específicamente contratado para ese propósito.
¿QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD POR LA FALTA DE PLANIFICACIÓN?
La situación obliga a plantear públicamente varias interrogantes:
¿Por qué no se realizaron oportunamente las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de limpieza?
¿Por qué las consecuencias de una situación administrativa deben recaer sobre los trabajadores?
¿Qué funciones institucionales están dejando de ejecutarse, retrasándose o siendo afectadas mientras el personal es destinado a labores de limpieza?
¿Quién asume la responsabilidad administrativa por no haber garantizado oportunamente la continuidad de este servicio?
El recurso humano de JASEC debe estar concentrado en las labores para las cuales fue contratado y que resultan necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos que brinda la institución.
Destinar trabajadores a realizar funciones ajenas a sus responsabilidades habituales no puede convertirse en la solución frente a deficiencias de planificación administrativa.
LAS LABORES SUSTANTIVAS DE JASEC NO DEBEN VERSE AFECTADAS
Nuestra principal preocupación no se limita únicamente a que trabajadores deban realizar labores de limpieza. También nos preocupa el impacto que esta decisión pueda generar sobre las funciones institucionales que dejan de atenderse mientras esos funcionarios son apartados de sus responsabilidades ordinarias.
JASEC presta servicios públicos esenciales y cuenta con personal técnico, administrativo y operativo cuyas funciones responden a necesidades concretas de la institución y de la ciudadanía.
Por ello, los problemas administrativos no deben trasladarse a los trabajadores ni poner en riesgo la continuidad, oportunidad o calidad de las labores sustantivas de JASEC.
EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN INMEDIATA
Desde la representación sindical solicitamos a la Gerencia de JASEC:
Restablecer de manera inmediata y conforme al ordenamiento jurídico el servicio de limpieza requerido por la institución.
Evitar que trabajadores sean apartados de las funciones propias de sus puestos para suplir labores correspondientes a un servicio contratado.
Informar las razones por las cuales no se garantizó oportunamente la continuidad de la contratación del servicio de limpieza.
Determinar el impacto que esta situación está generando sobre las labores ordinarias y sustantivas de JASEC.
Adoptar las medidas administrativas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.
Los trabajadores de JASEC no deben cargar con las consecuencias de problemas de planificación administrativa.
Nuestra organización sindical continuará vigilante y defendiendo que cada trabajador pueda desempeñar las funciones propias de su puesto, así como que los recursos humanos de la institución sean utilizados adecuadamente para garantizar los servicios públicos que merece la ciudadanía cartaginesa.
Los problemas de contratación se resuelven con gestión y planificación, no trasladando sus consecuencias a los trabajadores.
• Proyecto presupuestario del Ministerio de Justicia y Paz disminuye ₡5.654,3 millones respecto de 2026.
• Defensoría de los Habitantes reportó un faltante de 2.722 agentes penitenciarios en abril de 2025.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su representación en la Policía Penitenciaria, advierte sobre la necesidad de que la discusión del Presupuesto Nacional 2027 contemple el fortalecimiento integral de este cuerpo policial ante el déficit de recurso humano, el crecimiento de la población privada de libertad y las limitaciones de infraestructura, equipamiento y condiciones laborales existentes.
El proyecto presupuestario para 2027 contempla para el Ministerio de Justicia y Paz ₡219.728,7 millones, frente a los ₡225.383 millones correspondientes a 2026, lo que representa una disminución de aproximadamente ₡5.654,3 millones, equivalente a un 2,51 %.
Para ANEP, esta discusión presupuestaria adquiere especial importancia ante las condiciones actuales del sistema penitenciario y las responsabilidades de una Policía que debe garantizar vigilancia, custodia, traslados, control interno, atención de incidentes y emergencias y coordinación con otras instituciones.
Déficit de personal continúa siendo crítico
Uno de los principales problemas identificados es la insuficiencia de recurso humano.
Según el informe citado en los documentos de ANEP, la Defensoría de los Habitantes determinó que el faltante de policías penitenciarios pasó de 1.754 agentes en 2023 a 2.722 en abril de 2025, situación que repercute tanto sobre las condiciones laborales del personal como sobre la operación de los centros penitenciarios.
El diagnóstico señala consecuencias como sobrecarga de funciones, agotamiento, vacaciones acumuladas y dificultades para atender adecuadamente traslados médicos y judiciales, además de riesgos para la seguridad institucional.
A esto se suma el crecimiento de la población penitenciaria. Los datos recopilados muestran que pasó de 14.921 personas en 2021 a 17.055 al cierre de 2024. Para marzo de 2025 se registraban 17.692 personas y, de acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura citado en el análisis, al 28 de febrero de 2026 había 19.453 personas recluidas para una capacidad de 13.289 espacios.
164 plazas para 2027 no resuelven el déficit acumulado
ANEP reconoce que el Presupuesto 2027 contempla 164 nuevos puestos de agentes policiales, además de 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina para el nuevo Centro de Atención Contra el Crimen Organizado.
Sin embargo, la organización considera necesario establecer un plan progresivo de creación y ocupación de plazas que permita atender también las necesidades de los centros penitenciarios existentes y reducir el déficit acumulado de recurso humano.
Para ello, ANEP plantea identificar técnicamente las necesidades de personal por centro penitenciario y desarrollar estudios actualizados sobre cargas de trabajo, distribución de funcionarios, turnos, cobertura y requerimientos operativos.
Infraestructura, equipo y comunicaciones también requieren inversión
La problemática no se limita al número de policías.
El diagnóstico elaborado por la organización identifica deficiencias en infraestructura, incluyendo edificios, sistemas eléctricos y sanitarios, dormitorios, puestos de vigilancia y espacios destinados al descanso del personal. ANEP solicita una evaluación de la infraestructura penitenciaria nacional y un programa permanente de mantenimiento, reparación, sustitución y construcción.
También se señalan necesidades relacionadas con chalecos antibalas y anti-puntas, radios individuales, baterías, cargadores, uniformes, linternas, equipo táctico y otros implementos de protección indispensables para el servicio.
La flotilla vehicular constituye otra preocupación. El documento reporta vehículos con años de servicio, unidades fuera de operación, problemas de repuestos y mantenimiento, así como la necesidad de vehículos especializados para el traslado de personas privadas de libertad de alta peligrosidad.
ANEP pide revisar brechas salariales
La organización también solicita una revisión técnica y jurídica de las diferencias existentes entre funcionarios bajo salario compuesto y quienes se encuentran bajo salario global, particularmente cuando realizan funciones equivalentes.
ANEP plantea que cualquier revisión debe considerar factores como experiencia, antigüedad, responsabilidad, complejidad y riesgo inherente a la función policial penitenciaria.
Una política permanente para la Policía Penitenciaria
Ante este escenario, ANEP solicita que la discusión del Presupuesto Nacional 2027 incorpore una política presupuestaria específica, progresiva y verificable para la Policía Penitenciaria.
Entre las prioridades planteadas se encuentran la creación progresiva de plazas; revisión de brechas salariales; renovación y mantenimiento de la flotilla; radios individuales y modernización de las comunicaciones; reposición de chalecos y equipos de protección; mejoramiento de infraestructura; capacitación; salud ocupacional y bienestar laboral.
Asimismo, la organización propone establecer una mesa permanente de seguimiento, con participación de las autoridades y representación sindical, que permita verificar mediante metas, cronogramas e indicadores la ejecución de los recursos y avanzar hacia una planificación de corto, mediano y largo plazo.
Para ANEP, el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria debe asumirse como una inversión vinculada con la seguridad, la continuidad del servicio público y las condiciones en las que miles de policías desarrollan diariamente sus funciones.
“La dignificación y el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria deben convertirse en una política institucional permanente y no en una respuesta ocasional frente a una emergencia.”
–Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Control de Drogas y Servicio de Vigilancia Aérea plantean necesidades urgentes de recurso humano, infraestructura, equipamiento y capacidad operativa.
–• ANEP solicita que la discusión presupuestaria incorpore las necesidades reales de cada cuerpo policial y establezca una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad.
Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en los diferentes cuerpos policiales advierten sobre las limitaciones que presenta el Presupuesto Nacional 2027 para responder a las necesidades operativas, de recurso humano, infraestructura y equipamiento que enfrentan quienes tienen bajo su responsabilidad diferentes áreas de la seguridad nacional.
Representantes de Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Control de Drogas (PCD) y Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) coinciden en la necesidad de que el país avance hacia una política presupuestaria que permita fortalecer de manera sostenida a los cuerpos policiales.
Para ANEP, la seguridad pública no puede sostenerse únicamente sobre el compromiso, sacrificio y disponibilidad de los funcionarios. Se requieren personal suficiente, infraestructura adecuada, vehículos y equipos operativos, tecnología, protección policial, capacitación y condiciones laborales dignas. En el caso de la Policía Penitenciaria, el documento presentado por la Seccional resume precisamente estas necesidades como elementos indispensables para el desempeño de sus funciones.
Migración: necesidades de personal sin respuesta suficiente
Una de las principales preocupaciones se encuentra en la Policía Profesional de Migración, donde la información aportada por la Seccional evidencia necesidades de recurso humano para atender funciones relacionadas con fronteras, aeropuertos, investigaciones, aprehensiones, deportaciones, expulsiones y atención de denuncias.
ANEP-PPM ha advertido que la discusión presupuestaria debe partir de un estudio técnico que determine cuánto personal necesita realmente este cuerpo especializado y, posteriormente, establecer los recursos necesarios para financiar esas plazas.
Para ANEP, fortalecer la Policía Profesional de Migración significa también fortalecer la capacidad del Estado para ejercer adecuadamente el control migratorio y contribuir a la seguridad nacional.
Policía Penitenciaria enfrenta un déficit acumulado
La situación de la Policía Penitenciaria constituye otro punto de especial preocupación.
La documentación analizada por ANEP recoge que la Defensoría de los Habitantes reportó un faltante de 2.722 agentes penitenciarios en abril de 2025, frente a un déficit de 1.754 en 2023.
Paralelamente, la población penitenciaria ha mantenido una tendencia creciente: pasó de 14.921 personas en 2021 a 17.055 en 2024; para marzo de 2025 se reportaban 17.692.
Aunque el Presupuesto 2027 contempla 164 nuevos puestos de agentes policiales, además de 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina para el nuevo Centro de Atención Contra el Crimen Organizado, ANEP considera necesario un plan progresivo que permita atender también el déficit acumulado y las necesidades de los centros penitenciarios existentes.
Además, el proyecto presupuestario del Ministerio de Justicia y Paz para 2027 asciende a ₡219.728,7 millones, ₡5.654,3 millones menos que en 2026, equivalente a una disminución del 2,51 %.
PCD y Vigilancia Aérea: reducciones en partidas operativas
Las seccionales de la Policía de Control de Drogas y del Servicio de Vigilancia Aérea también advierten sobre reducciones en partidas directamente relacionadas con sus capacidades operativas.
Según el análisis aportado por ambas representaciones, el presupuesto de Seguridad Pública presenta para 2027 una disminución de ₡6.154,6 millones con respecto a 2026.
En el SVA, se identifican reducciones de ₡12,7 millones en mantenimiento y reparación de equipo de transporte y aproximadamente ₡9,8 millones en repuestos y accesorios. Además, para 2027 no se contemplan recursos en las partidas de textiles y vestuario ni útiles y materiales de resguardo y seguridad.
En la PCD, las reducciones identificadas incluyen ₡26,94 millones en textiles y vestuario, aproximadamente ₡54,6 millones en útiles y materiales de resguardo y seguridad y ₡208,6 millones en bienes duraderos. También se señalan disminuciones en equipo y programas de cómputo, así como en maquinaria, equipo y mobiliario diverso.
Para ANEP resulta necesario revisar estas partidas considerando que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere inversión permanente en inteligencia, investigación, tecnología, transporte, equipos especializados, mantenimiento, capacitación y recurso humano.
Fuerza Pública también requiere fortalecimiento
En el caso de la Fuerza Pública, ANEP ha planteado una agenda integral que contempla necesidades de recurso humano, infraestructura policial adecuada, equipamiento, renovación y mantenimiento de vehículos y motocicletas, equipos de comunicación y protección, sistemas tecnológicos y capacitación permanente.
La organización considera que el fortalecimiento policial no puede medirse únicamente por la cantidad de recursos asignados, sino también por la capacidad real de convertirlos en mejores condiciones operativas para los funcionarios y en un mejor servicio de seguridad para la ciudadanía.
ANEP pide una política integral de fortalecimiento policial
Las diferentes realidades identificadas por las seccionales muestran que no todos los cuerpos policiales enfrentan los mismos problemas, pero sí existen necesidades comunes que requieren planificación presupuestaria de corto, mediano y largo plazo.
Por ello, ANEP solicita que durante la discusión del Presupuesto Nacional 2027 se valoren las necesidades técnicas y operativas de cada cuerpo policial y se establezcan prioridades en materia de:
Creación y ocupación de plazas policiales.
Infraestructura y condiciones adecuadas en los centros de trabajo.
Renovación y mantenimiento de vehículos, aeronaves y flotillas.
Equipamiento y protección personal.
Tecnología, inteligencia y sistemas de comunicación.
Capacitación y especialización.
Revisión de las condiciones salariales y laborales.
ANEP considera además necesario establecer mecanismos permanentes de diálogo y seguimiento entre las autoridades y las representaciones de las personas trabajadoras, con metas, plazos e indicadores que permitan verificar la ejecución de los recursos destinados al fortalecimiento policial.
La discusión presupuestaria no puede limitarse a determinar cuánto dinero recibe cada institución. Debe responder una pregunta fundamental: ¿cuáles son los recursos humanos, materiales y tecnológicos que necesitan realmente los cuerpos policiales para cumplir eficazmente sus responsabilidades?
Costa Rica necesita cuerpos policiales con suficiente personal, equipados, capacitados y con condiciones laborales dignas. Fortalecer a quienes tienen la responsabilidad de enfrentar el narcotráfico, crimen organizado y otras amenazas a la seguridad significa fortalecer la capacidad del Estado para proteger a la población.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó este martes 22 de septiembre a la Contraloría General de la República (CGR), mediante el oficio S.G. 25-29-1040-26, fiscalizar la planificación financiera y la priorización de inversiones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ante los recientes hallazgos de atrasos y sobrecostos en proyectos de transmisión eléctrica y la decisión institucional de construir una nueva sede central.
La preocupación de nuestra organización surge en momentos en que la propia Contraloría ha identificado importantes deficiencias en la planificación y ejecución de proyectos de transmisión eléctrica del ICE, que acumulan incrementos en sus costos por ₡13.437 millones y retrasos de hasta más de seis años.
Y es que el proyecto de Refuerzo de Transmisión Península de Nicoya acumula más de seis años de retraso y un incremento en su costo de ₡5.634 millones. ¿Qué explicación ofrece la administración superior del ICE ante estos resultados y qué medidas está adoptando para corregir esta situación?
Como bien ha recogido recientemente el Semanario Universidad, hace tan sólo unos tres meses el presidente ejecutivo del ICE, el señor Marco Acuña Mora, afirmó que no era necesaria la construcción de un nuevo edificio para la sede central del ICE. Sin embargo, ahora su postura ha cambiado drásticamente y se inició con celeridad el desmantelamiento del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón para arrancar con su demolición. Proceso que se encuentra temporalmente paralizado gracias a una medida cautelar solicitada por la ANEP.
Ante este escenario, surge una interrogante que consideramos fundamental: ¿cuáles criterios técnicos y financieros justifican impulsar la construcción de una nueva sede central mientras existen proyectos de transmisión eléctrica que acumulan importantes retrasos y sobrecostos? ¿Se ha evaluado el impacto que esta nueva inversión podría tener sobre la ejecución de esos proyectos estratégicos?
Desde nuestra organización consideramos que esta situación denota que el ICE no estaría priorizando adecuadamente sus inversiones pues descuida proyectos tan importantes para la institución como los de transmisión eléctrica mientras insiste en la construcción de un nuevo edificio que no está para nada claro si es necesario.
Desde la ANEP reafirmamos nuestro compromiso con la familia iceísta y con la transparencia en la gestión institucional. Seguiremos vigilantes de que las inversiones del ICE respondan a criterios técnicos, financieros y de interés público, y de que sus recursos se administren de manera responsable.
• Recurso pide determinar mediante una valoración profesional e independiente si existen rasgos o patrones de conducta que puedan incidir en el ejercicio de sus funciones públicas.
• ANEP también recurre a la Presidencia de la República por su responsabilidad constitucional en el nombramiento y eventual remoción de ministros.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó este lunes 21 de septiembre de 2026 un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Presidencia de la República y contra Rodrigo Chaves Robles, en su condición de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.
La pretensión principal planteada por ANEP consiste en que se determine, mediante una evaluación psicológico-forense multimétodo, si las conductas de Chaves Robles, documentadas en el recurso podrían estar asociadas con determinados rasgos o patrones de personalidad y, especialmente, si estos podrían comprometer aspectos como el juicio ponderado, la proporcionalidad de las decisiones, la tolerancia al control institucional y el trato igualitario en el ejercicio de dos ministerios de impacto nacional.
Para sustentar su solicitud, la organización incorpora una recopilación de acontecimientos, declaraciones y actuaciones públicas de Chaves Robles, ocurridas entre 2022 y septiembre de 2026, dirigidas o relacionadas con diputados, autoridades de órganos de control, integrantes del Poder Judicial, periodistas, medios de comunicación, universidades, mujeres y distintos sectores de la ciudadanía. El recurso sostiene que estos hechos deben analizarse integralmente para establecer si existe algún patrón relevante para el ejercicio de la función pública.
La ANEP también plantea que la Sala valore medidas dirigidas a garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, particularmente en lo relacionado con la obligación estatal de procurar el mayor bienestar de las personas habitantes del país.
Recurso también se dirige contra la Presidencia de la República
La acción constitucional también se presenta contra la Presidencia de la República, encabezada por Laura Fernández Delgado, debido a que fue quien nombró a Rodrigo Chaves como ministro.
ANEP fundamenta esta parte de su recurso en el artículo 139 de la Constitución Política, señalando que la Presidencia posee la potestad constitucional de nombrar y remover ministros, y relaciona esa responsabilidad con las obligaciones atribuidas al Poder Ejecutivo para mantener el orden y la tranquilidad de la Nación y resguardar las libertades públicas.
La organización considera que corresponde a la Presidencia adoptar las previsiones que resulten procedentes mientras se analiza la situación planteada ante la jurisdicción constitucional.
Además, ANEP solicita valorar medidas que garanticen el adecuado funcionamiento institucional y plantea restricciones relacionadas con decisiones que puedan afectar a órganos de control y al Poder Judicial mientras se resuelve el asunto principal.
Será ahora la Sala Constitucional la encargada de determinar la admisibilidad y procedencia de las pretensiones formuladas, así como el alcance de cualquier medida que eventualmente corresponda.
Declaraciones de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP sobre Recurso de Amparo
• Medida se mantendrá mientras la Sala resuelve el recurso de amparo presentado por ANEP.
• ICE deberá rendir informe y aportar la documentación relacionada con la decisión de demolición.
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no ejecutar la demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, sede histórica de sus oficinas centrales en La Sabana, mientras se resuelve el recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La resolución corresponde al expediente N.° 26-033856-0007-CO y fue emitida este 18 de setiembre de 2026. La Sala dispuso expresamente que las autoridades recurridas no podrán ejecutar la orden de demolición “hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa”.
Además, el Tribunal Constitucional solicitó al Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo del ICE rendir un informe sobre los hechos planteados en el recurso. Ese informe deberá ser presentado dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación y acompañado de copia certificada de la documentación y demás soportes relacionados estrictamente con el objeto del recurso.
Para ANEP, esta resolución constituye un paso importante para garantizar que antes de adoptar una decisión irreversible se conozcan y analicen los fundamentos técnicos, estructurales, económicos y patrimoniales que sustentan la eventual demolición.
La organización reiteró que la discusión no puede limitarse únicamente a demoler o sustituir el inmueble, sino que deben conocerse los estudios correspondientes y valorarse las posibilidades de reforzamiento, rehabilitación y conservación de un edificio ligado a la historia institucional del ICE y al desarrollo de la infraestructura pública costarricense.
ANEP dará seguimiento al proceso ante la Sala Constitucional y a la documentación que deberá aportar el ICE.
• ANEP logra que se elimine filtro administrativo que obstaculizaba la comunicación directa de la organización sindical con las distintas dependencias de la institución.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto con su Comité de Enlace en la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), obtuvo una importante victoria en defensa de la libertad sindical, luego de que la Sala Constitucional declarara parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado contra disposiciones adoptadas por esa institución.
Mediante la resolución n.º 2026031967, correspondiente al expediente 26-020687-0007-CO, dictada el 20 de agosto de 2026, la Sala Constitucional anuló el punto 3 del Acuerdo 10 del Acta 04-2026 de la CONAI.
Dicha disposición obligaba a que toda interacción, traslado de información o remisión de documentación hacia las organizaciones sindicales fuera canalizada obligatoriamente por medio de la Dirección Ejecutiva de la CONAI.
Para la Sala Constitucional, esta centralización obligatoria constituía un obstáculo para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de la organización sindical, particularmente la libertad sindical, el derecho de petición y pronta respuesta y el acceso a la información pública.
El Tribunal Constitucional determinó que no existe justificación para establecer una centralización de las comunicaciones que termine obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales de una organización sindical.
ANEP podrá mantener comunicación directa con las dependencias
Con esta resolución se elimina una barrera administrativa que condicionaba la posibilidad del sindicato de comunicarse directamente con las distintas oficinas y dependencias de la CONAI.
Para ANEP, la importancia del fallo radica en que reafirma que la libertad sindical no consiste únicamente en el derecho de las personas trabajadoras a organizarse, sino también en garantizar las condiciones necesarias para ejercer efectivamente la representación sindical.
Esto incluye presentar gestiones, solicitar información, obtener respuestas oportunas y mantener una comunicación directa y fluida con aquellas dependencias institucionales competentes para resolver las solicitudes planteadas.
La Sala también reconoce que obligar a que todas las comunicaciones sindicales pasen previamente por una autoridad superior puede generar atrasos y afectar la efectividad de la actividad sindical.
Un precedente relevante para el sector público
ANEP considera que esta resolución trasciende la situación particular presentada en la CONAI y reafirma un principio fundamental para las organizaciones sindicales que desarrollan su labor dentro del sector público.
Las instituciones no pueden establecer filtros administrativos que controlen, retrasen o dificulten injustificadamente la comunicación de los sindicatos con las dependencias públicas.
El criterio coincide además con el aplicado recientemente por la Sala Constitucional frente a una disposición semejante adoptada en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), fortaleciendo la protección constitucional de la acción sindical.
La resolución también advirtió al presidente de la CONAI sobre las consecuencias legales derivadas de un eventual incumplimiento de lo ordenado y condenó a la institución al pago de las costas, daños y perjuicios correspondientes, que deberán determinarse en la vía contencioso-administrativa.
ANEP aclara que el recurso fue declarado parcialmente con lugar, pues la Sala no acogió otros extremos relacionados con los lineamientos de evaluación del desempeño y la confidencialidad de determinados documentos preparatorios.
Sin embargo, la anulación de la disposición que centralizaba obligatoriamente las comunicaciones sindicales representa una victoria sustantiva en defensa de la libertad sindical y del derecho de las organizaciones de trabajadores a desarrollar su actividad sin obstáculos administrativos injustificados.
La ANEP y su Comité de Enlace en la CONAI continuarán firmes en la defensa de la libertad sindical, el respeto de los derechos fundamentales y las garantías de las personas trabajadoras.
Declaraciones de Javier Camacho, Comité de Enlace ANEP-Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).
-Rotar funcionarios cada tres meses entre provincias podría afectar la operatividad de los cuerpos policiales y la estabilidad económica y familiar de sus trabajadores.
Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria manifiestan su preocupación ante el anuncio de la Presidencia de la República sobre la intención de establecer una rotación de funcionarios policiales entre diferentes provincias cada tres meses, como mecanismo para evitar el arraigo territorial y prevenir eventuales vínculos con estructuras del narcotráfico o actos de corrupción.
Desde ANEP reconocemos la obligación del Estado de combatir frontalmente la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y cualquier intento de infiltración en los cuerpos policiales. Sin embargo, consideramos que combatir la corrupción no puede significar trasladar indiscriminadamente a cientos de policías y afectar a quienes cumplen honestamente con sus responsabilidades.
La corrupción no se combate simplemente trasladando policías
Una medida de esta magnitud debe estar respaldada por estudios técnicos, jurídicos, presupuestarios y operativos que demuestren su viabilidad y efectividad.
Trasladar a una persona funcionaria de una provincia a otra no garantiza por sí mismo que se eliminen eventuales prácticas de corrupción. Para enfrentar este problema se requiere fortalecer la investigación, inteligencia policial, controles internos, supervisión, mecanismos disciplinarios, evaluación de riesgos y seguimiento institucional.
Tampoco consideramos correcto partir de una premisa que pueda colocar bajo sospecha generalizada a los policías por permanecer durante determinado tiempo en una región.
La gran mayoría son trabajadores honestos que diariamente enfrentan situaciones de riesgo y que, además, han desarrollado conocimiento sobre las comunidades, rutas, dinámicas criminales y características geográficas de las zonas donde trabajan. Ese conocimiento también constituye una herramienta para la seguridad pública.
Cada cuerpo policial tiene una realidad diferente
ANEP advierte que una política general de rotación no puede desconocer las particularidades de cada cuerpo policial.
La Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria desarrollan funciones distintas y especializadas en comunidades, carreteras, fronteras, aeropuertos, centros penitenciarios, lucha contra el narcotráfico y otros puntos estratégicos del territorio nacional.
Además, varios de estos cuerpos enfrentan limitaciones de personal, presupuesto, infraestructura, transporte y equipamiento.
Declaraciones de Benjamín Sevilla García, Asesor Sindical ANEP en Fuerza Pública y Policía Penitenciaria
Por ello, resulta necesario responder una pregunta fundamental:
¿Cómo se pretende trasladar periódicamente policías entre provincias si previamente no están garantizadas las condiciones de alojamiento, transporte, alimentación, infraestructura, presupuesto y recurso humano necesarias?
No podemos “desvestir un santo para vestir otro”. Trasladar funcionarios de una región a otra sin aumentar las plazas disponibles y los recursos podría terminar debilitando la presencia policial en determinados puntos del país y aumentando las cargas de trabajo del personal que permanece en las unidades de origen.
Detrás de cada uniforme existe una familia
Una política de rotación también debe valorar el impacto sobre las personas trabajadoras.
Una rotación cada tres meses puede significar separación familiar, mayores gastos de transporte y alimentación, problemas de alojamiento y dificultades para atender hijos, adultos mayores o personas dependientes.
Declaraciones de Gerardo Mora Ordóñez, Presidente Seccional ANEP Policía Profesional de Migración
Los policías no son piezas que pueden trasladarse de un lugar a otro sin consecuencias. Son trabajadores y trabajadoras con derechos y responsabilidades familiares.
Las necesidades de seguridad del país deben ser compatibles con condiciones laborales dignas para quienes tienen precisamente la responsabilidad de proteger a la población.
ANEP solicita transparencia y diálogo
Antes de implementar cualquier política general de rotación, las seccionales policiales de ANEP solicitan al Gobierno de la República hacer públicos los estudios técnicos y jurídicos que sustentan la propuesta, su impacto presupuestario, los criterios para determinar los traslados y las condiciones de alojamiento, transporte y permanencia que se garantizarían a los funcionarios.
Declaraciones de Jonathan Flores Mata, Asesor Sindical ANEP en Policía Control de Drogas, Policía de Tránsito y Servicio de Vigilancia Aérea
También resulta indispensable determinar cómo se aplicaría la medida a cuerpos policiales especializados y cuáles mecanismos se utilizarían para evitar que determinadas regiones o unidades queden debilitadas como consecuencia de las rotaciones.
ANEP solicita además que las organizaciones sindicales y las representaciones de los distintos cuerpos policiales sean escuchadas antes de adoptar una decisión que podría tener consecuencias directas sobre las condiciones laborales y familiares de cientos de personas trabajadoras.
Las seccionales policiales de ANEP respaldan el combate firme contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, pero consideran que las políticas de seguridad deben construirse con evidencia, planificación, recursos suficientes y respeto a los derechos laborales.
La seguridad nacional no se fortalece trasladando problemas de una provincia a otra.
Se fortalece con más recurso humano, capacitación, inteligencia e investigación policial, controles efectivos, infraestructura adecuada, equipamiento y condiciones laborales dignas.
Por ello, hacemos un llamado al Gobierno de la República para que antes de implementar una rotación generalizada de policías abra un proceso de diálogo y presente los estudios que demuestren la viabilidad y efectividad de la propuesta.
Costa Rica necesita cuerpos policiales fortalecidos, profesionales y con recursos suficientes para cumplir su labor; no policías sobrecargados, trasladados constantemente y sin las condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente su trabajo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
