Categoría: Institucional

ANEP solicita información urgente al PANI por caso de presunto abuso sexual a persona menor de edad en albergue

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más profunda preocupación y consternación ante la denuncia de presunto abuso sexual a una persona menor de edad en un albergue, hecho que ha trascendido públicamente mediante un video difundido en redes sociales y que ha generado alarma a nivel nacional.

De acuerdo con lo expuesto en dicho video, la persona menor de edad habría sido víctima de abuso sexual en un albergue que estaría bajo la responsabilidad del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo cual amerita una respuesta institucional clara, urgente y transparente.

Ante la gravedad de esta situación, la ANEP ha enviado una solicitud formal de información dirigida a la Presidenta Ejecutiva del PANI, señora Kennly Garza Sánchez, y a la Gerente Técnica a.i., señora Anagerie Alvarado Ulloa, en la que se requiere conocer:

¿Qué acciones ha emprendido el PANI desde que tuvo conocimiento del caso?

¿Cuál es el estado actual de protección y atención que se le brinda a la persona menor de edad?

¿Qué medidas de protección inmediatas fueron aplicadas en el albergue involucrado?

¿Se han activado los protocolos institucionales correspondientes, incluyendo la articulación con las autoridades competentes, judiciales y medicas para las valoraciones respectivas?

¿Qué medidas se están implementando para garantizar la seguridad de otras personas menores de edad bajo la responsabilidad institucional, en dicho albergue?

Aclaramos expresamente que esta solicitud no pretende obtener datos sensibles, confidenciales o identificadores de la persona menor de edad, en resguardo absoluto de su dignidad, privacidad e integridad. La información solicitada se limita únicamente a aspectos puntuales que permitan esclarecer las acciones institucionales adoptadas, dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas.

En relación con este caso, el asesor sindical de ANEP en el PANI, Jeffry Hernández Rojas, cuestiono el accionar del PANI.

«Una vez más, el PANI le falla a la niñez costarricense. No podemos permitir que la institución rectora en materia de niñez y adolescencia incumpla con su deber de brindar protección integral a las personas menores de edad. Los albergues institucionales, al no existir recursos familiares o comunales para protección de las personas menores de edad, deben ser espacios seguros, de cuidado y resguardo, no escenarios donde se repitan violaciones graves a los derechos humanos. Este caso es sumamente alarmante, y la Presidenta Ejecutiva debe responder con claridad, transparencia y responsabilidad. El país no puede tolerar más indiferencia institucional frente al sufrimiento de su niñez. Si el PANI no puede garantizar entornos seguros, está fallando en su razón de ser y esto es responsabilidad de la Presidenta Ejecutiva.»

Los niños, niñas y adolescentes no son simples estadísticas o datos para reportes; son personas cuya protección y bienestar deben ser prioridad absoluta. La ANEP solicita al PANI y a sus autoridades que asuman con responsabilidad y prontitud su deber constitucional de garantizar un entorno seguro, digno y libre de violencia para la niñez y adolescencia del país.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Compartimos declaraciones de Jeffry Hernéndez Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI.

ANEP solicita al Ministerio Público investigar posible influencia indebida contra la hacienda pública por implementación del sistema ERP en la CCSS

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–Denuncia también fue presentada ante a la Contraloría General de la República.

–Sistema habría costado a la CCSS 27 mil millones de colones ($52 millones)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República ante una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

En la denuncia presentada por nuestra organización se plantea que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conoció una serie de informes elaborados por los entes técnicos institucionales, relacionados con el proceso de implementación del nuevo sistema informático de gestión empresarial conocido como ERP-SAP (por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning ).

“Ante esta situación, para nada menor y que trastoca el funcionamiento estructural de la institución en sus procesos más sustantivos, ese órgano colegiado y superior de la CCSS, al parecer entró en una dinámica altamente cuestionable, al punto de que existen serios elementos públicos y notorios que podrían evidenciar que dicho órgano no quiso escuchar las advertencias de los entes técnicos y trasladó la valoración a la administración de las gerencias de la institución”, indica la denuncia.  

“Posteriormente, parece ser que la Presidenta Ejecutiva, realizó una interpretación del acuerdo de Junta Directiva, para obligar a las gerencias a implementar ese nuevo sistema ERP-SAP, aún con las consecuencias que podrían generar en los servicios de salud en dos dimensiones, por un lado, la estructura funcional interna, y, sin duda alguna, por otro lado, los efectos e impactos en la población costarricense”, amplia el documento presentado al Ministerio Público y CGR.  

ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto.

A esto se suma que existen informes de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social que advierten sobre los riesgos y documentan los efectos negativos. No obstante, para mayor claridad ante esta fiscalía y contraloría, es oportuno señalar que el contenido del oficio GL-DABS-1006-2025/GL-DTBS-174-2025/GL-DPI-0675-2025, constituye un recuento detallado y elocuente de múltiples falencias, que por sí solo justifica plenamente nuestra solicitud.

Por todo lo anterior, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se solicita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República lo siguiente:

  1. Se investigue a las personas integrantes de la Junta Directiva que votaron a favor en la sesión N.º 9524, celebrada el jueves 29 de mayo del 2025, donde se tomó un acuerdo en torno a la implementación del ERP-SAP.
  2. Se investigue a la Licenciada Mónica Taylor Hernández, Presidenta Ejecutiva, sus asesores, Eugenio Guevara Chaves, Angeline Badilla Berrocal, y al Lic. Héctor Arias Mora, Director del Plan de Innovación, por sus posibles actuaciones en perjuicio de la CCSS y en consecuencia contra la Hacienda Pública.
  3. Se solicite a la Auditoría Interna de la CCSS, trasladar a esta fiscalía y contraloría, aquellos estudios o similares en su poder, que entendemos han sido calificados como CONFIDENCIALES y que están vinculados al tema ERP-SAP.
  4. Investigar los elementos que privaron para el nombramiento del actual Director del Proyecto de Innovación de la CCSS, puesto que entendemos que podrían existir actos administrativos viciados de nulidad.
  • Desarrollar las investigaciones pertinentes a efecto de dilucidar posibles vínculos que se deriven del contrato establecido entre la CCSS y la empresa adjudicada.

Nuestra organización adjunto en la denuncia una serie de informes técnicos de los equipos CCSS, informes de Auditoría Interna, instrucciones de Presidencia Ejecutiva y otros documentos de interés para las pertinentes investigaciones.

S.G. 21-25-3949-25-FAPTC-CGR-Solicitud de investigación ERP-SAPDescarga

Seccional ANEP-INA advierte que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración

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Con mucha preocupación la Seccional ANEP-INA, se dirige a la opinión pública dejando constancia y evidenciando una serie de irregularidades que están sucediendo en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

Y es que, siendo conscientes como personas funcionarias, de que esta noble institución, requiere de modernización para poder evolucionar, ser competentes en el mercado y lograr de manera objetiva, así como cumplir con la misión y visión del INA, los hechos que acontecen, están muy lejos de lo que se plasma en el papel, la institución está perdiendo su norte, su razón de ser, para muestra un botón.

Existe un oficio, emitido el pasado mes de mayo 2025, mediante el cual, el Presidente Ejecutivo, Christian Rucavado Leandro, de forma, en apariencia, sigilosa, instruyó a unidades estratégicas de la institución, para que incluyeran dentro de la formulación del presupuesto 2026, la “módica” suma de más ₵900.000.000,00 (novecientos millones de colones), para atender la “iniciativa del inglés”, producto del “estudio” de demanda nacional de inglés que se promoviera desde la misma Presidencia Ejecutiva del INA. A esta fecha no se conoce, al menos no ésta Seccional, la ruta que se llevó a cabo para estimar dicho monto.

Surgen paralelamente, otras preguntas ¿quién o quiénes son los interesados en que el INA esté inmerso en el tema del inglés? ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de todo esto?, ¿por qué razón no se impulsa con la misma fuerza las demás áreas productivas a las que la institución no debe, ni puede dejar de atender?

Se viene observando, como una y otra vez, en cada período presupuestario, los presupuestos de la institución, no se direccionan para fomentar y reforzar las verdaderas áreas prioritarias, prueba de ello y ya conocido en el Plenario Legislativo, existe desabastecimiento de materiales,  afectando a estudiantes y docentes, estos últimos, también, sin recursos para desplazarse a atender los cursos asignados, existe insatisfacción en la demanda a falta de docentes,  sencillamente por escasez de estos, al no existir interés claramente por contratar más, o bien, porque no se encuentran al100% capacitados y esto último, no porque ellos así lo hayan preferido o sugerido, sino porque, así están dadas las “líneas estratégicas”.

Tenemos un presidente ejecutivo ausente, que fue enviado a la institución, en apariencia, única y exclusivamente para acatar órdenes superiores y que para infortunio del INA, no son las mejores y mucho menos las más transparentes.

Qué decir de las personas que recién se suman a puestos Gerenciales, unos sin experiencia en la institución y otros “amigos del Gobierno de Turno”, ¿qué se puede interpretar de esto? sencillo, entre más llano esté el camino, más fácilmente logran su cometido, o sea, otra forma más de dañar a la institución no importa el costo, el perjuicio va.

Por otro lado, no menos preocupante, figura quien ocupa el cargo de Auditor Interno y de las personas Encargadas de Jefatura que lo acompañan, no cuestionan lo que está sucediendo en el INA y no se interprete esto, que se requiere que el Auditor Interno, sea un coadministrador, papel que presuntamente también lleva a cabo, sino más bien, haciendo y ejerciendo el rol que le corresponde, entre otros, siendo vigilante del uso de los recursos públicos.

Como representantes de esta Seccional, hemos en infinidad de ocasiones, señalado ante las instancias externas correspondientes, que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración, propiciando entre otros aspectos, desprotección a las demás áreas técnicas productivas del país, que sabemos, nos demandan y que, evidentemente nos necesitan. En este particular, se desconoce si existió un muestreo probabilístico, si ha sido validado técnicamente o en su defecto contiene un sesgo de autoselección.

El INA se nos está escapando de las manos y a quienes tratan desesperadamente de hacer algo para salvarla de lo casi inevitable, simplemente, los apartan del camino, de una u otra manera, en algunos casos, ha mediado hasta la persecución.

Freddy Bonilla García, presidente Seccional ANEP-INA.

Auditoría Interna de la CCSS confirma denuncias de la ANEP sobre implementación de programa ERP

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La Auditoria Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), mediante informe AD-AFINPE-0038-2025, del pasado viernes 6 de junio del presente año, en poder de la ANEP, confirma las denuncias de nuestra organización sobre las afectaciones e implicaciones que ha sufrido la institución por la implementación del sistema digital ERP-SAP, desde el pasado 2 de junio.

Según el informe de la Auditoría Interna “se logró evidenciar situaciones de riesgo relacionadas con la gestión de pagos ordinarios que debe realizar la institución tras la salida en vivo del ERP-SAP, especialmente identificada en casos que han paralizado o retrasado procesos esenciales como el pago a proveedores, incapacidades, viáticos y obligaciones judiciales”.

Según lo analizado por la Auditoría Interna, estos problemas derivan de la no integración efectiva de los sistemas legados, así como otros aspectos relacionados con la integridad de las pruebas efectuadas, una posible capacitación insuficiente del personal y una gestión administrativa con incertidumbre ante decisiones y procedimientos operativos diarios.

“Lo anterior ha generado una acumulación de obligaciones pendientes de procesar por montos significativos y con el riesgo institucional que podría representar en términos financieros lo relacionado con el pago de multas e intereses ante el posible incumplimiento de las condiciones jurídicas pactadas con proveedores y usuarios por la continuidad de servicios y beneficios”, indica el informe.

Desde la entrada en operación del sistema ERP, el pasado 2 de junio de 2025, la ANEP ha denunciado una serie de afectaciones. Estas han sido, ahora, identificadas por la Auditoria Interna de la Institución; lo que ha provocado dificultades operativas relacionadas con:

•La ejecución oportuna de pagos a proveedores, acumulando saldos pendientes por más de $11 millones.

• El pago de las licencias e incapacidades se suspendió desde el 3 de junio de 2025, restableciéndose hasta que se logre el 100% de la integración del RCPI con el ERP. A la fecha se tienen 20,127 casos por un monto estimado de 1,324.5 millones de colones pendientes de pago.

• Además, el proceso de pago de incapacidades asociadas al reconocimiento del salario escolar conforme la directriz N 019-MTSS emitida por la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Trabajo para los funcionarios del sector público, a la fecha están suspendidos los desembolsos para 78 mil casos por un monto de 1,212 millones aproximadamente.

•Suspensión temporal en el pago de viáticos institucionales.

•Inconvenientes en la integración con sistemas legados como SIPE, RCPI, SICO y SICERE.

•Atrasos en desembolsos críticos del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR, con posibles afectaciones contractuales.

En el informe también se detalla que mediante oficios GF-1647-2025 del 27 de mayo de 2025, firmado por el Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero y el oficio GL-0921-2025 del 26 de mayo de 2025 de la Gerencia de Logística, se señalaron y describieron las afectaciones descritas anteriormente con la salida en vivo del ERP, programada para el 02 de junio.

A pesar de estas advertencias, mediante el artículo 12° de la sesión ordinaria N° 9524, celebrada el 29 de mayo, y lo instruido por Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, en el oficio PE-2270-2025 del 30 de mayo del 2025, se solicita corregir la situación. Y contandose con tan solo dos días para que el sistema entrara en operación.

Esto fue lo acordado por la Junta Directiva, detalla el informe “Instruir a la Gerencia de Logística y a la Gerencia Financiera, para que-ante lo manifestado en los oficios GF-1647-2025 y GL-0921-2025-, dado que de lo allí indicado se desprende que se trata de aspectos técnicos y administrativos propios de esas dependencias, procedan a tomar todas las acciones técnicas operativas de rigor, elaborando un plan de contingencia para asegurar y garantizar la operación e implementación exitosa del ERP y de la continuidad de los servicios, sin que existan riesgos, o de existir los mismos para la institución o terceros, que estos sean mitigados. Lo anterior en coordinación con la Dirección del Proyecto ERP-SAP.”

Desde la ANEP y desde el mismo principio de toda esta controvercia, denunciamos las diversas afectaciones que estaba causando la implementación de este sistema a la institución, reportados por los mismos trabajadores; por lo cual reiteramos nuestra solicitud a la Junta Directiva de la CCSS de suspender su operación mientras se corrigen las situaciones denunciadas.

Otra de las situaciones que llama la atención del informe, es que en algunas unidades, las personas capacitadas ya no están trabajando ahí, lo que ha causado problemas; y pese a que se están proporcionando videos y acompañamiento directo para ayudar a las unidades a utilizar el sistema, sin embargo hay temor en la población laboral en cometer errores.

La ANEP, también solicitó a la Auditoria Interna de la CCSS, abrir un a investigación en la fase previa de la implementación del sistema, ante un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

En ANEP, aclaramos que no estamos en contra de la innovación tecnológica en la institución, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente, siempre y cuando no afecte a la CCSS y a los intereses de la población asegurados.

DocEnviados5277635—AD-AFINPE-0038-2025Descarga

Desde el 3 de junio ANEP denunció posible nombramiento irregular de la Presidenta de la CCSS

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Desde el pasado martes 3 de junio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunció ante la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el posible nombramiento ilegal de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández.

Compartimos la denuncia presentada:

Desde la organización sindical que nos honramos en representar, y en nuestro rol de defensores de la Seguridad Social costarricense, tenemos el deber de denunciar lo que consideramos un aparente nombramiento irregular de la Sra. Mónica Taylor Hernández, actual Presidenta Ejecutiva de la CCSS. En este sentido, hacemos un llamado urgente a que se investigue con rigurosidad y hasta las últimas consecuencias lo siguiente:

1. La Sra. Taylor posee un nombramiento en propiedad en el Ministerio de Hacienda, donde se desempeña como abogada. Esta información es de acceso público y fácilmente verificable.

2. La Ley Constitutiva de la CCSS en su artículo 7, establece de manera expresa que no podrán formar parte de la Junta Directiva: “los miembros o empleados de supremos poderes o empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social”.

3. El Ministerio de Hacienda forma parte del Poder Ejecutivo, el cual es uno de los supremos poderes de la República.

4. Si bien la Sra. Taylor se encuentra actualmente con permiso sin goce de salario, esta condición no elimina su vínculo como funcionaria del Poder Ejecutivo.

5. La Procuraduría General de la República, mediante el oficio C-019-2021 del 22 de enero de 2021 (adjunto), emitido en respuesta a una consulta de la CCSS sobre el nombramiento de miembros de Junta Directiva, estableció criterios que resultan sumamente preocupantes para esta organización y que deben ser considerados con seriedad en este caso:

“Es de particular importancia denotar que tal, y como se dijo en el dictamen C-142-2008, el principal efecto de la suspensión del contrato consiste en el natural y necesario cese de las labores o actividades prestadas por el trabajador, pero que, sin embargo, en atención al contenido ético del contrato, éste siempre subsiste.

Contrario de lo anterior, el hecho de que un funcionario se encuentre disfrutando de un permiso sin goce de salario, no implica que se haya desligado ni de su plaza ni de la institución empleadora, subsistiendo, entonces las incompatibilidades éticas que ese vínculo suponga. Esta posición ha sido expuesta, con toda claridad, en la sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia N.° 155-2008”

A la luz de lo expuesto y con fundamento en el marco normativo vigente, consideramos que existe una evidente incompatibilidad legal para el ejercicio del cargo por parte de la actual Presidenta Ejecutiva de la CCSS. Ante esta situación, se visualizan únicamente dos salidas que podrían corregir dicha condición:

1. Que la señora Mónica Taylor Hernández proceda a renunciar de manera definitiva a su plaza en propiedad en el Ministerio de Hacienda, con lo cual se eliminaría la restricción legal que actualmente le impide integrar la Junta Directiva de la institución.

2. En su defecto, que presente su renuncia al cargo de Presidenta Ejecutiva de la CCSS, en resguardo del orden jurídico y del principio de legalidad que debe regir el accionar institucional

S.G. 21-25-3927-25-CCSS-Denuncia por presunto nombramiento ilegalDescarga

ANEP solicita a la CCSS suspensión de sistema ERP-SAP ante diversas problemáticas

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La Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estamos solicitando a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) suspender la puesta en ejecución del sistema ERP-SAP ante diversas complicaciones, incluso reportadas por los propios trabajadores institucionales en diversos puntos del país.

En la solicitud a las máximas autoridades de la institución, también indicamos valorar con carácter de urgencia, un retorno temporal a los sistemas administrativos con los cuales funcionaba anteriormente la institución. Esto en el sentido de desarrollar una planificación adecuada a nivel nacional que permita que las autoridades de los distintos niveles nacionales y locales puedan realizar una valoración del modelo y valorar su posible verdadera puesta en ejecución.

Además, solicitamos que, el órgano superior debe valorar la separación temporal del Director del Proyecto de Innovación institucional, como una medida previsional que envíe a la ciudadanía una señal de verdadera transparencia, ética y probidad.

Sobre este último punto, el pasado lunes 2 de junio, la ANEP, solicitó a la Auditoría Interna de la CCSS, abrir una investigación sobre la ejecución y desarrollo de este sistema, al considerar que se encuentra rodeado de una serie de irregularidades, entre estas un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

Hacemos un recuento de los efectos e impactos reales que el sistema está provocando en los distintos niveles institucionales.

En lo local:

a-Falta de capacitación a las personas usuarias del nuevo sistema de los distintos servicios del hospital San Juan de Dios, lo cual parece ser una falencia a nivel nacional, lo cual en principio resulta en una evidencia real de los fallos operativos del sistema y el grado de autoritarismo con el cual ha sido impuesto.

b-Funcionarios y funcionarias que no cuentan al día de hoy con las licencias para los procesos de compras, lo cual puede generar faltantes de insumos y medicamentos en un corto plazo.

En lo nacional:

a-Cadena de abastecimiento de insumos y medicamentos.  Proveedurías reportan interrupción de servicios.

b-Medidas contingenciales se trasladan a servicios de farmacia para el control de pedidos en Excel.

c-Problemas de ingresos al nuevo sistema y los perfiles no son funcionales.

d-Caja reconoce la suspensión del pago de incapacidades y licencias a la población en general y funcionarios de la CCSS.

e-Se tiene conocimiento de la suspensión del pago de viáticos a los compañeros que trabajan en los servicios de salud.

f-Unidades tienen suspendido el pago a proveedores por el nuevo ERP.

g-Recursos Humanos suspendió el adelanto de salarios para las personas trabajadoras que no han recibido en tiempo y forma su salario debidamente ganado y el pago de subsidios por incapacidad, la propia Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP) de la CCSS, indicó por escrito que se suspenderían.

Finalmente, desde la ANEP, aclaramos que no estamos en contra de la innovación tecnológica en la institución, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.

Denuncia ERPDescarga

Recursos institucionales del AyA para promoción personal del Presidente Ejecutivo en medio de crisis por corte de agua en Paraíso

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Desde la seccional ANEP-AyA, expresamos nuestra profunda preocupación y firme rechazo ante la utilización de recursos institucionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con fines que podrían interpretarse como promoción personal del Juan Manuel Quesada, Presidente Ejecutivo.

En momentos en que más de 4.200 familias, comercios y servicios esenciales en el cantón de Paraíso enfrentan la amenaza de suspensión del servicio de agua potable, resulta éticamente inaceptable que el máximo jerarca del AyA se preste a una estrategia de visibilización pública, utilizando la página oficial de Facebook de la institución para proyectar su imagen en medio de reuniones políticas con diputados y el alcalde del cantón, bajo el pretexto de “resolver la situación”.

Nos alarma que mientras se discuten eventuales cobros excesivos y deudas heredadas por más de dos décadas, cuya gestión ineficiente recae tanto en autoridades pasadas como actuales, el señor Quesada priorice el posicionamiento mediático personal, en lugar de brindar soluciones claras, técnicas y equitativas para las comunidades más afectadas.

El uso de fondos públicos y plataformas institucionales con fines que pueden entenderse como campaña anticipada, imagen pública o capital político personal, es un acto reñido con los principios de transparencia, austeridad y compromiso con el bien común que deben regir la función pública.

Ante estas campañas publicitarias que calificamos antiéticas ANEP exige :

• Que el AyA se abstenga de utilizar sus redes oficiales para fines de proyección personal, y que se respete el carácter institucional, informativo y técnico que estas deben tener.

• Que se brinde un informe público y detallado del gasto en publicidad digital relacionada con esta crisis y las reuniones sostenidas con figuras políticas.

• Que el Presidente Ejecutivo enfoque su labor en resolver estructuralmente los problemas de acceso al agua que enfrentan comunidades como Paraíso y no en capitalizar políticamente una situación de emergencia social.

Las y los funcionarios públicos, así como las comunidades, merecen respuestas serias, no campañas de imagen. Mientras los más desfavorecidos temen por el acceso al agua, no es momento para protagonismos ni estrategias comunicativas cargadas de oportunismo.

Defensa del acceso al agua potable y exigencia de transparencia en el uso de fondos públicos

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San José, 4 de junio de 2025

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su seccional en AyA, manifestamos nuestra satisfacción ante la decisión de la Sala Constitucional (Expediente 25-015818-0007-CO) de suspender de forma cautelar el corte del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, Cartago, ordenado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Esta medida representa un importante paso en la protección del derecho fundamental de la ciudadanía al acceso al agua potable, un derecho reconocido por nuestra Constitución Política y respaldado por la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional.

Reconocemos que la resolución responde al clamor de más de 4.200 personas, comercios, centros educativos y de salud, cuya vida cotidiana se habría visto gravemente afectada por esta suspensión.

Como organización sindical comprometida con la justicia social y la defensa de los servicios públicos, nos preocupa profundamente la gestión administrativa y financiera detrás de esta crisis. En particular, cuestionamos:

  • ¿Por qué no se abordó con oportunidad la deuda de más de ₡3.400 millones que, según el AyA, mantiene la Municipalidad de Paraíso desde 1997?
  • ¿Qué gestiones puntuales ha realizado la Administración del Presidente Ejecutivo Juan Manuel Quesada?
  • ¿Por qué se busca ejecutar ahora un cobro urgente, a través de una medida extrema que pone en riesgo derechos humanos esenciales? Si el mismo presidente ejecutivo en uno de sus discursos reconoció que los abonados realizaron sus pagos.

Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes, tanto del AyA como de la Municipalidad, que informen de manera clara y transparente sobre el destino real de los fondos recaudados.

La ciudadanía y el personal institucional, tienen derecho a saber si estos también recursos que pretende cobrar AyA, serán utilizados para:

•   Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

•   Invertir en infraestructura hídrica que solvente la escasez de agua en los barrios más afectados.

•   Renovar instalaciones públicas en condiciones precarias.

O si, por el contrario, se destinarán a gastos suntuarios y no prioritarios, como vehículos, remodelaciones innecesarias o campañas publicitarias asociadas a fines electorales.

Desde ANEP exigimos la rendición de cuentas, la auditoría de los fondos recaudados y una planificación institucional que priorice el bienestar común.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, el respeto a los derechos laborales y el acceso equitativo a recursos vitales como el agua. Seguiremos vigilantes ante cualquier acción que comprometa estos principios fundamentales.

ANEP solicita a la Auditoría Interna de la CCSS investigar el proyecto del sistema ERP

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• Denuncia se presenta ante posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó, este lunes 2 de junio, ante la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una denuncia contra el nuevo proyecto del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), ante una serie de irregularidades.

Según la denuncia presentada por la ANEP, en el año 2022, “la Junta Directiva de la CCSS acordó elegir al Director del Plan de Innovación; sin embargo, la Presidenta Ejecutiva de ese momento, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, al parecer, habría realizado presuntas gestiones no muy transparentes, terminado con una elección a dedo de un funcionario que no tendría las capacidades técnicas para dicho proyecto, pero con una posible alta afinidad política a los designios de la citada hoy exjerarca”.

“El proyecto, al parecer, habría estado manipulado por Juan Ignacio Monge, ex directivo de CCSS, por Manuel Montillano, ex Director del Proyecto de Innovación y por la misma Esquivel Rodríguez, al punto de lograr expulsar de forma grotesca y con tintes de presunto hostigamiento y persecución laboral, a las personas de experiencia que estaban apoyando el proceso, pero que no mostraron ser dóciles a ciertos enfoques”, indica la denuncia.

Otro de los puntos que nuestra organización pide sea investigado, es una serie de yerros que condujo a potenciar nuevas equivocaciones de distinto tipo que, como siempre, terminan debilitando lo estructural- institucional, esto debido a una reconstrucción del proyecto con el nombramiento de Héctor Arias Mora como Director del Plan de Innovación.

“Llama poderosamente la atención que el Lic. Héctor Arias, indicó en su oficio GG- PIMG-1978-2024, que todo estaba listo, pero, pese a eso, no se salió en enero 2025 y se mantuvo a más de 100 personas trabajando, aspecto a indagar, entre otros”.

Desde la ANEP, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente en la institución, siempre y cuando no afecte a la CCSS y los intereses de los asegurados.

Otro elemento que debe revisarse, según nuestra organización, es si la Caja ha pagado a las empresas de tecnologías por productos que no satisfagan los intereses institucionales por estar incompletos. Adicionalmente, debe revisarse con especial cuidado la participación de la empresa PwC, si cumplió el objetivo de ser una contraparte técnica y bien los motivos reales de terminación de su contrato.

También, la ANEP solicita, que la Auditoría, entre otros aspectos, se avoque a revisar la ejecución contractual con la empresa implementadora del ERP, para que luego “no broten a la luz sorpresas que arrojen más oscuridades en este tema”.

“De igual forma, se solicita revisar el producto que inició en enero 2025, relativo a proyectos, para ver si los mismos son de utilidad pues en principio parece que la CCSS podría estar pagando por productos en principio inservibles”, indica la denuncia.

Desde la ANEP, se insta a la Auditoría, de forma vehemente, a que revise los elementos asociados a este tan cuestionado proyecto y emitan las advertencias, informes o similares, para arrojar alta transparencia, probidad y ética en todo lo relativo al cuestionado sistema ERP.

Finalmente, la ANEP respalda, los criterios que han emitido diversas instancias de la institución contrarios a la implementación de este proyecto y rogamos a la Auditoría proceder con la más contundente celeridad que el caso amerita.

¡¡¡URGENTE!!!! S.G. 21-25-3926-25-CCSS-Denuncia ERPDescarga

Denuncias de ANEP sobre situación del PANI llevan a apertura de investigación por parte de la Asamblea Legislativa

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Luego de que la ANEP se reuniera con algunos diputados de la Asamblea Legislativa, entre estos la independiente Johana Obando y Jonathaa Acuña del Frente Amplio, para denunciar gaves situaciones a lo interno del PANI, es que la Comision de la Juventud, Niñez y Adolescenciad ordenó la apertura de una investigación.