Los hechos por los que se denuncia a Chaves Cordero, ante el Ministerio Público, se deben al incumplimiento de un acuerdo firmado, el 1 de noviembre del 2023, por el ahora imputado y el Secretario General de ANEP y representantes de la Seccional de ANEP de la Orquesta Sinfónica Nacional; así como con representantes del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.
Categoría: Institucional
Trasladan denuncia de la ANEP a la Fiscalía por dinero asignado para listas de espera en la CCSS
Denuncias por irregularidades en la Cruz Roja llevan a despido antisindical
La Seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense denunció ante la opinión pública y en conferencia de prensa, el despido antisindical y sin responsabilidad patronal del presidente de dicha seccional y cruzrojista, Ricardo Castro Calderón. Este último desde su gestión de representante sindical ha venido denunciado, junto a la seccional una serie de irregularidades a lo interno de la institución, así como una férrea defensa de los Derechos Laborales de los trabajadores.
Esta voz de denuncia lo llevó a recibir incluso sanciones, como la suspensión de 5 días sin goce salarial, por denunciar ante los medios de comunicación, el faltante de camillas en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, situación que provocaba que los cruzrojista debieran esperar hasta 2 horas o más en el centro médico cuando trasladaban a algún paciente, ya que ese era el tiempo que tardaban en devolver las camillas de las ambulancias.
Otra de las fuertes denuncias que hizo eco en los medios de comunicación nacional, fue el hecho de que solo un cruzrojista se encargaba de atender cierta emergencia y a la vez debía manejar la ambulancia hacia el centro médico respectivo, mientras el paciente no recibía la atención requerida durante el traslado, esto debido al faltante de socorristas; situación que llevó al lamentable deceso de un paciente en pleno traslado.
Ricardo Castro Calderón, presidente de la seccional ANEP-Cruz Roja, indicó que este tipo de denuncias llevó a una persecución en contra de la junta directiva de la seccional.
“Todo el proceso que ha venido pasando no solo mi persona, también la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Cruz Roja con denuncias por parte de la institución es simplemente una persecución sindical. Así lo dejan ver los procesos y denuncias que se están llevando”, detalló Castro.
Otra de las fuertes denuncias realizadas fue por el mal manejo de fondos públicos entre otras cosas, por parte de la administración en el comité de la Cruz Roja Costarricense en Alajuelita. A pesar de que a la persona responsable se le encontró
culpable del mal manejo de dineros públicos, a pesar de eso solo le aplicaron 2 días de suspensión sin goce salarial.
La seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense expuso las siguientes situaciones:
1. Mal manejo de fondos públicos en el Comité de Alajuelita
2. Faltante e incumplimiento en la contratación de los socorristas
3. La creación de una convención colectiva sectorial
4. Rompimiento de las mesas de trabajo con la parte patronal por decisiones unilaterales y situaciones que nunca se resolvieron
5. Procesos administrativos en contra de varios miembros de la junta directiva
6. Denuncia por el faltante de camillas en el Calderón Guardia, que llevó a una suspensión de 5 días sin goce de salario.
7. Despido sin responsabilidad del presidente de la Seccional.
Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, este despido antisindical es más político que jurídico, ya que Ricardo Castro ha liderado un movimiento que socavó las bases de la institucionalidad de la Cruz Roja Costarricense.
“La seccional empezó a escarbar, cuestionar y pedir informes e incluso a ventilar cosas que en ese momento eran tabúes y se dieron a conocer a los medios de comunicación colectiva. Estamos haciendo una condena pública de este acto patronal, vamos a seguir adelante con todas las herramientas jurídico legales para defender a nuestro afiliado y afiliación, ya que se cometió una venganza política”, aseveró Vargas.
Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP y Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, cuestionó el accionar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en este caso y anunció que Ricardo Castro debe de ser nuevamente reinstalado.
“Estamos claros que este despido es a todas luces ilegal, que no tiene asidero y lo más lamentable es que el Ministerio de Trabajo lo avaló, pero analizando los fundamentos y argumentos utilizados, estos carecen de contenido y muestran ilegalidades en su proceder, por lo que serán ventiladas en la estratos judiciales. Lo que se busca con todo esto por parte de la administración de la Cruz Roja es
eliminar la actividad sindical de la ANEP en la institución y frenar la voz de denuncia”, detalló Mora.
A pesar de este despido antisindical, Ricardo Castro Calderón seguirá al frente de la Seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense con todo el respaldo de nuestra organización, así como para los integrantes de la seccional y personal afiliado.
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ANEP solicita a la Contraloría investigar propuesta de ₡200 mil millones anunciada por la CCSS para resolver listas de espera
Reserva financiera de 200 mil millones de colones no se respalda en un acuerdo de Junta Directiva específico.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió una denuncia a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando se investigue la propuesta anunciada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), sobre la disposición de 200 mil millones de colones para la atención de listas de espera.
Para nuestra organización sindical existen una serie de elementos que ponen en duda la forma en que este dinero se reserva y se pone a disposición para que entidades privadas resuelvan las listas de espera.
La denuncia también fue enviada a la Procuraduría de la Ética, la Defensoría de los Habitantes y la Fiscalía General de la República por la vía electrónica.
Para la ANEP, Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, y Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera y Coordinadora del Comité de Inversiones del Seguro de Salud se atribuyen competencias que no les corresponde, por lo cual se debe valorar e investigar los siguiente elementos:
1. Se creó una reserva financiera de 200 mil millones de colones que no se respalda en un acuerdo de Junta Directiva específico.
2. La citada reserva no se fundamenta en análisis técnicos y financieros robustos que permitan comprometer esa dimensión de recursos, inclusive indican que pedirán la
programación a la Gerencia Médica, como un acto posterior. Se resume que se compromete esa dimensión de recursos con fundamento en una solicitud de una página.
3. Es contradictorio que la Gerencia Financiera firmara en menos de 10 días criterios totalmente opuestos: en uno señala la insipiencia de las propuestas que estarían fundamentando una reserva; y, por otra parte, se aprueba en menos de 3 días una inversión de tal magnitud. Podría existir un incumplimiento de la Política de Inversiones del Seguro de Salud y una extralimitación de las competencias del Comité de Inversiones, en definir reservas sin aval de Junta Directiva y direccionadas a un proyecto que no tiene solidez técnica.
4. Si bien podrían ser recursos a la vista que no se han colocado por diversas situaciones, el amarrarlos a una estrategia operativa que debe ejecutarse “en apariencia” en el periodo 2024, representa que dichos recursos no podrán tener la posibilidad de colocarse a mejores rendimientos, y con ello estarán amarrados a la corriente ordinaria.
5. Hay que valorar si la decisión impulsada por la presidencia ejecutiva y la gerencia financiera de la CCSS vulnera otros proyectos y reservas que estaban previamente definidas para atender compromisos de inversión en infraestructura y tecnologías. Esto, sin duda, sería concordante con la estrategia de detener el portafolio de inversiones y volver a inventar criterios de priorización para hospitales que ya habían culminado esa etapa.
6. Finalmente, pareciera que la búsqueda de esa reserva se orienta en que respalde una compra de servicios por terceros que no están incluidas en el presupuesto 2024, lo cual sería contrario al ordenamiento jurídico y técnico de garantizar el debido contenido previo a dictar actos de inicio de contratación administrativa.
Por estas razones, la ANEP solicita a las entidades pertinentes investigar la forma en qué se toman estas decisiones.
Gestiones de la ANEP para reajuste en pensiones del IVM dan resultado
ANEP solicita a la CCSS la intervención del Hospital de Pérez Zeledón
La ANEP envió una carta a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Martha Esquivel Rodríguez, solicitando una intervención urgente del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, ya que los problemas en los servicios son repetitivos y hasta inmanejables; lo que expone a los funcionarios y pacientes a riesgos en su integridad física, emocional y laboral.
“Reestructuración” de AyA es para facilitar la privatización
– ANEP inicia lucha contra la reestructuración de la institución
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Nacional A y A, han tenido acceso al documento Propuesta de Reorganización Integral del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de 245 páginas, procediendo a una revisión, muy general pero responsable, mediando para ello visiones obrero-sindicales, jurídico-legales y estratégicas, producto de las consultas efectuadas a varias personas especialistas; todo lo cual nos permite compartir con ustedes nuestras primeras impresiones que, para ser claros y contundentes, nos motivan a lanzar una alerta general. Así las cosas, tenemos:
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A es producto de un reducido círculo de personas y, por tanto, no obedece, ni siquiera para aparentar, a voluntades políticas de facilitar un proceso participativo de real y amplia base.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A tiene como finalidad fundamental generar despidos, puros y duros, en la concepción neoliberal del término, para dar paso a una reducción cuantitativa de la planilla institucional, sin considerar la posibilidad de reacomodos, tácticos y estratégicos, de personal apto y capacitado para fortalecer áreas y/o sectores que podrían mostrar debilidades y/o carencias destinadas a lograr la mayor satisfacción de la población usuaria.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, por el contrario, apunta a un debilitamiento de mayor calado de cara a la demanda ciudadana por mejores servicios, dándose así un paso para continuar con un proceso de descrédito público al que ha sido sometida la institución en los últimos gobiernos, incluido el actual.
Esta Propuesta de Reorganización Institucional de A y A concibe al Fondo de Ahorro de A y A como un factor anexo o endógeno a la estructura institucional, disponiendo de su personal experimentado llevándolo a una especie de limbo; sin considerar que el Fondo de Ahora es consustancial a la existencia misma de la institución.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A está en la línea de impulsar el camino de la privatización del agua, tan ansiado por varios sectores políticos de fuerte procedencia y/o con respaldo al más alto nivel del macro-empresariado económico del país; privatización del agua que, paralelamente, se viene impulsando en la Asamblea Legislativa con proyectos de ley que ya están en la corriente legislativa, tal como el Expediente No. 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A considera como “material sobrante” una serie de personal experimentado que, de un modo u otro, es susceptible de adaptación y de asimilación del cambio para fortalecer diversas áreas institucionales necesarias para la trascendencia y consolidación de A y A como proveedor de servicios de agua y de alcantarillado sanitario por excelencia en nuestro país.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, con una primera visión jurídico-legal que ya se le efectuó, presente serias contradicciones y vacíos que ANEP ha de puntualizar próximamente; amén de que tenemos serios cuestionamientos de su tramitación procedimental a señalarse en el momento oportuno.
La ANEP y su Seccional ANEP-A y A dejan explícito su total rechazo a la Propuesta de Reorganización Integral de A y A, al considerar que la misma es parte de la estrategia de los sectores político-hegemónicos de la sociedad costarricense de la actualidad y que son los mismos en las sucesivas administraciones gubernativas, los cuales y bajo la consigna ideológica del todo mercado-Nada Estado, desean un
A y A entregado a la lógica mercantil del lucro con la privatización del agua; todo lo cual nos hacer manifestarnos en contra del proyecto de ley Expediente 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.
A la vez, llamamos a toda la familia laboral de la Institución a cerrar filas, sin distingos de ningún tipo; así como a la unidad en la acción de las respectivas organizaciones sociolaborales que, mediante un protocolo de trabajo compartido y firmado, nos dispongamos a la defensa activa y militante de A y A.
