La seccional considera que no es correcto trasladar a los usuarios los errores administrativos de la institución, mucho menos en tiempos de crisis
Categoría: Institucional
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Trabajadores del Patronato Nacional de Ciegos conforman seccional
Trabajadores del Patronato Nacional de Ciegos conformaron, el pasado lunes, la seccional ANEP-PANACI, con el objetivo de defender la institución ante un posible cierre que dejaría a la población no vidente en un estado de vulnerabilidad.
Lo anterior debido a qué en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para cerrar esta institución que brinda apoyo logístico a miles de personas ciegas
ANEP solicita la destitución de la Directora de Migración y Extranjería
7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI
– ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares
– Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico
– Condenamos la criminalización del Empleo Público
7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.
Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.
Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.
7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.
Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.
Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.
Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.
Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.
Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!
San José, miércoles 06 de enero de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Jerarca despide a trabajadores del INTA-MAG pese a fuero sindical
El Director Ejecutivo del INTA-MAG, José Arturo Solórzano, despidió a dos trabajadores del instituto, pese a tener fuero sindical, el pasado 31 de diciembre.
Se trata de Juan Díaz Díaz, vicepresidente de la Seccional INTA-MAG y Alejandra Ángulo González, afiliada a nuestra organización sindical.
En el caso del vicepresidente, es la tercera vez que lo despiden en una fecha similar y para la ANEP dicha acción se interpreta como persecución sindical. Por otra parte, aunque la administración justifica los despidos por la falta de presupuesto, el jercarca de la institución continúa realizando contrataciones.
Es importante destacar que los trabajadores se presentaron a la ANEP para ser representados por la Unidad de Asesoría Jurídica, con el fin de acudir a la vía judicial y hacer valer sus derechos.
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Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida
– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.
En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.
El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiéndo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.
ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.
ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.
Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.
Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.
San José, jueves 10 de diciembre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Denuncian al director del CTP por uso indebido de su vehículo institucional
Recorte al presupuesto de Migración y Extranjería dejaría en jaque las deportaciones y diversas funciones administrativas
Las Seccionales ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y ANEP-Administrativa, denuncia ante la opinión pública qué el rebajo del Presupuesto Ordinario asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para el ejercicio 2021, aprobado por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, afecta al 100% los recursos como viáticos en el interior y exterior del país, impresión de material para información de usuarios sobre trámites y prevención de delitos, así como el seguimiento a proyectos administrativos de la institución.
Lo señalado anteriormente, no permite que la labor que se realiza sea efectiva, pues afecta a nivel operativo a la Policía Profesional de Migración y a los usuarios, ya que limita la labor policial y aumenta el desconocimiento de los alcances, reglamentos y leyes costarricenses; situación que vendría afectar la buena aplicación de las mismas, ya que afecta en gran parte las deportaciones de las personas extranjeras.
La DGME, también debe velar por la seguridad nacional, y en los últimos días ha circulado una noticia en medios de comunicación ante la encuesta sobre la percepción de la seguridad en Costa Rica durante el año 2019, realizada por el Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (PMCSI) del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), de la cual se obtuvo que un 69% de la población nacional se siente en un país inseguro, por lo que esto es una razón más por la cual apelamos a no realizar un recorte presupuestario de tal magnitud.
Es de conocimiento, la necesidad de hacer recortes económicos por el bienestar del país; sin embargo, en el caso migratorio, se estaría también generando un problema a nivel de seguridad, por lo que sería un doble daño al país. Recortar el contenido presupuestario del Ministerio de Gobernación es afectar de forma directa a una de las instituciones de que ha cobrado en la contención de las fronteras, la cual ha tomado mayor relevancia durante la emergencia sanitaria por el COVID -19 en nuestro país.
La DGME cuenta con proyectos a nivel nacional que se verían afectados, cómo la administración de las Estaciones Migratorias del Bicentenario y la atención a poblaciones vulnerables a través de Migramóviles (visitas a las comunidades), Mantenimiento Preventivos y Correctivos de los equipos tecnológicos, Mantenimientos de edificios, solicitudes de refugio en fronteras según el estado de vulnerabilidad, apoyo administrativo y logístico en operativos policiales, atención medica de los funcionarios destacados en las regionales.
Ante este escenario las seccionales de la ANEP en la PPME y Administrativa apelamos a una revaloración de las medidas, ya que todos debemos trabajar por el bienestar de Costa Rica.
Gerardo Mora Ordóñez
Presidente de la Seccional ANEP-PPME
Directivo Nacional de ANEP.
Paolo Cascante Marín
Presidente de la Seccional ANEP ADMINISTRATIVA
