•Mujeres tendrán que laborar 5 años más, hombres 3
•Monto de pensión quedaría en 40% del promedio salarial
Se espera para próximos días que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), imponga cambios violentos y modificaciones bruscas en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que representarán, sin la menor duda, una nueva agresión a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado; agresiones anti-obreras que se imponen aprovechando la crisis de la pandemia del covid-19.
De entrada, la edad para acceder a la pensión de dicho régimen será de 65 años, indistintamente de si se es hombre, o de si se es mujer. En éste caso, las trabajadoras deberán laborar 5 años más del tope actual (59 años y 11 meses); los varones, pasarán de la fijación actual de 61 años y 11 meses, para tener que laborar 3 años más. Por otra parte, el monto final a recibir por pensión quedaría en un 40 %, no ya el 60 % actual; y, ese 40 % sería producto del cómputo de los salarios devengados durante toda la vida laboral de la persona trabajadora cotizante para el régimen; ya no como en la actualidad que es el promedio cotizado durante 20 años de desempeño activo en el mercado de trabajo.
La posibilidad del retiro anticipado quedaría completamente descartada.
ANEP anuncia que con su firma no se legitimará una nueva agresión en contra de los derechos de la clase trabajadora; y, con vehemencia, exhorta al ciudadano Mario Devandas Brenes, integrante de la Junta Directiva de la CCSS, en representación de los sindicatos, para que no dé su voto en la sesión que está prevista para la adopción de estos cambios violentos y estas modificaciones bruscas en el régimen de pensiones más importantes del país.
La crisis financiera del IVM-CCSS tiene que tener un abordaje integral considerando las distintas causas que la generaron, ninguna de las cuales es atribuible a la parte cotizante obrera. Por ejemplo, las erráticas y riesgosas inversiones que habrían generado una considerable pérdida y que siguen un trámite en sede penal para determinar responsabilidades político-ejecutivas en la toma de esas deplorables decisiones. La impunidad se ha impuesto, lamentablemente.
Aprovecharse del ambiente sociopolítico y económico nacional contaminado por la pandemia del covid-19 para imponer tales cambios anti-obreros en el IVM, desborda toda lógica ética y moral, pues encubriría debajo de la alfombra, determinaciones puntuales de carácter fundamental que deberían emerger si se trata de una reestructuración de corto, de mediano y de largo plazo que le retornen la seguridad financiera a este régimen de pensiones, hoy severamente vulnerada por, repetimos, causas no obreras.
ANEP aboga por que tal decisión se postergue y que se abra la más transparente discusión, metodológicamente ordenada, multifactorialmente diversa, con suficiente base sociolaboral realmente legítima, con plazo definido para llegar o no llegar a acuerdos; y extra-muros institucionales.
ANEP alerta a las diversas organizaciones aglutinadoras del cuerpo obrero cotizante del régimen de pensiones IVM-CCSS para que se construya una única posición de perspectiva trabajadora, sin cálculos personalistas; a fin de brindarle a la clase trabajadora una posición férrea y sólida, sin demagogias legitimadoras para el fortalecimiento de las posiciones enemigas mismas de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
San José, miércoles 28 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Los cuestionamientos se dan luego de la comparecencia de la Vicepresidenta de la República, Epsy Campbell en la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela de la Asamblea Legislativa sobre la situación de personal migratorio en puestos fronterizos.
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público llamarían a comparecer a la Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, tras la denuncia de la Seccional ANEP-AyA en la que se demostró que la jerarca habría solicitado en una reunión con otra organización sindical no dar declaraciones a Diario Extra debido a los cuestionamientos que realiza, este medio de comunicación, en contra de acciones de la institución.
El diputado de Nueva República, Jonathan Prensas, indicó que presentará una moción, para llamar a comparecer a Astorga por también ordenar no dar más pauta a Diario Extra, ni a CRHoy.com.
La moción incluye que se llame también a Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del SITRAA. Así como también a Silvia Ulloa, directora de CRHoy.com, e Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra.
Con la moción se pretende investigar sobre la toma de decisiones e inversión discriminatoria y selectiva de los recursos públicos por parte del AyA y con ello garantizar la transparencia en el uso de los fondos estatales.
La intención de la jerarca del AyA quedó plasmada en la minuta GG-2020-02784 del 29 de junio del año en curso, en una reunión en la que participaron la Presidencia Ejecutiva, la Dirección de Comunicación, Salud Ocupacional, Gerencia General y personal afiliado al Sindicato de Trabajadores de AyA (Sitraa).
Movilizaciones obrero-sociales apoyaron su creación
Movilizaciones obrero-sociales deben defenderla
Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18 % de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45 % de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.
Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero privado ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.
Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que ANEP condena enérgicamente.
La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos que parecen haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.
Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia pues los enemigos de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.
Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector público.
Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla.
Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.
San José, lunes 13 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME) continúa trabajando duro para dotar de recursos frescos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), para la contratación de personal policial. Esto último, evidenciado por la emergencia sanitaria que atraviesa el país.
Por lo cual la seccional ANEP-PPME se reunió de manera virtual, el pasado viernes 03 de julio, con los diputados Jonathan Prensas e Ignacio Alpízar, así como con asesores legislativos de la bancada Nueva República, con el objetivo de solicitar el apoyo al expediente Nº20.323 que le daría recursos económicos a la Policía Profesional de Migración para la contratación de personal.
“En medio de esta pandemia se tuvo que cancelar la visita de los señores diputados y diputadas a los puestos fronterizos de la Zona Norte, por lo que en vista de la importancia de este proyecto de ley se realizó la reunión de forma virtual, con oficiales de distintas unidades de la Policía Profesional de Migración, para exponer las múltiples responsabilidades laborales y la necesidad urgente de contar con más personal, así como el deteriorado estado de muchas de las oficinas que albergan el personal y son la primera impresión que nuestros turistas perciben de Costa Rica”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la seccional ANEP-PPME.
Reunión virtual
Mora indicó, que al finalizarla reunión los diputados del bloque de Nueva República, ofrecieron su apoyo con dicho proyecto de ley qué se encuentra en la Comisión Legislativa de Narcotráfico y Seguridad. Además, los legisladores se comprometieron a buscar otras opciones que permitan lograr el objetivo de fortalecer la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
“Sabemos que después de que pase esta pandemia aumentarán los flujos migratorios de extranjeros, en busca de una mejor calidad de vida: por la situación económica en la que quedará el mundo y más debilitado en los países pobres, aumentarán también los delitos de trata y tráfico de personas, así como el tráfico internacional de drogas. Desde el lado positivo de la acción del Estado costarricense con respecto a la atención del Covid 19, también esperamos que sea un destino turístico recomendado y que por lo tanto aumente significativamente los ingresos de turistas internacionales, por lo que se hace necesario los recursos y nuevo personal”, externo Mora.
Otros temas
Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el tema del Puesto Fronterizo Las Tablillas dónde oficiales de migración y extranjería atienden publicó en contenedores provisionales. Por lo que es necesario presentar un proyecto de ley para qué legalicen la creación del puesto fronterizo tal y cómo lo ordenó la Sala Constitucional. Además, se habló de la importancia de la propuesta para la creación del puesto fronterizo de control migratorio en México de Upala.
La reunión también contó con la participación del asesor legislativo de la ANEP, Roberto Zeledón.
• Unos 70 trabajadores de empresa privada que brindan el servicio operativo-logístico para el Incofer, se quedarían sin empleo en setiembre.
• ANEP solicitó una reunión con representantes del ministerio de la Presidencia, Incofer y de la empresa Transfeco, encargada de dar mantenimiento y servicio a los trenes.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ve con suma preocupación y alarma el cartel licitatorio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) denominado “Servicios de logística para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana” el cual vendría a generar una mayor afectación económica y desempleo en tiempos de crisis.
Para ANEP el cartel licitatorio del cual se están recibiendo ofertas de forma electrónica en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), amerita una valoración integral por cuanto existen temas obreros-laborales involucrados. Además, es necesario el abordaje de la vigencia de la misma actividad micro-empresarial hasta ahora participante en la prestación de los actuales servicios de logística, en vista de que nuestra organización posee representación sindical en la misma y se podría generar un conflicto social innecesario en el marco de la pandemia del Covid-19 y el riesgo inminente de más desempleo.
“Este cartel licitatorio va a perjudicar a los trabajadores de la parte operativa- logística que actualmente operan para el Incofer, ya que la licitación menciona que se requieren cobradores, pero con grado académico superior, es decir, que cuenten con bachiller o estudios universitarios. Alrededor de un 60% a 70% de los trabajadores que hacen esas funciones actualmente para el Incofer no tienen ese rango y no tienen los recursos ni las condiciones para estudiar debido a que la mayoría son cabeza de hogar. Al solicitar esos requisitos y no tenerlos, obviamente creemos que se van a generar los despidos”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
De acuerdo con Vargas, el cartel licitatorio afectará a los trabajadores que realizan el cobro tanto en el tren como en los puestos de estación y prácticamente conllevaría la renovación completa del personal, lo cual se traduce en que unos 70 trabajadores aproximadamente se quedarían sin empleo.
“Hay mucha preocupación en los trabajadores de perder sus empleos dada la situación actual que enfrenta el país. En el caso de un cobrador del tren se les está solicitando formación académica de Tercer Año aprobado y preferiblemente Bachillerato en Educación Secundaria, prácticamente aquel que tiene bachillerato es el que va a tener más opción para obtener el puesto de cobrador. A la vez solicitan capacitaciones o certificaciones de servicio al cliente, Ley 7600, comunicación y atención de emergencias. Este cartel es discriminatorio, se podría considerar desigual en cuanto a los atestados que se les están pidiendo ahora”, agregó Vargas
Además, existen cuestiones referentes a las funciones que se les exigen y que no son propias de ese puesto que se está solicitando, este es un tema importante de definir porque los perfiles son la parte más sensible de una contratación.
El Secretario General de ANEP y su seccional en Transfeco consideran la necesidad de establecer una reunión urgente con los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, ministro y Silvia Lara Podevano, viceministra; así como con Presidenta Ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño y la empresa Transfeco & Cía., en representación de Jorge Castro Murillo.
Algunas consideraciones de ANEP que contiene el cartel que son de cuidado tiene que ver con el establecimiento de los perfiles, las funciones asignadas y el puesto; la validación en la elaboración de los perfiles a la población vulnerable y la realidad laboral de los colaboradores; el cartel no posee ninguna referencia de participación de género ni de población discapacitada de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades; asimismo, los criterios de evaluación deben de ser revisados ya que genera duda al brindar el puntaje de 100 % al precio menor es excesivo. Aparte de las observaciones de legalidad y oportunidad del cartel, debe atenderse a los plazos previstos en la ley de contratación y su reglamento y el tipo de licitación con respecto a la una eventual objeción al cartel en atención al interés legítimo que ostentaría la persona trabajadora afectada.
La ANEP mediante una recopilación de datos retrata la realidad que enfrentan los policías de tránsito en todo el territorio nacional
Parte de los problemas refieren a que la mayoría de delegaciones de tránsito cuentan con orden sanitaria del Ministerio de Salud y al faltante de personal pese a la gran cantidad de funciones que desempeñan.
Malas condiciones físico sanitarias, desechos de muebles, llantas con agua estancada, vehículos dañados, tuberías sin tapar, aposentos sin servicios sanitarios ni lavamanos, estas son algunas de las razones por las que 32 de las 37 delegaciones de la Policía de Tránsito del país tienen orden sanitaria del Ministerio de Salud.
Así lo demuestran los datos obtenidos mediante consulta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) al Ministerio de Salud, los cuales fueron suministrados con fecha la 5 de junio del 2019.
Para ejemplificar la realidad mencionaremos a aquellas que poseen el aviso de las autoridades de Salud para realizar las mejoras; a la Delegación General de la Policía de Tránsito en Zapote se le giró una orden sanitaria por problemas físico sanitarios y de seguridad; la Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito ubicada en San Rafael arriba de Desamparados presentaba deficiencias físico-sanitarias y de seguridad, dos vehículos en abandono, llantas con agua estancada, desechos de muebles y otros materiales a la intemperie, mientras que la oficina de la Policía de Tránsito en Desamparados recibió orden del Ministerio de Salud por que no posee sistema mecánico, es decir, ni baño ni fregadero, además tiene el piso dañado y no cumple con la Ley 7600.
Por su parte, en los depósitos de vehículos del Cosevi en Desamparados se encontraron puntos con residuos sólidos diversos y tubería sin tapar y canoas sin plan de limpieza.
Las Unidades Policiales de Alajuela, Heredia y Grecia obtuvieron la orden sanitaria por condiciones físicos sanitarias y está última también por razones de seguridad.
Uno de los peores escenarios, se vive en el depósito de vehículos de la Dirección General de la Policía de Tránsito ubicado en Santo Domingo de Heredia donde fueron detectadas falencias como depósitos de carros a cielo abierto, crecimiento de maleza, presencia de zancos e improvisación de casetillas de los guardas en condiciones de peligro e insalubres.
En la zona atlántica, las principales inconformidades en la Unidad Policial de Guápiles encontradas son las condiciones físico-sanitarias, las autoridades deben de buscar la evacuación de las motos decomisadas y patrullas en mal estado del predio de la delegación. Mientras que la Unidad Policial de Siquirres posee dos órdenes sanitarias por condiciones físico-sanitarias y seguridad. En el área de Guanacaste, la Unidad Policial de Liberia recibió orden sanitaria por acumulación de vehículos en el entorno de las estructuras físicas, es decir, de oficina de licencias, policía de tránsito, oficinas de ingeniería y transporte público. La delegación de Tránsito de Nicoya y la de Cañas poseen orden sanitaria por condiciones físico-sanitarias y de seguridad. Al igual que el plantel del MOPT de Cañas y el plantel del COSEVI en Cañas.
En la Unidad Policial en San Nicolás en Cartago, se encontraron 36 motocicletas a la intemperie sin acumulación de agua ni plagas. Además, según el reporte del Ministerio de Salud cada semana salen 20 motocicletas para los depósitos de Pavas, Coco o de Cartago.
La delegación de Tránsito de Palmar Norte en Osa, no cumple con la Ley 7600 (servicio sanitario y accesos) y no existe mantenimiento del edificio. La Unidad Policial de Río Claro en Guaycará de Golfito, tiene problemas de infraestructura, condiciones inseguras e insalubres. Asimismo, la delegación en Jacó tiene deficiencias por sus condiciones físico-sanitarias.
A este problema de las delegaciones en mal estado se suma la falta de oficiales de tránsito y muchas otras carencias en la Dirección General de la Policía de Tránsito.
ANEP consultó sobre las plazas que se requieren para atender las competencias que le confiere la Ley General de Policía, sin embargo, ante dicha solicitud informaron que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) no cuenta con ningún tipo de estudio sobre el tema, lo que impide contar con un dato a nivel ministerial.
Lo único que se posee es un estudio realizado por la Unidad de Planificación denominado “Personal policial requerido en las delegaciones de tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito”, el mismo fue realizado en el año 2010 y actualizado en los años 2012 y 2018.
En dicho estudio para determinar el personal requerido en la Policía de Tránsito se utilizaron cinco variables las cuales son las regulaciones, operativos de control, atención de accidentes, controles rutinarios y la atención de eventos especiales.
Se registraron las cantidades totales de puntos de regulación efectivos que deben atender cada una de las Delegaciones y Corredores de Tránsito, a esto se suma, la cantidad de oficiales de tránsito que se necesitan para atender dichos puntos de regulación, independientemente de si se cuenta o no con dicho personal. También se incluyeron la cantidad total de operativos de control ejecutados para cada Delegación o Corredor de los Planes Operativos Institucionales del año 2017, financiados tanto por e MOPT como por el Cosevi y se incluye el índice de accidentalidad del año 2017.
De acuerdo con el documento el personal faltante es de 2040 policías de tránsito, para obtener este calculo se aplicó una fórmula total es decir, se cuantificaron todas y cada una de las cinco actividades que desarrolla la Policía de Tránsito, las cuales fueron mencionadas anteriormente.
“Permitió obtener un valor final muy cercano a la realidad operativa de este Cuerpo Policial. De los datos obtenidos se infiere, que la planilla operativa actual, representa el 21% (540) de lo que se necesita en la realidad (2580), o sea que se tiene un faltante del 79% (2040)”, indica el informe.
Es importante destacar en la necesidad del personal administrativo de apoyo que se tiene ya que prácticamente en todas las delegaciones y regionales de tránsito, cuando hay una ausencia de este personal; prácticamente se “obliga” al policía de tránsito a asumir las funciones administrativas, reduciendo aún más la participación y utilidad en las carreteras.
Para nuestra organización sindical, existen muchas preguntas del por qué no se ha reforzado a esta dependencia y parte de las interrogantes tienen que ver con los recursos. ¿cuál es el ingreso por infracciones a la Ley de Tránsito que registra mensualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)?
Esta información fue suministrada mediante oficio DF-2019-214, suscrito por la Dirección Financiera del Consejo de Seguridad Vial, el cual aclara que las multas provenientes por infracciones a la Ley de Tránsito forman parte del Fondo de Seguridad Vial dispuesto para el cumplimiento de las funciones del Consejo de Seguridad Vial, de acuerdo con la Ley de Administración Vial Número 6324.
Los ingresos mensuales son variables, ya que dependen del comportamiento y necesidades de los usuarios para cancelar las infracciones de que son objeto.
El concepto de los ingresos por las multas de tránsito e intereses moratorios registrado en el año 2018 corresponde a ¢12.176.815.407,42, es decir más ¢12.176 millones. Los meses en los con mayores ingresos son enero, noviembre y diciembre (Ver recuadro).
Mientras que en el año 2019 al mes de abril se registraron ¢4.860.629.323,55 millones, es decir más de ¢4.860 millones. (Ver recuadro).
En 16 meses, los ingresos por multas de tránsito e intereses moratorios fueron de más de 17.000 millones (¢17.019.444.730,88).
La seguridad en carreteras en deficiente, dado el poco personal y el faltante de al menos 2.000 policías, por ello, consideramos que los ingresos económicos deberían permitirle al MOPT, ser autosuficiente para solventar el faltante de recurso en la Policía de tránsito. Por otro lado, las condiciones infrahumanas que deben soportar los oficiales de la policía de tránsito, dan cuenta de una deficiente gestión por parte de quienes han ocupado en varias administraciones los cargos jerárquicos dentro de dicho Cuerpo Policial; así como la falta de voluntad política, de quienes lejos de tomar decisiones encaminadas a fortalecer la labor policial, la debilitaron al asignarle a la Fuerza Pública el recargo de la policía de tránsito.
El tiempo nos permite una vez más decir, teníamos razón, cuando dijimos muchas veces que la falta de personal y las deficientes condiciones en la policía de tránsito, obedecían a un problema de gestión institucional, acompañada de falta de voluntad política. Lamentablemente, nuestros legisladores, que la mayoría de las veces se dejan llevar por el calor del momento, sumado al poco conocimiento que tienen de la función policial; se dejaron seducir por la propuesta de Fabricio Alvarado, recargando las competencias de la Policía de transito en la Fuerza Pública, con lo cual, se vera en el corto plazo se estará afectando la prevención y la represión de delitos y, por ende, la seguridad humana.
En conclusión: Tenemos una policía de tránsito raquítica, por el faltante de personal que es más que evidente, al mismo tiempo, los funcionarios que se mantienen activos enfrentan un tremendo desgaste físico, en función de los roles que mantienen.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso ante la Sala Constitucional un Recurso de Amparo contra la Junta de Protección Social (JPS) por el cierre del correo electrónico institucional de la Seccional ANEP-JPS.
Para la ANEP esta acción se suscribe en lo que se conoce como prácticas antisindicales por parte del patrono, ya que el correo electrónico era utilizado por la Seccional ANEP-JPS para enviar diversas comunicaciones a sus afiliados en la Junta de Protección Social y viceversa. Además, donde se daban a conocer denuncias realizadas por la seccional.
Rafael Mora, Asesor de la ANEP indicó que este tema ha sido conocido en el pasado por la Sala Constitucional, que en reiterada jurisprudencia ha ordenado a las instituciones estatales el facilitar a la representación sindical de las herramientas electrónicas necesarias para ejercer la actividad sindical. Una de las más recientes es la sentencia 12778 – 2019.
Mora indicó, que también se estaría por violentando los artículos 60 de la Constitución Política, y al artículo 2 del Convenio 135 de la Organización Internacional de Trabajo, así como las recomendaciones de la OIT sobre la libertad sindical.
Cierre de correo bloquea la comunicación
Desde hace muchos años, la Junta de Protección Social había asignado dentro de su plataforma de comunicaciones electrónicas, el correo seccional@jps.go.cr, con el fin que la seccional ANEP-JPS pudiera realizar las comunicaciones necesarias y ejercer la representación de forma efectiva y eficiente, trasladar información a los afiliados y trabajadores sobre las actividades del sindicato, recibir denuncias de los trabajadores entre muchas otras actividades.
No obstante, en fecha 26 de mayo de 2020, por orden de la Presidente Ejecutiva de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton González, dicha institución decidió de forma unilateral eliminar la cuenta y la dirección electrónica que por años había sido asignada a la Seccional ANEP-Junta de Protección Social.
Mora explicó, que al cuestionar por parte de la seccional la razón por la cual no funcionaba la dirección electrónica, un funcionario del departamento de tecnologías de información de la Junta de Protección Social, de apellidos Collado Jiménez respondió que “La cuenta correo fue eliminada a solicitud de Doña Esmeralda por una cuestión de seguridad y por un posible mal uso de la misma. Si tienen alguna duda o solicitud hacérsela llegar a ella.”
Sin embargo, para Mora no existe una justificación clara, ya que no indican o detallan cuales son los problemas de seguridad o mal uso a los que hacen referencia. Y caso contrario, el cierre de la cuenta afecta al sindicato y sus afiliados en la Junta de Protección Social
«La afectación es para el sindicato y sus afiliados esa cuenta de correo electrónico contenía información sensible de los trabajadores, denuncias que realizaban, solicitudes de ayuda, información de afiliaciones y desafiliaciones, información del sindicato, archivos adjuntos, y diversos tipos de comunicaciones esenciales para el desempeño de la representación de los trabajadores», finalizó Mora.
El recurso de amparo presentado por la ANEP fue acogido por la Sala Constitucional para su estudio.
Indignación, condena y preocupación por lo que pasa en AyA
Deben sentarse todas las responsabilidades sin miramiento alguno
Al parecer los enemigos están dentro de la institución y los privatizadores, felices, están al asecho
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.
ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.
Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.
ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.
Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.
ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
