REVISTA ENCUENTRO 5 by Yariela Novo on Scribd

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), brindar explicaciones de las razones que mediaron para nombrar a Rocío Aguilar Montoya, como nueva Superintendente de Pensiones.
Dentro de los cuestionamientos que plantea la ANEP al ente supervisor, se encuentran informar y dar a conocer sí se realizó un concurso público para el puesto, las bases respectivas del mismo, así como las personas participantes y la votación para el nombramiento; esto con el objetivo de demostrar que la elección de Aguilar Montoya no obedeció a una designación de corte político o a dedo.
En el documento enviado al CONASSIF, la ANEP también detalla y cuestiona que el puesto de Superintendente de Pensiones se entregó a una persona (Rocío Aguilar) que meses atrás burló una sanción que le correspondía cumplir de un mes de suspensión en su puesto anterior, como Ministra de Hacienda. “Aprovechando que la sanción aún no estaba en firme, renuncia a su cargo y evade el cumplimiento de su castigo”.
“La sanción de suspensión de 30 días sin goce de salario para doña Rocío solicitada por la Contraloría General de la República (CGR), en octubre del 2019, al señor Presidente de la República, se fundamenta en que ella, como Ministra de Hacienda, pagó compromisos del Gobierno con sus acreedores a principios de la administración actual, sin tener contenido presupuestario para hacerlo; es decir, sin estar autorizada realizó pagos con fondos públicos, o más sencillo, desvió fondos públicos, pues con su actuar y según la mismísima Contraloría ella fue responsable de un hueco fiscal de alrededor de 900 millones de colones”, indica el documento.
Para Rafael Mora Solano, asesor político de la ANEP, es inexplicable que una persona con estos atestados de incumplimiento en la función pública sea nuevamente colocada en un puesto como el de Superintendente de Pensiones, ya que Aguilar Montoya no solo violentó el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General por el cual sería sancionada, si no también incumplió con el “Deber de Probidad”, tal y como lo establece la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su artículo 3 (ver recuadro adjunto).
La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su Artículo 3, establece que: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”
Es decir, que, aunque para toda la ciudadanía y la opinión pública en general quedó claro que doña Rocío evadió de forma irresponsable la sanción que le correspondía y que causó un grave daño a las finanzas públicas; fue premiada con el puesto de Superintendente de Pensiones, por lo cual hacemos estos cuestionamientos ante el CONASSIF”, detalló Mora.
En el documento, ANEP recordó al CONASSIF, que son un ente público, por lo tanto, está sujeto a lo que establece la “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, así como, la “Ley de Control Interno”, por lo que también es responsable en el ámbito de la función pública con relación al “Deber de Probidad”.
Compartimos documento enviado al CONASSIF
ANEP cuestiona ante CONASSI… by EugenioGuerrero on Scribd
En el artículo semanal de Diario Extra «Empleo Público» https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/419410/empleo-p-blico se mencionan documentos en cuanto a la supuesta consulta a sectores para llegar a la redacción del proyecto presentado a la opinión pública.
La ANEP comparte un «cruce» de cartas entre la Ministra Pilar Garrido Gonzalo y el sindicato.
EMPLEO PÚBLICO-MAYO-Midepla… by Yariela Novo on Scribd
El pasado 14 de mayo, la Seccional ANEP-Bibliotecólogos y Afines del MEP tuvieron la primera reunión con la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP), Yaxinia Díaz Mendoza en la expusieron varias de sus inquietudes laborales.
Algunos de los temas .abarcados fueron la actualización de funciones, trabajadores con títulos con enfoque en tecnologías y el enfoque a la docencia. Además, se sumó el horario de las labores.
¿Cuá fue la respuesta para cada una de esas inquietudes?
Actualización de funciones de los bibliotecólogos que laboran en el MEP: Se acordó realizar una propuestas de las funciones actualizadas, las cuales deberán presentar en un mes en una reunión junto con la directora de Recursos Humanos.
Bachillerato en Tecnologías de la Información y la Comunicación y Licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en docencia para ejercer la enseñanza en el área de bibliotecología: Con respecto a este tema se estará enviando la consulta a la Unidad de Análisis Ocupacional.
Nombramientos en propiedad y por inopia: Para el próximo año habrá un concurso y con las inopias se irá solucionando con los puestos que se ofrecen en la página de Recursos Humanos y que se les envía a los correos del MEP.
Diferenciación entre Bibliotecólogo de Centro Educativo 1 y el Bibliotecólogo de Centro Educativo: Esta es una clasificación hecha por la Dirección General de Servicio Civil, el cual se ampara en su principio, de la Ley de Carrera Docente. Sin embargo, es importante presentar una propuesta a Servicio Civil para buscar una equiparación en ambas clases de puestos, por lo que será una lucha a futuro.
Horario laboral y el período de vacaciones: En torno a este tema se hará el planteamiento para que se incluya el tema de la jornada laboral de las 40 horas semanales en la Convención Colectiva próxima, ya que la actual vence en este mes.
En cuanto a las vacaciones, se puede presentar una reforma a la Ley de Carrera Docente, donde se nos agregue como docentes, sin embargo se perdería la dedicación exclusiva. Nuestro parecer y el de muchos, es contraproducente al profesional de bibliotecología. Por lo que por nuestra parte no se continuará con tal consulta.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), entidad del poder financiero del país que agrupa a los bancos públicos y privados, está indicando ya que tales entidades están muy reguladas por lo cual deberán comportarse con “prudencia” y con “responsabilidad”, al momento de procesar la directriz del Poder Ejecutivo para que se disponga de la enorme cantidad de ₡900 mil millones a fin de otorgar créditos altamente flexibles para la reactivación económica del país, en el marco de las graves consecuencias de la pandemia del coronavirus covid-19; créditos que serían a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas.
El planteamiento de la ABC parece indicar una especie de “rebeldía” para con el mandato del Poder Ejecutivo, de forma tal que se estaría confirmando las preocupaciones que surgieron, al momento mismo del anuncio presidencial, en diversos sectores sociales y políticos de que, a efectos de disponer de esos ₡900 mil millones en poder de los banqueros, no será nada fácil accesar a esos dineros para las miles de personas trabajadoras y emprendedoras afectadas por el covid-19, las cuales necesitan con urgencia apoyo económico-estatal para salir adelante.
Adicionalmente, ABC lo que está diciendo es que sin el aval del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como del propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), los ₡900 mil millones para crédito de emergencia será, repetimos, un “alegrón de burro”.
Así las cosas, pareciera que el anuncio gubernamental de los ₡900 mil millones para créditos productivos e inmediatos, corre el riesgo de convertirse en un “alegrón de burro”; expresión popular que define un anuncio positivo como algo, finalmente, inmaterializable.
A los banqueros, literalmente hablando, les sobra la plata. Datos en poder de ANEP, proporcionados por el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), indican que, a setiembre de 2018, la cifra total en cuanto a depósitos del público y tenencia de activos de los bancos en moneda extranjera, ascendía, ¡en dólares USA!, a 32 mil 820 millones; es decir, ₡18 billones 707 mil 400 millones; repetimos, a setiembre de 2018.
Ocho años antes, en el 2010, tal cantidad era de $17 mil 933 millones 900 mil; o sea, ₡10 billones 222 mil 323 millones. Es decir, en este período de 8 años, los banqueros incrementaron sus activos-depósitos en moneda extranjera es $14 mil 886.100 millones: a razón de $1.860 millones 762 mil 500.
Entonces, si a setiembre de 2018, los banqueros tenían $32 mil 820 millones en activos-depósitos en moneda extranjera (básicamente dólares); y si llegaron a esta cantidad a partir de $17 mil 933 millones 900 mil que tenían en el 2018, ese gigantesco crecimiento fue a razón de 1$.860 millones 762 mil 500 anuales (o, 109.456.617.647 dólares por mes).
Entre setiembre de 2018 y febrero de 2020, transcurrieron 17 meses, lo cual pudo haber incrementado las arcas de los banqueros (creciendo, promedialmente, a razón de 109.456.617.647, por mes), hasta llevarla a la cantidad de $35 mil millones 456 mil 80; nada más y nada menos que ₡20 billones 209 mil millones.
Los ₡900 mil millones ofrecidos por el Poder Ejecutivo para crédito urgente a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas, apenas representaría un 4.5 % del total de la plata que tienen los banqueros al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19.
Es más, es tan gigantesca la cantidad de plata que hay en el sistema bancario-financiero del país que se podría pagar toda la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acumulada al momento, unos $3 mil 500 millones, tan solo el 10 % del monto total que habría en las arcas banqueras hoy en día.
Igualmente, $35 mil millones en poder de los bancos equivale a 7 veces el monto del crédito que se pretende imponerle al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), teniendo Costa Rica que vender sus mejores activos públicos, esos que, precisamente, han destacado en el combate a la pandemia del covid-19.
Nótese que no hemos hablado de los $8 mil millones que tiene por concepto de reservas monetarias internacionales, el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esto es completamente distinto de lo que hemos comentado aquí.
Definitivamente, el rumbo económico que le han impuesto al país las últimas administraciones gubernativas es una catástrofe para las mayorías ciudadanas; pero, a la vez, ha generado una concentración de poder financiero de tal magnitud que no tiene precedentes en la historia republicana costarricense.
La organización sindical socia y hermana de la ANEP, Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), realiza un aporte extraordinario sobre la soberanía y seguridad alimentaria en el país. Como costarricenses debemos preocuparnos por la alimentación de nuestras familias en estos tiempos de pandemia y considerando los grandes problemas que se anuncian a nivel global.
SIPROCNP-Soberanía y Seguri… by Yariela Novo on Scribd
Parte 2 Soberanía y Seguridad Alime… by EugenioGuerrero on Scribd
El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!
El criterio oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en tal sentido, es que la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe ser atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense, cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de ₡1 billón 900 mil millones… hasta este momento.
Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará ₡703 mil 950 millones, por los 73 kilómetros que en un inicio se dijo que costaba construirlos. Esto es un promedio de ₡9 mil 643 millones por km.
Se indica que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a ₡855 mil millones.
Pasar de un costo total de ₡703 mil 950 millones a ₡855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de ₡151 mil 050 millones por esos 11 km. adicionales; es decir, ₡13.731 millones por cada uno de esos 11 km. adicionales. Algo no nos calza aquí…
Nótese que los 74 km iniciales salían a un promedio de 10.178 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?
Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de ₡1 billón 900 mil millones, los ₡855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50 % de esa deuda; para ser exactos, un 45%.
Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que presta los $550 millones para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja.
Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad, considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales que superan los $8 mil millones: apenas un 6.8 % representan esos $550 millones que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.
Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares, en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país ya era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que venían golpeando a la Democracia misma.
Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie que ya han entrado en escena como suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario dejar al desnudo si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, construyendo desde ya una plataforma personal.
En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. El tren eléctrico puede esperar, ¡la Caja, no!
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.