La Seccional de la Fuerza Pública y Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) han denunciado y solicitado la clausura de delegaciones insalubres para los trabajadores.
El Ministerio de Salud ordenó la clausura del puesto policial Mata Redonda en la Uruca debido a que presenta insalubridad y que pone en riesgo la salud de las personas, ni cuenta con las condiciones físico sanitarias adecuadas para su operación.
Acta de clausura del Ministerio de Salud
Además, el Ministerio de Salud estableció un plazo de 24 horas para que retiren del local los implementos personales, laborales y de funcionamiento de la delegación.
Por su parte, la Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública estará vigilante para que los trabajadores trasladados tengan las condiciones adecuadas y que la delegación sea reparada lo más pronto posible
Actividad tendrá costo de 1.2 millones de dólares según publicación de un medio de comunicación
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió este jueves 28 de marzo, una carta a la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, solicitando explicaciones por la realización de la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 2019 (Latinosan), que le costará al país 1.2 millones de dólares.
Los cuestionamientos de la ANEP surgen luego de la
publicación realizada por Diario Extra donde constatan la realización de dicha
actividad del 1 al 3 de abril próximo, en el Centro de Convenciones, la cual reunirá
a representantes de instituciones de varios países, indica la nota.
“Esta situación genera en la ANEP gran consternación
considerando las enormes dificultades institucionales para suplir, con
eficiente prontitud y calidad, los servicios estratégicos que AyA proporciona a
la ciudadanía y que ésta resiente cuando los mismos no son prestados con
calidad y con oportunidad, pese al enorme esfuerzo y compromiso del personal
institucional, especialmente el de campo y el de actividad operativa más
sensible”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Para la ANEP, la prédica oficial de la crisis fiscal está
sacrificando y golpeando a una enorme cantidad de hogares de la población
trabajadora de este país; y, particularmente, muchos trabajadores de AyA, al
enterarse de semejante erogación, la contrastan con la serie de dificultades
cotidianas en la prestación del servicio, teniendo ellos que ser la primera
cara de la institución con respecto a la comunidad usuaria.
Dentro de los principales cuestionamientos que realiza la
ANEP al AyA destaca, si dicho presupuesto fue aprobado por parte de la
Contraloría General de la República. Además, se cuestiona la aparente
participación de Mauren Ballestero Miranda en la planeación de la actividad,
así como el posible pago de consultorías hacía esta persona y otras personas no
asalariadas de AyA.
Otra de las interrogantes del sindicato, se refiere a los
beneficios que traerá para el país la realización de este evento, así como los
resultados obtenidos por la participación en ediciones anteriores.
Para la ANEP, estas y otras consultas deben ser resueltas por parte de las altas autoridades de Acueductos y Alcantarillados en aras de la transparencia con la ciudadanía y los trabajadores de la institución, máxime por la situación fiscal que atraviesa el país.
Compartimos la carta enviada al Gobierno de la República el lunes 28 de enero
San José, lunes 28 de enero de 2019.
Honorable señora
María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra
MINISTERIO DE PLANIFACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
Honorable señor
Steven Núñez Rímola
Ministro
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Asunto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público- Una visión sindical con realidad política
Estimada señora Ministra:
Estimado señor Ministro:
En primer término, reciban sus dignas autoridades ministeriales el más atento respeto de nuestra parte, haciendo énfasis en cuanto a que las consideraciones siguientes llevan un sincero gesto respetuoso para con ustedes.
Con fecha 14 de enero de 2019, desde sus respectivos despachos se emitió un oficio ministerial conjunto, MTSS-DMT-OF-37-2019 y MIDEPLAN-DM-030-2019, dirigido por ustedes a varias personas dirigentes sindicales, incluyendo a “Sr. Albino Vargas Barrantes, Central Sindical Juanito Mora”, abriendo tal misiva en el apartado de Asunto, con esta frase-concepto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público (el subrayado es nuestro, de ahora en adelante).
Antes de entrar en el fondo de este delicado asunto, nos pareció importante precisarles lo siguiente, con relación a la compleja, rica y diversa dinámica que presenta el conjunto de lo que conceptuamos como Movimiento Sindical Costarricense.
Específicamente, la corriente sindical en que los firmantes de la presente desarrollamos nuestro quehacer (en el marco de la multifacética lucha social nacional); y para efectos de cualquier proceso de Diálogo Social que se inspire en la doctrina y en los postulados del clásico tripartismo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a sus estados miembros, nuestra identidad sindical se denomina Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, siglas CSJMP-ANEP. Así está acreditada, por ejemplo, ante las entidades sindicales internacionales de las cuales formamos parte: la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).
Formulada tal precisión, la CSJMP-ANEP desea que sus ilustres autoridades ministeriales consideren los siguientes criterios a propósito del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público que ustedes proponen en el mencionado oficio conjunto.
Afirman ustedes que “… surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista, si no con un enfoque de modernización del Estado, materia que está a cargo de MIDEPLAN, según los alcances de Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional”.
Para la CSJMP-ANEP esta conceptualización política sobre el tema del empleo público, de ser real, está en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante ya bastante tiempo de que, por ejemplo, el déficit fiscal no tiene relación alguna con los salarios devengados por las actuales personas trabajadoras asalariadas al servicio del Estado.
Pese a ello, nosotros pensamos que resulta imposible conceptuarse el empleo público del futuro inmediato y mediato, aunque no comprenda una visión fiscalista, sin tener presente cuál será la sostenibilidad financiero-presupuestaria de ese empleo público en el marco de realidad fiscal de altísimo endeudamiento público, con intereses estranguladores del presupuesto público; y, además, con las profundas falencias que presenta la estructura tributaria actual dada su naturaleza perversamente regresiva. He aquí un punto que nosotros vemos vinculado estratégicamente. Hablar de lo uno sin considerar la realidad de lo otro parece que no es sostenible.
La lista de expedientes legislativos pendientes de obtener voluntad política real para una real justicia tributaria es muy extensa y, si no estamos equivocados, algunos fueron explícitamente señalados como condición para la imposición de eso que denominaron “gobierno de unidad nacional”. Debemos ayudar a la ciudadanía a reparar en ello y estamos trabajando en un documento al respecto que, también, será del conocimiento de vuestras dignas autoridades ministeriales.
Por otra parte, pese a los contenidos de la carta que venimos comentando, tenemos cierta confusión (para decirlo con prudencia constructiva), acerca de un proceso similar que ha sido anunciado y publicado con bombos y platillos por el actual Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort, en la misma línea: diálogo sobre empleo público que, al parecer se impulsa desde Casa Presidencial con una parte del Movimiento Sindical Costarricense.
Ya habíamos denunciado, de manera pública, este peligroso juego de dicho jerarca al respecto, de potenciar exclusiones sindicales participativas que tienen criterio más allá de un enfoque que, si bien legítimo, presenta una naturaleza gremial-corporativa; lo cual nos lleva a preguntarnos si se está propiciando un paralelismonegociador con propósitos ocultos de parte del citado ministro, por demás, figura que nos genera profunda desconfianza y sin credibilidad alguna de nuestra parte en él.
Adicionalmente, cuestionamos qué podría ser diferente, ahora, en este proceso de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, si lo contrastamos con la experiencia vivida con el proceso anterior en torno al controvertido proceso del expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado; considerando que lo que podríamos conceptuar como la hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación ideológica neoliberal, se impondría a definiciones eventualmente compartidas en la línea que ustedes apuntan en cuanto al desafío de que “…surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista…”:
Conociendo el juego político insano que impulsa el jerarca ministerial de la Presidencia, los criterios que tengan los otros rostros de esa hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación neoliberal, abren una considerable interrogante acerca a la solidez que pudieran tener eventuales acuerdos-consensos sobre este tema del Diálogo social para abordar el tema del empleo público.
Hablamos del superministro André Garnier Kruse, inserción fuerte de parte del alto corporativismo empresarial de los macronegocios en el seno del Gobierno; así como de las señoras Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; la primera, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico y la segunda, Ministra de Hacienda.
Lo que estamos diciendo con todo esto es que esas cuatro figuras de la hegemonía política gubernativa, tienen un real poder de veto si un acuerdo-consenso sobre un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, arrojase aspectos que no fuesen congruentes con su ideología neoliberal, por una parte; por otra, de cara al alto interés del marco-corporativismo empresarial que marca el rumbo fundamental de la presente administración gubernativa.
Por otra parte, presuponiendo el logro de un acuerdo-consenso acerca del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, otra enorme interrogante aflora: ¿cuál será la voluntad de respeto para el mismo de parte de la coalición gubernativa en el seno parlamentario; especialmente, la parte de ésta que tiene la más que notable hegemonía legislativa en estos momentos: el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya principal figura diputadil, el señor Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez (aspirante con posibilidades de lograr la próxima presidencia del congreso), también tiene una especie de real poder de veto. He aquí, también, otra interrogante política imposible de no ser formulada.
Aquí, precisamente, queremos detenernos un poco más pues dado que esa coalición gubernativa expresada en el seno parlamentario, con principal eje en lo que nosotros denominamos tripartidismo PLUSC-PAC, está en estos momentos en franca ofensiva antisindical al impulsar tres proyectos de ley contra la autonomía y la soberanía sindicales, algo de extrema gravedad desde el punto de vista de los derechos democráticos; es más, contra la misma existencia de los sindicatos en lo que nosotros hemos denominado como la más fuerte y agresiva ofensiva antisindical de los últimos tiempos.
Estas tres iniciativas antiobreras, los expedientes legislativos números 20009, 20049 y 20067, cuentan con el beneplácito gobiernista pues están convocadas por el Poder Ejecutivo para su trámite parlamentario en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Resulta imposible cerrar los ojos ante esta realidad política, resulta imposible mirar para otro lado y desarrollar ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público es un escenario más que amenazante para la organización sindical interlocutora del mismo.
Un factor de extrema relevancia que queremos destacar, como consideración fundamental, es que realizar un real Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, tiene que ver con las eventualidades situaciones de potencial inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy parecen ser más que evidentes dentro de los contenidos de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. Lo que ya ha sido planteado desde la Universidad de Costa Rica (UCR), y muy probablemente de parte de las otras casas de enseñanza superior pública; lo que se ve venir al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como lo que ya de nuestra parte y de manera directa estamos formulando de cara a la autonomía constitucional del Régimen Municipal; nos hablan de la imprudencia, de la inseguridad y del eventual fracaso de apresurar una discusión abrupta e irresponsable sobre el empleo público, como parece que lo está imponiendo el cuarteto de jerarcas neoliberales en control de la hegemonía política gubernativa; el cual presiona para que a marzo próximo esté listo un proyecto de ley que resuelva lo que desde la vigencia de la actual carta magna, en 1949, se generó en materia de institucionalidad público-laboral.
Colateralmente a lo anterior, resulta más que caótico impulsar, a rajatabla y en carrera loca contra la racionalidad técnica del tema de empleo público, una nueva concepción al respecto, con base en la afirmación de ustedes de que no procede una visión fiscalista; en ámbitos como el del empleo público policial que ya ve nacer la irresponsable convivencia de dos sistemas salariales en su seno, producto de la legislación supracitada, con evidentes consecuencias contraproducentes en los diferentes cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana, al tener dos tipos de personas servidoras públicas conviviendo en la cotidianidad del ejercicio de tal labor con salarios distintos pese a que hacen lo mismo y deben pasar por el mismo control de responsabilidad. Y aquí estamos citando únicamente un ejemplo de un agravamiento del caos laboral en que ha entrado la Administración Público producto de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado.
Sigamos… Habiéndose liquidado, no más entrando la presente administración gubernativa, la hoy extinta Comisión Negociación Salarial del Sector Público, imponiendo de manera unilateral ya dos fijaciones de monto fijo y alejadas de la realidad económica del poder adquisitivo del salario; y ya en vigencia la ley 9635, la delfallo constitucional de compadre hablado, que impuso la concepción de anualidad también en monto fijo; ideológicamente se abrió el camino del salario único para su instauración generalizada, más allá de lo que pudiera formularse en un acuerdo-consenso sobre el tema de las remuneraciones “…no con una visión fiscalista”; por tanto, no parece necesario una bendición sindical mediando ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público. Nos parece que la hegemonía neoliberal intra-gobierno ya resolvió el punto mediando ese unilateralismo del que tanto gustan, además de derogaciones jurídicas (todas controversialmente discutibles en el corto plazo), de diversos derechos patrimoniales de las miles de personas trabajadoras asalariadas estatales.
Deben sus ilustres autoridades ministeriales considerar que en el seno de la corriente en la cual desarrollamos nuestro quehacer (si consideramos la realidad político-social expresada en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con nexos con la CSJMP-ANEP), se encuentra la mayor cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público que enfrentan procesos represivos amenazantes de sus propios empleos por su participación en la pasada lucha social-patriótica contra el expediente legislativo 20.580, hoy ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. De cara a unDiálogo social para abordar el tema de Empleo Público, esta circunstancia, al igual que la que apuntamos en el apartado siguiente, tiene para nosotros un peso político muy relevante.
Particularmente, lacera nuestra humanidad y sensibilidad obrero-sindical la situación del compañero trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, cuyo proceso judicial muestra cizaña y violaciones jurídico-procesales que nos llevaron a caracterizarlo como preso político. ¡Sí, señora ministra Garrido y señor ministro Núñez!, ¡preso político!
Han de comprender ustedes, estando de nuestra parte seguros de que ustedes tienen la sensibilidad social suficiente para ello, que existe enorme preocupación en el seno de la clase trabajadora asalariada sobre el futuro de sus pensiones, particularmente, las complementarias (la obligada y/o la voluntaria). Especialmente, en el caso del sector estatal, pues mucha parte de ella estaría cubierta por el nuevo empleo público que surgiría de ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, o sin él.
25. Las decisiones de política fiscal que se han venido adoptando por parte de la indicada hegemonía política al interior del presente gobierno, tiene con los pelos parados de punto a más de uno, en cuanto a la sostenibilidad de tales sistemas pensionales y las decisiones de materia fiscal que les están imponiendo. Esto asusta mucho y requiere un abordaje de cara al mundo laboral y social organizado, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Otra preocupación de parte de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer.
Los efectos perniciosos de una política económica, reiterada a lo largo de los últimos gobiernos (incluido el actual), que está diseñada para la exclusión social fundamentalmente, genera enormes insatisfacciones y graves problemas en otros sectores de la sociedad organizada que siguen siendo tratados con desdén desde el prepotente ojo neoliberal, hoy con mucha incidencia en la gestión gubernativa en desarrollo.
Tan es así que se vienen dando convergencias, impensadas hasta hace poco, entre diversidades opacadas por la preponderancia de lo macro-fiscal con esa particular visión ideológica.
Es así que, recientemente, el espacio denominado ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL (del cual participamos), construye una propuesta articuladora que, sin duda, contempla una aspiración de un reordenamiento institucional de lo público para suplir las deudas sociales acumuladas; y, sin duda pensamos que esa propuesta de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, podría no estar completa desde el enfoque de los excluidos y de los que están condenados a ello, por esas macroeconomías fiscalistas tan marginadoras de lo social.
Finalmente, las entidades sindicales por ustedes convocadas tienen cierta peculiaridad al incluir a entidades, respetables sí, pero que son de hecho. El proceso sociopolítico que denominamos Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que tiene tal naturaleza, fue omitido en el indicado oficio, pensando nosotros que habría ocurrido una omisión totalmente involuntaria, aunque, como pueden apreciar, notable.
En vista de las anteriores consideraciones sociopolíticas que hemos formulado por esta vía, lo cual creemos que amerita, de parte de ustedes, una necesaria asimilación y aprehensión cabal de la naturaleza de nuestra posición sobre este Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público, no podemos atender su atenta convocatoria para este lunes 28 de enero. Posteriormente, y si lo estiman conveniente, estamos en disposición de explicarles de manera más directa y más puntual, las razones apuntadas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó el pasado viernes 22 de marzo, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV en contra de la ley 9635 conocida como Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas.
En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.
Desde el momento en que esta nueva Ley otorga al Poder Ejecutivo poderes de dirección y control sobre todas las instituciones de la Administración Pública, eso es, a nuestro juicio, violatorio de una serie de principios y normas constitucionales, como lo es por ejemplo, el principio de autonomía municipal establecido en los artículos 169 y 170 de la Carta Magna.
Recibido de la acción de inconstitucionalidad presentada por ANEP
De modo que el primer punto impugnado de la acción de
inconstitucionalidad de referencia es el artículo 26 de la Ley 9635, en la
medida que incluye dentro del ámbito de aplicación de esta Ley a las
municipalidades y otras instituciones autónomas y entes descentralizados, sin
tener en cuenta su nivel de autonomía política, administrativa y financiera.
A nuestro criterio la Ley 9635, contiene una serie de contradicciones
con los principios constitucionales de autonomía de la voluntad, seguridad
jurídica, progresividad de los derechos fundamentales, justicia tributaria, no
confiscatoriedad de los salarios, derecho a la negociación colectiva, etc.
Se impugna el método de calificación, el cual es incierto para todos los
funcionarios de la institucionalidad pública
por ser el mismo arbitrario; y, además, al ordenar
que el mismo será aplicado para todas las instituciones (incluso para las
municipalidades), por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (Mideplan), el cual será el ente competente para dictar las metas y
planes de acción; buscando darle al Poder Ejecutivo, poder de dirección a las
municipalidades y entes autónomos en materia de empleo público.
Es importante señalar que, incluso, la Ley indica frases como “con las
salvedades correspondientes”, ambigüedad que –eventualmente-, le permitiría a
la Administración desaplicar las reglas en el caso que quisieran, violentando
la inderogabilidad singular de la norma, pudiendo fundamentar cualquier caso de
excepción con dicha “salvedad”.
Se acusa, además, la inconstitucionalidad por violación al principio de
igualdad, al crear dos regímenes diferentes de prohibición: uno remunerado con
el 65 % para algunos funcionarios de la Administración Central (que incluye a
los del Ministerio de Hacienda), mientras que a aquellos que se regulen por
leyes especiales les remunerará un 30 % solamente.
También se cuestiona la constitucionalidad de las normas de metodología
por evaluación y designación de anualidades nominales en los funcionarios, en
la medida que, mientras el Estado se asegura de captar recursos porcentuales
basados en el consumo, el aumento por anualidad permanece invariable en el
tiempo, causando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores frente a los gastos; además de vincularse el mismo
a la también inconstitucional decisión de obligar a denunciar convenciones
colectivas, en las que se pudiera disponer
cualquier otro acuerdo.
Otro punto impugnado es el tema de la prohibición que hace la ley 9635,
de que se pacten mejores condiciones de trabajo por medio de la negociación
colectiva.
Son muchas las normas dentro de la Ley 9635 que consideramos violentan el derecho de la constitución, su articulado y principios contenidos. Por ello es importante la actuación en contra de dichas normas, no solamente pensando en el perjuicio gravísimo contra los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, y la desidia ante el Derecho Internacional Laboral; sino que, también, por el menoscabo al Estado de Derecho, en que se le otorga al Poder Ejecutivo poderes irrestrictos sobre entes descentralizados en materia de empleo público, fomentando el deterioro de la institucionalidad democrática costarricense.
San José viernes 22 de marzo de 2019. Unidad de
Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.
La intención de los trabajadores en emergencias de primera respuesta, es decir; bomberos, cruzrojistas y cuerpos policiales es que se les mejoren las condiciones laborales debido al desgaste que sufren con la atención de cada emergencia.
Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP explica más detalles de la reunión.
Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP
¿Cuáles son algunas de las iniciativas que se discutieron durante este encuentro?
• ANEP respaldó y apoyó denuncia presentada en el 2012
La
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace un llamado a
las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para
que separe de sus cargos a los funcionarios de la institución acusados por
parte de la Fiscalía por influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y
administración fraudulenta.
La solicitud
de la ANEP nace del apoyo y respaldo brindado a la denuncia presentada en el
2012 por el ciudadano Daniel Muñoz Corea, economista y trabajador de la CCSS,
la cual se tramita bajo el expediente 12-000046-0615-PE.
Incluso el
23 de diciembre del 2017, la ANEP envió una carta a la entonces Fiscal General
a.í. Emilia Navas, solicitando que se
investigara con prioridad los graves hechos de presunta corrupción interpuestos
contra altas autoridades de la CCSS.
En la carta
enviada a la ahora Fiscal General le indicamos que “…la crisis de liquidez del
Seguro de Salud visible a la población a partir de 2010, habría sido producto
de una presunta falsificación de documentos y del presunto maquillaje de
proyecciones financieras, lo cual habría propiciado la explosión del gasto en
medio de una grave recesión económica; hecho que a su vez habría limitado la
adquisición de insumos, menoscabando ello la prestación de servicios de salud y
el estado de salud de un significativo número de asegurados”.
En otro
párrafo de esa carta apuntamos lo siguiente: “…jerarcas institucionales se
habrían valido de su importante cargo para aprobar con conocimiento de causa y
presunto conflicto de interés, subsidios ilegales del Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte(IVM) al Seguro de Salud socavando, aparentemente con ello, la
rentabilidad de este régimen de pensiones”.
Las personas imputadas son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Guardia Rodríguez, Ugarte Brenes, Garro Herrera, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, Balmaceda Arias, Doryan Garrón, Acuña Ulate, Picado Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.
Declaraciones brindadas por Daniel Muñoz Corea a la ANEP, en febrero de 2016, luego de comparecencia ante la Asamblea Legislativa por la misma denuncia.
ANEP
responsabiliza el accionar de estas personas con la crisis financiera de la
CCSS, así como el aumento del 1% en el aporte del régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM) que impactó el bolsillo de los trabajadores.
En junio 7
del 2017, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, indicó
ante la opinión pública que 6 de esos 18 funcionarios denunciados aún
ostentaban altos cargos en la institución.
1) López
Vargas estaba en ese puesto y que sigue siendo, el director actuarial de la
Caja.
2) Acuña
Ulate: era el gerente administrativo de la Caja al momento de la crisis y ahora
está a cargo de la Dirección Administrativo-Financiera de esa Gerencia de
Pensiones.
3) Picado
Chacón: Era el director de Gestión y Administración de Personal de la Caja y
actualmente, se desempeña como jefe del Área de Investigación Económica de la
Dirección Actuarial.
4) Ugarte
Brenes: Era el gerente financiero al momento de los hechos y hoy está
pensionado.
5) Balmaceda
Arias: era la presidenta ejecutiva de la Caja cuando se tomaron esas decisiones
financieras sobre IVM y hoy está a cargo de la Dirección Médica del Hospital
San Juan de Dios.
6) Garro
Herrera: gerente de Pensiones en aquel momento y hoy se desempeña en un puesto
administrativo en el Hospital San Juan de Dios.
El 12 de
febrero del 2016 el denunciante Daniel Muñoz Corea, brindó una entrevista a la
ANEP, luego de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa donde detalló
todo lo sucedido en la institución.
“Esto es un
espaldarazo a los grandes funcionarios públicos por el trabajo y el compromiso
de defender la institucionalidad. Es una forma de que el Estado escuche a los
que defienden al Estado; los trabajadores públicos que denuncian actos
irregulares pagan un alto precio por defender la verdad, transparencia y
honestidad en el manejo de los fondos públicos”, indicó Albino Vargas
Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Desde la ANEP hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que este caso no quede impune y los responsables asuman las consecuencias del daño realizado a la seguridad social de nuestro país.
Debido
a la falta de respuesta y al tiempo de espera, la Seccional ANEP-Ministerio de
Salud pidió una reunión al ministro de esta cartera, Daniel Salas para conocer
a detalle ¿qué está pasando con los concursos para el nombramiento de los
interinos en el Ministerio de Salud a nivel nacional?
Además, la seccional presentará la necesidad de agilizar la creación del Manual de Puestos dentro del Ministerio de Salud.
A raíz de los comentarios, artículos de periódico e
información que consideramos difamatoria relacionada con los funcionarios y
funcionarias del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y surgida en las últimas
semanas a partir de la decisión de trasladar las becas de primaria y secundaria
del Fonabe hacia el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los funcionarios y
funcionarias del Fondo desean manifestar lo siguiente:
1. El
Fondo Nacional de Becas es una institución creada por medio de la Ley 7658, del
27 de febrero del 1997, cuya rectoría corresponde al Ministerio de Educación
Pública. Es decir, el otorgamiento de becas y el presupuesto asignado para que
el Fonabe atienda a su población, se encuentra amparado en el marco de una ley
y su respectivo reglamento, ambos aprobados y vigentes.
2. El
pasado lunes 18 de febrero, mediante conferencia de prensa, el Gobierno de la
República anunció oficialmente que mediante el Decreto Ejecutivo Nº41569
MEP-MTSS-MDHIS se crea el Programa CRECEMOS que trasladará los beneficios del
FONABE (primera infancia, primaria y secundaria) al IMAS a partir de julio
2019.
3. A
partir de la firma del Decreto y la comunicación del mismo, se ha desatado una
serie de notas y artículos por parte de la prensa, así como comentarios de la
ciudadanía en donde se asegura la ineficiencia de la institución y sus
funcionarios, haciendo comentarios despectivos y solicitando incluso el despido
de estos sin tomar en consideración que las funciones son ejecutadas conforme
las directrices que se emiten a nivel jerárquico. Consideramos además, que
dichas afirmaciones se fundamentan en información, desactualizada acerca del
Fonabe, sin considerar los resultados de la gestión que se ha realizado en los
últimos años y emitiendo juicios hacia los funcionarios y funcionarias sin el
debido sustento.
4. Fonabe
por iniciativa propia y también en atención a diversas disposiciones emitidas
por la Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores, ha
ejecutado a largo de los años, una serie de acciones tendientes a impulsar la
mejora en la prestación de servicios del Fonabe y su funcionamiento interno,
dentro de los cuales podemos mencionar la implementación del Módulo de Regionalización
Digital para el trámite de becas mediante la página web del Fonabe y el
establecimiento de Servicios en Línea
(“Módulo de Postulantes”, “Módulo de Prórrogas”, “Módulo de Traslados y
Corroboración en Línea”), facilitando la gestión de beneficiarios, directores y
encargados de becas de los centros educativos que ya no deben trasladarse hasta
el Fonabe a realizar dichos trámites. Por otro lado, es importante considerar
que el Fonabe es la primera institución que se integró exitosamente al Sinirube,
en abril del 2018, conforme lo exige la Ley 9137, lo cual favorece el control
de las filtraciones, además fue una de las primeras instituciones que
implementó el Índice de Pobreza Multidimensional para la focalización de los
beneficios. Estos y otros esfuerzos por mejorar los servicios que brinda la
institución se encuentran documentados y a disposición de quien desee
consultarlos.
5. Por
otro lado, podemos demostrar que hemos trabajado durante años en una
institución pequeña, con poco apoyo político, con un reducido personal que debe
atender a todo el territorio nacional (69 funcionarios/as), con un presupuesto
limitado, sin sedes regionales y sin los recursos materiales con los que
cuentan otras instituciones, y que a pesar de ello ha logrado cumplir con la
asignación de los beneficios, tal y como sucedió el año anterior cuando el
Fonabe tuvo la capacidad de gestión de asignar las 210 mil becas programadas en
el mes de mayo.
6. Creemos
firmemente en la necesidad de reorganización del Estado en búsqueda de su
máxima eficiencia, y que como en toda empresa o institución pública, se
necesitan mejoras e implementar acciones que corrijan las carencias, sin
embargo, consideramos que para lograrlo no es necesario denigrar la labor de
los funcionarios y funcionarias que hemos trabajado por tantos años con
dedicación y pese a las limitaciones antes señaladas, por lo que demandamos
respeto de los medios de comunicación y a quienes se han referido de forma
despectiva hacia los funcionarios y funcionarias y les solicitamos de forma
respetuosa informarse antes de emitir un criterio sobre la institución y sus
funcionarios de forma que no se emitan juicios de valor parcializados y
subjetivos.
7. Por
último solicitamos a las autoridades correspondientes realizar todas las
acciones que sean necesarias para garantizar que los beneficiarios de becas del
Fonabe no sean afectados durante este proceso, de forma que continúen
recibiendo la beca asignada por la institución tal y como lo requieren,
considerando a los que dependen en gran medida de esta para mantenerse en el
sistema educativo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
