Categoría: Institucional

La Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) debe hablarle al país, con la más absoluta claridad y transparencia, acerca del estado de la situación real del Banco de Costa Rica (BCR), luego de que trascendiera un “informe confidencial” emitido por tal entidad, acerca de que este banco estatal, el segundo más grande del país, está en “riesgo” en cuanto a sus negocios y a su funcionamiento.

La ANEP se siente consternada ante tal anuncio, considerando que el patrimonio del BCR es de aproximadamente dos puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) y, por tanto, lo que le suceda tendrá hondas repercusiones extendidas por todo el sistema financiero y económico del país y más allá de nuestras fronteras.

“Lo anterior, sin hablar del papel que el BCR ha representado para el desarrollo nacional y para la inclusión social, pese a que en los últimos años la hegemonía económica dominante, a través de los sucesivos gobiernos, le destruyó su base política-filosófica con que el insigne José Figueres Ferrer nacionalizó la banca en el año 1949”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

ANEP estima que el Gobierno de la República no puede quedarse cruzado de brazos o viendo hacia otro. Se le debe dar una atención de extrema urgencia al informe de la SUGEF sobre el estado de “riesgo” en el que estaría el BCR en estos momentos.

“Apuntamos lo anterior debido a la sensación que quedó en las conciencias de muchos sectores ciudadanos y sociales con el recientemente caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), donde el actual Gobierno estuvo ausente, generándose una reacción tardía que en la práctica llevó a cerrar dicha entidad pública”, dijo el Secretario General de la ANEP

Para Vargas aterra pensar que el BCR sea “el tercero de la fila”. Según el informe de la SUGEF, la directiva del BCR no tiene sentido estratégico a la hora de gestionar su propio negocio bancario. Además, de manera muy grave, se indica que no se estaría cumpliendo el Código de Ética Corporativo con lo cual se está presentando una grave situación de controversia por los conflictos de interés y la difusión malsana de información bancaria.

En los últimos meses se han visto grandes nebulosas sobre las gestiones, las conexiones, las relaciones que han mediado sobre los créditos que se le otorgaron a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), así como a la empresa Sinocem de Costa Rica.

Debe exigirse una rendición de cuentas tanto al Comité Ejecutivo como a la Gerencia General del BCR, en la persona de Mario Barrenechea Coto, suspendido ahora de su cargo con goce de sus ₡15 millones de salario por mes., debido a la “controversial” gestión que Berrenechea viene ejerciendo.

“¿Puede o no puede el actual Gobierno, que es del PAC, exigir una fuerte y transparente rendición de cuentas con relación a lo que están haciendo sus cuatro directivos en el BCR? ¡Por supuesto que sí! ¡Hasta cambiarlos puede si lo están conduciendo al desastre!”, aseveró Vargas.

La ANEP hace un llamado a su actual afiliación en el BCR, así como a todo el resto del personal institucional para que nos conjuntemos y posicionemos un fuerte criterio laboral y cívico en defensa del BCR, para que sus clientes reafirmen la seguridad y la solidez que la entidad financiera les ha brindado, durante sus 140 años de existencia.

San José, jueves 17 de agosto de 2017.

Boletin ANEP-BCR Agosto 2017 by Yariela Novo on Scribd

Gran parte de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), y especialmente, los que estamos conformando la seccional sindical, nos sentimos muy complacidos que estos hechos se conozcan.

En el MIVAH suceden más cosas, como por ejemplo, una mala administración que perjudica a algunos funcionarios y atropella los derechos laborales de los mismos.

La falta de respuesta por parte del Ministro Rosendo Pujol para reconocer la conformación de la seccional de la ANEP es otro de los puntos, así como que se nos permita reunirnos para tener un lugar con efectos de conocer de los compañeros afiliados las inconformidades institucionales y el mal ambiente reinante ante las arbitrariedades cometidas en nuestra institución.

Las situaciones antes descritas fue lo que motivo la creación de dicha seccional, lo cual ha creado extrañeza por que el asunto se pasó a conocimiento del Departamento Legal del Ministerio, como si la creación de la misma se incumpliera alguna norma legal, lo que si se incumple es nuestro derecho de libre sindicalización y de reunión, hoy seguimos en espera de respuesta y creemos que este sería el primer asunto que la seccional elevaría al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social apegados a lo que establece la nueva legislación de la Reforma Procesal Laboral.

Nota públicada en Diario Extra Nacionales
““Ministro Pujol usa carro oficial para ir a dar clases(Ministro Pujol)

La huelga de los empleados y de las empleadas judiciales, con un impresionante y abrumador respaldo, llega hoy, lunes 24 de julio de 2017, a su sexto día. La ANEP lamenta las consecuencias dolorosas derivadas de este movimiento huelguístico, inédito en toda la historia del Poder Judicial de Costa Rica.

Sin embargo, la culpa no es ni del personal judicial en huelga, como tampoco lo es de los diversos gremios y sindicatos que le representan.

La huelga estalla cuando se deshonró, en sede legislativa, un acuerdo político establecido entre diputados y diputadas de diversas fracciones con el cuerpo gremial del Poder Judicial, para introducirle reformas al sistema de pensiones de este conglomerado laboral-judicial, a partir de un proyecto elaborado por sus mismas representaciones obrero-sindicales. Un proceso así habría garantizado un proceso diáfano y sólido, de diálogo social y de negociación efectiva.

La ruptura de tal acuerdo y su corolario, la imposición del proyecto generado con la visión de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), y teniendo como base, según se dice, un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR), le dio fuerza social, laboral, moral y ética al movimiento del personal judicial costarricense.

Y aquí cabe introducir un nuevo elemento polémico que tiene que ver con la “incuestionabilidad” de los estudios científico-técnicos elaborados en la UCR: ya vimos la polémica en desarrollo acerca de los cuestionamientos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), le formuló al estudio de este centro universitario en contra del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Nos preguntamos: ¿podría estar pasando lo mismo con el estudio de pensiones de la UCR sobre el sistema de pensiones del Poder Judicial y su sostenibilidad en el mediano y largo plazos? ¿Por qué los señores diputados que deshonraron su acuerdo con los gremios judiciales le dieron “carta de ciudadanía”, a ciegas, al estudio de la UCR sobre las pensiones judiciales, desatando así esta huelga?…

La reacción laboral de los y de las judiciales no podía ser otra, puesto que sus dirigentes se esmeraron en demasía por presentar un proyecto que no tendría que depender de las golpeadas finanzas del Estado central, pues ellos mismos los estarían sufragando. Además, el proyecto de los gremios y sindicatos judiciales acaba con las denominadas pensiones de lujo que han imperado en este poder de la República.

Mientras el país se va hundiendo en una creciente crisis fiscal que amenaza con un descalabro similar al ocurrido en países como Portugal y como Grecia; ciertos diputados se enfrascan en una discusión sobre un sistema de pensiones específico, como el de los y de las judiciales, que nada tendría que ver con el descalabro, ya en perspectiva de corto plazo, de las finanzas centrales del Estado, según lo expresa la tesis del proyecto gremial objeto de un acuerdo político-legislativo ahora deshonrado y causa fundamental de esta huelga, polémica e histórica.

ANEP está haciendo un vehemente llamado público a las distinguidas diputadas Marcela Guerrero Campos y Natalia Díaz Quintana, así como a los señores diputados Franklin Corella Vargas y Johnny Leiva Badilla para que ¡paren esta huelga!, rectificando de su deshonra al acuerdo firmado con los gremios judiciales, causa fundamental del estallido de este movimiento ya histórico.

ANEP celebra, por el contrario, que la sensatez política en un tema de tanta sensibilidad y explosividad social, haya motivado a las señoras diputadas doña Sandra Piszk Feinzilber y a doña Maureen Fallas Alvarado, así como al señor diputado Jorge Arguedas Mora, para abogar por mantener el acuerdo de respetar la iniciativa gremial sobre las pensiones judiciales.

Desde la noche del primer día de esta huelga, el pasado miércoles 19 de julio, la ANEP envió al personal judicial del país un primer mensaje de apoyo y de solidaridad; apoyo y solidaridad que hemos reiterado en estos días; apoyo y solidaridad que seguiremos brindando.

Más allá, repetimos, de las consecuencias dolorosas de esta huelga, que nos conmueven profundamente, se debe reparar en su génesis y cómo la deshonra de un acuerdo político-legislativo, no es más que certificar el ensanchamiento creciente de la distancia entre gobernantes y gobernados.

La ANEP celebra que ya otras agrupaciones del Movimiento Sindical Costarricense se hayan pronunciado en apoyo al movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras judiciales de nuestro país.

Particularmente, en el ámbito del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, resaltamos el pronunciamiento ya emitido por nuestra organización hermana, el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE).

ANEP hace un llamado a la totalidad de las organizaciones sindicales y sociolaborales costarricenses para que nos apersonemos a la gran marcha de los y de las judiciales que tienen previsto realizar este próximo miércoles 26 de julio.

San José, lunes 24 de julio de 2017.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA