Manifiesto público de la ANEP con relación al ataque a la población laboral del IAFA

El Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), tiene una importancia estratégica para el país. Para su funcionamiento, las personas trabajadoras asalariadas al servicio de esta entidad, son base fundamental para el desarrollo de programas de prevención y tratamiento que se ofrece a personas con adicción a sustancias psicoactivas.

El personal trabajador asalariado del IAFA no es culpable de los conflictos personales o conflictos de interés que puedan desatarse entre autoridades de la institución; y, por tanto, nos parece una grosería, un irrespeto y un abuso usar, en el marco de tal controversia, a quienes con mística y dedicación trabajan en el tratamiento y rehabilitación en la institución, combatiendo día a día el flagelo de la adicción a las drogas, al alcoholismo y/o al consumo de sustancias psicoactivas.

El personal del IAFA labora con eficiencia, profesionalismo y mística y no es merecedor de la más mínima descalificación de su trabajo; menos si ello obedece a buscar justificar los errores, omisiones, intereses o malas prácticas de quienes en el ejercicio de sus cargos de dirección quieren distraer la atención.

Miente intencionalmente quien quiera señalar, sin pruebas, sin argumentos y atropellando derechos al personal del IAFA.

La ANEP, como representante oficial de los intereses del personal trabajador asalariado del IAFA, censura enérgicamente todo acto, sea de quien sea, que intente utilizar al colectivo laboral de esta entidad para sacar provecho propio.

Denunciaremos estas prácticas y estamos ofreciendo a tan digno personal trabajador, todo el acompañamiento que se requiera, incluyendo el apoyo jurídico. No vamos a permitir atropellos a la dignidad de los funcionarios y de las funcionarias de la institución.

La ANEP repudia, rechaza y condena los ataques infundados, carentes de toda prueba contra el personal asalariado del IAFA, mismos que podrían tener origen en otras intenciones.

Por tanto, exigimos a la más alta autoridad ministerial tomar medidas urgentes en la siguiente dirección

Dar inicio a una profunda investigación dentro del IAFA, en lo económico, en cuanto los programas y la administración de recursos. De encontrarse irregularidades, separar de inmediato a los presuntos responsables e iniciar los procesos pertinentes para que respondan por sus actuaciones.

Suspender todo acto, medida o similar intento tendiente a lesionar los derechos del conglomerado laboral del IAFA.

Ordenar el cumplimiento del estudio aprobado por el Consejo de Salud Ocupacional, respecto a las condiciones de trabajo, de riesgo y seguridad para los trabajadores de la institución.

Incorporar la representación de la Seccional ANEP-IAFA y al apoyo técnico profesional que la organización sindical considere, en aquellos temas de orden laboral tomando en cuenta acuerdos de partes previos suscritos.

Ordenar dar atención especial a la mesa solicitada por ANEP, para dirimir una agenda de temas bajo la mediación del MTSS, pendiente de resolver.

Realizar una actividad con el personal donde se brinde disculpas y se limpie clara y seriamente la imagen de quienes laboran en la institución, momento que puede ser aprovechado para que se exponga y se atienda las necesidades más sentidas y urgentes que tiene la población laboral del IAFA, en busca de mantener un clima de armonía y paz laboral, que devuelva la confianza perdida y ofrezca la paz laboral dentro del IAFA.

Nuestra organización será vigilante de las actuaciones al respecto y no descartamos otras medidas que valoraremos en su debido momento.

San José, lunes 20 de mayo de2019.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Seccional ANEP-IAFA

Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestiona al ICD por trabajar con Plan Nacional sobre Drogas desactualizado

Al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) le corresponde diseñar el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sin embargo desde el 2017 trabaja bajo el mismo documento.

La Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública cuestiona al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) por trabajar en un Plan Nacional sobre Drogas desactualizado, pese a la incursión y a lo habilidoso de las redes del narcotráfico y legitimación de capitales para lograr su cometido.

Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública enfatizó que existe una preocupación ciudadana en torno a la incursión del narcotráfico en el territorio nacional y que el último Plan Nacional sobre Drogas tenía una vigencia hasta el año 2017.

Ante dichas observaciones, el ICD indicó que actualmente “el Plan Nacional sobre Drogas está siendo sujeto a la actualización de su plan de acción, debido a recientes aprobaciones de políticas vinculantes, como la aprobación reciente del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la estructura base, pilares de acción y principales referencias, se mantienen en vigencia.

Otra de las inquietudes de la seccional es que presuntamente, el retraso en la elaboración del Plan Nacional de Drogas se debió que le delegaron dicha tarea al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Sin embargo, en el documento en manos de la ANEP denominado “Observaciones técnicas y metodológicas al Plan Nacional Sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2018-2022”, trae una serie de correcciones, textos que no citan su fuente, posible plagio y además, se omite realizar cuatro ejercicios importantes que constituyen los pilares para el Plan Nacional.

Los cuales son: 1)Documental y participativo que permita conocer los principales problemas que enfrenta el país en la materia,  2) documento de análisis conjunto de actores decisores políticos para la identificación vía consenso de los principales desafíos como país se tiene  que abordar de manera integral y equilibrada,  3) Uno en el cual se definan las prioridades y se tomen las decisiones consensuadas a partir de éstas, o sea, se precisen de los enunciados de política pública que permitirá intervenir positivamente  la realidad nacional, 4) Uno final, meramente técnico, que operacionalice mediante diversas iniciativas, intervenciones, programas o proyectos de índole intersectorial e institucional, las políticas públicas definidas por los actores decisores competentes.

“En ANEP, hemos recibido informaciones que indican un aparente incumplimiento de deberes, así como el presunto pago a un ente externo para la realización sobre el Plan Nacional de Drogas, pese a que la realización del mismo es competencia única del ICD; según así lo establece la Ley 8204”, indicó Anchía.

Anchía explicó que según fuentes cercanas a la ANEP, el pago aparentemente fue realizado por medio de una donación de la Embajada de los Estados Unidos y a pesar de que reiteradamente se ha solicitado la información explícita al Director del ICD, Guillermo Araya, el mismo responde con evasivas o de manera omisa.

“Mientras el narcotráfico evoluciona, no se detiene y sigue penetrando nuestro territorio, a la fecha se trabaja en la elaboración de un plan que debió estar listo a inicios del 2018, o sea, se trabaja con plan del periodo 2013-2017”, agregó.

No es ninguna sorpresa que se baje la categoría en seguridad aeroportuaria por parte de la FAA

Cuando recibimos la noticia de la baja en la categoría asignada a Costa Rica, de parte de la Administración Federal de la Aviación (FAA), de aspectos de seguridad aplicados en Costa Rica, no nos sorprendimos, de antemano sabíamos que esto sucedería, y la cosa puede aún ser peor. Ya que se aproxima una Auditoria de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que con este precedente vendrá con una especial rigurosidad.

Nuestra organización sindical, cuenta con la digna representación de funcionarios que laboran en las distintas terminales aeroportuarias del país, Policía de Control de Drogas (PCD), Policía Profesional de Migración (PPME) y, por supuesto, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA). Es por ello que, con conocimiento de causa se han cuestionado algunas de las decisiones, facilidades, convenios y administración que ha permitido y/ impulsado Aviación Civil, especialmente en materia de seguridad, donde ha quedado claro, carecen de un interés sobre el tema, o conocimiento real del mismo.

“En la Policía Aeroportuaria hemos participado activamente en las recomendaciones y confección de protocolos y procedimientos de atención de diferentes situaciones que se presentan, o previniendo, las que se podrían presentar. Hemos advertido también sobre el crecimiento de pasajeros que circulan en las terminales aéreas, y el desmejoramiento del personal ante esta situación, situaciones que se vuelven desventajosas para las diferentes Policías que se encuentran en estas terminales aéreas”, afirma el presidente de la Seccional ANEP-SVA, Tony Chavarría.

Nuestro país afronta un crecimiento en la demanda del servicio aeroportuario, pero lamentablemente, de forma paralela la región entera experimenta un incremento de las actividades delictivas, sin mencionar la posibilidad de que llegue el momento en que nuestra patria observe actos de terrorismo. Por ello, desde ANEP abogamos a diario por establecimiento de verdaderas políticas criminales y de seguridad ciudadana. Pero de forma contraproducente (y posiblemente por un interés económico de particulares) en Aviación Civil, lejos de fortalecer el tema de la seguridad, lo debilita al imponer seguridad privada en la mayor puerta de ingreso y egreso de personas del país, la terminal de Juan Santamaría. Y eso se da ante el silencio cómplice y reprochable del Poder Ejecutivo.

Por ello reiteramos, no es sorpresa esta categoría asignada, es solo el primer reflejo de las pésimas decisiones tomadas por Aviación Civil en materia de seguridad aeroportuaria, en confabulación con el gobierno, que demuestra cada vez que puede, que sus intereses no son los mismos del pueblo, sino que comulga con las preocupaciones del gran capital neoliberal; y bueno, la seguridad no es tema prioritario.

Sindicatos del Poder Judicial denuncian penalmente a presidente de la Asamblea Legislativa por presunto delito de Legislación en Provecho Propio

Sindicatos Judiciales también interponen denuncia penal contra el diputado Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio

Por: Noily Ruiz, Periodista Sindicatos del Poder Judicial.

Cinco Sindicatos Judiciales presentaron la mañana de este lunes, dos denuncias penales contra los Diputados Carlos Ricardo Benavidez, Presidente del Congreso, y el Diputado del Partido Republicano, Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio, fundamentados en el Articulo 48, de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Los legisladores mantenían una obligación tributaria con el Ministerio de Hacienda, que se vincula dentro de alguno de los presupuestos de la amnistía, que posteriormente, fue dispuesta en la Ley 9635, misma que votaron sabiendo que les beneficia.

Como Diputados de la Asamblea Legislativa, al ser potenciales beneficiarios de una eventual amnistía tributaria, votaron negativamente contra una moción de orden propuesta por el Diputado José María Villalta, para solicitar al Ministerio de Hacienda la lista de potenciales beneficiarios de dicha amnistía tributaria.

Entre el 2018 y 2019, el Diputado Vargas Víquez, canceló la suma de diecisiete mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma un beneficio patrimonial ilícito.

En el caso del Diputado Benavidez, entre los años 2018 y 2019 canceló la suma de un millón setecientos mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma igual beneficio.

Los Sindicatos del Poder Judicial solicitan que se aplique la normativa para juzgar a miembros de los Supremos Poderes y se inicie con la investigación respectiva.

 

Sindicatos que interponen denuncia:
Luis Alonso Bonilla Guzmán
Secretario General del Sindicato de Servidores y Servidoras, Ex Servidores y Servidoras del Ministerio Público, SIMIPU.

Álvaro Rodríguez Zamora
Secretario General del Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines, ANIC.

Mario Alberto Mena Ayales
Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD.

Hernán Campos Vargas
Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, SITRAJUD.

Jorge Morales García
Secretario General del Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD.

Conferencia de Prensa

Denuncia contra Carlos Ricardo Benavides

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Denuncia contra Otto Vargas

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CCSS: ANEP solicita separar de sus cargos a personas investigadas por supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y administración fraudulenta

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que se encuentra finalizada la acusación en contra de 18 personas funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adoptar una medida cautelar que busca la reubicación de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), quienes figuran como imputadas por presuntamente cometer delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.

La pretensión de nuestra organización sindical es que a los funcionarios investigados se les reubique en otras unidades idealmente, fuera de las oficinas centrales de la institución.

“Que, de manera perentoria, esa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), adopte una medida cautelar tendiente a la reubicación de los funcionarios acusados en otras unidades fuera –idealmente-, de las oficinas centrales de la institución. Ello hasta que se adopte en firme la sentencia que eventualmente emitiría el Tribunal Penal de Hacienda”, indica el documento.

La solicitud de la ANEP, toma mucho más peso, al considerar que actualmente varios de los imputados continúan laborando en los puestos desde donde se tomaron las decisiones investigadas por la Fiscalía y, que a la vez son claves en la toma de decisiones en la CCSS.

“Ante las graves acusaciones de fraude que pesan sobre los acusados de marras, resulta razonable suponer que su interés personal incidirá en sus criterios y decisiones en detrimento del interés supremo de los asegurados. Es decir, existe riesgo que, de manera individual o conjunta, estas personas manipulen bases de datos y/o documentos para generar probanzas ficticias a su favor o eliminar evidencias”, manifiesta la carta dirigida a la Junta Directva de la CCSS.

Otro de los argumentos de la ANEP para solicitar la separación del cargo “es que los imputados podrían ser propensos a intimidar a funcionarios de las direcciones Actuarial y Económica, Financiero Contable, Inversiones y Financiero Administrativa que fungirían como testigos en el presente caso; toda vez que en tales instancias se habrían gestado los presuntos fraudes endilgados por el Ministerio Público”.

Los funcionarios que debe ser separados de sus cargos son:  

Funcionario Puesto
Luis Guillermo López
Vargas
Director Actuarial y Económico
Gustavo Picado
Chacón
Jefe del Área de Investigación Económica
José Luis Quesada
Martínez
Jefe del Área de Riesgos de los Fondos Institucionales
Iván Guardia Rodríguez Director Financiero Contable
Carlos Montoya
Murillo
Jefe del Área de Tesorería General
Christian Hernández
Chacón
Jefe del Área de Colocación de Valores
Yorleny Madrigal
Mora
Analista de Inversiones
José Alberto Acuña
Ulate
Director Financiero Administrativo
Roy Retana Mora Jefe del Área de Crédito y Cobro

Cabe destacar que en razón de sus cargos José Luis Quesada Martínez es miembro del Comité de Inversiones de IVM; mientras que Carlos Montoya Murillo lo es del Comité de Inversiones del Seguro de Salud. Por su parte, José Alberto Acuña Ulate, Iván Guardia Rodríguez y Roy Retana Mora son integrantes del Comité de Crédito de IVM.

Recordemos que la investigación realizada por la Fiscalía determinó que los imputados, en apariencia, habrían aprobado aumentos de salario de manera irregular, esto entre el 2006 y 2010. El caso fue abierto en el 2012, a raíz de una denuncia interpuesta por el economista Daniel Muñoz Corea con el apoyo de la ANEP.

Este caso fue uno de los expedientes que ordenó revisar la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, a su ingreso como jefa del Ministerio Público. Tras la revisión, por parte de la FAPTA, el expediente se reactivó, se amplió la investigación y se logró acusar.

Salud ordena cierre de delegación policial Mata Redonda en Uruca

La Seccional de la Fuerza Pública y Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) han denunciado y solicitado la clausura de delegaciones insalubres para los trabajadores.

El Ministerio de Salud ordenó la clausura del puesto policial Mata Redonda en la Uruca debido a que presenta insalubridad y que pone en riesgo la salud de las personas, ni cuenta con las condiciones físico sanitarias adecuadas para su operación.

Acta de clausura del Ministerio de Salud

Además, el Ministerio de Salud estableció un plazo de 24 horas para que retiren del local los implementos personales, laborales y de funcionamiento de la delegación.

Por su parte, la Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública estará vigilante para que los trabajadores trasladados tengan las condiciones adecuadas y que la delegación sea reparada lo más pronto posible

ANEP cuestiona a AyA por realización de costosa conferencia sobre agua

Actividad tendrá costo de 1.2 millones de dólares según publicación de un medio de comunicación

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió este jueves 28 de marzo, una carta a la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, solicitando explicaciones por la realización de la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 2019 (Latinosan), que le costará al país 1.2 millones de dólares.

Los cuestionamientos de la ANEP surgen luego de la publicación realizada por Diario Extra donde constatan la realización de dicha actividad del 1 al 3 de abril próximo, en el Centro de Convenciones, la cual reunirá a representantes de instituciones de varios países, indica la nota.

“Esta situación genera en la ANEP gran consternación considerando las enormes dificultades institucionales para suplir, con eficiente prontitud y calidad, los servicios estratégicos que AyA proporciona a la ciudadanía y que ésta resiente cuando los mismos no son prestados con calidad y con oportunidad, pese al enorme esfuerzo y compromiso del personal institucional, especialmente el de campo y el de actividad operativa más sensible”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Para la ANEP, la prédica oficial de la crisis fiscal está sacrificando y golpeando a una enorme cantidad de hogares de la población trabajadora de este país; y, particularmente, muchos trabajadores de AyA, al enterarse de semejante erogación, la contrastan con la serie de dificultades cotidianas en la prestación del servicio, teniendo ellos que ser la primera cara de la institución con respecto a la comunidad usuaria.

Dentro de los principales cuestionamientos que realiza la ANEP al AyA destaca, si dicho presupuesto fue aprobado por parte de la Contraloría General de la República. Además, se cuestiona la aparente participación de Mauren Ballestero Miranda en la planeación de la actividad, así como el posible pago de consultorías hacía esta persona y otras personas no asalariadas de AyA.

Otra de las interrogantes del sindicato, se refiere a los beneficios que traerá para el país la realización de este evento, así como los resultados obtenidos por la participación en ediciones anteriores.

Para la ANEP, estas y otras consultas deben ser resueltas por parte de las altas autoridades de Acueductos y Alcantarillados en aras de la transparencia con la ciudadanía y los trabajadores de la institución, máxime por la situación fiscal que atraviesa el país.  

Compartimos el documento

Solicitud de Información So… by on Scribd

La carta de la ANEP sobre empleo público que el Gobierno nunca respondió

Compartimos la carta enviada al Gobierno de la República el lunes 28 de enero

San José, lunes 28 de enero de 2019.

Honorable señora

María del Pilar Garrido Gonzalo

Ministra

MINISTERIO DE PLANIFACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

 

Honorable señor

Steven Núñez Rímola

Ministro

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

 

Asunto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público- Una visión sindical con realidad política

Estimada señora Ministra:

Estimado señor Ministro:

  1. En primer término, reciban sus dignas autoridades ministeriales el más atento respeto de nuestra parte, haciendo énfasis en cuanto a que las consideraciones siguientes llevan un sincero gesto respetuoso para con ustedes.
  2. Con fecha 14 de enero de 2019, desde sus respectivos despachos se emitió un oficio ministerial conjunto, MTSS-DMT-OF-37-2019 y MIDEPLAN-DM-030-2019, dirigido por ustedes a varias personas dirigentes sindicales, incluyendo a “Sr. Albino Vargas Barrantes, Central Sindical Juanito Mora”, abriendo tal misiva en el apartado de Asunto, con esta frase-concepto: Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público (el subrayado es nuestro, de ahora en adelante).
  3. Antes de entrar en el fondo de este delicado asunto, nos pareció importante precisarles lo siguiente, con relación a la compleja, rica y diversa dinámica que presenta el conjunto de lo que conceptuamos como Movimiento Sindical Costarricense.
  4. Específicamente, la corriente sindical en que los firmantes de la presente desarrollamos nuestro quehacer (en el marco de la multifacética lucha social nacional); y para efectos de cualquier proceso de Diálogo Social que se inspire en la doctrina y en los postulados del clásico tripartismo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a sus estados miembros, nuestra identidad sindical se denomina Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, siglas CSJMP-ANEP. Así está acreditada, por ejemplo, ante las entidades sindicales internacionales de las cuales formamos parte: la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Trabajadores de las Américas (CSA).
  5. Formulada tal precisión, la CSJMP-ANEP desea que sus ilustres autoridades ministeriales consideren los siguientes criterios a propósito del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público que ustedes proponen en el mencionado oficio conjunto.
  6. Afirman ustedes que “… surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista, si no con un enfoque de modernización del Estado, materia que está a cargo de MIDEPLAN, según los alcances de Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional”.
  7. Para la CSJMP-ANEP esta conceptualización política sobre el tema del empleo público, de ser real, está en sintonía con lo que hemos venido sosteniendo durante ya bastante tiempo de que, por ejemplo, el déficit fiscal no tiene relación alguna con los salarios devengados por las actuales personas trabajadoras asalariadas al servicio del Estado.
  8. Pese a ello, nosotros pensamos que resulta imposible conceptuarse el empleo público del futuro inmediato y mediato, aunque no comprenda una visión fiscalista, sin tener presente cuál será la sostenibilidad financiero-presupuestaria de ese empleo público en el marco de realidad fiscal de altísimo endeudamiento público, con intereses estranguladores del presupuesto público; y, además, con las profundas falencias que presenta la estructura tributaria actual dada su naturaleza perversamente regresiva. He aquí un punto que nosotros vemos vinculado estratégicamente. Hablar de lo uno sin considerar la realidad de lo otro parece que no es sostenible.
  9. La lista de expedientes legislativos pendientes de obtener voluntad política real para una real justicia tributaria es muy extensa y, si no estamos equivocados, algunos fueron explícitamente señalados como condición para la imposición de eso que denominaron “gobierno de unidad nacional”. Debemos ayudar a la ciudadanía a reparar en ello y estamos trabajando en un documento al respecto que, también, será del conocimiento de vuestras dignas autoridades ministeriales.
  10. Por otra parte, pese a los contenidos de la carta que venimos comentando, tenemos cierta confusión (para decirlo con prudencia constructiva), acerca de un proceso similar que ha sido anunciado y publicado con bombos y platillos por el actual Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Piza Rocafort, en la misma línea: diálogo sobre empleo público que, al parecer se impulsa desde Casa Presidencial con una parte del Movimiento Sindical Costarricense.
  11. Ya habíamos denunciado, de manera pública, este peligroso juego de dicho jerarca al respecto, de potenciar exclusiones sindicales participativas que tienen criterio más allá de un enfoque que, si bien legítimo, presenta una naturaleza gremial-corporativa; lo cual nos lleva a preguntarnos si se está propiciando un paralelismonegociador con propósitos ocultos de parte del citado ministro, por demás, figura que nos genera profunda desconfianza y sin credibilidad alguna de nuestra parte en él.
  12. Adicionalmente, cuestionamos qué podría ser diferente, ahora, en este proceso de Diálogo social para abordar el tema del empleo público, si lo contrastamos con la experiencia vivida con el proceso anterior en torno al controvertido proceso del expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado; considerando que lo que podríamos conceptuar como la hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación ideológica neoliberal, se impondría a definiciones eventualmente compartidas en la línea que ustedes apuntan en cuanto al desafío de que “…surge la necesidad de estudiar la visión actual de la temática del empleo público, pero no con una visión fiscalista…”:
  13. Conociendo el juego político insano que impulsa el jerarca ministerial de la Presidencia, los criterios que tengan los otros rostros de esa hegemonía política al interior del Gobierno, de orientación neoliberal, abren una considerable interrogante acerca a la solidez que pudieran tener eventuales acuerdos-consensos sobre este tema del Diálogo social para abordar el tema del empleo público.
  1. Hablamos del superministro André Garnier Kruse, inserción fuerte de parte del alto corporativismo empresarial de los macronegocios en el seno del Gobierno; así como de las señoras Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; la primera, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico y la segunda, Ministra de Hacienda.
  2. Lo que estamos diciendo con todo esto es que esas cuatro figuras de la hegemonía política gubernativa, tienen un real poder de veto si un acuerdo-consenso sobre un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, arrojase aspectos que no fuesen congruentes con su ideología neoliberal, por una parte; por otra, de cara al alto interés del marco-corporativismo empresarial que marca el rumbo fundamental de la presente administración gubernativa.
  3. Por otra parte, presuponiendo el logro de un acuerdo-consenso acerca del Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, otra enorme interrogante aflora: ¿cuál será la voluntad de respeto para el mismo de parte de la coalición gubernativa en el seno parlamentario; especialmente, la parte de ésta que tiene la más que notable hegemonía legislativa en estos momentos: el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya principal figura diputadil, el señor Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez (aspirante con posibilidades de lograr la próxima presidencia del congreso), también tiene una especie de real poder de veto. He aquí, también, otra interrogante política imposible de no ser formulada.
  4. Aquí, precisamente, queremos detenernos un poco más pues dado que esa coalición gubernativa expresada en el seno parlamentario, con principal eje en lo que nosotros denominamos tripartidismo PLUSC-PAC, está en estos momentos en franca ofensiva antisindical al impulsar tres proyectos de ley contra la autonomía y la soberanía sindicales, algo de extrema gravedad desde el punto de vista de los derechos democráticos; es más, contra la misma existencia de los sindicatos en lo que nosotros hemos denominado como la más fuerte y agresiva ofensiva antisindical de los últimos tiempos.
  5. Estas tres iniciativas antiobreras, los expedientes legislativos números 20009, 20049 y 20067, cuentan con el beneplácito gobiernista pues están convocadas por el Poder Ejecutivo para su trámite parlamentario en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Resulta imposible cerrar los ojos ante esta realidad política, resulta imposible mirar para otro lado y desarrollar ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público es un escenario más que amenazante para la organización sindical interlocutora del mismo.
  6. Un factor de extrema relevancia que queremos destacar, como consideración fundamental, es que realizar un real Diálogo social para abordar el tema de Empleo Públicotiene que ver con las eventualidades situaciones de potencial inconstitucionalidad que, por ejemplo, hoy parecen ser más que evidentes dentro de los contenidos de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. Lo que ya ha sido planteado desde la Universidad de Costa Rica (UCR), y muy probablemente de parte de las otras casas de enseñanza superior pública; lo que se ve venir al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como lo que ya de nuestra parte y de manera directa estamos formulando de cara a la autonomía constitucional del Régimen Municipal; nos hablan de la imprudencia, de la inseguridad y del eventual fracaso de apresurar una discusión abrupta e irresponsable sobre el empleo público, como parece que lo está imponiendo el cuarteto de jerarcas neoliberales en control de la hegemonía política gubernativa; el cual presiona para que a marzo próximo esté listo un proyecto de ley que resuelva lo que desde la vigencia de la actual carta magna, en 1949, se generó en materia de institucionalidad público-laboral.

 

  1. Colateralmente a lo anterior, resulta más que caótico impulsar, a rajatabla y en carrera loca contra la racionalidad técnica del tema de empleo público, una nueva concepción al respecto, con base en la afirmación de ustedes de que no procede una visión fiscalista; en ámbitos como el del empleo público policial que ya ve nacer la irresponsable convivencia de dos sistemas salariales en su seno, producto de la legislación supracitada, con evidentes consecuencias contraproducentes en los diferentes cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana, al tener dos tipos de personas servidoras públicas conviviendo en la cotidianidad del ejercicio de tal labor con salarios distintos pese a que hacen lo mismo y deben pasar por el mismo control de responsabilidad. Y aquí estamos citando únicamente un ejemplo de un agravamiento del caos laboral en que ha entrado la Administración Público producto de la Ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado.

 

  1. Sigamos… Habiéndose liquidado, no más entrando la presente administración gubernativa, la hoy extinta Comisión Negociación Salarial del Sector Público, imponiendo de manera unilateral ya dos fijaciones de monto fijo y alejadas de la realidad económica del poder adquisitivo del salario; y ya en vigencia la ley 9635, la delfallo constitucional de compadre hablado, que impuso la concepción de anualidad también en monto fijo; ideológicamente se abrió el camino del salario único para su instauración generalizada, más allá de lo que pudiera formularse en un acuerdo-consenso sobre el tema de las remuneraciones “…no con una visión fiscalista”; por tanto, no parece necesario una bendición sindical mediando ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público. Nos parece que la hegemonía neoliberal intra-gobierno ya resolvió el punto mediando ese unilateralismo del que tanto gustan, además de derogaciones jurídicas (todas controversialmente discutibles en el corto plazo), de diversos derechos patrimoniales de las miles de personas trabajadoras asalariadas estatales.

 

 

  1. Deben sus ilustres autoridades ministeriales considerar que en el seno de la corriente en la cual desarrollamos nuestro quehacer (si consideramos la realidad político-social expresada en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, con nexos con la CSJMP-ANEP), se encuentra la mayor cantidad de personas trabajadoras asalariadas del sector Público que enfrentan procesos represivos amenazantes de sus propios empleos por su participación en la pasada lucha social-patriótica contra el expediente legislativo 20.580, hoy ley de la República No. 9635, la del fallo constitucional de compadre hablado. De cara a un Diálogo social para abordar el tema de Empleo Públicoesta circunstancia, al igual que la que apuntamos en el apartado siguiente, tiene para nosotros un peso político muy relevante.

 

  1. Particularmente, lacera nuestra humanidad y sensibilidad obrero-sindical la situación del compañero trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), joven Carlos Andrés Pérez Sánchez, cuyo proceso judicial muestra cizaña y violaciones jurídico-procesales que nos llevaron a caracterizarlo como preso político. ¡Sí, señora ministra Garrido y señor ministro Núñez!, ¡preso político!

 

  1. Han de comprender ustedes, estando de nuestra parte seguros de que ustedes tienen la sensibilidad social suficiente para ello, que existe enorme preocupación en el seno de la clase trabajadora asalariada sobre el futuro de sus pensiones, particularmente, las complementarias (la obligada y/o la voluntaria). Especialmente, en el caso del sector estatal, pues mucha parte de ella estaría cubierta por el nuevo empleo público que surgiría de ese Diálogo social para abordar el tema de Empleo Público, o sin él.

25Las decisiones de política fiscal que se han venido adoptando por parte de la indicada hegemonía política al interior del presente gobierno, tiene con los pelos parados de punto a más de uno, en cuanto a la sostenibilidad de tales sistemas pensionales y las decisiones de materia fiscal que les están imponiendo. Esto asusta mucho y requiere un abordaje de cara al mundo laboral y social organizado, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Otra preocupación de parte de la corriente sindical que ocupa nuestro diario quehacer.

 

  1. Los efectos perniciosos de una política económica, reiterada a lo largo de los últimos gobiernos (incluido el actual), que está diseñada para la exclusión social fundamentalmente, genera enormes insatisfacciones y graves problemas en otros sectores de la sociedad organizada que siguen siendo tratados con desdén desde el prepotente ojo neoliberal, hoy con mucha incidencia en la gestión gubernativa en desarrollo.

Tan es así que se vienen dando convergencias, impensadas hasta hace poco, entre diversidades opacadas por la preponderancia de lo macro-fiscal con esa particular visión ideológica.

  1. Es así que, recientemente, el espacio denominado ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL (del cual participamos), construye una propuesta articuladora que, sin duda, contempla una aspiración de un reordenamiento institucional de lo público para suplir las deudas sociales acumuladas; y, sin duda pensamos que esa propuesta de Diálogo social para abordar el tema del empleo públicopodría no estar completa desde el enfoque de los excluidos y de los que están condenados a ello, por esas macroeconomías fiscalistas tan marginadoras de lo social.

 

  1. Finalmente, las entidades sindicales por ustedes convocadas tienen cierta peculiaridad al incluir a entidades, respetables sí, pero que son de hecho. El proceso sociopolítico que denominamos Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que tiene tal naturaleza, fue omitido en el indicado oficio, pensando nosotros que habría ocurrido una omisión totalmente involuntaria, aunque, como pueden apreciar, notable.

 

  1. En vista de las anteriores consideraciones sociopolíticas que hemos formulado por esta vía, lo cual creemos que amerita, de parte de ustedes, una necesaria asimilación y aprehensión cabal de la naturaleza de nuestra posición sobre este Diálogo Social para abordar el tema de Empleo Público, no podemos atender su atenta convocatoria para este lunes 28 de enero. Posteriormente, y si lo estiman conveniente, estamos en disposición de explicarles de manera más directa y más puntual, las razones apuntadas.

 

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Presidente CSJMP-ANEP

Wálter Quesada Fernández

Secretario General Adjunto ANEP

Vicepresidente CSJMP-ANEP

Rafael Mora Solano

Directivo Nacional ANEP

Director Ejecutivo

CSJMP-ANEP

ANEP presentó accion de inconstitucionalidad contra la ley 9635

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó el pasado viernes 22 de marzo, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV en contra de la ley 9635 conocida como Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas.

En términos generales, la acción de inconstitucionalidad que presentó la ANEP, preparada por su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), tiene como objetivo inicial atacar, en primera instancia, el artículo 26 de dicha norma, que establece el ámbito de aplicación de esta Ley, ampliándolo a toda la Administración Publica en general, independientemente de su naturaleza jurídica, de su nivel de autonomía, y grado de desconcentración o descentralización.

Desde el momento en que esta nueva Ley otorga al Poder Ejecutivo poderes de dirección y control sobre todas las instituciones de la Administración Pública, eso es, a nuestro juicio, violatorio de una serie de principios y normas constitucionales, como lo es por ejemplo, el principio de autonomía municipal establecido en los artículos 169 y 170 de la Carta Magna.

Recibido de la acción de inconstitucionalidad presentada por ANEP

De modo que el primer punto impugnado de la acción de inconstitucionalidad de referencia es el artículo 26 de la Ley 9635, en la medida que incluye dentro del ámbito de aplicación de esta Ley a las municipalidades y otras instituciones autónomas y entes descentralizados, sin tener en cuenta su nivel de autonomía política, administrativa y financiera.

A nuestro criterio la Ley 9635, contiene una serie de contradicciones con los principios constitucionales de autonomía de la voluntad, seguridad jurídica, progresividad de los derechos fundamentales, justicia tributaria, no confiscatoriedad de los salarios, derecho a la negociación colectiva, etc.

Se impugna el método de calificación, el cual es incierto para todos los funcionarios de la institucionalidad pública por ser el mismo arbitrario; y, además, al ordenar que el mismo será aplicado para todas las instituciones (incluso para las municipalidades), por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el cual será el ente competente para dictar las metas y planes de acción; buscando darle al Poder Ejecutivo, poder de dirección a las municipalidades y entes autónomos en materia de empleo público.

Es importante señalar que, incluso, la Ley indica frases como “con las salvedades correspondientes”, ambigüedad que –eventualmente-, le permitiría a la Administración desaplicar las reglas en el caso que quisieran, violentando la inderogabilidad singular de la norma, pudiendo fundamentar cualquier caso de excepción con dicha “salvedad”.

Se acusa, además, la inconstitucionalidad por violación al principio de igualdad, al crear dos regímenes diferentes de prohibición: uno remunerado con el 65 % para algunos funcionarios de la Administración Central (que incluye a los del Ministerio de Hacienda), mientras que a aquellos que se regulen por leyes especiales les remunerará un 30 % solamente.

También se cuestiona la constitucionalidad de las normas de metodología por evaluación y designación de anualidades nominales en los funcionarios, en la medida que, mientras el Estado se asegura de captar recursos porcentuales basados en el consumo, el aumento por anualidad permanece invariable en el tiempo, causando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores frente a los gastos; además de vincularse el mismo a la también inconstitucional decisión de obligar a denunciar convenciones colectivas, en las que se pudiera disponer cualquier otro acuerdo.

Otro punto impugnado es el tema de la prohibición que hace la ley 9635, de que se pacten mejores condiciones de trabajo por medio de la negociación colectiva.

Son muchas las normas dentro de la Ley 9635 que consideramos violentan el derecho de la constitución, su articulado y principios contenidos. Por ello es importante la actuación en contra de dichas normas, no solamente pensando en el perjuicio gravísimo contra los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, y la desidia ante el Derecho Internacional Laboral; sino que, también, por el menoscabo al Estado de Derecho, en que se le otorga al Poder Ejecutivo poderes irrestrictos sobre entes descentralizados en materia de empleo público, fomentando el deterioro de la institucionalidad democrática costarricense.

San José viernes 22 de marzo de 2019. Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.

Representantes sindicales de Bomberos, Cruz Roja y Cuerpos policiales de ANEP crean alianza en busca de mejores condiciones laborales

La intención de los trabajadores en emergencias de primera respuesta, es decir; bomberos, cruzrojistas y cuerpos policiales es que se les mejoren las condiciones laborales debido al desgaste que sufren con la atención de cada emergencia.

Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP explica más detalles de la reunión.

Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP

¿Cuáles son algunas de las iniciativas que se discutieron durante este encuentro?

Eduardo Soto, Comisión Consultiva de Bomberos