IVM-CCSS: Directivos de la Caja también son integrantes de la directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias

Seis integrantes de la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son, a su vez, integrantes de la directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias (OPC-CCSS) de esta entidad.

Los señores Adolfo Gutiérrez Jiménez, José Luis Loría Chaves, Renato Alvarado Rivera, Rolando Barrantes Muñoz, Mario Devandas Brenes; así como la señora María del Carmen Soto Hernández, ocupan esos cargos directivos simultáneamente, devengando dietas por cada una de las sesiones en que participan en ambas instancias.

Otro de los aspectos interesantes que esta circunstancia que la ANEP ponen en conocimiento público, para que se considere dentro del marco integral de la discusión sobre el futuro del sistema de pensiones más importante del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja; es que siendo estas personas directivas de la Caja se autonombraron para ocupar esos cargos directivos en la operadora de pensiones de la institución, en los distintos momentos en que se dieron tales designaciones.

Ocurre que la asamblea de accionistas de la operadora de pensiones de la Caja es la que nombra su junta directiva; y tal asamblea de accionistas de la OPC-CCSS no es más ni menos que la propia junta directiva de la Caja. La ANEP entiende que se pudieron designar otras personas que no fueran directivas de la Caja para ser directivas de su OPC. ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué esta doble designación? No tenemos la respuesta en este momento.

Mientras que la directiva de la Caja tiene nueve integrantes, su operadora tiene 10. En ambos casos, analizando la composición de tales directivas y cómo se mueven sus alianzas internas, para la ANEP resulta claro que es la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, más conocida por sus siglas UCCAEP, la entidad que tiene el poder real en ambas instancias.

Según información recabada por la ANEP, don Renato Alvarado Rivera, funge como Presidente de la directiva de la OPC-CCSS, desde el 15 de junio de 2004. Él es representante patronal y responde a los intereses de la UCCAEP, lógicamente.

En antigüedad en esa directiva le sigue el señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, nombrado desde el 24 de agosto de 2006, teniendo ahora el cargo de Vocal 1. Él es representante patronal y responde a los intereses de la UCCAEP, lógicamente.

José Luis Loría Soto sigue en antigüedad, nombrado el 21 de diciembre de 2010, siendo ahora Vocal 4. Él es representante cooperativo pero está aliado con la UCCAEP.

Don Mario Devandas Brenes fue nombrado como Tesorero de la directiva de la OPC-CCSS, el 18 de diciembre de 2014. Él es representante sindical.

Por su parte, don Rolando Barrantes Muñoz y doña María del Carmen Soto Hernández, están en la directiva de esa operadora desde el 18 de abril de 2015; él, como Secretario de su directiva; y, ella como Vocal 2. Él es representante del Gobierno. Ella es representante solidarista y por lógica política está aliada con el empresariado UCCAEP.

A estas seis personas con ese doble rol, integrantes de la directiva de la CCSS y de su operadora OPC; se les unen en la junta directiva de ésta última cuatro personas más: Fabiola Abarca Jiménez, Carlos Montenegro Godínez, Annette Arguedas Fallas y Alejandra Ávila Artavia. Es decir, la OPC-CCSS tiene 10 personas en su directiva las cuales sesionan una vez por semana.

A su vez, el señor directivo de la Caja y de la OPC, don Renato Alvarado Rivera, forma parte del comité de inversiones de la operadora; don Mario Devandas Brenes está integrando su comité de riesgos; mientras que los señores Adolfo Gutiérrez Jiménez y don José Luis Loría Chaves, forman parte del comité de auditoría de la OPC-CCSS. Por cada sesión de estos comités también se devengan dietas.

La ANEP tiene entendido que la dieta que se paga por ser directivo de la Caja es muy inferior a la que se reconoce por ser directivo de su OPC. Por un sentido de responsabilidad en próximo comunicado daremos a conocer los montos exactos en cada caso, aunque no es difícil obtener esos datos.

El Secretario General de la ANEP se apersonó, sin cita previa, en la sede de la OPC-CCSS, ubicada en el Barrio Dent de esta ciudad, en la tarde del pasado viernes 14 de julio, siendo amablemente atendido por el señor Héctor Maggi Conte, Gerente General de la OPC-CCSS. Los datos objetivos que aparecen en este comunicado fueron suministrados por este jerarca.

Es criterio de la ANEP, en el marco de la discusión que se está dando en torno a la sostenibilidad futura del sistema de pensiones IVM-CCSS, debatir sobre la conveniencia, la oportunidad y responsabilidad ética de que exista este tipo de nombramientos dobles; así como que se analice si se habría incurrido alguna irregularidad cuando se hicieron las auto-designaciones que venimos comentando.

La ANEP solicitará en esta semana que viene copias de las actas de la asamblea de accionistas de la OPC-CCSS para tener oportunidad de analizar más en detenimiento esta circunstancia, de forma tal que podría ser prudente y necesario reformas a la Ley de Protección al Trabajador (LPT), misma que dio origen a las OPC y su sistema de directivas.

La ANEP se pregunta si este caso de la OPC de la Caja, en cuanto a esos auto-nombramientos, no estaría mostrando similitudes con el caso de las dobles (y hasta triples) nominaciones y nombramientos ocurridos en el seno de los puestos directivos en las subsidiarias del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), caso que se encuentra bajo investigación.

La Operadora de Pensiones Complementarias (OPC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), funciona como subsidiaria de ésta, es de su propiedad; y, en tal sentido, siendo ambas entidades tan estratégicas tanto para el sistema nacional de la Seguridad Social como para el sistema financiero del país, podría pensarse que estas dobles posiciones directivas incrementarían y sobredimensionarían poderes de influencia, de incidencia, de presión que gestarían circunstancias de concentración de poder, individual y/o colectivo, como para bloquear eventuales propuestas de reformas en aras del bien común que lesionarían intereses corporativos muy fuertes que se manejan al interior de ambos espacios decisores, tanto en de la directiva de la CCSS como el la directiva de su OPC y, como indicamos líneas arriba, la incidencia de la UCCAEP es sumamente fuerte en ambos espacios.

ANEP hizo una llamada telefónica este sábado que pasó a don Mario Devandas Brenes, mencionado en este comunicado y quien nos atendió gentil, amable y transparentemente cuándo le preguntamos sobre el particular. Él nos dio sus impresiones al respecto, destacando que él ha venido planteando reformar este sistema directivo de las OPC.

El tema queda expuesto y esperamos referirnos a otros tópicos conexos al mismo en posteriores comunicaciones públicas de este tipo.

San José, domingo 16 de julio de 2017.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Patria Justa presentó seis propuestas al Presidente Solís para aplicar al IVM sin aumentar cotización

Dentro de las propuestas en resumen se encuentran: pensión consumo, impuesto del 0.02% a las transacciones bancarias de 10 mil dolores o más, habilitar por tres años cobro impositivo de al menos 2 puntos PIB sobre las exenciones y exoneraciones, así como considerar la vinculación estratégica entre el sistema financiero del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el IVM, revisión profunda del proceso del proceso de transferencia ordenado por el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador e impulsar cambios estructurales profundos en el esquema gubernativo de la CCSS.


Compartimos de forma completa las propuestas presentadas.

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ANEP CEN CINAI realizó concurrida Asamblea Ordinaria

Otros de los puntos a resaltar de la labor realizada estos dos años es que se realizaron varias reuniones con la alta Dirección del Programa de Nutrición, Se plantearon solicitudes para que se trabaje en el clima organizacional de la institución y que exista un mejor ambiente de trabajo para todas las funcionarias del Programa de Nutrición.

IVM-CCSS: Nuevo estudio de la OIT cuestiona al de la UCR

¿Se equivocó la UCR? ¿Está fundamentado su estudio sobre el IVM-CCSS en premisas erróneas? ¿Infló la UCR datos para fortalecer la especie de que el IVM está en riesgo real de quiebra inminente?…

Hemos tenido acceso al documento NOTACNICA preparado por la Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza; en el cual se presentan delicadas consideraciones cuestionadoras sobre el “Estudio actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte administrador por la Caja Costarricense de Seguro Social (con corte al 31 de diciembre del 2015)”, elaborado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Como bien es sabido, el estudio de la UCR ha sido el estandarte estrella de los directivos de la Caja que han estado en contra del pueblo trabajador, para imponerle a éste, de manera injusta, un aumento de un 1 % en su aporte obrero para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuyo primer tracto, de un 0.50 %, se estará rebajando a todas las personas asalariadas del país, tanto del sector Público como del Privado en este mes de julio. Ese estudio de la UCR ha sido como “el coco” con que han pretendido asustar a la ciudadanía laboral del país.

La OIT, desde Ginebra, Suiza, lugar en el cual se encuentra su sede mundial, sometió a análisis la metodología y los resultados del estudio de la UCR sobre las pensiones IVM, puntualizando que “…el modelo UCR aplica una densidad de cotización a todo el conjunto de la población afiliada, generando una sobreestimación considerable en la acumulación de derechos”

La OIT puntualiza que el modelo demográfico de la UCR empleado para su estudio genera dos consecuencias fundamentales:

“Sobreestimación considerable de las generaciones de afiliados y por tanto de la afiliación total”.
“Sobreestimación considerable de las probabilidades de acceso a pensiones para la población afiliada”.

Dice este impresionante documento técnico de la OIT, elaborado desde Suiza, que “… el modelo UCR se basa en una estructura distinta, donde solo existen dos poblaciones, no afiliados y afiliados. El modelo simula cotizantes, pero solo para calcular las cotizaciones, y no para evaluar la adquisición de derechos a jubilación. Ambas decisiones son técnicamente incorrectas”.

De manera contundente, la OIT indica sobre el estudio de la UCR: “El principal hallazgo de este trabajo se refiere a la existencia de serios problemas metodológicos en términos de la modelización, que se manifiestan en una tendencia explosiva del gasto del Régimen IVM en el mediano y largo plazo. Estos problemas explican las grandes diferencias que existen entre los resultados de las proyecciones del trabajo de la UCR, con respecto a los resultados generados por el modelo actuarial de la CCSS, así como con respecto a otras proyecciones, incluidas las de la OIT”.

Este demoledor informe técnico de la OIT es de este mismísimo mes de julio y deja en total descalificación la prédica oficial de la Caja para castigar al pueblo trabajador imponiéndole un injusto aumento de su cuota obrera.

La ANEP ha tenido acceso a este documento hoy domingo 9 de julio y, por tanto, estamos compartiendo con la ciudadanía trabajadora estos primeros comentarios que se consignan en el presente comunicado de prensa.

ANEP espera analizarlo mejor en próximas horas con el grupo de especialistas que nos han colaborado para un posicionamiento obrero crítico, sólido, responsable y propositivo, sobre la real verdad de las finanzas actuales y futuras, inmediatas, mediatas y de largo plazo, del más importante sistema de pensiones del país, el IVM-CCSS. Por tanto, ANEP valora ampliar sus comentarios sobre este crucial documento ante la prensa del país que así lo considere relevante.

Sin duda alguna se abre una nueva perspectiva para la discusión nacional sobre este delicado asunto de tanta sensibilidad. Todos en este país apreciamos y respetamos la solidez profesional y rigurosidad académica de los estudios elaborados por la Universidad de Costa Rica (UCR), en las más diversas disciplinas del saber y del conocimiento. Por estas y otras razones la UCR puede exhibir un consolidado prestigio y credibilidad.

Sin embargo, esta NOTACNICA que sale desde la misma sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, a través de su Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social, abre una perspectiva de análisis insospechada hasta ahora pues al estudio de la UCR le ha salido un severísimo cuestionamiento de enorme solidez profesional y rigurosidad técnica, también.

La diferencia es que estamos hablando de los expertos mundiales en la materia que laboran para la OIT. Y esto no es de despreciar. ¡Hay algo malo en todo esto y el perjudicado es el pueblo trabajador!

ANEP estima que este crucial estudio de la OIT en materia de IVM-CCSS impone un imperativo ético a la actual junta directiva de la Caja que es revertir el acuerdo de rebajar el 1 % de incremento en la cuota obrera para, al menos, detener su segunda aplicación, la de enero 2018, pues la primera, de 0.50 % injustamente ya está en tramitación.

ANEP, junto a sus organizaciones colegas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, se reunirá este miércoles 12 de julio, a las 5 de la tarde, en la Casa Presidencial, con el propio señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; quien nos atenderá, precisamente, para darle nuestra visión sobre IVM-CCSS. Sin duda alguna este nuevo elemento de la NOTACNICA de la OIT será abordado con el mandatario.

ANEP propondrá a sus contrapartes de PATRIA JUSTA que consideremos la incorporación a la mesa de diálogo IVM-CCSS, toda vez que las condiciones iniciales de nuestro rechazo para estar en la misma, planteadas desde el 21 de marzo anterior, podrían tener una transformación radical a la luz de este nuevo documento de la OIT y, por tanto, darle mayor peso a la posición obrera.

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San José, domingo 9 de julio de 2017.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

ANEP-INCOP se reunió con la diputada Laura Garro para denunciar irregularidades en Junta Directiva

Los representantes sindicales denunciaron ante la legisladora que muchas de las decisiones que se toman en el seno de la Junta Directiva del INCOP están afectando no solo a la institución si no también el desarrollo de la provincia, bloqueando proyectos importantes de infraestructura y de embellecimiento de diversas zonas.

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Incluso jóvenes deportistas de la provincia también ya se vieron afectados, ya que la Junta no autorizó que la institución costeara una buseta para atletas que representarían a la ciudad en los Juegos Deportivos Nacionales 2017.

Conversamos con el Presidente de la Seccional Olger Pérez quien nos detalla lo conversado con la legisladora

Olger Perez sobre situación en el INCOP

ANEP denuncia a directivo de INCOP por aparente falta de requisitos, tráfico de influencias y conflicto de intereses

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), presentaron una serie de denuncias contra el Vicepresidente de la Junta Directiva de esa institución de apellidos Vargas Calvo, ya que en apariencia no cuenta con los requisitos solicitados para desempeñarse en su cargo. Además, denuncian un presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias por parte del funcionario

La primera denuncia presentada contra Vargas Calvo se realizó ante el mismo Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el Consejo de Gobierno y la Procuraduría de la Ética por aparentemente incumplir con los requisitos para desempeñarse en su cargo.

Según indica la denuncia presentada por la Seccional ANEP-INCOP, solicitaron ante el Consejo de Gobierno, el 6 de junio del 2016, los atestados de Vargas Calvo donde pudieron constatar que no cuentan con los requisitos para desempeñarse en su puesto.

“El señor Vargas Calvo ha desempeñado funciones en unidades relacionadas con producción y Recursos Humanos, dado que su formación académica es en Administración de Empresas, estudios que no finalizó, y un diplomado en Administración de Recursos Humanos. Además, en 2010 y 2015 se desempeñó como Regidor-Propietario aduciendo en su currículo que desempeñó actividad relacionada con el Puerto de Caldera, sin embargo, dicha actividad solo consistía en el pago del canon que deben realizar las concesionarias por cada tonelada movilizada en el puerto”, indicó la Seccional.

Para la Seccional, la experiencia portuaria para desempeñar dicho cargo debe contar con amplios conocimientos académicos y prácticos en un puerto, tomando en consideración el manejo y operación como, líneas navieras y de crucero, maquinaria, operadores aduaneros, trasporte, relación ciudad puerto, entre otros.

“El solo hecho de tener contacto con la descarga de atún, no significa tener experiencia portuaria. No observamos que el señor Vargas Calvo cumpla con los requisitos establecidos por Ley sobre los años y ni que decir de la experiencia portuaria”, argumentó la Seccional.

Ante este escenario la Seccional ANEP-INCOP solicita al Consejo de Gobierno y la Procuraduría de la Ética la destitución inmediata de Vargas Calvo como miembro de la Junta Directiva de INCOP por falta de requisitos establecidos en la ley Nº 1721 artículo 7 inciso b que indica “La Junta Directiva de INCOP estará integrada por seis ciudadanos costarricenses, con amplios conocimientos académicos y experiencia laboral mínima comprobada de tres años en las actividades correspondientes al Instituto”.

La administración Solís Rivera, ha tenido serios problemas para cumplir con lo establecido en la Ley Nº 1721 y sus reformas, al nombrar primero a Jorge Loría Núñez como Presidente Ejecutivo de INCOP destituido el 18 de diciembre del 2014 por no cumplir con los requisitos. A este se une la destitución de varios miembros de la Junta Directiva por el mismo motivo como Reynaldo Vargas y Ángel Soto Pérez en el 2015.

Denuncias por aparente conflicto de intereses y posible tráfico de influencias

Las acciones de la Seccional ANEP-INCOP contra Vargas Calvo también fueron llevadas a la Contraloría General de la República y la Primera Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, pero en este caso por aparente conflicto de intereses y posible tráfico de influencias.

Las denuncias presentadas se deben al nombramiento en la Sociedad Portuaria de Caldera de una mujer apellidos Vargas Araya como auxiliar de archivo, quien es hija del Vicepresidente de la Junta Directiva de INCOP.

Cabe destacar que desde el año 2006, el INCOP concesionó a la empresa Sociedad Portuaria y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera los servicios portuarios en Caldera, por lo que la figura del INCOP es de fiscalizador de las funciones que desempeñan. Por lo que a la Junta Directiva le corresponde aprobar temas de las concesionarias como: tarifas, adquisición de maquinaria, conocer informes, entre otros.

“Cuestionamos con que objetividad el señor Vargas Calvo aprobaría o ha aprobado temas concernientes con la concesionaria en la Junta Directiva de INCOP, sabiendo que son los jefes de su hija. ¿Podría el concesionario tener influencia o beneficio por tener trabajando a la hija del Vicepresidente de la Junta Directiva de INCOP? Podríamos estar ante un posible tráfico de influencias y conflicto de intereses”, agregó la Seccional.

En las denuncias planteadas ante la Contraloría General de la República y la Vicepresidenta de la República se solicita la destitución de Vargas Calvo como Vicepresidente de la Junta Directiva del INCOP.

Avanza proyecto de ley para dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración

Precisamente el pasado 27 de junio de 2017 el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó una Moción para que se constituya una comisión para conocer el Expediente N.20323 que dotará de más recursos a la Policía Profesional de Migración.

Conversamos con Gerardo Mora Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración quien ha sido el precursor en todo este proceso

Cabe destacar que la ANEP con el apoyo de 19 diputados de diversas bancadas presentaron el pasado 29 de marzo en la corriente legislativa el proyecto de ley para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración, por lo que el apoyo del Poder Ejecutivo viene a significar un enorme avance.

Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5%al OIJ del Poder Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.

Es importante destacar el apoyo y gestión del Diputado, Edgardo Araya; así como el Asesor Legislativo de la ANEP, Roberto Zeledón.

El Artículo 11 vigente indica:

“ARTÍCULO 11 (10).- Destino del impuesto
Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:

a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.”

Como se puede observar, los Sres. Legisladores y las Sras. Legisladoras establecieron que la proporción de recursos indicada en el inciso a) del Artículo 11 se destina al Ministerio de Seguridad Pública, siendo que quedó excluido el Ministerio de Gobernación y Policía, que corresponde a una cartera separa, en términos presupuestario, respecto al Ministerio de Seguridad Pública.

Al no incorporarse el Ministerio de Gobernación y Policía como parte de los entes a los que se destinan recursos del tributo en cuestión, la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) no recibirá recursos provenientes de esta nueva fuente.