Reinstalan trabajador en la Municipalidad de Guatuso

La ANEP, por medio de su Unidad de Desarrollo Organizacional, con el apoyo de la abogada laboral, Adriana Vargas Sánchez, lograron la reinstalación de un trabajador de la Municipalidad de Guatuso, de apellidos Ocón Martínez. Este último fu despedido desde el 18 de diciembre.

Reinstalación trabajador en la Municipalidad de Guatuso

Manifiesto de la ANEP ante las Elecciones Municipales Nacionales

– A la comunidad laboral municipal de Costa Rica, a las comunidades cantonales del país

– Seguridad laboral, justicia social, autonomía municipal y sindicalismo ciudadano

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con la autoridad que nos da ser la organización laboral-sindical de más amplia trayectoria en el sector municipal costarricense, así como de tener el inmenso honor de representar y de defender los intereses económico-sociales y reivindicativo-laborales de la mayoría del personal municipal del país; ante las elecciones municipales nacionales del próximo domingo 2 de febrero de 2020, manifiesta:

PRIMERO: Hacer un vehemente llamado a cada persona trabajadora asalariada municipal para que se haga presente en la urna electoral correspondiente y ejerza, con vocación cívica y con alto espíritu crítico, el sagrado derecho al sufragio. Creemos que el poder del voto se debe ejercer de manera contundente y que no es responsable quedarse en la casa y abstenerse de votar.

SEGUNDO: El voto es un acto individualísimo, secreto y producto del ejercicio de un Derecho Humano fundamental: la elección del gobernante, en este caso, para el gobierno local. ANEP, que es independiente de toda agrupación política local, provincial y/o nacional, respeta, profundamente, la decisión personal de cada persona ciudadana votante municipal. Sin embargo, en cuanto integrantes de la clase trabajadora costarricense, la familia municipal laboral no puede dejar de considerar la agresión de que ha sido víctima en los últimos tiempos por parte de varias colectividades partidarias que le han quitado conquistas y derechos a la familia laboral municipal, al haber esos partidos renegado de sus principios filosóficos, especialmente los socialdemócratas y humanistas, traicionando el ideal obrero y los fundamentos que una vez animaron la formación de esos determinados partidos políticos.

TERCERO: El sagrado tesoro cívico que es el voto debe serle otorgado a aquellas personas candidatas de limpia trayectoria de servicio público, sin que pese sobre ella cuestionamientos fundamentados que podrían empañar o ya han empañado esa trayectoria; personas candidatas que por su capacidad demostrada logren un equilibrio armónico entre la aspiración de la comunidad por una mejora integral de sus condiciones de vida en el nivel local, la preservación de un clima de paz laboral a través del pleno respeto a la legislación obrera y el fomento real del Diálogo Social con el personal municipal; un sano y transparente manejo de los dineros institucionales como recursos públicos que son; un desvelo por la preservación del patrimonio ambiental-ecológico; así como una disposición permanente para tolerar el auscultamiento cívico de la ciudadanía electora y rendir cuentas en todo momento.

CUARTO: Independientemente de la persona que logre ganar la alcaldía, de las personas que logren escaños en cada uno de los 82 concejos municipales, en las regidurías y en las sindicaturas, y en otros puestos sometidos a esta elección; a partir del 3 de febrero la familia laboral municipal debe cerrar filas superando sus simpatías electorales circunstanciales, para consolidar la organización sindical que le defienda y le preserve sus derechos laborales, económicos y sociales; en un entorno totalmente adverso para quienes laboran en la función pública y en momentos históricos tan delicados como las actuales, pues son tiempos de democracia autoritaria y de flagrantes violaciones a y eliminación abusiva e inconstitucional de derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas y Derechos Humanos, como el de la Huelga.

QUINTO:  A cada persona trabajadora municipal asociada a la ANEP, le garantizamos nuestro más férreo compromiso de estar de su lado ante los nuevos desafíos que implica su defensa laboral luego de un proceso electoral en el cual las pasiones y los cacicazgos, en no pocas ocasiones, pueden poner en peligro la estabilidad laboral por discrepancias de simpatías electoreras. Casi 62 años de historia dentro del sistema jurídico costarricense como leal organización pro-obrera, certifican la capacidad de la ANEP en este sensible ámbito de la defensa laboral, así como la más grande lealtad en pensamiento obrero-municipal sobradamente demostrado. Y a quien todavía no esté sindicalizado o sindicalizada en ANEP, le instamos para que lo haga, para que se prevenga y se dé su propia seguridad laboral-social estando en nuestras filas.

SEXTO: Es criterio de la ANEP que el Régimen Municipal costarricense está viviendo los tiempos más difíciles de su historia institucional republicana, al menos, desde la promulgación de la Constitución Política actualmente vigente, misma que entró a regir el 7 de noviembre de 1949. 69 años después, el 4 de diciembre de 2018, con la aprobación-imposición de la mal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida como el combo fiscal, la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal fue violentada, fue mancillada y así, de facto, por medio una cuestionada ley ordinaria, se derogó esa autonomía constitucional. Desde un principio la ANEP lo alertó, con motivo del histórico movimiento sindical-social de la Huelga Cívica de tres meses de duración, en el año 2018. Sin embargo, hasta que entró en vigencia la indicada y detestada ley, toda la comunidad laboral, incluidas sus actuales y salientes autoridades, tomó plena conciencia de tal circunstancia adversa para las municipalidades costarricenses.

SÉTIMO: Al respecto de esa nefasta Ley 9635, es importante anotar que, desde el 22 de marzo de 2019, la ANEP presentó una Acción de Inconstitucionalidad en favor de la protección de todos los derechos sociales, laborales y económico-salariales de todas las personas trabajadoras asalariadas municipales de Costa Rica; invocando diversos preceptos constitucionales y de jurisprudencia constitucional y ordinaria, como lo son el principio de irretroactividad de la ley, así como el que las abusivas disposiciones contra la persona trabajadora que contiene tal legislación nunca debieron afectar a quienes entraron a trabajar al sector público o a una municipalidad en fecha anterior al 4 de diciembre de 2018. Es decir, la ley debió regir para quien ingresó a la función pública del 5 de diciembre de 2018 en adelante (aunque esto también es cuestionable). La Sala IV todavía tiene en análisis la acción de inconstitucionalidad presentada por ANEP pues no fue rechazada ad portas.

OCTAVO: En tal sentido, a partir del 2 de febrero y con la claridad de los resultados electorales definitivos, la ANEP espera de las nuevas autoridades municipales y/o de las reelectas, una sana voluntad política para que aglutinemos a toda la comunidad institucional, a fin de relanzar la lucha por la recuperación estratégica de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal. Por un lado, para que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dé la razón a varias acciones de constitucionalidad presentadas por autoridades salientes a favor de la recuperación de tal autonomía; y/o, el actual parlamento dé aprobación definitiva a los expedientes legislativos números 21.430 y 21.494 (el primero de ellos presentado con diverso apoyo diputadil mediando iniciativa de la ANEP), que buscan lo mismo. Aquí la lógica es que si una ley ordinaria, como la 9635, les quitó ilegalmente la Autonomía Constitucional a las municipalidades, otra ley ordinaria (como los indicados proyectos), se la puede retornar.

NOVENO: Adicionalmente, tengamos presente que la ANEP ha levantado la bandera para la preservación institucional de la estructura institucional bifronte que caracteriza al régimen municipal, por lo cual es preciso impedir la aprobación del expediente legislativo no. 20.968; mismo que variará el artículo 155 del Código Municipal; afectando, peligrosamente, el equilibrio de poder en el seno de la vida institucional de las municipalidades (concejo-alcaldía), para darle todo el poder a la figura política que se siente en la silla de la Alcaldía Municipal y, por ende, facilitando el proceso de despido abusivo y sustentado en retorcidas maniobras de “reestructuración” que, no solamente acabarían con la estabilidad institucional, sino que facilitaría profundizar la tercerización y privatización de toda clase de servicios públicos municipales.

DÉCIMO: ANEP agradece, de manera muy sincera a cada compañero y a cada compañera que integrando las diferentes directivas de las Seccionales Municipales de la ANEP, y/o fungiendo como personas Delegadas Sindicales, han levantado las banderas de la lucha social y laboral en las diferentes municipalidades del país con presencia anepista; no solamente para la defensa de su respectiva comunidad laboral, sino en defensa activa del Régimen Municipal, especialmente cuando éste ha sido atacado como lo es en los actuales momentos de democracia autoritaria en Costa Rica. ANEP reconoce su lealtad a los principios y valores que defendemos, su apego irrestricto a la defensa de los derechos laborales y sociales conquistados en las luchas y por las más diversas formas; su preferencia por sindicalizarse y ejercer la Libertad Sindical bajo las banderas de ANEP. Igualmente, agradecemos la confianza que nos han depositado en todos estos años, todas las personas trabajadoras municipales actualmente asociadas a la ANEP.

ONCEAVO: A cada comunidad de los 82 cantones de nuestro país, a cada agrupación cívico-social que en ellos actúe, la ANEP se pone a su disposición para colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, a apoyar, a canalizar, a estimular todas aquellas acciones ciudadanas que tiendan al desarrollo democrático y social de los cantones, al imperio de la transparencia en la gestión municipal, al fomento del diálogo fructífero comunidad-organización sindical; en fin, a la consolidación del cuerpo municipal como el gobierno más cercano a la gente, así como a la defensa de su autonomía constitucional junto con la gente a la cual se debe ese gobierno local y su personal organizado en ANEP. ANEP, con su concepción de Sindicalismo Ciudadano, se abre a cada comunidad cantonal en este nuevo ejercicio constitucional que tendrá lugar el próximo domingo 2 de febrero y que culminará con la ascensión de las nuevas autoridades político-municipales el próximo 1 de mayo de 2020.

San José, lunes 27 de enero de 2020.


Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

ANEP logra reinstalación de trabajador en la Municipalidad de Upala

La ANEP, por medio de su Unidad de Asesoría Jurídica, logró la reinstalación de un trabajador de la Municipalidad de Upala de apellidos Madriz Ordóñez, luego de que se declarara nulo todo el proceso de despido en su contra.

Así lo determinó el Juzgado de Trabajo de Upala, luego de que la abogada Priscilla Castro de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP presentara un recurso por jerarquía impropia, ya que los hechos por los que se despidió al trabajador no eran claros y concisos, violentando el principio de defensa. El recurso fue declarado con lugar, declarando la reinstalación inmediata del trabajador

Ahora la Municipalidad de Upala deberá hacer frente a los salarios dejados de percibir por parte del trabajador desde el día de su despido a la fecha. Además, deberá hacer frente a las costas.

Cuerpos policiales inician mesas de negociación con el Gobierno

Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Encuentro Social Multisectorial y el Gobierno de la República, este martes 20 de agosto, dio inició la mesa de negociación entre los representantes sindicales de los cuerpos policiales y el Poder Ejecutivo

La reunión que tiene como sede el Salón Asturias del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), cuenta con la participación de representantes de las seccionales de la ANEP en la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía Municipal, Policía Fiscal, Vigilancia Aérea y Policía de Control de Drogas, así como representación de otras organizaciones sindicales de Policía de Tránsito y Guardapaques.  Por parte del gobierno estan presentes Juan Alfaro, Viceministro de la Presidencia; Fiorella Salazar, Viceministra de Seguridad; Daniel Soto, Viceministro de Planificación; Ricardo Marín, Viceministro de Trabajo y Diana Posada, Viceministra de Justicia y Paz

Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indico que estas reuniones permitirá poner sobre la mesa las carencias y afectaciones que sufren los cuerpos policiales del país, las cuales impactan directamente en su labor y la seguridad ciudadana.

“Es importante que den inicio las conversaciones a efectos de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que sufren los cuerpos policiales, entre estas; la afectación a salarios con la entrada en vigencia de la Ley 9635, delegaciones en mal estado, falta de equipo, recarga de labores ante el faltante de personal. Estas situaciones las plasmamos en un documento, que se entregó desde el pasado 24 de junio, con motivo de la manifestación de cuerpos policiales”, dijo Anchía.

Un ejemplo de lo anterior, son las 114 delegaciones de Fuerza Pública que cuentan con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, esto luego de una denuncia presentada por la seccional ANEP-Fuerza Pública.

Por su parte Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, resaltó la importancia de la reunión, ya que permitirá llevar directamente a los jerarcas de las instituciones y al Gobierno, las inquietudes y afectaciones que han sufrido los cuerpos policiales durante años.

“En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería tenemos la falta de recursos económicos, personal, infraestructura y capacitación. Incluso, en este último punto la Escuela Nacional de Policía cobra casi 5 millones de colones por capacitar a un solo oficial de Migración y Extranjería, esto pese a ser un cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública”, manifestó Ordóñez.

Para la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria la unión de los gremios de los cuerpos policiales demostró la similitud de carencias en todas las policías del país, siendo la seguridad ciudadana la principal afectada.

“Como cuerpos de policía compartimos problemáticas puntuales que deben de llamar la atención del Poder Ejecutivo, ya que también está en juego la seguridad del país”, manifestó Benjamín Sevilla García, representante de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

La agenda que han planteado los Cuerpos Policiales es la siguiente:

1-            Reformar la Ley 9635, de manera tal que se excluya a los Cuerpos Policiales de la aplicación de la misma.

2-            Excluir a los Cuerpos Policiales de la Ley Marco de Empleo Público, por su carácter excepcional.

3-            Iniciar un proceso, para la equiparación salarial de los Cuerpos Policiales del Poder Ejecutivo, con los del Poder Judicial.

4-            Retomar y replantear un proyecto de Ley de Pensión para todos los Cuerpos Policiales.

5-            Presupuestar la reparación de las delegaciones policiales, que se mantienen con órdenes sanitarias o de clausura.

6-            Presupuestar la compra de equipo policial y tecnológico, para dotar al personal policial y Administrativo, de las herramientas necesarias.

7-            Presentar reformas legales, a efectos de que las faltas a la autoridad, dejen de ser una contravención y los oficiales cuenten con mayor respaldo jurídico en su actuar.

8-            Respaldar el proyecto de Ley, Póliza 24/7 para la población policial, presentando por el Diputado HARLLAN HOEPELMAN PAÉZ.

9-            La Contratación de personal, en donde se ha demostrado que es necesario.

10-         Que se deje sin efecto, la reducción del 18% que se aplica al salario a un oficial de Policía, después ver disminuida su capacidad física, producto de sus funciones.

11-         Que la Escuela Nacional de Policía, brinde refrescamiento todos los años en manejo de armas, manejo de situaciones de crisis, técnicas de intervención y legislación policial, para lo cual se deberán programar grupos regionales.

12-         Que el Ministerio de Seguridad Pública, facilite transporte a los funcionarios en proceso de adiestramiento, o de capacitación en el centro de formación policial “Murciélago” y en la Escuela Nacional de Policía en Pococí. Entendiendo que dicho traslado forma parte de la formación y sentido de cuerpo que debe existir en la Fuerza Pública.

13-         Equipo de protección personal, adquisición de armas “no letales” (Taser). En lo que refiere a la salud del funcionario; uniforme, bloqueador solar, lentes oscuros, guantes de látex, chaleco antibalas para personal femenino y chaleco policial especial para las zonas de alto factor térmico (zonas costeras).

14-         Que, siendo nuestro país firmante de los Convenios Internacionales en materia de libertad sindical, se conceda un día pleno por cada Curso Básico Policial, tanto en la sede de Guápiles, como en el centro de formación Murciélago, así como en las Escuelas de los demás Cuerpos Policiales, efectos de brindar información en torno al ejercicio democrático de la organización sindical. 

Se conforma nueva seccional en la Municipalidad de Osa

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), logró la creación de una nueva seccional en el sector municipal, luego de que 43 trabajadores de la Municipalidad de Osa se afiliaran a nuestra organización.

Anteriormente este municipio contaba con siete afiliados, sin embargo, por normativa de los Estatutos de ANEP y al no contar con al menos 12 afiliados no se podía conformar la Junta Directiva y por ende la seccional.

Dentro de los principales objetivos de la seccional se encuentra la negociación de una convención colectiva, la creación de la Junta de Relaciones Laborales y la recuperación de la autonomía del régimen municipal, esta última afectada por la entrada en vigencia de la ley Nº9635 “Fortalecimiento de las finanzas públicas”

Con esta nueva incorporación de afilados, ANEP cuenta con la mayor representación sindical en el municipio, lo que le permite ser el titular a la hora de solicitar una negociación de convención colectiva ante la alcaldía.

Le damos la bienvenida a la familia anepista esta nueva seccional y a sus integrantes.

ANEP presentó dos opciones de modificación al proyecto de ley Nº20.968

Representantes del Sector Municipal de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregaron a los asesores legislativos de la diputada Aracelly Salas, dos propuestas de redacción para modificar el proyecto de ley Nº20.968.

Las opciones, presentadas el día de ayer, buscan resguardar la institucionalidad y su equilibrio interadministrativo en la relación de competencias y responsabilidades tanto de la Alcaldía como de los Concejos Municipales. 

La primera propuesta de modificación al texto por parte de la ANEP indica: “La municipalidad por acuerdo de mayoría calificada de su Concejo Municipal podrá: finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

La segunda propuesta establece:La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal, previo estudio técnico con aprobación del Concejo Municipal podrá ejecutar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras.

 “Lo que buscamos es que los Concejos Municipales mantengan su capacidad en la toma de decisiones siendo el ente que apruebe o desapruebe las modificaciones que generen cambios significativos en el orden municipal”, indico Roy Chaverri, Asesor Municipal de la ANEP.

Actualmente la redacción del proyecto indica “La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija.  Para estos efectos el alcalde municipal podrá ajustar y aprobar modificaciones funcionales y de dependencia jerárquica en procesos de trabajo, ya incorporadas en el manual de organización institucional, siempre y cuando se respeten las estructuras generales de la organización, sus pesos y contrapesos, potestades y límites de acción o, los derechos fundamentales y estatutarios de las personas servidoras”.

La ANEP ha advertido que, de mantenerse el texto como esta, se daría a la figura de la alcaldía un poder absoluto por sobre el propio Concejo Municipal pues darían la posibilidad de que sea el Alcalde o la Alcaldesa quien apruebe o desaprueba dichos cambios al orden y estructura municipal, dándose así la posibilidad también de despidos selectivos y hasta políticos de previo a elecciones municipales.

Luego de presentar la propuesta los asesores de la diputada Aracelly Salas, se comprometieron a valorarlas y a comunicar la decisión final sobre este proyecto que representa una amenaza a la estabilidad en el empleo de las y los funcionarios municipales y con esto se pone en riesgo los servicios que brindan las municipalidades a los usuarios de los diversos cantones.