Categoría: Acción Sindical
Miembros de la Seccional ANEP-Sinart representaran a trabajadores en Consejo Ejecutivo
ANEP cuestiona nuevos contratos laborales en la Cruz Roja
La ANEP, por intermedio de su seccional en la Cruz Roja Costarricense y con el acompañamiento legal de la Unidad de Asesoría Jurídica, presentaron una serie de cuestionamiento por los nuevos contratos laborales ante el departamento de Talento Humano de la Cruz Roja Costarricense, por considerar que contiene vicios de nulidad e irrespeta los derechos de los trabajadores.
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Deuda pública llegó a los 30 billones de colones: ¡Cada costarricense “debe” 6 millones de colones!
- No es el Empleo Público la causa de la crisis fiscal
- ¡Cada costarricense “debe, 10 mil dólares! es la deuda pública per cápita.
- Pago de intereses, por hora, es de 230 millones de colones al inicio del 2021
Con base en el informe más reciente en la materia, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de hacienda pública nada amigable con el empleo público, la impagable (en criterio nuestro), deuda pública ha llegado, al terminar el año pasado 2020, a los TREINTA BILLONES DE COLONES. En cifras, hay que escribir el número 30 seguido de 12 ceros (30.000.000.000.000).
Es ésta la verdadera y profunda causa de los serios problemas fiscales del país; los cuales se agravan porque esa gigantesca e impagable deuda pública está demandando, al inicio del presente año 2021, la no menos gigantesca carga de 230 millones colones, por hora, en pago de sus intereses, calificados como obscenos en las mismas esferas de la hegemonía económica dominante, que es la del fanatismo neoliberal.
Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), nos indican que cada persona costarricense viva en estos momentos (bebé, infante, niño-niña, adolescente, persona joven, adulto joven, adulto y de tercera edad), está “debiendo” 6 millones de colones.
Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), convertidos en dólares estadounidenses, promediando un valor de 615 colones de tipo de cambio, indican que equivalen a 48 mil 780 millones de $ (exactamente, 48.780.487.804, 87). Para mejor comprensión, de manera redondeada, la deuda pública es de 50 MIL MILLÓNES DE DÓLARES: 50.000.000.000.
En consecuencia, con una población costarricense de 5 millones de personas, la deuda pública, per cápita, en moneda estadounidense, es de 10 mil dólares.
Esta monstruosidad de las cifras de deuda pública, al cerrar el año pasado 2020, aunada a la espantosa circunstancia de un pago de intereses por hora de 240 millones de colones (al inicio del 2021), es la base fundamental del problema fiscal nacional; por ende, no es el empleo público. ¡No lo es y nunca lo ha sido!
He aquí la gran patraña, la más grande manipulación de la opinión pública desde la fundación de la denominada Segunda Pública, en 1949, de que el empleo público era la razón de todos los males, fiscales y no fiscales, del país.
Si gigantesca es la magnitud de la deuda pública al término del 2020, como su pago obsceno de intereses por el orden de los 240 millones de colones cada 60 minutos; políticamente hablando, estamos presenciando y sufriendo la gigantesca irresponsabilidad de la mayoría mecánica que en la Asamblea Legislativa no abordan este tema; y, por el contrario, siguen impulsando la Ley Marco de Empleo Público, plagado de inconstitucionalidades y otras aberraciones jurídicas; proyecto que, ni en lo más mínimo, aportará a superar el problema más que gigante del endeudamiento público.
Por el contrario, lo realmente urgente es, por una parte, emitir una ley para la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda pública y, a la vez, entrarle con fuerza a su renegociación, a su reingeniería, a su redimensionamiento. Por otra parte, mediando un gran pacto nacional de fuerzas políticas y sociales, fomentar una revisión integral de todo los aspectos y contenidos de la situación fiscal-tributaria nacional.
Téngase en cuenta que, por ejemplo, el abusivo pago de intereses de la deuda pública está golpeando la calidad de servicios públicos fundamentales, precarizándolos al máximo; que está dificultando la reactivación económica y que está empobreciendo, de manera acelerada, a amplios sectores de las capas medias a las cuales se les está exigiendo más cargas tributarias.
A la vez, es sabido que el mismo déficit, la propia y su pago de intereses está representando un extraordinario negocio financiero que enriquece a una minoría plutocrática ya de por sí con amplios márgenes de acumulación.
El pueblo trabajador, más allá de quienes deben reaccionar con urgencia, que es el sector laboral del empleo público, debe movilizarse en todos los niveles posibles; considerando ante que urge el establecimiento sobre la marcha de una coalición cívica urgente y para la acción, antes de que nos terminen aplastando la actual camarilla gobernante, neoliberalmente desalmada.
San José, viernes 9 de abril de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ANEP crea seccional de pensionados para defender régimen de IVM
Ante la preocupación latente de la situación actual del régimen de pensión de invalidez, vejez y muerte y su estado, así como su continuidad para generaciones futuras, es que la ANEP crea la seccional ANEP-Pensionados de IVM con la intención de velar y proteger este baluarte de la sociedad costarricense.
Policías solicitan a diputados mejoras en sus condiciones laborales
Seccionales de ANEP en la Municipalidad de Cartago y Osa logran importantes acuerdos
En ANEP Rechazamos y Condenamos el no pago de Excedentes de las Cooperativas y cualquier responsabilidad que se le quiera Endilgar a nuestra Organización Sindical
La actuación de las cooperativas de ahorro y crédito de negarse a entregar excedentes o dividendo para el año 2021 debe ser calificada de ilegal.
No existe ningún fundamento legal para que dichas entidades se nieguen a entregar dineros que son de sus afiliados, cuando, por el contrario, la Ley de Asociaciones Cooperativas No. 4179 establece en su artículo 3 inciso c), que es el deber de dichas entidades la «Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a las operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común».
Resulta altamente cuestionable que se justifique la negativa de entregar excedentes por parte de las cooperativas como una «medida preventiva» en caso de ser acogida la acción de inconstitucionalidad contra la ley 9918 planteada por la ANEP ante la Sala Constitucional.
En este sentido, se debe aclarar que dicha acción de inconstitucionalidad únicamente se opone a los rebajos automáticos de planilla al salario mínimo inembargable, el cual es un derecho fundamental de los trabajadores, protegido por la Constitución Política.
Pero dicha acción, no libera a las personas deudoras de su responsabilidad con sus créditos, pues igualmente éstos mantendrían el deber de pagar en ventanilla; sino que únicamente se pretende devolver al trabajador la capacidad de disponer de su salario como estime más conveniente.
El rebajo automático de planilla a los salarios mínimos es una práctica inconstitucional e ilegal, que fomenta la miseria y hambruna entre la población costarricense, y que lamentablemente ha sido utilizada por las cooperativas durante muchos años para asegurarse el pago de créditos.
Para las entidades cooperativas, el rebajo automático de planilla a los salarios mínimos ha sido una mera facilidad para asegurar pagos más ágiles, pues igualmente tienen acceso a las correspondientes gestiones de cobro como cualquier entidad financiera.
Sin embargo, ante la posibilidad de que se elimine dicho recurso, la defensa cobarde de dichas entidades ha sido otra ilegalidad como la retención de dividendo o excedentes a sus usuarios.
La ANEP condena esta actuación por parte de algunas cooperativas de ahorro y crédito, fomentada por la misma SUGEF y su jerarca Rocío Aguilar, y las insta a respetar el ordenamiento jurídico costarricense, pues de lo contrario se exponen a acciones legales directas por el atropello a los derechos económicos fundamentales de los trabajadores.
Igualmente se invita a todas las personas que se estén viendo afectadas por esta medida ilegal, a acercarse a la ANEP para realizar las gestiones legales correspondientes para luchar por la restitución de sus derechos económicos y sociales.
