Categoría: Acción Sindical

7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI

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– ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares

– Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico

– Condenamos la criminalización del Empleo Público

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.

Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.

Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.

Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.

Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!

San José, miércoles 06 de enero de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Jerarca despide a trabajadores del INTA-MAG pese a fuero sindical

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El Director Ejecutivo del INTA-MAG, José Arturo Solórzano, despidió a dos trabajadores del instituto, pese a tener fuero sindical, el pasado 31 de diciembre.

Se trata de Juan Díaz Díaz, vicepresidente de la Seccional INTA-MAG y Alejandra Ángulo González, afiliada a nuestra organización sindical.

En el caso del vicepresidente, es la tercera vez que lo despiden en una fecha similar y para la ANEP dicha acción se interpreta como persecución sindical. Por otra parte, aunque la administración justifica los despidos por la falta de presupuesto, el jercarca de la institución continúa realizando contrataciones.

Es importante destacar que los trabajadores se presentaron a la ANEP para ser representados por la Unidad de Asesoría Jurídica, con el fin de acudir a la vía judicial y hacer valer sus derechos.

Puesto policial en Punta Burica carece de electricidad, Internet e inclusive armería para resguardo de armas

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Así lo denuncia la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública, luego de un seguimiento de las condiciones de trabajo en el puesto policial ubicado en Punta Burica, frontera sur de nuestro país, el cual carece de servicios elementales como electricidad, internet, e inclusive, armería para el resguardo de las armas del Estado.

A lo anterior se suma que el puesto policial se encuentra en un lugar de difícil acceso, y en muchos casos el personal policial destacado debe permanecer quince días en el sitio, lo cual unido a la carencia de dichos elementos, provoca un natural desgaste físico que podría representar un riesgo para la salud y la integridad de los funcionarios.

En el puesto policial se carece de armería

Sin embargo, esta no es la primera vez que la seccional ANEP-Fuerza Pública denuncia las pésimas condiciones laborales y de infraestructura presentes en el puesto fronterizo de Punta Burica, ya que en el 2018 presentó ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), una denuncia similar.

“En el pasado se nos había comunicado que se intervendría dicho puesto policial y se harían las mejoras correspondientes, sin embargo, a la fecha, ya en el 2021, se mantienen las malas condiciones en el puesto policial de Punta Burica. Esperamos que, en esta ocasión, el Ministro de Seguridad, Michael Soto resuelva como corresponde y gire las instrucciones pertinentes, de lo contrario acudiremos a las medidas legales correspondiente para velar por la integridad y salud de las personas que laboran en dicho puesto policial”, manifestó Mainor Anchía, Asesor Sindical de la ANEP en Fuerza Pública.

Incluso, en fotografías en poder de la ANEP, se puede observar como en el lugar se encuentra deteriorándose el material para realizar las mejoras correspondientes del puesto fronterizo.

Materiales para remodelación se deterioran

Para la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública no es de recibo que un puesto policial vital para combatir al narcotráfico se encuentre en este tipo de condiciones y mucho menos que los oficiales   destacados en el lugar laboren bajo estas condiciones.

Mainor Anchía sobre puesto fronterizo

ANEP solicita instalación de elevador de carga en el laboratorio del hospital San Juan de Dios

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La instalación de este elevador de carga no solo traerá mejores condiciones laborales para el traslado de insumos, sino que también beneficiaria a los y las usuarios del laboratorio, especialmente a personas con alguna discapacidad

Trabajadores del Parque de Diversiones conforman nueva seccional de la ANEP

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Un grupo de personas jóvenes trabajadoras del Parque de Diversiones, conformó la Seccional ANEP-Parque de Diversiones, juramentando a su junta directiva, la primera de su historia de organización laboral. Les compartimos nota de tan memorable acontecimiento obrero

Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida

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– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.

En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.

El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiéndo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.

ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.

ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.

Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.

Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.

San José, jueves 10 de diciembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Denuncian al director del CTP por uso indebido de su vehículo institucional

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Joyce Bustillos Fonseca, Presidenta de la seccional ANEP- MOPT, Pol. Tránsito se encuentra recibiendo acoso laboral por parte de sus jefaturas ante las constantes denuncias públicas que ha realizado sobre acciones irregulares dentro de la institución.

ANEP llegará a las ultimas instancias para reinstalar trabajadores del Comité de Deportes San José

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A pesar de que un Juzgado de trabajo ordenó la reinstalación inmediata de al menos 23 trabajadores del Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de San José, la institución se ha negado a cumplir con la orden judicial

Condenan a la Municipalidad de Aserrí por violentar el derecho constitucional al salario

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La Sala Constitucional condenó a la Municipalidad de Aserrí por violentar el derecho constitucional al salario de una periodista de apellidos Solano Salas, luego de declarar con lugar un recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en defensa de la comunicadora afiliada a nuestra organización y quien desde el pasado mes de setiembre no recibe su salario.

Los hechos descritos en la resolución de la Sala Constitucional indican que la periodista fue despida de su cargo el 3 de julio de 2020, luego de casi dos años de laborar para el municipio. Sin embargo, una medida cautelar provisional del Juzgado de Trabajo ordenó su reinstalación a partir del 22 de setiembre del presente año, esto mientras se resuelve su proceso en instancias judiciales (expediente judicial N° 20- 0638-1550-LA). 

Pese a que la reinstalación fue aceptada por la Municipalidad de Aserrí, a la fecha la periodista no ha recibido el pago de salario, por lo que la Sala Constitucional dio con lugar el recurso de Amparo presentado por la ANEP, ordenado al municipio el pago correspondiente a la primera quincena de setiembre, así como la cancelación de millón de colones a la comunicadora por el daño moral subjetivo.

Es importante destacar que la presentación del recuso por parte de la ANEP se dio el 02 de noviembre del presente año, y ya se encuentra en desarrollo el reclamo por los otros salarios adeudados a la periodista.

“Se tuvo por constatado, que a la fecha la autoridad recurrida no ha cancelado el salario de la amparada correspondiente a la segunda quincena de setiembre, y a la primera y segunda quincena del mes de octubre, todos de 2020, por falta de contenido presupuestario. De manera que, la Sala considere que ha habido un plazo excesivo e irrazonable en el pago del salario de la tutelada, el cual no debe ser superior a dos quincenas”, indica el considerando del fallo.

Además, agrega en su conclusión “En virtud de lo expuesto, es responsabilidad de la Municipalidad recurrida, como patrono, pagar en forma oportuna y regular el salario a sus servidores, ya que de no hacerlo, deja sin protección a un trabajador constitucionalmente protegido. De modo, que la oportunidad del pago implica no sólo que se haga en tiempo y de forma regular, sino, además, que sea completo en relación con la labor realizada, ya que no hacerlo así lesiona de forma directa el derecho al salario. Por lo anterior, se considera de mérito declarar con lugar el recurso”.

La decisión de la Sala Constitucional se ampara en la Jurisprudencia existente (Sentencia N° 2019-008295, de las 09:20 horas del 10 de mayo de 2019) donde  este Tribunal ha reconocido que el salario es un derecho de rango constitucional de la persona trabajadora y una obligación para el patrono; no obstante, ha considerado que solo se da una lesión de rango constitucional cuando ha transcurrido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago correspondiente. Así, si se produce un retraso en el pago superior a las dos quincenas el retraso deviene amparable.