Categoría: Acción Sindical

Posición ante el brote de parotiditis (papera) en los centros penitenciarios
En reiteradas ocasiones la ANEP ha solicitado que se declare el Sistema Penitenciario en estado de emergencia nacional. No sólo por las condiciones de hacinamiento, sino por las deficiencias en infraestructura. Hoy, sabemos que hay motivos más fuertes que justifican una declaratoria de esta naturaleza.
La crisis que vive el Sistema Penitenciario Nacional, por las condiciones insalubres, por el surgimiento de enfermedades infectocontagiosas, como tuberculosis, parotiditis (paperas), entre otras, requiere un esfuerzo mayor por parte del Gobierno. El Ministerio de Salud debe atender a la población penitenciaria como corresponde, con programas de prevención y de vacunación. Debe, además, hacer una inspección en todos los centros penitenciarios del país y determinar cuáles no cumplen con las condiciones de higiene e infraestructura adecuadas y tomar medidas inmediatas.
Los miembros de la Policía Penitenciaria y el personal de cárceles en su totalidad deben conocer cuáles son los protocolos a seguir, las medidas de prevención. En caso que un compañero o compañera resulte infectado, cuál debe ser el procedimiento a seguir. Nuestro criterio al respecto, es que se le debe trasladar al Instituto Nacional de Seguros, pues la enfermedad se contrajo producto de la actividad laboral que realiza; y, el caso debe comprenderse como riesgo de trabajo, al amparo de la normativa laboral.

Esclavitud laboral: choferes de autobús de Biusa deben de trabajar hasta 19 horas diarias
Según acta de inspección del MTSS
¡Esclavitud laboral!, eso es lo que viven diversos choferes de autobús de la empresa Biusa, luego de que la Dirección Nacional de Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comprobara mediante una inspección a la empresa de transportes ante diversas denuncias de explotación laboral, que algunos choferes deben de laborar hasta 19 horas diarias.
Así lo muestra el Acta Adicional de Inspección y Prevención del 6 de noviembre del 2019, código #SJ-IF06988-19, en poder de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), donde se determina la violación al Código de Trabajo por parte de la empresa autobusera que presta el servicio en diversas rutas del país.
“Se logró demostrar en las entrevistas y en los comprobantes de pago facilitado por el patrono que los horarios cumplidos por los choferes superan las doce horas diarias, iniciando con horarios desde las 4:00 a.m. y teniendo una hora de salida incierta, laborando hasta 19 horas diarias en algunos de los casos”, indica el acta de inspección.
Según el documento, la empresa estaría violentando el Artículo 140 del Código de Trabajo, ya que la legislación laboral nacional establece que la máxima jornada laboral es de doce horas, sumando la jornada ordinaria y la extraordinaria; por lo que se debe de eliminar la práctica de hacer a los trabajadores y trabajadoras laborar jornadas superiores a las doce horas diarias.
Para la ANEP esta situación no puede pasar desapercibida, ya que resulta intolerable desde cualquier punto de vista y no tiene otro nombre que esclavitud laboral.
“Se requiere una intervención política al más alto nivel de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, porque se tiene que sentar las responsabilidades del caso. Sabemos que el empresariado de autobús tiene muchísimo poder en este país, pero ello no los hace inmunes para irrespetar la legislación laboral, incluso los mismos principios de los derechos humanos”, expresó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas agregó que “hay un doble riesgo, no sólo la salud laboral del chofer si no también la seguridad de los usuarios del autobús, por eso hay que denunciar fuertemente, no basta con una inspección, el Ministerio de Trabajo debe sentar un precedente”.
Pago de horas extraordinarias
Asimismo, la inspección realizada por la Dirección Regional determinó que la empresa no realizó el pago correspondiente por las jornadas extraordinarias laboradas por los choferes de autobús, violentado los Artículos 136 y 139 del Código de Trabajo, por lo que los inspectores fueron tajantes al recordarle a la empresa lo establecido por la ley sobre la remuneración por tiempo extraordinario.
Debido a esto la Dirección Nacional de Inspección previno a la compañía Biusa para que, en el plazo de 10 días a partir de la notificación, corrija las infracciones registradas, cuyo cumplimiento quedará sujeto a una nueva inspección. En caso de incumplimiento y de mantenerse las violaciones al Código de Trabajo detectadas el caso se elevará a instancias judiciales.
Acta Adicional de Inspección y Prevención del MTSS
Acta Adicional de Inspección y Prevención del MTSS by EugenioGuerrero on Scribd
San José, martes 12 de noviembre de 2019.

Ante la postulación-candidatura de Costa Rica para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Posición oficial de la Junta Directiva Nacional de la ANEP
01- Históricamente, nuestro país se ha proyectado hacia el mundo como una nación democrática, amante de la paz, respetuosa de los derechos humanos de todas las personas; y, con un sólido compromiso en materia ambiental.
02- En esta misma dirección, ha presentado conductas casi competitivas, respecto de la inmediatez para firmar y ratificar tratados, convenios y pactos internacionales que versan en favor de los Derechos Humanos.
03- Costa Rica no escatima en matices de elegancia, en la retórica internacional, con la que se promociona como un país verde, sin ejército y con vocación de diálogo, mismo que, incluso ofrece como instrumento apaciguador para conflictos acaecidos fuera de sus fronteras.
04- Ante tal contexto y antecedentes, prácticamente cualquier sociedad civilizada, que busque solucionar sus problemas por medio de la madurez que demanda el entendimiento bilateral a través de mecanismos pacíficos, podría figurarse que, Costa Rica tiene sobrada autoridad moral para hacer recomendaciones y observaciones, en materia de Derechos Humanos.
05-Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dado nuestro orgulloso e incesante papel dentro de la historia de Costa Rica, referente a la lucha social, sostenemos con categórica propiedad una perspectiva distinta.
06- La ciudadanía completa ha atestiguado variados escenarios que, con una mirada vidriosa, nos obligan a comprender que en la actualidad la fama de nuestra nación constituye un simple espejismo. Índices de homicidios que alcanzan valores de pandemias, deshonrosas cifras récord en importaciones de cocaína hacia Europa (¿país de paz?), reincidentes condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una regresión y desigualdad que se incrementan día a día (¿Derechos Humanos?); así como grandes áreas del paisaje natural que se destrozan a vista y paciencia del gobierno de turno (parques nacionales y áreas protegidas, Crucitas -¿medio ambiente?-); son solo algunos ejemplos de circunstancias en las que nos basamos para observar con recelo la proyección discursiva del país.
07- Innecesario es señalar que nuestro criterio no pretende infundir una rotunda oposición a la pretensión de Costa Rica de ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Empero, bajo el contexto actual que se vive-sufre en el país, adjetivamos esta acción como cargada de un tinte hipócrita. Cabe destacar, por aquello de las conjeturas ficticias de mentes morbosas, que imaginan quimeras donde no las hay, que tampoco nuestro mensaje pretende apoyar a ningún otro competidor, para el cargo en tan distinguido Consejo.
08- Y es que, sin duda alguna, Costa Rica necesita volver a legitimar su discurso con acciones, hacia y desde adentro; reconociendo que los Derechos Humanos deben ser promovidos y garantizados para todas las personas. No es posible pretenderse abanderados en este estadio, cuando se camina al lado de un solo grupo exclusivo, mientras se propicia un ataque desmesurado contra otros sectores, cuyas consignas también tienen sus basamentos en Derechos Humanos. Se debe ser consecuente con la oratoria que se ofrece al exterior y aplicarlo internamente.
09- Previo a entablar una sana competencia por un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, debe el país explicarle al mundo, y a su propia población, las razones que impulsan el comportamiento estructural y organizado, que provocan escenarios como: una permanente agresión mediática, política y jurídica, que tiene como víctimas a los seres humanos que componen la clase trabajadora del sector público; la discriminación, difamación y ataque constante hacia las organizaciones sindicales y las personas que fungen como sus representantes.
10- Además, debe referirse, con honestidad, a los proyectos de ley que se promueven en la Asamblea Legislativa, que constituyen una regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales vigentes en nuestra legislación laboral. ¿Olvidan acaso que la libertad de expresión, trabajo, salario y libertad sindical también son Derechos Humanos?
11- No es posible obviar tampoco, dentro de esa explicación pendiente, la relevancia del debate nacional que se ha despertado, a partir de que la clase política del país, promovida por intereses que obedecen a los grupos neoliberales más radicales, han despotricado e intentado, por todos los medios, desacreditar las relatorías de especialistas internacionales, que forman parte del mismo mecanismo mundial pro defensa de los Derechos Humanos.
12- En palabras más simples, Costa Rica entra en negación y busca la forma de no acatar las recomendaciones en Derechos Humanos, emanadas por un órgano que pertenece al mismo Consejo al que aspira ser integrante; una curiosa y paradójica circunstancia cuya explicación es menester escuchar.
13- Finalmente, sobre la línea democrática y de protección a derechos de los ciudadanos, el pueblo necesita escuchar las razones por las que, el poder político elige a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin contar con parámetros claros que garanticen la independencia y la objetividad del Poder Judicial. Lo que, por las heridas de la experiencia, nos aventuramos a decir que ha dado como resultado la resolución de fallos en los que se ignoran los derechos fundamentales y se exaltan los criterios (o favores) políticos.
14- Es en virtud de las razones antes expuestas que, ANEP, abiertamente comprende la importancia de integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; sin embargo, este sería un triunfo que aplaudiremos, hasta el día en que veamos que los preceptos que abundan en las líneas discursivas que proyectan a nuestro país como una nación democrática, pacífica, verde y respetuosa de los Derechos Humanos, se apliquen realmente en la vida interna de Costa Rica.
15- En tal estado de situación, en los tensos momentos actuales que vive la sociedad costarricense, Costa Rica no merece integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Acuerdo Unánime y firme de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), adoptado en su Sesión No. 2152, de carácter ordinario, celebrada el día viernes 11 de octubre de 2019.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Secretario de Juventud de ANEP se refiere al Proyecto de Ley contra las huelgas

ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE presentan carta ante el Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica
Las cuatro organizaciones sindicales presentaron una carta en conjunto ante el Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica, cuestionando la posición de este ente ante el pronunciamiento de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas respecto al proyecto de ley para regular las huelgas.
Compartimos carta enviada al Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica
ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE presentan carta ante el Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica by EugenioGuerrero on Scribd

Seccional PANARE logra acuerdo para que trabajadores conozcan sobre traslados ante cierre técnico de la institución
La Seccional ANEP-PANARE logró un importante acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el cual establece que los trabajadores del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE), podrán conocer, analizar y revisar las condiciones en las que serán trasladados de sus puestos ante el cierre técnico de la institución.
Así lo explicó Tatiana Quesada, Presidenta de la Seccional ANEP-PANARE quien indicó que la incertidumbre que existe en el seno de los trabajadores es bastante grande desde que el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra el PANARE, lo que provocó el cierre de la institución y por ende el traslado de funcionarios a instituciones como CONAPDIS, CONAPAM y Ministerio de Salud.
Otros de los acuerdos alcanzados, es que la Junta Directiva del PANARE facilitará a la seccional de ANEP el borrador del proyecto de ley de cierre del PANARE, una vez les sea brindado por el Ministerio de Planificación. Además, la seccional podrá conocer la información correspondiente al presupuesto institucional del año 2020, en el momento que sea aprobado.
También es importantes destacar, que en el acuerdo quedó plasmado que las autoridades del PANARE se comprometen a respetar los derechos laborales de todos los trabajadores de la institución, así como a mantener la estabilidad laboral de los trabajadores en el tanto que cumplan con los requisitos de idoneidad del puesto
Compartimos acuerdos alcanzados entre las partes en el MTSS
Acuerdo Panare by EugenioGuerrero on Scribd

Depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales en moneda extranjera
Documento suministrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR)
BCCR – INFORME # GER-0337-2018 (1) by Yariela Novo on Scribd

Cuerpos policiales inician mesas de negociación con el Gobierno
Como parte de los acuerdos alcanzados entre el Encuentro Social Multisectorial y el Gobierno de la República, este martes 20 de agosto, dio inició la mesa de negociación entre los representantes sindicales de los cuerpos policiales y el Poder Ejecutivo
La reunión que tiene como sede el Salón Asturias del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), cuenta con la participación de representantes de las seccionales de la ANEP en la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía Municipal, Policía Fiscal, Vigilancia Aérea y Policía de Control de Drogas, así como representación de otras organizaciones sindicales de Policía de Tránsito y Guardapaques. Por parte del gobierno estan presentes Juan Alfaro, Viceministro de la Presidencia; Fiorella Salazar, Viceministra de Seguridad; Daniel Soto, Viceministro de Planificación; Ricardo Marín, Viceministro de Trabajo y Diana Posada, Viceministra de Justicia y Paz
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indico que estas reuniones permitirá poner sobre la mesa las carencias y afectaciones que sufren los cuerpos policiales del país, las cuales impactan directamente en su labor y la seguridad ciudadana.
“Es importante que den inicio las conversaciones a efectos de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que sufren los cuerpos policiales, entre estas; la afectación a salarios con la entrada en vigencia de la Ley 9635, delegaciones en mal estado, falta de equipo, recarga de labores ante el faltante de personal. Estas situaciones las plasmamos en un documento, que se entregó desde el pasado 24 de junio, con motivo de la manifestación de cuerpos policiales”, dijo Anchía.
Un ejemplo de lo anterior, son las 114 delegaciones de Fuerza Pública que cuentan con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, esto luego de una denuncia presentada por la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Por su parte Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, resaltó la importancia de la reunión, ya que permitirá llevar directamente a los jerarcas de las instituciones y al Gobierno, las inquietudes y afectaciones que han sufrido los cuerpos policiales durante años.
“En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería tenemos la falta de recursos económicos, personal, infraestructura y capacitación. Incluso, en este último punto la Escuela Nacional de Policía cobra casi 5 millones de colones por capacitar a un solo oficial de Migración y Extranjería, esto pese a ser un cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública”, manifestó Ordóñez.
Para la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria la unión de los gremios de los cuerpos policiales demostró la similitud de carencias en todas las policías del país, siendo la seguridad ciudadana la principal afectada.
“Como cuerpos de policía compartimos problemáticas puntuales que deben de llamar la atención del Poder Ejecutivo, ya que también está en juego la seguridad del país”, manifestó Benjamín Sevilla García, representante de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
La agenda que han planteado los Cuerpos Policiales es la siguiente:
1- Reformar la Ley 9635, de manera tal que se excluya a los Cuerpos Policiales de la aplicación de la misma.
2- Excluir a los Cuerpos Policiales de la Ley Marco de Empleo Público, por su carácter excepcional.
3- Iniciar un proceso, para la equiparación salarial de los Cuerpos Policiales del Poder Ejecutivo, con los del Poder Judicial.
4- Retomar y replantear un proyecto de Ley de Pensión para todos los Cuerpos Policiales.
5- Presupuestar la reparación de las delegaciones policiales, que se mantienen con órdenes sanitarias o de clausura.
6- Presupuestar la compra de equipo policial y tecnológico, para dotar al personal policial y Administrativo, de las herramientas necesarias.
7- Presentar reformas legales, a efectos de que las faltas a la autoridad, dejen de ser una contravención y los oficiales cuenten con mayor respaldo jurídico en su actuar.
8- Respaldar el proyecto de Ley, Póliza 24/7 para la población policial, presentando por el Diputado HARLLAN HOEPELMAN PAÉZ.
9- La Contratación de personal, en donde se ha demostrado que es necesario.
10- Que se deje sin efecto, la reducción del 18% que se aplica al salario a un oficial de Policía, después ver disminuida su capacidad física, producto de sus funciones.
11- Que la Escuela Nacional de Policía, brinde refrescamiento todos los años en manejo de armas, manejo de situaciones de crisis, técnicas de intervención y legislación policial, para lo cual se deberán programar grupos regionales.
12- Que el Ministerio de Seguridad Pública, facilite transporte a los funcionarios en proceso de adiestramiento, o de capacitación en el centro de formación policial “Murciélago” y en la Escuela Nacional de Policía en Pococí. Entendiendo que dicho traslado forma parte de la formación y sentido de cuerpo que debe existir en la Fuerza Pública.
13- Equipo de protección personal, adquisición de armas “no letales” (Taser). En lo que refiere a la salud del funcionario; uniforme, bloqueador solar, lentes oscuros, guantes de látex, chaleco antibalas para personal femenino y chaleco policial especial para las zonas de alto factor térmico (zonas costeras).
14- Que, siendo nuestro país firmante de los Convenios Internacionales en materia de libertad sindical, se conceda un día pleno por cada Curso Básico Policial, tanto en la sede de Guápiles, como en el centro de formación Murciélago, así como en las Escuelas de los demás Cuerpos Policiales, efectos de brindar información en torno al ejercicio democrático de la organización sindical.


